El último domingo el país acudió nuevamente a las urnas para elegir presidente, senadores, diputados y representantes al Parlamento Andino. Más allá de los resultados oficiales —que al momento de escribir esta columna aún no se conocen— lo ocurrido durante este proceso electoral deja una conclusión indiscutible: una elección como la que hemos vivido no puede volver a repetirse.

En primer lugar, un aspecto crítico es la ineficiencia observada en la entrega del material electoral, particularmente en Lima. Los retrasos y desórdenes registrados no pueden volver a ocurrir nunca más. Corresponde sancionar a todos los responsables, empezando por la ONPE, institución encargada de la organización y ejecución de los procesos electorales. Si bien la empresa contratista también tiene responsabilidad, la obligación última recae en la entidad pública, que no puede ni debe deslindar de sus funciones esenciales.

Pero los problemas vividos no son coyunturales ni de hechos aislados; evidenciamos fallas estructurales que demuestran la urgencia de una reforma política seria y responsable. Persistir en un sistema que normaliza la improvisación, la ineficiencia y reglas desfasadas de la realidad actual solo termina debilitando nuestra democracia.

Un primer punto es la absurda prohibición de difundir encuestas durante la semana previa a la elección. En un contexto de uso masivo de internet y redes sociales, esta restricción no solo resulta inútil, sino contraproducente. Lejos de informar, fomenta la especulación, los rumores y la desinformación. Se trata de una norma propia de otra época, que el actual Congreso se negó a derogar pese a su evidente anacronismo.

En segundo lugar, se requiere una revisión inmediata de la forma en la que se eligen los miembros de mesa. No resulta aceptable que personas mayores de 60 años sean obligadas a cumplir jornadas extenuantes que, en muchos casos, comienzan antes del amanecer del domingo y se prolongan hasta la madrugada del lunes. ¿Cuál es la lógica de otorgar atención preferencial a los adultos mayores de 60 y, al mismo tiempo, someterlos a este nivel de exigencia? Es indispensable definir con claridad hasta qué edad se considera razonable cumplir esta función y, sobre todo, priorizar la participación de la población joven.

Finalmente, no debemos perder de vista un problema de fondo: la excesiva complejidad del sistema electoral que el actual congreso aprobó. Múltiples cédulas, numerosos cargos y reglas poco claras dificultan el ejercicio del voto y generan confusión. Una elección innecesariamente compleja es perniciosa para la democracia.

Si aspiramos a fortalecer nuestras instituciones y recuperar la confianza ciudadana, el camino es claro. El Perú necesita, con urgencia, una reforma política integral que modernice sus procesos electorales y los haga más razonables, eficientes y acordes con la realidad del país.

El último domingo el país acudió nuevamente a las urnas para elegir presidente, senadores, diputados y representantes al Parlamento Andino. Más allá de los resultados oficiales —que al momento de escribir esta columna aún no se conocen— lo ocurrido durante este proceso electoral deja una conclusión indiscutible: una elección como la que hemos vivido no puede volver a repetirse.

En primer lugar, un aspecto crítico es la ineficiencia observada en la entrega del material electoral, particularmente en Lima. Los retrasos y desórdenes registrados no pueden volver a ocurrir nunca más. Corresponde sancionar a todos los responsables, empezando por la ONPE, institución encargada de la organización y ejecución de los procesos electorales. Si bien la empresa contratista también tiene responsabilidad, la obligación última recae en la entidad pública, que no puede ni debe deslindar de sus funciones esenciales.

Pero los problemas vividos no son coyunturales ni de hechos aislados; evidenciamos fallas estructurales que demuestran la urgencia de una reforma política seria y responsable. Persistir en un sistema que normaliza la improvisación, la ineficiencia y reglas desfasadas de la realidad actual solo termina debilitando nuestra democracia.

Un primer punto es la absurda prohibición de difundir encuestas durante la semana previa a la elección. En un contexto de uso masivo de internet y redes sociales, esta restricción no solo resulta inútil, sino contraproducente. Lejos de informar, fomenta la especulación, los rumores y la desinformación. Se trata de una norma propia de otra época, que el actual Congreso se negó a derogar pese a su evidente anacronismo.

