El puente Virgen de los Remedios, uno de los ingresos más usados al pueblo tradicional de Socabaya, volverá a ser cerrado desde este 18 de mayo por un plazo máximo de 10 días. La Municipalidad Distrital de Socabaya anunció un plan de tránsito alterno para continuar una obra que quedó inconclusa y que ahora obliga a desviar vehículos por una ruta habilitada en el cauce del río Socabaya.

La medida no es menor. El puente soporta tránsito diario de vecinos, taxis, transporte público, unidades particulares y vehículos de carga. Pese a ello, la comuna optó nuevamente por una solución que ya generó cuestionamientos durante la temporada de lluvias: enviar el flujo vehicular por debajo del puente, en una zona expuesta, estrecha y sensible para la circulación.

Según el comunicado municipal, el tránsito alterno funcionará por turnos: los vehículos que vayan de norte a sur circularán durante tres minutos y luego se habilitará el pase de sur a norte por otros tres minutos. En la práctica, esta fórmula anticipa congestión, demoras y mayor presión sobre una vía improvisada para absorber el tránsito de un acceso principal.

El origen del problema está en una obra mal encaminada. De acuerdo con la propia municipalidad, la empresa contratista abandonó los trabajos, por lo que la entidad resolvió el contrato y decidió asumir la intervención como saldo de obra. La ingeniera Roselyne Anco, representante de la municipalidad, señaló que se aplicará la máxima penalidad posible contra la contratista por el perjuicio ocasionado a la población.

Sin embargo, la responsabilidad política no puede quedar limitada a la empresa. Si una obra supera el millón de soles, registra retrasos, se paraliza por meses y termina afectando otra vez a la población, corresponde preguntarse qué pasó con la supervisión, la planificación, los plazos contractuales y la capacidad de reacción de la gestión del alcalde Roberto Muñoz Pinto.

La intervención también sufrió un cambio técnico relevante. El pórtico ya no será culminado en concreto armado, como habría previsto el expediente inicial, sino mediante una estructura metálica. La municipalidad sostiene que esta alternativa permitirá reducir tiempos de cierre e instalar la estructura mediante izaje, pero el giro exige una explicación técnica pública, clara y documentada.

La pregunta de fondo es evidente: si la estructura metálica era más rápida y menos perjudicial para el tránsito, ¿por qué no fue prevista desde el inicio? Y si el expediente original contemplaba concreto armado, la comuna debe precisar si la modificación cuenta con aprobación formal, sustento estructural, control de calidad y garantías de seguridad para una zona de alto flujo vehicular.

El discurso oficial insiste en que “las molestias pasan y las obras quedan”. Pero para los vecinos, las molestias no son menores cuando implican más tiempo de viaje, riesgo vial, congestión, desvíos por el cauce de un río y falta de certezas sobre la fecha real de culminación. La obra no solo debe terminarse; debe terminarse bien y sin convertir el tránsito diario en un costo ciudadano.

La cercanía del aniversario distrital tampoco debería apurar decisiones sin suficiente transparencia. Socabaya necesita obras visibles, pero más necesita obras útiles, seguras y técnicamente sostenibles. Ejecutar bajo presión de calendario puede convertirse en otro error si la prioridad es inaugurar antes que resolver de fondo una intervención que ya nació con problemas.

TACNA

La región Tacna se consolida como el principal productor de orégano del Perú al concentrar el 82 % de la producción nacional de este importante cultivo aromático. Así lo informó la Dirección Regional de Agricultura de Tacna durante el anuncio oficial del XX Festival Regional del Orégano 2026 “Luis Humire Mamani” y la XIV Feria de Productos Andinos, actividades que se desarrollarán del 22 al 24 de mayo en la plaza José Abelardo Quiñones, ubicada en el distrito Alto de la Alianza.

El director regional de Agricultura, Freddy Llanque Ramírez, destacó que en el año 2025 Tacna alcanzó una producción de 11 489 toneladas de orégano, resultado que reafirma el liderazgo agrícola de la región. Además, señaló que Tacna posee el 62 % de la superficie cosechada del país, con un total de 2 254 hectáreas dedicadas al cultivo de esta planta aromática.

