La escalada bélica en Medio Oriente, además de las graves consecuencias humanitarias que implica, ya está generando efectos en la economía internacional y, por extensión, en la economía peruana. Estos impactos no solo se observan en las variables macroeconómicas, sino también, de manera directa, en el bolsillo de los ciudadanos. El principal canal a través del cual se transmite este choque externo es el precio del petróleo.

Desde el inicio del conflicto en el Medio Oriente, el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz (ubicado en Irán) se ha vuelto altamente riesgoso. Irán ha advertido que podría atacar buques vinculados a Estados Unidos, Israel o sus aliados, lo que ha provocado una fuerte reducción del tráfico marítimo. Aunque el estrecho no ha sido formalmente cerrado, en la práctica el flujo de petroleros se ha desplomado debido a amenazas, ataques y a la retirada de seguros marítimos. Dado que por esta ruta transita cerca del 20% del petróleo mundial, la disrupción ha generado preocupación por la oferta global de crudo y por posibles interrupciones adicionales del suministro.

El resultado ha sido inmediato en los mercados internacionales. El precio del petróleo Brent pasó de USD 72 por barril el 27 de febrero —un día antes del inicio del conflicto— a USD 85.41 el 5 de marzo, lo que representa un incremento cercano al 19% en apenas unos días.

Como si ello no fuera suficiente, el mercado energético nacional enfrenta un shock adicional. La deflagración ocurrida en los ductos de la concesionaria Transportadora de Gas del Perú (TGP) ha obligado a declarar en emergencia el suministro de gas por un periodo de 14 días, tiempo en el cual TGP estima podrá reestablecer el suministro del gas a sus flujos normales. Cabe resaltar que, al estar este servicio concesionado, la empresa privada tiene todos los incentivos en reparar los ductos en el menor tiempo posible (para evitar posibles sanciones y afectaciones a sus ingresos). Una situación diferente sería si las reparaciones las tuviera que hacer directamente el sector público, con tiempos bastante prolongados.

Este evento ha tenido efectos inmediatos en el sistema eléctrico nacional: el costo marginal de la electricidad se elevó de alrededor de US$32 a más de US$200 por MWh (COES, 2026). La razón es clara. Ante la menor disponibilidad de gas natural, el sistema eléctrico debe sustituir generación a gas por generación a diésel, un combustible importado cuyo precio está directamente vinculado al del petróleo Brent. El resultado es una multiplicación de los costos del sistema.

Las consecuencias de la guerra y de la emergencia de gas natural ya comienzan a observarse en el mercado interno de combustibles. En Arequipa, por ejemplo, el incremento de precios ha sido notorio. En enero, el precio promedio de venta del gasohol regular en distribuidores mayoristas era de S/ 10.84 por galón; al 6 de marzo, dicho precio alcanzó S/ 13.99 por galón, lo que representa un aumento cercano al 30%.

Mientras persista el conflicto en Medio Oriente y continúen las restricciones en el suministro de gas en el país, es razonable esperar nuevas presiones al alza en los precios de los combustibles y de la energía. Si bien el Perú no tiene capacidad para influir en el desarrollo de un conflicto internacional ni en los precios globales del petróleo, sí puede —y debe— estar preparado para actuar con rapidez para mitigar sus efectos.

Así, una de las principales fortalezas del Perú es su estabilidad macroeconómica. Contar con una economía sólida facilita la mitigación de choques externos adversos. Por ejemplo, una de las consecuencias del conflicto armado y de las restricciones en el mercado global del petróleo es el fortalecimiento del dólar, lo que ejerce presiones al alza sobre el tipo de cambio. Frente a ello, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) ha intervenido incrementando la oferta de dólares en el mercado cambiario con el fin de moderar la depreciación del sol. Esta capacidad de intervención se sustenta en el nivel de reservas internacionales del país (USD 90 214 millones al cierre de 2025, equivalente a aproximadamente 30 % del PBI), lo que permite al BCRP actuar de manera efectiva ante episodios de volatilidad cambiaria.

