La preocupación responde a la dependencia de las fuentes naturales que nacen en el entorno del nevado Hualca Hualca, localizado en la Cordillera de los Andes a 6 025 m s. n. m. Recientemente, su cobertura de nieve ha disminuido. De acuerdo con el alcalde Jorge Alfredo Guerra Bernedo, el agua del nevado abastece a Cabanaconde y otras localidades, como Pinchollo, Maca, Huanca y Lluta. De modo que el eventual deshielo los dejará sin agua. «Si no tenemos agua del nevado, nos quedaremos sin agua para la producción agrícola del maíz cabanita y todas las cosechas», advirtió.

Una de las principales dificultades para afrontar este escenario es la falta de terrenos apropiados para construir infraestructura de almacenamiento. El alcalde distrital explicó que la geografía accidentada y las pendientes de Cabanaconde dificultan la construcción de reservorios de gran capacidad, pues el agua discurre hacia las zonas bajas sin que existan espacios adecuados para conservarla.

Ante esta limitación, la municipalidad promueve un proyecto de reservorio destinado a almacenar agua para la población de Cabanaconde. Sin embargo, la iniciativa todavía presenta observaciones relacionadas con el estudio de impacto ambiental y otros componentes técnicos. Guerra Bernedo indicó que la municipalidad trabaja en su subsanación. Ante la proximidad del fin de gestión, la autoridad reconoció que ya no podrán ejecutar la obra durante su administración. «Estamos dejando este proyecto para el siguiente alcalde, espero que logre ejecutarlo, falta poquito y beneficiaría a todo el distrito», señaló.

La postergación de esta infraestructura prolongará la dependencia del distrito de sus fuentes naturales, sin contar con una capacidad de almacenamiento que permita afrontar periodos de menor disponibilidad hídrica. Aunque el alcalde espera que su sucesor continúe el proyecto, Cabanaconde todavía no tiene asegurada la ejecución de la obra. De modo que es altamente vulnerable ante sequías, dejando a más de 3 200 residentes son acceso a agua. 

Las actividades se ejecutan mediante el Proyecto de Redes de Innovación y Extensión Agraria (PRED), que busca mejorar los conocimientos de los agricultores, promover prácticas sostenibles y optimizar el aprovechamiento de los recursos naturales, especialmente en zonas expuestas al déficit hídrico.

En el distrito de Paucarcolla, especialistas de la Estación Experimental Agraria Illpa capacitaron a integrantes de la Asociación Llantha Pampa, ubicada en el sector Tumoco. Durante la jornada abordaron técnicas de preparación de suelos, selección de semillas de calidad y procedimientos adecuados para la siembra de quinua.

La capacitación se desarrolló mediante la metodología de Escuelas de Campo para Agricultores, que permite transmitir conocimientos prácticos directamente en las parcelas. Entre las recomendaciones impartidas destacaron la siembra en surcos, la incorporación de abonos orgánicos y el empleo de semillas certificadas de la variedad INIA 446 – Atipaq, que presenta tolerancia a la sequía y al estrés hídrico, condiciones importantes para la agricultura altoandina.

De manera paralela, en el distrito de Vilque, integrantes de la Asociación de Productores Agropecuarios y Agroindustriales Vizcachani participaron en una reunión informativa sobre los objetivos y alcances del proyecto. También se sostuvo un encuentro con representantes de la Comunidad Campesina de Huata, integrada por cinco anexos, para promover su incorporación a estas actividades de extensión agraria.

En Acora, el INIA coordinó con la Subgerencia de Desarrollo Agropecuario de la municipalidad la participación de asociaciones dedicadas al cultivo de papa y quinua. Asimismo, supervisó una parcela demostrativa en la localidad de Titilaca, donde se organizarán próximas jornadas de capacitación.

El presidente ejecutivo del INIA, Christian Barrantes, señaló que la iniciativa busca acompañar a los productores para enfrentar los problemas climáticos que afectan al país, como el déficit hídrico en el sur y las inundaciones en el norte.

