Nadie debería tener que elegir entre cuidar su salud y proteger la economía de su familia. Sin embargo, cuando un medicamento cuesta varias veces más en una clínica privada que en una farmacia, genera una pregunta inevitable: ¿estamos ante las reglas del mercado o frente a prácticas que merecen ser investigadas?

El Proyecto de Ley 184-2026-2031-CD, impulsado por Diethell Columbus, propone utilizar los precios de referencia publicados por Digemid para calcular descuentos, coberturas y copagos. Según su exposición de motivos, se habrían identificado medicamentos cuyos precios en clínicas eran hasta catorce veces superiores a los registrados en otras farmacias. De confirmarse estas diferencias bajo condiciones comparables, corresponde exigir explicaciones y evaluar medidas de protección. Pero ¿demuestra esto que el libre mercado es el problema?

Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania Occidental desarrolló el modelo de economía social de mercado, asociado a Ludwig Erhard y Alfred Müller-Armack. Su propuesta buscaba combinar la libertad económica y la competencia con reglas que evitaran los abusos y promovieran el bienestar social. No se trataba de dejarlo todo en manos del mercado, pero tampoco de someter la economía al control absoluto del Estado.

Esta distinción es importante. En El mito del votante racional, el economista Bryan Caplan analiza cómo ciertos sesgos influyen en nuestras opiniones económicas, entre ellos la tendencia a atribuir al capitalismo los resultados negativos y a subestimar sus beneficios. Esto no significa que toda crítica al mercado sea equivocada, sino que debemos examinar los problemas con evidencia, sin convertirlos en una condena automática de todo el sistema.

El lucro y la codicia tampoco son lo mismo. La rentabilidad permite a las empresas invertir, generar empleo e innovar. Sin embargo, obtener ganancias no justifica cualquier práctica, especialmente cuando están en juego la salud y la vulnerabilidad de las personas.

Además, un paciente hospitalizado no siempre puede comparar precios, buscar alternativas o postergar una compra. En esas circunstancias, la libertad de elección que sustenta la competencia puede verse seriamente limitada. Por eso, confiar exclusivamente en que el mercado corregirá cualquier distorsión resulta insuficiente.

El artículo 58 de la Constitución peruana reconoce que la iniciativa privada se ejerce en una economía social de mercado. Este modelo no excluye la responsabilidad del Estado: exige instituciones capaces de promover la competencia, garantizar información transparente, proteger a los consumidores e investigar posibles prácticas abusivas. Las medidas regulatorias, por su parte, deben sustentarse en evidencia y criterios técnicos.

Como recuerda una frase atribuida a Mahatma Gandhi, la Tierra provee lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada hombre, pero no la avaricia de cada hombre. Defender la economía social de mercado significa proteger tanto la libertad como la dignidad humana. No necesitamos demonizar el capitalismo para exigir responsabilidad empresarial, ni renunciar al mercado para defender a los pacientes. Necesitamos un Estado que cumpla su función y empresas conscientes de que detrás de cada tratamiento hay una persona y una familia que merecen respeto.

En el Perú los desastres naturales no son únicamente fenómenos climáticos; son, ante todo, el síntoma más elocuente de la incompetencia y la desidia política. Durante más de cuatro décadas, la recurrencia de El Niño ha funcionado como un espejo implacable que devuelve la imagen de un Estado reactivo, negligente y estructuralmente incapaz de romper el ciclo de la fatalidad.

Las cifras de nuestra historia reciente son una bofetada a la memoria institucional. El evento de 1982-1983 devastó más de 113,000 hectáreas de cultivo, destruyó 1685 kilómetros de carreteras y devoró el equivalente al 11.6% del PBI nacional. Quince años después, el colapso de 1997-1998 volvió a paralizar 23 departamentos con pérdidas estimadas en 3.500 millones de dólares. En 2017 El Niño costero cobró 159 vidas y dejó a casi 1.4 millones de peruanos en la precariedad absoluta. Cuatro décadas de lecciones ignoradas resumen la misma tragedia: el agua desborda las quebradas, arrasa escuelas y bloquea caminos mientras la clase gobernante improvisa carpas y discursos.