Asimismo, como ya se mencionó, resulta importante que se reestablezca el flujo regular de gas natural, a fin de contener el impacto del encarecimiento de los combustibles sobre los hogares y las empresas del país. No obstante, medidas como las recientemente anunciadas por el Gobierno, que disponen que las clases de los estudiantes se realicen de manera virtual, no contribuyen a resolver los problemas estructurales del mercado energético. Por el contrario, dichas medidas terminan restringiendo las libertades de las personas y pueden afectar negativamente el rendimiento académico de los estudiantes.

Los Juegos Bolivarianos Ayacucho 2025 comenzaron el pasado sábado bajo una sombra evidente: con obras claves que no estuvieron listas a tiempo. Este incumplimiento ha vuelto a encender la discusión sobre la capacidad del Estado peruano para ejecutar infraestructura deportiva de gran escala, especialmente cuando estamos a solo dos años de los Juegos Panamericanos Lima 2027.

El caso más simbólico es el del Estadio Cuna de la Libertad, ubicado en la ciudad de Ayacucho, el cual debió ser sede de los Juegos Bolivarianos. Con apenas 22 % de avance físico a la inauguración de los Juegos, los retrasos eran previsibles desde el inicio: el calendario de obra, de 18 meses contados desde diciembre de 2024 (cuando se inició la obra), ya anticipaba una culminación a mediados de 2026. A ello se suma un incremento de más del 15 % en su presupuesto: de S/ 367 millones en el expediente técnico inicial a un costo actualizado de S/ 423 millones. Es decir, S/ 56 millones adicionales.

La incapacidad combinada del Gobierno Regional de Ayacucho, como ejecutor del proyecto, y del IPD, como entidad responsable del evento, obligó a trasladar a Lima diversas disciplinas que originalmente se iban a desarrollar en la región. Lamentablemente, este no es un caso aislado, sino un caso más. Según estimaciones del Consejo Privado de Competitividad (CPC), a octubre de 2025 existían 12 619 proyectos públicos con retrasos en su finalización —un retraso promedio de 712 días— y el 30% de los proyectos con presupuesto asignado ni siquiera había iniciado su ejecución. Este nivel de ineficiencia tiene consecuencias reales: hospitales inconclusos, obras paralizadas, ciudades con pistas cerradas durante años y sobrecostos que paga la ciudadanía.

En contraste, parte del éxito de los Juegos Panamericanos Lima 2019 se explica por haber adoptado un modelo distinto. Se creó un Proyecto Especial dedicado exclusivamente a la gestión del evento y, sobre todo, se firmó un acuerdo de Gobierno a Gobierno con el Reino Unido. Gracias a ello, se introdujeron mecanismos modernos de gestión de proyectos, como los contratos NEC, que promueven colaboración, definición clara de riesgos y responsabilidades, y evitan las trabas típicas de la Ley de Contrataciones Públicas. Obras emblemáticas —como la Videna, la Villa Panamericana o el Complejo Deportivo de Villa María del Triunfo— se ejecutaron a tiempo bajo este esquema.

Asimismo, se permitió el uso de Convenios de Administración de Recursos (CAR), mediante los cuales entidades públicas transfirieron la gestión de contrataciones a organismos internacionales con experiencia. Tal fue el caso de la Municipalidad de Lima, que encargó a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), de las Naciones Unidas, la ejecución de proyectos viales esenciales, la mayoría culminados oportunamente (salvo el proyecto de mejoramiento de la avenida Huaylas, en Chorrillos).

La comparación no deja dudas: cuando se aplican mecanismos modernos de gestión, con equipos especializados y contratos que alinean incentivos, las obras se ejecutan a tiempo. Cuando se repite el esquema tradicional —fragmentado, burocrático— los retrasos y sobrecostos son, lamentablemente, la norma.

Los Juegos Bolivarianos 2025 deben servir como una señal de alerta. No solo por la cercanía de Lima 2027, sino porque el Perú necesita, con urgencia, un cambio estructural en cómo gestiona sus proyectos de inversión. En esa línea, desde el CPC reiteramos la necesidad de implementar Oficinas de Gestión de Proyectos (PMO) cuando se requiera ejecutar una cartera estratégica de proyectos, ya sea para la ejecución de unos Juegos o para aquellos sectores con mayor cantidad de proyectos de infraestructura —como Transportes y Vivienda— para asegurar una formulación y ejecución más eficiente de los proyectos públicos.