Con estas acciones, el sector agrario busca fortalecer las capacidades de las familias productoras y promover tecnologías que contribuyan a reducir los riesgos en las campañas agrícolas y proteger sus medios de subsistencia.

REGIONES

Los efectos del fenómeno El Niño relacionados con la sequía y la escasez de agua comenzarán a sentirse con mayor intensidad desde diciembre en diversas localidades del sur y la Amazonía del Perú. Así lo advirtió el ingeniero Nelson Quispe, especialista del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), quien alertó sobre las consecuencias de la disminución de las precipitaciones en estas zonas del país.

El especialista explicó que este escenario constituye una de las manifestaciones del fenómeno climático, diferente a las lluvias intensas e inundaciones que afectan principalmente a las regiones del norte peruano. En el sur, la preocupación se concentra en la insuficiencia de lluvias, que comprometería la actividad agrícola y la disponibilidad de alimento para los animales destinados a la ganadería.

“Posiblemente a partir de diciembre veamos a esta situación agravarse más”, señaló Quispe en declaraciones a la Agencia Andina, al referirse a la evolución de las condiciones climáticas previstas para los próximos meses.

TEMPERATURAS AFECTAN CULTIVOS

El representante del Senamhi también advirtió que las condiciones cálidas registradas durante el presente año, tanto en verano como en invierno, han tenido repercusiones en la producción agrícola. Según indicó, las temperaturas llegaron a ubicarse hasta 10 grados por encima de los valores habituales en determinados periodos.

Esta situación influye en el desarrollo de los cultivos y en las características de los productos cosechados. “Esa situación hace que los frutos cosechados no tengan el tamaño esperado, por ejemplo”, precisó el especialista.

No obstante, Quispe sostuvo que el fenómeno El Niño también podría generar efectos favorables para determinados productores agrarios, especialmente en regiones como Piura y Lambayeque, donde existen zonas desérticas destinadas a la agroexportación.

Explicó que las lluvias pueden permitir la acumulación de agua en el subsuelo, mediante la recarga de las napas freáticas, recurso que posteriormente podría ser aprovechado para el desarrollo de la agricultura.

PREVENCIÓN

Frente a este panorama, el especialista exhortó a la población y a los distintos sectores económicos a adoptar medidas preventivas para reducir los impactos de las condiciones climáticas adversas.

Quispe recordó que el fenómeno recién comienza y que sus efectos podrían extenderse durante los próximos cinco meses, por lo que resulta fundamental anticiparse a los problemas de disponibilidad hídrica.

La advertencia cobra especial importancia para las regiones del sur, donde la agricultura y la ganadería dependen de las precipitaciones y de una adecuada gestión del recurso hídrico.

Las inspecciones realizadas confirmaron que Humarote, Lucasí Alto, Chocavento y Acarí Pueblo continuaban sin actividad. Los hallazgos fueron consignados en cuatro de los siete informes de Visita de Control emitidos el 3 de noviembre, correspondientes al Paquete 23 del servicio de limpieza y descolmatación de 11 actividades, adjudicado al consorcio HIDROCONSUL & INVERSIONES MÚLTIPLES S.A.C. – HIDROIM S.A.C.

La falta de ejecución ya había sido advertida en un reporte del PSI del 16 de octubre. El informe N.° 052-2026-RJEA-IE, elaborado por el coordinador sectorial de Arequipa, identificó trabajos en Amato, Humarote Bajo, Chocavento II, Lucasí Bajo y Tambo Viejo. Sin embargo, los cuatro sectores ahora observados no figuraban entre las zonas intervenidas.

El documento señalaba, además, que ninguna actividad tenía suspensión, ampliación o modificación del plazo contractual, ni se habían reportado limitaciones para cumplir la programación.

A esta situación se sumó la falta de documentación requerida por la Contraloría. En cinco informes relacionados con Humarote Bajo, Huarato, Lucasí Alto, Chocavento y Acarí Pueblo, el OCI dejó constancia de que el PSI no remitió los planes de trabajo aprobados ni sus documentos sustentatorios, pese a que fueron solicitados el 23 de octubre con un plazo de dos días hábiles.

