Prevenir cuesta menos que reconstruir. Y en este caso, prevenir significa proteger no solo a más de 10 mil agricultores, sino también el abastecimiento alimentario de toda Arequipa.

El Fenómeno de El Niño no debería sorprender nuevamente a Arequipa. Las advertencias están sobre la mesa y el tiempo para actuar se acorta. Más de 10 mil agricultores de la cuenca suroriental dependen de una red de canales de riego donde más del 70 % de la infraestructura es rústica y, por tanto, vulnerable frente a lluvias intensas, huaicos, desbordes y otros eventos asociados a un escenario climático adverso.

No se trata únicamente de proteger infraestructura. En esta zona se producen cebolla, ajo, papa, lentejas, arveja, zanahoria y otros alimentos que llegan diariamente a los mercados de Arequipa. Si el sistema de riego colapsa o la disponibilidad de agua disminuye hasta en 50 %, como advierten los usuarios, las consecuencias no quedarán confinadas al campo. Se trasladarán directamente a las ciudades, mediante una menor oferta de alimentos y un eventual incremento de precios.

Por ello, la prevención debe dejar de ser una declaración recurrente y convertirse en una prioridad de gestión. Las municipalidades y el Gobierno Regional tienen identificados puntos críticos y conocen las necesidades de los agricultores. Corresponde ahora acelerar la elaboración de fichas, gestionar recursos y ejecutar obras antes de que las lluvias conviertan las deficiencias actuales en emergencias.

El mantenimiento y reforzamiento de canales y bocatomas no puede postergarse. Tampoco puede seguirse aceptando que una parte mayoritaria de la infraestructura de riego permanezca en condiciones precarias, generando pérdidas de agua y aumentando el riesgo de interrupciones durante una temporada crítica.

Pero el problema es más profundo. Arequipa continúa teniendo una limitada capacidad para almacenar y regular el recurso hídrico. La ausencia de suficientes reservorios, minirrepresas y vasos reguladores deja a miles de agricultores expuestos a la incertidumbre climática. El agua que hoy puede parecer suficiente puede convertirse mañana en un recurso escaso.

La reparación de la compuerta de San José del Sur y la evaluación de nuevos sistemas de almacenamiento deben formar parte de una estrategia de seguridad hídrica que trascienda una campaña agrícola. No basta con reaccionar ante cada emergencia; se requiere planificación sostenida.

También los agricultores deberán tomar decisiones responsables frente a un eventual déficit hídrico. Reducir áreas de siembra puede ser una medida difícil, pero podría resultar necesaria para evitar pérdidas mayores. La prevención exige decisiones oportunas, incluso cuando estas sean incómodas.

El mensaje para las autoridades es claro: todavía hay tiempo para intervenir. Esperar a que los canales se destruyan, los cultivos se pierdan o los alimentos escaseen sería repetir errores conocidos.

Las ocho pozas deben construirse a tiempo, pero también debe ejecutarse el conjunto de obras previstas. Prevenir un desastre siempre será menos costoso que reconstruir una ciudad después de la emergencia.

Arequipa no puede volver a esperar una emergencia para actuar. Los desbordes registrados el 19 y 22 de febrero dejaron una advertencia demasiado clara: más de 500 viviendas afectadas, vehículos arrastrados y calles cubiertas por piedras, lodo y agua. Frente a esa realidad, la construcción de ocho pozas disipadoras en la parte alta de la torrentera El Chullo constituye una medida necesaria, pero no debe convertirse en una solución aislada ni tardía.

Las estructuras proyectadas en Cerro Colorado tienen una función concreta: retener piedras, barro y sedimentos antes de que estos materiales lleguen a las zonas urbanas y reducir la velocidad y fuerza del caudal. Su impacto beneficiará no solo a Cerro Colorado, sino también a sectores de Cayma y Yanahuara que se encuentran expuestos al comportamiento de esta torrentera.

El proyecto, que demanda una inversión de más de S/37 millones para las intervenciones prioritarias en los tres distritos, debe avanzar sin las demoras burocráticas que tantas veces terminan convirtiendo una obra preventiva en una obra de emergencia.

