Las economías ilícitas y la criminalidad organizada están ampliando su influencia en América Latina y penetrando progresivamente en actividades de la economía formal, generando riesgos para la transparencia, la competencia, la inversión y el crecimiento económico. Un indicador de la magnitud del problema es que existen estimaciones según las cuales entre 3% y 4% del producto bruto interno (PBI) de América Latina estaría cruzado con la criminalidad organizada.

La advertencia fue formulada por Juan Andrés Medel, investigador asociado de la Cátedra de Seguridad y Globalización del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, durante el conversatorio “Economías ilícitas: el costo oculto para la competitividad y la inversión en América Latina”, organizado por la Comisión de Lucha contra el Comercio Ilícito (CLCI) de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

Medel explicó que una de las principales vías de penetración de los recursos criminales en la economía formal es el lavado de activos. Una vez que el dinero obtenido mediante actividades ilícitas es blanqueado, puede ingresar a negocios, inversiones y otras operaciones legales, haciendo cada vez más difícil determinar su procedencia.

“Este fenómeno no se limita a Perú, sino que constituye una realidad de alcance global. El dinero, una vez que se logra lavar, se integra al sistema”, sostuvo.

El especialista señaló que las organizaciones criminales encuentran mayores oportunidades para desarrollar sus actividades en territorios donde la presencia del Estado es débil, especialmente en zonas alejadas de las capitales y con menores niveles de acceso a servicios, educación, inversión y empleo.

MINERÍA ILEGAL EN AUMENTO

Entre las actividades ilícitas que generan mayor preocupación se encuentra la minería ilegal, cuyo crecimiento en Perú podría acelerarse por el interés de organizaciones criminales y el comportamiento del precio internacional del oro.

“Estamos ante un escenario que va a escalar”, advirtió Medel, quien señaló que se observa un incremento del interés de diversos grupos criminales por ingresar a este negocio. Precisó que el fenómeno no es exclusivo del Perú y también representa una amenaza para otros países de la región.

El avance de estas actividades tiene además un impacto económico, debido a que introduce recursos de origen ilícito en mercados y empresas que compiten con operadores formales que cumplen obligaciones tributarias, laborales y regulatorias.

Medel precisó que el lavado de activos está estrechamente relacionado con la criminalidad organizada por la necesidad de estos grupos de colocar y utilizar las ganancias obtenidas de sus negocios ilícitos. Sin embargo, aclaró que el lavado también puede proceder de delitos que no necesariamente involucran organizaciones criminales.

El investigador sostuvo que la problemática no debe ser analizada únicamente desde una perspectiva penal o ética. Los flujos financieros ilícitos, la corrupción y el crimen organizado también afectan directamente la competitividad y las posibilidades de crecimiento de los países.

En el conversatorio participaron representantes de los sectores textil, metalmecánico, cigarrillos y productos de consumo masivo, además de investigadores, académicos, socios y gerentes de la SNI.

El incremento del presupuesto se produjo durante distintas gestiones del Gobierno Regional de Arequipa (GRA). En la gestión de Elmer Cáceres Llica se aprobó un adicional de aproximadamente S/6,5 millones, el de mayor monto. Durante la actual administración regional se aprobaron las últimas cinco modificaciones, que acumulan más de S/7,5 millones. La última modificación añadió S/338 020,16 al costo del proyecto, haciendo un total de S/19 millones 673 mil 533. Es decir, incrementó al 450% del presupuesto original. 

La demora también generó un nuevo problema. La PTAR fue diseñada para atender a aproximadamente 32 mil residentes del asentamiento humano Horacio Zeballos Gámez y sectores aledaños. Sin embargo, el crecimiento poblacional incrementó la demanda de tratamiento de aguas residuales. Una evaluación de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) determinó que la capacidad de la planta no permitirá atender la totalidad de las conexiones actuales de alcantarillado, por lo que se requieren obras complementarias. 

Acorde al último reporte brindado, el proyecto registra 95% de avance y aún requiere completar pruebas eléctricas, verificaciones del sistema de aditivos y el dossier de calidad. Después de culminar estos trabajos deberá iniciar la etapa de puesta en marcha, prevista inicialmente en 90 días. Desde la Gerencia Regional del GRA informaron que se busca reducir este periodo antes de transferir la administración de la infraestructura a la EPS Sedapar, misma que operaría la PTAR. 

