De acuerdo con las proyecciones de los principales centros de pensamiento económico, el país habría crecido en más del 3% en el año 2024. Este crecimiento revierte la caída del año previo de 0.6% la cual -si se deja de lado la que se registró el 2020 año de la pandemia- fue la primera en un cuarto de siglo desde la crisis internacional de 1998. Este crecimiento de la producción del año pasado se atribuye fundamentalmente, más allá del efecto del rebote estadístico, a la recuperación de la pesca, la agricultura, la manufactura primaria y la construcción. Este último indicador muy impulsado, sobre todo, por el fuerte crecimiento que tuvo la inversión pública en el 2024.

Según la información del MEF, el 2024 registró una ejecución récord de la inversión pública que alcanzó los S/ 57,742 millones, el nivel más alto en los últimos seis años, con un crecimiento del 16,4% respecto del 2023. En comparación con los niveles prepandemia de 2019, la inversión pública creció un 83.4%, pasando de S/ 31,493 millones a S/ 57,742 millones. En particular, los gobiernos regionales (GR) batieron el récord histórico anual de ejecución con S/ 13,697 millones, superando 3 años consecutivos de récord: 2021, 2022 y 2023, con tasas de crecimiento del 19,6%, 31,4% y 17,8% respectivamente. En contraste, la inversión privada, que es la que genera empleo e impacto sostenido de largo plazo, tendrá un crecimiento más modesto que probablemente no supere el 3%.

El crecimiento de la inversión pública ha sido posible debido al establecimiento de una política fiscal expansiva que ha privilegiado la mayor ejecución de inversiones a costa, incluso, de un creciente déficit fiscal que se acercará al 4% del PBI. ¿Cuál es el problema? Que en la medida que la expansión de la deuda vaya minando progresivamente la solidez de las finanzas públicas las condiciones de financiamiento que tiene el país se pueden deteriorar y afectar la inversión total en el mediano y largo plazo. Las políticas expansivas basadas en mayor gasto de inversión pública son sólo efectivas por periodos cortos. Para el largo plazo, la mejor receta para tener un crecimiento económico sostenido es la promoción de la inversión privada.

VIDENZA INFORMA

La Academia Sueca de las Ciencias ha otorgado este año el Premio Nobel en Economía a los académicos Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson por sus estudios acerca de cómo las instituciones se forman y afectan la prosperidad de las naciones. Estos autores, en particular Acemoglu y Robinson cuyo libro titulado “Por qué fracasan los países: los orígenes del poder la prosperidad y la pobreza” ha sido un best seller desde su primera edición, han encontrado que el bienestar de un país y sus pobladores se explica por las “instituciones” que se han desarrollado en ellos a lo largo de su historia.

La definición de institución para ellos no tiene nada que ver con una entidad pública o algo parecido sino, más bien, siguiendo a otros autores como Douglas North, definen a las instituciones como “las reglas y normas que gobiernan el comportamiento humano en una sociedad, incluyendo las leyes, regulaciones, normas sociales y organizaciones que estructuran las interacciones entre individuos y grupos”. En otras palabras, son las reglas de juego que se crean en una sociedad para el desempeño de las personas, las empresas y el estado. Los autores distinguen dos tipos de instituciones: las inclusivas y las extractivas. Las primeras son aquellas que protegen los derechos de propiedad, la seguridad jurídica de los contratos, la igualdad de oportunidades, la competencia en los mercados, promueven el crecimiento y la innovación, así como la participación política de los ciudadanos. Las segundas, las extractivas, se orientan, en cambio, hacia la concentración del poder y la riqueza en una élite o distintos grupos de poder, obstaculizan la innovación y el crecimiento económico, e impiden o restringen la participación política y la igualdad de oportunidades.

El Perú de hoy, lamentablemente, cada vez más transita hacia uno en donde prevalecen las características de un ordenamiento institucional cada vez más extractivista y menos inclusivo. El gobierno de la presidente Boluarte basa su estabilidad en un pacto de no agresión con las fuerzas políticas representadas en la mesa directiva del Congreso de la República según el cual cada una de las partes gobierna en favor de los grupos de interés que buscan representar, al margen de lo que sea bueno para la mayoría de los peruanos en el largo plazo. Así, en este periodo de vigencia del acuerdo, se ha distorsionado la labor del Tribunal Constitucional, se ha desatado una guerra al interior del Ministerio Público, se ha retrocedido en meritocracia en sectores tan importantes como en la salud y la educación, se han modificado las leyes que ayudan a combatir la criminalidad y las economías ilegales para quedar bien con intereses partidarios o pequeños grupos de presión, entre otros muchos ejemplos. Si seguimos así, pronto seremos un ejemplo más de libro de texto de lo que tiene que hacer un país para quedarse sin futuro en poco tiempo. Es importante, por lo tanto, que en las próximas elecciones los ciudadanos votemos por aquellas opciones políticas que ponen al Perú por delante y no a sus propios intereses.