La pregunta de fondo no es si podemos frenar a la naturaleza —un imposible evidente—, sino hasta cuándo seguiremos normalizando la inacción como costo aceptable de gobierno. En el Perú contemporáneo, la tragedia humana y económica ya no puede justificarse por falta de aviso ni por escasez de recursos técnicos.

El país cuenta con solvencia científica en instituciones como el ENFEN y el Senamhi. Sin embargo, existe una fractura insalvable entre el dato técnico y la voluntad política. Mientras la ciencia alerta, la gestión pública se atrinchera en presupuestos subejecutados y burocracias territoriales desconectadas. Hoy en día, herramientas como la inteligencia artificial, las imágenes satelitales y los sensores de caudal permiten predecir con exactitud qué quebradas se activarán y qué puentes colapsarán. Los modelos predictivos hacen posible saber qué comunidades quedarán incomunicadas mucho antes de la primera lluvia torrencial.

Contar con esta tecnología y no articularla a nivel ministerial, regional y local constituye una omisión imperdonable. Las alertas geolocalizadas a teléfonos móviles y la asignación anticipada de maquinaria pesada no deben depender del escándalo mediático ni del oportunismo electoral, sino de protocolos rigurosos de prevención territorial.

Gobernar no es apagar incendios con cheques de emergencia ni posar en helicópteros sobre zonas inundadas; gobernar es anticipar el peligro para proteger a los más vulnerables. Cada nuevo Niño coloca al país ante una disyuntiva moral y política: perpetuar el lucrativo e ineficiente negocio de la reconstrucción eterna o imponer una gestión pública guiada por la ciencia, la transparencia y la rendición de cuentas. El Niño volverá, pero insistir en la improvisación ya no es ingenuidad: es una negligencia deliberada que cuesta vidas.

Trece horas de sesión deberían ser suficientes para que un Parlamento discuta, negocie y tome una decisión. En el Congreso peruano, sin embargo, la reciente discusión sobre la delegación de facultades al Ejecutivo terminó mostrando algo distinto: cuánto puede perder la política cuando la confrontación deja de ser un instrumento y se convierte en un fin.

Hubo una diferencia especialmente reveladora. Mientras Cecilia Chacón fue descrita por su “soberbia estridente” y por un “desdén antes que argumentos”, el legislador Ernesto Zunini mostró aplomo, temple y disciplina para sostener una oposición frontal al Ejecutivo. Ambos podían discrepar con la misma intensidad. La diferencia estaba en la forma de hacerlo. Y esa diferencia importa.

La confrontación política no es irracional por sí misma. Lo irracional es confrontar sin una estrategia detrás. Un congresista puede elevar el tono para presionar, marcar una posición, cohesionar a su bancada, negociar mejores condiciones o aumentar el costo político de una decisión. La confrontación, en ese sentido, puede ser perfectamente racional. El problema aparece cuando el enfrentamiento deja de servir a un objetivo y empieza a convertirse en la identidad misma del político. Entonces ocurre algo peligroso: ya no se responde al adversario para conseguir algo, sino simplemente para atacarlo.

Graham Allison describe una dinámica semejante en Destined for War. La llamada “trampa de Tucídides” muestra cómo la desconfianza puede producir una escalada en la que cada actor interpreta las acciones del otro desde la sospecha. Lo peligroso no es solamente que exista conflicto, sino que los actores terminen reaccionando más a las intenciones que atribuyen al adversario que a la realidad que tienen delante. La política peruana conoce demasiado bien esa dinámica.

En un Parlamento, el conflicto debería tener una función distinta: convertir intereses enfrentados en decisiones. El debate existe precisamente porque existen posiciones incompatibles. Pero debatir no significa destruir la posibilidad de entender al adversario. Oponerse no significa perder la capacidad de negociar.

