Con el cierre de 2025, las cifras oficiales de INEI muestran que la economía de Arequipa creció 2,3% en el año, tras registrar una expansión de 2,1% en el cuarto trimestre y acumular seis periodos consecutivos de crecimiento. A primera vista, este resultado podría interpretarse como favorable. Sin embargo, una revisión más detallada revela una dinámica menos alentadora: la economía regional ha perdido impulso de manera sostenida, pasando de crecer 5,1% en el primer trimestre a apenas 1,0% en el segundo y 1,1% en el tercero, con una leve recuperación hacia el cierre del año. En este contexto, más que una expansión sólida, lo que se observa es un crecimiento que se ha ido debilitando progresivamente.

Este desempeño no puede entenderse sin observar la evolución de su principal motor productivo. En una región donde la minería representa aproximadamente el 32,6% del valor agregado, el sector Minería e Hidrocarburos registró una contracción de 2,6% en 2025, con caídas particularmente pronunciadas como -10,7% en el segundo trimestre y -3,5% en el cuarto. En el caso de Arequipa, la menor extracción de cobre explica buena parte de la contracción, de acuerdo con INEI.  A ello se suman factores que inciden en las condiciones en las que opera este sector. En los últimos años, la expansión de la minería ilegal ha ganado relevancia, impulsada por los altos precios de los minerales, particularmente del oro. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), esta actividad movilizó más de US$11 500 millones a nivel nacional en el último año, reflejando su creciente escala e incidencia económica. En Arequipa, la provincia de Caravelí ilustra esta problemática, al concentrar una parte importante de la actividad minera informal en la región. Según estimaciones recogidas en fuentes locales, alrededor del 70% de la minería informal de Arequipa se concentra en esta provincia, lo que contribuye a un entorno más complejo para el desarrollo del sector.

En contraste, el crecimiento regional ha sido sostenido principalmente por sectores no primarios. Destaca el dinamismo de Electricidad, Gas y Agua, que creció 35,4% en el año y 57,7% en el cuarto trimestre, explicado por la mayor generación de energía en centrales hidráulicas y solares, así como por la producción de agua potable. Asimismo, el sector Construcción avanzó 9,1% anual, impulsado por una mayor inversión de los gobiernos locales en obras de infraestructura educativa, vial y de saneamiento. A ello se suman sectores como Administración Pública y Defensa (6,9%). 

Este patrón sugiere que el crecimiento reciente ha estado asociado, en mayor medida, a sectores vinculados al gasto público, particularmente construcción y administración, lo que plantea interrogantes sobre su sostenibilidad. En este contexto, como ha señalado el presidente del Consejo Privado de Competitividad y exministro de economía David Tuesta, el aumento del gasto corriente puede limitar el margen fiscal disponible para sostener niveles adecuados de inversión pública en el mediano plazo. Si bien el gasto público puede dinamizar la actividad económica en el corto plazo, su capacidad de sostener el crecimiento depende de su composición y de la disponibilidad de recursos fiscales.

En línea con ello, el Consejo Fiscal advierte que iniciativas recientes implican compromisos adicionales de gasto por alrededor de S/ 11,4 mil millones anuales en el corto plazo, concentrados principalmente en pensiones y remuneraciones, como el incremento de pensiones docentes, la reforma del régimen pensionario militar y policial y la ampliación de beneficios para trabajadores bajo el régimen CAS. Este tipo de medidas incrementa la presión sobre la caja fiscal y reduce el margen disponible para otros usos del gasto público.

En ese sentido, el caso de Arequipa pone en evidencia una cuestión de fondo: no solo importa cuánto crece una economía, sino también de dónde proviene ese crecimiento. Cuando el dinamismo se sostiene principalmente en el gasto público —y este enfrenta crecientes presiones— el crecimiento tiende a ser más vulnerable. Así, aunque la región continúa expandiéndose, la combinación de un sector minero debilitado y una mayor dependencia del impulso fiscal plantea dudas sobre la sostenibilidad de su trayectoria económica en los próximos años.

