CONSTITUCIONALISTA JORGE CÁCERES ARCE, PRESIDENTE DE ASUP

En los últimos años, el Congreso ha aprobado la creación de cerca de 40 nuevas universidades públicas. Aunque la descentralización de la educación superior responde a una necesidad real,  abrir nuevas instituciones sin planificación podría comprometer los avances logrados en calidad académica, sostuvo Jorge Cáceres Arce, presidente de la Asociación de Universidades del Perú (ASUP) y de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional.

El Perú necesita acercar la universidad a miles de jóvenes que viven lejos de las grandes ciudades, pero hacerlo exige infraestructura adecuada, docentes especializados, laboratorios modernos, bibliotecas, investigación y financiamiento permanente. Ninguna de esas condiciones puede garantizarse únicamente mediante una ley, dijo Cáceres, quien también es rector de la Universidad Católica de Santa María (UCSM).

Añadió el riesgo es repetir errores del pasado, cuando proliferaron universidades sin estándares mínimos que terminaron ofreciendo una formación deficiente, enfatizó.

El caso de Medicina Humana refleja claramente ese desafío. Abrir una facultad médica requiere hospitales docentes, laboratorios especializados, centros de simulación y profesores altamente capacitados. En regiones como Arequipa ya existe escasez de especialistas para atender la demanda hospitalaria, por lo que crear nuevas escuelas sin garantizar esos recursos podría afectar la calidad de la formación. Por ello, considera Cáceres Arce que la expansión debe responder a una política pública de largo plazo y no a decisiones motivadas por intereses políticos.

LA CALIDAD NO SE NEGOCIA

La principal lección del licenciamiento fue que el número de universidades no determina la fortaleza del sistema educativo. Lo verdaderamente importante es la capacidad de formar profesionales competentes, desarrollar investigación útil y responder a las necesidades de cada región, resaltó la autoridad universitaria.

Explicó que la calidad universitaria depende de múltiples factores: docentes calificados, investigación científica, acreditación, innovación, infraestructura y vinculación con la sociedad. Una expansión acelerada sin recursos suficientes podría debilitar esos avances y afectar la competitividad del país.

EL GRAN DESAFÍO: EL FINANCIAMIENTO

Otro de los temas centrales es la distribución de los recursos públicos. En regiones mineras, las universidades públicas reciben fondos del canon minero para investigación científica e innovación tecnológica. En Arequipa, por ejemplo, esos recursos han permitido financiar proyectos de investigación y modernizar laboratorios.

Sin embargo, la creación de nuevas universidades implicaría repartir el mismo presupuesto entre más instituciones. Esta fragmentación podría reducir significativamente la capacidad investigadora de cada universidad y limitar el desarrollo de proyectos de mayor impacto. Por ello, Cáceres Arce plantea revisar los mecanismos de distribución del canon, priorizando criterios de eficiencia, productividad científica y resultados.

INVESTIGACIÓN PARA TODO SISTEMA

Dentro del debate también ha surgido una propuesta impulsada por universidades privadas asociativas sin fines de lucro. Agregó el presidente de ASUP que estas instituciones sostienen que también realizan investigación científica y contribuyen al desarrollo regional, por lo que proponen acceder, mediante concursos, a recursos destinados exclusivamente a investigación e innovación.

«La idea es que los fondos se asignen en función de la calidad de los proyectos y no únicamente del carácter público o privado de la universidad. El planteamiento busca fortalecer el sistema nacional de investigación y promover una mayor producción científica en beneficio del país», subrayó.

DEFENDER LA AUTONOMÍA

También refirió que con el inicio de un nuevo periodo de gobierno, otro de los pedidos del sector universitario es preservar la autonomía universitaria. La Constitución reconoce que las universidades tienen independencia para organizar su funcionamiento, administrar sus recursos, elegir autoridades y desarrollar investigación sin interferencias políticas.

«Mantener esa autonomía resulta fundamental para proteger la libertad académica y garantizar que las universidades continúen siendo espacios dedicados al conocimiento, la investigación y el pensamiento crítico», enfatizó.

MENOS BUROCRACIA

Aunque la supervisión resulta indispensable para asegurar la calidad, rectores y especialistas consideran que algunos procedimientos administrativos podrían simplificarse. Actualmente, la autorización para abrir nuevas sedes o implementar carreras puede tardar varios meses debido a exigencias burocráticas, indicó.

La propuesta no busca reducir los controles, sino agilizar los procesos administrativos para facilitar el desarrollo académico sin afectar los estándares de calidad. Situación similar enfrentan las universidades públicas al ejecutar proyectos de infraestructura.

