Recuperar el orden no es una tarea menor ni un objetivo secundario. Es la condición indispensable para construir una Arequipa más segura, competitiva y moderna. Sin orden, cualquier proyecto de desarrollo será insuficiente. Con orden, en cambio, la ciudad estará en mejores condiciones para aprovechar su potencial y ofrecer una mejor calidad de vida a las futuras generaciones.

Arequipa enfrenta un desafío que trasciende cualquier obra emblemática o promesa electoral: recuperar el orden. En una ciudad que ha crecido aceleradamente durante las últimas décadas, la planificación no ha avanzado al mismo ritmo. El resultado es evidente. El tránsito colapsa a diario, el comercio informal se expande sobre espacios públicos, la ocupación indebida de calles y veredas se normaliza y el cumplimiento de las normas parece cada vez más una excepción que una regla.

No se trata únicamente de una percepción ciudadana. Basta recorrer las principales avenidas para comprobar cómo las infracciones de tránsito generan congestión permanente; observar el incremento del comercio ambulatorio en el Centro Histórico; o advertir la contaminación visual provocada por propaganda política y publicidad instalada sin control. Todo ello refleja un problema mayor: el debilitamiento del principio de autoridad.

La discusión cobra especial importancia cuando Arequipa se prepara para elegir nuevas autoridades regionales y municipales. Es legítimo debatir sobre grandes proyectos de infraestructura, hospitales, carreteras o sistemas de transporte; sin embargo, ninguna de esas iniciativas tendrá el impacto esperado si antes no se restablecen las condiciones mínimas de orden y respeto por la ley.

El orden no significa ejercer una autoridad arbitraria ni llenar las calles de prohibiciones. Significa hacer cumplir reglas que ya existen y garantizar que sean iguales para todos. Cuando un vehículo se estaciona donde está prohibido sin recibir sanción, cuando un comerciante ocupa ilegalmente una vía pública o cuando la publicidad invade el patrimonio urbano sin consecuencias, el mensaje que recibe la ciudadanía es que incumplir la norma no tiene costo.

Ese escenario termina afectando mucho más que la circulación vehicular. Reduce la competitividad de la ciudad, desalienta inversiones, deteriora la imagen urbana y disminuye la calidad de vida de los propios arequipeños. Una ciudad desordenada es también una ciudad menos atractiva para el turismo, menos eficiente para el comercio y más costosa para quienes deben desplazarse diariamente.

Recuperar el orden exige decisiones que trasciendan una gestión municipal. Requiere coordinación entre el Gobierno Regional, los municipios provinciales y distritales, la Policía Nacional y las entidades responsables del transporte, la fiscalización y el desarrollo urbano. También demanda una ciudadanía comprometida con el respeto de las normas y consciente de que los derechos siempre van acompañados de responsabilidades.

Al mismo tiempo, es indispensable planificar el crecimiento de la ciudad con una visión de largo plazo. La reorganización del transporte público, la modernización de la red semafórica, el fortalecimiento de la fiscalización, la recuperación de los espacios públicos y la evaluación de nuevas alternativas de movilidad deben formar parte de una estrategia integral y no de medidas aisladas.

Arequipa dispone hoy de importantes recursos económicos provenientes del canon y las regalías mineras. El verdadero reto consiste en transformar esos recursos en mejores servicios, infraestructura útil y una ciudad más organizada. La planificación debe imponerse sobre la improvisación y las prioridades deben responder al interés colectivo.

La iniciativa de promover debates técnicos entre los candidatos a las próximas elecciones representa una oportunidad para elevar el nivel de la discusión pública. La ciudadanía necesita conocer propuestas viables, con metas concretas y mecanismos claros de ejecución, más allá de discursos o promesas difíciles de cumplir.

La inauguración del puente de la autopista Arequipa–La Joya debía convertirse en un motivo de orgullo para la región. Después de más de ocho años de retrasos, paralizaciones, arbitrajes, ampliaciones de plazo y un presupuesto que se incrementó de manera considerable, esta obra está llamada a transformar la conectividad y aliviar el tránsito en uno de los corredores viales más importantes del sur del país. Sin embargo, la celebración llega empañada por una pregunta que el Gobierno Regional de Arequipa aún no responde con claridad: ¿es prudente inaugurar una infraestructura sobre la que persisten observaciones técnicas relacionadas con su seguridad?

