RERUM NOVARUM

Perú entra en el tramo final de su contienda presidencial en un escenario que trasciende la competencia electoral tradicional. Más que una disputa entre el programa o estilos de gobierno, lo que está en juego son dos tensiones persistentes en la sociedad peruana, el temor a la incertidumbre y el peso de la memoria histórica.

Fujimori llega a esta segunda vuelta con argumentos claros y activos políticos. Su estructura partidaria está consolidada, tiene mucha visibilidad política, un electorado relativamente definido.  Su fortaleza se concentra, en tener un respaldo en sectores urbanos – especialmente en Lima – y en sectores de ingresos medios y altos, que priorizan la estabilidad económica y la previsibilidad. Resulta particularmente eficaz en un contexto marcado por la fatiga política de desconfianza.

Sin embargo, su candidatura está condicionada por un factor estructural: el rechazo. El legado del fujimorismo continúa asociado para amplios sectores a prácticas autoritarias y episodios de corrupción.  Este pasado limita su capacidad de ampliar apoyos y reactiva temores sobre su concentración del poder actual y futuro, especialmente en un contexto de alta sensibilidad institucional como el actual Congreso, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, etc.

Existe, además, un “antivoto” consolidado que no responde a coyunturas pasajeras, sino a una memoria política arraigada. En este tramo final, su estrategia no parece orientarse tanto a expandir su base como a contrastarse con su rival buscando capitalizar el temor al cambio.

Sánchez, en contraste, encarna una corriente política, que emerge desde la periferia. Su base de apoyo se encuentra en regiones rurales andinas, donde la pobreza y crecimiento económico en las últimas décadas ha sido percibida como incompleta y excluyente. Para estos sectores, la elección representa una oportunidad de reconocimiento y de cambio. Sus propuestas, como las reformas estructurales, incluyen la posibilidad de un cambio constitucional, que conectará con demandas históricas que han sido postergadas en la agenda nacional.

Esta posición le otorga a Sánchez un mayor potencial de crecimiento, especialmente en los votantes que buscan una alternativa al statu quo o rechazan el retorno al fujimorismo. Sin embargo, este mismo impulso genera inquietudes en otros sectores particularmente en las clases medias urbanas. Allí, su candidatura es percibida con cautela, sobre la estabilidad económica, la gobernabilidad y la capacidad de gestión, en un contexto donde el temor suele imponerse sobre las expectativas.

Quien resulte electo, inevitablemente, enfrentará un entorno adverso. Un gobierno de Fujimori podría verse tensionado por resistencias sociales en territorios donde su legitimidad y autoridad sería cuestionada. Un eventual gobierno de Sánchez, por su parte, deberá lidiar con presiones económicas, un Congreso fragmentado y el desafío de construir confianza más allá de su base electoral.

En última instancia, esta elección no solo definirá un liderazgo, sino que pondrá en evidencia el estado de la democracia peruana. Más que resolver sus fracturas, el proceso electoral parece confirmarlas. Queda abierta una pregunta: si en algún momento podremos transitar de una política dominada por el temor y la memoria hacia una guiada por acuerdos y horizontes compartidos. Mientras tanto, el ciudadano común padece la inseguridad y percibe que las decisiones económicas siguen estando lejos de su control.

RERUM NOVARUM

En una remota ciudad, un emperador obsesionado con la moda fue engañado por dos hábiles estafadores. Le prometieron una tela mágica, invisible para los necios o para quienes no eran aptos para su cargo. Fascinado por la posibilidad de poner a prueba a su corte, el soberano financió la confección del traje. El día del desfile, marchó completamente desnudo ante su pueblo. La multitud elogió lo inexistente, hasta que un niño rompió el hechizo: “El emperador está desnudo”.

