¿Qué son los actos de equiparación o adhesión?

-En cuanto a los actos de equiparación (o de adhesión), se ha determinado que los mismos son estrategias que tienen como finalidad el aprovecharse del nombre del que gozan los productos o servicios de otro agente en el mercado, puesto que lo esencial en esta modalidad es que se aluda inequívocamente a un agente determinado y se resalten las características comunes que tendrían tanto los bienes propios como los brindados por otro empresario participante en el mercado.

¿Qué se requiere para que se configure un acto de comparación o equiparación indebida?

-En ambos supuestos se requiere percibir una alusión inequívoca, directa o indirecta, sobre la oferta de otro agente económico, incluso mediante la utilización de signos distintivos ajenos. Estos actos serán lícitos siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos para los actos de denigración.

¿Qué se debe tener en cuenta para analizar la existencia de un acto de comparación o equiparación indebida?

-A efectos de analizar la existencia de un acto de comparación o equiparación indebida, en primer lugar, se debe determinar si existe una alusión inequívoca sobre la oferta de un competidor, que tenga como finalidad comparar o equiparar ventajas de la oferta propia frente a la oferta de otro agente en el mercado.

En esta línea, la alusión inequívoca sobre la oferta de una empresa competidora es un aspecto relevante para el análisis de un acto de comparación o equiparación indebidas. En este aspecto, basta con que, a partir de los elementos evaluados, los consumidores entiendan inequívocamente que se alude a la empresa que compite con el anunciante en un determinado mercado. Así, pueden existir determinadas circunstancias que puedan aumentar y otras que puedan aminorar la posibilidad de identificar a un competidor en la publicidad, tales como el contexto en que se difundió la publicidad cuestionando o la proximidad temporal en que se desarrollan los anuncios y campañas publicitarias. En ese sentido, si no se verifica una alusión inequívoca, directa o indirecta, sobre la oferta de otro agente económico, no se puede verificar la existencia de un acto de comparación o equiparación indebidas.

¿Qué corresponde luego de analizar la existencia de un acto de comparación o equiparación indebida?

-Luego de ello corresponde analizar si, las afirmaciones o elementos gráficos cuestionados se encuentran amparados por la denominada “exceptio veritatis”, es decir, que no serán sancionadas si estas son verdaderas, exactas y pertinentes.

Respecto del requisito de veracidad y exactitud, se puede citar el caso en el que una empresa, mediante su página web y correos electrónicos, aludía inequívoca y  directamente al producto de su competidor con la finalidad de establecer una comparación entre los productos de ambas empresas y destacar el presunto valor añadido que presentaría su producto en relación al de la empresa competidora, sobre la base de afirmaciones cuya veracidad no se acreditó en el respectivo procedimiento.

¿Qué ha resuelto el INDECOPI, sobre la comparación indebida por género?

-Respecto de la comparación indebida por género, la Sala confirmó, bajo los mismos fundamentos, un pronunciamiento emitido por la Comisión en el que se determinó que el término “productos de lejía” sin que se haga referencia a un competidor en particular no permitía determinar una alusión inequívoca de la empresa con la que se estaba comparando, por lo que se declaró infundada la denuncia.

Del mismo modo, en el caso de una empresa que difundió una campaña publicitaria televisiva, a través de la cual pretendía asociar el sabor de su bebida gaseosa con el de la competencia, con el propósito de dar a entender a los consumidores que ambas gaseosas tenían un sabor indistinguible,  la Comisión y la Sala declararon fundada la denuncia, considerando que en la mencionada publicidad se realizó una alusión inequívoca al producto de la denunciante, bajo criterios subjetivos como el sabor similar entre los productos, incumpliendo uno de los requisitos de licitud que debe tener todo acto de equiparación.

En línea con lo anterior, otro ejemplo, es el caso de una empresa líder en el mercado de cocoas, que denunció la comisión de actos de comparación indebida, en la medida que la imputada difundió una campaña publicitaria a través de una página web donde comparaban las ventajas del producto ofrecido por la imputada frente al producto ofrecido por la denunciante. Al respecto, la Comisión consideró que, del contenido de la publicidad cuestionada, era posible advertir una alusión inequívoca por parte de la imputada a la oferta prestada por la denunciante, viéndose reforzada la aseveración a través de los anuncios, pues en ellos se presenta la forma, los elementos consignados en su empaque y los colores característicos del producto cocoa, que, si bien aparece sin el nombre del producto, resultaba clara la alusión que se hace de este producto.

¿En los casos de publicidad comparativa se comete una comparación o equiparación indebida?

-En la publicidad comparativa necesariamente debe existir una alusión respecto de la marca o producto de algún competidor en particular. En algunos casos donde la publicidad utilice signos distintivos registrados, la utilización de estos no determina per se que los consumidores, al apreciar la pieza publicitaria, reconozcan con facilidad dicho signo y que, por lo tanto, ello implique una alusión inequívoca.

El INDECOPI está siempre al servicio de la ciudadanía con integridad y transparencia

¿Qué finalidad tiene prohibir el empleo de métodos de cobranza abusivos?

-La finalidad de estos métodos de cobranza busca impedir que el consumidor vea vulnerados sus derechos a la imagen, a la privacidad de su hogar o ante terceros, entre otras situaciones que puedan afectar su dignidad. Por ejemplo, está prohibida la remisión de notificaciones al centro de labores.

¿Qué métodos de cobranza están prohibidos?

-Está prohibido:

• Enviar al deudor, o a su garante, documentos que aparenten ser notificaciones o escritos judiciales.

• Realizar visitas o llamadas telefónicas entre las 20:00 horas y las 07:00 horas o los sábados, domingos y feriados.

• Colocar o exhibir a vista del público, carteles o escritos en el domicilio del deudor o del garante, o en locales diferentes de estos, requiriéndole el pago de sus obligaciones.

• Ubicar a personas con carteles alusivos a la deuda, con vestimenta inusual o medios similares, en las inmediaciones del domicilio o del centro de trabajo del deudor, requiriéndole el pago de una obligación.

• Difundir a través de los medios de comunicación nóminas de deudores y requerimientos de pago sin mediar orden judicial. Lo anterior no comprende a la información que se proporcione a las centrales privadas de información de riesgos reguladas por ley especial, la información brindada a la Central de Riesgos de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones ni la información que por norma legal proporcione el Estado.

• Enviar comunicaciones o realizar llamadas a terceros ajenos a la obligación informando sobre la morosidad del consumidor.

• Enviar estados de cuenta, facturas por pagar y notificaciones de cobranza, sea cual fuera la naturaleza de estas últimas, al domicilio de un tercero ajeno a la relación de consumo, salvo que se trate de un domicilio contractualmente acordado o que el deudor haya señalado un nuevo domicilio válido.

• Cualquier otra modalidad análoga a lo señalado anteriormente.