Septiembre ha sido establecido como plazo para completar diseños, permisos y gestiones de financiamiento. Octubre debería marcar el inicio efectivo de los trabajos. No hay espacio para postergaciones si se pretende contar con infraestructura operativa antes de la próxima temporada de lluvias.

Pero las pozas son solo una parte de la respuesta. Se necesitan muros de contención, ampliación y profundización de determinados tramos del cauce, estructuras hidráulicas adecuadas y la atención de los puntos donde puentes y construcciones reducen la capacidad de conducción del agua.

También resulta urgente avanzar con el nuevo puente El Chullo y la reposición del puente Independencia. No tiene sentido invertir millones en controlar el cauce y mantener, al mismo tiempo, obstáculos que pueden generar represamientos y aumentar el riesgo para la población.

Hay otro problema que no puede ser ignorado: la ocupación de sectores de la faja marginal. Las autoridades municipales deben hacer cumplir las normas y evitar que nuevas viviendas o edificaciones continúen acercándose al cauce. La prevención no consiste únicamente en construir cemento; también implica ordenar el territorio y hacer respetar las zonas de seguridad.

El financiamiento será otro desafío. Los municipios han reconocido que no cuentan con recursos suficientes y deberán gestionar apoyo del Gobierno central y explorar mecanismos como Obras por Impuestos, incluida la participación de empresas privadas. Si la falta de presupuesto vuelve a ser la excusa, las consecuencias pueden resultar mucho más costosas.

El proyecto de El Chullo debe convertirse en una política de prevención y no en una reacción coyuntural. Arequipa conoce los efectos de las lluvias intensas y no puede darse el lujo de repetir las imágenes de febrero.

Por: Carlos Meneses

El país necesita un Estado más rápido, pero también más eficiente, transparente y controlado. Celeridad, sí. Facultades sin límites, no.

La solicitud del Ejecutivo para recibir facultades legislativas en más de 60 materias coloca nuevamente al Congreso ante una decisión que no debería resolverse ni con apresuramiento político ni con cálculos partidarios. La presidenta Keiko Fujimori ha pedido celeridad, pero también serenidad y responsabilidad. Ambas condiciones son necesarias.

El país enfrenta problemas que requieren respuestas oportunas. La inseguridad ciudadana, las deficiencias del sistema penitenciario, las trabas burocráticas y la preparación frente al Fenómeno El Niño no pueden quedar atrapadas indefinidamente en los procedimientos administrativos. Si existen medidas urgentes que pueden mejorar la capacidad de respuesta del Estado, corresponde evaluarlas con sentido de prioridad.

Sin embargo, la urgencia no puede convertirse en una autorización general para legislar sin controles suficientes. Delegar facultades implica entregar temporalmente al Ejecutivo una capacidad que corresponde constitucionalmente al Parlamento. Por ello, el Congreso tiene la responsabilidad de revisar cada materia solicitada, establecer límites claros y determinar cuáles medidas requieren realmente una intervención inmediata.

La seguridad ciudadana merece especial atención. El hacinamiento penitenciario, la convivencia entre internos primarios y delincuentes de alta peligrosidad y las dificultades que enfrenta la Policía para detener e investigar son problemas que se arrastran desde hace años. Pero modificar normas no será suficiente si no existe capacidad institucional para aplicarlas, presupuesto adecuado y coordinación efectiva entre Policía, Ministerio Público, Poder Judicial y sistema penitenciario.

La misma lógica debe aplicarse a la prevención frente al Fenómeno El Niño. Arequipa y otras regiones del sur conocen las consecuencias de llegar tarde a las emergencias. La prevención exige planificación, recursos y obras concretas, no solamente decretos y anuncios. Las facultades pueden facilitar determinadas decisiones, pero no reemplazan la gestión.

