La corrupción en nuestro país está desatada desde hace muchos años. Podría asegurar que inclusive en el Perú los funcionarios públicos tienen estímulos para ser corruptos, pues cuando cometen actos contra la fe pública, el Estado les paga los abogados defensores. 

Con el ánimo de evitar la ola de corrupción que padecemos, en enero del 2018 el Congreso aprobó por insistencia lo que es ahora la Ley 30717, que impide que aquellos que han cometido delitos de narcotráfico, violencia sexual o corrupción y hayan tenido condena por ello puedan acceder a un puesto de representación popular. La “rehabilitación” no los faculta para una nueva oportunidad.

Desde que se aprobó, el Jurado Nacional de Elecciones ha venido aplicando esa Ley a una serie de postulantes, con un criterio que desde mi punto de vista responde al espíritu del debate: merecemos una función pública honesta y no se le puede dar segundas oportunidades a quienes hayan faltado a ella.

Por eso me extraña que en la actualidad se haya abierto un debate en torno a la candidatura de Mario Vizcarra al Senado y a la presidencia de la República. El hermano del expresidente fue condenado en el año 2005 por peculado, cumplió su condena (a la que no apeló) y, según la ley, no puede ser candidato así haya cumplido con el mandato judicial. Se pretende buscar resquicios constitucionales o vacíos legales, inclusive argumentos políticos para pretender que la candidatura del señor Mario Vizcarra siga adelante. Eso sería inaceptable, desde el punto de vista jurídico, político y también respecto a la moral y ética de la Nación. 

Permitir que el señor Mario Vizcarra candidatee, rechazando las tachas presentadas, sería abrir las puertas a un número inimaginable de violadores, narcotraficantes o corruptos que ya han cumplido su condena y están, como dicen ahora de manera eufemística, “rehabilitados”. El Jurado Nacional de Elecciones se convertiría así en el facilitador de la destrucción moral de la Nación. Gobierno, cámaras legislativas, alcaldía y gobernaciones regionales podrían coger nuevamente a corruptos de todo pelaje. Permitir que Mario Vizcarra postule sería el referente que necesita la corrupción política para cobijar sus deseos de regresar al poder.

Confío en que el Jurado Nacional de Elecciones esté evaluando esta situación, pensando en los efectos de su definición. No se trata aquí de ganarle a los corruptos en la cancha, como dicen algunos ingenuos o cómplices. La corrupción juega con la cancha desnivelada a su favor. Hay que actuar con respeto a la ley y empezar a luchar contra un flagelo que nos impide progresar: la corrupción pública. Mario Vizcarra no puede postular ni merece una nueva oportunidad.

Si una comunidad no tiene acceso a una serie de servicios –como salud, educación, transporte o seguridad– podría ser porque las autoridades no las han atendido o porque la localidad no está en el radar de sus prioridades. Se suele decir entonces que “falta presencia del Estado” para cubrir esa serie de necesidades. Para consolidar esta presencia se diseñan políticas públicas que busquen solucionar la problemática colectiva a través de medidas de gobierno (que pueden ser nacionales, regionales o locales). Siendo así las políticas públicas son los instrumentos del Estado para solucionar necesidades comunitarias o colectivas: la inseguridad es un problema colectivo por ejemplo. El transporte también. 

¿Pero qué sucede cuando hay presencia del Estado, hay autoridades, hay poderes establecidos y se diseñan políticas públicas en perjuicio de los ciudadanos? O más lamentable aún ¿qué sucede cuando estas autoridades se zurran en los vecinos y literalmente impulsan medidas dañinas o perjuiciosas para los ciudadanos? Es la antítesis de las políticas públicas. Es el gobierno como enemigo de la localidad.

Lima es una ciudad que adolece de espacios públicos. Sin embargo, los parques caen bajo toneladas de cemento con el pretexto de la modernización; las playas (esas que hacen de Lima una ciudad tan especial) son licitadas por corruptos y arranchadas de la comunidad que tiene en ellas un espacio de recreación. O uno tiene que asistir resignado a la pérdida de valor de su propiedad porque en un lugar residencial construyen un ghetto de 40 pisos con 2,000 departamentos. 