Las consecuencias de la grave crisis de inseguridad ciudadana que afronta el país tienen múltiples aristas, como la pérdida de vidas humanas, la reducción de la calidad de vida y también severos efectos económicos. Arequipa no es ajena a esta realidad y las últimas cifras disponibles demuestran que tanto el país como la región aún tienen un largo camino por recorrer en su agenda para derrotar la inseguridad ciudadana.

En lo referido a la pérdida de vidas humanas, solo hasta agosto de 2025 las defunciones por homicidios en Arequipa ascendieron a 39, lo que representa un incremento del 18 % respecto al año pasado y más del doble en comparación con el periodo previo al COVID-19. A esa fecha, las provincias con mayor número de casos fueron Arequipa (27), Caylloma (8) y Caravelí (4).

En cuanto a las denuncias por hechos delictivos, a agosto de 2025 se registraron 19 837, cifra que, si bien es menor que la alcanzada en agosto de 2024, ya supera ampliamente los niveles prepandemia. Para tener una referencia, en todo el año 2019 se reportaron 16 882 denuncias, por lo que en apenas ocho meses de 2025 ya se rebasó ese valor. Cabe destacar que, aunque el total de denuncias ha disminuido, no ocurre lo mismo en delitos graves como homicidios y extorsiones, cuyas denuncias a agosto de 2025 superaron en 49 % y 34 %, respectivamente, las registradas en agosto de 2024.

Esta situación se agrava al notar que, en 2025, el presupuesto asignado a la división funcional orden interno (donde se registran los gastos en seguridad ciudadana) es de S/ 370 millones para Arequipa, 19 % menos que en 2019, a pesar de que, según información del Ministerio del Interior, 3 de cada 10 comisarías no cuentan con acceso adecuado a servicios básicos, y una tercera parte de los vehículos policiales se encuentran inoperativos.

En el ámbito económico, desde el Consejo Privado de Competitividad (CPC) hemos estimado que la inseguridad le ha costado al Perú más de S/ 6 000 millones en términos de crecimiento entre 2021 y 2024, debido a la pérdida acumulada de actividad productiva. Arequipa se ubica como la sexta región con mayores pérdidas económicas, con un total de S/ 171 millones por los cuatro años (S/ 43 millones anuales). Con dicho monto anual, por ejemplo, se podría triplicar el presupuesto con el que cuenta, en 2025, el Programa Juntos, que brinda transferencias bimensuales de 200 soles a familias pobres del país.

Estas pérdidas económicas podrían incrementarse si la inseguridad continúa escalando y obstaculiza aún más el desarrollo de actividades productivas de alto impacto económico, como la minería. Hace unas semanas, la minera Poderosa en La Libertad alertó sobre el intento de ocupación de sus zonas por parte de mineros ilegales. En la misma región, en mayo, trece trabajadores mineros fueron asesinados, lo que, además de la tragedia humana, disminuye la competitividad del país para atraer nuevas inversiones en minería. En ese sentido, la inseguridad en todas sus formas —hurtos, homicidios, extorsiones o grandes mafias— viene obstaculizando el desarrollo de las principales actividades económicas del país y atentando contra la vida de los peruanos. Por ejemplo, una encuesta de IPSOS, en 2025, reveló que cerca de 8 millones de peruanos han cerrado sus negocios por razones vinculadas a la delincuencia.

Desde el CPC reiteramos nuestras propuestas para reducir la inseguridad ciudadana, entre ellas disminuir el hacinamiento penitenciario (mediante cárceles modulares y asociaciones público-privadas para la construcción y operación de penales) y reducir los altos costos de ingreso a la carrera policial (S/ 16 000 para hombres y S/ 17 000 para mujeres). No obstante, estas medidas tendrán un impacto limitado mientras no se implemente una reforma estratégica del sistema policial y judicial. Casos como la captura del criminal conocido como “El Monstruo”, quien afirmaba recibir información de la propia Policía Nacional para evitar ser detenido, evidencian que cualquier solución técnica requerirá de un sistema más sólido y protegido frente a la corrupción.

Recién acabado el primer semestre, los peruanos deberíamos esperar que los proyectos de inversión pública que se han planificado hacer en todo el país ya cuenten con un nivel de avance significativo, pues solo queda medio año para cumplir todas las metas físicas y financieras.