Otro aspecto importante es el alto rendimiento que registra la región. Según las autoridades, Tacna alcanza un promedio de 5 097 kilos por hectárea, cifra superior a la obtenida en otras regiones productoras como Arequipa y Moquegua. Este crecimiento sostenido representa un incremento anual del 7 %, impulsado por el trabajo conjunto entre productores, entidades públicas y empresas privadas.

Las autoridades atribuyen este éxito a las condiciones climáticas y geográficas de la zona andina tacneña, factores que permiten obtener un orégano de alta calidad, reconocido por su intenso aroma y gran valor comercial. Gracias a estas características, el producto tacneño ha logrado posicionarse tanto en mercados nacionales como internacionales.

La cadena productiva del orégano beneficia directamente a más de tres mil familias de la región, quienes dependen de la siembra, cosecha y comercialización del producto. Asimismo, la implementación de tecnología agrícola y nuevas técnicas de cultivo ha permitido mejorar la productividad y fortalecer la economía local.

Con el objetivo de promover la identidad regional y continuar impulsando la actividad agrícola, se realizará el XX Festival Regional del Orégano y la XIV Feria de Productos Andinos. En el evento participarán más de 80 productores provenientes de distintas zonas de Tacna.

Durante los tres días de feria se desarrollarán concursos de orégano seco seleccionado, exhibiciones de productos derivados y presentaciones de gastronomía regional elaborada con orégano. Además, se elegirá a la “Señora Festival Regional del Orégano 2026”.

Los asistentes también podrán adquirir diversos productos innovadores derivados del orégano, como aceites esenciales, esencias y helados, además de frutas y productos andinos como tuna, tumbo, papa, maíz, manzana y membrillo.

El festival es organizado por la Dirección Regional de Agricultura de Tacna, la Municipalidad Distrital de Ilabaya y productores agrícolas de la región, quienes buscan seguir posicionando al orégano tacneño como uno de los principales productos bandera del Perú.

NO TIENE SERVICIOS HIGIÉNICOS

Padres de familia del colegio Felipe Santiago Salaverry realizaron un plantón frente a la Municipalidad Distrital de Socabaya para exigir la entrega inmediata de la nueva infraestructura educativa, cuya culminación vuelve a quedar en el centro de la controversia por la falta de servicios básicos y los sucesivos aplazamientos del proyecto. La protesta expuso el malestar de una comunidad escolar que, desde hace meses, reclama condiciones dignas para más de 500 alumnos de primaria y secundaria.

La movilización se desarrolló en los exteriores de la comuna distrital, donde los padres pidieron una respuesta directa del alcalde Roberto Muñoz y de los funcionarios responsables de la obra. Según los manifestantes, la municipalidad se había comprometido a entregar el colegio el 15 de febrero de este año, pero el plazo venció sin que los estudiantes puedan retornar a su plantel, según informó la presidente de APAFA, Gina Meza.

El principal cuestionamiento apunta a que la infraestructura, pese a estar aparentemente culminada, no puede ser utilizada por la falta de conexión o regularización de servicios básicos como agua, desagüe y otros componentes necesarios para su funcionamiento. Funcionarios municipales indicaron que la obra estaría concluida al 100 %, aunque los padres cuestionan que no se les permita verificar directamente el estado real de los ambientes.

Mientras el problema administrativo se resuelve, los escolares continúan asistiendo a un local de contingencia en el sector de Coscollo, en ambientes prefabricados y aulas de madera y calamina. Los padres sostienen que los menores soportan altas temperaturas durante la mañana, frío en otros horarios, dificultades de transporte y riesgos de seguridad en los alrededores del local provisional.

La preocupación no solo está vinculada al retraso de la obra, sino también al impacto educativo y emocional en los alumnos. De acuerdo con los testimonios recogidos, las condiciones del local temporal afectan la concentración de los estudiantes y generan temor entre los padres, especialmente durante los horarios de ingreso y salida, por tratarse de una zona considerada insegura por la propia comunidad educativa.

