REFLEXIONES

El Perú no puede seguir administrando desastres que ha podido anticipar. El Fenómeno El Niño, la amenaza sísmica, las sequías, los incendios, los huaicos y las crisis hídricas forman un sistema de multiamenazas que exponen vulnerabilidades acumuladas por ocupación territorial inadecuada, infraestructura frágil, decisiones fragmentadas e inversión preventiva insuficiente. La amenaza es natural; el desastre, en gran medida, se construye.

La nueva Política General de Gobierno 2026-2031 prioriza reducir la vulnerabilidad frente a desastres y al cambio climático. A ello se suma la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del Fenómeno El Niño 2026-2027, con instrumentos orientados a la preparación y la respuesta.

El reto no es sumar otra instancia declarativa, sino conseguir que ciencia, territorio y presupuesto funcionen como parte de una misma decisión pública. Esta necesidad fue uno de los principales consensos del Foro Internacional RiesGIRD-ACC LAC 2026, que reunió en Lima a especialistas, autoridades, empresas y sociedad civil de 12 países. Su mensaje central es convertir conocimiento en decisión, decisión en inversión y esa inversión en reducción verificable del riesgo.

Lo siguiente debería ser fortalecer las instancias existentes con un mecanismo permanente de articulación entre universidades, organismos técnico-científicos, Ejecutivo, gobiernos regionales y locales, sector privado y ciudadanía. No se trata de crear más burocracia, sino de incorporar evidencia científica, información territorial, responsables, plazos e indicadores a las decisiones que ya se toman.

Una primera tarea sería definir territorios críticos y construir, mediante laboratorios territoriales, escenarios multiamenaza, carteras de inversión y soluciones medibles y escalables. El Niño y un sismo son asuntos que involucran a varios sectores porque comprometen agua, vivienda, salud, educación, transporte, energía, comunicaciones, empleo y gobernabilidad.

La prevención necesita responsabilidades claras. El Ejecutivo debe incorporar evidencia a las decisiones de inversión; el Congreso, asegurar continuidad presupuestal y fiscalización por resultados; y la academia, aportar escenarios, evaluación y formación de capacidades. El sector privado puede sumar tecnología, innovación y continuidad de servicios críticos.

El desarrollo territorial no es reconstruir lo perdido, sino evitar reproducir el riesgo. Cada sol destinado a reducir vulnerabilidades y enfrentar emergencias debe demostrar qué riesgo reducirá, dónde, en cuánto tiempo y con qué evidencia. El país tiene conocimiento, instituciones y capacidades; el reto es llevarlos a la toma de decisiones antes de la próxima emergencia.