La realidad, en la práctica, muestra buenas y malas noticias. Entre lo bueno, los niveles de inversión pública han mejorado respecto a junio de 2024, pues el monto invertido hasta junio de 2025, que ascendió a S/ 24,5 mil millones, es 10 % mayor a lo invertido a junio 2024. No obstante, esta inversión realizada solo representa el 37 % de todo el presupuesto de inversiones. Más de la mitad del presupuesto no se ha gastado, y solo nos queda una mitad de año para hacerlo.

La baja ejecución del presupuesto es ocasionada por diversos factores, siendo uno de los principales la débil planificación de proyectos. Cada año, aproximadamente, se tienen más de 50 000 proyectos con presupuesto, y solo entre 2018 y 2014, cada año más de 13 000 proyectos son incorporados al portafolio de proyectos, y cerca de 10 000 proyectos dejan de recibir presupuesto a pesar de no haber sido culminados. Así, el sistema no termina priorizando lo avanzado, e ingresa proyectos a la cartera del año sin haberse culminado los anteriores.

El mal sistema de planificación de inversiones se refleja en que, a junio, miles de proyectos a nivel nacional tienen ejecución cero. Es decir, no solo tenemos un problema de baja ejecución presupuestal, sino que también hay un gran número proyectos que, literalmente, teniendo presupuesto, no han gastado ni un solo sol.   A junio de 2025, más de 22 000 proyectos tienen ejecución 0 (un 44 % del total de proyectos), lo cual representa un presupuesto acumulado de más de 11 000 millones de soles. Arequipa, lamentablemente, no se queda atrás. El Gobierno Regional de Arequipa tiene a su cargo 315 proyectos con presupuesto 2025, y en el 38 % de ellos no se ha ejecutado ni un solo sol a junio de 2025. Por su parte, los gobiernos locales de la región tienen en total 2 595 proyectos y el 45 % de ellos tiene ejecución cero.

Como consecuencia, no es de sorprender, el impacto de la inversión pública no es el esperado. Los números demuestran que a pesar de que entre 2019 y 2024 se han invertido más de 1 000 millones de soles a nivel nacional en transporte, educación, salud y saneamiento, las brechas no se han cerrado. Así, por ejemplo, los locales públicos escolares con los tres servicios básicos de redujo de 30,8 % a 29,4 % entre 2019 y 2023, y el porcentaje de hogares que cuentan con conexión a la red pública de alcantarillado se redujo de 73 % a 71,4 % de 2019 a 2024.

Así, no solo resulta imprescindible que el Estado mejore sus capacidades de gestión de proyectos a través, entre otros, del uso de mecanismo de inversión más eficientes, sino que también es relevante que, como ciudadanos, ejerzamos el control sobre nuestras autoridades al exigir celeridad y cierre de los proyectos de inversión que nos benefician.

Una de las opciones que tenemos disponible es un aplicativo llamado Reacciona, que fue creado en trabajo conjunto entre el Instituto Apoyo y el Consejo Privado de Competitividad, con financiamiento del Instituto Bicentenario, y que permite, de manera gratuita a cualquier ciudadano verificar el avance de los proyectos de inversión de su interés. Los invitamos a utilizarlo (https://reacciona.pe/#) y así, desde la sociedad civil, demostrar a las autoridades que justamente exigiremos mejores resultados para nuestras comunidades.

El pasado 8 de mayo, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) publicó las cifras de pobreza monetaria correspondientes a 2024. Los resultados no son alentadores: el 27,6 % de los peruanos vive en situación de pobreza, lo que equivale a 9 millones 395 mil personas.

Aunque esta tasa representa una reducción de 1,4 puntos porcentuales respecto a 2023 (29 %), sigue siendo muy superior a los niveles prepandemia. En 2019, la pobreza afectaba al 20,2 % de la población, lo que evidencia un grave retroceso que nos ha llevado a niveles de pobreza que teníamos en 2011 (27,8%), así como la poca efectividad de las intervenciones estatales para revertir esta situación. Los departamentos con mayores índices de pobreza en 2024 fueron Cajamarca (45 %) y Loreto (43 %), mientras que los menores niveles se registraron en Ica (6 %) y Moquegua (11 %). Arequipa, por su parte, tiene un nivel de pobreza de 15,8%, y es el departamento que más redujo su tasa de pobreza respecto a 2023 (-1,9%).