No hace falta repetir el cuento para entender su vigencia. En el Perú reciente, la disputa política de los resultados de esta primera elección ha mostrado un fenómeno similar. Sectores enteros prefieren sostener narrativas sin evidencia antes que asumir derrotas o errores estratégicos, no solo por convicción, sino por presión social.  Muchos callan o repiten la versión de su “tribu” política – aunque no vean pruebas claras – por temor a ser señalados, cancelados o excluidos de sus círculos. Sin embargo, no toda denuncia es falsa, ni toda duda es conspiración. La discusión pública se degrada cuando la prueba es reemplazada por la identidad política. Ahí es donde la institucionalidad – tribunales, organismos electorales y auditorías – debería operar como ese “niño incómodo” que introduce hechos verificables en medio del ruido.

Ese momento incómodo es el choque con la realidad. En el terreno electoral, las denuncias sin sustento terminan tarde o temprano por exhibir su propia fragilidad. Ocurrió en el proceso en que Pedro Castillo se impuso a Keiko Fujimori: las acusaciones fueron llevadas a instancias judiciales sin que lograran acreditarse de manera concluyente.

La marcha puede continuar y “chambelanes” pueden seguir sosteniendo una cola inexistente. Pero la realidad acaba rompiendo la farsa, incluso cuando sus protagonistas decidan sostenerla hasta el final.

El problema es más profundo que una elección: revela la fragilidad de una cultura política que premia la lealtad emocional por encima de la verdad comprobable. Mientras eso no cambie, el país seguirá oscilando entre relatos que movilizan y realidades que se prefieren evitar.

Esa fragilidad cultural se ve agravada por un andamiaje legal que parece bosquejado para el conflicto, del cual resulta un diseño institucional que incentiva la fragmentación y la inestabilidad. Podemos citar sobre ello, las leyes y normas; como la prohibición de la reelección parlamentaria, el uso de la incapacidad moral permanente, el voto preferencial, etc.  

Las consecuencias son visibles. Se ha configurado un sistema cercano a una “vetocracia”, donde minorías organizadas pueden bloquear decisiones mayoritarias, erosionando la gobernabilidad. El Estado conserva su forma – ministerios, normas, presupuestos – pero pierde eficiencia: para muchos ciudadanos; sigue siendo un aparato distante frente a problemas concretos como la salud o el empleo.

Cuando unos pocos no pueden gestionar el bienestar de los muchos, estos terminarán por desentenderse de aquellos. El Perú no necesita más sastres que prometan telas invisibles, sino un acuerdo político básico que restituya la confianza en hechos verificables. Sin ese mínimo común, seguimos discutiendo relatos mientras la realidad – como el niño del cuento – insiste en decir lo evidente.

Desde la Atenas de Pericles, donde la democracia era al mismo tiempo un ideal elevado y una práctica frágil, sometida a las pasiones de la asamblea y a los vaivenes del poder, hasta el Perú contemporáneo, se repite una tensión esencial: la libertad de elegir no garantiza por sí misma la calidad de lo elegido. Así como en la Atenas del siglo V a.C. la participación ciudadana exigía virtud cívica y responsabilidad para no caer en la demagogia, hoy, frente a una nueva votación en el Perú, el desafío no es solo acudir a las urnas, sino hacerlo con criterio, memoria y conciencia del bien común, entendiendo que la democracia no se sostiene únicamente en el derecho al voto, sino en la madurez de quienes lo ejercen.

La democracia se valora en la medida en que asegura la participación de los ciudadanos en la vida política y garantiza a los gobernados la posibilidad de elegir y controlar a sus propios gobernantes, o bien de sustituirlos oportunamente de manera pacífica. Como recordaba Juan Pablo II, su esencia radica en permitir la alternancia sin violencia. Por ello, resulta incompatible con la formación de grupos restringidos que, movidos por intereses particulares o afinidades ideológicas, busquen capturar el poder del Estado.

Desde esa premisa, la democracia no puede tolerar la conformación de alianzas cerradas que, guiadas por intereses particulares, terminen por distorsionar el funcionamiento del Estado. Más que recurrir a etiquetas, conviene observar los hechos: patrones de votación coincidentes, decisiones legislativas que debilitan la lucha contra la delincuencia y la corrupción, o la renuencia sistemática a ejercer mecanismos de control político frente a autoridades cuestionadas. Es en ese terreno —el de la evidencia— donde deben evaluarse en distintos grados y responsabilidades las fuerzas políticas, incluyendo sectores del Fujimorismo, el Acuñismo y de Renovación, donde deben medirse responsabilidades concretas, sin excepciones ni blindajes.

