Acabamos de cerrar el año 2024, un año que se ha caracterizado por un desorden sistemático, violencia social, muertes injustificadas y sobre todo vergüenza política para el Perú. Este año se ha caracterizado por escándalos que nos hace pensar nuevamente, ¿qué hicimos nosotros para merecer todo lo que está pasando?

Nuestro panorama actualmente se centra en la emergencia social a raíz de la crisis de seguridad ciudadana y eso conlleva a que nuestras autoridades no están haciendo lo necesario para poder luchar contra eso. Sin embargo, pese al incremento de inseguridad y la ola de asesinatos que hay en la capital, la presidenta felicita al ministro del Interior, Juan José Santiváñez. Sin duda a eso me refería con vergüenza política.

Es indignante que, mientras que el Perú se desangra por la ola de criminalidad, el gobierno peru librista de la sucesora de Pedro Castillo, Dina Boluarte, actúe como si nada pasara y se centre en sus propios intereses. Pero eso no es todo, ahora el Congreso también forma parte de este circo político. Y lo más vergonzoso de esto es esta presunta red de prostitución y que aún no halla respuestas lógicas sobre esta aberración. Y los parlamentarios, bien gracias.

La ecuación es simple, muchas de las cosas que suceden son en gran parte nuestra responsabilidad y la única forma de solucionarlo es pensando y reflexionando en nuestro grave error. Nos hemos dejado llevar en gran medida por ideales absurdos fomentados por el progresismo y reaccionamos tibiamente ante tantas irregularidades. Está claro que este tipo de pensamientos han marcado el declive de lo correcto y lo lógico de la sociedad y está en nuestras manos solucionarlo.

Queda un poco más de un año para las elecciones generales que vienen para el 2026 y es ahí, donde nosotros debemos ser responsables y no dejarnos llevar por ideales que más parecen de cuento de hadas que de una realidad plena de nuestro país, pensemos en lo correcto y lo mejor para el país, y no en las ideas regresionistas que se hacen llamar “progresismo”. Pensemos bien, pensemos en nosotros, pensemos en el Perú.

Hace poco se dictó 36 meses de prisión preventiva en contra del hermano de la presidenta Dina Boluarte. De inmediato, Nicanor Boluarte optó por evadir la justicia y escaparse quién sabe a dónde. Un caso similar al del líder de la presunta organización criminal Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas.

Al parecer, es una constante que a este Gobierno se le escapen los investigados y acusados, que casualmente son allegados a esta administración. Primero con el exgobernador sentenciado por corrupción y ahora con el hermanísimo, a quien se le indaga sobre influencia ilícita en designaciones de cargos en el Estado. 

El caso de Vladimir Cerrón denota un presunto encubrimiento por parte de quien fue secretaria del partido del lápiz y ahora ostenta la presidencia de la República. Más aún porque se supone que el Ministerio del Interior está haciendo todos los esfuerzos para hallar el paradero del exgobernador de Junín y, al parecer, las pistas se le hacen humo. Todo al mismo tiempo de que Cerrón publica abiertamente en las redes sociales.

Pero estos dos casos no son los únicos en esta administración, que comenzó con el golpista Pedro Castillo. Recordemos que otro prófugo, cuyo paradero aún es desconocido, es el exministro Juan Silva, quien fue cercano amigo del chotano y ahora evade la justicia peruana.

Todos hemos visto que esta gestión presidencial, iniciando por Castillo y continuando por Dina, no ha sido más que un claro cliché comunista, que se ha situado en el favorecimiento ilícito de sus allegados, convirtiéndose en una organización criminal. La actual gestión no es ajena a esto, pues el caso de Nicanor evidencia los problemas que está teniendo el gobierno de Boluarte, cuyo desenlace no parece ser positivo. Lo único que nos queda es esperar a ver qué sucede y si de verdad la justicia actuará como debe de ser. Eso solo el tiempo lo determinará.

Durante la larga semana en la que todo el país estuvo metido en el Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC) y los medios de comunicación tradicionales estaban pendientes de lo que sucedía en este magno evento, la ciudadanía no estuvo en pausa. Al mismo tiempo que se congregaban líderes mundiales en las diferentes reuniones, el país aún se desangraba y ocurrían más y más hechos que demuestran que lo que tanto ostenta el Ministerio del Interior en avances contra la criminalidad no es nada más que un vil cuento para tratar de apaciguar las marchas en contra de la gestión de Dina Boluarte.