El 2025 cerró con un crecimiento real de 3,44% del Producto Bruto Interno (PBI), en un contexto de inflación controlada y condiciones externas particularmente favorables. El sector Minería e Hidrocarburos creció 1,38% en el año, impulsado por la minería metálica (+1,83%), destacando la recuperación del cobre (+1,04%) y del oro (+1,45%). Este desempeño productivo se dio en un entorno internacional excepcional. Durante 2025, el precio del oro aumentó en promedio 43,9% y el del cobre 8,3%, elevando el ingreso nacional y fortaleciendo la recaudación fiscal. Para 2026, los términos de intercambio continuarían en niveles históricamente elevados, sosteniendo el impulso macroeconómico. En una economía intensiva en recursos naturales como la peruana, estos ciclos externos operan como verdaderos multiplicadores.

En ese escenario, Arequipa ocupa un lugar estratégico. Con una participación cercana al 6% del Valor Agregado Bruto nacional, la región se consolida como la segunda economía más importante del país, solo después de Lima. Su estructura productiva es clara: alrededor de un tercio de su actividad depende de la minería, que se mantiene como el principal motor económico regional.

Según el Boletín Estadístico Minero del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), publicado en enero de 2026, entre enero y noviembre de 2025 Arequipa concentró el 15,0% de la producción nacional de cobre y el 21,3% de la producción de oro, consolidándose como uno de los principales polos mineros del país. Además, la inversión minera acumulada superó los US$ 660 millones, con un crecimiento interanual de 40,9%, ubicando a la región como el segundo destino de inversión minera del país. De cara a 2026, el MINEM ha anunciado el inicio de ejecución de ocho proyectos mineros por US$ 7 619 millones, incluyendo la optimización de Cerro Verde y Pampa de Pongo en Arequipa. La región también registra avances en proyectos exploratorios como Los Chapitos, que recientemente reportó intersecciones de cobre de alta ley y prevé una nueva fase de perforación. Arequipa, por tanto, no solo concentra producción actual, sino también cartera futura.

Más allá del desempeño productivo, el 2025 dejó además un dato relevante en materia de gestión pública. Arequipa alcanzó niveles históricos de ejecución presupuestal: el gobierno regional ejecutó el 99,1% de su presupuesto y los gobiernos locales el 78,44%, los registros más altos observados desde al menos 2010. Estas cifras no solo marcan un récord regional, sino que superan el promedio nacional: al cierre de diciembre de 2025, los Gobiernos Regionales registraron una ejecución de 94,5%, mientras que los gobiernos locales alcanzaron 74,8%. Estos niveles evidencian una elevada capacidad de absorción presupuestal por parte de los gobiernos subnacionales en la región.

Sin embargo, la ejecución no agota el debate sobre la calidad del gasto. De acuerdo con la Contraloría General de la República, al 2025 existen 2416 obras públicas paralizadas en el país, con un costo actualizado superior a S/ 67 mil millones y un saldo pendiente de ejecución de más de S/ 32 mil millones. Arequipa concentra 134 obras paralizadas, con un costo actualizado cercano a S/ 8998 millones (13,4% del total nacional) y un saldo por ejecutar que supera los S/ 6336 millones. Esto revela que una parte importante del capital público ya comprometido permanece inmovilizado, limitando el impacto real de la inversión y postergando el cierre efectivo de brechas.

No obstante, el 2026 será más exigente. Como señalé en mi columna anterior, “Arequipa 2026: ¿qué priorizar cuando ya no hay espacio para gastar más?”, el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de los gobiernos subnacionales se reduce en 9% frente al 2025 —cerca de S/ 484,7 millones menos— y el ajuste recae principalmente en el gasto de capital, que cae casi 19%, mientras el gasto corriente continúa expandiéndose. Si bien a lo largo del año pueden incorporarse mayores recursos mediante transferencias o modificaciones presupuestarias, el punto de partida para 2026 es más estrecho. Habrá, por tanto, menos margen inicial para invertir y cerrar brechas. En este nuevo escenario, la discusión no es solo cuánto se ejecuta, sino dónde se invierte. La evidencia es clara: infraestructura, seguridad ciudadana, mercado laboral y fortalecimiento institucional son los frentes que realmente inciden en la competitividad regional. Con menos recursos disponibles, la priorización deja de ser una opción y se convierte en una obligación.

El entorno externo sigue siendo favorable. Los términos de intercambio se mantienen en niveles históricamente altos y la cartera minera para 2026 confirma que la inversión continuará fluyendo. Pero ese viento a favor no es permanente. Cuando los precios internacionales elevan los ingresos, la economía puede crecer incluso con debilidades estructurales. El riesgo es confundir un ciclo externo benigno con una mejora real en la capacidad productiva.