En los sectores donde sí había labores, también se detectaron deficiencias. En Humarote Bajo y Huarato, los planos presentaban diferencias en las dimensiones de cauces y bordos respecto de las fichas técnicas, lo que podría comprometer la conducción del agua y la estabilidad de las defensas.

En Tambo Viejo se observaron problemas relacionados con el personal y la maquinaria, así como una reducción de metrados y del plazo de ejecución sin evaluar su impacto en los costos indirectos.

Ante estos hechos, el OCI recomendó al titular del PSI adoptar medidas preventivas y correctivas e informar sobre su implementación en cinco días hábiles. La falta de intervención mantiene en riesgo terrenos agrícolas e infraestructura de riego frente a posibles crecidas del río Acarí.

En el sistema Chili Regulado, las siete represas almacenan 191.59 hm³ de los 393.38 hm³ que pueden contener. La situación es desigual: Pillones registra 84,11% de llenado y Aguada Blanca 80,56%, mientras que Pañe alcanza 36,48%, El Frayle 35,52%, Bamputañe 26,84% y el dique Los Españoles apenas 16,01%. Para el exviceministro de Agricultura y exgerente ejecutivo de AUTODEMA, Huber Valdivia Pinto, mantener el ritmo actual de desembalse resulta riesgoso ante la posibilidad de que no se presenten lluvias. “Vemos que en el Chili se sigue descargando un millón de metros cúbicos. No debería ser así”, advirtió.

En el sistema Condoroma, que abastece al sistema Colca Regulado y a Majes, el almacenamiento llega a 128.83 hm³, el 49,34% de su capacidad útil de 261.13 hm³. Valdivia Pinto cuestionó que se mantengan descargas cercanas al millón de metros cúbicos diarios cuando el volumen disponible podría agotarse en aproximadamente 129 días si no ingresa más agua. El exfuncionario planteó conservar al menos 50 hm³ como reserva para afrontar un periodo prolongado de escasez. “Tendríamos que dejar en la represa unos 50 millones para cualquier escenario extremo que ocurra el próximo año”, sostuvo.

La preocupación alcanza a la actividad agrícola, particularmente a las zonas de Majes, Santa Rita y el Valle de Tambo, donde –según estimaciones de Valdivia Pinto– entre el 25% y el 30% de las áreas agrícolas corresponde a productos frutales. A diferencia de cultivos de ciclo corto, estos requieren entre tres y cuatro años para alcanzar la producción óptima, por lo que una sequía podría ocasionar la pérdida de plantaciones y de varios años de inversión. Por ello, recomendó revisar la selección de cultivos y reducir la siembra de aquellos con mayores requerimientos de agua.

El exfuncionario también cuestionó que la Comisión Multisectorial de Recursos Hídricos concentre la evaluación de las reservas en abril, al término de la temporada de lluvias, para programar la distribución hasta diciembre. Consideró que ese mecanismo no debe reemplaza un seguimiento permanente de los volúmenes almacenados y de las condiciones climáticas. Asimismo, planteó medidas para asegurar el forraje del ganado, como la producción hidropónica, en lugar de limitar la respuesta estatal a la compra de pacas.

La discusión no se limita a cuánto volumen queda en las represas, sino a cuánto puede distribuirse sin comprometer los meses siguientes. Si las autoridades mantienen las descargas sin ajustar la distribución a un escenario de escasez prolongada, el impacto podría trasladarse de los reservorios a la producción agrícola y ganadera. Una restricción tardía no solo reduciría el agua disponible: también podría destruir cultivos permanentes y afectar inversiones que tardan años en recuperarse.

Al respecto, Fidel Alpaca Postigo, alcalde distrital de Uraca-Corire, advirtió que necesitan intervenir alrededor de tres kilómetros de riberas para, mediante la construcción de prismas, contener el caudal del río y evitar nuevas pérdidas agrícolas. “En nuestro distrito corremos el riesgo de sufrir inundaciones y arrasamiento de los cultivos de arroz, como ya ocurrió el año pasado”, señaló.

