Las lluvias no esperan trámites administrativos. La naturaleza tampoco concede prórrogas a las autoridades. Si el Estado conoce que 11.2 millones de peruanos están en peligro, no actuar constituye una irresponsabilidad. La prevención debe dejar de ser discurso y convertirse en una obligación cumplida. La vida de millones de ciudadanos no puede seguir dependiendo de la suerte.

El Perú enfrenta una amenaza que no puede atribuirse únicamente a la fuerza de la naturaleza: la vulnerabilidad de millones de ciudadanos es también consecuencia de décadas de improvisación, crecimiento urbano desordenado y negligencia estatal. El Instituto Peruano de Economía (IPE) advierte que 11.2 millones de personas habitan en 3.5 millones de viviendas construidas con materiales inadecuados en 768 distritos expuestos a un riesgo alto o muy alto de inundación. Esta cifra no es una simple estadística. Representa hogares que podrían perderlo todo ante lluvias intensas, desbordes de ríos y huaicos.

La tragedia potencial se extiende a servicios esenciales. Cerca de 27 mil colegios públicos requieren reemplazo debido al riesgo de colapso, y el 56% se encuentra en zonas vulnerables. ¿Qué clase de Estado permite que miles de estudiantes desarrollen sus actividades educativas en locales que no ofrecen garantías de seguridad? La protección de la infancia no puede quedar subordinada a la burocracia, los expedientes interminables ni la incapacidad de ejecutar presupuestos.

La infraestructura vial tampoco ofrece seguridad. Más de 30 mil kilómetros de carreteras asfaltadas y afirmadas podrían resultar afectados por las precipitaciones. A ello se suma que el 66% de la red vial nacional se encuentra en malas condiciones. Las consecuencias son previsibles: poblaciones aisladas, dificultades para trasladar alimentos, interrupción de servicios de salud y pérdidas económicas que golpean especialmente a quienes menos recursos tienen.

Pero el dato más indignante es que 329 de los 534 proyectos de drenaje pluvial registrados permanecían abandonados o paralizados a septiembre de 2026. No se trata de obras accesorias, sino de infraestructura indispensable para proteger vidas y ciudades. Cada proyecto detenido constituye una oportunidad perdida para reducir el impacto de las lluvias. Mientras las autoridades acumulan anuncios y compromisos, la población continúa expuesta.

El problema no radica en la falta de diagnósticos. Las instituciones conocen los territorios vulnerables, identifican los riesgos y elaboran planes. Lo que falta es convertir esa información en decisiones concretas, inversiones oportunas y resultados verificables. La prevención sigue siendo relegada frente a la emergencia, cuando reparar los daños suele costar mucho más que evitarlos.

El Gobierno nacional, los gobiernos regionales y las municipalidades deben asumir responsabilidades sin trasladarse mutuamente las culpas. Se requiere fiscalización rigurosa, transparencia en el gasto y prioridad absoluta para las viviendas, colegios, carreteras y sistemas de drenaje más expuestos.

La escuela debe ser un espacio seguro, no un lugar donde las denuncias se acumulan mientras el tiempo pasa. Cada expediente pendiente representa una obligación del Estado. La protección de la niñez no admite postergaciones.

La cifra de 432 expedientes de docentes investigados por presuntos delitos contra la libertad sexual que permanecen sin una resolución definitiva revela una deuda grave del sistema educativo y de las autoridades encargadas de garantizar la protección de los escolares. No se trata de simples trámites administrativos pendientes. Detrás de cada expediente puede haber una víctima que espera justicia, una familia que exige respuestas y una comunidad educativa que necesita recuperar la confianza.

En Arequipa, la situación también preocupa: se reportan 116 casos de violencia sexual. El dato obliga a mirar más allá de las estadísticas y preguntarse cuánto tiempo llevan estas denuncias sin una decisión y qué garantías existen para evitar que los estudiantes queden expuestos mientras se desarrollan las investigaciones.

