Un nuevo golpe a las Naciones Unidas por parte del gobierno de Donald Trump. Esta vez, tras el anuncio de que Estados Unidos se retirará de la UNESCO a finales del próximo año. Con ello, se repite la decisión tomada por Ronald Reagan en la década de 1980, cuando también retiró al país de esta agencia.

Durante la Guerra Fría, el expresidente Ronald Reagan sacó a Estados Unidos de la UNESCO porque consideraba que la organización era corrupta y tenía una postura prosoviética. Más de cuarenta años después, la historia se repite: el actual gobierno acusa a esta rama de la ONU de promover causas divisivas, globalistas y contrarias a las políticas estadounidenses, además de sostener una postura antiisraelí.

La UNESCO ha sido históricamente presentada como una agencia para la promoción de la paz y la seguridad internacional mediante la cooperación entre países. Sin embargo, su gestión ha estado, en muchas ocasiones, lejos de esos ideales.

En los últimos 20 años, la UNESCO ha sido blanco de críticas por escándalos de corrupción y por su incapacidad para cumplir sus objetivos. Uno de los casos más notorios fue el del Premio Obiang. En 2008, el presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, financió con casi tres millones de dólares un premio en el área de medicina que debía llevar su nombre.

Obiang, conocido por su régimen dictatorial, violaciones a los derechos humanos y múltiples abusos, provocó el rechazo de diversas ONG —como EG Justice, el Comité para la Protección de los Periodistas, Global Witness y Human Rights Watch— así como de figuras como el Nobel de la Paz Jean-Marie Gustave Le Clézio. Todos ellos firmaron una petición para cancelar el galardón. La presión llevó a cambiar el nombre del premio, aunque el Consejo Ejecutivo de la UNESCO votó en 2012 a favor de mantenerlo, lo que alimentó las acusaciones de lavado de imagen del dictador.

Otro escándalo fue el llamado “Shamili-gate” y las denuncias de nepotismo en la gestión de Audrey Azoulay. Una investigación de Inner City Press reveló opacidad en la contratación de altos cargos, favoreciendo a allegados al círculo de Azoulay. Entre los nombramientos cuestionados figura el de Marina Zilberman, esposa del entonces director legal de la UNESCO, Santiago Villalpando. Las denuncias señalaron una falta de meritocracia en los ascensos dentro de la organización.

Más allá de estos escándalos —y son muchos—, también debe cuestionarse la eficiencia de la UNESCO. Su situación financiera es crítica: tiene un déficit anual superior a los US$ 100,000 millones para alcanzar los ambiciosos, y en muchos casos inalcanzables, objetivos educativos fijados para 2030.

Está claro que el pragmatismo y la realidad no son prioridades para la organización. Según el Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2024, la población mundial no escolarizada se ha reducido apenas un 1% en casi diez años, a pesar de los miles de millones de dólares invertidos.

¿Realmente el problema es la falta de recursos o la ineficiencia estructural de la organización?

Ante este panorama, la salida de Estados Unidos —que financiaba el 8% del presupuesto anual de la UNESCO— es un reflejo de que la organización no está dando resultados. Y que la solución, claramente, debe ser otra.

En el Perú, cuando un servicio es gestionado primordialmente por el Estado, el resultado suele ser desastroso. Y como es habitual, los únicos perjudicados somos los ciudadanos, obligados a someternos a normativas que no solo expanden la burocracia estatal, sino que, paradójicamente, la tornan cada vez más ineficiente. Casi dejándonos sin escapatoria.

Un claro ejemplo de ello es el intento del Estado por monopolizar el transporte público en arterias principales como las avenidas Javier Prado y Arequipa. Me referiré a estas dos en particular, por haberlas transitado durante mis años de estudiante, aunque es evidente que esta problemática se extiende a muchas otras vías limeñas.

Quien haya utilizado los corredores rojo o azul en estas avenidas conoce de primera mano su principal deficiencia: se trata de un sistema que no logra atender la demanda existente. Las filas en los paraderos se extienden indefinidamente, especialmente en horas punta que, en el caótico tránsito limeño, pueden abarcar casi todo el día. La flota resulta insuficiente, y ello queda evidenciado por la cantidad de personas que, a diario, esperan con resignación abordar uno de estos vehículos.

A ello se suma la cuestionable planificación por parte de la ATU o la autoridad competente en relación con la ubicación de los paraderos. Existe una proliferación innecesaria de puntos de parada que entorpecen la fluidez del sistema. Basta observar, como contraste, que en Javier Prado hay paraderos en Guardia Civil, Aviación y San Luis, ubicados a distancias de aproximadamente un kilómetro entre sí.

Así, enfrentamos un sistema cuya oferta no satisface la demanda, que adolece de eficiencia y que somete al ciudadano a una constante pérdida de tiempo. Y si a ello se añaden las condiciones deplorables de muchas de las unidades, no resulta sorprendente que, según un estudio de la Red de Estudios para el Desarrollo (2023), el nivel de satisfacción de este sistema sea de apenas un 14.4%.

Sin embargo, si bien el Estado no nos da una solución a este  deplorable sistema que él mismo nos brinda, el mercado encontró la vía alterna: los colectivos informales. 

Mucho se puede —y con razón— criticar a los colectivos informales: que incrementan el tráfico, que operan sin respetar la ley, que están dominados por mafias, como las de Ate o el Callao en Javier Prado, o la del Cercado en Arequipa. Sin embargo, pese a todo, constituyen hoy por hoy la única alternativa que enfrenta con relativa eficacia la desbordada demanda de transporte en la capital. Son la respuesta del mercado.