Las intervenciones comprenden los sectores Los Ranchos, Sogiata, Sogiata Alta, San Vicente, Pitis, Montecomún, Cantas, Pedregal, Pampa Blanca, Sahuaní y Palo Parado. Para ejecutar las obras, la comuna distrital solicita combustible, maquinaria pesada y rocas, recursos que permitirían reforzar las riberas en los puntos vulnerables ya identificados.

Las seis fichas fueron presentadas durante la primer quincena de octubre al Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), pero todavía no reciben atención. Asimismo, Alpaca Postigo cuestionó que el apoyo del Gobierno central se concentre en la limpieza y descolmatación del cauce. “Estamos solicitando combustible y maquinaria para ejecutar trabajos de defensa ribereña”, precisó.

Un nuevo desborde también podría comprometer las vías de comunicación, los servicios básicos y el puente de Punta Colorada, que conecta las provincias de Castilla, Condesuyos y La Unión. Sin las obras de protección, más de 2 000 agricultores de Uraca-Corire seguirán expuestos a inundaciones que ya provocaron pérdidas en la producción arrocera.

El alcalde provincial de Castilla, Renzo Pastor Alatrista, entregó al ministro el expediente del proyecto «Mejoramiento del servicio de provisión de agua para riego en el canal de riego del sector Mascapampa del centro poblado El Castillo». La iniciativa, formulada por la Municipalidad Provincial de Castilla, tiene un costo actualizado de S/ 10 millones 338 mil 547.61 y busca atender las dificultades de captación de agua que afrontan los agricultores durante la época de estiaje. Pastor Alatrista advirtió que la escasez del recurso amenaza la continuidad de la actividad agrícola, donde los productores cultivan uva para elaborar pisco y vino, así como para comercializarla como fruta de mesa. «Nada de esto va a ser posible, ministro, si primero no vemos la fuente de donde viene el agua, que es un problema álgido que tienen los pobladores de Mascapampa», señaló.

Durante su estadía en la provincia, Vinelli Ruiz también se reunió con representantes de la Junta de Usuarios del Valle de Majes y de la Municipalidad Provincial de Castilla, quienes expusieron el estado de la infraestructura hidráulica y los puntos críticos que requieren intervención. Pese a las demandas presentadas, el ministro no anunció medidas concretas ni asignaciones presupuestarias para atenderlas. En el caso de Mascapampa, indicó que trasladaría los pedidos recibidos para gestionar su atención ante el Gobierno nacional, sin establecer plazos ni compromisos de financiamiento.

REACTIVACIÓN DE PROGRAMAS

En cuanto a las nuevas medidas para el sector agrario, Vinelli anunció que gestionará el retorno del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA), desactivado en 2012, con el propósito de que el Estado vuelva a comprar alimentos directamente a los productores. Para ello, reconoció que se requiere una iniciativa legislativa. «Vamos a gestionar esa ley para que exista y retorne el PRONAA», declaró.

También planteó recuperar el Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos (PRONAMACHCS), orientado al trabajo con pequeños agricultores de las cuencas altas, y el Programa de Encauzamiento de Ríos y Protección de Estructuras de Captación (PERPEC), destinado a reducir los riesgos de desbordes e inundaciones mediante intervenciones en los cauces. Sobre este último, sostuvo: «Gestionamos que regrese el PERPEC, un programa de mantenimiento de ríos y de cuencas para poder mitigar los impactos que genera la naturaleza todos los años». No obstante, el ministro no detalló cómo se concretaría la recuperación de ambos programas ni qué recursos demandaría.

A estos anuncios sumó la propuesta de implementar un programa de titulación de tierras rurales para entregar títulos de propiedad a pequeños agricultores. Vinelli afirmó que se trata de una demanda extendida en el país, pero no precisó cuántos productores se beneficiarían ni cuánto costaría la iniciativa. «Todos estos programas van a venir en las siguientes semanas, así como uno que es muy importante y que es reclamado en todo el Perú, que es un programa de titulación de tierras rurales para dar el título de propiedad a todos los pequeños agricultores», manifestó.

