La atención nacional se concentra hoy en quién ganará la segunda vuelta presidencial. Sin embargo, existe una cuestión todavía más importante: ¿qué hará el vencedor al día siguiente? El debate político ha girado alrededor de candidaturas, encuestas, acusaciones y controversias electorales. Pero el Perú enfrenta una realidad mucho más profunda que una competencia entre dos personas o dos organizaciones políticas.

La crisis acumulada combina criminalidad organizada, expansión de economías ilegales, debilitamiento institucional, pérdida de confianza pública y creciente fragmentación social. Ninguno de estos problemas comenzó con esta elección y ninguno terminará cuando se proclame un ganador. Por eso la verdadera prueba para el próximo presidente no será ganar la elección, sino gobernar un país que llega a esta etapa con importantes déficits de confianza.

La legalidad formal proviene de las reglas. La legitimidad social proviene de la aceptación ciudadana. Ambas son necesarias para garantizar estabilidad política y mejor gobierno. Formalmente, el proceso  concluye con un presidente constitucional. Pero el clima político acumulado de los últimos meses muestra que una parte significativa de la población mantiene dudas, reservas o cuestionamientos respecto del proceso.

Esa realidad no puede ser ignorada; tampoco resolverse con triunfalismo. La experiencia histórica muestra que la legitimidad se fortalece cuando quienes ejercen el poder son capaces de representar algo más amplio que su propio electorado originario en la primera vuelta. Por ello, la principal tarea del futuro gobierno debería ser la construcción de una nueva legitimidad de ejercicio.

¿Cómo lograrlo? La respuesta inmediata y visible sería la conformación de un gobierno de unidad nacional. No se trata de repartir cargos entre partidos ni de construir alianzas burocráticas. Se trata de convocar a los mejores peruanos para enfrentar un grave momento de emergencia nacional.

Se lo debemos al país que ha tenido ministros poco capaces o deshonestos. Necesitamos personas cuya principal credencial sea la competencia profesional y no la militancia partidaria. Técnicos, académicos, gestores públicos y especialistas que transmitan confianza y capacidad de gestión.

Las circunstancias son excepcionales. La criminalidad organizada es ya una amenaza estructural. La minería ilegal mueve enormes recursos económicos. La tala ilegal destruye el patrimonio ambiental y fortalece las redes criminales. La extorsión afecta diariamente a miles de ciudadanos. El narcotráfico penetra más territorios. Paralelamente, el Estado muestra debilidad para enfrentar estos desafíos.

Ninguna fuerza política dispone por sí sola de los recursos humanos, institucionales y sociales para revertir esta situación. Por ello, el próximo presidente debe comprender que la victoria electoral es apenas el inicio de una tarea mucho más compleja: reconstruir la confianza nacional.

Un gabinete de unidad nacional envía señales simultáneas. En primer lugar, que el interés del país está por encima de los intereses partidarios. En segundo lugar, incorporar talento y experiencia de diversos sectores. Finalmente, ofrecer una respuesta concreta al déficit de legitimidad que acompaña a este proceso electoral.

La sociedad está cansada de los discursos de confrontación que sólo revelan incapacidad, evasión e irresponsabilidad.  No hay victoria absoluta. Estamos ante la crisis de un Estado que debe recuperar el control de territorios y actividades que hoy se encuentran en organizaciones criminales.

La agenda del día siguiente debe comenzar con una convocatoria nacional. La historia no recordará quién ganó la elección. Pero mucho más a quien fue capaz de unir al país cuando más lo necesitaba. Y es la gran oportunidad del próximo gobierno para comenzar a recuperar la legitimidad que el Perú necesita para enfrentar el futuro. El primero que lo anuncie comienza a ser el verdadero ganador.

La legalidad proviene de las normas, de la actuación formal de los organismos electorales y del cumplimiento de los procedimientos establecidos. La legitimidad surge de la confianza ciudadana, de la percepción de imparcialidad, transparencia y representación.Cuando ambas coinciden, la democracia funciona con relativa estabilidad. Cuando se separan, aparece la crisis.