Ya terminó la APEC, ya se acabó la visita de los líderes internacionales y ya es momento de que el gobierno de la señora Boluarte (la continuación del de Pedro Castillo) tome la sartén por el mango y trabaje para sacar al país de este hoyo llamado inseguridad ciudadana. Hay que tener presente, señores del gobierno que ya las extorsiones están pasando a segundo plano, ahora hay una ola de secuestros al paso que están afectando a menores de edad y mujeres. Y a las constantes noticias sobre estos sucesos, la administración perulibrista no responde nada, salvo tratar de limpiar al hermanísimo de la presidenta, ahora prófugo de la justicia.

Eso no es todo. Al Ministerio del Interior se le debe pedir resultados verdaderos, y no las mentiras que salen a contar a los medios, como si los peruanos fuéramos ciegos ante todos los hechos criminales que suceden en cada uno de los distritos. Este país se está desangrando, y la gestión de Dina Boluarte, quien fue ministra del golpista Castillo y secretaria de la presunta organización criminal Perú Libre, no está tomando las verdaderas medidas para salvar a la ciudadanía.

El premier Adrianzén resulta que recién se da cuenta de que el gobierno al cual pertenece, no “hace clic” con la población. Esto fue desde un inicio, y todo ha partido desde el momento en el que Dina tomó el poder y se ha dedicado a beneficiarse a sí misma y a sus allegados, más que resolver los verdaderos problemas del Perú y conducirlo al por el sendero correcto.

Es momento de pisar tierra y empezar a trabajar por lo que verdaderamente importa, los peruanos.

Hay muchas cosas que giran en torno al expresidente Martín Vizcarra, hechos que dejan bastante que desear y, más aún, determinan la podredumbre política que existe en nuestro país. Hace poco el denominado ‘Lagarto’ intentó limpiarse del golpe inconstitucional que le dio al Congreso de la República en el año 2019 con la ya conocida excusa de la “denegación fáctica”, un término que no existe en la Constitución Política del Perú, pero que ha sido el amparo de la caviarada para defender al mandatario de los bonos.

Recordemos un poco aquel 30 de setiembre de 2019. Las salas de redacción cerraban la edición del día y el entonces presidente emitía un Mensaje a la Nación, luego de que el Parlamento se negara a responder de inmediato a la pataleta que hacía el premier Salvador del Solar. Vizcarra, afirmando reiteradas veces que lo que estaba haciendo era avalado por la Carta Magna, decidió disolver el Parlamento, amparándose en una figura fantasma, la absurda “denegación fáctica”.

Momentos después, tanquetas y militares rodeaban el Congreso y los congresistas salían del hemiciclo a la fuerza. Al día siguiente, los padres de la patria querían desarrollar sus labores y una turba de manifestantes, en su mayoría caviares y comunistas, los amedrentaban, incluso lanzándoles conos de tránsito, como ocurrió con Carlos Tubino. Lo que caracterizó por muchos años a la izquierda caviar, el caos y el desorden, se apoderó de la democracia y empeoró la frágil situación política de nuestro país. Un suceso que hasta la fecha sigue cobrando complicaciones en nuestra sociedad.

En este espacio no nos olvidamos de Martín Vizcarra y de todos los atropellos que cometió como jefe de esta Nación. Por ejemplo, violar la Constitución Política de nuestro país, que está tantas veces atacada por este sector comunista y neocomunista solo porque quien la desarrolló fue el gobierno de Alberto Fujimori. No nos olvidamos tampoco de la pésima gestión que tuvo durante la pandemia de Covid, posicionando al Perú como el país con el mayor índice de muertes.

Mucho menos nos olvidamos que él, excusándose en ser un elemento de prueba, se vacunó contra esta enfermedad antes que todos los peruanos que padecíamos las consecuencias mortales de la enfermedad. Ahora, el ‘Lagarto’ busca regresar al poder, e intenta llegar a la “generación equivocada” utilizando TikTok, con videos que son abiertamente huachafos.