Además, el ministro anunció que se estaban aprobando S/ 150 millones para financiar, mediante núcleos ejecutores, trabajos de limpieza y mantenimiento de canales, bocatomas y reservorios a cargo de las juntas de usuarios de agua. También adelantó que el Gobierno prevé distribuir alrededor de 5 000 tractores en el país y que Agrobanco busca habilitar su oficina en Castilla para aprobar y desembolsar créditos directamente. A ello sumó el compromiso de gestionar recursos para completar obras de riego pendientes y anunció que en las siguientes semanas habría novedades sobre los proyectos Majes-Siguas I y II, aunque no precisó montos ni cronogramas.

Alrededor de 35 000 hectáreas de mango y otras 3 000 de arroz de la campaña chica del Valle de San Lorenzo, en el distrito de Tambogrande, región Piura, se encuentran en riesgo ante las lluvias intensas previstas por los posibles efectos del Fenómeno de El Niño.

La advertencia fue formulada por Miguel Castillo Vera, presidente de la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico San Lorenzo (JUSHSAL), quien alertó sobre el escenario complejo que enfrenta el sector agrario y pidió al Gobierno fortalecer las medidas preventivas para proteger los cultivos y la economía de miles de familias dedicadas a esta actividad.

El dirigente solicitó al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) mayor respaldo presupuestal y asistencia técnica para ampliar las labores de prevención, movilizar maquinaria pesada e intervenir los puntos críticos del valle.

LIMPIEZA CON RECURSOS PROPIOS

Ante la demora en las transferencias del Estado, la Junta de Usuarios comenzó los trabajos de descolmatación y limpieza de canales y drenes estratégicos con recursos propios. Sin embargo, Castillo Vera advirtió que el presupuesto disponible resulta insuficiente frente a la magnitud de los riesgos.

La preocupación alcanza también a los agricultores que financiaron sus campañas con préstamos bancarios o créditos de terceros. Una eventual pérdida de las cosechas podría comprometer sus ingresos y dificultar el pago de sus obligaciones financieras.

PRODUCCIÓN DE MANGO CAERÍA HASTA 85 %

El panorama es especialmente preocupante para los productores de mango. Según Castillo Vera, durante la presente campaña se obtendría apenas entre el 15 % y el 20 % de la producción habitual, lo que representa una caída estimada de entre 80 % y 85 %.

Esta reducción afectaría los ingresos de los agricultores, la disponibilidad de fruta para exportación y la generación de empleo temporal en las etapas de cosecha y empaque.

La Junta de Usuarios pidió al Gobierno central atender con prioridad las necesidades del valle y reforzar la infraestructura hidráulica para reducir el impacto de las precipitaciones.

Los productores consideran indispensable limpiar los drenes, proteger los canales de riego e intervenir las zonas vulnerables antes de que las lluvias ocasionen mayores daños.

La falta de recursos para ejecutar estas acciones incrementa la preocupación en una de las principales zonas agrícolas de Piura. Los agricultores esperan una respuesta oportuna de las autoridades para evitar que las precipitaciones comprometan las cosechas, profundicen el endeudamiento y perjudiquen el sustento de las familias que dependen de la actividad agraria.

Alrededor de 35 000 hectáreas de mango y otras 3 000 de arroz de la campaña chica del Valle de San Lorenzo, en el distrito de Tambogrande, región Piura, se encuentran en riesgo ante las lluvias intensas previstas por los posibles efectos del Fenómeno de El Niño.

La advertencia fue formulada por Miguel Castillo Vera, presidente de la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico San Lorenzo (JUSHSAL), quien alertó sobre el escenario complejo que enfrenta el sector agrario y pidió al Gobierno fortalecer las medidas preventivas para proteger los cultivos y la economía de miles de familias dedicadas a esta actividad.

El dirigente solicitó al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) mayor respaldo presupuestal y asistencia técnica para ampliar las labores de prevención, movilizar maquinaria pesada e intervenir los puntos críticos del valle.