El reciente informe de la Contraloría General de la República no es un documento menor ni una simple observación administrativa. El órgano de control advierte que no se realizaron los estudios necesarios para verificar el comportamiento sísmico de los pilares del puente ni para determinar si requieren reforzamiento conforme a la normativa vigente. Es decir, no existe evidencia técnica suficiente que garantice que la estructura responde a las exigencias actuales frente a un eventual sismo, una omisión especialmente grave en un país altamente sísmico como el Perú.

El órgano de control no ha dispuesto la paralización de la inauguración, pero tampoco ha otorgado un certificado de tranquilidad. Lo que hace es señalar una incertidumbre técnica que el Gobierno Regional debió resolver antes de cortar la cinta. La diferencia es fundamental. Inaugurar una obra no significa que todas las responsabilidades técnicas hayan desaparecido. Por el contrario, implica asumir plenamente las consecuencias de ponerla al servicio de miles de ciudadanos.

Resulta preocupante que, además de la falta de estudios estructurales, el informe revele deficiencias en los accesos, consultas técnicas respondidas fuera de plazo y problemas en el diseño e instalación de las barreras de seguridad. Cada una de estas observaciones puede traducirse en mayores costos para el Estado, nuevas controversias contractuales o, peor aún, riesgos para los usuarios.

Más inquietante todavía es que estas advertencias aparezcan cuando la obra está prácticamente lista para ser inaugurada. Ello evidencia una preocupante falta de previsión y de gestión técnica. Las grandes obras públicas no deben medirse únicamente por su impacto político ni por la fotografía del día de la inauguración. Su verdadero éxito se evalúa por la calidad de su construcción, la transparencia de su ejecución y, sobre todo, por la seguridad que ofrecen durante décadas.

El Gobierno Regional tiene la obligación de actuar con absoluta transparencia. La ciudadanía merece conocer qué acciones concretas adoptará para atender las observaciones formuladas por la Contraloría, cuáles serán los plazos y quiénes asumirán las responsabilidades correspondientes. Guardar silencio o minimizar las advertencias solo alimenta la desconfianza.

Arequipa necesita infraestructura moderna, pero también obras técnicamente sólidas. La presión por cumplir un cronograma o mostrar resultados no puede imponerse sobre el rigor de la ingeniería ni sobre la protección de la vida humana. Ninguna obra pública, por emblemática que sea, justifica dejar dudas sobre su seguridad.

Arequipa posee talento, recursos naturales, potencial económico y una ubicación estratégica privilegiada. Lo que necesita ahora es liderazgo, planificación y capacidad de ejecución. La competitividad no se conserva por inercia; se construye con decisiones oportunas y resultados concretos. El desafío ya no es mantenerse entre las mejores regiones del Perú, sino recuperar el dinamismo necesario para competir con las ciudades más desarrolladas de América Latina. Ese debe ser el verdadero objetivo.

Arequipa mantiene el tercer lugar en el Índice de Competitividad Regional (INCORE) 2026. A primera vista, el resultado podría interpretarse como una señal de estabilidad y fortaleza. Sin embargo, una lectura más profunda del informe del Instituto Peruano de Economía revela una realidad distinta: la región ha dejado de avanzar al ritmo que exige un entorno cada vez más competitivo. Permanecer en el podio ya no basta cuando los indicadores que sostienen el desarrollo empiezan a deteriorarse.

Los retrocesos en mercado laboral, infraestructura y salud constituyen una seria llamada de atención. Son precisamente estos tres pilares los que determinan la capacidad de una región para atraer inversiones, generar empleo de calidad y garantizar bienestar a su población. Si estas bases se debilitan, también lo hace el futuro económico de Arequipa.

El descenso de los ingresos laborales refleja una pérdida de productividad que termina afectando directamente el poder adquisitivo de miles de familias. Aunque Arequipa conserva una fuerza laboral con alto nivel educativo, ese capital humano no está siendo aprovechado plenamente para generar mayores oportunidades ni mejores remuneraciones. Formar profesionales es importante, pero aún más lo es crear las condiciones para que desarrollen todo su potencial.

