El Ejecutivo todavía está a tiempo de evitar una paralización nacional. Pero para ello no bastan anuncios ni promesas verbales. Se requiere una respuesta técnica, inmediata y transparente. Cuando un gobierno incumple sus propios compromisos, no solo pierde credibilidad frente a los gremios; también profundiza la desconfianza de toda una ciudadanía que percibe un Estado lento, distante y cada vez menos capaz de resolver los problemas reales del país.

El anuncio de una huelga indefinida del transporte interprovincial desde el próximo 2 de junio vuelve a poner en evidencia uno de los problemas más recurrentes del Estado peruano: la incapacidad del Gobierno para anticiparse a los conflictos y cumplir los compromisos que asume. Otra vez, el país llega al borde de una paralización nacional no por falta de advertencias, sino por la ausencia de respuestas concretas.

Los transportistas aseguran que el Ejecutivo se comprometió en abril a emitir un decreto de urgencia para aliviar el impacto del alza del combustible. Sin embargo, a pocos días del inicio de la medida de fuerza, no existe norma aprobada, cronograma claro ni una mesa de diálogo efectiva. El silencio oficial ha terminado alimentando el malestar de un sector que sostiene buena parte de la economía nacional.

El problema no es menor. Más de 10 mil buses interprovinciales y cerca de 380 mil camiones podrían dejar de operar en todo el país. En Arequipa, unas 280 unidades suspenderían rutas hacia provincias y regiones vecinas, afectando directamente a miles de pasajeros, comerciantes y familias que dependen diariamente del transporte terrestre.

El incremento del diésel ha golpeado con fuerza al sector. Pasar de pagar alrededor de S/ 13 por galón a más de S/ 21 en pocos meses ha reducido drásticamente la rentabilidad de las empresas. Pero el problema se agrava porque los transportistas tampoco pueden trasladar todo ese costo al usuario final. La población atraviesa una economía debilitada y un aumento excesivo de pasajes terminaría perjudicando aún más a quienes necesitan movilizarse para trabajar, estudiar o atender emergencias.

Lo preocupante es que el Gobierno parece reaccionar únicamente cuando la protesta ya es inevitable. Esa práctica desgastada de esperar bloqueos, amenazas de paralización o crisis de abastecimiento para recién abrir canales de diálogo demuestra una preocupante falta de gestión política. Gobernar no consiste solo en apagar incendios, sino en prevenirlos.

Arequipa conoce bien las consecuencias de la indiferencia estatal. Cada conflicto sin resolver termina afectando la actividad económica, el turismo, el comercio y la estabilidad social. Una huelga prolongada podría generar desabastecimiento, encarecimiento de productos y mayor tensión en una región donde la ciudadanía ya muestra cansancio frente a la improvisación del poder central.

Arequipa hoy lidera el crecimiento exportador del sur y reafirma su peso dentro de la economía nacional. Pero el reto no debe limitarse a celebrar cifras récord. El verdadero objetivo debe ser convertir esa fortaleza económica en desarrollo sostenible, empleo formal y mejor calidad de vida para la población. Solo así el crecimiento dejará de ser una estadística para convertirse en bienestar real.

Las cifras exportadoras del primer trimestre de 2026 confirman algo que Arequipa viene demostrando desde hace varios años: la región se ha convertido en el principal motor económico del sur peruano. Superar los 3 000 millones de dólares en exportaciones y concentrar el 36,3 % de todos los envíos de la macrorregión no es un dato menor. Es el reflejo de una economía regional dinámica, capaz de sostener crecimiento incluso en un contexto nacional marcado por la incertidumbre política y la desaceleración económica.

Detrás de este avance aparece, nuevamente, la minería formal. El cobre y otros minerales continúan siendo el gran soporte de la economía arequipeña y del país. Gracias a las operaciones mineras instaladas en la región, Arequipa mantiene una fuerte conexión con los mercados internacionales y se posiciona como un actor clave dentro de la cadena global de materias primas. Negar el aporte de la minería formal sería desconocer la realidad económica regional.