En segundo lugar, se requiere una revisión inmediata de la forma en la que se eligen los miembros de mesa. No resulta aceptable que personas mayores de 60 años sean obligadas a cumplir jornadas extenuantes que, en muchos casos, comienzan antes del amanecer del domingo y se prolongan hasta la madrugada del lunes. ¿Cuál es la lógica de otorgar atención preferencial a los adultos mayores de 60 y, al mismo tiempo, someterlos a este nivel de exigencia? Es indispensable definir con claridad hasta qué edad se considera razonable cumplir esta función y, sobre todo, priorizar la participación de la población joven.

Finalmente, no debemos perder de vista un problema de fondo: la excesiva complejidad del sistema electoral que el actual Congreso aprobó. Múltiples cédulas, numerosos cargos y reglas poco claras dificultan el ejercicio del voto y generan confusión. Una elección innecesariamente compleja es perniciosa para la democracia.

Si aspiramos a fortalecer nuestras instituciones y recuperar la confianza ciudadana, el camino es claro. El Perú necesita, con urgencia, una reforma política integral que modernice sus procesos electorales y los haga más razonables, eficientes y acordes con la realidad del país.

Durante las últimas semanas, la ciudad de Arequipa sufrió fuertes inundaciones que afectaron a numerosas viviendas y negocios, especialmente en Yanahuara y Cayma. Como no ocurría desde hace por lo menos 30 años, la torrentera de Chullo se desbordó y convirtió importantes avenidas en ríos de lodo que arrasaron con todo a su paso. Sin embargo, este desastre no se explica por un nivel extraordinario de lluvias, sino por un cúmulo de irresponsabilidades acumuladas durante décadas.

En primer lugar, destacan los años de deficiente planificación urbana, la expansión desordenada y decisiones políticas que permitieron que el crecimiento de la ciudad avanzara a costa de las torrenteras. Esos dos o tres metros que “se le ganaron” a la torrentera hoy pasaron factura.

A ello se suma la inejecución de recursos destinados a la adaptación y mitigación frente al cambio climático. Solo el año pasado, el Gobierno Regional y la Municipalidad Provincial de Arequipa dejaron sin ejecutar S/ 25.9 millones y S/ 16 millones, respectivamente. Pero el problema no se limita al dinero no gastado: también incluye los millones de soles mal invertidos. Un ejemplo evidente es el muro de contención construido en la torrentera de Chullo, del cual hoy nadie quiere hacerse responsable.

En un plano más estructural, la inestabilidad y crisis política también se hicieron evidentes durante la emergencia. Mientras Arequipa enfrentaba las inundaciones, la agenda nacional se concentraba en definir quién sería nuestro cuarto presidente en los últimos cuatro años y medio. Un presidente que, además, en medio de la emergencia, reconoció haberse enterado de la situación a través de una conversación con una radio local.

Finalmente, y para rescatar un aspecto positivo, lo ocurrido mostró la capacidad de organización y solidaridad de la sociedad civil arequipeña. A través de redes sociales, se evidenció la acción de cientos de voluntarios, que, con el apoyo de diversas empresas, se movilizaron para realizar labores de limpieza y apoyar a las familias más afectadas.

En poco más de un mes tendremos elecciones generales y, en octubre, elecciones regionales y municipales. Lo vivido nos recuerda la importancia de elegir autoridades competentes, que prioricen la seguridad y bienestar de la ciudadanía por encima de intereses de corto plazo.

Hace ya 14 años, en el hoy lejano 2012, el Perú expresó su interés en adherirse a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Desde esa fecha muchas cosas de nuestra realidad nacional han cambiado –vacancias presidenciales, cierres del congreso, y pandemia incluidos. Sin embargo, en un país con pocas políticas de Estado que perduran en el tiempo, la intención del Perú por ser parte de la OCDE se ha mantenido como una política de Estado.