También es positivo que el Ejecutivo plantee eliminar trabas burocráticas y acelerar la utilización de recursos públicos. El ciudadano no entiende por qué existen presupuestos disponibles mientras hospitales, colegios, vías y sistemas de saneamiento continúan esperando atención. Reducir obstáculos administrativos debe ser una prioridad, siempre que ello no signifique debilitar los mecanismos de transparencia y fiscalización.

El Congreso, por tanto, no debería asumir esta discusión como una disputa entre poderes. Tampoco el Ejecutivo debe interpretar la delegación como un cheque en blanco. La ciudadanía espera que ambas instituciones trabajen con rapidez, pero también con responsabilidad.

La petición presidencial debe ser analizada con objetividad. Aquello que sea urgente y necesario debe aprobarse; aquello que exceda los límites razonables debe ser corregido o rechazado. Esa es la verdadera responsabilidad de un Parlamento que fiscaliza y de un Ejecutivo que gobierna.

Por: Carlos Meneses

La seguridad ciudadana no puede depender indefinidamente de estados de excepción. El verdadero desafío es construir un Estado capaz de proteger a sus ciudadanos todos los días, con o sin emergencia.

La decisión del Gobierno de ampliar por 60 días el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta que las autoridades no pueden seguir postergando: ¿cuánto tiempo puede sostenerse una estrategia de seguridad basada principalmente en la presencia de policías y militares en las calles?

La ampliación busca mantener los operativos conjuntos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, especialmente en zonas vinculadas con el transporte y otros espacios considerados estratégicos. La medida responde a una realidad innegable: la inseguridad ciudadana se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la población y el Estado tiene la obligación de actuar frente al avance de la delincuencia y el crimen organizado.

Sin embargo, declarar o prorrogar un estado de emergencia no puede ser entendido como una solución permanente. Se trata de una herramienta excepcional que debería estar acompañada de resultados concretos, indicadores de cumplimiento y una estrategia de seguridad de largo plazo. De lo contrario, existe el riesgo de que una medida extraordinaria termine normalizándose sin resolver las causas que originan la violencia.

La participación de las Fuerzas Armadas puede ser necesaria para determinadas tareas de apoyo y vigilancia. Su presencia puede contribuir a proteger servicios esenciales, liberar personal policial y reforzar determinados puntos críticos. Pero la responsabilidad central de combatir la delincuencia corresponde a una Policía profesional, equipada, capacitada y con capacidad de investigación e inteligencia.

El problema tampoco se resuelve únicamente con más patrullaje. El crimen organizado requiere investigaciones financieras, inteligencia policial, coordinación entre instituciones, fiscales y jueces capaces de responder con rapidez, además de un sistema penitenciario que no siga funcionando como centro de operaciones para organizaciones criminales.

Precisamente, el anuncio de una mayor participación de las Fuerzas Armadas en establecimientos penitenciarios y zonas de frontera debe estar acompañado de objetivos claros. El control territorial y la vigilancia pueden ser necesarios, pero deben formar parte de una política integral contra las organizaciones criminales, el tráfico ilícito y otras actividades que aprovechan las debilidades del Estado.

La población necesita seguridad, pero también necesita saber que las medidas adoptadas funcionan. Cada prórroga del estado de emergencia debería ser evaluada sobre la base de resultados: reducción de delitos, desarticulación de bandas, recuperación de espacios públicos y mejora de la capacidad de respuesta de las instituciones.

El Gobierno no puede conformarse con administrar la emergencia. Debe utilizar estos periodos excepcionales para fortalecer las instituciones que deberán garantizar la seguridad cuando los militares regresen a sus funciones habituales.

Las primeras semanas de un gobierno no bastan para emitir un juicio definitivo. Menos aún cuando se trata de una administración que llega después de un periodo político marcado por la confrontación, la incertidumbre y una ciudadanía cansada de promesas incumplidas. La advertencia de la historiadora Cecilia Bákula resulta pertinente: a la presidenta Keiko Fujimori hay que darle tiempo, pero también hay que recordar que sobre ella pesa una responsabilidad histórica. No se trata únicamente de haber llegado a la Presidencia después de varios intentos. Se trata de demostrar que el poder puede ejercerse con sentido de Estado, respeto institucional y capacidad para responder a las necesidades de millones de peruanos. La responsabilidad de la presidenta, como señala Bákula, no es distinta en esencia de la que corresponde a cualquier ciudadano: cumplir con el deber que le ha sido confiado.