La democracia no termina en el ánfora de la votación; es una vigilancia constante que se renueva día a día. Cuando el cálculo político prevalece sobre el interés público, se erosiona la confianza ciudadana y se vacía el contenido de la representación democrática.

La tolerancia frente a conductas impropias en la función pública, cualquiera sea su gravedad, no solo debilita al Estado, sino que además envía un mensaje de impunidad incompatible con el Estado de derecho.

La democracia no se agota en el acto electoral: el voto es apenas su punto de partida. Su vitalidad reside en una vigilancia constante, en una ciudadanía activa y en instituciones que funcionen con autonomía real. Ello exige un equilibrio efectivo entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como organismos electorales independientes y una Defensoría del Pueblo capaz de actuar sin presiones.

En este contexto, la lección que se desprende desde Pericles hasta el Perú actual es clara: la democracia no cae de golpe, se erosiona cuando la ciudadanía deja de exigir. Ante la próxima votación, el país no solo elige autoridades, se elige a sí mismo. Porque al final, no tendremos la democracia que prometen los discursos, sino la que decidimos tolerar o defender con nuestro voto.

Dios nos ayude.

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) es, probablemente, la institución más sólida y creíble del Estado peruano. Su prestigio no se limita al ámbito nacional: también goza de reconocimiento en los mercados y organismos internacionales. Esta se debe al marco constitucional que la protege – desde la Constitución Política del Perú de 1979 y hasta la Constitución Política de 1993 – que le otorga autonomía de los vaivenes políticos y las tentaciones demagógicas que con frecuencia dominan la vida pública.  A ello se suma el liderazgo técnico sostenido durante décadas, que ha permitido preservar la continuidad de la política monetaria.

En los últimos veinte años, el BCRP ha operado como el ancla de un barco que atraviesa una tormenta política permanente. Su autonomía – reforzada tras el trauma de la hiperinflación de los años ochenta – permitió adoptar una política monetaria basada en metas explícitas de inflación, la llamada “inflación meta”. Mientras varios países de la región enfrentaban episodios de volatilidad o espirales inflacionarias, el banco consolidó al sol como una de las monedas más estables de América Latina.

La política peruana de las últimas décadas se define como una paradoja: crecimiento sin desarrollo. El crecimiento económico es condición necesaria para el desarrollo, pero no lo garantiza. El desarrollo implica algo más amplio, lo que mide el índice de desarrollo humano: salud, educación, empleo digno y esperanza de vida. En este periodo el país ha visto pasar más de media docena de presidentes, enfrentamientos entre los poderes del Estado, cierres del Congreso y una fragmentación partidaria que roza lo absurdo. Sin embargo, variables macroeconómicas clave – reservas internacionales, deuda pública o estabilidad cambiaria – se mantuvieron relativamente sólidas.

Ese contraste revela uno de los rasgos más dramáticos de la realidad peruana: mientras la política vive en crisis recurrente, la economía macro ha avanzado con cierta estabilidad. Pero esa estabilidad no siempre se traduce en bienestar cotidiano para todos los ciudadanos. Durante años, la economía avanzó por un carril distinto al de la representación política, lo que permitió preservar la estabilidad monetaria, aunque también evidenció la incapacidad del Estado para transformar ese orden macroeconómico en servicios públicos de calidad.

Hoy ese límite aparece con mayor claridad. El gran lastre del crecimiento potencial ha sido la degradación de la política. Aunque el BCRP logró evitar crisis monetarias incluso en medio de escándalos como el caso Lava Jato en Perú, las constantes crisis presidenciales, las vacancias y el ruido institucional han golpeado la confianza empresarial y frenado reformas económicas más profundas. La clase política, concentrada en su supervivencia inmediata, ha terminado delegando de facto la estabilidad económica en el banco central.