En infraestructura, las cifras también muestran una preocupante contradicción. La región cuenta con una de las mayores continuidades en el servicio de agua potable del país, pero al mismo tiempo pierde cerca de un tercio del recurso en las redes de distribución y ha reducido la cobertura de hogares conectados. Estos problemas evidencian que la eficiencia en la gestión sigue siendo la gran tarea pendiente. Una infraestructura deficiente no solo perjudica a los ciudadanos, sino que también resta competitividad frente a otras regiones y desincentiva nuevas inversiones.

Más preocupante aún es la situación del sector Salud. La disminución de la cobertura de vacunación infantil y el incremento del desabastecimiento de medicamentos revelan fallas que trascienden las estadísticas. Detrás de cada indicador existen pacientes que esperan atención, niños que no reciben protección oportuna y familias que enfrentan un sistema incapaz de responder a sus necesidades. Una población menos saludable significa también una economía menos productiva.

A ello se suma la inseguridad ciudadana, otro factor que deteriora la calidad de vida y afecta el clima para la inversión. Ninguna región puede aspirar a consolidar su desarrollo cuando la delincuencia se convierte en una preocupación cotidiana para ciudadanos y empresarios.

El diagnóstico del INCORE deja una conclusión ineludible: el principal problema de Arequipa no es la escasez de recursos, sino la limitada capacidad para administrarlos con eficiencia. Los miles de millones de soles comprometidos en obras paralizadas son la prueba más evidente de que la gestión pública continúa siendo el mayor obstáculo para el progreso regional.

La continuidad de Velarde representa una oportunidad para preservar uno de los principales activos institucionales del Perú: la confianza. Pero esa confianza deberá traducirse en resultados concretos. Los próximos cinco años pondrán a prueba no solo la capacidad del Banco Central para mantener la estabilidad monetaria, sino también la voluntad del Estado para aprovechar ese entorno de confianza y convertirlo en crecimiento sostenible, inversión y bienestar para millones de peruanos. Ese es, en realidad, el verdadero reto que tiene por delante el país.

La permanencia de Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva (BCR) es una noticia que trasciende los nombres y las coyunturas políticas. Su continuidad, a pedido de la presidenta electa Keiko Fujimori, envía una señal de estabilidad en un momento en que el país necesita recuperar la confianza de los inversionistas, fortalecer su crecimiento y enfrentar un entorno internacional marcado por la incertidumbre.

Durante casi dos décadas, el BCR ha sido una de las instituciones con mayor credibilidad del Estado peruano. Su autonomía, la disciplina en el manejo de la política monetaria y la capacidad para controlar la inflación le han permitido convertirse en un referente regional. Mantener esa fortaleza será indispensable, pero ya no será suficiente.

El desafío de los próximos cinco años va mucho más allá de preservar una inflación baja. El Perú enfrenta un crecimiento económico insuficiente para reducir la pobreza, una inversión privada que aún no recupera el dinamismo previo a las crisis políticas y un mercado laboral donde la informalidad continúa afectando a siete de cada diez trabajadores. En este escenario, el Banco Central deberá seguir actuando con prudencia, pero también con la capacidad de responder a un contexto económico cada vez más complejo.

El panorama internacional tampoco ofrece certezas. Las tensiones comerciales, los conflictos geopolíticos, la volatilidad de los precios de los minerales y los efectos del cambio climático sobre la producción agrícola representan factores que pueden alterar la estabilidad económica. Si a ello se suman los riesgos internos derivados de la inseguridad ciudadana, la conflictividad social y la debilidad institucional, queda claro que el margen para los errores es mínimo.

Sin embargo, conviene recordar que el Banco Central no puede resolver, por sí solo, los problemas estructurales del país. Ninguna política monetaria reemplaza la necesidad de ejecutar obras públicas, mejorar la productividad, impulsar la inversión o combatir la informalidad. La estabilidad macroeconómica es una condición indispensable para el desarrollo, pero no garantiza el desarrollo por sí misma.

Por ello, el próximo gobierno tiene la responsabilidad de complementar el trabajo del BCR con políticas fiscales responsables, seguridad jurídica para las inversiones y una gestión pública eficiente. La coordinación entre ambas políticas económicas será determinante para que el país vuelva a crecer a tasas capaces de generar empleo y reducir las brechas sociales.

La inflación, aunque moderada, sigue siendo el impuesto más silencioso para las familias. Mientras los precios continúen creciendo por encima de la capacidad adquisitiva de los hogares, el desafío seguirá siendo el mismo: proteger el poder de compra de los peruanos y garantizar que el desarrollo económico también se refleje en la mesa de cada familia arequipeña.