Sin embargo, el verdadero desafío no está solo en exportar más, sino en construir un crecimiento sostenible y menos dependiente de un solo sector. La experiencia internacional demuestra que las economías más sólidas son aquellas capaces de diversificar su producción, generar innovación y agregar valor a sus recursos. En ese punto, Arequipa todavía tiene tareas pendientes.

Resulta alentador que sectores como la agroindustria, la manufactura y los servicios comiencen a ganar espacio dentro de la oferta exportadora regional. Son actividades que generan empleo más intensivo, impulsan cadenas productivas y permiten que los beneficios económicos lleguen a más familias. Pero para consolidar ese avance se requiere una visión de largo plazo que vaya más allá de los buenos indicadores coyunturales.

La región necesita infraestructura moderna, carreteras eficientes, puertos competitivos y menos burocracia. El puerto de Matarani y la carretera Interoceánica representan ventajas estratégicas que todavía no se aprovechan en toda su dimensión. A ello se suma la urgencia de formar profesionales especializados en comercio exterior, logística e innovación, capaces de responder a las exigencias de mercados cada vez más competitivos.

En ese sentido, la alianza entre el sector empresarial y la academia es una señal positiva. Vincular la formación profesional con las necesidades reales de la economía puede ayudar a cerrar brechas históricas y preparar a nuevas generaciones para un mercado globalizado.

Hoy, el MTC y las autoridades regionales tienen la obligación de esclarecer cada detalle del proceso antes de retomarlo. Lo contrario significaría abrir la puerta a un nuevo escándalo en una obra que debería representar desarrollo y progreso para el sur del país, y no dudas sobre cómo se administra el dinero público.

La suspensión de la licitación del tramo de la autopista Arequipa–La Joya no solo refleja un problema administrativo; expone, una vez más, las profundas debilidades de los procesos de contratación pública en el Perú. Cuando una obra millonaria y estratégica termina envuelta en dudas, renuncias y cuestionamientos técnicos, la ciudadanía tiene razones válidas para desconfiar.

El proyecto es clave para Arequipa. La autopista busca descongestionar el tránsito, mejorar la conectividad y dinamizar la economía regional. Sin embargo, el proceso ha quedado empañado por decisiones que resultan difíciles de explicar. El hecho de que el único postor habilitado termine siendo un consorcio encabezado por una empresa extranjera cuestionada internacionalmente, y además con una propuesta 38 millones de soles más cara que el valor referencial, despierta sospechas inevitables.

Más preocupante aún es la descalificación del Consorcio Cerro Colorado, que había presentado una oferta más económica para el Estado. Según el comité evaluador, no cumplió con acreditar el patrimonio neto requerido debido a un criterio de prorrateo aplicado a los integrantes del consorcio. Técnicamente puede ser válido, pero políticamente resulta explosivo. La percepción pública es clara: se eliminó a la propuesta más barata y quedó en carrera la más costosa.

En tiempos donde el país exige austeridad y eficiencia en el gasto público, resulta inaceptable que una obra financiada bajo el mecanismo de Obras por Impuestos termine favoreciendo propuestas económicamente superiores sin una explicación absolutamente transparente y convincente. La ciudadanía merece conocer con claridad por qué se aplicaron determinados criterios y quiénes son los responsables de las decisiones adoptadas.

El caso se vuelve todavía más delicado debido a los antecedentes de China Road and Bridge Corporation. Aunque legalmente está habilitada para contratar con el Estado peruano, no se pueden ignorar los cuestionamientos internacionales por presuntas prácticas corruptas y sanciones previas en el Perú. El Estado no solo debe verificar que las empresas cumplan requisitos legales mínimos; también debería priorizar estándares éticos y antecedentes que garanticen confianza pública.

La coincidencia entre la suspensión de la licitación y la renuncia del jefe de Provías Descentralizado alimenta aún más las dudas. Aunque oficialmente se aleguen “motivos personales”, la falta de explicaciones claras solo fortalece la percepción de improvisación y posible presión interna.