Ese principio debería alcanzar también a la oposición. En una democracia, fiscalizar no significa bloquear ni convertir cada decisión gubernamental en motivo de confrontación. La crítica es necesaria, pero debe estar acompañada de propuestas, argumentos y patriotismo. El país necesita una oposición firme, pero también responsable

Hay otro aspecto de las declaraciones de Bákula que merece especial atención: la relación del Perú con su propia historia. No necesitamos reescribirla para sentirnos orgullosos. Una nación madura no selecciona únicamente los episodios que le convienen ni borra aquellos que resultan incómodos. Reconoce sus luces y sus sombras, aprende de ellas y las incorpora a una memoria común.

En ese contexto, el Lugar de la Memoria debe cumplir una función esencial. No puede convertirse en un escenario para profundizar divisiones. El terrorismo fue una realidad que causó dolor, muerte y destrucción, y ese capítulo debe ser conocido por las nuevas generaciones. Pero recordar no debería significar perpetuar el enfrentamiento.

Un espacio de memoria tiene sentido cuando permite escuchar a las distintas víctimas, incorporar diversas voces y promover una reflexión que ayude a comprender lo ocurrido. La memoria no puede ser propiedad de un sector político ni convertirse en instrumento de una determinada ideología.

La idea de peruanidad planteada por Bákula adquiere entonces especial relevancia. Sentirse peruano no debería reducirse a una celebración ocasional ni a un discurso patriótico. Significa reconocernos como parte de una sociedad diversa, respetar nuestras raíces y asumir que cada ciudadano tiene algo que aportar a la construcción del país.

Quizá allí se encuentre una de las tareas más urgentes de estos tiempos: dejar de mirarnos como una sociedad condenada al fracaso. El Perú tiene problemas enormes, pero también una historia, una diversidad cultural y una capacidad creadora extraordinarias.

El Honorio Delgado necesita una solución de fondo, no parches. La emergencia hospitalaria ya está instalada. Lo que falta es decisión política, presupuesto y una respuesta concreta del Estado antes de que el límite se convierta en colapso.

El Hospital Regional Honorio Delgado ya no admite más indiferencia. Con una ocupación hospitalaria de 99,4 %, 850 pacientes internados para 855 camas disponibles y alrededor de 800 personas esperando semanalmente un espacio para ser hospitalizadas, el principal establecimiento de referencia de la macrorregión sur funciona prácticamente al límite de su capacidad.

No estamos ante una situación coyuntural ni frente a un problema que pueda resolverse con medidas administrativas. El Honorio Delgado atiende diariamente a unos 1 050 pacientes en consulta externa, distribuidos en cerca de 68 especialidades, mientras servicios como Quemados, Hemodiálisis, Anatomía Patológica y Diagnóstico por Imágenes soportan una demanda que supera largamente sus posibilidades.

El caso de la Unidad de Quemados es particularmente revelador: tiene diez camas, pero atiende a 17 pacientes graves, es decir, una ocupación de 170 %. Siete de cada diez pacientes llegan de otras regiones del sur. El dato confirma algo que el Gobierno Central parece olvidar: Arequipa no atiende únicamente a su población, sino que cumple una función sanitaria estratégica para millones de ciudadanos del sur del país.

Y mientras la demanda crece, la infraestructura envejece. El hospital fue construido en 1960 y presenta pisos deteriorados, paredes agrietadas, humedad y moho. Hay equipos que necesitan renovación, ventiladores mecánicos pendientes de mantenimiento y carencias logísticas que obligan incluso a almacenar insumos en pasadizos.