¿Qué obligaciones asumen los garantes de una deuda?

-Los garantes de una deuda, se encuentran expuestos a los efectos negativos de una relación de consumo, ya que pese a no ser los deudores que reciben el préstamo de la entidad financiera, al igual que estos pueden ser objeto de:

1. El cobro de una deuda ya cancelada.

• La negativa, por parte de la entidad financiera, de proporcionarle información sobre la deuda, que le serviría para su defensa ante el cobro de esta.

• La negativa de cobertura de un seguro de desgravamen que lo liberaría de la deuda.

• Reportes indebidos ante las centrales de riesgo, entre otras situaciones.

Los garantes, para ser considerados consumidores, deben haber garantizado a una persona que califique como consumidor de acuerdo con las normas establecidas en el Código de Protección y Defensa del Consumidor. De no ser así, no calificarán como consumidores.

¿Qué puedo hacer si me envían notificaciones de cobranza de terceros?

-El INDECOPI ha establecido que los ciudadanos que reciben en su domicilio notificaciones de cobranza por deudas de terceras personas, pueden acceder a la tutela administrativa brindada por el INDECOPI, debido a que califican como consumidores.

Si bien el proveedor denunciado no ha prestado efectivamente un servicio al denunciante, conforme al principio pro consumidor, reconocido en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, quienes son notificados con documentos de cobranza por deudas de terceros deben ser considerados como consumidores, teniendo en cuenta que se encuentran directa o indirectamente expuestos a los efectos de una relación de consumo. Ello en la medida en que, pese a no ser deudores del saldo cuyo pago es pretendido, al señalarse su domicilio como el del moroso, tales personas se encuentran expuestas a contingencias vinculadas a la presunta relación crediticia.

¿Qué puedo hacer si el deudor ya no vive en mi domicilio?

-Cuando una persona recibe una comunicación de cobro dirigida a un tercero, que ya no vive en su domicilio, está facultada a señalar al acreedor que el deudor varió su domicilio, siempre y cuando el deudor haya informado previamente al acreedor,  mediante comunicación indubitable, dicho cambio.

¿En obligaciones con entidades financieras, quién debe acreditar el domicilio que señaló el deudor?

-En caso de notificación a un tercero sobre el adeudo de una persona diferente a él, corresponderá a la entidad financiera acreditar que el deudor señaló el domicilio controvertido como domicilio contractual. Para tales efectos, el contrato bancario resultará una prueba idónea, sin perjuicio de poder acreditar su fijación a través de otros medios.

¿Las entidades financieras están obligadas a verificar el domicilio que señala un consumidor al momento de la firma de un contrato en el que asume una obligación de pago?

-No existe una obligación impuesta a las empresas del sistema financiero para verificar la veracidad del domicilio declarado en el contrato. Ello en la medida en que, de acuerdo con el principio de la buena fe contractual y conforme con el artículo 179 de la Ley General del Sistema Financiero, se presume que los datos consignados por las partes en el contrato son ciertos. Así, es importante indicar que pueden presentarse situaciones en las que exista falsedad en la información brindada a los proveedores, por ejemplo, sobre el domicilio contractual del cliente, por lo que únicamente en el caso de que se ponga a su disposición documentación contundente y fehaciente que acredite tal inexactitud, la entidad financiera deberá dejar de notificar requerimientos de cobranza en la dirección domiciliaria declarada, pues de lo contrario se vulneraría el deber de idoneidad con el que deben actuar los proveedores en el mercado.

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¿A qué tiene derecho el consumidor, al momento de recibir el inmueble que adquirió?

-El consumidor tiene el derecho de expresar por escrito en el acta de entrega del inmueble:

• Su aprobación sobre las características, condiciones y estado en general del bien inmueble.

• Su desaprobación, en caso el inmueble no corresponda a las características o condiciones previstas en el contrato de compraventa.

¿Qué comprende el saneamiento físico del inmueble?

-Es la obligación que tiene el proveedor, al momento de la entrega del inmueble, de corregir los errores y defectos presentes del inmueble, relacionados con los componentes, materiales o estructuras del inmueble.

Cabe precisar que los errores o defectos pueden ser advertidos al momento de la recepción del inmueble por parte del consumidor, o de manera posterior.

¿Qué observaciones pueden ser materia de saneamiento?

-Dentro de las observaciones que pueden ser materia de saneamiento encontramos:

En caso de venta de inmuebles futuros

• Defectos, deficiencias u otras condiciones que desmedren el valor del inmueble que se le entrega. Por ejemplo, el departamento cuenta con un metraje menor al ofrecido.
• Defectos, deficiencias u otras condiciones que impidan o limiten el uso del inmueble. Por ejemplo, falta de implementación de áreas comunes.

En caso de venta de inmuebles que no son de estreno (o de segunda mano)

• Modificaciones de las características y condiciones del inmueble realizadas por el proveedor después de la suscripción del contrato de compraventa y antes de la entrega del inmueble.

En caso de venta de lotes de terreno en proceso de habilitación urbana

• Cambios en el metraje fuera de los rangos acordados.
• Ubicación del lote.
• Mobiliario urbano circundante dentro del proyecto de habilitación urbana.
• Condiciones que impidan o limiten el uso del inmueble.

¿Qué comprende el saneamiento legal del inmueble?

-Es obligación del proveedor realizar los trámites de conformidad de obra, independización e inscripción del inmueble en los Registros Públicos.

Para dar cumplimiento a esta obligación, el proveedor deberá realizar los trámites de manera idónea y en un plazo razonable, actuando con la debida diligencia ante las entidades administrativas correspondientes, a fin de evitar retrasos en la independización e inscripción de los inmuebles.

¿Qué información debe brindar el proveedor sobre los periodos de garantía del inmueble?

-El proveedor tiene la obligación de implementar y mantener procedimientos para ofrecer información completa sobre los periodos de garantía, que son los plazos en los que se encargará de la reparación de los defectos que se presenten con posterioridad a la entrega del inmueble, que pueden ser de dos tipos:

• Si se trata de componentes o materiales del inmueble, el periodo de garantía será establecido por el proveedor o acordado por las partes durante las dos primeras etapas del proceso de compra.

• Si se trata de aspectos estructurales, el plazo mínimo es de diez (10) años, que se contabiliza desde que se emite el certificado de finalización de obra y recepción de obra por parte de la municipalidad.

¿Qué obligaciones tienen el proveedor en el servicio postventa?

-Disponer de personal idóneo y ofrecer diferentes alternativas de contacto para la recepción de sugerencias, consultas, reclamos o solicitudes de servicio.

Ofrecer un servicio de atención al cliente, a fin de dar respuesta a las comunicaciones y solicitudes formuladas por el consumidor dentro del plazo establecido por el proveedor.