El Ministerio de Educación informa que 143 expedientes cuentan con procedimientos administrativos disciplinarios instaurados y nueve tienen informe final, pero todavía esperan una decisión. Más de 300 continúan en la etapa de ingreso. Esta acumulación evidencia que los mecanismos de atención no están respondiendo con la oportunidad que exige la gravedad de los hechos denunciados. Una investigación puede requerir garantías y respeto al debido proceso, pero eso no justifica la demora indefinida ni la falta de información a las familias.

El propio sector ha recordado que los docentes con separación preventiva vigente no pueden permanecer en las aulas ni tener contacto con escolares. Deben cumplir labores administrativas mientras avanzan las investigaciones. Esta disposición es fundamental, pero su eficacia depende de que las autoridades la cumplan, supervisen y hagan cumplir. No basta con emitir una directiva: hay que verificar que ningún estudiante quede expuesto a una situación de riesgo.

Las denuncias por tocamientos indebidos, acoso sexual, hostigamiento mediante medios tecnológicos y violación exigen respuestas diligentes, especializadas y transparentes. También requieren acompañamiento a las víctimas para evitar que la demora institucional se convierta en una segunda forma de violencia. La protección de los menores debe estar por encima de cualquier cálculo burocrático o interés corporativo.

Resolver los expedientes no significa imponer sanciones de manera automática. Significa investigar con rigor, respetar el derecho de defensa y determinar responsabilidades sin dilaciones injustificadas. La impunidad y las decisiones apresuradas perjudican por igual la justicia.

El MINEDU y las instancias regionales deben establecer plazos verificables, priorizar los casos más antiguos, fortalecer los equipos responsables y publicar información periódica sobre el avance de los procedimientos, sin exponer la identidad de las víctimas. En Arequipa, los 116 casos demandan una respuesta concreta y seguimiento público.

Arequipa no puede resignarse a que salir de una cancha deportiva, abrir un negocio o transitar por una calle implique el riesgo de morir a balazos. La ciudadanía no necesita más promesas de mano dura. Necesita autoridades que recuperen el control de las calles y garanticen que la vida y la tranquilidad no estén sometidas al poder de los criminales.

Los asesinatos por encargo, los ataques a balazos y las extorsiones están dejando de ser hechos excepcionales para convertirse en una amenaza recurrente en Arequipa. La sucesión de crímenes registrados en distintos distritos revela un problema de seguridad ciudadana que las autoridades no están consiguiendo contener. La violencia avanza y la respuesta del Estado sigue siendo insuficiente.

El último caso ocurrió la noche del 30 de octubre. Yelvis Daniel Herrera Cabezas, de apenas 18 años, fue asesinado de cinco disparos cuando salía de jugar fulbito, cerca de la explanada Dolores, en José Luis Bustamante y Rivero. Una actividad cotidiana terminó en un nuevo episodio de violencia mortal. La Policía investiga el ataque, pero la identificación y captura de los responsables todavía es una tarea pendiente.

Este crimen no es un hecho aislado. El 5 de mayo, David Guacarán y Jesús Martínez, ambos ciudadanos venezolanos, fueron asesinados en Miraflores. Un mes antes, el 2 de abril, Cleiber Joel Silva, de 39 años, murió en un ataque ocurrido en Socabaya. Tres distritos distintos, víctimas de una misma nacionalidad y una modalidad criminal que obliga a investigar posibles conexiones, sin adelantar conclusiones que corresponden a las autoridades.

Los antecedentes tampoco son recientes. En enero y marzo de 2024 se reportaron otros tres ciudadanos venezolanos asesinados en ataques atribuidos a sicarios. La repetición de estos episodios demuestra que la violencia criminal no está siendo enfrentada con la eficacia que demanda la población.

El problema no se limita a los homicidios. Las denuncias de extorsión, las amenazas y el temor de comerciantes, transportistas y pequeños empresarios configuran un escenario en el que la delincuencia pretende imponer sus propias reglas. Cuando una persona debe pagar para trabajar o teme convertirse en víctima de un atentado, el Estado está perdiendo el control de espacios que debería proteger.

