El 10 de octubre del año pasado, el GRA, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y la PMO de Japón suscribieron el contrato Estado a Estado (G2G) entre Perú y Japón para la puesta a punto del Proyecto Majes Siguas. El convenio comprendía la elaboración del diagnóstico, el expediente técnico y la convocatoria para seleccionar al ejecutor de las obras. Concluida esta primera etapa, se definirá qué empresa o consorcio asumirá la intervención, cuyo costo supera los 531 millones de dólares.

La puesta a punto permitirá optimizar el sistema que conduce el recurso hídrico desde la cuenca del río Colca hasta el río Siguas, garantizando una operación eficiente y sostenible para las 15 900 hectáreas habilitadas de la primera etapa de la irrigación Majes. La intervención contempla el mantenimiento de 88 kilómetros de túneles, 13 kilómetros de canales y la ejecución de obras para atender las contingencias identificadas. Desde el GRA resaltaron la importancia del proyecto y solicitaron acelerar su ejecución.

«Hemos solicitado celeridad. Todo pasa por la decisión política del Midagri y los técnicos del PSI para poder acelerar las intervenciones. Sin embargo, está garantizado. No hay marcha atrás. Tiene que continuar al margen de lo que pueda suceder y quién sea el próximo ministro. Hay acuerdos, que son políticas, que tienen que continuar y no paralizarse», sostuvo Rohel Sánchez Sánchez, gobernador regional de Arequipa.

Aunque la primera etapa de Majes Siguas comprende 24 mil hectáreas, actualmente solo 16 mil se encuentran en producción. En ese contexto, las 8 mil hectáreas restantes continúan en proceso de habilitación. De ellas, 4 mil ya fueron saneadas y deberían ponerse a disposición de la ciudadanía. No obstante, gran parte de estos terrenos permanece ocupada por invasores, por lo que el GRA anunció que iniciará los desalojos y, en coordinación con ProInversión, realizará una subasta pública de los predios.

Respecto a Majes Siguas II, además del arbitraje con la concesionaria Cobra, ProInversión desarrolla un proceso orientado a asegurar la ejecución de la segunda etapa del proyecto. En tanto, la tercera etapa, que contempla la habilitación de 23 mil hectáreas y el desarrollo de la denominada Ciudad Vítor-Siguas para albergar 300 mil viviendas, continúa bajo la responsabilidad del GRA y el Midagri.

DESDE HOY

El proyecto contempla el adoquinado de más de 11 mil metros cuadrados de superficie, además de la colocación de señalización horizontal y vertical que permitirá ordenar el flujo vehicular y brindar mayor seguridad tanto a conductores como a peatones.

De acuerdo con el cronograma de ejecución, la primera etapa tendrá una duración de 35 días calendario. Durante este periodo se realizarán los trabajos de construcción de pavimento rígido en las calles Pacheco y Lima, por lo que ambas vías permanecerán cerradas al tránsito mientras se desarrollan las obras.

Ante esta situación, la comuna provincial implementará un plan de desvíos para reducir el impacto en la circulación. Los conductores deberán utilizar como rutas alternas las avenidas Andrés Martínez y Malecón Vallecito, así como las calles Paz Soldán y 28 de Julio, vías que permitirán mantener la conectividad con los principales accesos del sector.

Las autoridades municipales recomendaron a los transportistas particulares y del servicio público planificar sus recorridos con anticipación y respetar la señalización temporal instalada durante la ejecución de la obra. Asimismo, solicitaron comprensión a los vecinos por las molestias que puedan ocasionarse mientras duren los trabajos.

Según la municipalidad, la intervención responde al deterioro que presenta la carpeta de rodadura como consecuencia del constante tránsito vehicular registrado en la zona. El mejoramiento permitirá incrementar la resistencia de la vía, reducir los costos de mantenimiento y ofrecer un desplazamiento más seguro y cómodo para quienes utilizan diariamente este importante corredor urbano.

Durante la ejecución del proyecto también se contará con personal de apoyo para orientar a los conductores y garantizar un adecuado ordenamiento del tránsito, especialmente en las horas de mayor congestión.