Establecer un procedimiento de atención de quejas, que sea sencillo y rápido y que incluya el registro y seguimiento.

¿Qué hacer si el inmueble o el servicio del proveedor no coincide con lo acordado u ofrecido?

-En caso de que el inmueble recibido o el servicio brindado por parte del proveedor inmobiliario tenga defectos o sea distinto al ofrecido o acordado durante las dos primeras etapas del proceso de compra, el consumidor dispone de las siguientes alternativas:

1. Presentar un reclamo ante el proveedor inmobiliario, a través del Libro de Reclamaciones o cualquier otro medio idóneo. Interpuesto el reclamo, el proveedor contará con un plazo máximo de quince (15) días hábiles improrrogables para brindar una respuesta.

2. Presentar un reclamo ante el INDECOPI a través de la plataforma “Reclama Virtual”, que consiste en una herramienta digital gratuita, a la que el consumidor puede acceder: https://enlinea.indecopi.gob.pe/reclamavirtual/#/iniciar-reclamo.

3. Presentar un reclamo ante la Defensoría del Cliente Inmobiliario – DCI a través de la herramienta digital gratuita que se encuentra en: https://dci.pe/

4. Presentar una denuncia administrativa ante el INDECOPI por la falta de idoneidad o calidad sobre el producto o servicio inmobiliario.

5. Acudir al arbitraje de consumo que consiste en un servicio gratuito de solución de conflictos de consumo, donde un tercero denominado árbitro resolverá la controversia de manera definitiva, a través de un documento denominado laudo.

¿Qué se debe tener en cuenta al tramitar una denuncia?

-El consumidor debe probar la existencia de un defecto en el bien o servicio. Para ello, puede valerse de pruebas directas, y en caso no cuente con estas, de pruebas indiciarias.

El proveedor debe demostrar que el defecto no fue ocasionado por responsabilidad suya, sino por la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible, caso fortuito o fuerza mayor, o por la imprudencia del propio consumidor afectado.

El proveedor no puede alegar que los defectos no le fueron comunicados, como causal de exoneración de responsabilidad administrativa

La acción para sancionar las infracciones al Código prescribe a los dos (2) años desde que fueron cometidas, o desde que el consumidor tuvo conocimiento de los hechos que dieron lugar a la denuncia.

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¿A quién se considera proveedor del servicio inmobiliario?

-Será considerado un proveedor inmobiliario, quien se dedique a la venta de inmuebles de manera habitual y con la finalidad de permanecer en el mercado inmobiliario, sin importar si se trata de una persona natural o jurídica.

En el proceso de compra de un bien inmobiliario. ¿Qué etapas hay que tener en cuenta para exigir información?

-El proceso de compra de inmuebles comprende las etapas en las que el consumidor y proveedor se relacionan, y abarca desde el momento en el que el consumidor toma conocimiento de los productos y servicios ofrecidos por el proveedor, hasta el momento en el que se cumplen todos los ofrecimientos y acuerdos relacionados con la compra, pudiendo diferenciar 3 momentos importantes:

• Antes del proceso de compra: publicidad y solicitud de información.
• Durante el proceso de compra: contratación y pagos.
• Entrega del bien.

¿Qué información mínima se debe recibir antes del proceso de compra?

-El proveedor inmobiliario debe establecer e implementar medidas para que el consumidor acceda fácilmente y de manera gratuita, como mínimo, a la siguiente información:

• Identificación de proveedor inmobiliario.
• Información sobre el inmueble.
• Información relacionada con la operación de compraventa.

¿Qué información sobre la identificación del proveedor se debe recibir?

• Si el proveedor es una persona natural, debe brindar su número de DNI o RUC.

• Si el proveedor es persona jurídica: partida registral de la persona jurídica, nombres de los representantes legales y sus vigencias de poder debidamente inscritas y RUC.

• En ambos casos, el proveedor debe proporcionar un teléfono de contacto, correo electrónico o página web, los cuales deben encontrarse activos y si hay alguna variación debe comunicarse al consumidor.

• Los antecedentes del proveedor y su comportamiento en el mercado de productos y servicios inmobiliarios, para tal efecto, debe implementar medidas para que el consumidor conozca la existencia de la Central de Información de Promotores Inmobiliarios y Empresas Constructoras de Unidades Inmobiliarias y del portal “Mira a Quién le Compras”.

¿Qué información se debe recibir sobre el inmueble?

-Como mínimo se debe recibir la siguiente información:

• La descripción del inmueble, cantidad de unidades inmobiliarias y sus características relevantes, tales como; área exclusiva y común, medidas perimétricas, acabados del inmueble, entre otras.

• La condición sismorresistente del inmueble que se oferta, presentándose la documentación que lo acredite, de ser solicitado por el consumidor

• La partida registral del inmueble en caso de bienes inscritos, o el título que acredite que el proveedor es el propietario del inmueble, en caso de bienes no inscritos.

• El estado del proceso de habilitación urbana o de licencia de edificación, según corresponda.

• Plano del inmueble ofertado. Si alguno de los aspectos del plano tiene únicamente carácter referencial, esto debe ser comunicado al consumidor.

• Identificación y características del inmueble.

• Si se trata de bienes futuros, el documento que acredite la aprobación del proyecto de habilitación urbana o el anteproyecto de arquitectura, según corresponda.

• Si se trata de bienes terminados, copia de la hoja de resumen (HR), predio urbano (PU), acreditación de no adeudo de tributos del inmueble; y, partida registral donde conste su independización, de ser el caso.

¿Qué información se debe recibir en relación con la operación de compraventa?

En relación con la operación de compraventa, se debe recibir como mínimo, la siguiente información:

• Vigencia de la oferta.
• Precio de venta del inmueble ofertado, incluyendo forma de pago, la moneda, el plazo en el que el consumidor debe realizarlo, los gastos y tributos, promociones y descuentos.

• Información sobre los canales para la atención de consultas, quejas y reclamos que pudieran ser dirigidos al proveedor, o los canales de denuncia ante las autoridades correspondientes.

• Condiciones de la separación del inmueble, que comprende: vigencia, causales y efectos de la resolución del contrato, como el pago de gastos administrativos y penalidades.

¿Si el precio de venta del inmueble es financiado por el proveedor inmobiliario, qué información se debe recibir?

-Si el precio de venta del inmueble o parte de este es financiado por el propio proveedor inmobiliario, se debe informar de manera previa y detallada, e incluir en el contrato, una hoja resumen que contenga la siguiente información:

• Monto de los intereses y tasas de interés aplicables, así como las cláusulas penales, en caso se establezcan en el contrato.
• Monto y detalle de cualquier cargo adicional, en caso de existir.
• Número de cuotas o pagos a realizar, su periodicidad y fecha de pago.
• Los beneficios otorgados en caso el consumidor realice el pago de las cuotas en el tiempo y forma pactados.
• La cantidad total a pagar por el inmueble, incluyendo el precio al contado, más los intereses y gastos administrativos.
• En caso de existir garantía y avales, la explicación de sus alcances y obligaciones
• El derecho de efectuar un pago anticipado o prepago de los saldos en forma total o parcial.
• Cualquier otra información que resulte relevante.