Las modificaciones presupuestales también generaron observaciones administrativas. Al superar el 50% del monto previsto en el expediente técnico, los actuados deben remitirse a la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios para evaluar posibles responsabilidades. Entre las razones expuestas para las modificaciones figuran dificultades técnicas, variaciones del mercado y mayores costos vinculados a la mano de obra.

Mientras la planta permanece fuera de servicio, las aguas residuales continúan llegando a la quebrada La Huaylla, generando malos olores y contaminación. De esta manera, un proyecto que debía ejecutarse en cinco meses y atender la demanda de saneamiento de la zona llega a su etapa final después de siete años, con un presupuesto que supera ampliamente el monto aprobado en 2019 y una capacidad que ya resulta insuficiente frente a la demanda actual.

De los cinco proyectos ejecutados durante el periodo 2023-2026 por el Gobierno Regional de Arequipa (GRA), solo dos ya fueron entregados. Se trata de las instituciones educativas Everardo Zapata Santillana, de Punta de Bombón, y Carlos Manuel Febres, de Mollendo. En tanto, el colegio José Carlos Mariátegui continúa en construcción, mientras que las obras de los colegios Miguel Grau, de Matarani, y Mariano Eduardo de Rivero y Ustáriz, de Cocachacra, recién comenzaron entre julio y agosto, por lo que su culminación podría extenderse hasta 2027.

La directora de la UGEL Islay, Clara Medina Salguero, informó que en la provincia existen varias instituciones educativas que superan los 50 años de antigüedad, por lo que ya cumplieron su vida útil y requieren reconstrucción estructural. “Gran parte de la infraestructura de las instituciones educativas de Islay, especialmente las que corresponden al Estado, ya no está en óptimas condiciones. En los últimos años se iniciaron proyectos de renovación, pero aún faltan más colegios. Se necesita una enorme partida presupuestal para lograr la intervención”, señaló.

Entre los colegios en mal estado figuran las I.E. El Buen Pastor y Las Brisas, en Islay-Matarani, que esperan proyectos de preinversión para encaminar su posible reconstrucción. También se encuentra el colegio Francisco López de Romaña, ubicado en La Curva, distrito de Deán Valdivia. Uno de los casos más delicados corresponde al CETPRO de Islay, en Mollendo. De acuerdo con el balance técnico y administrativo presentado en 2025, es el único plantel de la provincia reportado oficialmente bajo la condición de riesgo grave de colapso.

A este escenario se suman las condiciones de riesgo que enfrentan los colegios de Islay ante la posibilidad de lluvias intensas a causa del Fenómeno de El Niño. Durante la última semana, personal de la UGEL Islay inspeccionó alrededor de 15 instituciones educativas para verificar sus condiciones y detectó, entre otros problemas, filtraciones de agua en los techos de algunos ambientes. Por ello, Medina Salguero recomendó a los directores realizar mantenimiento de canaletas, evitar la acumulación de agua y activar sus planes de gestión del riesgo de desastres.

Ante una necesidad que solo seguirá en aumento con los años, Medina Salguero planteó que las autoridades que resulten electas para el periodo 2027-2030 prioricen la renovación de los planteles que permanecen pendientes. “Esperamos que las próximas autoridades prioricen la reconstrucción de más colegios. Esto no afecta solamente a la provincia de Islay, sino a colegios de toda la región que afrontan el mismo problema”, concluyó.

PRECIO SE ELEVA EN MERCADOS

Sonia Medina Fernández, presidenta del terminal pesquero, explicó que las condiciones variables del mar han reducido la disponibilidad de determinadas especies. El jurel congelado se vende actualmente a S/12 el kilo, mientras que la pota congelada alcanza los S/8 por tubo, S/6 por cabeza y S/4 por la denominada letra.

La diferencia es significativa frente a los precios registrados en temporadas de mayor pesca. Según Medina, cuando el jurel llegaba en grandes cantidades, entre 60 y 70 toneladas, podía venderse entre S/2 y S/3 el kilo.

La menor oferta también afecta a los comerciantes minoristas y a las familias que acuden al terminal para adquirir pescado. Los vendedores han reducido sus volúmenes de compra para afrontar el incremento de precios. Quienes antes adquirían alrededor de 10 kilos ahora compran aproximadamente la mitad.

