VECINOS RECLAMAN

Socabaya acumuló nuevos cuestionamientos por obras públicas retrasadas, paralizadas o sin entrega efectiva. La situación volvió a colocar bajo evaluación la capacidad de la Municipalidad Distrital de Socabaya para planificar, supervisar y culminar intervenciones que debían mejorar espacios públicos, servicios educativos y zonas recreativas del distrito.

Uno de los casos más visibles fue la obra de mejoramiento de la plaza principal de Socabaya, ubicada en uno de los espacios más representativos del distrito. El proyecto registró demoras en su ejecución y problemas vinculados al pago de trabajadores, situación que afectó la continuidad de los trabajos y extendió los plazos inicialmente previstos.

La intervención correspondió al proyecto de mejoramiento de espacios públicos urbanos del pueblo tradicional de Socabaya, identificado con CUI 2629520. La contratación consignó un monto de S/ 3 millones 796 mil 656, con inicio el 4 de noviembre de 2025 y término programado para el 2 de abril de 2026; sin embargo, la obra llegó a junio sin estar culminada.

De acuerdo con información difundida sobre el avance del proyecto, la obra debía entregarse el 26 de mayo, pero registraba un avance aproximado del 60 %. Esa diferencia entre el plazo, el avance físico y la ejecución real abrió cuestionamientos sobre la fiscalización municipal y la capacidad de la contratista para cumplir con los compromisos asumidos.

El segundo frente crítico fue el parque Juan Velasco Alvarado, en el pueblo joven 4 de Octubre. Vecinos denunciaron que la intervención municipal dejó un espacio recreativo inconcluso, con huecos, basura, cerco provisional deteriorado, pérdida de áreas verdes y presencia de personas ajenas al barrio durante la noche.

La obra del parque correspondía al proyecto de mejoramiento del servicio de práctica deportiva y recreativa en el Complejo Deportivo Juan Velasco, con CUI 2602851. La intervención fue incorporada al plan de contrataciones con un valor estimado superior a S/ 1.2 millones, pero el proceso terminó observado y la propia municipalidad declaró su nulidad de oficio, ordenando retrotraerlo a una etapa previa.

El tercer caso fue la institución educativa Felipe Santiago Salaverry, cuya nueva infraestructura continuó sin entrega plena pese al reclamo de padres de familia. La UGEL Arequipa Sur informó que el entrampamiento estaba vinculado a pagos pendientes con Sedapar y al saneamiento de servicios básicos, condición necesaria para cerrar el proceso administrativo y habilitar el plantel. La obra inicio con S/ 12 millones y hoy supera los S/ 15 millones.

La demora afectó a más de 500 escolares que estudiaron en ambientes provisionales en el sector de Coscollo, mientras la comunidad educativa exigía retornar a su local renovado. Padres de familia cuestionaron que una obra anunciada como concluida siguiera sin uso pleno por trámites, deudas y responsabilidades no resueltas entre entidades y contratistas.

Los casos expusieron una misma preocupación: Socabaya no enfrentó solo retrasos aislados, sino una cadena de intervenciones con problemas de ejecución, control y comunicación pública. En obras de uso ciudadano, cada demora impactó directamente en vecinos, escolares, familias y usuarios que esperaban espacios seguros y plenamente habilitados.

El balance dejó una exigencia concreta para la gestión municipal: menos anuncios y más obras terminadas. Para la población, la prioridad pasó a ser contar con cronogramas verificables, pagos cumplidos, responsabilidades claras, supervisión permanente y proyectos entregados en condiciones reales de uso.

Un accidente de tránsito causó la muerte de un conductor la madrugada de ayer, domingo 14 de diciembre, en la avenida Paisajista del distrito Socabaya. El hecho ocurrió alrededor de las 02:30 horas de la madrugada, cuando el vehículo -que circulaba a exceso de velocidad– impactó contra un poste de alumbrado público.

El automóvil negro, de placa APE-318, circulaba sin acompañantes. Tras el choque, la unidad quedó con severos daños, lo que evidenció la magnitud del impacto ocurrido en una de las vías principales del distrito. Debido a los daños que, se presume que el vehículo circulaba a exceso de velocidad.

Tras el levantamiento del cadáver, la víctima fue identificada como Yoel Quiroz Mamani. De acuerdo con las primeras informaciones, se dirigía a visitar a su pareja, quien reside en las inmediaciones de la Mansión El Fundador.

Personal de emergencia confirmó el deceso en el lugar. Luego, trasladaron el cuerpo a la morgue central de Arequipa para las diligencias de ley, mientras que el vehículo quedó bajo custodia en la comisaría de Ciudad Mi Trabajo. Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas del accidente.

