APROXIMACIONES

Más de 1.6 millones de personas venezolanas forzadas a huir viven hoy en el Perú. La cifra suele aparecer en el debate público como un dato demográfico, pero también plantea una pregunta de fondo: qué tipo de convivencia estamos construyendo con quienes hoy comparten barrios, escuelas, mercados, centros de trabajo y espacios públicos en distintas ciudades del país.

El Perú se ha construido a partir de distintas culturas, historias y tradiciones. Esa diversidad forma parte de su vida social y económica, y vuelve a cobrar sentido frente a una realidad concreta: miles de personas que llegaron buscando protección ya forman parte de la vida cotidiana del país.

Detrás de esa cifra hay familias que buscan estabilidad, jóvenes que quieren estudiar, personas que trabajan, emprenden o intentan regularizar su situación. No son solo números; son personas con capacidades, experiencias y voluntad de aportar.

En un contexto en el que la desinformación y los prejuicios pueden pesar más que los hechos, conviene recordar una idea central: la inclusión no beneficia únicamente a las personas refugiadas. También puede fortalecer al Perú si existen condiciones para que puedan aportar con su experiencia y trabajo.

Esa reflexión también está detrás de Solidaridad +51, la campaña de Acnur en el Perú. El nombre alude al código telefónico del país y a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, adoptada en 1951, y que este año cumple 75 años. Su mensaje mira al presente: proteger e integrar mejor también permite convivir mejor.

Durante años, la conversación sobre personas refugiadas estuvo asociada casi exclusivamente a la emergencia y la asistencia. Esa aproximación permite entender la protección que muchas personas necesitan al llegar, pero resulta insuficiente si no reconoce también sus capacidades y posibilidad de aporte.

Los datos permiten sostener ese cambio de enfoque. De acuerdo con un estudio elaborado por el Banco Mundial y Acnur, el Perú obtuvo entre 2018 y 2022 un retorno de S/2.6 por cada sol invertido en favorecer la integración de personas venezolanas. Ese retorno se explica, entre otros factores, por su participación en la economía.

La Encuesta Nacional de Hogares dirigida a la Población Venezolana 2024, realizada por el INEI con apoyo de Acnur y el Banco Mundial, muestra que el 95% de las personas venezolanas en edad de trabajar tiene empleo, aunque la mayoría en condiciones de informalidad.

El dato muestra un potencial claro, pero también un desafío pendiente: generar condiciones para que esa participación sea más formal, segura y productiva.

Apostar por la inclusión no es un acto de caridad ni un gesto simbólico. Es una decisión que puede fortalecer la productividad, la estabilidad y la convivencia social.

El debate sobre refugio suele quedarse en cifras o percepciones. Sin embargo, convivir se decide en espacios concretos: en cómo hablamos del vecino, del compañero de trabajo, del estudiante o del emprendedor que intenta empezar de nuevo.

A 75 años de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, la solidaridad con quienes se vieron obligados a huir no es solo un gesto humanitario; también es una forma concreta de fortalecer al Perú.