Vizcarra es en realidad el enemigo de la democracia y la gente tiene que entenderlo.

Hay muchas cosas que giran en torno al expresidente Martín Vizcarra, hechos que dejan bastante que desear y, más aún, determinan la podredumbre política que existe en nuestro país. Hace poco el denominado ‘Lagarto’ intentó limpiarse del golpe inconstitucional que le dio al Congreso de la República en el año 2019 con la ya conocida excusa de la “denegación fáctica”, un término que no existe en la Constitución Política del Perú, pero que ha sido el amparo de la caviarada para defender al mandatario de los bonos.

Recordemos un poco aquel 30 de setiembre de 2019. Las salas de redacción cerraban la edición del día y el entonces presidente emitía un Mensaje a la Nación, luego de que el Parlamento se negara a responder de inmediato a la pataleta que hacía el premier Salvador del Solar. Vizcarra, afirmando reiteradas veces que lo que estaba haciendo era avalado por la Carta Magna, decidió disolver el Parlamento, amparándose en una figura fantasma, la absurda “denegación fáctica”.

Momentos después, tanquetas y militares rodeaban el Congreso y los congresistas salían del hemiciclo a la fuerza. Al día siguiente, los padres de la patria querían desarrollar sus labores y una turba de manifestantes, en su mayoría caviares y comunistas, los amedrentaban, incluso lanzándoles conos de tránsito, como ocurrió con Carlos Tubino. Lo que caracterizó por muchos años a la izquierda caviar, el caos y el desorden, se apoderó de la democracia y empeoró la frágil situación política de nuestro país. Un suceso que hasta la fecha sigue cobrando complicaciones en nuestra sociedad.

En este espacio no nos olvidamos de Martín Vizcarra y de todos los atropellos que cometió como jefe de esta Nación. Por ejemplo, violar la Constitución Política de nuestro país, que está tantas veces atacada por este sector comunista y neocomunista solo porque quien la desarrolló fue el gobierno de Alberto Fujimori. No nos olvidamos tampoco de la pésima gestión que tuvo durante la pandemia de Covid, posicionando al Perú como el país con el mayor índice de muertes.

Mucho menos nos olvidamos que él, excusándose en ser un elemento de prueba, se vacunó contra esta enfermedad antes que todos los peruanos que padecíamos las consecuencias mortales de la enfermedad. Ahora, el ‘Lagarto’ busca regresar al poder, e intenta llegar a la “generación equivocada” utilizando TikTok, con videos que son abiertamente huachafos.

Vizcarra es en realidad el enemigo de la democracia y la gente tiene que entenderlo.

Durante años hemos vivido un sistema de judicialización de la labor policial cuando los efectivos usaban sus armas de reglamento para poder detener a un delincuente o incluso para su misma defensa personal. Diversos sectores progresistas cuestionaron innumerables veces las acciones de los agentes, desprestigiando su trabajo y logrando que hoy en día se pierda el respeto a la autoridad policial.

Gracias a Dios, esto terminó. El Congreso de la República ha autorizado en primera instancia que los agentes del orden puedan actuar de manera inmediata, garantizando el principio de presunción de inocencia y brindando mayor protección al personal de la Policía Nacional del Perú. La medida, que permitiría a los efectivos actuar contra la ola criminal que acecha al Perú, obtuvo un respaldo de 91 congresistas. Esta modificatoria de la ley contempla que los agentes policiales puedan utilizar sus armas de fuego ante un caso de flagrante delito. Esto, claro está, en el caso de que los delincuentes evidencien peligrosidad para la vida de ellos o de los ciudadanos presentes.

Algunos parlamentarios se mostraron en contra de esta medida. Y qué podíamos esperar de legisladores de la izquierda progresista como Sigrid Bazán, Ruth Luque, Susel Paredes y demás, que durante mucho tiempo han politizado la labor policial, desprestigiando la autonomía que tanto hace falta ahora para frenar esta ola delincuencial y de extorsiones por la que estamos atravesando. El discurso de estos congresistas es el mismo que siempre se ha repetido en las diversas manifestaciones: “el uso indiscriminado de la fuerza”. Son hechos que salen de este contexto en el que nos encontramos, pues la misma propuesta asevera que este accionar será justificado únicamente cuando el efectivo abata a un delincuente que represente peligro para él o el ciudadano.