La inflación tiene una particularidad que la hace especialmente sensible: no se mide únicamente en porcentajes, sino en la cantidad de productos que una familia deja de comprar. Detrás de cada décima que aumenta el Índice de Precios al Consumidor existe un hogar que debe reorganizar su presupuesto, reducir gastos o reemplazar alimentos que hasta hace poco formaban parte de su dieta cotidiana. Eso es precisamente lo que vuelve a ocurrir en Arequipa.

El reciente informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) confirma que el costo de vida volvió a incrementarse durante junio, impulsado principalmente por el alza de alimentos y del transporte. Aunque para algunos un aumento mensual pueda parecer moderado, para miles de familias representa un golpe directo a una economía que ya viene soportando el encarecimiento sostenido de diversos productos básicos.

La mayor preocupación radica en que el incremento afecta precisamente a los bienes de consumo diario. El pescado, las frutas y otros alimentos indispensables registraron alzas importantes debido a factores climáticos y estacionales asociados al Fenómeno de El Niño y a las bajas temperaturas. Son circunstancias que escapan al control de productores y consumidores, pero cuyos efectos terminan pagando las familias en los mercados.

Las amas de casa vuelven a enfrentar el desafío de «hacer rendir» el dinero. Se sustituyen productos, se reducen cantidades y, en muchos casos, se sacrifica la calidad nutricional de la alimentación. Cuando el presupuesto no alcanza, los primeros ajustes suelen recaer sobre frutas, pescado o alimentos frescos, precisamente los más recomendables para una dieta saludable.

A ello se suma el incremento del gasto en transporte, otro componente esencial de la economía familiar. El efecto combinado reduce aún más la capacidad de compra de trabajadores, pensionistas y pequeños comerciantes, cuyos ingresos no crecen al mismo ritmo que los precios. En consecuencia, el consumo interno pierde dinamismo y la economía regional también resiente este escenario.

Si bien la inflación registrada en Arequipa aún se mantiene dentro de márgenes manejables en comparación con episodios de años anteriores, ello no debe conducir a la complacencia. Las autoridades nacionales y regionales deben fortalecer las acciones orientadas a garantizar el abastecimiento de alimentos, mejorar la infraestructura logística y apoyar al sector agrícola frente a los efectos del clima. Del mismo modo, resulta indispensable monitorear permanentemente el comportamiento de los mercados para evitar prácticas especulativas que agraven el problema.

Los datos del INEI son mucho más que estadísticas. Constituyen una radiografía del bienestar de la población y una alerta temprana para la toma de decisiones. La estabilidad económica no puede medirse únicamente por grandes indicadores macroeconómicos si el ciudadano común siente que cada visita al mercado le permite llevar menos productos a casa.

Conservar el ritmo de crecimiento será tan importante como convertirlo en mejores servicios, más empleo formal y mayor calidad de vida para la población. Ese es el verdadero reto que deberán asumir las futuras autoridades. Solo así el crecimiento dejará de ser un dato estadístico para convertirse en bienestar tangible para millones de peruanos.

Las cifras del primer trimestre de 2026 son alentadoras. Que 21 de las 24 regiones del país hayan registrado crecimiento económico demuestra que el Perú mantiene una capacidad de recuperación importante y que sectores como la construcción, la minería, el comercio y los servicios siguen siendo motores fundamentales de la actividad productiva. Sin embargo, los buenos resultados no deben llevar a un exceso de optimismo. El verdadero desafío no es crecer un trimestre, sino mantener ese dinamismo en un escenario marcado por riesgos climáticos, incertidumbre política y la necesidad de nuevas inversiones.

El informe del Instituto Peruano de Economía (IPE), basado en datos del INEI, muestra que la economía regional avanza con bases relativamente sólidas. La construcción continúa impulsada por la inversión pública y privada, mientras que la minería mantiene un rol decisivo, especialmente en la macrorregión centro y en el sur del país. Arequipa es un claro ejemplo de ello con el impacto económico que ya genera la construcción del proyecto Tía María.