Una situación similar ocurre con la pota. Medina recordó que el tubo fresco se comercializaba entre S/4 y S/5 el kilo, mientras que actualmente los consumidores deben pagar más por su presentación congelada.

En contraste, el bonito mantiene una oferta importante y se ha convertido en una de las principales alternativas para los consumidores. Su precio oscila entre S/5 y S/6 el kilo.

El 5 de setiembre ingresaron aproximadamente 25 toneladas al terminal, aunque el volumen diario puede fluctuar entre 20 y 30 toneladas. Esta disponibilidad permite abastecer el mercado arequipeño y, en determinados momentos, enviar productos hacia otras regiones.

Las nuevas condiciones del mar también están favoreciendo la llegada de otras especies. El perico dorado comenzó a ingresar en pequeñas cantidades durante setiembre y existe expectativa de que su oferta aumente en los próximos días.

“Ya con las aguas calientes, ingresa el perico dorado. Tenemos ya el ingreso del perico dorado en pocas cantidades”, señaló Medina.

La oferta de otras especies se mantiene, aunque con precios variables. La trucha se comercializa entre S/15.50 y S/21 el kilo; el camarón, entre S/48 y S/80; y el pejerrey de agua dulce, entre S/25 y S/30.

El lenguado alcanza los S/28 por kilo, mientras que la corvina se vende entre S/28 y S/30. En el caso de los mariscos, el precio llega hasta S/50 el kilo.

Otros productos tienen precios más accesibles: el choro cuesta entre S/6 y S/8, mientras que la jaiba se comercializa entre S/5 y S/7, dependiendo de su tamaño.

La situación evidencia cómo las variaciones de las condiciones marinas modifican no solo la disponibilidad de especies, sino también los precios y los hábitos de compra de los consumidores arequipeños.

De acuerdo al SENAMHI los pronósticos para la próxima temporada de lluvias en Arequipa apuntan a un comportamiento diferenciado. El Niño Costero podría favorecer un incremento de las lluvias en las zonas media y baja de la cuenca, mientras que el Niño Global podría generar condiciones más secas en la parte alta, lugar donde se ubican los componentes del Sistema Chili Regulado. Dicha combinación mantiene la incertidumbre sobre la disponibilidad de agua para el próximo año y, a la vez, eleva el riesgo de huaicos y desbordes en otros sectores de la cuenca. 

Al respecto, Javier Segovia Gamio, secretario técnico del CRHC-QC, explicó que ya se toman previsiones ante una posible escasez hídrica para Arequipa, mientras que la restricción sería evaluada posteriormente. “Hay probabilidades de que el almacenamiento en represas sea deficitario. [Una racionalización] sucederá siempre y cuando no se llegue a almacenar suficiente agua tras abril del próximo año. Eso se plasmaría en el Plan de Aprovechamiento 2026-2027. Donde se analizará a cuánto asciende la demanda y cuánto es la oferta. Entonces se definirá si es necesario reducir primero los usos productivos y, de repente, el uso poblacional”, señaló.

El Plan de Aprovechamiento de las Disponibilidades Hídricas (PADH) 2026-2027 aseguró 537 367 hectómetros cúbicos (hm³) hasta abril del próximo año. Del total de la demanda prevista, 327 356 hm³ se destinan a usos agrarios del Sistema Chili Regulado, La Joya Antigua y La Joya Nueva. El PADH también considera demandas para los usos poblacional, minero, industrial, pecuario y recreativo, además del caudal ecológico por un total de 210 281 hm³. Aunque no está definido aún, se espera que la demanda hídrica 2027-2028, que inicia en mayo del 2027 y concluye en abril del 2028, sea similar. Sin embargo, la disponibilidad hídrica sería menor por la disminución de lluvias en la cuenca alta. 

El escenario de escasez hídrica involucra a toda la región. Ante un escenario que podría afectarlos con intensidad desde 2027, los integrantes de la Junta de Usuarios Irrigación Majes acordaron utilizar el 88% de sus licencias de agua y mantener el 12% restante como una reserva de contingencia en el sistema regulado Colca-Siguas. Dicha medida corresponde a una acción voluntaria y no constituye, por ahora, un racionamiento general del recurso. Sin embargo, aún no se aplica una restricción similar en el sistema Chili Regulado. 