La comuna precisó que la renovación de las calles Pacheco y Lima forma parte de un conjunto de intervenciones destinadas a mejorar la infraestructura vial de la ciudad y contribuir a una movilidad más eficiente.

Al culminar esta primera etapa, los vecinos de Vallecito contarán con vías renovadas, mejor señalizadas y preparadas para soportar el intenso flujo vehicular que caracteriza a este tradicional sector de Arequipa, beneficiando tanto a residentes como a miles de usuarios que transitan diariamente por la zona.

La controversia fue presentada por el Consorcio Vial Caylloma, anterior adjudicatario del proyecto, y evaluada por el Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas Administrativas de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa (CCIA). El tribunal arbitral revisó los cuestionamientos del privado, relacionados con el presunto incumplimiento del GRA en la contratación de un supervisor externo, y dispuso una medida cautelar que dejó sin efecto, de manera provisional, la resolución contractual emitida por la entidad.

Sin embargo, Rohel Sánchez Sánchez, gobernador regional de Arequipa, calificó la decisión como “inejecutable” y afirmó que los trabajos en la vía continúan. “Ante el hecho de que la empresa estaba dilatando por más de un año y no presentaba los entregables, tuvimos que rescindir el contrato. Ya se presentó, se aprobó el expediente técnico y está en pleno proceso de ejecución. Por lo tanto, ese laudo ha sido reconsiderado por parte de la Procuraduría y debemos dar cuenta de que eso es inejecutable”, expresó.

Desde el Ejecutivo regional argumentan que el pronunciamiento arbitral carece de aplicación práctica porque ordena retrotraer el procedimiento cuando la obra fue reactivada con otro ejecutor el pasado 18 de mayo. En esa línea, la Procuraduría Regional interpuso un recurso de reconsideración ante el tribunal arbitral y asumió la defensa de la posición del GRA. Sánchez Sánchez, además, cuestionó el trabajo de los árbitros y señaló que la Procuraduría evalúa denunciarlos por, presuntamente, omitir la documentación presentada por la entidad durante el proceso.

La obra Jachaña-Cayarani está valorizada en S/ 95,6 millones y tiene un plazo de ejecución de 210 días. Según el cronograma, debe concluir en diciembre de 2026, con impacto en más de 12 mil beneficiarios de las provincias de Caylloma y Condesuyos.

La construcción de la carretera Cayma–Cabrerías–Pampa Cañahuas continúa avanzando y ya registra un progreso físico del 45 %, informó el Gobierno Regional de Arequipa. La obra es considerada uno de los proyectos viales más importantes de la región, debido a que fortalecerá la conectividad entre Arequipa, Cusco y Puno, favoreciendo el transporte, el turismo y la actividad económica del sur del país.

Durante una visita de inspección, el gobernador regional, Rohel Sánchez Sánchez, verificó el estado de los trabajos y anunció la incorporación de tres nuevos frentes de obra para acelerar el proceso de asfaltado. Además, destacó que la puesta en funcionamiento de la planta de producción de asfalto permitirá incrementar el ritmo de ejecución y optimizar los tiempos previstos para culminar el proyecto.

Actualmente, la intervención se desarrolla en seis frentes simultáneos, donde se realizan labores de movimiento de tierras, conformación de base y subbase, construcción de sistemas de drenaje, ejecución de cunetas, imprimación de la vía y otras tareas indispensables para la pavimentación del corredor.

Según explicó la autoridad regional, el objetivo es concluir la obra en el menor tiempo posible para ponerla al servicio de la población y mejorar la conectividad entre la ciudad de Arequipa y la zona altoandina.

Sánchez afirmó que la nueva carretera ofrecerá una infraestructura moderna y segura, permitiendo reducir los tiempos de viaje y facilitando el tránsito de pasajeros, transportistas y turistas que se desplazan entre Arequipa y las regiones vecinas de Cusco y Puno. Asimismo, sostuvo que el proyecto contribuirá a dinamizar la economía local mediante el impulso de actividades como el comercio, el turismo y los servicios.