Esta política de Estado debe saludarse pues representa, como el mismo gobierno reconoce, “una oportunidad para emprender reformas sustantivas de gestión y políticas públicas, sobre la base de los estándares más exigentes, orientadas al fortalecimiento institucional del Estado para brindar servicios públicos de calidad en beneficio de la ciudadanía…”. Sin embargo, los retos que como país tenemos para ser aceptados como parte de la OCDE aún son varios y significativos.

En una reciente publicación, la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES) ha sistematizado cinco alertas, dadas por la OCDE, que no podemos seguir ignorando si queremos fortalecer nuestra senda de crecimiento económico y desarrollo sostenible. Estas son:

Primero, el sistema tributario ineficaz. Recaudamos apenas el 17% del PBI, una de las tasas más bajas de la región, mientras perdemos más del 12% por evasión, informalidad y beneficios tributarios. Sin un sistema justo, simple y predecible, no hay cómo financiar salud, educación ni infraestructura. ¿Cómo sostener un Estado que gasta cada vez más, pero recauda poco?

Segundo, el gasto público ineficiente. Aunque invertimos más que el promedio de la OCDE, los resultados de nuestra inversión son alarmantes: 89% de hospitales con infraestructura inadecuada y la mitad de nuestras escuelas en riesgo de colapso son solo dos ejemplos de la ineficiencia y falta de calidad de nuestro gasto público. Como desde Videnza alertamos hace tiempo, mejorar la eficiencia en el gasto público, es tan o incluso más importante que aumentar los recursos disponibles; ¿de qué sirve añadir más agua a una tubería rota?

Tercero, la corrupción como mal endémico. Cada año nos cuesta 2.4% del PBI, más que todo lo invertido en pensiones o en la primera infancia. Este cáncer erosiona la confianza, frena la inversión y debilita las instituciones. Sin integridad, no hay desarrollo.

Cuarto, la informalidad. Siete de cada diez peruanos trabajan fuera del sistema formal. Esto limita la productividad, reduce la recaudación y perpetúa desigualdades. Formalizar no es solo un tema laboral, es una estrategia de crecimiento, que claramente requiere de nuevos enfoques a fin de no seguir fracasando.

Quinto, el deterioro fiscal. El Consejo Fiscal ya ha alertado sobre las nefastas consecuencias que una serie de Leyes aprobadas por el Congreso y validadas por el poder Ejecutivo pueden tener en nuestra sostenibilidad fiscal y nuestra credibilidad macroeconómica.

La OCDE advierte que, sin reformas, en 2070 nuestro PBI per cápita será apenas el 45% del promedio de sus países miembros. Con reformas, podríamos llegar al 65%. Iniciando un nuevo año y en medio de la campaña electoral, sería bueno exigir a los candidatos a la presidencia, y también a senadores y diputados su posición sobre el ingreso del Perú a la OCDE, y más importante aún, sobre las reformas y políticas necesarias para ingresar.

El 19 de diciembre, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) presentó su último Reporte de Inflación del año, en el que para este 2025 proyecta un crecimiento cercano a 3,3% (mayor al 3% previo), impulsado por la normalización de la demanda interna, la mejora de los términos de intercambio y la recuperación de la inversión privada. Para 2026, el crecimiento convergería hacia 3,0%, en un contexto de inflación dentro del rango meta y expectativas ancladas.

El entorno macroeconómico muestra señales favorables. La inflación cerraría 2025 alrededor de 1,5%, una de las tasas más bajas de la región, lo que permite mantener una política monetaria cercana a su nivel neutral. Asimismo, los precios internacionales de los metales —especialmente el cobre— continúan en niveles elevados, fortaleciendo la balanza comercial y generando un impulso adicional para los sectores vinculados a la minería (aunque con el nivel de precios actuales el crecimiento debería ser mucho mayor). La inversión privada, tras dos años de contracción, retornaría a tasas positivas, con una expansión estimada de 9,5% en 2025 y un crecimiento sostenido en 2026.