El INEI utiliza históricamente un enfoque de pobreza monetaria, comparando el gasto per cápita de los hogares con una línea de pobreza. Aquellos hogares cuyo gasto promedio por persona no supera dicho umbral son considerados pobres. En 2024, esta línea se fijó en S/ 454 mensuales, monto que permite cubrir una canasta básica de alimentos y otras necesidades esenciales como transporte, vivienda, salud, vestimenta y educación. Así, el 27,6 % de los peruanos no cuenta con los recursos económicos suficientes para cubrir un mínimo esencial de necesidades básicas.

Del análisis de las tendencias recientes en pobreza, surgen dos características preocupantes. Primero, el crecimiento de la pobreza en las zonas urbanas. Segundo, la existencia de una amplia proporción de ciudadanos que, sin ser clasificados como pobres, enfrentan un alto riesgo de caer en pobreza.
La urbanización de la pobreza se intensificó a raíz de la pandemia. En 2019, el 56,7 % de la población pobre vivía en zonas urbanas. En 2020, esta proporción aumentó al 68,4 %, y en 2024 llegó al 72,7 %. Esto implica que las políticas de reducción de la pobreza deben ajustarse a un enfoque más urbano que en el pasado.

La situación se vuelve aún más crítica si se incorpora el concepto de vulnerabilidad a la pobreza. Las personas con vulnerabilidad a la pobreza son aquellas cuyo gasto per cápita sí supera la línea de pobreza (es decir, no son pobres), pero cuyos ingresos son tan frágiles que cualquier evento adverso —una enfermedad, la pérdida del empleo, una emergencia familiar— podría empujarlos a la pobreza. Estas personas no cuentan con ingresos estables ni capacidad de ahorro. En 2024, el 31,8 % de la población estaba en esta situación de vulnerabilidad. Si se suma este grupo al porcentaje de pobres, se concluye que el 59,4 % de los peruanos vive en pobreza o en un riesgo muy alto de caer en ella.

Seis de cada diez peruanos están en condición de pobreza o son vulnerables ante cualquier imprevisto que afecte su economía. Esta es una señal alarmante del deterioro de la economía familiar en el país. La experiencia reciente demuestra que la clave para reducir la pobreza está en promover un crecimiento económico sostenido, con políticas que impulsen la competitividad y generen empleo. Entre 2004 y 2019, la pobreza cayó de 58,7 % a 20,2 % justamente por esa vía.

No obstante, el contexto actual no permite anticipar un cambio significativo. La creciente inseguridad ciudadana desalienta el desarrollo de nuevos emprendimientos; el Poder Ejecutivo ha optado por restringir la minería formal en zonas como Pataz, sin lograr contener el avance de la minería ilegal; el reciente incremento del salario mínimo ha afectado negativamente los incentivos para la formalización laboral; y, por segundo año consecutivo, el Gobierno ha incumplido su meta de déficit fiscal, evidenciando una débil disciplina en la gestión de las finanzas públicas.

Frente a este escenario, se vuelve indispensable elegir autoridades con una hoja de ruta clara, orientada a fortalecer la competitividad, promover un crecimiento económico sostenido y reducir la pobreza de manera efectiva. Un punto de partida viable es la reactivación de proyectos de inversión mediante esquemas que aseguren su adecuada operación y mantenimiento, como las Asociaciones Público-Privadas. De esta forma, se garantiza que las obras ejecutadas realmente presten servicios de calidad a la ciudadanía y contribuyan al desarrollo sostenible y competitivo del país.

El Gobierno anunció el lunes pasado una ambiciosa cartera de 31 proyectos de agua y saneamiento que serán ejecutados bajo la modalidad de Asociaciones Público-Privadas (APP), con una inversión estimada de 5 500 millones de dólares. Estos proyectos se desarrollarán en 15 regiones del país y, según el cronograma mencionado por las autoridades, las adjudicaciones se realizarían entre 2025 y 2026, con miras a la ejecución de los proyectos hasta el año 2030.