Durante la supervisión también anunció la futura ejecución de la denominada Vía El Loncco, una nueva infraestructura vial que unirá los distritos de Alto Selva Alegre y Cayma. Según indicó, esta obra permitirá descongestionar el flujo vehicular proveniente de la carretera hacia Pampa Cañahuas y mejorar el acceso a la ciudad de Arequipa.

En materia de infraestructura, el gobernador recordó que el próximo 14 de julio será inaugurado el puente Arequipa–La Joya, obra que busca reducir la congestión vehicular en los ingresos y salidas de la ciudad, además de fortalecer la conexión con la carretera Panamericana Sur.

El Gobierno Regional también informó que ejecuta de manera paralela otros proyectos de integración vial en la región. Entre ellos figuran las carreteras Majes–Lluta–Huambo, San Gregorio–Sahuaní–Punta Colorada y Jachaña–Vizcachani, iniciativas orientadas a mejorar la conectividad entre provincias y facilitar el desarrollo de las actividades productivas.

Con estas inversiones, la gestión regional busca consolidar una red vial que favorezca la integración territorial, reduzca los tiempos de desplazamiento y fortalezca la competitividad de Arequipa como eje económico y turístico del sur del Perú.

A casi dos meses del inicio de las gestiones para impulsar el asfaltado de la vía vecinal AR-647, que conecta Andagua y Orcopampa con la provincia de Caylloma, autoridades de Castilla cuestionaron la demora en el financiamiento del perfil técnico del proyecto. Aunque las mineras Crespo S.A.C., Sierra Caraz y Compañía Minera Ares S.A.C. acordaron asumir la elaboración de los estudios preliminares, la compañía Buenaventura decidió mantenerse al margen, prolongando la incertidumbre sobre el cronograma de una obra considerada prioritaria para la provincia.

Durante la última reunión, en la que participaron autoridades locales, representantes del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y empresas mineras asentadas en Castilla, se acordó que el sector privado financiará el estudio de preinversión, el perfil y el expediente técnico. Posteriormente, el Consejo Regional de Arequipa deberá priorizar el proyecto para incorporarlo a la cartera regional, posteriormente se buscaría un financiamiento de un privado mediante Obras por Impuestos (OxI).

Sin embargo, Buenaventura fue la única empresa convocada que no suscribió el convenio. El representante de la minera en Orcopampa, Johnny Uribe Pomalaza, aseguró que la compañía contribuyó con el mantenimiento de distintos tramos de la vía, por lo que no considera necesario formalizar un compromiso. Argumentó que la empresa intervino la carretera entre Chapacoco y el cruce de Arcata, además de un tramo del centro poblado de Tolconi, por lo que «han cumplido bastante». Sin embargo, dichos trabajos no comprenden el tramo entre Andagua y esos sectores, considerado uno de los principales objetivos del proyecto de asfaltado.

La posición de la empresa fue cuestionada por autoridades locales, quienes contra argumentaron que la demanda de la población ya no pasa por ejecutar mantenimientos periódicos, sino por concretar el asfaltado integral de la AR-647. En esa línea, Renzo Pastor Alatrista, alcalde provincial de Castilla, remarcó que la vía constituye un eje de integración entre Andagua, Chachas, Chilcaymarca, Orcopampa y la provincia de Caylloma, por lo que insistió en que el proyecto debe avanzar hacia su ejecución y no limitarse únicamente a nuevas intervenciones de conservación.

A ello se suma la demora en la definición del financiamiento de los estudios técnicos. La Municipalidad Provincial de Castilla ya remitió los Términos de Referencia (TdR) para evaluar la contratación del perfil y el expediente técnico; sin embargo, aún no se iniciaron los procedimientos. Dado que “representantes técnicos” de las empresas solicitaron tiempo para evaluaciones más a fondo. En respuesta, las autoridades advirtieron que, tras casi dos meses de conversaciones, aún no se define la empresa que asumirá estos trabajos.