Justamente ese parece ser el fenómeno que estamos observando: un proceso que puede ser legalmente válido, como lo consideran los miembros del JNE, pero cuya aceptación social aparece debilitada por años de crisis política, enfrentamientos institucionales, denuncias cruzadas, descrédito de los partidos y desconfianza acumulada hacia las élites políticas. A ello se agrega las muchas irregularidades de la primera vuelta. La democracia no se sostiene únicamente sobre la legalidad de los procedimientos, se sostiene sobre la confianza colectiva en ellos.

Cuando una mayoría significativa del pueblo duda del sistema, aun cuando sus responsables proclamen que actúan dentro de la ley, surge una fractura de legitimidad que amenaza la gobernabilidad futura. Hay investigaciones pendientes que pueden descalificar todo el proceso desde la cuestionada primera vuelta. Y no hay manifestaciones de los dos candidatos de que les interese unir a los peruanos en objetivos comunes. Un gobierno de los mejores para la peor crisis es una asignatura pendiente para quienes se interesan por el país.

Si quisieran crecer en legitimidad estarían cuidando el proceso y no hubieran permitido que un cuestionado presidente de transición cambiara intempestivamente, entre gallos y medianoche, a los embajadores de los países donde votan más peruanos en el extranjero. Nadie ha explicado esta maniobra insólita y reveladora de opacidad. La sospecha de manipulación crece. No quieren darse cuenta de esto los dos postulantes, los medios y las autoridades electorales. En todo caso es una lección de lo que no se debe hacer.

Se está viendo la vacancia presidencial como un recurso que ha precipitado al Perú a una situación que ya no es una crisis política convencional. Se produce un vacío de poder en el Ejecutivo que es ocupado, casi de inmediato, por el Parlamento, con una inédita concentración funcional de atribuciones que elimina la separación de poderes con alto riesgo político y constitucional.

El Congreso designa al presidente de la República, dentro del marco constitucional en circunstancias excepcionales, además interviene de manera decisiva en la conformación del gabinete ministerial. Este mismo Congreso otorgará o negará la investidura al gabinete así constituido. El mismo poder que forma el Ejecutivo es el que lo controla y fiscaliza.

Esta auto-legitimación debilita los pesos y contrapesos democráticos por los grupos con intereses que funcionan con peso propio que reclaman cuotas de poder. No se trata de una ruptura formal del orden constitucional, pero sí de una distorsión de su funcionamiento. En nombre de la transición, el Parlamento asume funciones que se justifican en la excepcionalidad, aunque se corre el riesgo de institucionalizar estas prácticas políticas tan negativas.

Diversos grupos de poder, como APP y Podemos, han logrado articular mayorías circunstanciales y participan en la distribución de posiciones clave dentro del Ejecutivo. Ministerios estratégicos, organismos reguladores y espacios de decisión administrativa pasan a formar parte de un sistema de negociación política que deriva en un esquema de mutua protección institucional. El resultado es un Ejecutivo extremadamente vulnerable cuya autonomía está condicionada desde su origen parlamentario.

Esto es aún más grave por el déficit de legitimidad que enfrenta el Parlamento. Su desaprobación se mantiene muy alta, lo que convierte esta transición en un proceso débil. El Congreso concentra poder en un contexto de desconfianza generalizada.

Estamos en el tramo más crítico del calendario democrático. En seis semanas tendremos las elecciones generales, especialmente complejas cuyo resultado es incierto. Entre la vacancia y la convocatoria electoral la gente aparece indiferente y desconfiada ve desde lejos los manejos que redundan en la estabilidad política del país.

Si este tramo no cuenta con las garantías mínimas de transparencia, equilibrio institucional y control público, el proceso electoral podría desarrollarse sobre una base de fragilidad que comprometa su legitimidad.

Superar esta crisis exige la contención consciente del poder parlamentario. No se trata de negar sus atribuciones constitucionales, sino de evitar que la transición se vea como oportunidad de captura del aparato estatal a través de una dictadura parlamentaria.

La estabilidad democrática del Perú depende de que el Parlamento comprenda que su rol no es sustituir al Ejecutivo, es garantizar que el país pueda cruzar este tramo sin quebrar los principios que sostienen su institucionalidad.

El despacho de la Presidencia de la República no es un espacio neutro ni privado. Es la sede simbólica del poder democrático y, por ello, cada acto que allí se realiza tiene una carga política, ética e institucional. En ese contexto, el ingreso reiterado de jóvenes profesionales en horarios nocturnos —con registros de entrada al anochecer y salida en la madrugada— no puede ser trivializado.