El Perú necesita infraestructura moderna, pero no a cualquier costo ni bajo cualquier sospecha. Grandes proyectos como la autopista Arequipa–La Joya deben convertirse en ejemplos de transparencia y competencia real, no en nuevos capítulos de desconfianza ciudadana.

Los candidatos están obligados a ofrecer algo más que discursos cuidadosamente preparados. Deben demostrar liderazgo, conocimiento y capacidad real para gobernar un país golpeado por la inseguridad, la precariedad económica y el deterioro institucional. Porque más allá de la confrontación política, lo que está en juego es la posibilidad de recuperar la confianza de un país que hace tiempo dejó de creer.

El debate técnico previo a la segunda vuelta presidencial entre los equipos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú debía convertirse en una oportunidad para ofrecer claridad, solvencia y propuestas concretas frente a los problemas más urgentes del país. Sin embargo, el resultado terminó dejando una sensación de incertidumbre y decepción en gran parte de la ciudadanía.

Aunque el encuentro permitió evidenciar diferencias ideológicas entre ambas candidaturas, también confirmó una preocupante carencia de profundidad en temas fundamentales como seguridad ciudadana, reactivación económica, salud pública y descentralización. Más allá de algunas exposiciones ordenadas y momentos de confrontación moderada, predominó el discurso político antes que la explicación seria y detallada de cómo enfrentar la crisis que atraviesa el Perú.

Uno de los bloques más esperados fue el económico, protagonizado por Luis Carranza y Pedro Francke. Ambos mostraron visiones claramente distintas sobre el rol del Estado y la inversión privada. Mientras Fuerza Popular insistió en la estabilidad macroeconómica y el impulso empresarial, Juntos por el Perú defendió una mayor intervención estatal y fortalecimiento de programas sociales. No obstante, ninguno profundizó en asuntos decisivos como el déficit fiscal, la sostenibilidad del gasto público o las medidas concretas para generar empleo formal en un país golpeado por la informalidad y la desaceleración económica.

La seguridad ciudadana, principal preocupación nacional, tampoco encontró respuestas contundentes. Las propuestas escuchadas repitieron fórmulas ya conocidas: más patrulleros, endurecimiento de penas y fortalecimiento policial. Pero poco se habló de inteligencia operativa, control penitenciario, lucha contra economías ilegales o estrategias integrales para enfrentar al crimen organizado que hoy extorsiona, asesina y siembra temor en distintas regiones del país.

El problema más grave fue quizás la falta de conexión con la realidad regional. El debate volvió a tener un marcado enfoque centralista y dejó prácticamente relegadas las necesidades de ciudades como Arequipa y otras regiones del sur. No hubo mayor desarrollo sobre crisis hídrica, contaminación ambiental, minería informal, obras paralizadas ni sobre el abandono histórico de infraestructura básica fuera de Lima.

En varios momentos, el intercambio pareció más orientado a evitar errores políticos que a explicar propuestas viables. Hubo diagnósticos generales, promesas amplias y críticas mutuas, pero escasearon los plazos, cifras y mecanismos concretos para ejecutar las medidas planteadas. Y ese es precisamente el problema: el país ya no necesita discursos ambiguos, sino respuestas claras y realistas.

El Perú llega a esta segunda vuelta en medio de una profunda crisis de confianza. La ciudadanía está cansada de promesas electorales que nunca se cumplen y de gobiernos incapaces de responder a las demandas más elementales. Por eso, el debate presidencial del próximo 31 de mayo no puede repetir el mismo libreto técnico vacío y superficial.

El Perú no puede repetir errores de otras naciones que destruyeron sus economías por gastar más de lo que podían sostener. Si no se ponen límites al desorden fiscal, las consecuencias no tardarán en sentirse en las regiones y municipios, donde miles de obras podrían quedarse solo en expedientes y promesas incumplidas.

El Perú enfrenta una amenaza silenciosa, pero profundamente peligrosa para su estabilidad económica y social. No se trata esta vez de una crisis política explosiva ni de un colapso financiero inmediato. El verdadero riesgo se está incubando desde el Congreso, donde se vienen aprobando leyes populistas que aumentan el gasto público sin garantizar una fuente sostenible de financiamiento. El resultado podría ser devastador: municipios y gobiernos regionales sin dinero para ejecutar obras.