La reciente sesión terminó con 20 medidas centradas en seguridad ciudadana y contingencias vinculadas al Fenómeno de El Niño, luego de trece horas de interrupciones, reproches y negociaciones. La propuesta fue aprobada con 66 votos a favor, 35 en contra y 24 abstenciones, y pasó al Senado. El resultado numérico, sin embargo, es apenas una parte de la historia. La otra es el método.

Bryan Caplan, en The Myth of the Rational Voter, recuerda una incomodidad propia de toda democracia: la democracia da la misma voz a los sabios y a los no tan sabios. Por eso las instituciones importan. Si los ciudadanos y sus representantes no son siempre racionales porque tienen emociones, prejuicios e intereses, el Parlamento debería ser precisamente el lugar donde esas pasiones encuentren reglas, argumentos y límites.

Churchill decía: “Cuanto más atrás podamos mirar, más lejos podremos ver hacia adelante”. La historia parlamentaria demuestra que los grandes debates políticos no fueron grandes porque sus protagonistas gritaran más fuerte, sino porque consiguieron convertir el conflicto en una idea, una causa o una decisión.

El Congreso no necesita menos confrontación. Necesita mejor confrontación. Porque la política es conflicto, sí; pero también es método. Y cuando el griterío reemplaza al método, el poder deja de ser estrategia y empieza a ser reacción.

Ahí comienza la penumbra.

Hay momentos en la vida de una República en los que el problema no está solamente en quién tiene el poder, sino en cuánto está dispuesto a hacer con él. El Perú vuelve a encontrarse ante una discusión que debería preocupar a todos: cuáles son los límites del poder político y qué sucede cuando quienes ejercen una función pública comienzan a confundir legitimidad electoral con autoridad ilimitada.

Los antiguos griegos ya habían comprendido que ninguna ciudad podía sostenerse únicamente sobre la voluntad de sus gobernantes. En Atenas, Pericles defendió una idea de democracia vinculada a las leyes, la participación ciudadana y el interés de la comunidad. No era una concepción ingenua del poder. La política, entonces como ahora, estaba atravesada por ambiciones, rivalidades y disputas.

Thucydides relató precisamente cómo las luchas entre dirigentes terminaron debilitando la conducción de Atenas. El problema no era que existieran diferencias políticas; el problema aparecía cuando los intereses particulares comenzaban a imponerse sobre aquello que debía estar por encima de todos: la ciudad. Dos milenios después, la advertencia conserva vigencia.

En el Perú, el debate político no debería reducirse a determinar quién vence en una disputa entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. La pregunta más importante es otra: ¿qué ocurre cuando una institución interpreta su respaldo electoral como autorización para ampliar permanentemente sus márgenes de poder?

Maquiavelo, uno de los grandes observadores de la política, escribió que la fortuna gobierna una parte de las acciones humanas, pero deja otra parte a nuestra voluntad. La política exige, por tanto, prudencia y capacidad para comprender que una victoria circunstancial no garantiza estabilidad. Quien utiliza todo el poder disponible porque puede hacerlo quizá consiga una ventaja inmediata, pero también puede contribuir a destruir los límites que mañana necesitará la propia República.

El Perú necesita recordar esta lección mientras avanza hacia un sistema bicameral, con Senado y Cámara de Diputados. El cambio institucional no debería convertirse en una nueva oportunidad para profundizar enfrentamientos. Al contrario, debería servir para fortalecer los controles, mejorar la representación y hacer más difícil cualquier intento de concentración del poder.

Una democracia no puede depender exclusivamente de que quienes ocupan los cargos públicos actúen correctamente. Necesita reglas, contrapesos, instituciones independientes y una ciudadanía dispuesta a observar y cuestionar al poder. Por eso, el momento exige menos consignas y más responsabilidad. El Congreso tiene legitimidad porque sus integrantes fueron elegidos, pero esa legitimidad tiene límites. El Ejecutivo también los tiene. La Constitución establece el terreno dentro del cual ambos deben actuar.