No estamos ante una sospecha vaga ni ante un rumor de redes sociales. Existen registros oficiales de ingresos y salidas, y también está probada la posterior obtención de contratos estatales para las jóvenes que figuran en esas listas. Es un problema grave de falta de ética y de mal uso del poder, independientemente de la investigación penal posterior.

La noche en el despacho presidencial no es un detalle menor. El horario importa porque el poder no se ejerce con nocturnidad ni en reuniones privadas, reiteradas, fuera de los horarios administrativos normales y sin justificación funcional clara. Cuando el poder convive con la noche, la asimetría se profundiza y la capacidad de consentimiento libre es una ficción. Aquí aparece el abuso de poder de quien ejerce la presidencia de la República.

Basta con la posición de supremacía para condicionar conductas, expectativas y decisiones que lesionan la reputación de jóvenes profesionales que inician su vida laboral. Quién puede aprobar o banalizar esta censurable conducta  del presidente interino, dentro de Palacio, de noche, no están en una relación de igualdad. El solo escenario configura una situación abusiva.

Más grave aún es el daño posterior. Estas jóvenes hoy están estigmatizadas públicamente, señaladas, expuestas, convertidas en objeto de sospecha social. Ese daño no lo provocaron ellas solas. Es un daño generado por el poder ejercido sin límites morales, arrastrando consigo a jóvenes en situación de vulnerabilidad profesional y simbólica.

Particularmente indignante el uso del término “visitadoras” para referirse a ellas. Esa palabra es inaceptable, es violencia simbólica. Despoja a mujeres profesionales de su condición de tales y las reduce a una caricatura sexista. Esa estigmatización es consecuencia directa de la conducta irresponsable de quien ocupa malamente la cúspide del poder que tiene el deber de proteger, no de exponer.

El argumento de que “ellas aceptaron” no exime de responsabilidad política. En contextos de poder profundamente asimétricos, la aceptación no siempre es libre. No se trata de moral privada, sino de ética pública.

La obtención posterior de contratos estatales agrava el cuadro. Aquí ya no hablamos solo de horarios impropios o de imprudencia política, sino de quiebre de la meritocracia. El mensaje es devastador: que el acceso a oportunidades públicas puede depender de aceptar conductas antiéticas y de la cercanía personal al poder, y no de capacidades, concursos ni reglas claras.

La Presidencia debe tener una conducta intachable. El despacho presidencial no es una antesala de favores, ni un territorio sin reglas ni horarios, ni un lugar para relaciones ambiguas que luego deriven en beneficios concretos. Este caso revela una patología mayor, la del abuso desde el poder en un espacio que debería ser ejemplar y no lo es.

Si lo sucedido no es una “incapacidad moral” no sabemos qué puede serlo. El país no necesita escándalos ni linchamientos mediáticos. Necesita algo más elemental y más profundo: límites claros al poder, respeto a la dignidad humana y ética pública de rey a paje.

Hay conductas que, por sí mismas, deslegitiman. Y cuando quien las protagoniza es el presidente interino de la República, el daño no es privado, es institucional y colectivo.

En el reciente Foro de Davos los discursos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump; del presidente francés Emmanuel Macron; y del primer ministro canadiense expresan que el orden global posterior a la Guerra Fría entra en crisis. Y más aún, revelan tres formas distintas de concebir el poder, la soberanía y el rol de la tecnología.

Donald Trump ha sido explícito: su poder no reconoce límites externos, ni institucionales ni jurídicos. En sus palabras, el único freno a la acción presidencial es su moral personal. Esta visión rompe con el constitucionalismo liberal, relativiza el derecho internacional y convierte la política exterior en un ejercicio de fuerza y arbitrariedad. La tecnología, en este marco, es un instrumento de dominación económica, geopolítica y cognitiva, al servicio de intereses privados concentrados.

Emmanuel Macron, en contraste, defiende una Europa que no se somete ni a la hegemonía estadounidense ni al modelo autoritario chino. Su discurso insiste en la soberanía estratégica europea, en la regulación de la inteligencia artificial y en la protección de derechos fundamentales.  Pero Europa aún enfrenta tensiones internas y límites estructurales que dificultan consolidar una alternativa plenamente autónoma.