No basta con anunciar operativos, incrementar patrullajes o presentar estadísticas de intervenciones. La seguridad no se mide por la cantidad de conferencias de prensa, sino por la capacidad de prevenir los delitos, identificar a las organizaciones criminales, capturar a sus integrantes y conseguir que respondan ante la justicia.

La Policía, el Ministerio Público, el Gobierno Regional y las municipalidades deben dejar de actuar de manera dispersa. Se necesita inteligencia policial, investigación criminal, coordinación permanente y resultados verificables. También corresponde esclarecer si los asesinatos responden a disputas entre organizaciones delictivas y determinar quiénes están detrás de las amenazas y extorsiones.

El Niño extraordinario todavía es un escenario de riesgo, no un daño consumado. Precisamente por eso existe tiempo para actuar. Si tres de cada cuatro economistas advierten que la economía puede perder al menos un punto de crecimiento, ignorar esa señal sería trasladar nuevamente el costo de la imprevisión a los ciudadanos. El país necesita prevención real, no otra reconstrucción tardía.

La advertencia de los economistas debería obligar al Gobierno a cambiar sus prioridades. El 75 % de los especialistas consultados por el Instituto Peruano de Economía (IPE) considera que un Fenómeno El Niño Costero extraordinario podría restar al menos un punto porcentual al crecimiento del país en 2027. No se trata de una cifra menor: significa menos producción, inversión, empleo e ingresos para miles de familias. El riesgo climático ha desplazado incluso a la inseguridad ciudadana como principal preocupación económica de corto plazo. Sin embargo, las alertas no parecen traducirse todavía en una respuesta estatal proporcional a la magnitud del peligro.

El 78 % de los economistas identifica los riesgos climáticos como la principal amenaza para la economía, por encima de la inseguridad y el crimen organizado, que alcanza el 66 %. Esta percepción tiene sustento. Las lluvias extraordinarias, inundaciones, huaicos y deslizamientos pueden destruir carreteras, interrumpir cadenas de abastecimiento, afectar cultivos, paralizar actividades comerciales y comprometer infraestructura pública. El costo no termina cuando desaparece el agua: continúa durante años mediante reconstrucciones, pérdidas de inversión y familias que deben recuperar lo que perdieron.

Arequipa conoce estas consecuencias. Los daños ocasionados por las lluvias, la vulnerabilidad de las vías, los puentes y las viviendas, así como la existencia de puntos críticos que todavía esperan intervención, demuestran que la prevención sigue siendo una tarea pendiente. No basta con declarar emergencias, aprobar presupuestos o anunciar maquinaria cuando los desastres ya ocurrieron. La capacidad de respuesta debe medirse por las obras preventivas ejecutadas, los sistemas de alerta operativos y la población efectivamente protegida.

La encuesta del IPE también revela que los economistas reclaman menos trabas burocráticas, modernización del Estado y mejores condiciones para la inversión. Son reformas necesarias, pero ninguna tendrá resultados sostenibles si el país continúa exponiendo su infraestructura y sus actividades productivas a riesgos previsibles. La prevención no es un gasto prescindible: es una inversión para proteger el crecimiento.

El Gobierno nacional, las autoridades regionales y los municipios tienen que asumir responsabilidades concretas, con cronogramas, financiamiento y resultados verificables. Se requiere intervenir quebradas, reforzar defensas ribereñas, asegurar carreteras, proteger colegios y hospitales y garantizar continuidad de los servicios básicos.

Un crecimiento superior al 15% en construcción es una señal positiva, pero no constituye por sí mismo desarrollo. La verdadera medida será cuántos empleos formales se generan, cuánto se fortalece la economía regional y qué obras mejoran efectivamente la vida de la población. Las cifras entusiasman; los resultados concretos son los que finalmente importan.

El sector construcción de Arequipa proyecta cerrar el 2026 con un crecimiento superior al 15%. Es una noticia alentadora en una economía regional que necesita inversiones, empleo y oportunidades para miles de familias. Sin embargo, detrás de este indicador favorable hay una pregunta que las autoridades no deben perder de vista: ¿cómo convertir este dinamismo en desarrollo sostenido y mejores condiciones de vida?