El proyecto corresponde al mejoramiento de los servicios educativos de la I.E. Felipe Santiago Salaverry, ubicado en el pueblo tradicional de Socabaya, con Código Único de Inversiones N.° 2472434. Según documentación municipal, la obra fue contratada por S/ 12 millones 556 mil 015.56, con un plazo inicial de ejecución de 360 días calendario, inicio registrado el 14 de mayo de 2024 y término programado para el 8 de mayo de 2025, y que hoy supera los S/ 15 millones.

La misma resolución municipal consigna modificaciones vinculadas a prestaciones adicionales y deductivos, lo que confirma que el proyecto tuvo ajustes durante su ejecución. Para los padres, esos cambios deben ser explicados con transparencia, especialmente porque el retraso ya superó los plazos previstos y la obra aún no cumple su objetivo principal: recibir nuevamente a los estudiantes en condiciones seguras.

El antecedente inmediato agrava el malestar. En noviembre de 2025, la comunidad educativa ya había advertido retrasos, paralizaciones y condiciones precarias en el plan de contingencia. En ese momento, también se informó que la entrega del colegio era esperada para permitir el retorno progresivo de los alumnos a su infraestructura original, situación que finalmente no se concretó en los plazos anunciados.

Los padres también cuestionan la falta de coordinación entre la Municipalidad de Socabaya, la UGEL Sur y las empresas prestadoras de servicios para cerrar los trámites pendientes. Tras la protesta, representantes de la comunidad educativa advirtieron que volverán a movilizarse si no reciben un cronograma formal, verificable y con responsables definidos para la habilitación definitiva del plantel.

La demora en la entrega del colegio Felipe Santiago Salaverry dejó de ser un asunto técnico para convertirse en un problema social que compromete la seguridad, la salud y el derecho a una educación adecuada. La comunidad educativa exige que las autoridades pasen de las explicaciones a las soluciones y que el retorno de los escolares a su plantel no dependa de nuevas promesas, sino de una fecha cierta y cumplida.

El Perú enfrenta una paradoja cada vez más difícil de sostener. Mientras el mundo avanza hacia economías integradas, infraestructura inteligente y transformación tecnológica acelerada, nosotros seguimos atrapados entre la informalidad, el colapso urbano y la improvisación política. Durante años, el país sobrevivió gracias a la estabilidad macroeconómica, pero dejó de construir una verdadera visión de desarrollo nacional.

Por eso, hoy la discusión ya no debería centrarse únicamente en cómo crecer, sino en cómo transformar el país antes de que el estancamiento profundice aún más la crisis social y política. ¿Puede el Perú avanzar 50 años en solo cinco? La idea parece ambiciosa, pero no imposible. Brasil ya intentó algo similar durante el gobierno de Juscelino Kubitschek, quien impulsó un “Plan de Metas” basado en infraestructura, energía, carreteras e industrialización bajo una premisa simple: acelerar el desarrollo nacional mediante inversión y conectividad.

El Perú necesita recuperar precisamente esa ambición. Porque el verdadero problema peruano no es únicamente económico; es territorial e institucional. Un país donde el 75% de la fuerza laboral vive en la informalidad es un país donde millones de personas sobreviven fuera del sistema porque el propio Estado nunca logró integrarlas realmente. Y mientras no exista un proyecto serio de modernización, la informalidad seguirá funcionando como la única red de supervivencia para millones de ciudadanos.

Sin embargo, el desarrollo no llegará únicamente con más programas sociales o discursos de redistribución. El Perú necesita infraestructura, competitividad y crecimiento productivo. Necesita carreteras transversales, corredores logísticos, expansión energética, puertos modernos y digitalización estatal. Necesita conectar regiones históricamente abandonadas para integrar mercados, reducir la desigualdad y generar empleo formal.

Frente a este contexto, el país necesita volver a pensar en grande. Pero resulta difícil imaginar un proceso de modernización acelerada bajo propuestas políticas que mantienen una visión confrontacional frente a la inversión privada, el modelo económico o la estabilidad institucional. Y allí aparece una preocupación legítima respecto a proyectos políticos como el encabezado por Roberto Sánchez y Juntos por el Perú.