Sin embargo, el escenario nacional contrasta con el desempeño reciente de Arequipa. Al tercer trimestre de 2025, la región registró un crecimiento de apenas 1,5%, significativamente por debajo del promedio nacional de 3,4%. Esta diferencia evidencia una recuperación más lenta y una menor capacidad de transmisión del ciclo económico favorable hacia la actividad regional.

La desaceleración arequipeña responde a factores estructurales y coyunturales. La inversión privada regional continúa rezagada, particularmente en construcción y manufactura. El turismo, aunque en proceso de recuperación, no ha alcanzado los niveles previos a la pandemia. Y la minería —principal motor económico de la región— aunque con una cartera de proyectos futuros muy importante, cierra el 2025 con la misma capacidad productiva.

De cara al 2026, el principal desafío para Arequipa es revertir esta tendencia y recuperar su tradicional liderazgo económico. Para ello, resulta indispensable reactivar la inversión privada, condición necesaria para acelerar el crecimiento potencial y generar empleo formal. En este contexto, la continuidad del proyecto Tía María adquiere relevancia estratégica. Su ejecución permitiría aprovechar el ciclo favorable del cobre, dinamizar la cadena de valor regional y fortalecer la recaudación fiscal.

Arequipa cuenta con ventajas competitivas claras: capital humano, base empresarial sólida y un sector minero con alto potencial. Pero para que estos activos se traduzcan en mayor crecimiento, se requiere un entorno que reduzca la incertidumbre, facilite la inversión y priorice proyectos de impacto regional.

Coordinador general Videnza Instituto

En el Perú se ha instalado una narrativa peligrosa: la idea de que la política y la economía transitan por cuerdas separadas. Que la inestabilidad institucional no afecta el bolsillo de los ciudadanos. Que, pese a la crisis política, la economía sigue su curso. Esta afirmación no solo es equivocada, sino costosa.

Hoy –como lo comentaran en la última edición del Perumin, Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú y Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Videnza Instituto– atravesamos los mejores términos de intercambio en 75 años. Los precios internacionales de nuestros productos de exportación están en niveles históricamente altos. El oro, por ejemplo, ha superado los 4 000 dólares la onza, cuando hace apenas un año costaba menos de la mitad. Perú es el segundo productor de oro en Latinoamérica. Sin embargo, el principal beneficiado parece haber sido la minería no formal, cuyo valor de producción pasó de 1 202 millones de dólares en 2014 a más de 7 300 millones en 2024. Un crecimiento que escapa al control del Estado y que no se traduce en ingresos fiscales para regiones y municipios.

La historia ofrece lecciones. En el mismo Perumin 37, Julio Velarde recordó que, en los años 50, con términos de intercambio como los que tenemos hoy en día, el Perú creció 8.8 % en 1950 y 9.3 % en 1951. Fue una época de gran inversión pública: hospitales, unidades escolares, estadios, viviendas. El Estado supo canalizar los ingresos fiscales hacia el desarrollo. Hoy, en cambio, crecemos apenas 3 %. Para reducir la pobreza de manera sostenida, necesitamos crecer al menos 5 %. Pero no lo logramos, y la pobreza sigue aumentando. Desde 2019, casi tres millones de peruanos han caído en situación de pobreza. Y no, no solo fue la pandemia, la tasa de pobreza también creció en 2022 y 2023.

La inseguridad es quizás un ejemplo más concreto del costo de la inestabilidad. En el país la inseguridad se ha vuelto la principal preocupación de los peruanos. En Arequipa, la tasa de victimización pasó de 15 % en 2021 a 34 % en 2024, la más alta en una década. Sin embargo, desde julio de 2021 hemos tenido 15 ministros del Interior, con una duración promedio de apenas 3.6 meses. ¿Cómo se puede implementar una estrategia de seguridad con ese nivel de rotación?

La inestabilidad política tiene consecuencias concretas, ya sea con costos directos y concretos, o con grandes costos de oportunidad de los que a veces parece no somos tan conscientes. Es una traba para la inversión, un freno al crecimiento, una amenaza para la seguridad y un obstáculo para reducir la pobreza. En las elecciones que vienen pensemos en esto, con sentido de oportunidad, analizando las opciones con calma. El costo de no hacerlo ya vivimos hoy.