¿Qué información se debe recibir durante la suscripción del contrato y pago del precio?

-El proveedor asume la obligación de redactar el contrato de compraventa en un lenguaje accesible al consumidor, que debe contener como mínimo:

• Identificación de las partes contratantes y sus domicilios legales.
• Identificación del inmueble materia de venta.
• Identificación de la partida registral del inmueble o terreno.
• Identificación del área exclusiva y común de ser el caso.
• Precio de venta.
• Forma de pago.
• Plazo, fecha y condiciones expresas sobre la entrega del inmueble.
• Penalidades por incumplimiento de las obligaciones.
• Mecanismos para la solución de controversias.
• La obligación del proveedor de firmar todos los documentos necesarios para perfeccionar la transferencia del inmueble.

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¿Los competidores tienen derecho a imitar?

-La Sala Especializada en Defensa de la Competencia del INDECOPI, ha señalado que el “derecho a imitar” es una de las manifestaciones de la libertad de iniciativa privada, consagrada en la Constitución Política del Perú, que además es uno de los principios que rigen el modelo de economía social de mercado. En tal sentido, los agentes se encuentran permitidos de reproducir en sus propios productos o servicios las presentaciones o creaciones ajenas, en la medida que no cause una afectación al interés económico general.

No obstante, la libre imitación de iniciativas tiene límites: (i) los derechos de propiedad intelectual; y, (ii) la buena fe comercial, lo cual significa que la imitación no debe configurar un acto de competencia desleal.

¿Qué son los actos de confusión directa e indirecta?

-El INDECOPI ha señalado que los actos de confusión pueden ser directos o indirectos, siendo que los actos de confusión directa, consisten en aquellos supuestos en los que el consumidor toma dos productos o servicios distintos asumiendo incorrectamente que son los mismos, y que los actos de confusión indirecta se producen cuando el consumidor, si bien observa que ambos productos o servicios no son idénticos, entiende que tienen un mismo origen empresarial, cuando en realidad pertenecen a dos concurrentes distintos.

¿Qué casos ha resuelto el INDECOPI sobre confusión?

-A manera de ejemplo, resulta pertinente mencionar un procedimiento iniciado de oficio, donde se advirtió que una empresa estaría comercializando los productos portabebés en el mercado identificándolos ante el público como si fueran de la marca Ergobaby, empleando elementos similares de las marcas originales. De esta manera, dado que se logró acreditar el incumpliendo del deber de diferenciación que se exige a todos los agentes que concurren en el mercado en calidad de proveedores de bienes o servicios, al contar con un producto cuya presentación tenía una serie de elementos similares como tipo de producto y signo distintivo empleado, de las marcas Baby Carrier e Imama, los cuales habrían sido importados de China, la Comisión consideró declarar fundada la imputación, debido a que dicha conducta inducía a error a los consumidores respecto del origen empresarial del producto ofrecido en el mercado y la segunda instancia confirmó el pronunciamiento de la Comisión, destacando que es necesario que los elementos que materialicen el presunto acto de confusión (tales como su presentación, colores empleados, denominaciones, entre otras características) evoquen en el recuerdo de los consumidores a un determinado producto o servicio (confusión directa) o a un determinado agente económico (confusión indirecta).

Por esta razón, considerando lo detallado, se advirtió que el producto comercializado por la imputada reproduce de manera idéntica la marca “Ergobaby”, por lo que un consumidor podría considerar que se encuentra ante un producto fabricado y/o comercializado por The Ergo Baby Carrier Inc. o que la imputada comparte de alguna forma el mismo origen empresarial, pese a que ello no es así.

¿Qué otros casos de confusión en materia educativa ha resuelto el INDECOPI?

-Un ejemplo útil resulta la denuncia presentada por la Universidad Autónoma de Ica en contra de una persona natural, debido a que este vendría desarrollando su actividad educativa reproduciendo el logotipo y la denominación de la denunciante, sin su autorización. En ese sentido, la Comisión concluyó que el imputado utilizó el mismo logotipo y denominación de la denunciante para prestar sus servicios, lo que generó que los consumidores hayan sido inducidos a error respecto del origen empresarial, toda vez que pudieron asumir que entre ambos servicios existió el mismo origen empresarial, generándoseles un riesgo de confusión.

Otro ejemplo que puede señalarse es el de dos (2) empresas que prestaban la actividad de consultoría de gestión, ya que una habría desarrollado dicha actividad comercial reproduciendo elementos característicos y similares utilizados por la denunciante, como la denominación “Cámara de Comercio Exterior” y el nombre del curso “Excel Empresarial”, junto con la denominación “Cámara de Comercio Exterior”, en su sitio web. Al respecto, la Sala confirmó lo resuelto por la Comisión al estimar que si bien la imputada utilizaba elementos similares a los de la denunciante en el desarrollo de su actividad comercial, se podía advertir que la denominación “Cámara de Comercio Exterior” contenía elementos comunes que son usados por otros agentes económicos en el mercado (“Cámara de Comercio”, “Comercio Exterior”); y que el nombre del curso “Excel Empresarial” venía siendo utilizada, de manera similar, en el mercado por distintas empresas.

¿Qué otros casos de confusión ha resuelto el INDECOPI?

-Es importante mencionar un caso en el que se observó que determinados catálogos habían sido enviados por una empresa a sus clientes, a través de su correo electrónico, los cuales presentaban características y descripciones similares a los catálogos que utilizaba la empresa denunciante en el mercado. Al respecto, de la revisión de los catálogos de ambas empresas, se determinó que los enviados por la empresa denunciada presentaban el mismo diseño y la misma distribución de elementos cromáticos, gráficos y denominativos que los catálogos de la empresa competidora, promocionando los mismos productos (planchas perforadas), lo que conllevaba al consumidor a considerar que los productos y servicios que se ofertaban en ambos catálogos pertenecían a la misma empresa.

¿En qué casos el INDECOPI ha resuelto que no hay actos de confusión?

-Podemos resaltar la postura de la Sala que confirmó el pronunciamiento de la Comisión en el que se señalaba que, si bien determinados elementos consignados en la presentación del producto “notas adhesivas” eran similares a los consignados en el producto “notas adhesivas” comercializado por la denunciante, no generaban confusión sobre su origen empresarial, ello, debido a que dichos elementos eran utilizados también por otros agentes económicos en el mercado, y/o no permitían distinguir por sí solos el producto de la denunciante, al encontrarse colocados en el empaque de manera conjunta con elementos estandarizados en este tipo de productos. Adicionalmente, se advirtió que el producto comercializado por la imputada consignaba en la parte superior de su empaque, el nombre comercial de dicha empresa, por lo que su origen empresarial podía ser identificado plenamente por el público consumidor.