La Municipalidad Distrital de Socabaya volvió a romper parte de la cuadra 9 de la Av. Las Peñas, apenas una semana después de reabrirla al tránsito vehicular, con el fin de ejecutar la construcción de un rompemuelle. Esta situación ha generado malestar entre los vecinos, quienes denuncian una evidente falta de planificación en la ejecución de la obra.

El tramo intervenido forma parte de la vía que estuvo cerrada por más de cinco meses, debido a retrasos y periodos de abandono en los trabajos de asfaltado. Los habitantes de la zona señalan que la pista fue entregada recientemente, pero volvió a ser rota sin previo aviso, afectando nuevamente la circulación vehicular.

Según los pobladores, el rompemuelle estaba proyectado desde un inicio debido a la cercanía del colegio inicial Cerro Salaverry, ubicado a pocos metros del punto intervenido. Sin embargo, la estructura no fue incluida en el proceso original de construcción y recién se considera ahora, cuando la vía ya había sido reparada y abierta.

El vecino Leonel Riveros manifestó su indignación al asegurar que los trabajos demoraron meses y ahora se debe intervenir nuevamente la pista por decisiones tomadas “a última hora”. Indicó que esta situación retrasa el tránsito, genera congestión y perjudica diariamente a las familias del sector.

Los residentes también denunciaron que la municipalidad no incluyó en el proyecto el cambio de redes de agua y desagüe, pese a que las tuberías actuales son antiguas y de cemento, lo que provoca recurrentes atoros y podría motivar nuevas roturas de la pista en el corto plazo. Tampoco se consideró la futura instalación de redes de gas.

Riveros afirmó que la comuna distrital ignoró las recomendaciones vecinales y del propio proveedor de agua, Sedapar, que habría mostrado disposición para reemplazar las redes durante la ejecución de la obra. “Si se necesita cambiar las tuberías después, la pista tendrá que romperse otra vez”, advirtió.

Los vecinos señalaron que esta no es la primera vez que ocurre una situación similar. Recordaron que otras obras en Socabaya han sido ejecutadas de manera incompleta, lo que ha obligado a reintervenir zonas recién asfaltadas por falta de coordinación técnica entre la municipalidad y las empresas de servicios. (PR)

Por Danna Felipe B.

El próximo domingo 7 de diciembre se llevará a cabo el famoso campeonato “Fin de Año” de la Asociación de Criadores, Propietarios y Aficionados de Toros de Pelea de Arequipa en el Complejo Recreacional “El Pasto-Las Peñas” (Socabaya), a partir de las 12:45 p.m. Daniel Álvarez Chávez, presidente de la Acpatpa, nos informa que serán 14 peleas entre toros de renombre, por lo que adelanta una cordial invitación a toda la población arequipeña a disfrutar de esta tradición viva.

Álvarez Chávez detalla que las peleas se dividirán en dos categorías: Medianos (hasta 940 kilos de peso vivo) y Pesados (más de 940 kilos sin límite). Para animarnos, nos revela las peleas más esperadas por categoría: en la primera, Rey Chancaco de Characato enfrentará a Ardiente Canelo de Socabaya, y en la segunda, Jaguar de Mollebaya se medirá con Escorpión Curaleño de Tiabaya.

“Es una tradición, es una distracción sana. Es un espectáculo que ya se ha vuelto familiar. Años atrás era netamente para el público cautivo, más del 80% eran hombres, ahora ya no, es completamente familiar; acude la esposa, los hijos”, afirmó. De esta manera, nuestro entrevistado propone un plan familiar que ayuda a mantener viva la tradición de la pelea de toros, patrimonio histórico de Arequipa desde el 2016.

EL TORO DE PELEA GOZA DE UNA BUENA VIDA

Asimismo, dado los persistentes comentarios en redes sociales sobre que la pelea de toros constituye maltrato animal, Álvarez Chávez hizo la siguiente aclaración:

“El desconocimiento da paso a opiniones desatinadas, conceptos totalmente fuera de lugar. Antes de que los toros peleen, se toman en cuenta características como tamaño, peso y edad, porque un toro mayor no puede pelear con un ternero. El toro que tiene mayor supremacía sobre el otro es el que queda parado sobre la cancha, y el otro se retira. Acá no hay muerte. No hay ningún maltrato”.

Muy por el contrario, explica que el toro que participa en las peleas tiene una larga y buena calidad de vida. Mientras que un toro criado para el mercado cárnico vive aproximadamente dos años, uno que representa a una familia arequipeña puede vivir incluso más de 15 años.