Este anuncio marca un punto de inflexión en la forma de impulsar inversiones en el sector. Entre 2008 y 2024, solo se habían adjudicado cinco proyectos APP en materia de agua y saneamiento, con un monto total de 852 millones de dólares. Cuatro de estos beneficiaron exclusivamente a Lima, y solo uno —el sistema de tratamiento de aguas residuales de la cuenca del Lago Titicaca, en Puno— se ejecutaría fuera de la capital. Sin embargo, este último fue declarado en terminación anticipada en 2023.

El nuevo paquete de proyectos no solo multiplicaría por más de seis la inversión histórica en este tipo de iniciativas, sino que también descentraliza significativamente su alcance, marcando una clara apuesta por cerrar brechas de acceso en diversas regiones del país.

La inversión en agua y saneamiento a través de APP es clave para cerrar las brechas de acceso a estos servicios en el país. Entre 2019 y 2023, el Estado destinó cerca de S/ 24 mil millones a proyectos de saneamiento; sin embargo, en ese mismo período, el porcentaje de hogares ubicados en viviendas con acceso a red pública de alcantarillado se redujo de 64,5 % a 62,3 %. Este retroceso evidencia que el modelo de inversión pública (Ley de contrataciones) no ha logrado los resultados esperados, lo que hace necesario migrar hacia un enfoque basado en APP.

A diferencia de una obra pública convencional, una APP garantiza que la operación y mantenimiento (O&M) de la infraestructura se realice bajo estándares de calidad definidos desde el inicio del proyecto. En lugar de transferir la infraestructura a las empresas prestadoras de servicios (EPS) o a los municipios, como ocurre en el modelo tradicional, la APP mantiene la responsabilidad del O&M en manos del concesionario privado durante todo el plazo de la concesión. Este esquema crea incentivos claros para asegurar el cumplimiento de los niveles de servicio establecidos contractualmente, bajo la posibilidad de aplicar penalidades en caso de incumplimiento.

Entre los proyectos que el Estado prevé impulsar bajo esta modalidad se encuentran: Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en distintas ciudades del país, obras de cabecera para mejorar la captación de agua, plantas desalinizadoras y sistemas integrales de agua y saneamiento. En particular, las PTAR cumplen una función ambiental clave, al tratar las aguas servidas antes de su disposición final, reduciendo significativamente los niveles de contaminación. Por su parte, las plantas desalinizadoras son una alternativa estratégica en zonas costeras, ya que permiten transformar agua de mar en agua potable, aumentando así la disponibilidad del recurso para el consumo humano.

El principal desafío para el Estado será garantizar que los proyectos se ejecuten dentro de los plazos previstos. En 2024 se adjudicaron APP por un valor de USD 5 017 millones, lo que representa más de cuatro veces el monto adjudicado en 2023 y marca un récord histórico desde 2015. Sin embargo, esta cifra alentadora contrasta con la realidad de los tiempos de implementación: en promedio, el Estado —a través de ProInversión— ha requerido 58 meses (casi cinco años) para concretar la firma de los últimos 15 contratos de APP. Este plazo casi triplica el tiempo promedio registrado bajo la normativa vigente entre 2008 y 2012, que era de 20 meses. Las razones de los retrasos en los plazos son variadas, pero se pueden resumir en que diversos actores deben brindar opinión a una de APP en varios momentos del proceso (MEF, Contraloría, reguladores, ministerios, ProInversión), el cual se ha vuelto bastante engorroso, lo que ralentiza la agilidad con la que se debe adjudicar una APP.

La demora en la adjudicación y ejecución de proyectos de APP no solo resta eficiencia al modelo, sino que también genera pérdidas significativas en términos de bienestar social, al postergar el acceso a servicios esenciales para miles de familias. Por ello, si el país apuesta decididamente por las APP como vehículo para cerrar las brechas en agua y saneamiento, el Estado debe asumir un rol más ágil y articulado. Es crucial establecer mecanismos institucionales y normativos que permitan acelerar los procesos de adjudicación, reducir cuellos de botella y asegurar que los proyectos no solo se liciten, sino que efectivamente se construyan y entren en operación en el menor tiempo posible.