No obstante, el crecimiento económico nunca está garantizado. El Fenómeno El Niño Costero aparece como una amenaza real para sectores estratégicos como la pesca y la agricultura. Si las proyecciones climáticas se cumplen, la reducción en la captura de anchoveta y los efectos sobre los cultivos podrían afectar el desempeño económico de varias regiones durante los próximos meses. La prevención y la capacidad de respuesta del Estado serán determinantes para reducir esos impactos.

Otro factor que merece especial atención es el clima de inversiones. Los proyectos mineros representan una importante fuente de empleo, recursos fiscales y desarrollo para las regiones. Sin embargo, casos como la postergación del proyecto Zafranal evidencian que el país aún enfrenta dificultades para brindar las condiciones de estabilidad y confianza que requieren las grandes inversiones. Sin nuevos proyectos, el crecimiento terminará perdiendo impulso.

A ello se suma un elemento político que no puede pasar desapercibido. Las próximas elecciones regionales y municipales significarán un cambio de autoridades en todo el país. La experiencia demuestra que los primeros meses de una nueva gestión suelen traducirse en una desaceleración de la inversión pública debido a los procesos de reorganización y aprendizaje de los nuevos equipos técnicos. Evitar que esa transición paralice obras y proyectos será una responsabilidad compartida entre las autoridades salientes y las entrantes.

El Perú tiene hoy una oportunidad valiosa. Después de varios años de incertidumbre, muchas regiones muestran indicadores positivos y un entorno favorable para seguir creciendo. Pero el desarrollo no depende únicamente de cifras macroeconómicas. Requiere planificación, estabilidad, infraestructura, inversión y una gestión pública eficiente.

La proclamación de Keiko Fujimori como presidenta electa marca el cierre de un intenso proceso electoral y abre una nueva etapa política para el Perú. Como ocurre en toda democracia, el desafío no concluye con la obtención de los votos ni con la entrega de credenciales por parte del Jurado Nacional de Elecciones. El verdadero reto comienza ahora: gobernar un país que demanda respuestas inmediatas a problemas acumulados durante años.

El anuncio de instalar una Oficina de la Presidenta Electa para conducir el proceso de transferencia representa una señal de que la próxima administración pretende llegar al 28 de julio con un conocimiento más preciso del estado de cada sector. En un contexto de inseguridad ciudadana, desaceleración económica, brechas sociales y una creciente desconfianza hacia las instituciones, improvisar sería un error que el país no puede permitirse.

La decisión de realizar un diagnóstico técnico de los ministerios y, al mismo tiempo, un diagnóstico humano de las principales necesidades de la población apunta en la dirección correcta. Conocer la realidad administrativa del Estado es indispensable, pero comprender las urgencias de los ciudadanos resulta aún más importante. Gobernar implica priorizar, y para hacerlo se requiere información, capacidad de gestión y una clara voluntad política.

También merece atención el anuncio de mantener un diálogo con gobiernos regionales, autoridades locales, empresarios, trabajadores y emprendedores. El Perú necesita recuperar espacios de concertación que permitan construir políticas públicas sostenibles. Ningún gobierno puede enfrentar por sí solo los enormes desafíos nacionales, y menos en un escenario de fragmentación política y demandas sociales cada vez más complejas.

Sin embargo, las expectativas generadas por el discurso deberán transformarse en hechos concretos. Conceptos como transparencia, modernización del Estado, digitalización o recuperación del orden son objetivos compartidos por amplios sectores de la sociedad, pero solo adquirirán verdadero valor si se traducen en políticas eficaces, decisiones oportunas y resultados medibles.

La ciudadanía evaluará a la nueva administración no por la calidad de sus anuncios, sino por su capacidad para reducir la criminalidad, reactivar la economía, generar empleo, mejorar los servicios de salud y educación, y fortalecer las instituciones democráticas. Ese será el verdadero examen del próximo gobierno.

El llamado a la unidad nacional formulado por la presidenta electa también debe entenderse como un compromiso permanente y no únicamente como un mensaje de inicio. La reconciliación política exige apertura al diálogo, respeto por las diferencias y disposición para construir consensos en beneficio del país.

Hoy comienza, ciertamente, una nueva etapa para el Perú. Pero será el trabajo cotidiano, la transparencia en la gestión y el cumplimiento de los compromisos asumidos lo que determinará si esta transición representa un verdadero punto de inflexión o una oportunidad más desaprovechada. El país espera menos discursos y más resultados.