La historia de Atenas demuestra que las repúblicas no se deterioran únicamente cuando alguien decide destruirlas. También pueden debilitarse poco a poco, cuando las instituciones dejan de reconocer sus propios límites y la sociedad termina acostumbrándose a ello.

La República no pertenece al Congreso, al Ejecutivo ni a una mayoría circunstancial. Pertenece a los ciudadanos. Y ningún poder debería olvidar que su autoridad es temporal, limitada y sometida a la ley. Ese principio debería ser la primera regla de cualquier democracia que pretenda sobrevivir.

Las elecciones municipales deberían ser las más cercanas a la vida cotidiana. Un alcalde no decide la política exterior ni controla la economía mundial, pero sí influye en lo que el vecino encuentra al salir de casa: calles, transporte, limpieza, espacios públicos y orden urbano. Por eso resulta decepcionante que, después de una feroz campaña nacional, Lima llegue a la recta final de su elección municipal con tantos candidatos y tan poca claridad sobre el futuro de la ciudad.

Esta contienda tiene una singularidad: Rafael López Aliaga vuelve al escenario limeño tras participar en la elección presidencial. Fue elegido alcalde para el periodo 2023-2026, aunque renunció al cargo en octubre de 2025. Ahora integra la lista de Renovación Popular como candidato a regidor, no como candidato formal a alcalde. Esa diferencia importa para que los electores sepan con precisión qué opción figura en la cédula y quién asumiría cada responsabilidad.

Mi valoración de su paso por la Municipalidad de Lima es favorable. Reconozco su capacidad para conducir las finanzas municipales, buscar recursos y sostener una gestión que, a mi juicio, merece respeto. Sus adversarios tienen derecho a cuestionar sus decisiones; los ciudadanos, a exigir cuentas sobre cada obra y cada compromiso. Pero una campaña seria debería discutir resultados verificables, no reemplazar la evaluación de una gestión por una sucesión de ataques.

Los debates organizados por el Jurado Nacional de Elecciones reunieron a candidatos de numerosas organizaciones. Esa abundancia, sin embargo, no garantiza una diversidad de proyectos. Hasta ahora, la campaña ha dejado más consignas que respuestas sobre cómo conectar los distritos, reducir los tiempos de viaje, ordenar el crecimiento urbano y recuperar espacios públicos para quienes los usan cada día.

La seguridad ocupa, comprensiblemente, un lugar central. Pero prometer que un alcalde acabará por sí solo con la delincuencia confunde al elector. Cada postulante debería explicar qué puede hacer la municipalidad, qué depende de la Policía y qué acuerdos necesita con el Gobierno nacional. Lo mismo vale para el transporte: anunciar una obra no equivale a resolver el viaje de millones de personas.

Hay una pregunta aún más incómoda para todos los contendores: ¿con qué dinero cumplirán sus propuestas? Queremos conocer costos, fuentes de financiamiento, plazos y gastos de mantenimiento. También quién financia las campañas y qué equipos administrarán la ciudad. Son preguntas concretas, indispensables para distinguir un proyecto de gobierno de una pieza publicitaria.

Lima elegirá autoridades el 4 de octubre. Quedan pocos días para que los candidatos demuestren que pueden hablar de prioridades, responsabilidades y resultados medibles. López Aliaga debe someter su trayectoria al examen ciudadano; sus competidores deben ofrecer una alternativa que pueda compararse con ella. A mi juicio, todavía no han logrado hacerlo con suficiente fuerza. La capital merece una decisión informada y una campaña que mire más lejos que el próximo titular.

La visita al Perú del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, vuelve a colocar sobre la mesa una realidad que durante demasiado tiempo hemos observado como si nos fuera ajena: el Perú ya forma parte de la competencia geopolítica entre Estados Unidos y China. No se trata únicamente de comercio o inversiones. Hoy están en juego infraestructura estratégica, minerales críticos, seguridad, rutas marítimas, tecnología e influencia política.