El problema no es únicamente una cuestión de etiquetas ideológicas. El verdadero riesgo es repetir dinámicas recientes donde predominó la improvisación, el enfrentamiento constante y la incertidumbre económica. El Perú ya vivió las consecuencias de un escenario donde proyectos de inversión quedaron paralizados y la inestabilidad política deterioró la confianza nacional e internacional.

Y eso tiene consecuencias concretas. Ningún país puede construir carreteras, polos industriales o infraestructura estratégica si no existe confianza para invertir. Ningún proceso serio de formalización puede sostenerse si la economía se desacelera o si el sector privado percibe que las reglas pueden cambiar constantemente por razones ideológicas.

Paradójicamente, quienes más terminan sufriendo los efectos de la inestabilidad son precisamente los sectores más vulnerables. Por ello, el Perú necesita una reconstrucción nacional basada en capacidad técnica, estabilidad macroeconómica y visión de largo plazo. Porque el verdadero desafío ya no es elegir entre izquierda o derecha, sino decidir si queremos construir un país competitivo e integrado o continuar atrapados en modelos donde el conflicto termina reemplazando al desarrollo como prioridad nacional.

La Gerencia Regional de Educación de Arequipa impulsa el Taller Macrorregional de Saneamiento Físico Legal de Predios e Inmuebles del Estado del Sector Educación, una iniciativa orientada a fortalecer la gestión de infraestructura educativa y garantizar la seguridad jurídica de los terrenos destinados a colegios públicos. La actividad es liderada por la Dirección General de Infraestructura del Ministerio de Educación en el marco de los Talleres de Capacitación Macrorregionales 2026.

El evento congrega a cerca de 50 profesionales y técnicos de las oficinas de infraestructura y asesoría legal de las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) y Direcciones Regionales de Educación de las regiones de Arequipa, Puno, Moquegua y Tacna. Durante las jornadas de capacitación, los especialistas reciben herramientas normativas y técnicas destinadas a agilizar los procesos de titulación y formalización de predios educativos.

La finalidad principal del taller es fortalecer las capacidades de los equipos responsables del saneamiento físico legal, un procedimiento indispensable para que los terrenos donde funcionan instituciones educativas cuenten con la documentación registral correspondiente. Este proceso permite acreditar la propiedad o posesión legal de los predios a favor del sector Educación, requisito fundamental para impulsar proyectos de inversión pública y ejecutar obras de infraestructura escolar.

Desde la Gerencia Regional de Educación de Arequipa destacaron que uno de los principales problemas que enfrentan diversas instituciones educativas del país es la falta de saneamiento físico legal de sus terrenos, situación que limita la ejecución de proyectos de mejoramiento, ampliación o construcción de nuevos ambientes educativos.

En ese sentido, se precisó que contar con predios formalizados facilita la elaboración de expedientes técnicos y la gestión de financiamiento para futuras inversiones. Asimismo, garantiza mayor seguridad jurídica para el Estado y contribuye al cierre de brechas en infraestructura educativa, especialmente en zonas donde aún existen colegios que operan en condiciones precarias.

El taller también se desarrolla en cumplimiento del Indicador 5.1 de los Compromisos de Desempeño 2026, aprobado mediante la Resolución Ministerial N.° 057-2026-MINEDU. Dicho indicador está relacionado con el porcentaje de predios destinados a instituciones educativas que cuentan con inscripción registral de algún derecho a nombre del Ministerio de Educación.

Con esta actividad, la Gerencia Regional de Educación de Arequipa reafirma su compromiso de trabajar de manera articulada con las regiones del sur del país para fortalecer la gestión educativa y acelerar los procesos que permitan mejorar la infraestructura de las instituciones educativas en beneficio de miles de estudiantes.

El Informe de Evaluación Institucional Anual del GRA revela que, de acuerdo con las metas establecidas, el perfil del Parque Tecnológico Digital debió aprobarse en octubre de 2025, mientras que el convenio OxI debía suscribirse antes de finalizar ese año. Además, el inicio de ejecución estaba previsto para el primer trimestre de 2026. Sin embargo, pese a que el proyecto alcanzó 87% de avance en actividades operativas, no logró cumplir el cronograma previsto debido a observaciones formuladas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), las cuales obligaron a reformular la iniciativa.