El presidente de CAPECO en Arequipa, Julio Cáceres Arce, atribuye este resultado principalmente al movimiento de la inversión privada, al proyecto minero Tía María y al crecimiento de la autoconstrucción. La mayor colocación de cemento y la demanda de acero, acabados y otros materiales confirman que existe actividad económica. También aumenta la necesidad de trabajadores, técnicos y proveedores, incluso con empresas que recurren a mano de obra de otras regiones.

Pero no basta con celebrar que se construye más. El verdadero indicador de éxito debe ser la capacidad de generar empleo formal, mejorar los ingresos y ampliar las oportunidades para los trabajadores arequipeños. El crecimiento de la construcción debe beneficiar a la economía local y no limitarse a incrementar las ganancias de quienes participan en los grandes proyectos.

Tía María, con una inversión superior a los 800 millones de dólares en su etapa de construcción, representa una oportunidad para movilizar proveedores y servicios regionales. Esa demanda debe traducirse en participación de empresas locales, capacitación y contratación de trabajadores de Arequipa. De lo contrario, una parte importante de los beneficios económicos terminará fuera de la región.

Existe, además, una responsabilidad pendiente de las autoridades. El estancamiento del Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) constituye un obstáculo para ordenar el crecimiento urbano y ofrecer reglas claras a los inversionistas. No es aceptable que una ciudad con potencial económico siga postergando instrumentos fundamentales para planificar su expansión. La inversión inmobiliaria necesita seguridad jurídica, pero Arequipa también necesita evitar que el crecimiento se traduzca en desorden, tráfico y mayores brechas en servicios básicos.

Tampoco se puede ignorar el riesgo climático. El Fenómeno El Niño amenaza con afectar obras, carreteras e infraestructura productiva. La prevención no puede quedar subordinada a la emergencia. Se necesitan proyectos ejecutados oportunamente y no anuncios cuando los daños ya están consumados.

Arequipa tiene condiciones para crecer por encima del promedio nacional, pero ese resultado no está garantizado. La inversión privada debe encontrar un Estado que facilite proyectos sin renunciar a la fiscalización y la planificación.

Arequipa no necesita más exhortaciones ni reuniones de coordinación. Necesita planes aprobados, responsabilidades identificadas y autoridades que cumplan antes de que llegue el desastre. La prevención se demuestra con decisiones oportunas, no con recordatorios de último momento.

La gestión del riesgo de desastres en Arequipa sigue atrapada entre la burocracia, la desidia municipal y una preocupante falta de sentido de urgencia. Que el 70 % de los municipios distritales no tenga aprobado su Plan de Gestión Reactiva (PGR) no es un simple retraso administrativo: es una señal de que buena parte de las autoridades todavía no está preparada para responder ante una emergencia. Y lo más grave es que esta situación persiste cuando el Fenómeno de El Niño amenaza con intensificar las lluvias, inundaciones y movimientos en masa.

Las cifras deberían bastar para encender las alarmas. El CENEPRED identifica a 20 distritos con riesgo muy alto y a otros 47 con riesgo alto frente a estos peligros. Sin embargo, de los 109 municipios distritales de la región, apenas unos 33 habrían formalizado sus planes. Es decir, decenas de gobiernos locales siguen sin completar un instrumento obligatorio que establece cómo actuar antes, durante y después de una emergencia.

No se trata de documentos para cumplir con un requisito ni de expedientes que puedan archivarse en una oficina. Un plan de gestión reactiva debe definir responsabilidades, mecanismos de coordinación y procedimientos para proteger a la población. Sin esa organización, la respuesta ante una inundación, un deslizamiento o cualquier otro desastre puede convertirse en improvisación, duplicidad de funciones y pérdida de tiempo. En una emergencia, esas deficiencias pueden costar vidas.