Esta realidad debería ser suficiente para que el Gobierno nacional coloque la salud de Arequipa entre sus prioridades. Sin embargo, el proyecto de un nuevo Honorio Delgado, valorizado preliminarmente en S/ 2 837 millones, todavía necesita S/ 30 millones para los estudios de preinversión. Es decir, cuando el hospital actual está a punto de colapsar, el nuevo establecimiento todavía debe superar la etapa de estudios y gestión presupuestal.

No es aceptable que una región que aporta significativamente a la economía nacional tenga que mendigar recursos para garantizar atención hospitalaria digna. La descentralización no puede reducirse a transferir responsabilidades sin entregar los recursos necesarios.

El Gobierno Regional de Arequipa debe acelerar las gestiones y presentar un proyecto sólido. Pero la responsabilidad principal también corresponde al Gobierno central. Lima debe comprender que postergar este hospital significa postergar la salud de miles de pacientes de Arequipa y del sur.

Por Carlos Meneses

Porque cuando hay demasiados candidatos y pocas propuestas serias, la democracia no necesariamente se fortalece: puede terminar perdiéndose, precisamente, aquello que debería ser lo más importante, la capacidad del elector para elegir bien.

La política peruana vuelve a enfrentarse a una paradoja que se repite en cada proceso electoral: mientras más candidatos aparecen en la carrera, no necesariamente existen más opciones reales para el ciudadano. Por el contrario, una oferta electoral excesivamente fragmentada puede terminar confundiendo al elector, debilitando el debate de propuestas y convirtiendo la elección en una competencia de rostros, slogans y promesas difíciles de cumplir.

La pregunta cobra especial importancia en un escenario donde los problemas que enfrenta el país son cada vez más complejos y requieren respuestas concretas. Un ejemplo es la situación sanitaria que afecta a diversas regiones de la costa norte y Loreto. El Ministerio de Salud reporta alrededor de 44 mil casos de enfermedades asociados, entre otros factores, a las elevadas temperaturas y al déficit en el abastecimiento de agua potable.

No estamos frente a un problema menor. Cuando una población no cuenta con agua suficiente y segura, aumentan los riesgos de enfermedades gastrointestinales, infecciones y otros males vinculados con las deficientes condiciones sanitarias. A ello se suma el impacto del calor extremo, que crea condiciones favorables para determinados problemas de salud y agrava la vulnerabilidad de niños, adultos mayores y personas con menores recursos.

Frente a esta realidad, el ciudadano debería escuchar de los candidatos mucho más que discursos generales. Debería conocer qué harán para garantizar agua potable, fortalecer los servicios de salud, mejorar el saneamiento y prevenir los efectos de las altas temperaturas. Sin embargo, cuando la competencia electoral se multiplica sin que exista una verdadera diferencia programática, los problemas urgentes pueden quedar relegados por la disputa política.

Tener muchos candidatos no es, por sí mismo, negativo. La pluralidad es parte fundamental de una democracia. El problema aparece cuando la cantidad reemplaza a la calidad, cuando las candidaturas se convierten en proyectos personales y cuando el elector termina enfrentado a una larga lista de nombres sin elementos suficientes para distinguir capacidades, antecedentes y propuestas.

En una democracia saludable no debería importar cuántos candidatos hay, sino cuántos tienen una propuesta seria y viable para resolver los problemas de la población. La elección no debe convertirse en un concurso de popularidad ni en una guerra de propaganda.

El ciudadano merece información, debate y propuestas concretas. Y los candidatos tienen la obligación de demostrar que buscan administrar el poder para solucionar las necesidades de la gente, no simplemente llegar al poder.

Por: Carlos Meneses

La llegada de la DANA Bertha al sur del país vuelve a poner sobre la mesa una realidad que las autoridades y la población no pueden seguir enfrentando únicamente cuando la emergencia ya está encima: el clima exige prevención, preparación y capacidad de respuesta.

El SENAMHI advierte que durante los próximos días podrían registrarse lluvias, nieve, granizo, aguanieve y fuertes vientos en sectores de la sierra centro y sur. Arequipa, Cusco, Puno, Moquegua y Tacna deben mantenerse atentos a la evolución del fenómeno y, sobre todo, actuar antes de que sus efectos puedan convertirse en daños.