Pero hay cosas peores. Se hacen obras inútiles que durante su proceso de construcción van a generar caos, molestias y desorden urbano pero que no van a tener un final feliz ¿Por qué? Porque son obras inútiles, sin planificación, un derroche en vano y que van a generar una nueva situación peor que la anterior. Es el caso de los viaductos que se pretenden construir en la Avenida Javier Prado, por obra y gracia de la Municipalidad de Lima con Renzo Reggiardo a la cabeza, sin estudios, sin planificación, sin mediciones de impacto, sin consenso con los vecinos y que van a empeorar la situación de la zona acarreando más tráfico en ese ya problemático lugar de la ciudad. 

Los viaductos de la Javier Prado son obras inútiles porque son falsas soluciones, muy pasadas de moda. Ni un solo viaducto en Lima ha funcionado en los último 25 años, ni los de Lima Norte, Lima Sur o Lima Moderna. Sin embargo, se insiste en su construcción pues se pretende utilizar el proceso de construcción como propaganda electoral. No importan los vecinos. Todo vale si de querer ganar se trata. 

Construir sin planificación es peor cuando no se trata de una omisión involuntaria sino un riesgo calculado para obtener réditos electorales. Un candidato y su agrupación que no dudan en despreciar así a los ciudadanos son muy peligrosos para la democracia, el desarrollo del país y su bienestar.

No es difícil entender el reciente anuncio del presidente respecto a que el Plan de Seguridad, que data del 2018, va a ser desechado y reemplazado por uno nuevo que no sabemos quién va a diseñar. Ese solo hecho debería venir acompañado del pase al retiro del general Oscar Arriola, que durante buena parte de ese tiempo ha venido desempeñando funciones de alta responsabilidad en nuestra Policía Nacional.

Tampoco es difícil de entender que se hable de disposiciones especiales de presupuesto, de declarar en emergencia a la Policía Nacional del Perú ni de coordinaciones entre municipios, gobiernos regionales y ministros para articular mejor con las fuerzas del orden, cuando de por medio hay una Ley, la No. 32386, que promulgó el Congreso de la República por insistencia en el mes de junio y que en su articulado dice que se dispone de 180 días para reorganizar la Policía Nacional del Perú. Un plazo que vence el próximo mes de diciembre.

Y no es difícil de entender porque estamos en una profunda crisis de liderazgo e institucionalidad. Ni el presidente, ni los ministros, ni los congresistas, jueces o fiscales están al tanto de lo que está pasando, con profundidad, o de repente están tan rebosados de problemas que estos los desbordan, olvidando dispositivos básicos o sobredimensionando sus capacidades, a tal punto de pretender borrar de un plumazo un Plan de Seguridad que demoró meses en concebirse e implantarse, y cambiarlo por uno que, sorprendentemente, estará listo en unas pocas horas. 

Todo esto debe llevarnos a pensar seriamente en la importancia de las próximas elecciones. Se requiere de experiencia y trayectoria y sobre todo de un liderazgo político que entienda las necesidades de la gente. No podemos seguir con empresarios que intenten lucirse, ante un escenario como la CADE, hablando de indicadores de performance (KPI) cuando son un desastre en diseño e implementación de políticas públicas.

La política es otra cosa y es lo que falta. La política es empatía, la política es tolerancia, la gran política es consensos y, sobre todo, la política es saber sintonizar con el pueblo identificando sus necesidades y solucionándolas. Si hay desafectos con nuestras autoridades y un desencanto generalizado es porque nada de ello está pasando. Necesitamos recuperar a la política con valor agregado; es decir, a la política con criterio de Estado. Sólo así al país le irá mejor.

No es difícil entender el reciente anuncio del presidente respecto a que el Plan de Seguridad, que data del 2018, va a ser desechado y reemplazado por uno nuevo que no sabemos quién va a diseñar. Ese solo hecho debería venir acompañado del pase al retiro del general Oscar Arriola, que durante buena parte de ese tiempo ha venido desempeñando funciones de alta responsabilidad en nuestra Policía Nacional.