Graham Allison popularizó la expresión “trampa de Tucídides” para describir la tensión que surge cuando una potencia emergente desafía la posición de una potencia establecida. La referencia histórica es la rivalidad entre Atenas y Esparta. Allison no afirma que la guerra sea inevitable, pero advierte que la desconfianza, el temor y los errores de cálculo pueden transformar una competencia manejable en una confrontación que ninguna de las partes buscaba inicialmente. Esa lógica sirve para entender la relación entre Washington y Beijing, pero también para preguntarnos cuál debe ser la posición del Perú.

China tiene razones claras para profundizar sus vínculos con nuestro país. Es nuestro principal socio comercial, tiene una fuerte presencia en minería e infraestructura y, con el puerto de Chancay, ha encontrado una plataforma privilegiada de conexión entre Asia y América Latina.

Estados Unidos, por su parte, observa esta expansión desde una perspectiva que ya no es exclusivamente económica. Busca preservar influencia en el hemisferio, asegurar cadenas de suministro, acceder a minerales estratégicos y fortalecer la cooperación regional en seguridad.

La reciente visita de Rubio lo evidencia. El Perú ha fortalecido su cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad y defensa, mientras Washington ha expresado preocupación por el crecimiento de la presencia china en sectores estratégicos. Beijing, naturalmente, defiende sus inversiones y rechaza cualquier intento de condicionar las relaciones de los países latinoamericanos.

Precisamente allí aparece el verdadero desafío peruano. No podemos permitir que la competencia entre dos grandes potencias termine convirtiéndose en una obligación de escoger un solo bando. El Perú tiene recursos, posición geográfica, acceso al Pacífico y capacidad de negociación. Es decir, también tiene cartas sobre la mesa. Nuestra política exterior debería orientarse hacia una autonomía estratégica que nos permita profundizar el comercio y la inversión con China, mientras fortalecemos con Estados Unidos la cooperación en seguridad, tecnología, educación, innovación y defensa.

Autonomía no significa equidistancia automática ni indiferencia frente a nuestros valores e intereses. Significa decidir cada relación según lo que convenga al Perú. Si Washington quiere ampliar su presencia, deberá competir ofreciendo mejores oportunidades, inversión y cooperación, no exigiendo exclusividades. Y Beijing debe comprender que una mayor presencia económica tampoco concede capacidad de condicionar nuestras decisiones soberanas.

La lección de Tucídides no debería servirnos para escoger al vencedor antes de que exista. Debería servirnos para evitar quedar atrapados en una rivalidad ajena. Entre China y Estados Unidos, el Perú debe conservar su activo más importante: la libertad de decidir por sí mismo.

Tucídides entendió hace veinticinco siglos que las derrotas rara vez pertenecen únicamente a los soldados: casi siempre revelan la calidad de quienes los conducen. Roma convirtió esa idea en doctrina. El imperium daba al comandante poder extraordinario, pero también hacía recaer sobre él la responsabilidad por el orden, la disciplina y el resultado. Mandar nunca fue posar con la espada; era responder cuando la batalla salía mal.

Esa antigua regla debería aplicarse hoy en Perú. La inseguridad ciudadana ya no puede explicarse sólo por la ferocidad de las organizaciones criminales. También debe medirse por la capacidad de quienes conducen a la Policía y del Gobierno que dirige la política nacional de seguridad.

Lo ocurrido en Trujillo obliga a mirar al comandante general de la PNP. Después de un secuestro y del asesinato de cuatro personas, la respuesta policial debía ser impecable. Sin embargo, la presentación de supuestos responsables terminó rodeada de dudas sobre la identificación de los detenidos y la solidez con la que se atribuyeron responsabilidades.