No se trata de generar alarma. Se trata de aprender de lo ocurrido recientemente.

En Arequipa, las lluvias y huaicos de los últimos días han dejado carreteras afectadas, interrupciones en la Panamericana Sur y poblaciones expuestas. El tramo Atico-Ocoña es una muestra concreta de cómo un evento meteorológico puede comprometer el transporte, el abastecimiento de alimentos y combustibles y, finalmente, la economía de miles de familias.

Por ello, cada nuevo aviso meteorológico debe ser entendido como una oportunidad para prevenir y no como una simple información del tiempo.

Las municipalidades y el Gobierno Regional tienen la responsabilidad de revisar sus puntos críticos, verificar la disponibilidad de maquinaria, limpiar cauces y quebradas, reforzar defensas y garantizar rutas de evacuación. También deben mantener activados sus sistemas de comunicación y coordinación con el COER, INDECI y las entidades técnicas.

La experiencia demuestra que esperar a que ocurra el huaico para recién movilizar maquinaria resulta mucho más costoso y peligroso.

En las zonas altoandinas, la prevención debe incorporar además la protección de cultivos, pastizales y ganado frente a la nieve, granizo y descenso de temperaturas. Las familias rurales necesitan información oportuna y mecanismos de respuesta que les permitan reducir pérdidas.

La población, por su parte, tampoco puede permanecer al margen. Revisar los techos y canaletas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, evitar cruzar quebradas o zonas inundables y consultar el estado de las carreteras antes de viajar son acciones sencillas que pueden evitar tragedias.

Bertha todavía puede modificar su trayectoria e intensidad. Precisamente por eso, la preparación no puede esperar a conocer el impacto final.

El sur enfrenta un escenario meteorológico cada vez más complejo y no puede responder a cada emergencia como si fuera un hecho inesperado. La prevención debe convertirse en una política permanente, con presupuesto, planificación y responsabilidades claramente establecidas.

Arequipa y las demás regiones del sur tienen nuevamente una advertencia sobre la mesa. No esperemos el desastre para empezar a prepararnos. Cada aviso del SENAMHI debe traducirse en acciones concretas. Porque ante los fenómenos naturales no siempre podemos evitar que ocurran, pero sí podemos reducir significativamente sus consecuencias.

Por Carlos Meneses

La verdadera emergencia, sin embargo, es otra: la incapacidad de las autoridades para aprender de una crisis que se repite. Arequipa no puede seguir esperando el próximo huaico para descubrir, otra vez, que no tiene suficiente capacidad de respuesta.

Que el abastecimiento de GLP vehicular en Arequipa recién pueda normalizarse dentro de seis o siete días es mucho más que un problema temporal de combustible. Es la demostración, una vez más, de la fragilidad de una ciudad que queda prácticamente a merced de una carretera bloqueada. Y lo más preocupante es que esta situación no constituye una sorpresa: las autoridades conocen desde hace años la vulnerabilidad de la Panamericana Sur, pero continúan actuando cuando la emergencia ya estalló.

Bastaron seis días de interrupción en el tramo Atico–Ocoña para que los efectos llegaran directamente a los bolsillos de miles de arequipeños. Veintidós grifos agotaron sus reservas, otros restringieron las ventas, los conductores soportaron largas colas y el precio del GLP llegó a bordear los S/10 por galón. Taxistas, transportistas y trabajadores que dependen diariamente de sus vehículos fueron nuevamente los primeros perjudicados.

La pregunta inevitable es: ¿por qué una ciudad de la importancia económica de Arequipa debe esperar una semana para recuperar un suministro básico después de que se reabre parcialmente una carretera?

La respuesta apunta a una falta evidente de previsión. Las autoridades sabían que la Panamericana Sur era vulnerable a huaicos y derrumbes. También conocían que por esa vía ingresan diariamente las cisternas que abastecen a Arequipa. Sin embargo, no existía una respuesta logística suficientemente rápida para garantizar reservas estratégicas, rutas alternas efectivas y mecanismos de emergencia capaces de evitar que el problema llegara a los consumidores.