Uno de los más críticos fue Alberto Choquehuanca Huamaní, alcalde distrital de Orcopampa. «Pareciera que las mineras recién están formando una propuesta. Yo entendería el pedido de un mes si el pedido hubiera nacido hoy. (…) Las empresas no se han interesado en ver cómo solventarán el perfil ni qué empresa se va a contratar. (…) Ya van a ser dos meses y se sigue hablando de perfil. Esa demora causa incomodidad en la población. Se podrían reducir los plazos, pero hace falta voluntad», expresó.

Como parte de los acuerdos, la PCM convocó a una nueva mesa de trabajo para el próximo 15 de julio en Chilcaymarca. En dicha reunión se espera revisar los avances en el financiamiento de los estudios técnicos y definir el cronograma que permita encaminar el asfaltado de la AR-647.

La iniciativa forma parte del “Plan Regional de Implementación de Biohuertos Orgánicos en Ollas Comunes para Mujeres en Situación de Vulnerabilidad”, impulsado por la Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social (GRDIS) y la Gerencia Regional de Agricultura (GRAG). En una primera etapa, el proyecto comprenderá 15 ollas comunes, de las cuales 13 se encuentran en provincias, aunque la meta es extender la intervención al total de organizaciones identificadas en Arequipa.

En esa línea, Fernando Isuiza Prado, gerente regional de Desarrollo e Inclusión Social, informó que su despacho carece de presupuesto, por lo que asumirán la coordinación con las ollas comunes y las actividades de capacitación, mientras que la GRAG se encargará de proporcionar plantines, abonos orgánicos e infraestructura para la instalación de los biohuertos. «Queremos llegar a las más de 80 ollas comunes que tiene la región Arequipa. (…) Estamos fortaleciendo el cultivo de frutos verdes con la finalidad también de combatir la anemia en esas poblaciones», sostuvo.

El funcionario explicó que la propuesta busca diversificar la alimentación de las familias beneficiarias, cuya dieta suele estar basada principalmente en papa, fideos, arroz y un escaso consumo de verduras. Asimismo, indicó que se promoverá el aprovechamiento de residuos orgánicos generados en las propias ollas comunes para producir abono y fortalecer prácticas de economía circular. “Hay desechos en las huellas comunes que pueden servir de abono para el biohuerto”, señaló.

La implementación de biohuertos se desarrollará de manera complementaria al PCA del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y administrado por las municipalidades provinciales. Desde enero, la comuna provincial de Arequipa registran retrasos en la adquisición de productos alimenticios y regularizarían los procedimientos en julio. En consecuencia, 89 ollas comunes de la provincia dejaron de recibir productos, experimentando dificultades para cocinar. Entre los alimentos pendientes de adquisición figuran arroz y conservas de pescado.

Aunque la implementación de biohuertos busca mejorar la alimentación, no servirá como un reemplazo al Programa de Complementación Alimentaria, sino que se desarrollará de manera paralela. De modo que las ollas comunes continuarán recibiendo canastas de alimentos mientras a largo plazo incorporan el cultivo de hortalizas destinadas al autoconsumo de sus beneficiarias.

La entrega de los recursos estuvo a cargo del ministro de Comercio Exterior y Turismo, Berthin Gómez, durante una visita de trabajo a Arequipa. El financiamiento forma parte de una inversión nacional superior a S/ 7 millones, destinada este año a fortalecer la Red de CITE de Artesanía y Turismo en diferentes regiones del país.

Del monto asignado a Arequipa, S/ 1 millón 42 mil 80 serán destinados al CITE Arequipa, mientras que S/ 250 mil se invertirán en el CITE Le Qara. Estos recursos permitirán ampliar los servicios especializados dirigidos a mejorar la productividad, competitividad e innovación de las unidades productivas vinculadas al sector artesanal y turístico.

El titular del Mincetur señaló que la inversión nacional beneficiará a más de 9 mil unidades productivas, las cuales recibirán asesoría especializada para desarrollar productos con mayor valor agregado, optimizar sus procesos de producción y acceder a nuevos mercados nacionales e internacionales.

