Este año 2025 se inicia en el Perú mostrando niveles nunca antes conocidos de la acción violenta de organizaciones criminales armadas. Es un eufemismo cruel denominar a ese fenómeno «inseguridad ciudadana» porque es mucho más grave, es una amenaza activa y crítica contra la seguridad nacional que es, a fin de cuentas, no sólo la seguridad de todos los ciudadanos de la nación; es un ataque persistente contra el bienestar social y el orden del estado de derecho, contra la marcha de la economía legal y contra la gobernabilidad del país. 

No entender que se trata de una agresión contra la seguridad nacional del Perú es escamotear la naturaleza del fenómeno, su evolución y sus consecuencias. Nos ubica en un escenario similar al de nuestro país en los primeros años de 1980, cuando desde el poder político, desde los aparatos de seguridad del estado e incluso desde los medios intelectuales se minimizaba la agresión subversiva que muy rápido asoló el país por más de un decenio antes de ser debelada.

La enorme gravedad de la amenaza criminal está registrada por encuestas de opinión y estadísticas oficiales. Las primeras datan el aumento de la población que declara haber sido víctima de un hecho delictivo en el último año, y su atemorizada expectativa de ser todavía más vulnerable a la criminalidad el año siguiente. Asaltos a mano armada no sólo en las calles sino en establecimientos de servicios son noticia diaria, como lo son los asesinatos cometidos por sicarios y el auge imparable de las extorsiones a una variedad creciente de negocios y a toda suerte de emprendimientos familiares. 

Además, el Sinadef (Sistema Informático Nacional de Defunciones) informa que, del 1 al 19 de enero, en sólo 19 días, se han registrado 106 homicidios a nivel nacional, una cantidad superior a la de todos los años desde el 2017 en el mismo período de tiempo: en promedio exacto 5,57 homicidios por día. Todo eso muestra que está ocurriendo un grave ataque criminal contra la población que es víctima, más allá de la ocurrencia de «ajustes de cuentas» y actos similares entre delincuentes.

Sucede en el marco de la expansión de las llamadas economías criminales (minería ilegal, tráfico de tierras, narcotráfico, extorsión, contrabando, trata de personas, tala ilegal y otras) que se desarrollan en determinados espacios del territorio nacional como negocios al margen de la ley, con pingües crecimientos, aportando recursos económicos que sirven para corromper autoridades locales, o bien para ejercer sobre ellas coerción y, si es el caso, también violencia activa. Esto afecta a esas autoridades, tanto políticas como operadoras de justicia, y favorece la implantación de un régimen coercitivo sobre la población de dichos espacios con amenazas y sembrando el desaliento y la resignación, que pueden ser agravados con acciones de violencia activa (bombardeo con explosivos, disparos de armas de fuego contra locales, sicariato), con el objetivo de ganar espacio para establecer una suerte de gobernanza criminal, es decir, imponer sus «reglas de juego» en la vida económica y social, sometiendo a la voluntad social y doblegando a las autoridades, para llegar incluso a obtener poder político en la elección de autoridades locales y regionales.

Más grave es todavía que se está manifestando la tendencia a la «constelación de economías criminales», como en el caso de minería ilegal asociada al tráfico de tierras o la ocupación ilegal, sumadas a la extorsión, el sicariato y la trata de personas; lo que determina la creciente complejidad de las economías criminales articuladas o en simbiosis y, por tanto el aumento de la complejidad de las estructuras de las organizaciones criminales que se dotan de «brazos legales» (grupos de abogados para su patrocinio y defensa), «brazos armados» (sicarios, matones, asaltantes/ocupantes) y de «brazos políticos» (autoridades y operadores de justicia corruptos). En perspectiva, el problema apunta a que las organizaciones criminales aumentan su poder económico expandiendo y diversificando sus economías criminales, con lo que ganan presencia e influencia social con prácticas prebendistas (incluso auspiciando fiestas populares) y coercitivas por medio de amenazas hasta conquistar extremos de gobernanza sobre el territorio de su dominio.

La territorialización y la formación de constelaciones de la criminalidad organizada son fenómenos que muestran dos dimensiones todavía poco estudiadas. 

Una es que, en la actualidad, en el Perú ya no se trata sólo de «enclaves criminales» como el del narcotráfico en el VRAEM o de la minería ilegal del oro en las alturas de Puno, sino de la extensa difusión de la criminalidad en coexistencia con el aparato del Estado y la sociedad no criminalizada, al punto que en nuestro país han empezado a surgir «narrativas» que justifican y promueven la coexistencia social con diversas formas de criminalidad. 