Un comandante general no puede limitarse a ser el rostro visible de las capturas. Es el máximo responsable del mando policial. Si una investigación de enorme trascendencia termina generando más dudas que certezas, no basta responsabilizar al investigador de turno. Hay que mirar hacia arriba.

Los antiguos romanos desconfiaban tanto del poder sin resultados como del poder sin límites. Sabían que conceder facultades extraordinarias solo tenía sentido frente a una amenaza extraordinaria y siempre bajo una condición: que quien recibiera ese poder respondiera por su uso. Esa es hoy la pregunta que debe enfrentar la presidenta Keiko Fujimori.

Si el Ejecutivo solicita nuevas facultades para combatir el crimen, entonces también acepta una responsabilidad mayor sobre sus resultados. No puede pedirse más poder para después atribuir el fracaso a la falta de herramientas. La historia no juzga a los gobernantes por las facultades que solicitaron, sino por aquello que hicieron cuando finalmente tuvieron capacidad para actuar.

Julio César comprendió que cruzar el Rubicón significaba asumir todas las consecuencias de una decisión. Gobernar también tiene sus propios Rubicones. La inseguridad ciudadana es uno de ellos. La presidenta debe decidir si su Gobierno administrará estadísticas, declarará emergencias y anunciará nuevas normas, o si exigirá una transformación real del mando policial. Porque cuando una institución pierde precisión, inteligencia y credibilidad, mantener intacta su conducción también es una decisión política.

Los griegos diferenciaban a Ares de Atenea: fuerza frente a estrategia. Hoy el Perú necesita menos estruendo y mucha más inteligencia. La historia suele ser cruel con quienes tuvieron poder suficiente para cambiar el rumbo y no lo hicieron. La inseguridad pesa sobre todos. Pero sobre el comandante general y sobre la presidenta pesa algo mucho mayor: haber recibido el mando cuando el país necesitaba conducción y tener que explicar, algún día, qué hicieron con él.

Por Silvana Pareja

Durante décadas, el Perú aprendió a cuidar su estabilidad macroeconómica, pero no consiguió transformar esa disciplina con la misma eficacia en escuelas que enseñen, hospitales que atiendan, calles seguras o infraestructura que funcione. Allí está una de las grandes contradicciones del país: hemos construido instituciones capaces de preservar ciertos equilibrios económicos, pero no un Estado capaz de garantizar bienes públicos de calidad.

La comparación internacional demuestra que no se trata de una imposibilidad peruana. Países como Chile, Uruguay y Costa Rica, con restricciones fiscales y problemas propios, han conseguido desarrollar capacidades estatales más consistentes. La diferencia no está únicamente en cuánto gastan, sino en cómo convierten los recursos públicos en resultados.

El Perú destinó aproximadamente 5,2% de su PBI a inversión pública en 2024, frente a 3,5% en promedio en los países desarrollados. Sin embargo, hasta 40% de esa inversión podría utilizarse de manera más eficiente. El problema peruano, por tanto, no puede reducirse a repetir que “falta presupuesto”. También falta capacidad para transformar presupuesto en bienestar.

¿Qué debería hacerse? La primera reforma debe consistir en cambiar la unidad con la que medimos el éxito del Estado. Un ministerio no debería presumir cuánto ejecutó, sino qué consiguió. Educación debe responder por aprendizaje; Salud, por tiempos de espera, prevención y calidad de atención; Interior, por reducción efectiva del delito; Transportes, por tiempos de desplazamiento y calidad de infraestructura. El presupuesto por resultados debe dejar de ser una metodología administrativa y convertirse en la lógica central del Estado.

Segundo, el Perú necesita priorizar antes de gastar. No podemos seguir dispersando recursos entre miles de proyectos mientras permanecen abiertas las mismas brechas esenciales. Agua, saneamiento, primera infancia, atención primaria de salud, seguridad, conectividad y transporte deberían conformar un núcleo nacional de bienes públicos prioritarios.