El Estado fracasa en ofrecernos una alternativa viable, y el mercado improvisa una solución. Quizá no sea la más idónea, ni la más ordenada, pero es la salida que millones de peruanos encuentran para evitar perder horas valiosas atrapados en el tráfico limeño. Según diversos estudios, entre ellos los de “Lima cómo vamos”, el sector formal apenas cubre alrededor del 10% de la demanda real de transporte. Ante ello, ¿qué opción le queda al ciudadano que simplemente quiere llegar a casa?

Lamentablemente, los colectivos son la respuesta a la ineficiencia de un Estado que se quiere mostrar capaz, pero que en la práctica queda en deuda con sus ciudadanos. Y si buscáramos una muestra aún más cruda de esta ineficiencia, bastaría mencionar la incapacidad estatal para enfrentar las extorsiones que afectan a este sector. En una conversación con un colectivero, supe que deben pagar entre 20 y 25 soles diarios a bandas extorsivas. Es decir, estos conductores —a los que el Estado quiere erradicar sin ofrecerles una alternativa legal— inician su jornada con una pérdida económica forzosa. Y si el Estado no puede lidiar ni con los colectiveros, mucho menos con quienes los extorsionan; que a este punto ¿a quien no extorsionan?

Este escenario retrata con claridad la disfuncionalidad del aparato estatal peruano: pretende monopolizar servicios que no sabe gestionar, y termina obligando al mercado a improvisar soluciones, como en el caso de los colectivos. Tal vez convenga recordar, como bien dijo Milton Friedman, que “los mercados son el mejor sistema que tenemos, aunque no sean perfectos”.

¿Justificarías un golpe de Estado? En principio, la respuesta debería ser negativa. Toda vulneración al régimen constitucional de cualquier nación debe ser inequívocamente condenada. Pero planteemos una excepción, hagamos trampa: si las Fuerzas Armadas derrocaran al gobierno de Nicolás Maduro, ¿te parecería justificable? Muchos sostendrán que dicho régimen es el fruto de fraudes sistemáticos. No obstante, su origen formal se encuentra en procesos democráticos, y desde una perspectiva legal, un alzamiento armado sigue siendo igualmente reprochable. No se combate la ilegalidad mediante actos igualmente ilegales.

¿Es el Perú realmente un país democrático? El respeto por la voluntad popular se encuentra en sus horas más bajas. La vacancia presidencial se ha institucionalizado como una práctica ordinaria más que excepcional, y ha llegado a condicionar el resultado mismo de cada elección. Todo indica que seguirá siendo así.

Por otro lado, el pueblo peruano no se ha mostrado como el más ferviente defensor del sistema democrático. Así lo evidencia la reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, que revela que el 52 % de los ciudadanos estaría dispuesto a avalar un golpe de Estado protagonizado por militares. Una cifra alarmante que se asemeja a los resultados de julio de 2024, cuando la misma institución señaló que el 53 % de peruanos declaraba no creer en la democracia.

En apenas dos años, más de la mitad del país habría dejado de confiar en el sistema democrático. Esta tendencia debe ser analizada con mesura, ya que no responde únicamente al gobierno de turno, sino a un sistema político que ha fallado de manera sistemática al pueblo —y a un pueblo que, tal vez, tampoco esté aún preparado para sostenerlo. 

No es casualidad que, haya sido un golpista a rajatabla, una gran parte de la ciudadanía siga respaldando el régimen de Alberto Fujimori. Porque, más allá de sus transgresiones al orden democrático, se dedicó  a resolver las necesidades urgentes del país. Para ese sector, aquello bastó para validar su mandato, legitimando el mandato fujimorista.

Hoy, como en décadas pasadas, la democracia nos ha fallado. No solo en términos teóricos, sino también en cuanto a la idoneidad de su ejecución. Si el sistema democrático no es capaz de garantizar estabilidad, muchos se preguntan: ¿para qué sostenerlo?

Sin embargo, haciendo un examen de conciencia, debemos reconocer que el fracaso democrático también recae sobre nosotros mismos. Hemos sido incapaces de ejercer un voto que otorgue gobernabilidad. Y ante esa incapacidad, ahora el 52 % del país estaría dispuesta a buscar estabilidad por vías en las que no participan, como sería un golpe de Estado. Eso sí, lo apoyarían solo si responde a sus aspiraciones: un líder autoritario que les provea la estabilidad que no han logrado alcanzar por medios democráticos.

Desde una perspectiva práctica, un golpe de Estado es una apuesta incierta, una moneda lanzada al aire. No es garantía de orden ni de progreso. Al contrario, es una antesala del caudillismo y la inestabilidad, pues en un gobierno centrado en una sola figura, nadie puede prever lo que sucederá. En teoría, podría imaginarse un golpe con intenciones nobles: combatir la delincuencia, la inflación, la minería ilegal, entre otros males. Un hipotético “Fujimori 2.0”. Pero no hay forma de garantizar tal desenlace. Si el golpe lo liderara alguien como Maduro, ni la izquierda ni la derecha lo respaldarían. Por lo que, claramente, no es la solución.

A menos de un año de las próximas elecciones, es vital tomar conciencia para no repetir el ciclo de frustración y caos que se ha perpetuado durante casi una década. Debemos asumir la responsabilidad de elegir, por la vía democrática, a alguien que nos conduzca hacia la estabilidad. No podemos seguir esperando que esta llegue mágicamente, entre ráfagas de metralla, por obra de un mesías armado. Por más de que, ciertamente, es improbable que la línea de votantes cambie para este 2026.