El INDECOPI está siempre al servicio de la ciudadanía con integridad y transparencia.

¿Qué es un acto de Competencia Desleal?

Un acto de competencia desleal es aquel que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe empresarial que deben orientar la concurrencia en una economía social de mercado.

¿En qué casos se dan actos de competencia desleal mediante la cláusula general?

El abuso de procesos legales

Un ejemplo de infracción a la leal competencia mediante la cláusula general se materializa mediante el abuso de procesos legales, esto es, mediante la utilización indebida del derecho de acción o petición, para iniciar procesos judiciales, procedimientos administrativos e inclusive arbitrales, con la finalidad de entorpecer la concurrencia en el mercado.

Sobre ello, el INDECOPI se ha pronunciado estableciendo los criterios que permiten identificar que existe un ejercicio del proceso legal guiado por la temeridad. De esta manera, se prescribe que la voluntad de ejercer abusivamente el derecho de acción o petición se aprecia principalmente cuando: 1) El litigante o peticionante, de acuerdo con el contexto en que se inserta, tiene plena conciencia de que su pretensión o solicitud administrativa será rechazada in limine o que carece completamente de fundamento objetivo y probabilidades de éxito. 2) Se identifican suficientes elementos de prueba que permiten acreditar que un proceso legal fue guiado por el fraude y la corrupción.

¿En qué otros casos se pueden dar actos de competencia desleal mediante la cláusula general?

La comercialización de bienes sin la licencia correspondiente

Un ejemplo adicional de infracción a la leal competencia mediante la cláusula general se verifica mediante la comercialización de bienes para los cuales se necesita obtener una licencia de uso correspondiente, pero que no se ha obtenido la autorización del titular, lo cual constituye un acto contrario a la buena fe empresarial, puesto que dicho agente participa en el mercado sin asumir los costos en los que otros agentes en el mercado incurren para comercializar dichos bienes.

El aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno.

Otro ejemplo de infracción a la leal competencia mediante la cláusula general se verifica mediante el aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno. En particular, dicho aprovechamiento se traduce en una ventaja competitiva de carácter ilícito, por lo que el análisis versará en verificar si la denunciada ha aprovechado indebidamente el esfuerzo desplegado por la denunciante para su beneficio.

En una denuncia presentada al INDECOPI, que se declaró fundada, se cuestionó si la imputada se había valido indebidamente del personal y había utilizado información comercial de la denunciante, en beneficio propio, y para presentar ofertas comerciales a potenciales clientes, todo lo cual atentaba contra la buena fe comercial.

El uso de metodología desarrollada por otra persona.

En otro caos, se evaluó si la imputada se había aprovechado del esfuerzo realizado por la denunciante, en tanto se cuestionaba que haya usado el mismo contenido y estructura de la página web la denunciante para elaborar su propia página web.

Al respecto, tanto la Sala como la Comisión consideraron que si bien ambas páginas web contaban con elementos comunes en su presentación, dicha situación no resultaba suficiente para determinar que la imputada se haya aprovechado del esfuerzo de la denunciante en la estructura y diseño de su página web, en tanto la distribución y gama de colores utilizados en las páginas web de la denunciante y de la imputada, serían afines a los empleados en otras páginas web de otros competidores en el mercado; sin perjuicio de ello, se consideró apropiado analizar otros elementos contenidos en la página web de la imputada a fin de verificar si se había incurrido en un presunto aprovechamiento indebido  de la reputación ajena.

En este punto, la segunda instancia, advirtió la potencialidad del daño que habría podido sufrir la denunciante, como consecuencia de la conducta desleal de la imputada. Así, destacó que la imputada había enriquecido su página web replicando la sección “Preguntas Frecuentes” de la denunciante, ahorrándose la inversión de esfuerzo y tiempo que ello implicó, lo cual le generó una ventaja indebida a la imputada respecto de sus competidores.

El uso de palabras clave que coinciden con marcas registradas

La conducta relacionada con el uso de palabras clave o keywords, que coinciden con las marcas registradas por parte de otro concurrente. Al respecto, la Comisión ha considerado que dicha conducta no configura un acto contrario a la buena fe empresarial, mediante la infracción a la cláusula general. Sobre el particular, una aerolínea comercial presentó una denuncia en contra de una empresa de venta de pasajes aéreos, quien compró y uso keywords o palabras clave que coincidían con las marcas registradas por la aerolínea, las cuales eran ingresadas por los cibernautas en las plataformas de búsqueda en internet con el objeto de que los usuarios accedan a la página web de esta última.

Al respecto, la Sala confirmó la resolución de primera instancia señalando que el hecho de que ambas empresas mantenían una relación comercial para que la primera realice la venta de pasajes aéreos de la denunciante generó incentivos en la imputada para utilizar, legítimamente, las palabras antes señaladas a fin de difundir sus servicios y que los consumidores pudieran, de ser el caso, comprar en su página web los pasajes aéreos operados por la referida aerolínea. Asimismo, resaltó que la existencia del anuncio (enlace) en los resultados de búsqueda no generaba necesariamente una desviación de las preferencias de los consumidores a favor de la imputada, pues el anuncio permitía al público recibir más información y alternativas, sin impedir o alterar los resultados naturales de búsqueda, en los que necesariamente aparecerá la marca de la denunciante.

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¿Qué busca la Ley de Represión de la Competencia Desleal?

-En suma, la Ley de Represión de la Competencia Desleal busca que el mercado asigne los recursos de manera eficiente y eficaz, asegurando el “adecuado funcionamiento del proceso competitivo”, mediante la supervisión y fiscalización de los actos contrarios a la buena fe empresarial, en beneficio de todos los agentes que participan en el mercado.

¿Qué modelo social de represión de la competencia desleal acoge nuestro sistema?

-El sistema de competencia desleal peruano acoge el denominado modelo social de represión de la competencia desleal, el cual se concentra en la protección del proceso competitivo. De esta manera, la tutela frente a esta clase de prácticas se encuentra dirigida a la protección al mercado, como orden público económico, así como a los consumidores, bajo el entendido de que cualquier afectación al orden concurrencial también genera perjuicios a estos.

¿Cuál es el ámbito de aplicación de la Ley de Represión de la Competencia Desleal?

-La Ley de Represión de la Competencia Desleal es aplicable a actos cuyo efecto o finalidad, de modo directo o indirecto, sea concurrir en el mercado, incluyéndose bajo su aplicación los actos realizados a través de publicidad. En este punto, es preciso destacar que en ningún caso es necesario determinar habitualidad en quien desarrolla dichos actos.

¿Cómo puede definirse un acto concurrencial?