La advertencia lanzada en Arequipa por el exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, debe tomarse con absoluta seriedad. Lo que hoy parece una serie de medidas “sociales” o “reivindicativas” podría convertirse mañana en un enorme agujero fiscal que terminarán pagando todos los peruanos.

El problema no está en mejorar pensiones o reconocer derechos laborales. El problema es hacerlo irresponsablemente, sin planificación y sin evaluar el impacto económico de largo plazo. Aprobar obligaciones permanentes de gasto sin respaldo financiero es una receta conocida para destruir las finanzas públicas.

Solo la homologación de pensiones de docentes jubilados tendría un costo cercano a los 8 mil millones de soles anuales. A ello se suman otros miles de millones por beneficios para trabajadores CAS. En conjunto, el impacto fiscal podría superar los 15 mil millones de soles por año. ¿De dónde saldrá ese dinero? Nadie lo explica con claridad.

Mientras el Estado destina más recursos a planillas, pensiones y obligaciones corrientes, cada vez queda menos presupuesto para obras públicas. Y ahí aparece la consecuencia más grave: menos colegios, menos hospitales, menos carreteras, menos sistemas de agua potable y menos infraestructura para las ciudades.

Los municipios serán los primeros golpeados. Muchas comunas apenas logran cubrir sus gastos básicos y ahora enfrentarán mayores presiones presupuestales. El riesgo es que terminen convertidas en simples entidades pagadoras de sueldos, sin capacidad de ejecutar proyectos de desarrollo.

Lo más preocupante es que esta situación ocurre en medio de un contexto donde la inversión privada empieza a recuperarse y la economía muestra señales de crecimiento. Sin embargo, ese dinamismo puede frenarse rápidamente si el déficit fiscal continúa ampliándose.

El populismo legislativo suele vender soluciones rápidas, pero deja problemas enormes. Regalar estabilidad fiscal para ganar aplausos políticos es una irresponsabilidad histórica. El Congreso parece legislar pensando en el corto plazo electoral y no en la sostenibilidad del país.

Arequipa no merece convertirse en una ciudad donde respirar sea peligroso. Defender la calidad del aire es defender la salud, la vida y el futuro de toda una población.

Arequipa enfrenta una amenaza silenciosa, permanente y cada vez más peligrosa. No se trata únicamente de la inseguridad ciudadana o del caos vehicular que golpea diariamente a la población. El verdadero enemigo está en el aire. La Ciudad Blanca se ha convertido oficialmente en la ciudad más contaminada del Perú, superando incluso a Lima en niveles de partículas tóxicas suspendidas en el ambiente.

El reciente Reporte Mundial de Calidad del Aire 2025 de IQAir revela una realidad alarmante: Arequipa registra una concentración anual de 26.1 microgramos de partículas PM2.5 por metro cúbico de aire, más de cinco veces el límite recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Es decir, miles de arequipeños respiran diariamente un aire que lentamente deteriora su salud.

Lo más grave es que esta contaminación ya dejó de ser invisible. Está presente en las paredes ennegrecidas de las avenidas más transitadas, en la irritación constante de ojos y garganta, en los problemas respiratorios de niños y adultos mayores y en el incremento de enfermedades pulmonares y cardiovasculares. Respirar en Arequipa se ha convertido en un riesgo sanitario.

El principal responsable tiene nombre conocido: el parque automotor. Decenas de buses, combis y camiones antiguos continúan circulando sin control expulsando humo tóxico por toda la ciudad. Vehículos con más de 20 o 30 años de antigüedad siguen operando diariamente como verdaderas “chimeneas andantes”, ante la indiferencia de las autoridades.

La contaminación también refleja décadas de improvisación urbana. El crecimiento desordenado de la ciudad, la falta de políticas de transporte sostenibles, el colapso vial y la ausencia de fiscalización ambiental han convertido a Arequipa en una trampa de humo y congestión.