Tampoco es difícil entender que se hable de disposiciones especiales de presupuesto, de declarar en emergencia a la Policía Nacional del Perú ni de coordinaciones entre municipios, gobiernos regionales y ministros para articular mejor con las fuerzas del orden, cuando de por medio hay una Ley, la No. 32386, que promulgó el Congreso de la República por insistencia en el mes de junio y que en su articulado dice que se dispone de 180 días para reorganizar la Policía Nacional del Perú. Un plazo que vence el próximo mes de diciembre.

Y no es difícil de entender porque estamos en una profunda crisis de liderazgo e institucionalidad. Ni el presidente, ni los ministros, ni los congresistas, jueces o fiscales están al tanto de lo que está pasando, con profundidad, o de repente están tan rebosados de problemas que estos los desbordan, olvidando dispositivos básicos o sobredimensionando sus capacidades, a tal punto de pretender borrar de un plumazo un Plan de Seguridad que demoró meses en concebirse e implantarse, y cambiarlo por uno que, sorprendentemente, estará listo en unas pocas horas. 

Todo esto debe llevarnos a pensar seriamente en la importancia de las próximas elecciones. Se requiere de experiencia y trayectoria y sobre todo de un liderazgo político que entienda las necesidades de la gente. No podemos seguir con empresarios que intenten lucirse, ante un escenario como la CADE, hablando de indicadores de performance (KPI) cuando son un desastre en diseño e implementación de políticas públicas.

La política es otra cosa y es lo que falta. La política es empatía, la política es tolerancia, la gran política es consensos y, por sobre todo, la política es saber sintonizar con el pueblo identificando sus necesidades y solucionándolas. Si hay desafectos con nuestras autoridades y un desencanto generalizado es porque nada de ello está pasando. Necesitamos recuperar a la política con valor agregado; es decir, a la política con criterio de Estado. Solo así al país le irá mejor.

Los plazos electorales son inexorables. Es por ello que, al acercarse la fecha límite para la presentación de precandidaturas de militantes, los partidos políticos han tenido que mostrar sus cartas. Atrás queda la especulación, tanto para las fórmulas presidenciales como para los candidatos a las cámaras de diputados y senadores. Sólo quedará pendiente en el proceso quiénes ocuparán los espacios reservados para los designados por los partidos, que serán preferentemente ocupados por invitados. 

Dependerá mucho de los ciudadanos que esta fecha no sea el inicio de un aquelarre. En efecto, al conocer este 31 de octubre cuál es el universo de candidatos a la presidencia le corresponderá a la ciudadanía hacer su tarea. ¿En qué consiste ella? En averiguar trayectorias, en analizar comportamientos, en ver la solidez intelectual o las virtudes políticas que puedan tener los diversos candidatos. Y sobre todo, ver si los programas de gobierno sintonizan con las necesidades del pueblo, y si el candidato tiene el poder de convocatoria para rodearse de personas capaces de llevarlos a cabo.

Los partidos políticos enfrentarán una serie de desafíos. El principal tiene que ver con la rendición de cuentas, y esto se manifiesta en la crítica ciudadana que hay hacia toda aquella agrupación que, según el pueblo, habría colaborado con el gobierno de Pedro Castillo, Dina Boluarte y en menor grado el actual. Allí se verá qué estrategia desarrollan fundamentalmente APP, Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular y Somos Perú para desmarcarse de esta suerte de sambenito. La marca está, la exposición también. Los partidos han colocado ministros, funcionarios y embajadores en el gobierno de Dina Boluarte y la ciudadanía lo sabe. Ello significará sin duda un escollo que tendrán que enfrentar.

Un elemento muy importante en esta campaña lo constituirán los candidatos al Senado, en especial aquellos que postulan en distrito electoral único; es decir, en todo el país. Sobre ellos recaerá la responsabilidad de ser una suerte de portavoces de las campañas presidenciales, y de su performance dependerá, en parte, que se consolide el apoyo o el alejamiento de determinadas fórmulas presidenciales. 

Se acabó la especulación. A poco más de cinco meses del 12 de abril se podría decir que el proceso electoral está muy cerca de llegar a la recta final que nos llevará a elegir al elenco político que nos gobernará a partir del 28 de julio del 2026. No perdamos el tiempo. Empecemos a reflexionar.