A eso, hay que sumarle la clásica cháchara caviar de la defensa de los derechos humanos, lo cual nos ha tenido en una constante controversia en lo que es y no la justicia en el país. Bajo estos conceptos, que utilizan algunos sectores progresistas, las fuerzas del orden no han podido actuar como deberían. Y por eso actualmente estamos en este limbo de inseguridad y terror en la ciudad.

Solo quiero terminar con una pregunta: ¿hasta cuándo los progresistas del Perú no se darán cuenta de que sus discursos de la supuesta defensa de derechos humanos restringen a la verdadera justicia?

En los últimos días, el país ha sido testigo de un preocupante aumento de la violencia y el caos social, motivado en gran parte por el paro de transportistas que se levantaron en contra de las extorsiones y la creciente ola de sicariato que azota diversas zonas del Perú. Lo que comenzó como una legítima protesta en defensa de la seguridad ciudadana ha sido, una vez más, politizado y desvirtuado. La marcha de esta última semana en la capital contó con la participación de gremios de transportistas, empresarios y, curiosamente, diversos colectivos que no parecen tener vínculos directos con la lucha contra la criminalidad.

Es en este punto donde cabe detenerse y analizar la presencia de ciertos colectivos que han logrado desviar el enfoque inicial de la protesta. No se trata de sectores comprometidos con el combate al crimen organizado, sino de grupos de la izquierda radical que han aprovechado esta coyuntura para politizar la marcha, desviándola hacia objetivos ajenos a las demandas originales. En lugar de concentrarse en exigir al gobierno medidas concretas contra la delincuencia, estos sectores han convertido la protesta en una plataforma de oposición al gobierno de Dina Boluarte y al Congreso de la República.

Este giro político no es inocente ni espontáneo. Los grupos radicales de izquierda han utilizado la lucha contra el crimen organizado como excusa para promover su agenda de desestabilización del gobierno. En lugar de buscar soluciones reales a la crisis de seguridad que afecta a miles de peruanos, intentan transformar las movilizaciones en protestas violentas, con el objetivo de socavar la ya frágil estabilidad política del país. Lejos de enfrentar la ola de criminalidad, su intención parece ser fracturar las instituciones democráticas.

La progresiva pérdida de rumbo de la protesta es evidente. En lugar de mantener el foco en la urgente necesidad de combatir la criminalidad y reforzar la seguridad ciudadana, la marcha se ha convertido en un escenario de insurgencia y desorden promovido por estos colectivos radicales. La estrategia parece clara: aprovechar el descontento social para erosionar la legitimidad del gobierno y crear un clima de caos en el que se facilite la caída de las autoridades actuales.

La congresista Norma Yarrow, en sus recientes declaraciones, alertó sobre esta manipulación. Señaló que estos grupos radicales buscan politizar las protestas para amenazar el orden institucional, mencionando el caso de Inti y Bryan, jóvenes fallecidos en las marchas contra el gobierno de Manuel Merino, como un trágico precedente. Yarrow sostiene que estos sectores buscan generar mártires para presionar la salida del gobierno de turno, utilizando el caos y las muertes como herramientas de desestabilización política.

Esta lectura de la situación no está exenta de fundamento. La izquierda radical, a lo largo de la historia reciente del Perú, ha utilizado el descontento social y las crisis para propiciar la caída de gobiernos y posicionar a sus aliados en el poder. Así ocurrió con la salida del presidente Merino, y lo mismo parece estar buscando ahora con Dina Boluarte. Sin embargo, es crucial recordar que el verdadero problema que enfrenta el país no es únicamente la crisis política, sino la violencia y el crimen organizado que acechan a los ciudadanos.

El gobierno de Dina Boluarte, hasta el momento, ha mostrado una preocupante inacción frente a la ola de criminalidad. Pero aunque es evidente que se necesita una respuesta más firme por parte del Estado, no es correcto ni productivo exigir que «se vayan todos» como solución a esta crisis. La delincuencia no terminará con un simple cambio de gobierno. El foco debe estar en el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la seguridad y otorgar a la Policía Nacional las herramientas necesarias para actuar de manera eficaz y sin temor a represalias judiciales.