«Al ser el primer proyecto de esta naturaleza, desde el propio MEF se debía comprender el modo de ejecución del parque tecnológico. La reformulación vía OxI permitió replantear el proyecto y adecuarlo a las observaciones técnicas realizadas durante la evaluación. (…) No es un proyecto privado. El Estado tiene que formular perfiles, expedientes y pasar revisiones de diferentes entidades regulatorias antes de ejecutar la inversión”, explicó Jacob Salazar Aldana, titular de la GRCTI.

El retraso del proyecto se arrastra desde años anteriores. Entre febrero de 2024 y enero de 2026, Irina Salazar Churata estuvo al frente de la GRCTI. No obstante, según informó la Gerencia General del GRA, fue retirada del cargo por incumplimiento de metas. Posteriormente, la gerencia permaneció más de dos meses bajo encargatura temporal hasta mediados de marzo. La escasa ejecución alcanzada durante ese periodo y la ausencia de una gestión permanente profundizaron el retraso de los proyectos tecnológicos impulsados por la región.

Ante el riesgo de que la iniciativa quede inconclusa, Salazar Aldana —designado en marzo— afirmó que buscan concretar la adjudicación del proyecto durante el último trimestre de 2026. Indicó además que existen empresas privadas interesadas en participar en la iniciativa, entre ellas América Móvil Perú S.A.C., IBM y Huawei. Sin embargo, reconoció que cualquier participación dependerá de la aprobación definitiva del perfil técnico y de la validación que emita la Contraloría.

El sistema incorpora 130 semáforos vehiculares, 182 peatonales y 120 cámaras con sensores de flujo para ordenar el tránsito en avenidas críticas como Dolores y Estados Unidos con una inversión de S/7 millones. La comuna también proyecta integrar lectores de placas y reconocimiento facial en seguridad ciudadana.

El distrito de José Luis Bustamante y Rivero puso en marcha un sistema de semáforos inteligentes con inteligencia artificial para mejorar la fluidez vehicular en sus principales corredores. La intervención busca ordenar el tránsito en horas punta, reducir los nudos viales y dar mayor seguridad al cruce de peatones.

El alcalde de la Municipalidad Distrital, Fredy Zegarra Black, señaló que el proyecto comprende 130 semáforos vehiculares, 182 semáforos peatonales y 120 cámaras con sensores de flujo vehicular. Estos equipos no funcionan como cámaras de videovigilancia, sino como dispositivos que miden la carga de vehículos y permiten ajustar los tiempos de luz verde o roja de manera automática.

La comuna identificó como puntos críticos la Av. Dolores, la Av. Estados Unidos y las vías de ingreso al distrito, donde se concentra mayor congestión durante las mañanas. En esos horarios, miles de vecinos salen hacia el Cercado y otros puntos de Arequipa, lo que genera alta presión sobre la red vial. La avenida Dolores y Estados Unidos figuran entre las principales vías del distrito.

Por la tarde, el sistema debería operar en sentido contrario, cuando el flujo de vehículos retorna hacia Bustamante y Rivero. La inteligencia artificial permitirá detectar ese cambio de comportamiento vial y redistribuir los tiempos semafóricos para facilitar un pase más ordenado, aunque la autoridad edil precisó que el sistema no eliminará por completo la carga vehicular.

El alcalde distrital explicó que el objetivo central del proyecto es mejorar la transitabilidad y la seguridad peatonal, no convertir los semáforos en un sistema de control policial. Sin embargo, precisó que la plataforma tiene capacidad de ampliarse progresivamente con software para identificación de placas, reconocimiento facial y eventuales fotopapeletas, previa implementación técnica y convenios correspondientes.

La presentación del sistema ocurre en medio de una creciente preocupación por la inseguridad en el distrito. Tras el reciente asalto armado en la Av. Dolores, donde delincuentes robaron una fuerte suma de dinero a ocupantes de una camioneta, la comuna informó que sus cámaras de videovigilancia sí permitieron captar parte del recorrido de los implicados.