Tercero, necesitamos profesionalizar la ejecución territorial. Una carretera, un colegio o un hospital no debería depender de la capacidad accidental del alcalde o gobernador de turno. El Gobierno Nacional podría crear equipos técnicos permanentes que formulen, liciten y acompañen proyectos de alta complejidad en regiones y municipios con menor capacidad institucional.

Cuarto, debemos reordenar el gasto antes de exigir mayores sacrificios al ciudadano. La recaudación tributaria peruana alcanzó apenas 17% del PBI en 2024, muy por debajo de los estándares internacionales, por lo que eventualmente será necesario ampliar la base tributaria y reducir la evasión. Pero cualquier reforma tributaria será políticamente frágil mientras el ciudadano perciba que entrega más y recibe poco.

Finalmente, el Perú necesita un tablero público nacional de resultados: cuánto cuesta cada servicio y qué obtiene la población a cambio. Comparar hospitales, colegios, comisarías, municipios y regiones obligaría al Estado a explicar sus diferencias de productividad.

La hoja de ruta, entonces, es clara: medir resultados, priorizar bienes esenciales, profesionalizar la ejecución, eliminar gasto ineficiente y recién entonces ampliar sosteniblemente los recursos disponibles.

El verdadero desarrollo no consiste en que el Estado tenga más dinero. Consiste en que cada sol público produzca más educación, más salud, más seguridad y mejor infraestructura. Ese es el salto que otros países comenzaron hace décadas y que el Perú todavía tiene pendiente.

La tecnología no es neutra: o forma ciudadanos críticos, idóneos para sostener la democracia, o produce consumidores vulnerables al populismo y la desinformación. Ante el uso desregulado de las pantallas en las aulas, el Estado peruano se encuentra ante una encrucijada institucional y política urgente.

La modernización educativa no puede reducirse a repartir computadoras o conectar escuelas a internet. Cuando el consumo digital sustituye la capacidad de atención, lectura profunda y pensamiento crítico, el impacto trasciende lo pedagógico: se convierte en un problema de seguridad nacional y gobernabilidad. Una ciudadanía incapaz de procesar información compleja es presa fácil del populismo emocional, las campañas de odio y la posverdad.

La lectura sostenida no es un lujo académico; es la herramienta fundamental para formar el juicio propio y el razonamiento secuencial. Hoy la «economía de la atención» y el consumo impulsivo de contenidos breves destruyen la concentración de las nuevas generaciones. El Estado debe intervenir firmemente para asegurar que la escuela funcione como un espacio de resistencia frente a la distracción masiva, garantizando la capacidad de argumentar y fiscalizar el poder.

La brecha digital ya no es solo de conectividad, sino de poder. Mientras las élites protegen a sus hijos limitando el uso abusivo de pantallas y fomentando una educación crítica, los estudiantes de los sectores más vulnerables quedan expuestos a un consumo pasivo, recreativo y desnormado. Si el Poder Ejecutivo y el Congreso no regulan este escenario, la tecnología seguirá profundizando la brecha socioeconómica y perpetuando la exclusión.

Sin pensamiento crítico, el debate público se degrada a memes, indignación efímera y frases virales. Esta superficialidad beneficia a actores políticos corruptos y populistas que eluden la fiscalización sobre presupuestos, reformas estructurales y políticas de largo plazo. Defender la capacidad cognitiva de los estudiantes es, en última instancia, defender la viabilidad del sistema democrático en el Perú.

El Congreso de la República y el Ministerio de Educación deben asumir una posición firme mediante políticas públicas y un marco normativo claro que responda a este desafío:

– Normar el uso de teléfonos inteligentes y pantallas en educación básica para proteger los entornos de aprendizaje; Priorizar por ley contenidos de lectura profunda, análisis de evidencias y formación ciudadana digital en el currículo nacional.

– Garantizar que la infraestructura tecnológica pública venga acompañada de formación pedagógica crítica y no de mero entretenimiento.