Resulta insuficiente que el INDECI se limite a capacitar, asesorar y recordar a las municipalidades sus obligaciones. La asistencia técnica es necesaria, pero no puede convertirse en una excusa para tolerar el incumplimiento. El director de la institución en Arequipa, Carlos Nacarino Rodríguez, reconoce su preocupación, aunque el problema lleva meses sin resolverse. La prevención no consiste en convocar a los alcaldes cuando el peligro ya está encima ni en enviar recordatorios a última hora, cuando las lluvias comienzan a causar daños.

También preocupa que el Gobierno Regional, pese a tener aprobado su plan, aún deba formalizarlo mediante resolución, mientras la Municipalidad Provincial continúa elaborándolo sin una fecha definida para concluirlo. Si las principales instancias de gobierno no cierran sus propios procedimientos, difícilmente podrán exigir resultados a los distritos.

La Fiscalía Provincial de Prevención del Delito debe intervenir con mayor firmeza. No basta con advertir que existen responsabilidades o posibles sanciones. Corresponde requerir información, verificar qué autoridades incumplen y evaluar las acciones preventivas y legales que correspondan. Esperar a que ocurra una tragedia para establecer responsabilidades sería repetir el ciclo de negligencia que caracteriza tantas emergencias.

El GRA y la GERESA no pueden limitarse a financiar o anunciar soluciones cuando las deficiencias ya son inocultables. Deben asumir su responsabilidad y establecer un plan de mantenimiento que impida la repetición de estos problemas. Un hospital no cumple su misión únicamente con médicos, equipos o camas. También debe garantizar condiciones básicas para atender a las personas con dignidad. Que más de la mitad de sus baños estén fuera de servicio es una señal de alarma que las autoridades no pueden seguir ignorando.

El Hospital Regional Honorio Delgado, el establecimiento de mayor complejidad del sur del país, no puede ofrecer una atención digna si ni siquiera garantiza servicios higiénicos en condiciones adecuadas. Que 120 de sus 270 baños estén completamente inoperativos y otros 30 funcionen de manera restringida constituye una evidencia del deterioro de la infraestructura hospitalaria y de la incapacidad de las autoridades para atender necesidades elementales de un servicio público esencial.

La situación no apareció de un día para otro. Los 66 años de funcionamiento del nosocomio explican parte del desgaste, pero no justifican que se haya llegado a este nivel de abandono. La antigüedad de una infraestructura exige mantenimiento permanente, planificación y presupuesto oportuno. Cuando la reparación de instalaciones básicas se convierte en una emergencia, queda en evidencia que la prevención y la gestión no han funcionado como deberían.

Los S/400 mil que se requieren para rehabilitar los 150 baños afectados representan un gasto indispensable para recuperar condiciones mínimas de salubridad. Sin embargo, la pregunta es por qué se permitió que el problema alcanzara semejante magnitud antes de intervenir. El Gobierno Regional de Arequipa (GRA), responsable de financiar parte de las reparaciones mediante recursos del FONCOR, y la Gerencia Regional de Salud (GERESA), como instancia responsable de la gestión sanitaria regional, deben explicar qué acciones de mantenimiento se realizaron y por qué no fueron suficientes para evitar este deterioro.

No se trata de un asunto secundario ni de una simple incomodidad. Los servicios higiénicos son indispensables para pacientes, familiares y trabajadores, especialmente en un hospital que recibe a personas de Arequipa y de otras regiones del sur. La falta de baños operativos compromete las condiciones de higiene, afecta la dignidad de los usuarios y añade dificultades a quienes ya enfrentan enfermedades, largas esperas y limitaciones en la atención.

La dirección del hospital anuncia que las reparaciones avanzarán por etapas y que los trabajos concluirán antes de finalizar el año. El compromiso debe traducirse en resultados verificables, con un cronograma público, supervisión y rendición de cuentas sobre el uso de los recursos. No bastan las declaraciones ni la promesa de comprar inodoros, lavatorios y otros implementos. Se necesita comprobar que las instalaciones recuperadas funcionen y se mantengan operativas.

El país no necesita más pedidos de paciencia, sino explicaciones y resultados. El Gobierno debe precisar qué hará, cuándo y con qué recursos. La seguridad no puede depender de promesas futuras: es una obligación inmediata del Estado.