Comienza una nueva etapa. El reto del Gobierno no será únicamente administrar el Estado, sino recuperar la confianza de un país que espera soluciones concretas. Esa confianza no se obtiene con promesas, sino con resultados. Y esos resultados deben empezar a construirse desde el primer día de gestión.

Con la proclamación de la nueva presidenta de la República concluye un intenso proceso electoral y se abre una nueva etapa para el país. Atrás deben quedar las confrontaciones propias de la campaña y las diferencias políticas. Desde ahora, la ciudadanía espera resultados concretos y decisiones oportunas frente a los problemas que afectan su vida cotidiana.

El mensaje del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, resume con claridad las prioridades del momento: «El proceso electoral concluyó y ahora la expectativa de la población está en el nuevo Gobierno que debe atender con prioridad inseguridad, corrupción y el Fenómeno El Niño». No se trata de una lista de buenos deseos, sino de una agenda impostergable que marcará el éxito o el fracaso de la nueva administración.

La inseguridad ciudadana continúa siendo la principal preocupación de millones de peruanos. Las extorsiones, el sicariato, el crimen organizado y los robos se han expandido incluso a ciudades que antes no registraban estos niveles de violencia. Las familias viven con temor y los pequeños empresarios deben asumir costos adicionales para proteger sus negocios. La seguridad dejó de ser una promesa electoral para convertirse en una necesidad urgente que exige estrategias sostenidas, coordinación entre instituciones y una política de Estado.

A ello se suma la corrupción, un problema estructural que durante décadas ha debilitado la confianza en las instituciones y ha impedido que importantes recursos públicos lleguen a quienes más los necesitan. La transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de los organismos de control deben convertirse en pilares fundamentales del próximo gobierno. Recuperar la credibilidad del Estado será tan importante como ejecutar obras.

El tercer desafío es la preparación frente al Fenómeno El Niño. El país conoce las consecuencias de no actuar con anticipación. Inundaciones, pérdidas agrícolas, interrupción de vías de comunicación y graves daños a la infraestructura pública pueden evitarse si existe planificación, inversión preventiva y coordinación entre el Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los municipios.

Sin embargo, la agenda nacional no termina allí. También será indispensable reactivar la economía, generar empleo, cerrar brechas en salud y educación, ejecutar infraestructura y fortalecer la descentralización. Todo ello requerirá estabilidad política, diálogo y capacidad de construir consensos en un escenario donde la confrontación ha sido una constante.

Los primeros meses de gobierno serán decisivos. La población evaluará menos los discursos y más las acciones. El Perú necesita autoridades que gobiernen con responsabilidad, visión de futuro y capacidad para responder a las demandas ciudadanas.

Uno de los encuentros más relevantes fue con dirigentes del Partido Aprista Peruano (APRA), quienes expresaron su disposición a colaborar en la consolidación de la gobernabilidad y el fortalecimiento de la democracia. Las declaraciones de Mauricio Mulder, al resaltar la necesidad de mantener un diálogo permanente entre fuerzas políticas, apuntan a una verdad elemental pero frecuentemente olvidada en la política peruana: sin acuerdos básicos, la gobernabilidad se debilita y la conflictividad se profundiza.

En la misma línea, el expresidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, subrayó la urgencia de iniciar una transición ordenada. Más allá de las diferencias ideológicas, su planteamiento refleja una preocupación compartida por distintos sectores: la necesidad de que el traspaso de poder no se convierta en un espacio de incertidumbre, sino en una oportunidad para fortalecer las instituciones del Estado.

Durante estas conversaciones se abordaron temas cruciales para el próximo quinquenio: seguridad ciudadana, recuperación económica, educación, salud, agricultura y el combate a la minería ilegal y otras economías criminales. Son problemas estructurales que no distinguen colores políticos y que exigen políticas de Estado sostenidas en el tiempo, no respuestas coyunturales.

También se destacó la preocupación por un eventual Fenómeno El Niño, cuya recurrencia obliga a repensar la capacidad del Estado para prevenir desastres y proteger a la población más vulnerable. La gestión del riesgo ya no puede ser reactiva; debe convertirse en una prioridad permanente de planificación.