Durante su recorrido por las instalaciones del CITE Le Qara, el ministro conoció los laboratorios y espacios de innovación donde se desarrollan proyectos enfocados en la investigación aplicada y la transferencia tecnológica para fortalecer la producción artesanal de la región.

Berthin Gómez destacó el papel que cumplen los CITE Arequipa y Le Qara en la preservación de las técnicas tradicionales, el cierre de brechas tecnológicas y el impulso a la competitividad de los artesanos, especialmente de quienes trabajan con fibra de alpaca.

Asimismo, resaltó que Arequipa se ha consolidado como el principal ecosistema textil alpaquero del país, al concentrar empresas, diseñadores, productores e instituciones dedicadas a impulsar la innovación y el desarrollo de esta importante cadena productiva.

El ministro afirmó que la industria textil de alpaca representa uno de los sectores más emblemáticos del Perú por su potencial exportador, su capacidad para generar empleo y su contribución al desarrollo económico de las comunidades altoandinas.

Finalmente, reiteró el compromiso del Mincetur de continuar fortaleciendo las capacidades técnicas y productivas de los artesanos mediante inversiones orientadas a mejorar la calidad de sus productos y facilitar su inserción en mercados cada vez más competitivos.

Con este financiamiento, los CITE de Arequipa reforzarán su labor de acompañamiento a los emprendedores, promoviendo la innovación, la sostenibilidad y la conservación del patrimonio artesanal como motores del desarrollo económico regional.

Cerro Colorado y Yarabamba llegaron a las Elecciones Municipales 2026 con una paradoja difícil de ignorar: administraron una de las mayores concentraciones de canon y regalías mineras de la provincia de Arequipa, pero sus gestiones no tuvieron continuidad plena durante el periodo 2023-2026, marcado por suspensiones, reemplazos y crisis políticas.

El peso económico de ambos distritos los colocó en el centro de la disputa electoral. Según información publicada sobre las transferencias mineras, Cerro Colorado y Yarabamba concentraron cerca de la mitad de los recursos por canon y regalías asignados a los distritos de la provincia de Arequipa, una cifra que elevó la exigencia ciudadana sobre el uso de esos fondos.

El contraste entre ambas jurisdicciones hizo más sensible el debate. Cerro Colorado es el distrito más poblado de Arequipa Metropolitana, con una población estimada de 259 mil 214 habitantes al 2025, de acuerdo con el INEI. Yarabamba, en cambio, figura entre los distritos menos poblados de la provincia de Arequipa, con 1 mil 314 habitantes censados en 2017.

La diferencia demográfica convirtió el canon en un tema político de alto impacto. En Cerro Colorado, los recursos debieron responder a una presión urbana creciente por vías, seguridad ciudadana, transporte, saneamiento, limpieza pública y servicios básicos. En Yarabamba, el debate se concentró en cómo justificar presupuestos millonarios en un distrito pequeño, donde el ingreso per cápita minero resulta excepcional.

Solo por canon minero, Cerro Colorado encabezó el ranking regional de municipalidades beneficiarias en 2025, con alrededor de S/ 99.6 millones. Yarabamba recibió cerca de S/ 32 millones por ese mismo concepto, aunque su peso financiero aumentó al considerar regalías mineras y otras transferencias vinculadas a la actividad extractiva.

El antecedente institucional pesó en ambos casos. En Cerro Colorado, el alcalde Manuel Enrique Vera Paredes fue suspendido provisionalmente y la primera regidora, Eufemia Gina García de Rodríguez, asumió la alcaldía durante parte del periodo. Posteriormente, el Jurado Nacional de Elecciones restableció la vigencia de la credencial de Vera Paredes, quien retomó la conducción municipal.

En Yarabamba, la crisis tuvo un desenlace distinto. Manuel Sifredo Aco Linares fue suspendido tras una investigación fiscal y judicial, mientras José Luis Luna Zapana asumió inicialmente de manera provisional. Luego, el JNE dejó sin efecto definitivamente la credencial de Aco y convocó a Luna para completar el periodo municipal 2023-2026.