Un viejo refrán alemán dice que algunos discuten el color de las cortinas del segundo piso mientras el incendio devora el primero. Algo parecido ha ocurrido en el Perú. El BCRP ha funcionado como un extintor eficaz en una casa donde los inquilinos siguen jugando con fósforos. Pero la estabilidad monetaria, aunque indispensable, no basta para construir desarrollo. La lección tras dos décadas es clara: una institución técnica brillante puede evitar una crisis cambiaria, pero no puede reemplazar la ausencia de un verdadero proyecto de Estado.

La estabilidad monetaria puede sostener la casa por un tiempo, pero tarde o temprano el país tendrá que decidir si quiere seguir apagando incendios o empezar, de una vez, a reconstruir la casa.

Se recuerda gratamente la visita del papa Francisco al Perú. Nos dejó un legado permanente en su encíclica “Laudato sí” (2015), un llamado a entender que los llamados “desastres naturales” no son hechos aislados, sino síntomas de una crisis socioambiental agravada por el cambio climático y la contaminación. Vincula la degradación ambiental con el sufrimiento de los más pobres y exige una conversión ecológica acompañada de decisiones políticas urgentes. Es una llamada de atención a los políticos, autoridades y ciudadanos.

La encíclica subraya que los fenómenos extremos no son meras fatalidades: su intensidad responde a modelos de producción y consumo irresponsables. El papa presenta al planeta como “hermana y madre tierra”, una imagen potente que interpela nuestra conciencia cuando la dañamos: la respuesta llega en forma de crisis climáticas que revelan el costo de nuestra indiferencia. Si la tierra responde en forma violenta, es por la acumulación de negligencias.

Si bien no todos los desastres pueden evitarse, muchos pueden mitigarse. Sin embargo, cuando ocurren, golpean con mayor fuerza a los más vulnerables. En nuestra realidad local, las inundaciones recientes muestran una verdad incómoda: la ayuda suele llegar primero a los sectores con mayor visibilidad política y económica, mientras que en la periferia la espera se prolonga o la asistencia es insuficiente.

En Arequipa en las últimas lluvias de febrero, se reactivaron los riesgos en las torrenteras. Muchas familias, empujadas por la necesidad de vivienda y cercanía de servicios, construyen en zonas de alto riesgo. Las advertencias existen, pero raras veces se traducen en políticas efectivas de reubicación y planificación. Mientras algunas áreas cuentan con estudios y obras de ingeniería, que amplían zonas de urbanización, otras permanecen expuestas. El resultado es recurrente: pérdidas humanas irreparables y daños materiales difíciles de reconstruir.

Construir en zonas riesgosas revela una tensión: el ritmo del crecimiento urbano supera nuestra capacidad de adaptarnos responsablemente al entorno. No se trata sólo de necesidad sino de planificar, fiscalizar y contar con una real autoridad. Hay una ausencia de cultura preventiva que armonice desarrollo y naturaleza.

No se trata de desafiar a la naturaleza, sino de convivir con ella. Las inundaciones son el cauce que el agua reclama desde siempre. El viejo dicho popular lo resume con crudeza: “Dios perdona, el hombre a veces; la naturaleza, no”. No es fatalismo, es advertencia.

La solidaridad no puede reducirse a la emergencia. Debe traducirse en políticas sostenidas: reducción de contaminación, impulso a energías renovables, ordenamiento territorial efectivo y un estilo de vida más sobrio y sostenible. La conversión ecológica que plantea el Papa es espiritual; es una tarea cívica impostergable.

Arequipa no puede seguir reaccionando ante emergencias: tiene que anticiparse, prevenir. Porque cuando la naturaleza pasa la factura, ya es tarde para discursos políticos. 

Tras un cuarto de siglo de dudas, se cerró el acuerdo político entre Mercosur y la Unión Europea (UE), pero aún no está plenamente ratificado, paso del papel a la tinta. Sin embargo, al momento comenzaron las protestas, no del Sur, donde el festejo se tradujo en samba o tango. Sino países de la Unión Europea, como los tractores franceses o las trilladoras polacas, por mencionar algunas. Además, hubo resistencia de subsectores en especial sobre carnes y su consumo.