La preparación también comprende el riesgo asociado a lluvias intensas. La Autoridad Nacional del Agua (ANA) ha identificado alrededor de 100 puntos críticos mediante fichas técnicas para orientar intervenciones de los gobiernos locales y regionales. De ese conjunto, unos 33 puntos vienen siendo intervenidos por el Proyecto Subsectorial de Irrigaciones (PSI), principalmente mediante labores de limpieza y descolmatación de canales y cauces. El objetivo inmediato es mantener la infraestructura con una capacidad adecuada antes del inicio de las lluvias.

De esta manera, el CRHC-QC prepara dos escenarios que pueden presentarse en un mismo periodo: una eventual menor disponibilidad de agua para atender las demandas del Sistema Chili Regulado y un incremento del riesgo sobre cauces e infraestructura durante las lluvias. Las decisiones sobre posibles restricciones quedarán supeditadas al comportamiento de la temporada de lluvias y al volumen que finalmente logren almacenar los reservorios.

El análisis se realizará sobre la base de los escenarios hidrológicos y del volumen acumulado durante la temporada de lluvias. De modo que el análisis realizado en abril del 2027 se realizará sobre la base de los escenarios hidrológicos y del volumen de agua acumulado.

EN TACNA

La entrega fue impulsada por COFOPRI, organismo adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), con el objetivo de brindar reconocimiento legal a las familias que durante años ocuparon sus predios sin contar con documentación que acreditara formalmente su propiedad.

Del total de documentos entregados, 904 corresponden a viviendas, mientras que otros 28 títulos fueron destinados a predios considerados de utilidad pública. Estos últimos comprenden terrenos para colegios, postas médicas, espacios comunales, áreas deportivas, parques, jardines y plazas.

La directora ejecutiva de COFOPRI, Cecilia Castro Torres, destacó que el avance alcanzado en Tacna forma parte de una nueva etapa de trabajo de la institución, orientada a acelerar los procesos de formalización y acercar sus servicios a las familias que aún no cuentan con títulos de propiedad.

Uno de los sectores beneficiados fue la asociación de vivienda Proter Sama, donde cerca de 200 familias recibieron los documentos que acreditan legalmente la propiedad de sus viviendas. Los vecinos esperaron más de 16 años para obtener el reconocimiento formal de sus predios.

La titulación representa un importante cambio para estas familias, debido a que les permite contar con seguridad jurídica sobre sus propiedades y reduce el riesgo de conflictos relacionados con la posesión de los terrenos.

Asimismo, la formalización de los predios destinados a servicios públicos permitirá que las entidades estatales puedan desarrollar nuevas intervenciones en esos espacios. Contar con terrenos debidamente inscritos facilita la planificación y ejecución de proyectos de inversión vinculados con educación, salud, recreación y servicios comunales.

Entre los predios titulados figuran terrenos ubicados en Tacna y Candarave destinados a instituciones educativas, además de un espacio para una posta de salud y otros lotes que serán utilizados para infraestructura y servicios destinados a la población.

COFOPRI señaló que la formalización constituye una herramienta para mejorar las condiciones de vida de las familias y, al mismo tiempo, facilitar el desarrollo urbano ordenado. La inscripción de los predios en los Registros Públicos permite que los propietarios puedan acreditar legalmente sus derechos sobre los inmuebles.

Con esta jornada, Tacna suma nuevos avances en el proceso de saneamiento físico-legal de predios, beneficiando tanto a familias que aguardaron durante años por la regularización de sus viviendas como a comunidades que podrán disponer de terrenos formalizados para futuros proyectos públicos.

Las labores se concentran en el retiro y reubicación de sedimentos, gravas, rocas y otros materiales que se han acumulado en diferentes sectores del río. Como parte de estos trabajos también se viene conformando un canal preferente, con la finalidad de orientar el flujo del agua y evitar que el material arrastrado por el río se concentre en puntos críticos.

De acuerdo con la información proporcionada por AUTODEMA, la intervención comprende un eje de trabajo de 4,134.75 metros. El avance físico proyectado alcanza el 45.53 %, equivalente a 1,882.55 metros lineales intervenidos y un volumen aproximado de 15,060.40 metros cúbicos de material removido.