“Vive bajo condiciones muy favorables: se le proporciona un establo muy acondicionado, con sombra, agua limpia, concentrados, vitaminas; sale a ejercitarse como un atleta de alta competencia. Tiene una calidad de vida muy buena, entonces, ¿cómo podemos decir que hay maltrato animal? Las familias lo crían incluso mejor que muchas mascotas; los representa, lo quieren, lo estiman y lo cuidan mucho”, finalizó.

DESDE HACE DOS SEMANAS

En el distrito de Socabaya, denunciaron que la obra de mejoramiento vial iniciada por la Municipalidad Distrital, bajo la gestión del alcalde Roberto Muñoz, se encuentra abandonada desde hace dos semanas. La paralización, según los afectados, ha generado una intensa polvareda y bloqueado los accesos a decenas de viviendas, perjudicando la vida diaria de las familias de la zona.

La obra, iniciada en junio de este año, debía concluir en un plazo máximo de tres meses. Sin embargo, el tramo comprendido entre la avenida Arequipa y el pasaje Santa Rosa permanece sin asfaltar, lleno de tierra, escombros y vehículos estacionados. “Hace más de quince días que no aparece ningún trabajador”, afirmó el vecino Frank Mamani, quien alertó además sobre el riesgo sanitario por el polvo que se levanta con el viento.

Uno de los puntos más críticos es el jardín de niños de Cerro Salaverry, ubicado en la misma avenida. El ingreso al centro educativo se encuentra bloqueado y los menores deben transitar por una vía llega de tierra y piedras. “Los niños están expuestos a enfermedades respiratorias, y muchos padres tienen dificultades para dejarlos en clases”, agregó Mamani, visiblemente preocupado por la situación.

La falta de avance en los trabajos también ha provocado una severa congestión vehicular. La Av. Las Peñas funciona como ruta de desfogue hacia Hunter y otras zonas aledañas, por lo que el cierre parcial ha generado caos en horas punta. Los vecinos aseguran que el problema podría agravarse durante los días de Todos los Santos, cuando el tránsito hacia el cementerio de Socabaya aumenta considerablemente.

Paula Cana, vecina del sector, señaló que la gestión municipal no ha brindado información sobre la reanudación de los trabajos. “Sabemos que era una obra necesaria, pero la dejaron a medias. Ahora no podemos ni entrar con los carros a nuestras casas”, comentó. Los pobladores reclaman la intervención inmediata de la comuna para evitar mayores perjuicios.

Durante un recorrido por la zona, se constató que las intersecciones están cubiertas de polvo y residuos de construcción. En algunos puntos, la vía presenta huecos y montículos de tierra que dificultan el paso peatonal y vehicular. Vecinos también denunciaron la acumulación de basura y la falta de señalización que advierta sobre el peligro de transitar por la zona.

La Municipalidad Distrital de Socabaya no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el estado del proyecto ni sobre las razones del abandono. Los vecinos exigen transparencia y la pronta culminación de la obra, advirtiendo que, de persistir el problema, organizarán una protesta pública frente al municipio.

La empresa Sedapar informó que este jueves 25 de setiembre se realizará la suspensión del servicio de agua potable en diversas zonas del distrito de Socabaya. La interrupción responde a trabajos de limpieza y desinfección de reservorios, una labor periódica que busca garantizar la calidad del agua que llega a los hogares arequipeños.

El corte afectará al circuito R-32, que comprende a asociaciones y urbanizaciones como Hab para la Humanidad, El Mirador de Socabaya, La Pradera de Chuca, Villa Socabaya, Exalumnas de Abancay Rosa de Santa María, Los Rosales II Etapa, Alto Buena Vista, entre otras. Sedapar precisó que el servicio se suspenderá a partir de las 07:30 horas del jueves.

Según el comunicado oficial, la reposición del agua se realizará a partir de las 08:00 horas del viernes 26 de setiembre. Se recomienda a la población almacenar agua con anticipación para cubrir sus necesidades básicas durante las horas de restricción.

Igualmente se recordó a los usuarios que estos trabajos son necesarios para asegurar el suministro en condiciones óptimas. Asimismo, puso a disposición su central telefónica y su asistente virtual para atender consultas y reportes.

A pesar de los compromisos del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), la puesta en funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Socabaya se concretará recién en 2026. Aunque ya se culminaron las obras civiles, aún falta adquirir la subestación eléctrica. Además, aún no se inician los procedimientos para realizar las pruebas piloto ni transferir la planta a la EPS Sedapar.