En este contexto de emergencia y crisis de seguridad, la prioridad debe ser reforzar a las fuerzas del orden, dotarlas de mayor autonomía y evitar la judicialización excesiva de su labor, que frena sus esfuerzos por restaurar la paz. Los manifestantes, en lugar de ser arrastrados por la narrativa de los sectores radicales, deberían concentrar sus demandas en exigir políticas más efectivas para frenar la delincuencia, tanto al Ejecutivo como al Congreso. Pedir la renuncia de las autoridades no resuelve el problema de fondo; por el contrario, podría generar más caos en un país que ya se encuentra profundamente herido por una década de inestabilidad.

En cuanto a los colectivos radicales, su actuación no sorprende. Estos grupos se aprovechan de cualquier coyuntura para sembrar el caos y debilitar las instituciones. Pareciera que su única motivación es el desorden, y que se alimentan del conflicto y la incertidumbre. Su influencia sobre la marcha de los transportistas es un claro ejemplo de cómo las agendas políticas pueden desvirtuar las demandas legítimas de un sector, poniendo en riesgo la estabilidad del país.

Es momento de que el país se centre en lo verdaderamente urgente: la lucha contra la delincuencia y el restablecimiento de la seguridad ciudadana. Las protestas deben retomar su sentido original y exigir soluciones concretas, dejando de lado las agendas políticas que solo buscan el caos. Solo así se podrá avanzar hacia un Perú más seguro y estable.

Estamos en una situación complicada frente a todos los problemas que afronta el país, que parecen nunca terminar. Nos encontramos en un panorama sombrío y desolado que no pronostica nada beneficioso para todos y cada uno de los peruanos. Desde tiempos inmemorables, el país viene afrontando una situación de caos político, con autoridades que están velando más por si mismas que por las verdaderas necesidades del Perú. Eso nos lleva a lo que hoy vivimos como sociedad: esta sensación de inseguridad y la ola delictiva que atemoriza a los ciudadanos.

¿Cómo actuar ante estos problemas? Muchos especialistas señalan algo interesante, no para erradicar, porque este problema nunca va a terminar por completo, pero sí para poner un freno a toda esta crisis de seguridad ciudadana. Nos referimos a brindar facultades a las fuerzas del orden para que puedan actuar sin temor, ni limitaciones.

No obstante, esto tiene una traba muy importante, y que los progresistas usan cuando quieren politizar la labor policial y desacreditar a las fuerzas del orden, para apelar a la ausencia de respeto hacia las autoridades en las diferentes marchas violentistas que desarrollan contra alguna gestión que no calza con sus intereses. Para ser más claro, me refiero al Pacto de San José, una artimaña que fue creada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, supuestamente para defender los derechos de las personas.

Gracias a este pacto, los países que la integran están limitados a ejercer justicia real ante los crímenes, que son muy graves. Según el artículo 4 del Pacto de San José, la pena de muerte, “sólo podrá imponerse por los delitos más graves”. Sin embargo, los crímenes como asesinato o violación no son considerados como “delitos muy graves”; por ello es que vemos que existen el incremento del sicariato y las extorsiones, porque la justicia solo otorga una pena privativa de la libertad por un tiempo determinado a quienes cometen esos delitos, o simplemente salen limpios de polvo y paja.

Otro aspecto limitado por el pacto son las acciones de las fuerzas del orden, pues muchos de ellos temen usar su arma de reglamento en defensa de la población, ya que luego podrían ser juzgados e incluso metidos a la cárcel. Esta es la prueba viviente de que la labor policial está desacreditada, y que la judicialización del trabajo de las fuerzas del orden se ha vuelto un enemigo potente para la sociedad que hoy pide a gritos acciones inmediatas para frenar la ola delictiva en el país.

Es necesario salir del nefasto Pacto de San José, que nos ha dejado con las manos atadas ante toda esta ola de criminalidad y desorden que vive el Perú. Y es necesario que las autoridades tomen el toro por las astas e impulsen la salida total de este acuerdo si quieren una verdadera justicia y la autonomía de este país que se desangra cada vez más.