En sus extensos discursos del 2024 y 2025, Dina Boluarte dedicó algunos breves minutos a Petroperú. A pesar de acumular salvatajes con fondos públicos por más de S/ 24 mil millones desde 2013, la quebrada empresa estatal mantiene la confianza intacta del gobierno. Los anuncios por parte de la presidenta contrastan con la realidad y evidencian el incumplimiento de muchas de las medidas anunciadas hace 12 meses.

En ambos discursos la presidenta destacó que Petroperú es la primera y única empresa del Estado en el subsector hidrocarburos, cuyo objetivo estratégico es abastecer el mercado de forma eficiente, oportuna y rentable. En 2025, sin embargo, quizás en un acto involuntario de sinceridad, dejó de mencionar la palabra “rentable” y la cambio por “competitiva”. Y es que hablar de Petroperú y rentabilidad resulta ya intolerable para una empresa que registró pérdidas de 8.2 % en 2024 y que proyecta perder 223 millones de dólares en 2025.

En 2024 la presidenta anunció “acciones de reestructuración e implementarán estrictas medidas de austeridad, tales como el traslado del personal de Lima hacia Talara, la venta de algunos activos, entre otras”. Igualmente, también ofreció asegurar un “financiamiento responsable, austeridad y un gobierno corporativo”. En 2025, lejos de mostrar resultados, el ofrecimiento de restructuración, liquidez y austeridad se repitió sin cambios tangibles, lo que evidenció la falta de resultados concretos.

Como ejemplo, una de las medidas de austeridad resaltadas por el presidente de su directorio, Alejandro Narváez, ha sido un plan de retiro voluntario, implementado para reducir costos operativos. Hasta mediados de julio, aproximadamente, según el propio Narváez, 30 trabajadores se han adherido a este plan. Cifra que resulta por demás insignificante para una empresa que al 2022 registraba más de 2 500 empleados directos.

Alarmante resulta que incluso en el discurso, se haya dejado de lado la necesidad de un gobierno corporativo. Esta necesidad es indispensable para tener oportunidad, si aún la hay, de restructurar efectivamente a la empresa estatal. Además, de evitarnos pedidos absurdos que pueden ser anecdóticos, pero dicen mucho de la calidad de su directorio. Por ejemplo, echar la culpa de sus altos costos financieros al Banco Central, cuando sus principales acreedores son del extranjero y su calificación crediticia ha sido reducida a “bono basura”.

Para este año, la novedad en el discurso de la presidenta respecto a Petroperú estuvo entorno a un acuerdo interinstitucional con Petroecuador “para la compra directa de petróleo sin intermediarios, la venta directa de diésel, gasolinas y asfaltos peruanos a Petroecuador y la interconexión de campos petroleros ecuatorianos con el oleoducto norperuano”. Este anunció, según lo mencionado por algunos expertos, corre el riesgo de no pasar de una promesa más, sobre todo por la situación actual del oleoducto norperuano. Quizás por ello en la prensa ecuatoriana no se ha mencionado absolutamente nada al respecto.

En definitiva, Petroperú representa un caso paradigmático de cómo las promesas incumplidas y la falta de resultados concretos erosionan la confianza en las instituciones públicas. Sin un compromiso real con la austeridad, la eficiencia y una profunda reestructuración, la empresa –más allá de lo que se pueda anunciar en discursos y medios– continuará siendo una carga insostenible financiada por todos los peruanos.

Hace un par de semanas el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) dio a conocer los resultados del informe de pobreza 2024. A nivel nacional, el porcentaje de pobreza monetaria se redujo de 29.1 % a 27.6 %; lo que significa según el propio jefe del INEI que aproximadamente 386 mil personas dejaron de estar en situación de pobreza.

En Arequipa, sin embargo, la situación es distinta, entre 2023 y 2024 la pobreza en Arequipa se incrementó en 1.9 puntos porcentuales, pasando de 13.9 % a 15.8 %; esto significa que aproximadamente 16 mil personas pasaron a estar en situación de pobreza. La situación se vuelve más alarmante si consideramos que este es el tercer año consecutivo en el que la pobreza aumenta en Arequipa. De hecho, el número total de pobres en Arequipa se ha más que triplicado, pasando de aproximadamente 81 mil en 2019 a 252 mil en 2024.  