Se logro en el aspecto legal, pero el asunto es la implementación que se verá en el Tribunal de la UE las observaciones que son de índole de subsidios, aranceles, etc. Mientras, hay que esperar que los países del Sur aprueben en sus respectivos fueros; los ministerios y congresos. Pero el asunto será una realidad cuando salga el primer contenedor producto del acuerdo.

Para países como el Perú, este no es un asunto ajeno, hay un refrán africano que dice; “cuando pelean los elefantes, es la hierba – o las hormigas – la que sufre”. Perú con una participación del 0.3% del comercio global, observa desde la tribuna como este “elefante” representa una cuarta parte del PBI global. En un mundo de grandes bloques de economías, la realidad no solo es la firma de un papel, sino la capacidad de las economías más pequeñas para no ser aplastadas por el proteccionismo de los grandes.

Viendo que el acuerdo Mercosur-UE es un elefante que avanza a paso lento y pesado, Perú no puede darse el lujo de la inercia. Para una economía que representa una mínima fracción del comercio mundial, la supervivencia, no depende de la fuerza bruta, sino de la agilidad estratégica, en los aspectos de innovación y diversificación.

Esa hormiga, mientras que el elefante; los gigantes de Mercosur (Brasil y Argentina) compiten por el mercado de commodites masivos y carne a gran escala, debemos profundizar en nichos de alto valor. No podemos competir con los extensos pastizales de argentina o la escala de producción de los brasileños, pero sí podemos liderar en estándares orgánicos, certificaciones ambientales y alimentos de “densidad nutricional altos”, como la quinua, maca, quiwicha, etc., y otros productos del sur, como Arequipa, lo que se llama “superfoods”. La meta es ser proveedor en variedad y calidad, ser el proveedor indispensable de lo que el consumidor europeo exige y que el productor masivo no puede ofrecer.

La unión de pequeños hace un ejército poderoso. Se tiene la consolidación de un bloque atlántico tan masivo, que debemos retomar e impulsar la Alianza del Pacífico. Si el Mercosur mira hacia Europa, nosotros debemos mirar que el bloque del Pacífico sea el contrapeso dinámico que facilite el acceso a Asia. Ver la seguridad económica peruana reside en poner la mayoría de los huevos en la canasta transpacífica, sin dejar de mirar a todos lados, en ello no son excluyentes los mercados de Europa y Asia.

Son dos años de pausa aproximadamente en el Tribunal de la UE, ese tiempo sería para nosotros una ventana de oportunidad. Uno de los principales reclamos europeos contra el Mercosur es la sostenibilidad y los estándares laborales. Tenemos la oportunidad de adelantarnos, mejorando la normatividad interna para que, cuando el “elefante” camine y empiece a trote, nuestras exportaciones ya cumplan con las exigencias del mañana, no con las de ayer.  

Ser pequeño económicamente no es una condena, es una oportunidad. Exige inteligencia que debe tener coherencia en políticas públicas y capacidad de anticipación. Mientras que los elefantes pelean sus términos de su unión, la hormiga debe construir túneles, caminos alternativos que la lleven a nuevos mercados antes que el suelo empiece a temblar.

La política no es un espectáculo, ni una carrera de ambiciones. La política es, o debería ser, servicio y el Estado su principal instrumento que existe para servir a la comunidad no para servirse de ella. Sin embargo, cada campaña electoral vuelve a repetirse la misma escena: candidatos que hablan con destreza de seguridad, pobreza y dignidad, pero al llegar al poder no aciertan en ninguno de los tres.

En los pueblos jóvenes y barriadas no falta coraje. Falta Estado, falta un Estado que no estorbe, que no complique, que no persiga al que quiere trabajar. Gente que sale cada mañana a ganarse la vida, no necesita discursos, necesita reglas claras, trámites simples, seguridad para emprender y condiciones para ahorrar. La informalidad no es vocación: es imposición.