Arequipa no puede asumir que los mayores ingresos justifican expandir el gasto corriente o relajar la disciplina en la inversión. Los periodos de bonanza son precisamente los que exigen mayor prudencia y mejor asignación de recursos. Convertir este impulso minero en infraestructura de calidad, capital humano y seguridad es lo que marcará la diferencia cuando el ciclo externo cambie.

La pregunta no es abstracta. Para el 2026, el presupuesto de los gobiernos subnacionales cae 9% frente al 2025, cerca de S/ 484,7 millones menos. Y el ajuste llega donde más duele para cerrar brechas: el gasto de capital se reduce en casi 19%, mientras el gasto corriente crece en más de 15%. En simple, habrá más recursos para sostener el aparato estatal regional, pero menos para transformar el territorio. Cuando el espacio para invertir se achica, la discusión deja de ser cuánto se gasta y pasa a ser, inevitablemente, dónde se gasta. En ese contexto, priorizar bien es una condición básica de buena gestión pública.

Un estudio del Consejo Privado de Competitividad ofrece una brújula clara para responder esa pregunta. El análisis muestra que seis factores explican cerca del 70% de las brechas de competitividad entre las regiones del Perú: infraestructura (13%), estabilidad macroeconómica (12%), eficiencia del Estado (11%), mercado laboral (10%), seguridad ciudadana (10%) y educación (10%). El mensaje es contundente: las diferencias regionales no se explican por una agenda dispersa de temas, sino por un conjunto acotado de pilares donde las políticas públicas pueden mover verdaderamente la aguja.

El valor del estudio no está solo en describir el desempeño pasado, sino en ordenar la evidencia para decidir mejor hacia adelante. Al cuantificar el peso relativo de cada pilar, permite identificar dónde una intervención tiene mayor retorno. El análisis también construye un Índice de Competitividad Regional, con puntajes de 0 a 100. Lima lidera con amplia ventaja, seguida por Moquegua y Arequipa. Estar en el podio, sin embargo, no equivale a haber resuelto lo esencial.

Cuando se pone la lupa sobre Arequipa, con datos anuales al 2024, aparece una paradoja clara: una región bien posicionada en el ranking nacional, pero con rezagos marcados en varios de los pilares más determinantes. El primer foco está en el mercado laboral. Arequipa registró- en el 2024- el peor desempeño del país en la proporción de personas que no se encuentran en la PEA: 38 % de la población en edad de trabajar, ubicándola en el último lugar del ranking. A ello se suma una tasa de desempleo de 7%, una elevada proporción de trabajadores en subempleo (64 %) y un alto número de empresas que se dieron de baja por habitante (2.398 por cada 100 mil). En conjunto, estos indicadores reflejan dificultades para sostener empleo de calidad y un tejido empresarial dinámico en el tiempo.

El segundo frente crítico es la inversión pública y la infraestructura, no tanto por falta de activos, sino por problemas de gestión. La diferencia entre el plazo real de otorgamiento de la buena pro y el plazo programado en los gobiernos locales de Arequipa alcanzó 261,7%, el peor resultado entre las regiones en el 2024. Además, cerca del 17,5% de los proyectos con presupuesto asignado registró ejecución cero en el 2024 y 16.35% en el 2025. Cuando los proyectos no avanzan, la inversión se encarece, las obras se postergan y el impacto social se diluye. A ello se suma que, en 2025, la ejecución presupuestal fue menor que en 2024, tanto en gobiernos locales como regionales (5pp. menos).  La seguridad ciudadana es otro frente que empieza a pasar factura. Arequipa registró 2.389 denuncias por cada 100 mil habitantes y el 34% de la población urbana mayor de 15 años reportó haber sido víctima de algún hecho delictivo en el 2024. Este deterioro no solo afecta la vida cotidiana, sino que eleva costos para familias y empresas y termina debilitando el clima para invertir.

A estos rezagos se suman debilidades institucionales. En el 2024, solo el 2% de la población declaró confiar en el Congreso y apenas el 8% evalúa positivamente la gestión del Gobierno Central. A nivel local, la brecha es igual de concreta: solo el 7% de municipalidades cuenta con un Plan de Desarrollo Urbano y el 13% con un Plan de Acondicionamiento Territorial. Sin estos instrumentos básicos, ordenar el crecimiento urbano y anticipar necesidades de infraestructura y servicios se vuelve mucho más difícil.