Esta semana, funcionarios del GRA se reunirán con representantes de Sedapar para definir el cronograma de la prueba piloto, la transferencia y la puesta en funcionamiento de la planta. Solo esta última etapa demandará 90 días, mientras que los demás procedimientos podrían extenderse por aún más tiempo. Con poco más de cuatro meses para cerrar el año, la PTAR estaría operativa recién en 2026.

«La puesta en marcha está determinada por seis meses. Nuestra propuesta es que los plazos se reduzcan para que la PTAR de Socabaya entre en operatividad. Esto dependerá de la coordinación de la próxima reunión con Sedapar. Nosotros tenemos que entregarles la planta y ellos, como área usuaria final, lo definirán», detalló Alfredo Zirena Uria, jefe de la Oficina Regional de Supervisión de Inversiones y Transferencias del GRA.

La PTAR de Socabaya comenzó a ejecutarse en 2019 con un presupuesto de S/ 4 330 884. Tras seis años de entrampamientos, la inversión se cuadruplicó y asciende a S/ 17 227 189.21. Aunque el proyecto se ejecuta mediante convenio interinstitucional entre las municipalidades de Socabaya y Characato, el GRA asumió la obra bajo la modalidad de administración directa, siendo los responsables directos de los retrasos.

«El equipamiento electromecánico necesario no existía en Perú. Se tuvo que importar del extranjero, lo que ocasionó la demora en la culminación de la obra. Ya se están instalando algunos equipos. Ahora corresponde realizar pruebas y verificar, conjuntamente con Sedapar, para culminar la construcción de la PTAR», declaró José Enríquez Mamani, gerente regional de Infraestructura.

Aunque ya se entregaron los filtros rotativos, todavía falta la adquisición de la subestación eléctrica. Este último componente, de un total de nueve, será adquirido mediante un proceso de Adquisición Simplificada y se estima que llegue en un mes. Zirena Uria advirtió que los incumplimientos en los plazos de entrega de equipos serán penalizados, incluso si se trata de equipamiento especializado.

Más de 20 mil residentes de Horacio Zeballos Gámez y de asentamientos humanos vecinos esperan hace más de seis años la culminación de la PTAR de Socabaya. Las aguas residuales ocasionan malos olores en las zonas cercanas y afecta directamente a más de 600 estudiantes de la I.E. Divina Providencia – Circa, ubicada a pocos metros del proyecto inconcluso.

AUTORIDAD DESLINDÓ RESPONSABILIDADES

Roberto Muñoz Pinto continuará como alcalde distrital de Socabaya, luego de que el concejo municipal declarara improcedente el pedido de vacancia en su contra. La solicitud fue debatida la mañana de ayer, 17 de junio, y obtuvo cuatro votos a favor y cinco en contra. Durante la votación, la ‘portátil’ del alcalde, conformada por trabajadores de la comuna, respaldó su permanencia en el cargo, a pesar del presunto favorecimiento a la empresa Financiera IM Constructora EIRL.

La sesión de concejo donde se debatió la vacancia inició a las 9:00 horas y se extendió por casi dos horas. Aunque la reunión se realizó de forma privada, un numeroso grupo de simpatizantes de Roberto Muñoz se aglomeró frente a la comuna distrital. Muchos de los manifestantes fueron identificados como locadores de servicios de la Municipalidad Distrital de Socabaya y sus familiares. La ‘portátil’ utilizó megáfonos, pancartas y otros implementos para intensificar el bullicio en los exteriores del local municipal y dificultar el acceso a la prensa.

Entre los trabajadores ausentes en horario laboral destacó Sofía Mayhua, encargada de OMAPED, quien habría citado a personas con discapacidad para atenderlas, pero se ausentó por arengar en favor de Muñoz Pinto. También se reportaron inasistencias en las oficinas de Vaso de Leche y Pensión 65, donde no se brindó atención a los usuarios. El vínculo laboral de los manifestantes quedó en evidencia cuando se observó el uso de vehículos municipales para su traslado.

Consultado sobre estas ausencias, el alcalde distrital sostuvo que la Contraloría General de la República solo puede intervenir a trabajadores nombrados y no a locadores de servicios, quienes —según él— no tienen horario de entrada ni salida.

«Yo no los he convocado. Ellos han venido. Es el clamor del pueblo. La población ha salido a defender la democracia», afirmó Muñoz Pinto.

El pedido de vacancia, presentado por la regidora Magaly Agramonte, se sustentaba en los presuntos vínculos entre el alcalde y Adeli Zeferina Jiménez, representante legal de la empresa Financiera IM Constructora EIRL, beneficiada con 33 contratos municipales por más de S/ 2 millones 700 mil desde 2023. No obstante, los cuestionamientos a la gestión de Muñoz Pinto también incluyen presuntos actos de corrupción, sobrevaloración de obras, abuso de autoridad y ejecución deficiente de proyectos, como hasta tres intervenciones en la calle La Oroya.