Pedir paciencia a una población que vive entre asesinatos, extorsiones y amenazas es una respuesta que difícilmente puede aceptarse cuando la inseguridad continúa cobrando vidas y las medidas anunciadas todavía no muestran resultados concretos. El ministro del Interior, César Astudillo Salcedo, estuvo en Arequipa y prometió nuevas estrategias, tecnología y una reforma policial. Sin embargo, no explicó qué cambiará, cuándo se aplicarán las medidas ni cómo se evaluará su efectividad.

Las cifras revelan la dimensión del problema. Según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF), durante 2026 se registraron 1 713 muertes violentas relacionadas con homicidios en el país. A ello se suman los atentados contra el transporte público en Lima Metropolitana y el Callao: entre enero y mayo, el Observatorio de Criminalidad de la Fiscalía contabilizó 126 ataques que dejaron 152 fallecidos y 131 heridos. Detrás de cada número hay familias destruidas y ciudadanos que viven con temor.

Ante esta realidad, el ministro aseguró que la seguridad se sentirá más adelante y atribuyó parte de la demora a la implementación de tecnología autorizada mediante un decreto de urgencia. Pero la ciudadanía no puede quedar a la espera indefinida de equipos, sistemas y procedimientos administrativos mientras las organizaciones criminales mantienen su capacidad de amenazar, extorsionar y matar.

Tampoco basta justificar la creación del Comando Unificado, integrado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, bajo el argumento de que el país necesita estrategias distintas a las de hace tres o cuatro décadas. La pregunta fundamental es qué objetivos concretos tendrá esta fuerza, en qué territorios intervendrá, con qué recursos y bajo qué indicadores se comprobará que contribuye a reducir la criminalidad.

La anunciada reforma policial plantea otra interrogante. Astudillo sostiene que el trabajo comenzó en agosto, pero evita explicar sus componentes porque, según afirma, revelar detalles podría perjudicar su desarrollo. Es razonable reservar información operativa que comprometa investigaciones; no lo es convertir una reforma institucional en un asunto del que la población solo deba conocer promesas. La transparencia sobre objetivos, plazos y mecanismos de control no pone en riesgo una reforma: permite exigir que se cumpla.

Los estados de emergencia tampoco pueden convertirse en una respuesta repetitiva sin una evaluación pública de sus resultados. Desplegar militares puede ampliar la capacidad de intervención, pero no reemplaza la investigación criminal, la inteligencia policial ni la persecución financiera de las redes delictivas.

La verdadera dimensión de esta victoria no estará en el número de elecciones ganadas, sino en los resultados que consiga para los brasileños. Gobernar nuevamente implica demostrar que la experiencia puede convertirse en soluciones y que una mayoría electoral, por ajustada que sea, puede servir para unir a un país antes que profundizar sus divisiones.

La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva para un cuarto mandato presidencial constituye un acontecimiento inédito en la historia política brasileña, pero también plantea una interrogante fundamental: ¿podrá transformar una victoria ajustada en una oportunidad para reducir la polarización y recuperar la confianza de una sociedad dividida?

Con el 51,77 % de los votos válidos, frente al 48,23 % de Flávio Bolsonaro, Lula consiguió mantenerse en el poder. Sin embargo, el resultado no representa un cheque en blanco. La estrecha diferencia revela que casi la mitad del electorado respalda una alternativa política distinta y que las diferencias ideológicas continúan profundamente arraigadas en el país más poblado de América Latina.

El desafío del mandatario será gobernar para todos, incluidos quienes votaron por su adversario. La legitimidad electoral permite ejercer el poder, pero la estabilidad democrática exige diálogo, respeto a las instituciones y capacidad para construir acuerdos más allá de las propias bases políticas. Convertir al adversario en enemigo permanente solo prolongaría una confrontación que dificulta atender los problemas cotidianos de la población.

Lula llega a este nuevo periodo con una extensa trayectoria política, dos gobiernos anteriores y una experiencia de retorno a la Presidencia en 2022. Ese recorrido constituye una ventaja en términos de conocimiento del Estado, pero también aumenta las expectativas ciudadanas. La experiencia acumulada debe traducirse en resultados concretos, no únicamente en la reivindicación de los logros del pasado.