Otra es que la territorialización es un fenómeno plagado de violencia letal generada por la contienda entre dos o más organizaciones criminales por dominar un espacio determinado, someter a la población del mismo y lucrar de su poder, como ahora en La Libertad. 

La sucesión cada vez más frecuente de casos en que las víctimas de hechos delictivos son atacadas letalmente con armas no obstante no oponer resistencia; de casos en los que viandantes son heridos o muertos por balaceras en las calles; o del uso de explosivos contra instalaciones y locales, con fines de extorsión o amedrentamiento, ya han escalado la cota de la acción terrorista en su propósito de sembrar temor constante e inseguridad en la población.

Frente a la creciente y muy grave amenaza criminal, hay señales claras de la absoluta ineficacia del gobierno y de su administración en los sectores responsables, y también de que existe una elusión o una declinación de responsabilidades por parte de las instituciones constitucionalmente obligadas para imponer la paz interna y el orden violado con dicha agresión criminal.

Es recurrente en la presidente Boluarte su expresión de «mano dura contra la amenaza criminal» que, sin embargo, no se traduce, en ningún momento, en decisiones políticas de su gobierno para enfrentarla con oportunidad y efectividad. La mandataria repite su alocución cada vez que menciona la instauración o prórroga de estados de emergencia realmente inocuos, pero en ningún momento el gobierno actúa con la energía y la resolución necesarias emitiendo las medidas efectivas para combatir en forma concluyente a la criminalidad.

Las declaraciones y los anuncios tan enfáticos como hueros son también del presidente del Consejo de Ministros, quien luego de ocurrido el atentado con explosivos contra la sede trujillana del Ministerio Público, tras una reunión con autoridades regionales y locales, declaró, muy suelto de huesos: «hemos hecho un mea culpa (…) los responsables somos todos». Una forma rústica de elusión diluyendo las propias responsabilidades.

Por su parte, el ministro del Interior que actúa en forma errática y evidentemente lastrado por compromisos personales con la presidente y por fricciones con sus pares en el gobierno, no puede evitar que los hechos informen sobre la corrupción en su sector y respecto del penoso estado de desarme y carencia de equipamiento y de medios para las actividades de la Policía Nacional, cayendo en el desvarío de cuestionar la información del Sinadef sobre el grave aumento de los homicidios, así como escamotea información sobre el crecimiento exponencial de las extorsiones. Ante la violencia criminal propiamente terrorista en Trujillo anuncia que un centenar de efectivos policiales «que tengan referencias disciplinarias de estar vinculados con organizaciones criminales bajo cualquier concepto», van a ser cambiados de colocación, como si eso fuese una medida realmente efectiva y no un gesto puramente efectista que no conseguirá frenar la corrupción policial, una situación existente en la PNP de la región La Libertad desde el año 2004 cuando menos. 

En tanto, el ministro de Defensa anuncia el «despliegue» de FF.AA. contra la amenaza criminal, una monserga que repite en cada ocasión que se trata el tema de los estados de excepción, de tanto en cuando dispuestos o reiterados por el gobierno en diversas regiones del país, y siempre con resultados perfectos de inutilidad. Cabe recordar que cuando el 2024 el gobierno decretó estado de emergencia en Pataz y entregó el control del orden interno a las FF.AA. con apoyo de la PNP, no hubo ninguna actividad significativa al respecto, más bien una absoluta inefectividad, y luego de 30 días del anuncio de despliegue de efectivos del Ejército y de la visita al lugar del titular del ministerio de Defensa y del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el gobierno prorrogó el inútil estado de emergencia entregando el control del orden interno a la PNP, mientras fue replegado sin resultados el contingente militar.

Está clarísimo que la Policía Nacional no cuenta con los medios suficientes para combatir la amenaza criminal en las ciudades y menos en ámbitos rurales, por lo que el estado de la situación exige la intervención de las Fuerzas Armadas en misiones de seguridad interior enfrentando a grupos hostiles armados y violentos, colaborando con la fuerza policial.

La posición de que «las Fuerzas Armadas están entrenados y preparados para otras funciones (…) La solución al problema de inseguridad ciudadana parte por el fortalecimiento de la Policía Nacional. Si faltan policías hay que formar más policías, si falta equipamientos hay que dotarlos», varias veces expresada por el ministro de Defensa es una clara y anticipada sustracción de responsabilidad de la conducción política de la fuerza militar respecto de la acción estatal contra la amenaza de la criminalidad organizada, armada y violenta.