El Estado que el país necesita debe ser eficiente y eficaz. Un Estado al servicio de la persona humana, que proteja su intimidad, sus derechos y su libertad. No para controlarla, ni para usarla como medio político. Fuerte en autoridad; pero no autoritario, firme en la ley pero sin arbitrariedad. Capaz de imponer orden y combatir el crimen sin violar derechos humanos.

Debe ser subsidiario, no paternalista. Intervenir cuando la familia, la comunidad o la sociedad civil no pueden, y retirarse cuando sí pueden. Las ollas comunes y los comedores populares son expresiones de solidaridad necesarias en la emergencia, pero no pueden convertirse en una política permanente. El asistencialismo eterno genera dependencia, clientismo y abuso. Ayudar no es reemplazar. La clave es potenciar capacidades, no administrar pobreza.

El Estado debe ser promotor del bien común. No gobernar para grupos de poder y para élites ni para encuestas. Gobernar para todos, especialmente para los más vulnerable. El bien común no es el interés de la mayoría, es la inclusión del último. Es que nadie quede descartado por nacer en el lugar equivocado.

Y debe ser, sin excepciones, honesto y austero. La corrupción no es solo un delito: es una traición social. Cada moneda robada es una oportunidad robada en un niño pobre. Cada obra inflada es un hospital que no se construye, una escuela que no llega, una familia que sigue esperando.

Un Estado que no llega a la gente no existe. La cercanía no es propaganda. Es presencia en los pueblos, barrios, en el campo, en la periferia. Presencia donde hoy manda el miedo, la informalidad y el abandono. Y en esa cercanía de proteger a la familia, que no es un tema privado sino una infraestructura social. Sin familia no hay educación, no hay valores, no hay futuro. Protegerla no es conservadurismo: es sentido común.

Debe garantizar justicia social sin asfixiar la iniciativa privada. Una verdadera economía social de mercado: empresa privada, responsabilidad social, reglas claras y Estado vigilante. Sin inversión no hay empresas; sin empresas no hay trabajo; sin trabajo no hay ingresos; sin ingresos hay pobreza. Y donde hay injusticia, no hay paz.

En síntesis, el Estado de ser servidor, justo, cercano, honesto y con visión. Ni debe ser autoritario. Ni ausente ni asfixiante. La política no está para administrar la resignación, sino para organizar la esperanza. Y hoy, más que promesas, el país necesita convicciones.

“El hijo de un rey se rebeló contra su padre y fue desterrado. Pasado un tiempo el rey se apiadó de su hijo y mandó por él. Tras una larga búsqueda fue hallado por uno de los mensajeros, muy lejos de su patria. Estaba en la posada de una aldea, vestido con una camisa harapienta y danzando descalzo en medio de los campesinos borrachos. El cortesano le saludó y le dijo: Tu padre me ha enviado a preguntarte qué es lo que deseas. Cualquier cosa que anheles, está dispuesto a concedértela. El príncipe comenzó a llorar. ¡Ay!, exclamó. ¡Si tan sólo pudiera tener algo de ropa abrigada y un par de fuertes zapatos!”.

Así es, agregó Rabí Búnam, cómo nosotros nos lamentamos por las pequeñas necesidades de cada hora y olvidamos que la divina Presencia está en el exilio.” (Búnam, 2025)

Siempre cambiando de constituciones como si fuera ropa y zapatos. La constitución del 79 era muy humana, con fundamento para poder defenderla y dar leyes sólidas, que busquen el bien común. Ahora tenemos una nueva constitución que, si bien se han hechos grandes avances en los negocios, acuerdos, contratos, inversiones, no ha resuelto el problema de la pobreza, la ignorancia, la enfermedad y esta corrupción actual.