A diferencia de algunos antecesores que, ocupando de manera similar la presidencia por vacancia no abundaron en gestos iniciales, no se puede negar que el presidente Jerí si está intentando conectar con la ciudadanía a partir de una serie de gestos puntuales. Eso en política es bueno, qué duda cabe, pero hasta cierto punto. Nuestra politizada sociedad rápidamente se da cuenta si al frente tiene a un personaje que abunda en gestos pero que es escaso en hechos concretos. Esa situación puede llevar a sufrir un efecto contrario: que el entusiasmo inicial (que genera expectativas) se transforme en decepción o peor aún en indiferencia. Es lo que suele suceder cuando se sobreactúa, llegando a lo que el imaginario popular ha bautizado como “figuretismo”.

En sus primeras horas el presidente abundó en gestos. Comprar un emoliente o hablar al paso con la gente que encontraba en la calle fueron situaciones bien vistas. Pero ello no es suficiente. Para gobernar se requiere no solo la actuación sino también de la comunicación. Y la comunicación política tiene que ver con la difusión de información adecuada que transmita un hecho concreto que para la gente represente algo. La captura de un delincuente, la derogatoria de una ley o el nombramiento de una figura estelar son hechos concretos que pueden ser trasladados a la opinión pública a través de la comunicación política. Pero nada de eso hay hasta ahora.

La exitosa marcha del último miércoles no puede enfrentarse con gestos. Tampoco poniéndose de parte únicamente de la policía. Hay una serie de pedidos concretos que la ciudadanía reclama y que tienen que verse como bases para un diálogo. No se pueden obviar. En ese sentido, el señor José Jerí tiene que interiorizar que es el jefe de Estado, pero sobre todo el presidente de todos los peruanos. Atender a todos los sectores, por igual, es parte de las exigencias que le plantea la Nación. 

El principal de los problemas que tiene el gobierno es lograr legitimidad. A eso debe abocarse sobre la base de una agenda mínima que contemple manejo adecuado de las elecciones, lucha contra la inseguridad y reconstrucción del tejido institucional. La legitimidad se sustenta en la credibilidad y la autoridad lo que genera una buena gobernanza. La gobernanza empieza con la selección de las políticas adecuadas y el personal político capaz de llevarlo a cabo. A Dina Boluarte nunca le interesó. El presidente Jerí no puede tener el mismo comportamiento. De ser así no creo que el Congreso le baje el dedo, pero sí podría pasar que la renuncia voluntaria aparezca en el horizonte, al comprobar que los simples gestos no han logrado evitar que el país se le escape de las manos.

La señora Dina Boluarte, dirigiéndose a los huelguistas del sector transporte, ha señalado que en 24 o 48 horas no se va a solucionar el problema de la delincuencia. Una vez más, como si los peruanos, los ciudadanos, los afectados por la violencia fuéramos bobos, la presidenta de la República busca justificar su fracaso con tiempos y situaciones inconsistentes.

No se trata en todo caso de 24 horas sino de más de 24 000. A inicios de setiembre la señora Boluarte cumplió 1 000 días en el cargo, 24 000 horas de tener la “conducción” del país. Y en ese lapso muchos sectores del país se han deteriorado. Solo en el ámbito de la delincuencia organizada y la criminalidad simple, las víctimas mortales ascienden a más de 5 000 personas en lo que va de su gestión. Es decir, ha batido todos los récords. Y en lo que se refiere al sector transporte los asesinados –choferes, cobradores y jaladores– son más de 200, la mayoría de ellos menores de 40 años.

Las cifras son contundentes y la responsable es la señora Dina Boluarte. En todo este tiempo se ha dedicado a convocar a personajes impresentables, indignos de representar el cargo de ministro de Estado. Hemos tenido (tenemos) en los ministerios del Interior y de Justicia a individuos vinculados al crimen organizado, pues han sido sus defensores. Además, ha permitido que los criminales no rindan cuentas a la justicia, porque se ha entorpecido cualquier tipo de investigación. Esta actitud, en dos ministerios tan importantes, también es fundamental para llegar a esta situación.