Más disruptivo aun ha sido el mensaje canadiense en Davos: la ruptura explícita de cadenas de dependencia y la denuncia del falso multilateralismo que beneficia a unos pocos. Este discurso abre la puerta a una reconfiguración del orden mundial, basada en cooperación real, diversificación de alianzas y defensa de la autonomía democrática.

En este contexto cobra especial relevancia el debate sobre los BRICS. Este bloque, presidido actualmente por Brasil, introduce dos conceptos clave: soberanía digital y soberanía digital popular. La primera remite al control estatal de infraestructuras y flujos digitales; la segunda, aun más importante, apunta a reconocer al pueblo como titular originario de los datos.

Aquí emerge una oportunidad histórica. La soberanía digital popular, correctamente entendida, solo puede consolidarse si se reconoce la propiedad de los datos de las personas y de la comunidad política. Sin ello, existe el riesgo de que el poder tecnopolítico, derive en nuevas formas de autoritarismo estatales o corporativas.

América Latina tiene ante sí la oportunidad de articularse con los BRICS y con la Unión Europea para construir un tercer espacio humanista, democrático y regulado, que evite quedar atrapado entre la arbitrariedad estadounidense y el control tecnocrático chino. La clave está en comprender que el verdadero poder reside en los datos y en los algoritmos, y que solo una sociedad consciente, ilustrada y jurídicamente protegida puede impedir que ese poder se vuelva contra la humanidad.

El Perú vive una guerra que no puede seguir negando. En los últimos días, dos hechos revelaron una verdad alarmante: el crimen se ha vuelto una fuerza estructurada, expansiva y sin fronteras. El ataque armado contra la reconocida agrupación de cumbia Agua Marina durante un espectáculo en el Círculo Militar de Chorrillos —un espacio que representa la autoridad y la seguridad institucional— y la emboscada sufrida en Puno por Phillips Butters, candidato presidencial y conocido periodista, agredido dentro de una emisora radial y salvado por la intervención policial, muestran que la violencia ya no distingue escenarios ni sectores. El crimen se ha instalado en el corazón de la vida social y política del país.

Estos no son hechos aislados. Son síntomas de un proceso que ha ido erosionando la capacidad del Estado para controlar su territorio, proteger a los ciudadanos y asegurar el orden. La delincuencia organizada logra lo que parecía impensable: convertirse en un Estado dentro del Estado, con sus propias normas, economías, jerarquías y estrategias de expansión.

No se oculta; se exhibe. Y lo más grave es que el Estado actúa como si no advirtiera su dimensión. La respuesta institucional continúa siendo fragmentada, episódica y simbólica. Se anuncian operativos que comienzan en la mañana y se diluyen al mediodía. Se ofrecen declaraciones que prometen firmeza y terminan en nada.

No hay estrategia integral, ni continuidad, ni coordinación entre los poderes públicos. El crimen, en cambio, no descansa, no se dispersa y no improvisa. Mientras el Estado se divide entre competencias burocráticas, las organizaciones criminales diversifican sus actividades: controlan el transporte, el comercio formal e informal, los mercados, la minería ilegal, el tráfico de tierras y, ahora, la política, donde financian campañas, manipulan territorios y amedrentan candidatos.

Esta asimetría es letal. Mientras la criminalidad piensa estratégicamente, el Estado solo reacciona. Las fuerzas del orden carecen de respaldo político sostenido; la inteligencia policial y militar trabaja sin integración; el Poder Judicial enfrenta amenazas, infiltraciones y sobrecarga. Cada institución enfrenta su propio frente, sin que nadie trace una visión unificadora del problema. Y esa falta de convergencia es lo que más conviene al crimen: un enemigo disperso, desarticulado y predecible.

La criminalidad peruana ya no puede entenderse como simple “inseguridad ciudadana”. Estamos en una guerra no convencional, con estructuras económicas propias, capacidad de reclutamiento, vínculos internacionales y presencia territorial. No busca conquistar el poder político formal: busca coexistir con él, parasitarlo y condicionarlo. El crimen organizado ha aprendido a moverse dentro de la democracia, a usar sus grietas y a convivir con la corrupción. Por eso su avance es silencioso y sostenido.