Hoy vemos las elecciones como la puerta de salida de estos grandes problemas que deberían unirnos para enfrentarlos juntos, pero vemos como el modelo y la propuesta de las elecciones se prestan a darse alianzas para llegar al poder y luego dar espacio para los arreglos y contubernios, que tarde o temprano terminan de hacer tristemente célebres aquellos que piensan que la verdad no saldrá a luz nunca.
La actual constitución no tiene fundamento como la de 1979, que poseía un verdadero preámbulo, fundamento. La vigente, 1993, no tiene base; se encuentra solamente un Dios nos ayude. En ella dice sobre los partidos y las alianzas lo siguiente:

“Artículo 35. Los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente o a través de organizaciones políticas como partidos, movimientos o alianzas, conforme a ley. Tales organizaciones concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular…”

Esas palabras, junto a leyes y modelos electorales, han desembocado en esta realidad de tener unos treinta o cuarenta partidos. En ellos existen varias clases de partidos, unos son lamentablemente organizaciones criminales, que falsifican firmas a diestra y siniestra. Otros, son unas máquinas electorales que surgen de acuerdo al momento, donde se debe recuperar la inversión inicial y obtener utilidades. Además, se dan en el fondo uno que otro partido político, pero que tienen legalidad con poca o escaza vida partidaria. En resumen, el panorama electoral es sombrío, para otros un caos.

Unos dicen al final que se votará por tal o cual personaje. Se confunde una vida empresarial o una trayectoria en la sociedad o farándula, y así… es un largo etcétera. Pero en el fondo, se quiere suplir una trayectoria de generosidad, honradez, eficiencia y eficacia, llegando a acuerdos con partidos, no interesa si son verdaderos o no, solo se necesitan para llegar al triunfo.
Recordemos que la política es un servicio a la comunidad y ser político es servir, no servirse de los demás. Hay que ver bien, tenemos que involucrarnos y ser responsables, al elegir. Sino siempre buscaremos ropa y zapatos…

Basadre nos decía que el país nace en un abismo social y un Estado empírico, y Rubén Vargas Ugarte, que es necesario el estudio de la historia. Hoy estas dos situaciones se repiten o calzan, como si fuera ayer que se mencionaron esos temas de nuestra actual realidad nacional.

La abundancia o escases de partidos, es una total conveniencia o un caso de extrema ignorancia. La constitución de 1993 es la que comienza con el desorden, donde no se precisa claramente lo que es un partido, movimiento y alianza, de ello se puede ver en el artículo 35, mientras que en la constitución de 1979 queda con una mayor claridad el quehacer político.

Esta necesidad de salir de la informalidad a la formalidad en todos los aspectos tiene que ser en lo político ¨normar la oferta electoral¨, para ser apreciada por la demanda electoral; nosotros los votantes. Como vemos en la actualidad la oferta electoral es muy pobre, producto de la eterna crisis educativa del país, la bondad de normatividades mal pensadas, la cultura de la informalidad y la discriminación reinante en el país. 

Es pobre, es ese aspecto la constitución del 93, pero se trató de mejorarla o normarla con la ley de partidos y  con sus últimas modificaciones. En donde pasamos de la informalidad a la formalidad de existir políticamente. Era increíble que un partido que tuviese quince o treinta años a más no tenga un acta de fundación o la formalidad que aconseja y pide la ley. El orden pedido, es algo muy claro y necesario, pero esa ley asegura la formalidad, pero no la vida partidaria, es decir, las reuniones, la responsabilidad, entre otros aspectos necesarios para hacer y tener partidos robustos.

Las docenas de partidos que aumentarán seguramente en los próximos meses, podemos decir que tenemos muchos ciudadanos interesados en las próximas elecciones, y que la participación es un éxito. Pero… ¡No es así!, estamos desbordando de partidos que no aseguran superar los eternos problemas que padecemos en el país y que no solo es exclusividad de nuestra realidad, es regional el problema, con países que tienen menos o un poco más de estos.

Tantos partidos demuestran y demostrarán, que en las pasadas elecciones y las próximas, la falta de una verdadera representación nacional, el oportunismo electoral, el nacimiento y la mortandad de partidos, el fraccionamiento, etc. Todo ello lleva a un estado empírico, donde la ley electoral, la falta de educación, la impunidad y la precaria memoria de nuestra ciudadanía pasa la factura que se traduce en pobreza.