IA Y NUEVOS RETOS

La transformación tecnológica también está modificando profundamente la educación superior, porque ya forma parte de numerosas actividades académicas y profesionales. Frente a ello, las universidades deben preparar a los estudiantes para utilizar estas herramientas de manera responsable y ética, sostuvo enfáticamente el presidente de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional.

Además coincide en que la inteligencia artificial no reemplazará la formación universitaria, sino que obligará a fortalecer competencias como el pensamiento crítico, la creatividad, la capacidad de análisis y la toma de decisiones, «más que competir con la tecnología, las universidades deberán enseñar a convivir con ella».

«La universidad peruana enfrenta una de las decisiones más importantes de las últimas décadas. El país necesita ampliar el acceso a la educación superior y descentralizar las oportunidades de formación, pero sin repetir los errores que llevaron al deterioro del sistema antes de la reforma universitaria. El verdadero desafío no consiste en crear más universidades, sino en garantizar que cada una cuente con las condiciones necesarias para formar profesionales de calidad, desarrollar investigación e impulsar la innovación.

Para lograrlo será indispensable mantener políticas públicas estables, proteger la autonomía universitaria, asegurar un financiamiento sostenible, reducir la burocracia y aprovechar responsablemente las nuevas tecnologías», concluyó.

Durante una actividad por el Día del Maestro, el dirigente del gremio señaló que, según las conversaciones sostenidas entre la dirigencia nacional y la presidenta, existe el compromiso de respetar el Estado de derecho y los acuerdos alcanzados con el magisterio. Entre ellos figuran el convenio colectivo, la ley de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), los incrementos remunerativos y el pago de la deuda social.

Asimismo, indicó que uno de los principales compromisos asumidos por el Ejecutivo es reglamentar, en el menor tiempo posible, la ley de pensiones para los docentes, una demanda considerada prioritaria por el sector. Mientras ello ocurre, aseguró que el gremio permanecerá atento al cumplimiento de los anuncios oficiales.

El representante sostuvo que los maestros mantienen una posición de confianza respecto a la palabra de la mandataria, aunque aclaró que el gremio permanecerá vigilante. Añadió que, si durante el mensaje presidencial del próximo 28 de julio se anuncian medidas contrarias a los acuerdos alcanzados, el sindicato ejercerá su derecho a la protesta.

En ese sentido, afirmó que la organización sindical cuenta con la libertad de asociación necesaria para convocar movilizaciones si considera que los derechos del magisterio son vulnerados. «Si falta a la palabra, están las calles para manifestar nuestra protesta», manifestó Villena.

Respecto al alcance de los beneficios, explicó que las medidas comprometidas favorecerían a la totalidad del magisterio nacional, incluidos los auxiliares de educación. Precisó que aproximadamente 460 mil docentes se beneficiarían en todo el país, mientras que en la región Arequipa la cifra alcanza a unos 15 mil trabajadores del sector.

El dirigente destacó que los docentes recibieron de manera favorable la información sobre los acuerdos alcanzados durante el diálogo entre la dirigencia nacional y el Gobierno. Sin embargo, remarcó que el gremio también mantiene la convicción de permanecer unido para exigir el cumplimiento de los compromisos asumidos.

En relación con las actividades por el Día del Maestro, informó que la celebración principal se realizó en el Centro Recreacional de la Derrama, donde la jornada incluyó una misa, un acto protocolar con la participación del gerente regional de Educación y una actividad de confraternidad con sorteos y presentaciones para los asistentes.

Por Jorge Turpo R.

Las listas que lideran los candidatos Víctor Rendón y Jorge Paredes, volvieron a la carrera electoral. Mientras Giovani Zeballos también podría ser candidato con lo cual serían 8 listas en competencia.

POR MANDATO JUDICIAL SE MODIFICÓ EL CRONOGRAMA

Las elecciones para elegir al nuevo rector y a los vicerrectores de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) ya tienen una nueva fecha. El Comité Electoral decidió reprogramar los comicios para el próximo 17 de julio, luego de que el Poder Judicial ordenara modificar el cronograma electoral e incorporar a dos listas que habían sido excluidas del proceso.

La decisión responde al cumplimiento de medidas cautelares emitidas por los juzgados que conocieron las acciones de amparo presentadas por los movimientos Vamos Todos UNSA e Integración Agustina, encabezados por los docentes Jorge Paredes y Víctor Rendón Dávila, respectivamente. Ambos cuestionaron su exclusión al considerar que se vulneró su derecho a participar en las elecciones universitarias.