Y cuando aparece la escasez, surgen además prácticas que deben ser investigadas con firmeza. Si algunos grifos condicionaron la venta de GLP a la compra de otros combustibles o limitaron arbitrariamente las cantidades, OSINERGMIN debe fiscalizar y sancionar si corresponde. Una emergencia no puede convertirse en oportunidad para abusar del consumidor.

También resulta insuficiente declarar en emergencia el abastecimiento de GLP después de que las colas ya están instaladas. Las medidas excepcionales deben traducirse en resultados concretos: cisternas disponibles, rutas seguras, distribución ordenada y vigilancia efectiva de precios.

Arequipa necesita dejar de administrar emergencias y comenzar a prevenirlas. Una carretera bloqueada no debería paralizar el suministro energético de una ciudad de más de un millón de habitantes.

La reapertura parcial es una buena noticia, pero no resuelve el problema de fondo. Mientras el tramo Atico–Ocoña no quede completamente habilitado y el flujo de cisternas no se normalice, la crisis continuará.

Por: Carlos Meneses

La ciudadanía debe vigilar el voto. Porque si el poder económico de la minería informal logra convertirse en poder político, el problema dejará de estar solamente en las minas: estará dentro de las instituciones.

La presencia de 735 candidatos inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) en las elecciones regionales y municipales de octubre no puede ser tomada como una simple coincidencia electoral. Cuando una actividad económica sometida a un proceso de formalización coloca a cientos de sus vinculados como aspirantes a cargos públicos, el país tiene derecho a preguntarse qué intereses estarán detrás de esas candidaturas y, sobre todo, qué ocurrirá si llegan al poder.

El dato es contundente: 735 candidatos a gobernadores, consejeros, alcaldes y regidores figuran en el REINFO. En Arequipa son 107, de los cuales nueve buscan cargos regionales y 98 puestos municipales. La cifra debería encender todas las alarmas de las organizaciones electorales, de las instituciones fiscalizadoras y, especialmente, de los ciudadanos.

No se trata de criminalizar a quienes intentan formalizar una actividad minera. El problema aparece cuando el poder económico de un sector que arrastra cuestionamientos por informalidad, contaminación y dificultades de fiscalización puede convertirse en poder político y, desde allí, intentar influir sobre las mismas instituciones que deben supervisarlo.

El riesgo de conflicto de intereses es evidente. Los gobiernos regionales tienen competencias vinculadas a la fiscalización de determinadas actividades mineras y de plantas de procesamiento. ¿Qué ocurrirá cuando el fiscalizador sea, directa o indirectamente, parte del sector que debe controlar? ¿Quién garantizará decisiones imparciales cuando existan intereses económicos en juego?

La experiencia reciente tampoco permite pecar de ingenuidad. El REINFO ha sido ampliado sucesivamente, convirtiendo una herramienta que debía conducir hacia la formalización en un mecanismo que para muchos terminó prolongando la incertidumbre y, en algunos casos, sirviendo de cobertura para actividades que deberían estar fuera del sistema.

La política no puede convertirse en el siguiente refugio de la informalidad.

Los electores de Arequipa tienen una responsabilidad enorme. Antes de depositar su voto deben conocer quiénes son los candidatos, de dónde provienen sus recursos, qué actividad económica desarrollan y qué intereses podrían representar una vez instalados en una municipalidad o en el Gobierno Regional.

Y las organizaciones políticas tienen una obligación todavía mayor. No basta con presentar listas y cumplir requisitos administrativos. Deben explicar por qué incorporan candidatos vinculados al REINFO y qué mecanismos de prevención aplicarán para evitar conflictos de intereses.

La democracia no se reduce a ganar elecciones. También exige garantizar que quienes llegan al poder público no utilicen el Estado para proteger negocios particulares.

Arequipa ya conoce las consecuencias de la minería informal cuando la autoridad mira hacia otro lado. Ahora debe impedir que esa misma indiferencia permita que la informalidad pase de los socavones a los despachos municipales y regionales.