La pregunta que surge y debe tener una respuesta es ¿a quién o quiénes le conviene tener en el país a más de 35 partidos?

Cuando no hay partidos que representan verdaderamente, que no tienen cuadros bien formados, en pocas palabras una oferta electoral sólida, no puede posicionarse o debatir con la tecnocracia, el establishment o grupos de poder, dentro y fuera del país, que actualmente dirigen nuestros destinos. Esto trata de explicar como después de una crisis permanente de políticos y partidos, con corrupción declarada y endémica, se sigue creciendo en lo económico, pero no en lo político y social. Ello se traduce, en que crecemos, pero no desarrollamos nuestro país, para bien de pocos.

Tenemos una oferta electoral, dada por los partidos, voluntades expresadas en nuestro caso por una ley, que los define como: “… Los partidos políticos son asociaciones de ciudadanos que constituyen personas jurídicas de derecho privado cuyo objeto es participar por medios lícitos, democráticamente, en los asuntos públicos del país dentro del marco de la Constitución Política del Estado y de la presente ley.” (Ley 28094, 2003)

Esta ley fue un gran avance, es pasar de la informalidad de ser “partidos” a la formalidad, pero vemos que no basta hoy en día.

En la demanda tenemos la necesidad de tener una sociedad que debe ser ordenada y prospera, para ello necesitamos gobernantes, que tengan el poder dado por la democracia y claro está una autoridad legítima. Que defiendan, dentro de lo que dicta la ley, de forma suficiente, las acciones y el deseo de ser cada vez mejores para el provecho del país.

Pero no basta si solo lo centramos en una economía de bienestar, la cual tiene como objetivo global extender a todos los sectores sociales los servicios y medios fundamentales para una vida digna.

La realidad es que ese bienestar económico, dada una vida democrática de años en años, hasta el momento no es así, por distintos motivos que al describirlos en esta nota; nos faltaría espacio y tiempo. Pero, no por ello dar un esbozo o semblanza. No tenemos orden en nuestra sociedad, porque no se basa en la verdad y no se edifica con la justicia, la cual falla. Ello genera un estado de anomia, que es un conjunto de situaciones que derivan de la carencia de normas sociales o de su degradación. Lo vemos, por ejemplo, los conductores ven el semáforo en rojo y pasan, o ese político que postula a pesar de ser un delincuente oculto o declarado, etc.

Pero nuestra aspiración según las constituciones del 79 y del 93 que afirman a la persona a la cual se debe como fundamento, está asociada la persona al bien común. Pero ¿qué es el bien común?

El bien común está definido por “el conjunto de aquellas condiciones de la vida social que permiten a los grupos y a cada uno de sus miembros conseguir más plena y fácilmente su propia perfección” (GS). El bien común afecta a la vida de todos. Exige la prudencia por parte de cada uno, y más aún por la de aquellos que ejercen la autoridad. Comporta tres elementos esenciales:”, los cuales son, la persona humana, el respeto a ella. El bienestar social y el desarrollo, y por último la paz que es fruto de la justicia.

Para concluir, tenemos actualmente una oferta electoral pobre, no porque sea la política mala, es por los elementos que actualmente se tienen, hay excepciones, las hay. Y en la demanda estamos todos, pero hay algo que debe pasar. Lo primero, debemos participar, pero con responsabilidad.

Lo segundo es como todo bien o servicio que compramos, debe tener calidad, sino lo devolvemos. En esta compra de gobernantes con una moneda carísima, el voto, exijamos la calidad del servicio o es que tenemos que esperar otros cinco años para ¿comprar lo mismo?, servicios de mala calidad, que cambian de etiquetas y de publicidad, pero siguen siendo los mismos. Tenemos que mejorar la fábrica y para ello se necesita educación de calidad y una justicia que no tarde, porque una justicia que tarda no es justicia.

El poder que tenemos es el voto, Dios nos ayude.