Con ese antecedente, la elección no solo definirá quién administrará presupuestos excepcionales, sino también qué autoridad podrá ofrecer estabilidad, continuidad administrativa y capacidad real de ejecución. En estos distritos, la pregunta electoral ya no se limita a quién ganará la alcaldía, sino si la próxima gestión podrá culminar el periodo para el que será elegida.

En Cerro Colorado, nueve candidatos buscan conducir la comuna más poblada de Arequipa Metropolitana: Mirtha Mavel Ruelas Casillas por Ahora Nación; Hermes Nicolás Oscco Polar por Arequipa Avancemos; Saturnino Alfredo Alejandro Coya por Fuerza Arequipeña; Luz Marina Zeballos Patrón por Yo Arequipa; María de Lourdes Arias Vera por Renovación Popular; Alberto Flores Ccama por Perú Primero; Yulex Alonso Bernal Aguedo por Libertad Popular; Rafael Valentino Velásquez Sivincha por el Frente de la Esperanza 2021; y Michael Raúl Atencio Castro por el Partido Demócrata Verde.

En Yarabamba, seis postulantes compiten por administrar uno de los distritos con mayores ingresos mineros per cápita del sur: Mario Ángel Barriga Málaga por Ahora Nación; Omar Augusto Prado Polanco por Somos Perú; Jaime Alexander Tueros Ramos por Alianza Para el Progreso; José Luis Luna Zapana por Fuerza Arequipeña; Edilfonso Edy Torres Valdivia por Arequipa Avancemos; y Juan Arturo Quequezana Marín por Perú Primero. El desafío para ambos distritos será convertir la riqueza fiscal en obras, servicios y confianza pública, pero también cerrar un ciclo de inestabilidad que puso bajo observación la relación entre canon, poder local y gobernabilidad municipal.

El reto para los próximos alcaldes será demostrar que el canon y las regalías pueden traducirse en obras sostenibles, servicios básicos, infraestructura y gestión transparente. En Cerro Colorado, la presión estará en responder a una población urbana en crecimiento; en Yarabamba, en justificar el uso de recursos millonarios en un distrito pequeño, donde la riqueza fiscal no siempre se reflejó en mejores condiciones de vida.

La Institución Educativa 40122 Manuel Scorza Torres, ubicada en Cerro Juli, distrito de José Luis Bustamante y Rivero, cumplió 64 años de funcionamiento con una demanda pendiente: la reconstrucción de su infraestructura, esperada desde hace una década por la comunidad educativa.

La directora del plantel, Rita Quispe Sarmiento, denunció que el colegio contó con un proyecto elaborado y aprobado, pero sin presupuesto suficiente para iniciar la obra. Según explicó, la propuesta fue gestionada entre la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero y el Gobierno Regional de Arequipa, sin que hasta ahora se concrete su ejecución.

La autoridad educativa señaló que el proyecto demandaría aproximadamente S/ 13 millones. Indicó que la municipalidad habría contado con cerca de S/ 9 millones, por lo que se requirió apoyo del Gobierno Regional de Arequipa para completar el financiamiento y viabilizar la intervención.

La situación fue evidenciada en una de las aulas de primaria, correspondiente al quinto grado A, donde estudiaban 30 escolares. La directora sostuvo que el ambiente tuvo que ser desocupado por presentar humedad, moho en paredes y techos deteriorados, condiciones que consideró inadecuadas para la salud y el aprendizaje de los menores.

Los estudiantes de esa sección fueron trasladados al aula de innovación del nivel secundario para continuar sus clases. La medida permitió mantener el servicio educativo, pero redujo el uso de ese espacio pedagógico, especialmente en un plantel que funciona con jornada extendida hasta las 3:30 de la tarde.

De acuerdo con la directora, la institución atiende a unos 550 estudiantes de inicial, primaria y secundaria. Además, 90 escolares permanecieron en aulas prefabricadas, expuestos al calor, al frío y a la incomodidad de espacios reducidos, mientras la comunidad siguió esperando una solución definitiva.