PERÚ COMPETITIVIDAD

Uno de los aspectos más positivos del año que acaba de terminar ha sido la recuperación de la importancia de las Asociaciones Público Privadas (APP) como mecanismo de inversión para el cierre de brechas. En 2024, las APP adjudicadas ascendieron a USD 5.017 millones en monto de inversión, un valor que representa más de cuatro veces el monto correspondiente a 2023 (USD 1.229 millones). Además, la adjudicación de 2024 es superior al total del periodo 2017 – 2022 (USD 1.092 millones).

En el pasado, nuestro país no ha sido ajeno a estos montos de adjudicación, pues en el periodo 2011 – 2014 se adjudicaron APP por un promedio de USD 3.588 millones anuales en monto de inversión, con un pico de USD 5.799 millones en 2014. Así, lo que se ha observado en 2024 ha sido un retorno a los niveles de adjudicación que el país tenía hace más de 10 años.

La relevancia de la recuperación de las APP no solo está relacionada con la recuperación de niveles de inversión, la generación de empleo y, consecuentemente, el incremento del PBI, sino que además las APP tienen un efecto directo en el cierre de brechas del país mediante la materialización de proyectos con alto impacto en la productividad nacional.

Por ejemplo, el Anillo Vial Periférico proyecta beneficiar a más de 4 millones de habitantes, y se conectará con la Línea 1 y 2 del Metro de Lima, el Metropolitano, el Aeropuerto Jorge Chávez, el Puerto del Callao, entre otros. El Terminal Portuario San Juan de Marcona, por su parte, no solo beneficiará al transporte marítimo de la zona sur del país, sino que además fue diseñado para que un porcentaje de los ingresos del concesionario permita constituir un fondo social (estimado por ProInversión en S/290 millones en los 25 años de operación del proyecto). Dicho fondo permitirá financiar proyectos de inversión en Marcona, así como programas de atención a la población de la zona.

Las proyecciones de ProInversión apuntan a que en 2025 se superaría el récord de adjudicaciones en APP logrado en 2014, alcanzando una adjudicación total de USD 6.129 millones. No obstante, el reto para el Gobierno estará en reducir los plazos tanto en la adjudicación y firma de contratos de APP como en la puesta en operación de los proyectos, que es finalmente lo que genera beneficios en los ciudadanos.
Sobre los plazos de adjudicación y firma de contratos de APP, en promedio las APP adjudicadas en 2024 requirieron de 85 meses para que sus contratos de concesión puedan ser firmados (contados desde el encargo del proceso de promoción a ProInversión). Por ejemplo, el Anillo Vial Periférico fue adjudicado más de 11 años después de haber sido encargado a ProInversión. Otro proyecto de envergadura adjudicado en 2024, el Ferrocarril Huancayo – Huancavelica, fue concesionado más de 17 años después de haberse encargado a ProInversión (en 2007). Sobre los plazos de ejecución contractual, cabe resaltar el caso de la Línea 2 del Metro de Lima, que después de más de diez años de ser adjudicada (marzo del 2014), aún está lejos de ser operada en su totalidad.

En este contexto, cabe resaltar que las modificaciones realizadas al marco legal de las APP, a través del Decreto Legislativo 1691 (octubre de 2024), apuntan a la dirección correcta de agilizar los plazos. Entre otros cambios, dicha norma introdujo el concepto de solución técnica de las APP, la cual define en las etapas iniciales de las APP, el alcance, la alternativa seleccionada, el área de influencia y los niveles de servicio preliminares de los proyectos. Dicha incorporación, que fue discutida y propuesta en la Mesa Técnica de Infraestructura liderada por el Consejo Privado de Competitividad, busca evitar que cambios sucesivos en el alcance de los proyectos retrasen los cronogramas de adjudicación de las APP.
Así, el Gobierno deberá seguir realizando esfuerzos por simplificar los procedimientos para la adjudicación de APP y, además, agilizar procesos como la liberación de predios e interferencias, para no retrasar la puesta en operación de los proyectos.

En ese sentido, resulta crítico que ProInversión y el MEF evalúen a los Ministerios y entidades que se encuentren a cargo de la ejecución contractual de las APP, a fin de determinar si se encuentran en la capacidad real de gestionar contratos con una agilidad óptima, o si más bien se requiere replantear el rol de ProInversión hacia una agencia encargada no solo de liderar el proceso de promoción de las APP, sino también, ejecutar sus contratos.