-Para la aplicación de la Ley de Represión de la Competencia Desleal resulta de vital importancia que el hecho materia de análisis tenga como efecto o finalidad la concurrencia en el mercado. Al respecto, el INDECOPI ha señalado que la definición de acto concurrencial exige que como consecuencia directa de su ejecución el acto tenga la idoneidad para producir una modificación en el comportamiento de los consumidores, desviando sus decisiones de compra respecto de un mercado determinado o identificable. En línea con lo anterior debe precisarse que, si bien la idoneidad descrita no requiere que se verifique la producción efectiva del daño concurrencial, pudiendo ser este potencial, lo que sí debe existir es el mercado determinado sobre el cual se produce la afectación y a partir del cual se puede evaluar la existencia de una afectación del orden económico.

¿Qué actos no están sujetos al ámbito objetivo de aplicación de la Ley de Represión de la Competencia Desleal?

-Si el acto no se exterioriza en el mercado donde interactúan la oferta y la demanda, o no es susceptible, en sí mismo, de producir –ya sea real o potencialmente– un efecto de posicionamiento para el empresario que lo ejecuta no sería una conducta sujeta al ámbito objetivo de aplicación de la ley. Así, un comportamiento tendrá finalidad concurrencial cuando a través de su realización, el empresario que lo comete procura obtener o generarse algún tipo de ventaja en un determinado segmento competitivo.

¿Cuándo se distingue un acto con finalidad concurrencial?

-En diversas resoluciones, el INDECOPI ha señalado que “(…) se distingue a un acto con finalidad concurrencial cuando:

• Se ejecuta o materializa en un determinado mercado de bienes o servicios.

• Siendo susceptible de generar un beneficio mercantil, atrayendo las preferencias de los consumidores.

Así, por ejemplo, un acto de este tipo se materializará cuando un anunciante difunde publicidad televisiva destacando las ventajas de sus productos y/o servicios que brinda en el mercado” . De igual manera, en diversos pronunciamientos se ha considerado que “serán actos concurrenciales todas aquellas actividades dotadas de trascendencia externa, esto es, que se ejecuten en el mercado y que sean susceptibles de mantener o incrementar el propio posicionamiento del agente que las realiza”.

¿Cuándo no se da un acto con finalidad concurrencial?

-Un ejemplo útil para resaltar cuando un acto no tiene una finalidad concurrencial, es el caso de una charla dentro de la cual se efectúan afirmaciones presuntamente denigratorias en contra de un agente económico; sin embargo, dicha reunión no se realiza en un ámbito propio de mercado, en tanto se circunscribe al personal de una institución pública, sin que exista algún elemento que permita considerar que se trató de un evento abierto al público en general o que estuviese dirigido a agentes económicos eventuales (por ejemplo, vendedores y compradores de productos), por lo que la conducta cuestionada no podía afectar, de forma efectiva o potencial, el proceso competitivo en el mercado, encontrándose fuera del ámbito de la legislación.

De igual manera, el INDECOPI declaró improcedente la denuncia presentada por una persona natural que denunció la difusión de la imagen de su familia y hogar sin autorización, debido a que la afectación alegada por el denunciante a lo largo del procedimiento se encontraba enfocada a la esfera de la intimidad de la persona, no evidenciándose la existencia de una afectación al proceso competitivo, bien jurídico protegido por Ley de Represión de la Competencia Desleal.

¿A quiénes se aplica la Ley de Represión de la Competencia Desleal?

-La Ley de Represión de la Competencia Desleal se aplica a todas las personas naturales o jurídicas que realicen actividad económica. En el caso de organizaciones de hecho o sociedades irregulares, se aplica sobre sus gestores. Asimismo, las personas jurídicas también son responsables por los actos que realicen sus trabajadores o dependientes, si es que dichos actos se realizan por encargo suyo.

¿Cuál es el ámbito territorial de aplicación de la Ley de Represión de la Competencia Desleal?

-La Ley de Represión de la Competencia Desleal se aplica a todas aquellas conductas que produzcan o puedan producir efectos, en todo o en parte del territorio nacional, con prescindencia del lugar de su realización, es decir, aun cuando dicho acto se haya originado en el extranjero.

El INDECOPI está siempre al servicio de la ciudadanía con integridad y transparencia.

¿Qué es el certificado de obtentor?

-Es un título mediante el cual el Estado otorga, al obtentor de una nueva variedad vegetal, un derecho exclusivo de explotación comercial por un período de tiempo y en un territorio determinado, siempre y cuando la nueva variedad cumpla con los siguientes requisitos:

• Novedad

El material de reproducción o multiplicación, o un producto de su cosecha, no debe haber sido vendido o entregado de otra manera lícita a terceros, por el obtentor o su causahabiente o con su consentimiento, para fines de explotación comercial de la variedad.

• Homogeneidad

La nueva variedad debe ser uniforme en sus caracteres esenciales, teniendo en cuenta las variaciones previsibles según su forma de reproducción, multiplicación o propagación.

• Distinguibilidad

La nueva variedad vegetal debe diferenciarse claramente de cualquier otra cuya existencia fuese comúnmente conocida.

• Estabilidad

Los caracteres esenciales de la nueva variedad deben mantenerse inalterados de generación en generación y al final de cada ciclo particular de reproducciones, multiplicaciones o propagaciones.

• Denominación genérica

Nombre por el cual se designa a la variedad, no debe estar registrada como marca y debe ser suficientemente distintiva respecto a otras denominaciones anteriores registradas.

¿Qué son los recursos genéticos?

-Los recursos genéticos son todo material de naturaleza biológica, que contenga unidades funcionales de herencia de valor o utilidad real o potencial.

Entonces, toda planta, animal, microbio o cualquier otro organismo que contenga ácido desoxirribonucleico (ADN) o ácido ribonucleico (ARN) es un recurso genético, siempre que (además) esas características genéticas sean real o potencialmente útiles para el ser humano.

Teniendo en cuenta esta definición legal, un gen aislado, una secuencia genética o una molécula son, sin duda, recursos genéticos.

¿Qué es un producto derivado?

-Un producto derivado es “un compuesto bioquímico (…) naturalmente producido por la expresión genética o el metabolismo de los recursos biológicos o genéticos (…) aunque no contenga unidades funcionales de herencia.

Una molécula, combinación o mezcla de moléculas naturales, incluyendo extractos crudos de organismos vivos o muertos de origen biológico provenientes del metabolismo de seres vivos, son productos derivados.

¿Cuándo se “accede” a un recurso genético o producto derivado?

-Se “accede” a un recurso genético o producto derivado cuando la composición genética y/o la composición bioquímica de los recursos genéticos, se obtiene y es utilizada con fines de conservación, prospección biológica, investigación y desarrollo, aplicación industrial, aprovechamiento comercial, entre otros.