Y luego de estos antecedentes, ¿cuál es la propuesta de la señora Boluarte para enfrentar la crisis delincuencial actual? Más de lo mismo. Dice que colocará policías en los paraderos, declarará en emergencia al sector transportes y comprará cámaras para colocar en lugares estratégicos. Además hará de las reuniones con el Conasec (ni vale la pena colocar qué significa) encuentros más continuos, y brindará un presupuesto de S/ 40 millones a la Policía Nacional del Perú para combatir la extorsión que afecta a este sector. Es decir, más de lo mismo.

Lo real, objetivamente, es que este gobierno no tiene ni idea de qué hacer. Ha llegado a esta situación gracias a la complicidad de un grupo de bancadas del Congreso; en especial Fuerza Popular, APP, Podemos y Somos Perú. La ausencia de control político y descarada complicidad nos ha llevado a esta penosa situación.

Habrá que contar las horas. Pero las horas que faltan para que este gobierno se marche.

Si estuviéramos en un país donde la integridad se entiende como fundamental para la democracia, la señora Boluarte habría despedido en el acto a aquel que la haga hacer el ridículo o que le de pésima información, sin procesarla, sin consultarla, sin evaluarla y sin sopesarla con los involucrados. Sabría que si la hacen cometer un error de esta índole, podría impedir su repunte en las encuestas y, por lo tanto, la recuperación de su legitimidad. Una mala propuesta en un contexto de baja popularidad sería fatal para un gobierno que pretende ser legítimo y tener estándares mínimos de gobernabilidad.

Sin embargo, en el Perú de estos días no pasa nada. Un ministro sin prestigio, vociferante, sin dimensión de Estado, puede presentar una propuesta de pacotilla, involucrar recursos escasos del presupuesto, traficar con las expectativas de la gente, conducir a la presidenta al ridículo total y no pasa nada. A la presidenta no le importa, al conjunto de los ministros tampoco y a la ciudadanía menos, pues ya saben que del actual elenco político no se puede esperar nada. En un contexto dramático de inseguridad se pueden plantear iniciativas de humo, inútiles en el corto, mediano y largo plazo y la vida seguirá igual entre otras cosas porque no hay vocación de superación en el gobierno, no hay oposición entre los políticos y la gente solo quiere que llegue el 28 de julio para que el actual elenco se vaya y rinda cuentas.

Vivimos en un estado de descomposición generalizado, en el cual la falta de vergüenza (mecanismo de autocontrol social) ha devenido en desfachatez (que es descaro, desvergüenza y falta de respeto); es decir, en desprecio por el país. Esto es absolutamente inédito. Aristóteles decía que el sinvergüenza, al ser consciente de sus actos, obra tratando de ocultar su acción e inclusive finge no serlo. El desvergonzado es peor. También es consciente de sus actos, pero no le importa, es “sin-vergüenza”, es desfachatado, no teme el control ni rechazo social, pues posee un comportamiento amoral y anormal. Un gobierno o una persona pueden ser sinvergüenzas si cometen algo repudiable. Un gobierno o una persona desvergonzada también pueden cometerlo, pero sin importarle las críticas o reproches que pueda recibir. Considero que el Gobierno de Dina Boluarte será reconocido como el de la república desfachatada. 

Lo lamentable es que se dice que algo es depravado cuando lo que predomina es la desvergüenza que no es otra cosa que una forma pervertida de la sinvergüencería.

Los antiguos griegos polemizaron mucho alrededor del binomio cuerpo – alma. Mientras para Platón esta relación era compleja –pues consideraba que, en tanto el alma era inmortal, el cuerpo era una cárcel pasajera–, para Aristóteles la relación era única, completa, el alma y el cuerpo eran una sola sustancia, era integritas.

La palabra viaja en la historia y conforma luego, ya en nuestro idioma, la integridad, esa cualidad propia de los seres humanos en la cual la coherencia entre lo que se predica y practica va de la mano con conceptos como moral, honestidad, honradez. La integridad es fundamental en el devenir de la humanidad. Los hombres de carácter superior hicieron esfuerzos para integrarla a su estilo de vida, y es gracias a ese esfuerzo que luego nacen elementos colectivos como los códigos, que no son otra cosa que un conjunto de significados que al ser aceptados norman el comportamiento. 