Asimismo, el acercamiento con el magisterio, a través del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú, abre una ventana de expectativa en un sector históricamente postergado. La educación pública sigue siendo uno de los pilares más frágiles del Estado, y su fortalecimiento requiere no solo promesas, sino decisiones concretas y sostenidas.

Sin embargo, más allá de los anuncios y reuniones iniciales, el verdadero desafío radica en convertir el diálogo en resultados. La política peruana ha estado marcada durante años por la polarización y la desconfianza, lo que ha debilitado la capacidad del Estado para responder a las necesidades ciudadanas.

La transición que se inicia no debe ser vista únicamente como un procedimiento administrativo, sino como una oportunidad para reconstruir la relación entre el poder político y la ciudadanía. El país no necesita solo un cambio de gobierno, sino un cambio en la forma de hacer política.

RESALTAR

Si estos primeros gestos logran consolidarse en acuerdos reales, el Perú podría comenzar a transitar hacia una etapa de mayor estabilidad. Pero si el diálogo se queda en lo declarativo, el riesgo de repetir ciclos de confrontación seguirá latente.

Todavía es posible evitar que esta controversia se transforme en un conflicto de mayores proporciones. Para ello se necesita voluntad política, apertura al diálogo y respeto por la legalidad. La paz social nunca debe ser una consecuencia del desgaste; debe ser siempre el punto de partida para construir soluciones duraderas.

Hoy Moquegua iniciará un paro indefinido en rechazo a la ley que modifica los límites territoriales con Tacna en el sector de Quebrada Honda. La medida, anunciada por la gobernadora regional Gilia Gutiérrez y respaldada por diversos actores de la sociedad civil, representa una nueva alerta sobre la fragilidad con la que el Estado peruano viene manejando los conflictos de demarcación territorial. Antes de que la tensión aumente, corresponde hacer un llamado sereno, pero firme, al diálogo y a la responsabilidad de todas las partes.

Los límites territoriales no son un asunto menor. De ellos dependen competencias administrativas, proyectos de inversión, distribución de recursos y, en muchos casos, el futuro económico de las regiones. Precisamente por esa trascendencia, cualquier modificación debe sustentarse en criterios técnicos, legales y transparentes, con la participación de todas las jurisdicciones involucradas. Cuando una región sostiene que no fue escuchada durante el proceso, el Estado tiene la obligación de revisar si efectivamente se respetaron los procedimientos establecidos.

No obstante, tampoco debe perderse de vista un aspecto fundamental: este no es un conflicto entre Moquegua y Tacna. Son dos pueblos vecinos que durante décadas han construido relaciones comerciales, familiares y culturales que trascienden cualquier diferencia política. Convertir una controversia administrativa en una confrontación entre ciudadanos sería un grave error que solo favorecería la división y debilitaría el desarrollo del sur del país.

La gobernadora de Moquegua ha reiterado que su discrepancia no es con la población tacneña, sino con el procedimiento seguido para la aprobación de la norma. Ese mensaje merece ser valorado, porque ayuda a evitar que la legítima defensa de una posición territorial derive en enfrentamientos innecesarios. Del mismo modo, corresponde a los dirigentes sociales y a la ciudadanía actuar con prudencia durante las movilizaciones, ejerciendo el derecho constitucional a la protesta de manera pacífica y respetando los derechos de quienes no participan en ella.

El Gobierno nacional tampoco puede mantenerse distante. La mejor forma de evitar que un conflicto social escale es intervenir oportunamente, generando espacios de diálogo donde prevalezcan los argumentos técnicos antes que las presiones políticas. La institucionalidad se fortalece cuando las diferencias se resuelven mediante el consenso y el respeto al Estado de derecho, no cuando las decisiones terminan trasladándose a las carreteras o a las plazas.

Este episodio también deja una reflexión de fondo sobre la descentralización. Las regiones reclaman, con razón, una mayor participación en las decisiones que afectan directamente su territorio. Gobernar desde Lima sin escuchar a las autoridades locales solo profundiza la sensación de centralismo y alimenta la desconfianza hacia las instituciones.

Moquegua y Tacna necesitan mirar hacia el futuro. Comparten desafíos comunes en infraestructura, gestión del agua, competitividad, minería y desarrollo económico. Ninguno de esos retos podrá afrontarse desde la confrontación permanente. El sur requiere unidad para fortalecer su voz frente al Gobierno central y aprovechar sus enormes potencialidades.