Antes de la pandemia, en 2019, Arequipa registraba una tasa de pobreza del 6 %, la segunda más baja a nivel departamental, solo detrás de Ica. En 2020 la tasa de pobreza se triplicó, saltando a 18.6 %, luego en 2021 se redujo a 12.1 %, desde entonces la tasa creció hasta el 15.8 % del 2024. Así Arequipa en el 2024 ya no se encuentra en el segundo lugar de menor pobreza, sino en el quinto por detrás de Ica, Moquegua, Madre de Dios y Lambayeque.  

Existe consenso entre la mayoría de los expertos de que la mejor forma, sino única, de reducir la pobreza sostenidamente es a través del crecimiento económico y la generación de empleo. En 2024, el PBI arequipeño creció apenas 0.2 % comparado con el 3.3 % nacional. Por su parte, la tasa desempleo en el departamento creció de 5.2 % a 7.3 % siendo la segunda más alta entre los departamentos del país. Así, el crecimiento económico limitado y el aumento del desempleo han generado un impacto directo en el bienestar de los arequipeños, dificultando la salida de la pobreza.

Vemos que Arequipa necesita con urgencia reactivar su economía para generar más puestos de trabajo y lograr así mejores condiciones de vida para los arequipeños. En este sentido, la inversión privada es clave. Existen en Arequipa proyectos emblemáticos como Majes Siguas II, Tía María o Zafranal que se han visto por años postergados. La reactivación de estos proyectos – junto con la realización de otros nuevos como las plantas de generación solar y producción de hidrógeno verde– no solo representa una oportunidad económica para Arequipa, sino una necesidad urgente para revertir la tendencia de crecimiento de la pobreza en la región.

VIDENZA INFORMA

El turismo es, sin duda, una actividad clave para el desarrollo económico de Arequipa, la reducción de la pobreza y la generación de empleo. Durante 2023, el último año con datos disponibles, aproximadamente 1 de cada 10 integrantes de la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada en Arequipa trabajaba en el sector turístico.

Lamentablemente, la pandemia y la crisis social generada tras el fallido golpe de estado de Pedro Castillo afectaron gravemente a este sector. Como indica Juan Stoessel, uno de los principales expertos en turismo del país, “somos el único país que no está en guerra y que aún no ha regresado a los números prepandemia en el sector turístico”.

En este contexto, una buena noticia para Arequipa es que, según proyecciones propias utilizando la última información disponible del Mincetur, al cierre de 2024 el sector turístico en la región finalmente estaría alcanzando o superando las cifras registradas antes de la pandemia. Así, durante el último año, las visitas al valle del Colca podrían haber superado por primera vez las 300 mil, en comparación con las 298 mil registradas en 2018. Asimismo, las visitas al monasterio de Santa Catalina, durante 2024, estarían alcanzando los niveles vistos en 2019, alrededor de 248 mil visitas. Finalmente, el movimiento general de pasajeros en el Aeropuerto Internacional Alfredo Rodríguez Ballón habría superado los 2 millones de pasajeros en 2024, siendo la cifra más alta registrada hasta la fecha, en comparación con los 1 millón 990 mil pasajeros de 2019.

Así, con miras a la recuperación del empleo en la región –al tercer trimestre de 2024 la tasa de desempleo en la ciudad de Arequipa fue del 8%, por encima del 5.3% registrado a nivel nacional– será clave consolidar la recuperación del sector turismo en la región. Si bien esta recuperación depende en parte de factores ajenos a las responsabilidades de las autoridades regionales, como la conflictividad social en el país; Rogers Valencia, en el libro Propuestas para el Bicentenario: rutas para el desarrollo regional, identifica una serie de medidas a las que las autoridades regionales y locales debieran dar especial importancia:

• Tener en cuenta que los principales problemas identificados por turistas son el tránsito, el desorden y la limpieza.
• Priorizar inversiones relativamente pequeñas, pero de potencial gran impacto en el sector: (i) mejorar la salida desde Arequipa al circuito del Colca; (ii) ampliar a cuatro carriles la vía Arequipa – Yura; (iii) asfaltar la carretera de Arequipa hacia el volcán Misti por Cabrerías.
• Mejorar el posicionamiento del Cañón del Colca como destino turístico. Por ejemplo, el desarrollo de caminatas especialmente en zonas como Llaguar, Phure, Malata, San Juan de Chucchu y Tapay puede generar empleo, dispersar el gasto turístico entre diferentes comunidades y contribuir a la inclusión social de estas.

Medidas concretas como las anteriores pueden apoyar a que el turismo se convierta efectivamente, junto con los sectores minero, agroindustrial y energético, en uno de los motores de la recuperación de la economía arequipeña.

VIDENZA INFORMA

Sin lugar a duda, la inseguridad ciudadana se ha convertido en una de las principales preocupaciones –sino la principal– en el día a día de los arequipeños. Así lo demuestran los resultados de una encuesta de IPSOS encargada por Videnza, realizada a fines de julio de este año, en 6 ciudades del país. Según los resultados de esta encuesta, para el 59% de los arequipeños encuestados la principal preocupación de su vida diaria es el sentirse inseguro por la delincuencia.

Esta preocupación se ve justificada por los datos sobre victimización que publica periódicamente el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). De acuerdo con estos, durante el primer semestre del 2024, la tasa de victimización en Arequipa alcanzó su nivel más alto desde el 2015. Así, al 30 de junio de 2024, el 36.4% de arequipeños mayores de 15 años en el área urbana fue víctima de algún hecho delictivo. Estos resultados evidencian un alarmante crecimiento en la tasa de victimización pasando de 15% en 2021, a 26.1% en 2022, 29.2% en 2023; y finalmente el ya mencionado 36.4% al primer semestre de 2024.

En contraste con otras regiones del país, el nivel de victimización en Arequipa, durante el primer semestre del 2024, fue el tercero más alto del país; solo por debajo de Puno (38.4%) y Cusco (36.7%). Asimismo, Arequipa se encuentra por encima del promedio de victimización a nivel nacional, 27.7%.

Las cifras muestran, además, que desde por lo menos el 2015, es la primera vez que Arequipa se ubica entre las tres regiones con más alta tasa de victimización del país. Si bien estos resultados pueden llamar la atención –pues en la percepción generalizada de la población la delincuencia es mayor en las regiones del norte como La Libertad o Piura– podría haber una explicación en el mayor nivel de violencia de la delincuencia en el norte; nivel que hace más notorio el accionar delincuencial del norte en las noticias nacionales.

Así, los datos de victimización y la percepción de la población dejan en claro la importancia del problema de inseguridad en el país. Lamentablemente por parte del Estado no se observa una respuesta adecuada al problema. Por ejemplo, en Lima, luego de semanas de atentados contra el transporte urbano, que generó un paro de transportistas, el ejecutivo reaccionó declarando el Estado de Emergencia en 14 distritos de Lima y Callao por 60 días, con el fin de proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general y el desarrollo integral y equilibrado de la Nación.

Al respecto existe ya evidencia rigurosa de que la declaratoria de estados de emergencia, sin una estrategia de inteligencia detrás no sirven. Por ejemplo, una investigación de Wilson Hernández, experto en crimen de GRADE, concluyó respecto de estados de emergencia previos, que “Los estados de emergencia del Gobierno no son efectivos. La delincuencia solo se desplaza (…); aumenta en los alrededores y una vez que culmina la medida regresan al mismo lugar”.

Requerimos entonces, medidas efectivas y no efectistas; medidas con inteligencia y una estrategia detrás; medidas que consideren las recomendaciones de expertos nacionales, así como la evidencia nacional e internacional. No podemos seguir enfrentando a la principal preocupación de los peruanos con recetas que ya han demostrado no ser útiles.