La autoridad edil sostuvo que las imágenes obtenidas por el sistema de seguridad ciudadana fueron entregadas a la Policía Nacional para apoyar las investigaciones. Según indicó, se habría registrado el desplazamiento de una motocicleta y de un vehículo blanco usados en la fuga, información que ahora deberá ser contrastada por los agentes a cargo del caso.

No obstante, el alcalde marcó distancia entre ambos sistemas. Las cámaras instaladas en los semáforos inteligentes sirven para medir flujo vehicular, mientras que el componente de videovigilancia pertenece a un proyecto de seguridad ciudadana que será reforzado en una segunda etapa. Esa mejora incluiría cámaras con reconocimiento de placas y rostros para fortalecer la respuesta frente a delitos.

La inversión del sistema semafórico asciende a aproximadamente S/7 millones, según la información municipal. La comuna sostuvo que el proyecto tuvo suspensiones por interferencias encontradas durante las excavaciones, como cables de empresas operadoras y de servicios eléctricos, pero descartó que se trate de una obra simple o reducible al costo individual de cada semáforo.

El reto ahora será demostrar resultados en la vía pública. La inteligencia artificial puede ayudar a ordenar el tránsito, pero no resolverá por sí sola el exceso de vehículos, la mala cultura vial ni la inseguridad. Bustamante y Rivero apuesta por tecnología; la prueba real será que esa inversión se traduzca en cruces más seguros, menor congestión y una respuesta más eficaz ante emergencias y delitos.

El proyecto “Mejoramiento y ampliación de la frontera agrícola en los sectores de Chachas y Nahuira” permanece detenido desde enero de 2025 debido a deficiencias detectadas en el expediente técnico original. La intervención fue declarada inicialmente viable con un presupuesto de S/23 millones, pero tras modificaciones técnicas elevó su costo a S/43 millones. Ahora, con la reformulación del expediente y la elaboración del saldo de obra, el monto volvería a incrementarse.

Al respecto, Pedro Condo Taya, alcalde distrital de Chachas, confirmó que el GRA solo cuenta con presupuesto para culminar la elaboración del expediente de saldo de obra, mas no para ejecutar los trabajos pendientes. “Faltaban estudios básicos y obras de arte. Por eso ahora se está reformulando el expediente. Sin embargo, solo tenemos presupuesto para elaborar el expediente. La ejecución no tiene financiamiento asegurado. Esperamos culminar el expediente y entonces abogar por financiamiento para la culminación”, señaló.

Al momento de su paralización, el proyecto registraba apenas 5 % de avance físico, concentrado principalmente en canales. Condo Taya sostuvo que el componente principal de la intervención son las tres presas y cuatro reservorios contemplados en el proyecto integral, infraestructura clave para garantizar el almacenamiento de agua y el funcionamiento del sistema de riego destinado a más de 400 familias agricultoras de Chachas y Nahuira.

“¿De qué nos sirve hacer canales si no tenemos represamiento de agua?”, cuestionó.

La prolongada paralización ya genera deterioro en la infraestructura inconclusa. De acuerdo con reportes previos de autoridades locales, varios tramos de canales presentan fisuras y descascaramiento del revestimiento de cemento debido al tiempo de abandono, situación que incluso podría requerir futuras intervenciones de rehabilitación antes de retomar la ejecución total del proyecto.

El proyecto vial, valorizado en S/ 276 millones 470 mil 914.87, comprende 128 kilómetros de extensión. No obstante, el tramo I, ubicado entre Viscachani y Pulperas —desde el kilómetro 0 hasta el km 36— permanece en arbitraje desde 2022, situación que impide cualquier intervención directa del GRA. Dicho conflicto también limita los trabajos de mantenimiento debido a que, mientras continúe el proceso legal, no puede existir duplicidad de inversiones.

Otro de los principales problemas se concentra en el tramo IV de la vía. Aproximadamente 25 kilómetros serán afectados por el embalse de la represa Angostura. En consecuencia, se requiere un nuevo trazo desde el puente Monigotes hasta el empalme con uno de los tramos que atraviesa el distrito de Caylloma. Aunque esta observación fue advertida desde el inicio de la gestión regional, hasta la fecha no existe una solución definitiva ni un expediente concluido para ejecutar la nueva ruta.