Según el nuevo cronograma aprobado por el Comité Electoral, la publicación de las listas definitivas, luego del proceso de tachas, se realizará el 8 de julio.

A partir del 9 de julio se iniciará oficialmente la campaña electoral y, de ser necesaria una segunda vuelta, esta se desarrollará el 31 de julio.

Originalmente el proceso estuvo programado para ayer, pero ahora la modificación del calendario representa un nuevo giro en un proceso electoral que ya había sufrido cuestionamientos sobre la calificación de las candidaturas.

Inicialmente, las listas de Paredes y Rendón fueron retiradas de la contienda porque el Comité Electoral sostuvo que sus candidatos no habían acreditado con documentos fedateados el grado académico de doctor, requisito indispensable para postular al rectorado y a los vicerrectorados.

Sin embargo, ambos movimientos recurrieron al Poder Judicial mediante acciones de amparo. En sus demandas argumentaron que sus grados académicos ya se encontraban debidamente registrados ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) y que, además, la propia área de Recursos Humanos de la UNSA había reconocido oficialmente dichos títulos.

Los juzgados les dieron la razón de manera preliminar y ordenaron, mediante medidas cautelares, que el Comité Electoral se abstenga de restringir su participación mientras se resuelve el fondo del proceso.

Ante esta disposición judicial, el organismo electoral, presidido por Julio López Cervantes, no tuvo otra alternativa que acatar el mandato y elaborar un nuevo cronograma electoral.

No obstante, la reconfiguración de la contienda podría no haber concluido. Aún está pendiente la resolución judicial presentada por el docente Giovanni Zeballos, quien también interpuso una acción de amparo tras quedar fuera del proceso electoral.

Si el Poder Judicial emite una medida cautelar similar a las anteriores, su lista también deberá ser incorporada a la competencia.

De concretarse esa decisión, serían ocho las listas que participarán en la elección de las nuevas autoridades universitarias.

Actualmente existen cinco candidaturas oficialmente inscritas. A ellas se sumarán las encabezadas por Jorge Paredes y Víctor Rendón Dávila, mientras que la eventual incorporación de Giovanni Zeballos dependerá exclusivamente del pronunciamiento judicial.

En ese escenario, el Comité Electoral asignaría a las nuevas listas los números correlativos 6, 7 y 8, sin necesidad de realizar un nuevo sorteo para redistribuir la numeración ya asignada a las candidaturas que permanecieron en carrera desde el inicio del proceso.

Víctor Rendón Dávila manifestó estar conforme con la decisión adoptada por el Poder Judicial. Sostuvo que la medida permitió restablecer su derecho a participar en igualdad de condiciones y reiteró que siempre consideró injustificada su exclusión, pues su grado de doctor se encuentra plenamente acreditado.

Asimismo, señaló que no tiene inconvenientes con el número que finalmente le asigne el Comité Electoral y consideró innecesario repetir el sorteo de las listas. En su opinión, lo más importante es que las elecciones se desarrollen el 17 de julio con absoluta transparencia para otorgar legitimidad a las nuevas autoridades que asumirán la conducción de la universidad.

La elección movilizará a una de las comunidades universitarias más grandes del sur del país. Alrededor de 26 mil estudiantes de pregrado, además de los docentes de la universidad, estarán habilitados para emitir su voto y definir quién conducirá la UNSA durante los próximos cinco años.

Hasta el momento, permanecen en competencia Esperanza Medina, de la Lista 1, correspondiente al movimiento Colectivo por la Transformación UNSA; Eduardo Puma Ponce, de la Lista 2, del movimiento UNSA 2026; Armando Minaya Lizárraga, de la Lista 3, por Unidos al Bicentenario; el médico Richard Paredes Orué, de la Lista 4, del movimiento Sentimiento Agustino; y Fernando Mejía, de la Lista 5, por Renovación Agustina.

Con la incorporación de nuevas candidaturas, el escenario electoral se vuelve más competitivo y abre la posibilidad de una campaña más intensa durante los próximos días. Al mismo tiempo, las decisiones judiciales evidencian la importancia de garantizar el debido proceso y el respeto a los derechos de participación de los postulantes, en una elección que definirá el rumbo institucional de la principal universidad pública de Arequipa.

El expediente N° 02918-2026-0-0401-JR-FT-11 detalla restricciones que impiden a Polanco Chambi incurrir en actos de violencia psicológica. El juzgado también dispuso medidas de protección a favor de la denunciante y de su hija, considerada víctima indirecta, lo que reabrió el debate sobre su permanencia en el cargo y su idoneidad para ejercer funciones directivas en el sector Educación. Consultado sobre el caso, Choque Manrique habría respaldado la continuidad del funcionario mientras se desarrolla el proceso y evitado impulsar acciones administrativas preventivas.