Eso, porque existe en el ámbito militar un temperamento de renuencia a asumir actividades que implican el empleo de la fuerza en tareas de seguridad interior, en la lucha contra la amenaza criminal, por considerar que no existe un marco legal normativo que brinde protección legal a los efectivos militares; hay demasiada experiencia de la persecución fiscal y judicial contra militares que han enfrentado ataques subversivos o criminales. Pero no deberían esperar la decisión política que las misione a combatir la amenaza criminal, sin esa protección legal. Parece inconcebible que el Comando Conjunto de las FF.AA. y los institutos militares se abstengan de ejercer sus capacidades de «poder fáctico» (¿acaso no lo son?) para imponer ante el Ejecutivo y el Legislativo la agenda aprobatoria de ese tan necesario y urgente blindaje legal. 

Pero tal vez se revele, como en 1982, cuando las FF.AA. recibieron la orden de combatir a la subversión comunista, que ahora tampoco poseen las herramientas –inteligencia estratégica y planeamiento estratégico–apropiadas (las incapacidades del Sistema Nacional de Inteligencia son un tópico aparte), ni la instrucción apropiada para el empleo de la fuerza, ni tengan el concurso de sus asesores jurídico operacionales que es un estándar militar global hoy en día.

En el momento actual, la existencia de unas Fuerzas Armadas prestas para la defensa nacional tiene por justificación el compromiso ineludible de actuar contra el enemigo no estatal de las fuerzas criminales. Y, sin embargo, a lo largo y ancho del Perú hay una muy desconfiada expectativa respecto de los posicionamientos puramente declarativos del Mindef y del CC.FF.AA. acerca de eventos de despliegue militar contra la amenaza criminal; lo que está afectando la imagen institucional de las FF.AA. 

Pareciera que en las esferas de los altos mandos no se tenga conciencia de que el crecimiento imparable del poder económico, social y hasta político de las organizaciones criminales sostenidas por economías criminales, apunta a causar la destrucción del estado de derecho y del orden social en el país; que la agresión criminal no se expande para luego dejarse reprimir o para negociar cuotas parciales de control territorial; está creciendo en extensión y en poder para desvirtuar, doblegar y controlar la sociedad, incluyendo a sus fuerzas de seguridad, lo que reclama la acción de las instituciones responsables de la defensa nacional.

La censura parlamentaria al ministro Rómulo Mucho era la conclusión previsible a su incapacidad para hacer frente al avasallador poder de la minería ilegal. Un buen empresario en el rubro minero pero pésimo gestor político, durante su desempeño al frente del Minem actuó complaciente ante exigencias de organizaciones de mineros ilegales disfrazados de informales, que consiguieron en su propio despacho obstaculizar la oportuna presentación del proyecto de ley para sustituir el Reinfo (Registro Integral de Formalización Minera) con una «Ley MAPE» (Ley de la Pequeña Minería y de la Minería Artesanal) presentada in extremis con rasgos de incongruencia y clamorosas deficiencias de viabilidad. No obstante la complacencia de Mucho, su cabeza debía rodar para satisfacer las expectativas de la minería ilegal demandando la inmediata prórroga del Reinfo, una más de las que marcan la senda del fracaso de la formalización que de ninguna manera le conviene a la minería ilegal.

Hay que tener en cuenta que la minería ilegal es hoy en día la principal economía criminal en nuestro país; ha superado largamente al narcotráfico; está presente en todas las regiones y se realiza en más de 25 millones de hectáreas a nivel nacional, equivalentes a un quinto de todo el territorio peruano. Con cifras para el año 2022 la minería ilegal aurífera produjo y exportó al margen de la ley 1841 millones de dólares, el 18% del total de las exportaciones peruanas de oro ese año; la pérdida fiscal causada para la economía nacional alcanzó a un 2,5% del PBI anual.

Los mineros ilegales no son pobres ni sacrificados trabajadores de socavón. Son grupos de asociados en modalidades distintas que emprenden medrando en la ilicitud y en la corrupción que su poder económico extiende. Se ha denunciado que sólo en el año 2023 exportaron 77 toneladas de oro a Emiratos Árabes por un monto de 6000 millones de dólares y es notoria la elevada composición de bienes de capital en sus explotaciones: maquinaria para extracción de mineral, flotas de camiones de transporte pesado y otros equipos muy costosos.