El mensaje central es claro. Arequipa parte de una posición relativamente favorable, pero su competitividad no está garantizada. Con menos espacio presupuestal para invertir en 2026 y con rezagos persistentes en mercado laboral, gestión de la inversión pública, seguridad ciudadana y calidad institucional, la región necesita una agenda menos dispersa y más estratégica. El estudio del Consejo Privado de Competitividad muestra que la competitividad regional no se construye con listas extensas de políticas, sino concentrando esfuerzos en los factores que realmente explican las brechas. Para Arequipa, el reto es asegurar que cada sol invertido tenga el mayor impacto posible y contribuya, efectivamente, a transformar el territorio.

VIDENZA INFORMA

La semana pasada, Arequipa celebró su 484 aniversario y con ella, un orgullo que está lleno de arquitectura, cultura y gastronomía. Sin embargo, estas cualidades no son las únicas que atraen turistas e inversiones. Arequipa trasciende en la actividad económica, pues -después de Lima- es la segunda región con mayor índice de participación en el PBI nacional (6%). A nivel económico, la minería es la actividad más importante de Arequipa, pues al 2023 representa el 33% de su producción, la mayor contribución post pandemia en la región. En ese sentido, vale la pena cuestionarnos. ¿Qué significa para Arequipa ser una región minera?  

Además de celebrar un nuevo aniversario, Arequipa celebró el lanzamiento de Perumin 37 y con ello una historia minera que recorre logros. Desde 2001 a la actualidad, la participación minera en la producción de Arequipa ha crecido significativamente, pasando del 5% en 2001 al 36% en 2016, y desde entonces ha superado el 30% (pese a la crisis del COVID-19).  Asimismo, Arequipa se ha posicionado en el segundo lugar por ser el mayor destino de transferencias (S/ 8698 millones) e inversiones acumuladas (US$ 6719 millones) del 2014 al 2023.   Actualmente, Arequipa tiene más que festejar, pues el último boletín minero -a junio de este año- resalta la jerarquía del departamento dentro del sector. En principio, es la segunda región con mayor canon (S/ 954 millones), superando el canon recolectado en 2023 (858 millones); la tercera con mayor inversión minera ejecutada (US$ 225 millones), casi un 25% más que el 2023. Por último, en cuanto a la contribución por sus principales metales, el departamento destaca su mayor producción de cobre en el país (17,4%), solo superada por Áncash y Moquegua, los cuales se ubican en 17,8% y 18%, respectivamente. Además, logró el segundo lugar en la producción de oro con una contribución 3.2% mayor al 2023.  

Indiscutiblemente, los datos previos muestran que la actividad minera es inherente a un crecimiento económico, pero una minería que mejore la calidad de vida de las comunidades locales y que contribuya al desarrollo económico y social, es más necesaria. Como la literatura menciona, el canon minero posee diversos canales para transmitir bienestar en la región, como el retorno de actividades económicas y oportunidades laborales que terminan generando mayores ingresos y accesos a servicios básicos. De forma práctica, podemos mencionar a la creación de empleo, la cual oscila en 33 mil trabajadores en junio 2024. Del mismo modo, el impacto del canon en la pobreza no es menor, si se observa la dinámica de esta, Arequipa pasó de una incidencia del 44% en 2001 al 14% en 2023.  

Sin duda, la actividad minera debe hacer orgullosa a Arequipa, pero aún hay retos que necesita enfrentar para hacerla más grande. Dentro de estos destaca la minería ilegal que del 2021 al 2023, se ha traducido en la muerte de 85 mineros artesanales informales e ilegales por falta de fiscalización minera. Por esto, la minería ilegal no puede dejar de ser combatida por justificaciones como las altas tasas de informalidad o pobreza.  Necesitamos un marco normativo claro para la minería artesanal y de pequeña escala, que favorezca la formalización y haga frente a esta criminalidad organizada del sector, que ya cuenta con brazos políticos en diferentes instancias del aparato público.

La premiación de proyectos mineros sostenibles y con responsabilidad social (Expomina 2024) se acerca, esperemos que Arequipa tenga más motivos para celebrar, pero también esperemos que estos logros no sesguen problemáticas que aún quedan pendientes por resolver.