– Establecer estándares de protección de datos y salud mental infantil frente a los algoritmos de plataformas digitales en entornos escolares.

Regular las pantallas no significa negar el futuro, sino recuperar el sentido de la educación pública: formar personas capaces de pensar, discernir y participar responsablemente en la vida democrática. La tecnología debe estar al servicio del aprendizaje, no reemplazarlo; debe ampliar las oportunidades, no debilitar la atención ni convertir a los estudiantes en usuarios pasivos. El Perú necesita una política educativa digital que combine conectividad, lectura, protección de la infancia y ciudadanía crítica como parte de una misma estrategia nacional.

Una escuela que enseña a leer con profundidad también enseña a resistir la manipulación, a defender la verdad y a construir ciudadanía.

El inicio de un nuevo Gobierno siempre despierta expectativas. Si la presidenta Keiko Fujimori inaugura su mandato constitucional anunciando un aumento de la remuneración mínima vital y de la pensión para los adultos mayores más vulnerables, enviará un mensaje claro de sensibilidad social. Sin embargo, ese gesto también marcará el inicio de una prueba decisiva: demostrar que la justicia social puede convivir con la responsabilidad económica.

El Perú no puede volver a caer en la tentación del populismo fiscal. La historia latinoamericana está llena de gobiernos que buscaron legitimidad repartiendo recursos que el Estado no tenía. El resultado fue inflación, endeudamiento, pérdida de confianza y, finalmente, más pobreza. Gobernar no consiste en ofrecer lo que la gente quiere escuchar, sino en garantizar que cada compromiso pueda sostenerse en el tiempo.

Los desafíos que enfrenta el país exigen prudencia. La amenaza de un nuevo Fenómeno de El Niño demanda inversiones urgentes en prevención, infraestructura y atención de emergencias. Cada sol que no se invierta hoy podría convertirse mañana en miles de millones destinados a la reconstrucción. La prevención no genera titulares, pero salva vidas y protege la economía.

A ello se suma la inseguridad ciudadana, que se ha convertido en la mayor preocupación de los peruanos. Combatir al crimen organizado requiere fortalecer la inteligencia policial, modernizar el sistema penitenciario, mejorar la capacidad del Ministerio Público y recuperar la autoridad del Estado. Nada de ello será posible sin recursos permanentes y una gestión eficiente.

Por eso, cualquier incremento del gasto social debe ir acompañado de decisiones responsables. Reducir la evasión tributaria, eliminar gastos improductivos, acelerar las asociaciones público privadas, simplificar la inversión y ejecutar con eficiencia el presupuesto son medidas que permiten ampliar el espacio fiscal sin poner en riesgo la estabilidad macroeconómica. El crecimiento económico sigue siendo la principal política social.

También resulta indispensable recuperar la confianza de quienes invierten y generan empleo. Sin estabilidad jurídica, reglas claras y respeto por las instituciones, el país perderá oportunidades de desarrollo. No hay programa social sostenible si antes no existe una economía capaz de financiarlo.

La verdadera diferencia entre un gobierno responsable y uno populista no está en aumentar salarios o pensiones, sino en la forma en que esas decisiones se financian. Si los recursos provienen de una economía que crece, de una mejor administración del Estado y de una mayor eficiencia del gasto público, las medidas sociales fortalecerán al país. Si, por el contrario, descansan sobre déficit permanentes o endeudamiento irresponsable, terminarán perjudicando precisamente a quienes buscaban proteger.

El Perú necesita un gobierno que combine sensibilidad con disciplina, solidaridad con eficiencia y liderazgo con prudencia. La esperanza no debe construirse sobre promesas efímeras, sino sobre decisiones capaces de resistir el paso del tiempo. Ese será el verdadero desafío del nuevo gobierno y, al mismo tiempo, la mejor oportunidad para demostrar que el país puede crecer sin renunciar a la justicia social ni poner en riesgo la estabilidad económica que tanto esfuerzo ha costado preservar.