Frente a estos señalamientos, Muñoz Pinto responsabilizó a sus funcionarios por las contrataciones observadas y aseguró que las entidades competentes deben investigar cualquier irregularidad.

Redacción Diario El Pueblo

La vacancia del alcalde distrital de Socabaya, Roberto Muñoz, es un punto recurrente en la agenda del Consejo Municipal. Hoy otra vez se debatió y, con 5 votos en contra y 4 a favor, la sesión privada concluyó en que el contador permanezca como la máxima autoridad del distrito. Aliviado, el burgomaestre afirmó que todo esto es un juego político por parte de quienes no saben perder.

“Son opositores políticos que no han sabido perder, porque siempre ganaban los mismos. Socabaya ha estado en el retraso por 20 años. Les duele que hayamos ganado sin ningún sol en el bolsillo. Lo único que hemos hecho es tocar las puertas del corazón de quienes hemos visitado”, justificó tras la sesión.

Respecto a la privacidad que se tuvo durante la sesión, que concluyó con 5 votos en contra y 4 a favor, Muñoz Pinto aseguró que fue por recomendación de la Defensoría del Pueblo.

Los regidores que votaron a favor de su permanencia fueron Marcelino Roberto Muñoz Pila (padre del alcalde), Edgar Juan Arapa Quispe, Gloria Mamani Malpica, Aracelly Manrique Fierro y Sully Linares Manrique. En contra, Shan Dalton Huanco Humpiri, María de los Ángeles Carlin Torres, Magaly Agramonte Gutiérrez y Erika Rosario Garrafa Guillén.

Cabe destacar que, afuera del municipio, había dos grupos. Uno a favor del alcalde y otro en contra. Sobre el primero, el cual llamó más la atención, el burgomaestre descartó que él los haya convocado, es decir, que se trate de un “portátil”. El segundo es común, siempre hay gente descontenta con la gestión de su alcalde.

Ayer, lunes 2 de junio, el Concejo Municipal de Socabaya debía votar un nuevo pedido de vacancia contra el alcalde distrital, Roberto Muñoz Pinto. Sin embargo, la sesión fue postergada hasta el próximo 17 de junio tras la aprobación de una cuestión previa presentada por el oficialismo. Además, los regidores denunciaron ser víctimas de violencia de parte de agresiones de parte de la portátil del alcalde, presuntamente trabajadores de la Municipalidad Distrital de Socabaya.

Durante la sesión, un grupo de partidarios del alcalde irrumpió en el municipio y protagonizó desmanes. Los regidores denunciaron que varios trabajadores contratados bajo locación de servicios y modalidad CAS abandonaron sus puestos para sumarse a la protesta en respaldo del burgomaestre. El regidor Shan Huanco Humpiri difundió un video donde se observa la inasistencia del personal en distintas oficinas municipales. Según señaló, los trabajadores participaron como parte de una “portátil” que acudió al auditorio municipal mientras se debatía la posible vacancia de Muñoz Pinto.

Horas más tarde, la municipalidad anunció que la votación se reprogramó para el 17 de junio, diez días hábiles después. Magaly Agramonte Gutiérrez, promotora del pedido de vacancia contra Muñoz Pinto, cuestionó la decisión del concejo por incluir a regidores en la solicitud, lo cual contravendría las disposiciones del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Más aún, cuando el cambio fue establecido a última hora, en perjuicio de los concejales de minoría.

«Se ha suspendido la votación porque se ha incluido a los regidores en el pedido de vacancia. Esto no es correcto. El JNE ha dicho que no se puede añadir a otras autoridades en pedidos de vacancia por otras nociones. Sin embargo, ahora no se pronuncian en nada. (…) La portátil del alcalde está integrada por trabajadores municipales y sus familiares. Nosotros no podemos hacer nada porque estamos solos», declaró Magaly Agramonte Pinto, regidora de Socabaya.

Tras la sesión de concejo, los regidores denunciaron agresiones verbales y físicas por parte del público, presuntamente compuesto por trabajadores municipales. Agramonte y otros concejales fueron atacados con huevos y objetos a su salida del local. La Policía Nacional intervino para dispersar a los manifestantes. Una constatación policial posterior confirmó la ausencia de personal en diversas oficinas del municipio. El regidor Huanco Humpiri exigió una investigación inmediata para determinar responsabilidades.