Frente a ello, el país necesita una política de Estado, no de gobierno, que involucre todos los niveles: el económico, el político, el judicial, el social y el militar. Se requiere inteligencia estratégica, articulación interinstitucional y decisión política. Las Fuerzas Armadas deben integrarse en operaciones de control territorial y fronterizo, sin militarizar la vida civil, garantizando soberanía interna.

El Ministerio Público y el Poder Judicial deben coordinar con el Ejecutivo y la Policía Nacional en un sistema de respuesta rápida, con inteligencia financiera, digital y territorial. Y, sobre todo, debe convocarse a la ciudadanía, los medios de comunicación y las universidades para un frente común contra la normalización del miedo.

Nos toca pasar del Estado reactivo al Estado estratégico. La gran tragedia es que el Estado reacciona sin planificar y actúa sin aprender. La criminalidad no se combate con retórica ni con patrullajes simbólicos: se enfrenta con conocimiento, información y coordinación. La violencia no se erradica con medidas populistas; necesitamos políticas sostenidas que desmantelen las redes económicas del delito y rescaten el control social en los barrios, los mercados, las fronteras y las instituciones.

La solución no vendrá solo de la policía ni del ejército. Debe ser nacional, integral y multidimensional. La criminalidad es un fenómeno total y solo puede ser enfrentado desde una convergencia nacional que trascienda intereses partidarios y rivalidades coyunturales.

El gobierno está obligado a reconocer que no se enfrenta a bandas aisladas, sino a una estructura criminal que disputa legitimidad y poder. No hacerlo es aceptar la derrota moral y política frente al miedo. Esta guerra se libra cada día en las calles, en los despachos y en las conciencias. Si no hay claridad, el crimen seguirá gobernando por inercia, mientras el gobierno se consume en su propia parálisis.

Necesitamos recuperar territorio y esperanza. El crimen ha colonizado el espacio público. Esta guerra se gana con inteligencia, coordinación y coraje político; con instituciones que no teman actuar y con una ciudadanía que no se resigne al miedo. Cuando la delincuencia se convierte en un Estado dentro del Estado, la incapacidad se convierte en complicidad.

Me aparto hoy de los temas de política y tecnología que suelo abordar, para dar testimonio de cómo el Congreso incumple su alta misión y pretende una vez más engañar al país y a sus electores. Y lo hago con conocimiento de causa, por mi frustrada participación en el concurso para elegir el magistrado que falta para completar el pleno del Tribunal Constitucional.

Podemos preguntarnos a quién creen que engañan cuando forman una Comisión para cumplir tan alto encargo con integrantes que no entienden lo que responden los postulantes en una entrevista personal. Sabemos que ser elegidos congresistas no los hace juristas, constitucionalistas ni politólogos. Por eso sus asesores deberían impedir que aparezcan sus errores de comprensión o su falta de conocimientos sobre materias que no tienen por qué saber. Pero hay principios y normas que sí están obligados a acatar. En especial respetar los derechos fundamentales y las garantías de la justicia.

No se debería usar informes supuestamente confidenciales para evaluar a candidatos que ignoran imputaciones gratuitas sobre las cuales no han podido ejercer su derecho de defensa o contradicción argumentada. No se debería agraviar tan impunemente con afirmaciones falsas, que no se pueden probar, y que afectan honras y dignidades.

Puedo afirmar, después de pasar exitosamente concursos meritocráticos que respetaron la legalidad, que me corresponde denunciar que el actual concurso está viciado por opacidad e ilegalidad. Que la  Comisión reinterpretó y violó su propio reglamento, que tiene fuerza de ley. No quiero personalizar, pero tengo información concreta y precisa. He estado dentro del concurso, y tengo mucho más que decir y sustentar, con pruebas, que lo que puede acoger este espacio siempre generoso.  

Cuando el presidente de la Comisión Especial, José Elías Ávalos, renunció en julio pasado a su importante encargo, usó una clave moral que pocos tuvieron en cuenta: no es posible elegir a quien deberá defender la ley, violando la ley. Elías Ávalos se fue porque la Comisión decidió ignorar una flagrante violación del Reglamento y permitió a tres postulantes continuar en el concurso. Su defensa de la ley fue inútil en un concurso de alta responsabilidad, público y transparente.