Lo que revela la censura al ministro Mucho es, además de su incompetencia, el poder político alcanzado por la minería ilegal que ha penetrado a la representación parlamentaria sin distingo de ideologías y así se ha empoderado en el espacio institucional que es en la actualidad la real sede del poder político en el Perú del fantasmal gobierno de Dina Boluarte. Ha sido notorio el arduo cabildeo de representantes de la minería ilegal en oficinas, salas de reunión y pasillos del Congreso, para obtener en la Comisión de Energía y Minas la inmediata ampliación de la vigencia del Reinfo, que ha demostrado ser contraproducente para cumplir su objetivo. Como ha señalado en un estudio el IPE (Instituto Peruano de Economía) «Al cierre del 2023, existían más de 87 mil productores mineros informales registrados, de los cuales casi 70 mil (80%) se encuentran suspendidos por incumplir con los requisitos mínimos, entre ellos contar con RUC y declarar su producción minera. Por ejemplo, en la provincia de Pataz (La Libertad), de los 3438 registros en el Reinfo, el 75% (2578) se encuentra suspendido».

Es sublevante que no obsta el incumplimiento de los requisitos del Reinfo, pues los productores mineros bajo esta situación de incumplimiento continúan siendo considerados por las autoridades como «informales» y no ilegales, que realmente lo son, impunes frente a acciones de fiscalización.

Control y punición es, sin embargo, pedir demasiado a un Estado totalmente penetrado por el poder de la economía criminal afincado en la minería ilegal. Con seguridad no hay ni habrá alguna fuerza política que enarbole la plataforma de cambiar desde su base los derechos de propiedad sobre la actividad minera obligando a su formalización, tributación e inclusión en el sistema financiero y accionario. El real y profundo quid de la cuestión no está en reformar el Reinfo prorrogado, ni en sustituirlo por una «Ley MAPE» que sería una nueva versión de lo mismo, sino en prescribir y aplicar con rigor una nueva normativa de los derechos de propiedad concesional y de explotación minera.

Dicho con otras palabras, hay una sola manera de acotar con energía y eficacia, para debilitarlo y someterlo, el poder de la minería ilegal. Exige cambiar de raíz el ordenamiento legal y administrativo de las concesiones mineras, revirtiendo los títulos de aquellas que no son conducidas en actividad extractiva por sus propios titulares, para establecer en sustitución un nuevo modelo de concesión que sólo pueda ser otorgado a explotadores directos.

Eso no va a suceder en el marco de los actuales régimen político y sistema de partidos, en los que no hay quién se salve de vínculos con la minería ilegal. En los días que corren, pudiera haberse advertido (y hubiese sido ordinario) que operadores de las organizaciones de esa economía criminal actúen aproximándose a representantes de las izquierdas parlamentarias siempre atentos y dispuestos a relacionarse con toda suerte de activismo. Eso ha ocurrido, efectivamente, pues parlamentarios de esa línea el día 28 han abogado por la inmediata aprobación del dictamen que llevaría al pleno la prórroga del Reinfo. Su posición ha sido concurrente con la de representantes de las fuerzas políticas populistas abogando con matices por lo mismo, pero lo que ha causado sorpresa en algunos es que en las bancadas de la centro-derecha también hubo posturas a favor de ampliar la vigencia del Reinfo.

El escenario parlamentario ha mostrado, pues, que la penetración de la minería ilegal en ese ámbito es en la actualidad transversal a las identidades ideológicas y a los bandos de la confrontación política. Por lo que se conoce, ninguna fuerza partidaria presente en el Congreso se salva del fenómeno. Puede entenderse: el enorme poder económico de la minería ilegal posee una atracción gravitacional irresistible para cualquier organización partidaria con aspiraciones a participar en la campaña electoral que se abre el próximo año con miras a los comicios del 2026. No sólo para las tiendas presentes en el Congreso sino para otras que en tiempo reciente emergen con similares aspiraciones y que –por imperio del terrible ordenamiento electoral vigente– pueden efectivamente aspirar a conseguir una representación congresal con una ínfima proporción de los votos.