PERÚ COMPETITIVIDAD

En lo que resulta ser una historia que se repite y repite cada cierto tiempo, el Congreso de la República está ad portas de aprobar una Ley (pendiente de una segunda votación en el Pleno) que atenta contra la meritocracia del sistema educativo peruano.

Bajo la normativa vigente, para ser nombrado docente en Educación Básica, los interesados deben ganar una plaza en un concurso público de nombramiento que incluye una evaluación en dos etapas. Solo aquellos postulantes que aprueben la evaluación podrán seleccionar las plazas en las que quisieran ser nombrados. Finalmente, el Ministerio de Educación (MINEDU) determinará a los ganadores, tomando en consideración tanto el orden de mérito en la evaluación, como las preferencias de los postulantes.

La diferencia entre las plazas que priorizaron los docentes y las plazas disponibles puede ocasionar que no se asignen todas las plazas que estaban ofertadas. Esta situación se genera a pesar de que el MINEDU ha establecido una etapa de “repechaje” para aquellos docentes que no fueron acreedores de las plazas que querían. En este “repechaje”, los postulantes, respetando el orden de mérito de la evaluación, tienen la facultad de aceptar una plaza disponible que no formó parte de sus preferencias iniciales. Así, los resultados finales del concurso 2022 muestran que, de 101 509 plazas disponibles, se asignaron solo 74 767, quedando desiertas 26 742 plazas.

La Ley que el Congreso de la República está ad portas de aprobar establece que, para los postulantes que, habiendo aprobado la evaluación no resultaron ganadores de una plaza en un concurso ya culminado, se les habilite una etapa extraordinaria adicional en la que se les asignen las plazas desiertas, en orden de mérito a los resultados de la evaluación. Esta Ley, que en la práctica instaura un segundo “repechaje” que se realizaría después de la culminación del concurso, deja abierta la posibilidad que sea aplicada a todos los concursos de nombramiento previos y futuros, resultando altamente perjudicial para la meritocracia principalmente por dos razones:

Primero, esta Ley afectaría directamente la competitividad de los concursos de nombramiento docente. Una plaza desierta puede volver a ser concursada, con lo cual los postulantes al concurso 2024 que podrían obtener mejores puntajes que los postulantes no ganadores en concursos previos, perderían la posibilidad de tentar a obtener las plazas que quedaron desiertas. Cabe resaltar que la Ley de Reforma Magisterial establece claramente en su artículo 21 que los concursos son independientes y sus resultados son cancelatorios, por lo cual esta Ley vulneraría lo dispuesto en dicha norma.

Segundo, que esta Ley alargaría las consecuencias lesivas de la reducción de la exigencia de la evaluación docente en los concursos de nombramiento que se realizaron desde 2022. Mientras que entre 2015 y 2019 solo el 10% de los postulantes aprobó la primera etapa de la evaluación docente (consistente en una prueba única aplicada a nivel nacional), en el concurso 2022, la tasa de aprobación se incrementó notablemente a 46% (y fue de 30% en el concurso 2024). Este incremento, que podría atribuirse a que los postulantes se prepararon mejor para dar su examen, en realidad esconde que la nueva prueba tuvo una reducción en el número de preguntas y subpruebas. Además, se eliminó el puntaje mínimo de las subpruebas referidas a la comprensión lectora y razonamiento lógico, y se redujo, de 60% a 55%, el porcentaje mínimo de puntos de la prueba que se deben obtener para tener un resultado aprobatorio. Evidentemente, con una prueba que, como dirían nuestros estudiantes, era más “papayita”, aprobaron más postulantes y son ellos quienes ahora tendrán un segundo “repechaje” para intentar conseguir una plaza que quedó desierta.

El Consejo Nacional de Educación y el Pacto Nacional por la Educación de Calidad ya se han pronunciado en contra de la Ley. Incluso el MINEDU, aquel que decidió reducir la calidad de la prueba única nacional desde el 2022, ha opinado en contra de esta anti–reforma a la meritocracia. Como sociedad civil, finalmente, nos queda permanecer alerta a los atentados que desde el Legislativo y el Ejecutivo se vienen dando a la meritocracia en la selección de docentes, lo que afecta la educación de nuestros estudiantes.