Las aulas provisionales presentaron estructuras de madera, calamina y paredes deterioradas, lo que incrementó la preocupación de docentes y padres de familia por la seguridad de los estudiantes. Según la comunidad educativa, estos ambientes no solo resultaron incómodos durante los cambios de clima, sino que también evidenciaron un deterioro que podría representar riesgo durante la jornada escolar.

A ello se sumó la presencia de cables y circuitos eléctricos expuestos en algunos sectores, situación que generó alarma porque los escolares podrían tener contacto accidental con conexiones ubicadas dentro o cerca de los ambientes de clase. Para la dirección y la Apafa, estas condiciones reforzaron la urgencia de reconstruir el colegio y dejar de depender de aulas improvisadas.

La presidenta de la Apafa, Herlinda Portugal Mejía, cuestionó que algunas aulas utilizadas por los escolares hayan sido implementadas con aportes de los padres de familia y no por intervención directa de las autoridades. Señaló que los ambientes son estrechos y no ofrecen condiciones adecuadas para la movilidad ni el desarrollo normal de las clases.

El alcalde escolar, Jonathan Yuber Chille Quispe, también expresó el malestar de los estudiantes. Indicó que varias promociones pasaron por los mismos ambientes deteriorados y pidió a las autoridades municipales y regionales invertir en la infraestructura que, según afirmó, la comunidad educativa reclamó durante años.

La directora invocó además a empresas privadas a interesarse en la obra bajo la modalidad de Obras por Impuestos, mecanismo que permitiría ejecutar inversión pública con participación del sector privado. Sin embargo, advirtió que el avance dependía de que las autoridades ordenen el proyecto, definan responsabilidades y aseguren su financiamiento.

El caso del Manuel Scorza Torres expuso una brecha crítica en infraestructura educativa dentro de Arequipa. Mientras no se concrete la reconstrucción, cientos de escolares de Cerro Juli seguirán estudiando en ambientes deteriorados o provisionales, pese a que el derecho a una educación segura depende también de aulas dignas, funcionales y libres de riesgos.

El pasado 18 de mayo, el GRA realizó la ceremonia de reinicio de obras de la vía Jachaña-Tambopata-Viscavisca-Cayarani, valorizada en S/ 95 millones 672 mil 236,76. El proyecto fue reactivado luego de permanecer paralizado desde septiembre de 2025, cuando la entidad resolvió el contrato suscrito con el Consorcio Vial Caylloma alegando incumplimientos técnicos y retrasos en la presentación del primer entregable del expediente técnico. No obstante, el consorcio cuestionó la legalidad de dicha decisión y acudió al arbitraje.

La controversia es evaluada por el Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas Administrativas (CARDA) de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa (CCIA). La empresa sostiene que el GRA omitió contratar una supervisión externa, pese a que la normativa de contrataciones del Estado exige este mecanismo cuando el monto de la obra supera los S/ 4,3 millones establecidos por la Ley de Presupuesto. En su lugar, la entidad utilizó inspectores internos. Tras la conformación del tribunal arbitral, una de las primeras medidas adoptadas fue conceder una medida cautelar que dejó sin efecto, de manera provisional, la resolución contractual emitida por el GRA.

De esta manera, el proyecto queda formalmente paralizado y cualquier intervención con un nuevo ejecutor permanece suspendida hasta que se emita el laudo arbitral. Según el cronograma anunciado por el GRA, la vía Jachaña-Cayarani debía ejecutarse en 210 días y entregarse en diciembre de este año. La medida cautelar impide continuar con los trabajos, postergando indefinidamente la culminación de la obra y legando la responsabilidad de ejecución y culminación a la siguiente gestión regional.

El proyecto busca integrar las provincias de Caylloma y Condesuyos, mejorar la conectividad y reducir los tiempos de viaje. Con la nueva paralización, más de 12 mil habitantes del distrito de Cayarani deberán continuar esperando una infraestructura vial que permita superar sus limitaciones históricas de acceso.