Para ejecutar estas labores se utiliza maquinaria pesada, entre ella una excavadora hidráulica CASE CX350B y un tractor oruga. Los equipos vienen trabajando en puntos considerados estratégicos dentro del cauce, como el sector ubicado debajo del puente Betancur, los alrededores de la Bocatoma Pitay y la zona de Lluclla.

La intervención se desarrolla como parte de las acciones de mantenimiento preventivo impulsadas por el Gobierno Regional de Arequipa para reducir las condiciones de vulnerabilidad de la infraestructura hidráulica frente a la acumulación de material en el cauce.

Señalaron que los trabajos continuarán en los sectores priorizados hasta completar las metas previstas. La finalidad es mantener despejado el cauce, favorecer el adecuado desplazamiento del agua y reducir las posibilidades de que sedimentos, rocas y otros materiales interfieran con la captación.

La continuidad de estas labores adquiere especial importancia ante la necesidad de garantizar la operatividad de la Bocatoma Pitay y mantener las condiciones adecuadas del sistema hidráulico vinculado al valle de Majes.

Los trabajos de reparación en la Av. Parra culminarán recién en dos días, según la estimación comunicada durante una inspección municipal. La intervención comenzó después de que una tubería matriz volviera a romperse y provocara el hundimiento de parte del pavimento, a menos de 12 horas de haberse habilitado el tramo al tránsito vehicular.

La alcaldesa provincial de Arequipa, Ruccy Oscco Polar, inspeccionó la zona afectada y señaló que SEDAPAR tuvo que reemplazar un tramo más extenso de la conducción de agua. La empresa también cambió válvulas y efectuó trabajos de relleno antes de que la municipalidad pudiera reponer la carpeta asfáltica.

Según la autoridad, las tuberías instaladas bajo la vía superaban los 40 años de antigüedad y su deterioro habría ocasionado las sucesivas roturas. El agua filtrada debilitó el terreno situado debajo del pavimento y generó un forado que obligó a cerrar nuevamente el carril recientemente intervenido.

La primera avería fue detectada antes de que se colocara el asfalto en ese sector. Sedapar reparó la conducción y la contratista municipal continuó con la pavimentación; sin embargo, horas después de reabrirse la vía se registró otra fuga en el mismo punto, cerca del pasaje Martinetti.

Cuando el personal se disponía a cerrar la excavación, una nueva rotura fue comunicada la noche del miércoles. Oscco informó que trabajadores de emergencia de SEDAPAR acudieron alrededor de las 22:30 horas y retomaron la intervención desde las 4:30 de la madrugada para sustituir una sección mayor de la red.

La alcaldesa descartó que el hundimiento se originara por una falla en la colocación del pavimento y atribuyó el daño a la filtración procedente de la tubería matriz. No obstante, la apertura apresurada del tramo quedó cuestionada, debido a que la infraestructura subterránea volvió a fallar apenas horas después de habilitarse el tránsito.

Una vez concluidos el relleno y la evaluación de la conducción, la municipalidad deberá reponer el pavimento y comprobar la estabilidad del terreno antes de reabrir la vía. El plazo de dos días dependerá de que no aparezcan nuevas fugas en una red cuya antigüedad volvió a evidenciar el riesgo de renovar la superficie sin reemplazar previamente las instalaciones subterráneas.

RIESGO ALTO POR ESCENARIO CLIMÁTICO

Durante agosto, la GRAG, entonces a cargo del exgerente Helard Nina Pachauri, inició el mapeo de los puntos críticos para la actividad agrícola de Arequipa. La evaluación debía considerar distintos escenarios en los valles costeros de Islay, Camaná y Castilla, así como en otros distritos donde se desarrolla actividad agrícola. Aunque algunos efectos asociados a las condiciones climáticas ya se registran en los cultivos, la gerencia todavía trabaja en la identificación detallada de los lugares que requerirán intervención.

Tras asumir el cargo de gerente regional de Agricultura, Alonzo Manrique Zeballos informó que inició coordinaciones con los directores de las agencias agrarias de toda la región para actualizar la información disponible. La gerencia también prioriza el registro de fichas en el Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD), con el propósito de sustentar futuras intervenciones. “Tenemos una reunión la próxima semana. Se sincerarán los puntos críticos y tendremos un consolidado en 15 días”, aseguró.