Mientras otras ciudades del mundo avanzan hacia sistemas de transporte limpio y reducción de emisiones, Arequipa permanece atrapada en modelos obsoletos donde predomina el caos vehicular y la permisividad. El resultado es una población expuesta durante horas a gases contaminantes que comprometen seriamente la salud pública.

Este problema debe convertirse en una prioridad regional. No basta con discursos ambientales o campañas simbólicas. Se requieren decisiones concretas y urgentes: renovación del transporte público, controles técnicos estrictos, reducción de vehículos contaminantes, promoción de movilidad sostenible y recuperación de espacios urbanos saludables.

La próxima campaña electoral regional y municipal tendrá que asumir este debate con seriedad. Los ciudadanos deben exigir propuestas reales y no simples promesas. La contaminación del aire ya no puede tratarse como un problema secundario.

La Fiscalía Anticorrupción tiene ahora la responsabilidad de investigar con rapidez y profundidad. Pero la lección más urgente es otra: ningún sistema público puede funcionar si los mecanismos de control existen solo en el papel mientras el dinero desaparece durante años sin que nadie lo advierta.

El escándalo financiero descubierto en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA) no solo revela el presunto robo sistemático de casi seis millones de soles. También desnuda una alarmante cadena de negligencias, omisiones y debilidades institucionales que permitieron que el desvío de dinero público permaneciera oculto durante casi una década.

Que desde el año 2016 se hayan realizado transferencias irregulares desde las cuentas institucionales hacia la cuenta personal de un trabajador de tesorería sin ser detectadas, constituye un golpe demoledor a la credibilidad de los sistemas de control de la principal universidad pública de Arequipa. Pero más grave aún es comprobar que ni los mecanismos internos de supervisión ni las auditorías externas contratadas durante años lograron advertir lo que hoy aparece como un esquema sostenido de apropiación ilícita.

El caso obliga a formular preguntas incómodas. ¿Cómo fue posible que millonarias transferencias se realizaran de manera reiterada sin activar alertas? ¿Dónde estuvieron las oficinas encargadas del control financiero? ¿Qué revisaban exactamente las auditorías externas pagadas anualmente por la universidad? La magnitud del desfalco hace difícil pensar en simples errores administrativos o descuidos menores.

La Contraloría General de la República también queda severamente cuestionada. Las auditorías financiadas con recursos públicos debieron detectar irregularidades tan graves mucho antes. Si durante años se revisaron balances, movimientos bancarios y estados financieros sin advertir la desaparición de millones de soles, entonces el problema supera el ámbito universitario y alcanza directamente a los sistemas estatales de fiscalización.

Resulta igualmente preocupante que el caso recién haya salido a la luz tras la contratación de un peritaje contable impulsado por la nueva administración universitaria. Es decir, no fueron los controles regulares del Estado los que descubrieron el presunto delito, sino una revisión extraordinaria promovida por decisión interna. Eso evidencia la fragilidad de las barreras de prevención y control existentes.

Además, el periodo en que comenzaron las irregularidades coincide con anteriores gestiones universitarias, lo que inevitablemente genera cuestionamientos políticos y administrativos. Aunque aún no existan responsabilidades penales determinadas contra exautoridades, corresponde que la investigación fiscal alcance todos los niveles necesarios para esclarecer si hubo complicidad, encubrimiento o negligencia.

La comunidad universitaria y la ciudadanía arequipeña merecen respuestas claras. Los casi seis millones de soles desaparecidos pertenecen a una institución pública cuya misión es formar profesionales y generar conocimiento, no convertirse en escenario de presuntos actos de corrupción.

Los números son contundentes. En 2025, el Ministerio de Energía y Minas reportó una producción de 109 toneladas de oro. Sin embargo, las exportaciones alcanzaron las 209 toneladas. Es decir, hay un excedente de 100 toneladas cuyo origen no aparece en los registros oficiales. Traducido en dinero, ese volumen representa aproximadamente 15 mil millones de dólares moviéndose en circuitos donde el Estado prácticamente ha perdido capacidad de control.