En ese momento sonaron las advertencias de parcialidad y los acontecimientos dieron la razón a quienes dudaban. Se aceptó un informe de la Contraloría que los postulantes desconocíamos, por lo que no pudimos presentar descargos. 

La Comisión tiene todo el derecho de investigar y pedir informes a todas las instituciones del Estado para garantizar la idoneidad del futuro magistrado. Pero no puede ocultar y menos usar imputaciones que deben ser aclaradas en base al derecho de defensa. El conocimiento de las imputaciones y la obligación de notificarlas para la propia defensa es una garantía de la justicia.

El silencio no es una opción cuando existen imputaciones que no se pueden probar y que pretenden vulnerar la constitucionalidad que siempre defendemos. Ningún congresista está por encima de la ley. Que el Parlamento reflexione antes de continuar con un proceso que agravia al país en su preciada condición de estado democrático y constitucional de derecho.

Hemos vivido meses prolíficos para la innovación frenética y acelerada en las grandes empresas que compiten por ponerse a la vanguardia de la IA, que se anuncia muy poderosa. Quienes la toman en serio llaman a que las herramientas digitales se orienten positivamente a reducir las brechas sociales, en especial las de conectividad y a mejorar la calidad de vida de las personas, en una región tan desigual como América Latina.

Un objetivo común en nuestra región, cuyos países han entrado en crisis, unos más que otros, es recuperar la confianza y la gobernabilidad en la pospandemia. Paola Gálvez y Carlos Santiso traen la encuesta sobre confianza de la OCDE que revela que, en 2021, cuatro de cada diez personas no confiaban en su Gobierno nacional. Imaginamos como será en el Perú que, en simultáneo, lucha contra la pobreza y contra la corrupción que ha debilitado valores e ideales de progreso(*).

Los gobiernos van perdiendo legitimidad y autoridad. La IA podría darles esperanza si buscan fortalecerse para responder a las expectativas con mejores servicios públicos. Los cronistas creen en la innovación pública como fundamental si orienta sus avances a un propósito social. Los Estados tendrían que dejar su actitud de simples espectadores de lo que las grandes tecnológicas del primer mundo deciden. Una innovación pública, asumida por el Estado, puede ayudar en los problemas sociales. Gálvez y Santiso creen que se puede contribuir a reducir las desigualdades y cerrar brechas en economías informales como las latinoamericanas.

Los cronistas aluden al Marco de Evaluación de la Capacidad Innovadora de los Estados, del Observatorio de Innovación Pública de la OCDE, que propone un enfoque sistémico que analiza el propósito, el potencial, la capacidad y el impacto, como factores esenciales para responder a la ciudadanía y lograr resultados con metas de desempeño que generen mejores servicios para la población y garanticen que nadie quede rezagado. Según la OCDE, 17.000 millones de personas no tienen acceso a electricidad y el 58% de los trabajadores tiene un empleo informal en la región. Solo el 25% de los trabajadores tienen acceso a una computadora con Internet en su hogar.

El reporte de la OCDE y la CAF, sobre el uso de IA por el sector público, destaca la importancia de la inclusividad y diversidad en los equipos de desarrolladores para prevenir posibles sesgos. Un enfoque plural en las iniciativas de innovación que aborde género, etnia, raza, posición socioeconómica, orientación sexual, discapacidades. La Declaración de Santo Domingo, en la Cumbre Iberoamericana de marzo, reiteró la necesidad de promover la innovación centrada en las personas para el desarrollo sostenible. Una forma sería el uso de la IA para la distribución de ayuda y beneficios sociales, transformar este proceso mediante algoritmos que identifiquen a los beneficiarios, monitoreen la distribución y provean data para futuras decisiones. Igualmente, crear modelos de turismo sostenible, un sector que perdió muchísimo con la pandemia.

Si la innovación puede transformar vidas es posible aprovechar su potencial. Toca a los gobiernos explorar las posibilidades y dejar de mirar de lejos la revolución tecnológica y su debate de beneficios y riesgos, aprovechando los primeros y minimizando los segundos.

* PAOLA GÁLVEZ Y CARLOS SANTISO Innovación para la inclusión: el camino hacia un futuro sostenible. El País. 10 OCT 2023