Estimo altamente probable (escribo el viernes 29 por la mañana) que en el Congreso se dé luz verde a una nueva ampliación de la vigencia del Reinfo, y que sea por un año es irrelevante: será siempre la penúltima ampliación habilitante de la minería ilegal; no importa si la prórroga de su vigencia es expedida por el Legislativo o si consigue que el Ejecutivo la apruebe por un decreto supremo. Porque ya está clarísimo que el gobierno de Boluarte no tiene la mínima intención de afrontar el problema de la minería ilegal, ni siquiera muestra resolución para reprimir las perturbaciones del orden público causadas por los que bloquean carreteras del país y espacios públicos en el propio centro de Lima.

Mientras tanto, el enorme y creciente poder económico de la minería ilegal le proporciona presencia mediática explotando una artificiosa sensibilidad social, como si los mineros ilegales fuesen unos excluidos de la formalidad, marginados y arrinconados en la linde de la legalidad por su supuesta procedencia de capas populares pobres, por la precariedad de sus actividades y la carencia de reconocimiento de su condición artesanal. No hay tal.

Lo que se presenta en las imágenes propaladas estos días por la prensa es un velo encubridor. Esos «trabajadores mineros» pernoctando ante el edificio del Congreso sobre la avenida Abancay son en realidad cófrades o asalariados de la minería ilegal llegados a Lima incluso acompañados de sus familias, cuya tarea es sostener la economía criminal bregando por prolongar indefinidamente el fracaso de la formalización minera en la que no tienen el menor interés.

Es que la minería ilegal, con sus diversos disfraces, ha urdido una gruesa trama de ilicitudes para su protección. Desde la expedición de títulos sobre concesiones mineras a quienes nunca van a desempeñarse en esa actividad y que «alquilan» los terrenos habilitados con ese derecho a terceros que se dedican a la extracción del mineral. Pero –y aquí viene el despelote– muchos de ellos no lo hacen directamente sino a través de operadores que son, a su vez, sub-arrendatarios en el espacio de la concesión, con las figuras de pequeña empresa, del emprendimiento artesanal o la de etiquetar asociaciones, cooperativas y otras formas mutualistas de la actividad propiamente minera.

Ocurre entonces que los requerimientos del Reinfo para la formalización carecen de interés para los titulares de las concesiones, de las que son arrendadores; que los arrendatarios y quienes son efectivamente extractores del mineral no poseen los títulos legales demandados por el Reinfo, esos que los reales titulares rehúsan transferirles en vía del alquiler por el riesgo de perder la concesión; también acontece que en las concesiones que por alguna razón no están siendo explotadas cunde la invasión abiertamente ilegal y a veces encubierta como derecho ancestral y comunitario preexistente, por parte de pobladores locales o afuerinos; y además, que las explotaciones de arrendatarios y de ocupantes precarios son disputadas con rapiña por grupos de improvisados que extraen y trasiegan minerales al margen de cualquier organización y modalidad de control: robo descarado para el beneficio de acopiadores de mineral actuando en las inmediaciones.

La economía criminal en el filón de la minería se estructura sobre esa superposición abigarrada y confusa de oportunistas coincidiendo en generar poder económico para, sobre esa base, edificar poder político posando como defensores de intereses de sectores populares emprendedores y distintos del «gran capital», en la perspectiva de articular la elusión de la legalidad como manifestación de cultura popular. No puede sorprender la emergencia de nuevas capas sociales enriquecidas con la minería ilegal y sus agencias empresariales conexas, ganando espacio en la formación de actitudes de tolerancia frente a la ostentación de una riqueza cuyo origen ya no se cuestiona. Las costumbres del traficante de productos de la minería ilegal y su creciente relacionamiento con las agencias del poder mediático y con los aparatos del Estado, son cosa de todos los días en los espacios de la prensa ganada por el sensacionalismo que revela con indiferencia los fastos de actores de esa economía criminal con operadores de justicia complacientes en la Policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial o en agencias del gobierno.

El daño que la minería ilegal puede hacer al futuro del Perú es de extrema gravedad. Como economía criminal no está interesada en transformar las estructuras políticas –no es subversiva– sino que se hace del poder penetrando y pervirtiendo espacios institucionales, corrompiendo a sus funcionarios y asentando usos y costumbres de creciente tolerancia social a la ilicitud. Refugiados en sus todavía cómodos relictos de formalidad, agentes económicos formales, como los de la gran minería y las finanzas, pueden soportar por años el asedio y la penetración de la economía criminal y su cultura, hasta que en algún momento decidan irse del país agobiado y sometido por bandas convertidas mediante elección popular en la clase política que gobierne.