Brasil enfrenta desafíos económicos y sociales que demandan políticas sostenidas: reducir la pobreza, generar empleo, mejorar los servicios públicos y fortalecer la educación y la salud. A ello se suma la necesidad de impulsar el crecimiento sin descuidar la responsabilidad fiscal ni la protección de la Amazonía, un patrimonio ambiental cuya conservación tiene repercusiones internacionales.

La victoria también representa una señal para América Latina, donde las alternancias políticas y la confrontación entre izquierda y derecha condicionan la gobernabilidad. Sin embargo, el resultado brasileño no debe interpretarse como un triunfo automático de una corriente ideológica regional, sino como la decisión de un electorado específico en circunstancias propias.

El cuarto mandato de Lula será juzgado por su capacidad para responder a esas demandas, preservar la institucionalidad y evitar que la polarización determine cada decisión gubernamental. La continuidad en el poder ofrece oportunidades, pero también concentra responsabilidades.

Arequipa necesita una carretera segura durante todo el año, no una ruta alterna cada vez que las rocas caen. La prevención debe llegar antes del próximo derrumbe, porque cuando la emergencia se repite y las soluciones definitivas siguen pendientes, la inacción también tiene consecuencias.

La Panamericana Sur no puede seguir dependiendo de la suerte para mantenerse transitable. Los derrumbes recurrentes en la provincia de Camaná, las horas de incertidumbre para transportistas y pasajeros y la ausencia de soluciones definitivas evidencian una vulnerabilidad que las autoridades conocen, pero que todavía no consiguen superar. Cada nuevo desprendimiento devuelve a Arequipa al mismo escenario: una carretera bloqueada, usuarios expuestos al peligro y funcionarios que anuncian medidas de contingencia.

El episodio del viernes 23 de octubre, en el kilómetro 770, a la altura de La Planchada, volvió a demostrarlo. Aunque el tránsito se restableció a las 22:30 horas, las condiciones que originan los derrumbes permanecen. La presencia de rocas fracturadas y taludes inestables mantiene latente la posibilidad de nuevos bloqueos en una vía fundamental para la conexión del sur con Lima y el resto del país.

La respuesta anunciada por Provías Nacional consiste en recuperar la antigua Panamericana Sur para utilizarla como ruta alterna. Los trabajos demandarían al menos 30 días y permitirían el paso de vehículos de hasta diez toneladas cuando la carretera principal quede interrumpida. La medida puede ayudar a reducir el aislamiento, pero tiene limitaciones evidentes: no admite unidades de mayor peso y solo se activará ante emergencias. Es una salida provisional, no una solución al problema de fondo.

Mientras tanto, las intervenciones definitivas siguen en evaluación. Se mencionan desquinches para retirar rocas inestables, estabilización de taludes y posibles mallas de protección, pero todavía no hay fechas precisas para ejecutar estas obras. La pregunta es inevitable: ¿cuántos desprendimientos más deben ocurrir para que la prevención deje de ser una promesa y se convierta en una política sostenida?

El problema no se resuelve con anuncios ni con la habilitación temporal de una carretera antigua. Se necesita identificar los sectores de mayor peligro, establecer un cronograma público de intervención, asegurar el presupuesto y someter los avances a fiscalización. También corresponde informar a los usuarios sobre los riesgos y las restricciones, sin esperar a que ocurra otro incidente.

La Panamericana Sur es una infraestructura estratégica para el transporte de pasajeros, alimentos, combustibles y mercancías. Sus interrupciones generan pérdidas económicas y afectan la vida cotidiana de miles de personas. Mantenerla en condiciones seguras no es un favor a Arequipa, sino una obligación del Estado.

El debate público tampoco debería perderse en formalidades mientras los problemas concretos esperan respuesta. La gestión de una emergencia se mide por los riesgos que logra reducir, las obras que ejecuta y las vidas que protege, no por la cantidad de declaraciones que produce.