«Hoy el GRA tiene las mismas opiniones técnicas y legales que se tenían en 2023. Primero nos dijeron que la nueva vía iba a integrarse al expediente de saldo de obra, pero luego cambiaron de opinión y ahora será un nuevo proyecto. Estamos en el último año de gestión y no se ha destrabado absolutamente nada. Lo único que esperamos ahora es que se dejen culminados los expedientes para que la siguiente gestión pueda ejecutar las obras”, expresó Yesenia Choquehuanca Cruz, consejera regional por Caylloma.

Adicionalmente, la legisladora regional cuestionó la situación del puente Condorcuyo, infraestructura destinada a conectar los distritos de Sibayo y Caylloma. Según indicó, la obra —arrastrada desde la gestión anterior— mantiene apenas 70 % de avance físico y continúa sin fecha de culminación. “Llevamos más de un año buscando una solución para este puente. La semana pasada tuvimos otra reunión en la misma zona, pero nuevamente solo hablan de evaluaciones técnicas y legales que no resuelven nada”, señaló.

Actualmente, el único tramo en ejecución por parte del GRA corresponde a la etapa V, tramo 2, a cargo de una empresa contratista. Choquehuanca Cruz indicó que la obra registra alrededor de 45 % de avance físico y debería culminar antes de agosto, mes aniversario de Arequipa. Sin embargo, cuestionó las demoras del Ejecutivo regional para atender observaciones técnicas y ampliaciones de plazo, situación que anteriormente retrasó la ejecución durante varios meses.

Durante una sesión extraordinaria del Consejo Regional de Arequipa, representantes del Ejecutivo regional reconocieron que el proyecto integral no será culminado durante la actual gestión. De esta manera, más de 95 mil habitantes de Caylloma deberán esperar a que la próxima administración asuma la continuidad de una obra que aún mantiene tramos sin destrabar y componentes pendientes de ejecución.

ANUNCIÓ EL MIDAGRI

La intervención se realiza mediante el programa AGRO RURAL, que implementó 19 197 cobertizos rurales en 15 regiones, beneficiando directamente a cerca de 20 mil familias dedicadas a la actividad pecuaria familiar. El objetivo es reducir la mortalidad del ganado durante la temporada de heladas y friaje, además de preservar la principal fuente de ingresos de miles de productores.

La medida forma parte del Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje impulsado por el Ejecutivo para atender a las poblaciones vulnerables de las zonas más altas del Perú, donde las temperaturas extremas generan graves pérdidas económicas y afectan la seguridad alimentaria.

Los cobertizos construidos por AGRO RURAL cuentan con una extensión aproximada de 170 metros cuadrados y tienen capacidad para albergar hasta 120 animales, especialmente crías, madres gestantes y ejemplares en etapa de lactancia, considerados los más vulnerables ante el descenso de temperaturas.

La infraestructura fue diseñada para tener una vida útil de aproximadamente 20 años. Para su construcción se utilizaron materiales resistentes como adobe, piedra, tapial o bloqueta, además de columnas de concreto y techos con estructura de madera y cobertura de calamina galvanizada. Según el MIDAGRI, las obras también permitieron dinamizar la economía local mediante la contratación de mano de obra de las propias comunidades.

Entre las regiones con mayor cantidad de módulos implementados destaca Puno, con 5 161 cobertizos, seguida por Cusco con 3 506 y Arequipa con 3 226. La cobertura también alcanzó a Huancavelica, Pasco, Moquegua, Junín, Apurímac, Ayacucho, Tacna, Huánuco, Lima, Áncash, La Libertad y Cajamarca.

El MIDAGRI informó además que el programa continuará ampliándose durante este año. Para el 2026 se proyecta la construcción de 3 766 nuevos cobertizos con una inversión superior a S/ 64 millones.

Con ello, el país cerraría el próximo año con un total de 22 963 módulos operativos en las zonas altoandinas, consolidando una red de protección destinada a reducir el impacto de las heladas sobre el sector ganadero y garantizar la sostenibilidad económica de miles de familias rurales.