En ese escenario, Arequipa ocupa un lugar preocupante. La región no solo concentra casi la mitad de la producción nacional de pequeña minería, sino que además aparece como uno de los principales centros de procesamiento y exportación de oro con evidentes inconsistencias. El distrito de Chala, en la provincia de Caravelí, se ha convertido en un símbolo de esa paradoja nacional.

Allí operan plantas procesadoras que figuran oficialmente como pequeños productores, pero exportan cantidades de oro muy superiores a las que declaran ante las autoridades. Algunas empresas llegan a vender hasta diez veces más de lo registrado oficialmente. El problema no es menor. Esa diferencia revela que grandes cantidades de mineral ingresan al circuito formal sin trazabilidad clara y posiblemente provenientes de operaciones ilegales o informales.

La situación se agrava porque el Estado ha sido incapaz de enfrentar el problema con firmeza. Durante años, la minería ilegal avanzó aprovechando vacíos normativos, procesos de formalización fallidos y una débil capacidad de fiscalización. Hoy, las economías ilegales vinculadas al oro no solo generan contaminación ambiental y evasión tributaria. También financian redes criminales, penetran espacios políticos y debilitan la institucionalidad democrática.

El caso de Secocha es otro ejemplo cercano. Esa zona minera de Arequipa concentra operaciones artesanales e informales cuyos permisos incluso han sido suspendidos, pero cuyo mineral sigue encontrando rutas de procesamiento y exportación. El circuito funciona porque existen compradores, plantas de beneficio y cadenas comerciales dispuestas a absorber ese oro sin exigir controles rigurosos.

El auge internacional del precio del oro ha terminado alimentando aún más esta economía paralela. Con una cotización histórica cercana a los cinco mil dólares la onza, el negocio ilegal se vuelve extraordinariamente rentable. Mientras tanto, las autoridades continúan reaccionando de manera tardía y fragmentada.

Lo más grave es que el país parece haberse acostumbrado a convivir con esta contradicción. Exportar más oro del que se produce oficialmente debería ser un escándalo nacional permanente. Sin embargo, la dimensión del problema apenas logra ocupar algunos espacios de debate público.

La minería ilegal ya no es una actividad marginal. Se ha convertido en una poderosa economía que mueve miles de millones de dólares y que encuentra en regiones como Arequipa un territorio estratégico para expandirse. Ignorar esa realidad solo profundizará una crisis que amenaza con desbordar definitivamente la capacidad del Estado peruano.

Mientras tanto, Arequipa continúa enfrentando una creciente sensación de inseguridad, con policías obligados a trabajar con unidades deterioradas y limitaciones logísticas. La delincuencia no espera ni avanza por etapas. Las soluciones tampoco deberían hacerlo.

La inseguridad ciudadana en Arequipa continúa creciendo mientras las respuestas de las autoridades regionales llegan tarde, a medias y envueltas en justificaciones administrativas. La reciente recepción parcial de patrulleros por parte del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) confirma el fracaso de una gestión que, pese a contar con recursos millonarios, no ha sido capaz de concretar a tiempo una de sus principales promesas en materia de seguridad.

El proyecto contemplaba la entrega de 100 patrulleros policiales para reforzar el trabajo de la Policía Nacional en provincias y distritos golpeados por la delincuencia. Sin embargo, después de casi tres años de retrasos, observaciones y anuncios incumplidos, el GRA terminó aceptando un lote incompleto, sin informar con claridad cuántas unidades faltan ni cuándo serán finalmente entregadas.

La situación resulta aún más cuestionable si se considera que, contractualmente, las camionetas debían entregarse en un plazo de 210 días. Es decir, el proyecto no solo incumplió el cronograma original, sino que acumuló años de retraso sin que hasta ahora existan responsabilidades claras. Durante este tiempo, las autoridades regionales anunciaron reiteradamente fechas de entrega que nunca se concretaron. Primero prometieron las unidades para 2024 y luego para 2025, mientras el proceso seguía entrampado por observaciones técnicas, problemas administrativos y la demora en contratar a una empresa supervisora.