¿Qué es el contrato de acceso a los recursos genéticos?

-Es el acuerdo que debe celebrar cualquier tercero interesado en acceder a recursos genéticos o sus derivados, con el Estado que posee derechos sobre ellos.

En el Perú, el contrato de acceso se negocia y suscribe con la Autoridad Sectorial de Administración y Ejecución competente, dependiendo del tipo de recursos genético o derivado al que se desea acceder.

Si el recurso genético al que se deseara acceder se encontrará dentro de un área natural protegida, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) deberá otorgar su opinión favorable con anterioridad a la suscripción del contrato.

En el caso que se utilicen conocimientos colectivos asociados a estos recursos, se deberá además suscribir un contrato de licencia de uso de conocimientos colectivos en el que se prevea la distribución justa y equitativa de los beneficios que se produzcan como consecuencia de la utilización de los conocimientos en mención.

¿Qué tipos de contrato de acceso a recursos genéticos existen?

-Para acceder a recursos genéticos o derivados que se encuentren en condiciones in situ, dependiendo de la finalidad de acceso, existen dos tipos de contratos regulados:

• Contratos de acceso marco: que tienen como objetivo otorgar acceso a recursos genéticos o productos derivados cuando este acceso tenga como finalidad el desarrollo de investigación.
• Contratos de acceso: tienen como objetivo otorgar acceso a recursos genéticos o productos derivados cuando ese acceso tenga como finalidad desarrollar actividades comerciales o de carácter lucrativa (desarrollar productos farmacéuticos, cosméticos, productos agroindustriales).

¿Todas las investigaciones en biodiversidad deben contar con un contrato de acceso a Recursos genéticos?

-No, sólo aquellas investigaciones en que se requiera acceder a recursos genéticos o productos derivados de algún componente de nuestra biodiversidad deberán contar con un contrato de acceso.

¿Qué son los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas?

-De acuerdo con la definición de la Ley 27811 es el Conocimiento acumulado, y transgeneracional desarrollado por los puebles y comunidades indígenas respecto a las propiedades, usos y características de la diversidad biológica.

¿Qué es consentimiento informado previo de los pueblos indígenas?

-Es la autorización otorgada por la organización representativa de los pueblos indígenas poseedoras de un conocimiento colectivo, para la realización de determinada actividad que implique acceder y utilizar dicho conocimiento colectivo, previo suministro de información relativa a los propósitos, riesgos o implicancias de dicha actividad, incluyendo los eventuales usos del conocimiento y, de ser el caso el valor de este.

La información que se proporcione se limitará al recurso biológico sobre el cual versa el conocimiento colectivo.

¿Qué es el contrato de licencia de uso de conocimientos colectivos?

Es el acuerdo expreso, redactado en idioma nativo y castellano, celebrado entre la organización representativa de los pueblos indígenas poseedores de un conocimiento colectivo y un tercero que quiere acceder a dichos conocimientos con fines de aplicación comercial o industrial.

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¿Existe una evaluación previa de los anuncios publicitarios en general?

-No, porque nuestro sistema económico prohíbe que la publicidad -en cualquiera de sus manifestaciones- se encuentre sujeta a algún tipo de validación o autorización previa por parte de alguna autoridad del Estado, en el entendido que su contenido debe ser producto de la libertad de expresión y libre iniciativa privada del empresario, por lo que solo esta permitido el control posterior a través de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal del INDECOPI.

¿Cuál es la competencia de los gobiernos locales en materia de anuncios publicitarios?

-Si bien la Ley Orgánica de Municipalidades asigna a los gobiernos locales la función de regular y autorizar la ubicación de los avisos publicitarios, esta competencia municipal se vincula específicamente a la organización del espacio físico y uso del suelo del distrito. En este sentido, la exigencia de autorizaciones por la ubicación de publicidad exterior se refiere únicamente a la posibilidad de que la autoridad municipal evalúe la conveniencia de la infraestructura publicitaria dentro de un espacio determinado del distrito, sin que ello implique en modo alguno la verificación del contenido o mensaje publicitario.

¿Existe alguna disposición legal de alcance nacional que establezca el procedimiento para las autorizaciones municipales en materia de anuncios publicitarios?

-A diferencia de otro tipo de autorizaciones municipales (como las licencias de funcionamiento y de edificación), el procedimiento para autorizar la ubicación de avisos publicitarios no cuenta con una disposición legal de alcance nacional que establezca un procedimiento y requisitos únicos. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que existen una serie de leyes que permiten establecer límites a la actuación municipal en esta materia, así como el reconocimiento de derechos para los administrados que tramitan este procedimiento.

¿Qué competencia tiene la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI, en materia de anuncios publicitarios?

-La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas de INDECOPI es competente para conocer los actos administrativos, disposiciones administrativas y actuaciones materiales, incluso del ámbito municipal o regional, que impongan barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad.

En este sentido, califican como barreras burocráticas aquellas exigencias, requisitos, limitaciones, prohibiciones y/o cobros que imponga cualquier entidad, dirigidos a condicionar, restringir u obstaculizar el acceso y/o permanencia de los agentes económicos en el mercado y/o que puedan afectar a administrados en la tramitación de procedimientos administrativos sujetos a las normas y/o principios que garantizan la simplificación administrativa.

Precisamente, una de las materias más denunciadas ante el INDECOPI está relacionada con las exigencias, requisitos, limitaciones, prohibiciones y cobros que imponen las municipalidades a los agentes económicos para conceder autorizaciones para la ubicación e instalación de anuncios publicitarios en sus circunscripciones territoriales.

¿Qué reglas se deben a tomar en cuenta para las regulaciones en materia de ubicación de anuncios publicitarios?

-De acuerdo al desarrollo resolutivo de la Comisión de Barreras Burocráticas del INDECOPI (primera instancia) y de la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas (segunda instancia) en materia de restricciones para la colocación de anuncios, se pueden desprender las siguientes 12 reglas:

1. Las autorizaciones no deben estar sujetas a periodos de renovación o plazo determinado.
2. No puede imponerse cobros por el transcurso del tiempo de la autorización.
3. Los derechos de trámite no pueden establecerse en función a la cantidad de caras de un anuncio publicitario.
4. No pueden imponerse cobros que superen la Unidad Impositiva Tributaria (UIT).
5. No pueden imponerse cobros por la fiscalización de infraestructura publicitaria.
6. Las regulaciones que emitan las municipalidades distritales en materia de ubicación de anuncios deben establecerse en función a la regulación provincial.
7. Los requisitos, prohibiciones y exigencias que se imponen para la autorización por ubicación de anuncios no pueden estar vinculados al contenido del anuncio.
8. No puede exigirse una autorización para la instalación de anuncios publicitarios en unidades móviles.
9. El plazo de los procedimientos no puede exceder de 30 días y debe estar sujeto al silencio administrativo positivo.
10. El procedimiento debe cumplir con las formalidades legales.
11. Los requisitos que se exijan deben de ser razonablemente indispensables.
12. No se puede requerir la documentación e información prohibida de solicitar detallada en el TUO de la Ley N° 27444 y en el Decreto Legislativo 1246.