Según el escenario climático que maneja la GRAG, la actividad agrícola afrontaría riesgos diferenciados según la ubicación. Los distritos de la zona costera tendrían mayor exposición a lluvias, mientras que las zonas altas enfrentarían una posible sequía. A estos riesgos se suman las variaciones de temperatura que ya afectan a los valles costeros. Manrique Zeballos informó que la gerencia registra pérdidas en los cultivos y advirtió que estas condiciones podrían reducir los niveles habituales de producción. “El cambio climático está generando desmejoras en los cultivos. No se podrá obtener una producción normal a causa de El Niño”, señaló.

Para reducir el impacto sobre los cultivos, las agencias agrarias y la Subgerencia de Promoción Agraria promueven tecnologías que los productores puedan aplicar directamente en el campo. La gerencia también contempla mecanismos de apoyo para los agricultores que registren pérdidas por una reducción de su producción. Manrique Zeballos señaló que existe un decreto supremo que establece las zonas que podrían acceder a bonos ante una eventual afectación de los cultivos.

En las zonas altas, la GRAG también prepara acciones frente al riesgo de heladas. Para ello, cuenta con recursos de la categoría presupuestal 0068, destinados a atender emergencias. Estos fondos permiten adquirir medicamentos para los animales y pacas de forraje, con el objetivo de reducir las pérdidas de ganado que podrían ocasionar las bajas temperaturas. La atención se coordina con las municipalidades y las juntas de usuarios, que participan en la elaboración de planes de contingencia.

La ejecución de estas medidas dependerá de la disponibilidad presupuestal del Gobierno Regional. Manrique Zeballos reconoció que los recursos con los que cuenta actualmente la GRAG son reducidos y señaló que realizan gestiones ante el GRA y otras entidades competentes para obtener financiamiento. En ese contexto, la solicitud de S/6.9 millones permanece bajo evaluación y su eventual aprobación permitirá definir las intervenciones preventivas que la región podrá ejecutar ante los riesgos asociados al FEN.

En total fueron destinados 2 mil 400 sacos, distribuidos en partes iguales entre almacenes habilitados en Camaná, Cerro Juli, Cotahuasi y el sector de Calem, en El Pedregal. Cada establecimiento contará con 30 toneladas del producto para atender la demanda de los agricultores de sus respectivas jurisdicciones.

La medida es impulsada mediante un trabajo conjunto entre la Gerencia Regional de Agricultura y Agro Rural Arequipa, con la finalidad de mejorar la disponibilidad de fertilizantes orgánicos y contribuir al desarrollo de las actividades agrícolas en las zonas rurales.

El primer traslado se realizó hacia Camaná el 2 de setiembre, mientras que ayer se concretó la llegada de las cargas destinadas a Cerro Juli y Cotahuasi. En tanto, las 30 toneladas correspondientes a Calem, en la provincia de Caylloma, serán trasladadas este viernes 4 de setiembre.

En Cerro Juli, la recepción del cargamento contó con la participación del gerente regional de Agricultura, Alonzo Manrique Zeballos, y del jefe de Agro Rural Arequipa, Jorge Uyén Napa, quienes verificaron la implementación del almacén que permitirá atender a los productores de esta zona.

La habilitación de estos puntos de distribución responde a la necesidad de reducir las dificultades que enfrentan los agricultores de las provincias para conseguir guano de islas. Las distancias hacia los centros habituales representan mayores gastos y tiempo de traslado, especialmente para quienes desarrollan actividades agrícolas a pequeña escala.

El producto estará destinado principalmente a pequeños productores, agricultores de subsistencia y quienes trabajan con cultivos orgánicos, debido a la importancia que tiene este fertilizante natural dentro de sus sistemas de producción.

Con los cuatro almacenes periféricos se busca descentralizar la distribución y acercar el fertilizante a las zonas donde se concentra la actividad agrícola. De esta manera, los productores podrán acceder al guano de islas en lugares más próximos a sus comunidades y campos de cultivo, reduciendo las dificultades logísticas y favoreciendo la continuidad de sus labores agrícolas.