La palabra integridad ha tenido un rol muy importante en el desarrollo de la cosa pública. Desde sus orígenes aristotélicos ha caminado en paralelo a lo que Pinker llama la mejora de la humanidad. Steven Pinker señala que el progreso humano tiene que ver mucho con el alejamiento del tribalismo; es decir, ese concepto en que uno se concentra en sí mismo y en quiénes lo rodean y no le importan los demás. Y para alejarse del tribalismo es fundamental la integridad. Es por ello que, en paralelo al progreso de la humanidad, la gestión de lo público ha tenido en el concepto de la integridad uno de sus pilares: adherir a un comportamiento ético, con respeto a lo legal y dando prioridad al bienestar e interés público por encima del interés privado. Ese es el núcleo de la gobernanza, la buena gobernanza, a la que debe aspirar un gobernante. 

El Gobierno de la señora Dina Boluarte tiene una Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción. Está ubicada en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y tiene una Secretaría de Integridad Pública en la Presidencia del Consejo de Ministros. Parece una broma, pero no lo es. Ambas existen. Y si leemos sus funciones buscan que el gobierno actúe con ética, respeto a la ley y a las normas y luche activamente contra la corrupción.

Luego de escuchar las declaraciones de la presidente Dina Boluarte defendiendo a su hermano Nicanor de una legítima investigación del sistema de justicia y la forma como el gabinete en su conjunto, con el presidente del Consejo de Ministros a la cabeza, ha salido a defender al hermano de la presidenta y a un ministro cuestionado por corrupción, puedo inferir que la integridad es palabra muerta para este gobierno.

Deberían cerrar esas oficinas. Sería una muestra de coherencia. De paso le ahorrarían al país un gasto que, por ahora, no tiene justificación.

¿Qué tienen en común Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo? Que todos fueron elegidos presidentes de la República por el voto popular y todos están o estuvieron comprometidos o condenados por actos de corrupción. Además, todos fueron elegidos bajo el amparo de la Constitución de 1993. Del grupo mencionado dos vicepresidentes tuvieron que renunciar por acusaciones diversas y dos vicepresidentes llegaron a ser jefes de Estado. Uno fue vacado, la otra enfrenta serias acusaciones de origen. El vacado ahora está detenido, Martín Vizcarra, y la presidenta vigente, Dina Boluarte, tiene un futuro sombrío y predecible. Los únicos jefes de Estado que no tienen acusaciones de corrupción llegaron al poder por sucesión constitucional al ser presidentes del Congreso: Valentín Paniagua, Manuel Merino y Francisco Sagasti. Un desastre.

Esta situación, vergonzosa desde cualquier punto de vista, no tiene antecedente ni similar en el mundo. A pesar de su singularidad la hemos normalizado, en lugar de convertirla en un foco de discusión y análisis sobre qué es lo que nos está pasando. Si todos los presidentes están comprometidos con actos indebidos es que el sistema está putrefacto. Y si no se corrige es porque el sistema tiene fortalezas para su supervivencia pues le conviene a políticos corruptos, empresarios mercantilistas o que buscan atajos y periodistas “aceitables”. El que sufre las consecuencias es el pueblo peruano. Para muestra un botón: a julio de este año, 4 de cada 10 proyectos tienen ejecución cero, y hay 21 000 obras abandonadas a las que el conjunto Congreso-Gobierno le está agregando 20 000 proyectos nuevos. Esta situación anómala e incorrecta si no es corrupción de la cosa pública ¿qué es?.

Al sistema de corrupción le conviene que haya congresistas indeseables. Los utilizan para sus lobbies y requerimientos. Basta con ver como salen leyes que exoneran de impuestos o que plantean beneficios para algunos sectores y no para la ciudadanía. En ese sentido la informalidad también tiene su espacio y le disputa la preferencia a la formalidad para ganarse el favor de ministros o congresistas.

En otras palabras, si hemos llegado a esta situación es porque en el Perú se subsidia la corrupción. En lo que vendría a ser el colmo de la situación la cosa está tan deteriorada en nuestro país que al corrupto hasta se le paga el abogado con dinero de todos los peruanos, un abogado que tiene amplia libertad para expresar opinión, en favor de su cliente, en los medios de comunicación. Es tanto el nivel grotesco que, en nuestro país, los programas de análisis más parecen estudios jurídicos. Así estamos.