LIMPIEZA CON RECURSOS PROPIOS

Ante la demora en las transferencias del Estado, la Junta de Usuarios comenzó los trabajos de descolmatación y limpieza de canales y drenes estratégicos con recursos propios. Sin embargo, Castillo Vera advirtió que el presupuesto disponible resulta insuficiente frente a la magnitud de los riesgos.

La preocupación alcanza también a los agricultores que financiaron sus campañas con préstamos bancarios o créditos de terceros. Una eventual pérdida de las cosechas podría comprometer sus ingresos y dificultar el pago de sus obligaciones financieras.

PRODUCCIÓN DE MANGO CAERÍA HASTA 85 %

El panorama es especialmente preocupante para los productores de mango. Según Castillo Vera, durante la presente campaña se obtendría apenas entre el 15 % y el 20 % de la producción habitual, lo que representa una caída estimada de entre 80 % y 85 %.

Esta reducción afectaría los ingresos de los agricultores, la disponibilidad de fruta para exportación y la generación de empleo temporal en las etapas de cosecha y empaque.

La Junta de Usuarios pidió al Gobierno central atender con prioridad las necesidades del valle y reforzar la infraestructura hidráulica para reducir el impacto de las precipitaciones.

Los productores consideran indispensable limpiar los drenes, proteger los canales de riego e intervenir las zonas vulnerables antes de que las lluvias ocasionen mayores daños.

La falta de recursos para ejecutar estas acciones incrementa la preocupación en una de las principales zonas agrícolas de Piura. Los agricultores esperan una respuesta oportuna de las autoridades para evitar que las precipitaciones comprometan las cosechas, profundicen el endeudamiento y perjudiquen el sustento de las familias que dependen de la actividad agraria.

Los tres proyectos retrasados concentran presupuestos por S/34.9 millones. El de catastro, titulación y registro de predios rurales comenzó en mayo de 2022, con una inversión de S/19.1 millones, y debía culminar este año. Sin embargo, su cronograma fue reformulado y ahora tiene como fecha de término mayo de 2027. Por su parte, la cadena productiva de arroz en Castilla y Camaná comenzó en septiembre de 2022, cuenta con S/10.9 millones y debía concluir en septiembre de este año. No obstante, registra aproximadamente 85% de avance físico, por lo que continuará ejecutándose en 2027.

El tercer proyecto, destinado a mejorar la producción de cuyes, alpacas, ovinos y vacunos, comenzó en julio de 2024 y dispone de S/4.8 millones. Aunque su plazo de culminación vence el 31 de diciembre de este año, registra menos del 50% de avance físico, motivo por el cual deberá continuar en 2027. La extensión de los plazos deja metas pendientes que deberán ser retomadas y asumidas por la gestión 2027-2030 del Gobierno Regional de Arequipa. 

Consultado al respecto, el gerente regional de Agricultura, Alonzo Manrique Zeballos, señaló que desde que asumió el cargo, el 1 de septiembre, priorizó los proyectos. Sin embargo, no precisó qué factores impidieron cumplir las metas establecidas a inicios de año. «He evaluado los expedientes y derivado a la Subgerencia de Inversiones y Proyectos para que se inicien las liquidaciones en aquellos proyectos que corresponden. Mientras que otros fueron reprogramados», señaló.

En tanto, dos proyectos ya concluyeron y están en proceso de liquidación: el mejoramiento de la provisión de asistencia técnica agrícola y el mejoramiento de los servicios de apoyo a la cadena productiva de fibra de alpaca. Además, otras tres inversiones tienen fechas de culminación previstas para los próximos meses: la cadena productiva del olivo en Bella Unión, cuyo plazo venció el 28 de septiembre; la producción de fibra de vicuña en seis provincias, programada hasta el 30 de octubre; y el mejoramiento de la producción de camélidos sudamericanos domésticos, cuyo término está previsto para el 30 de noviembre.

Por último, el proyecto de recuperación de servicios ecosistémicos de especies forestales comenzó el 8 de enero de 2026 y tiene como fecha de culminación el 6 de enero de 2028. Cuenta con un presupuesto de S/3.5 millones y registra cerca de 15% de avance físico.