Lo preocupante es que, pese a todos esos antecedentes, el Gobierno Regional terminó recepcionando unidades incompletas como si se tratara de una situación normal. Esa decisión deja una sensación de improvisación y poca capacidad de gestión en un proyecto valorizado en más de S/ 18 millones, presentado inicialmente como una medida urgente para enfrentar el incremento de asaltos, sicariato y delitos violentos en Arequipa.

La realidad demuestra que la urgencia quedó solo en el discurso político. Mientras el proceso administrativo avanzaba lentamente, la delincuencia siguió creciendo. La propia Policía ha reconocido que más del 40 % de su flota vehicular presenta fallas mecánicas o permanece inoperativa. En esas condiciones, cada patrullero que no llegó a tiempo significó menos vigilancia, menos capacidad de respuesta y mayor sensación de abandono para la ciudadanía.

El problema de fondo no es únicamente el retraso, sino la peligrosa costumbre de aceptar proyectos inconclusos y cronogramas incumplidos sin consecuencias. Cuando las autoridades normalizan las entregas parciales y las promesas postergadas, la población termina perdiendo confianza en las instituciones.

La democracia no se fortalece únicamente con acudir a votar. También lo hace cuando los candidatos debaten con respeto, presentan ideas y aceptan el escrutinio público. Por ello, el 24 y el 31 de mayo no deben ser vistos solo como fechas electorales, sino como oportunidades para recuperar la política como herramienta de diálogo y construcción de país.

El anuncio del debate técnico entre los equipos de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, programado para el 24 de mayo, y del debate presidencial del 31 de mayo, representa mucho más que un acto protocolar organizado por el Jurado Nacional de Elecciones. En una segunda vuelta marcada por la polarización, la desconfianza y el desgaste político, estos encuentros deben convertirse en espacios de ideas, propuestas y confrontación democrática seria, no en escenarios de insultos, ataques personales o simples estrategias de marketing electoral.

El país enfrenta problemas demasiado graves como para desperdiciar esta oportunidad. La inseguridad ciudadana golpea diariamente a las regiones; la economía aún no logra recuperar el dinamismo perdido; los hospitales públicos siguen mostrando enormes carencias; y la informalidad se ha convertido en el refugio obligado de millones de peruanos. Frente a ello, los ciudadanos necesitan escuchar respuestas concretas y viables, no discursos vacíos ni promesas imposibles.

Por eso resulta especialmente importante el debate técnico del 24 de mayo. Aunque suele recibir menos atención mediática que el encuentro presidencial, es quizás el espacio más útil para evaluar la verdadera capacidad de gobierno de cada agrupación política. Allí no participan únicamente figuras carismáticas o entrenadas para la confrontación política, sino especialistas encargados de sustentar propuestas en economía, salud, seguridad, educación, infraestructura y lucha contra la corrupción.

Los equipos técnicos permiten conocer qué tan preparado está un eventual gobierno para enfrentar los desafíos del país desde el primer día. También ayudan a identificar la coherencia entre el discurso político y la viabilidad de las propuestas. Un candidato puede transmitir seguridad o simpatía en un escenario, pero son sus cuadros técnicos los que finalmente diseñarán políticas públicas, manejarán presupuestos y ejecutarán decisiones que afectarán la vida cotidiana de millones de personas.

En ese sentido, ambos debates deben alejarse del espectáculo y acercarse a las verdaderas preocupaciones ciudadanas. Los moderadores y organizadores tienen la responsabilidad de evitar confrontaciones estériles y priorizar preguntas sobre empleo, minería, descentralización, lucha contra la delincuencia y recuperación institucional. El electorado merece claridad, precisión y honestidad.

Además, el debate debe servir para acercarse a las regiones, históricamente relegadas en las campañas nacionales. Arequipa, por ejemplo, expresó en la primera vuelta un voto distinto al de Lima, demostrando que existe un electorado crítico que exige propuestas claras y menos confrontación ideológica. Fujimori y Sánchez necesitan entender que ya no basta apelar a discursos tradicionales o a la polarización política. El ciudadano demanda soluciones inmediatas y capacidad de gestión.