¿Cuándo se requiere autorización municipal para la colocación de anuncios publicitarios?

-Debe tenerse en cuenta que las estructuras publicitarias son colocadas no solo en bienes de dominio privado (techos, paredes o azoteas de inmuebles) sino además en espacios de dominio público.

En el primero de los casos, no solo se requiere una autorización municipal para determinar si es que se afectan normas sobre organización del espacio físico del distrito, sino además la aprobación del propietario del bien (aspecto que no le corresponde ser evaluado a la municipalidad). En el segundo caso (bienes de dominio público), de igual forma, no solo se requiere una autorización por ubicación, sino además una autorización que conceda la posibilidad de utilizar dominio público. Estas dos autorizaciones poseen naturalezas distintas y, por lo tanto, diferentes restricciones.

En consecuencia, si bien las autorizaciones por la “ubicación” de anuncios no se encuentran sujetas a una vigencia, la autorización por el uso de un espacio público puede tener restricciones temporales en el entendido que se trata de un bien de dominio público y cuyo uso origina un costo de oportunidad para otros usuarios que desee utilizar el mismo bien, respecto del cual el Estado – a través de la municipalidad- posee plenas atribuciones para administrar. Asimismo, cada tipo de autorización (por ubicación y uso de bien público) puede estar sujeta a un distinto tipo de tributo.

Para obtener más información, puede revisar los Lineamientos de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas en materia de anuncios publicitarios.

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¿Cuál es el ámbito de aplicación de esta Ley?

-Se encuentran comprendidos dentro del ámbito de aplicación de esta Ley:

• Los actos de concentración empresarial, conforme a los umbrales previstos en dicha Ley, que produzcan efectos en todo o en parte del territorio nacional, incluyendo actos de concentración que se realicen en el extranjero y vinculen directa o indirectamente a agentes económicos que desarrollan actividades económicas en el país.

• Los agentes económicos que oferten o demanden bienes o servicios en el mercado y realicen actos de concentración que produzcan o puedan producir efectos anticompetitivos en todo o en parte del país.

¿Qué principios rigen el procedimiento de control previo de operaciones de concentración empresarial?

-En el procedimiento de control previo, además de los principios establecidos en el TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, priman los siguientes principios:

• Principio de proporcionalidad, por el que las decisiones de los órganos competentes, cuando establezcan condiciones, obligaciones de hacer o de no hacer, califiquen infracciones, impongan sanciones o alguna otra medida de restricción de un derecho relativo a la operación de concentración, deben guardar conformidad con los límites de la facultad atribuida por ley manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba proteger a fin de que respondan a lo estrictamente necesario.

• Principio de transparencia e independencia, por el que los órganos competentes deben actuar en el desarrollo del procedimiento de control previo de manera transparente y con absoluta imparcialidad política, económica o de cualquier otra índole, demostrando independencia respecto de sus apreciaciones personales, o de influencias de intereses económicos o políticos. Las entidades o autoridades, funcionarios o servidores públicos o terceros están prohibidos de oponerse, interferir o dificultar el ejercicio de las funciones y atribuciones conferidas por la Ley y los órganos competentes.

• Principio de confidencialidad, por el que los órganos competentes deben guardar reserva respecto de la información a la que tengan acceso en el procedimiento de control previo, otorgándole en su caso, el carácter confidencial.

¿Qué es una operación de concentración empresarial?

-Es todo acto u operación que implique una transferencia o cambio en el control de una empresa o parte de ella. Dichas concentraciones pueden producirse a consecuencia de las siguientes operaciones:

• Fusión de dos o más agentes económicos

Los cuales eran independientes antes de la operación, cualquiera que sea la forma de organización societaria de las entidades que se fusionan o de la entidad resultante de la fusión.

• La adquisición por parte de uno o más agentes económicos, directa o indirectamente, de derechos que le permitan, en forma individual o conjunta, ejercen el control sobre la totalidad o parte de uno o varios agentes económicos.

• La constitución por dos o más agentes económicos independientes entre sí de una empresa en común, joint venture o cualquier otra modalidad contractual análoga que implique la adquisición de control conjunto sobre uno o varios agentes económicos, de tal forma que dicho agente económico desempeñe las funciones de una entidad económica autónoma.

• La adquisición por un agente económico del control directo o indirecto, por cualquier medio, de activos productivos operativos de otro u otros agentes económicos.

¿Qué actos no son operaciones de concentración empresarial sometidas a la Ley?

-No son actos u operaciones de concentración empresarial sometidos a la Ley, los siguientes:

• El crecimiento corporativo de un agente económico cono resultado de operaciones realizadas exclusivamente al interior del mismo grupo económico.

• El crecimiento corporativo interno de un agente económico, independientemente de que se produzca mediante inversión propia o con recursos de terceros que no participan directa ni indirectamente en los mercados en los que opera el agente económico.

• El crecimiento corporativo de un agente económico que no produzca efecto en los mercados dentro del territorio nacional, en una parte o en su totalidad.

• El control temporal que se adquiera sobre un agente económico como resultado de un mandato temporal conferido por la legislación relativa a la caducidad o denuncia de una concesión, reestructuración patrimonial, insolvencia, convenio de acreedores u otro procedimiento análogo.

• Cuando las entidades de crédito u otras entidades financieras o de seguros o del mercado de capitales cuya actividad normal constituya la negociación y transacción de títulos, por cuenta propia o de terceros, posean con carácter temporal acciones o participaciones que hayan adquirido de una empresa con el propósito de revenderlas, siempre que no ejerzan los derechos de voto inherentes a dichas acciones o participaciones con objeto de determinar el comportamiento competitivo de dicha empresa.

¿Cuál es el umbral para el control previo de operaciones de concentración empresarial?

-Una operación de concentración empresarial se sujeta al procedimiento de control previo cuando de manera concurrente se cumpla lo siguiente:

• La suma total del valor de ventas o ingresos brutos anuales o valor de activos en el país de las empresas involucradas en la operación de concentración haya alcanzado durante el ejercicio fiscal anterior a aquel en que se notifique la operación, un valor igual o superior a ciento dieciocho mil unidades impositivas tributarias.

• El valor de las ventas o ingresos brutos anuales o valor de activos en el país de al menos dos de las empresas involucradas en la operación de concentración empresarial hayan alcanzado, durante el ejercicio fiscal anterior a aquel en que se le notifique la operación, un valor igual o superior a dieciocho mil unidades impositivas tributarias.

El INDECOPI está siempre al servicio de la ciudadanía con integridad y transparencia.