En contraste, el consejero regional electo por Arequipa, César Huamantuma Alarcón, cuestionó la decisión de la Gerencia Regional de Educación de mantener el respaldo al funcionario. Señaló que se vulnera el estándar de idoneidad exigido en la función pública, por lo que correspondía disponer su separación inmediata mientras continúan las diligencias judiciales. “No es posible que se mantenga a un funcionario con ese tipo de cuestionamientos como director de la UGEL Sur. Creo que es una sinvergüenzura que los funcionarios respalden este tipo de conductas. El gobernador [Rohel Sánchez] debería pedir la separación de manera inmediata”, afirmó.

Huamantuma Alarcón sostuvo que el problema no recae únicamente en el funcionario investigado, sino en la decisión administrativa de mantenerlo en funciones. En esa línea, advirtió que el respaldo de la Gerencia Regional de Educación abre un escenario político que podría derivar en una interpelación contra Choque Manrique, al considerar que existe responsabilidad directa en la conducción del sector. Añadió que impulsará dicha medida si no se ejecuta la separación del funcionario, y pidió coherencia al Ejecutivo regional frente a sus discursos sobre violencia hacia la mujer y los estándares de probidad en la administración pública.

Asimismo, señaló que el Ministerio de Educación contempla criterios de idoneidad que restringen el ejercicio de funciones en el sector a personas con medidas de protección vigentes. En ese marco, planteó que la Gerencia Regional de Educación evalúe una suspensión preventiva mientras se define la situación legal y administrativa del director de la UGEL Sur.

La universidad informó la medida mediante un comunicado oficial, precisando que la suspensión del proceso electoral obedece al cumplimiento de una resolución emitida por el Primer Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que ordenó modificar el cronograma de elecciones.

En atención a esta disposición, el Comité Electoral Universitario (CEU) solicitó formalmente al Rectorado dejar sin efecto la programación establecida para el 3 de julio. El pedido fue presentado a través del Oficio N.° 288-2026-CEU, remitido el 2 de julio.

Como respuesta, el Rectorado emitió la Resolución Rectoral N.° 1037-2026-UNSA, mediante la cual anuló la Resolución Rectoral N.° 1028-2026, que establecía el desarrollo de la jornada electoral y las medidas administrativas asociadas a esta. En consecuencia, las actividades universitarias continuarán con normalidad en todas las facultades, escuelas profesionales y dependencias administrativas.

La suspensión de las elecciones se produce luego de que el Primer Juzgado Constitucional concediera una medida cautelar que ordena reprogramar el proceso electoral y reincorporar de manera provisional a la lista «Vamos Todos UNSA», agrupación que había sido excluida de la contienda por decisión del Comité Electoral Universitario.

El órgano jurisdiccional consideró que existía el riesgo de una posible vulneración de los derechos de participación política de los integrantes de dicha lista si las elecciones se realizaban antes de resolverse el proceso judicial principal. Por ello, dispuso la paralización del cronograma electoral hasta que se adopten las medidas correspondientes para garantizar el desarrollo de un proceso con igualdad de condiciones para todos los participantes.

La decisión judicial obliga al Comité Electoral Universitario a elaborar un nuevo calendario para la elección de las principales autoridades de la casa agustina, incluyendo los cargos de rector y vicerrectores. Hasta el momento, la universidad no ha informado una nueva fecha para la realización de los comicios.

Mientras tanto, la comunidad universitaria retomará este viernes sus actividades habituales sin interrupciones. Docentes, estudiantes y personal administrativo deberán asistir de manera presencial, conforme a la disposición emitida por el Rectorado, que busca garantizar la continuidad del servicio educativo mientras se redefine el proceso electoral interno. La reprogramación de las elecciones dependerá del cumplimiento de la resolución judicial y de las acciones que adopte el Comité Electoral Universitario en los próximos días.

EN RIESGO 40 MI ESCOLARES

El presidente de la Asociación de Apafas, Rogelio Postigo Gómez, cuestionó el escaso avance en las intervenciones ejecutadas por la administración regional y recordó que el fortalecimiento de la infraestructura educativa fue uno de los compromisos asumidos por el gobernador regional, Rohel Sánchez, al inicio de su gestión.

«Se anunció una fuerte inversión para mejorar los colegios de la región, pero después de casi cuatro años los resultados son insuficientes. No se ha intervenido ni el 20 % de las instituciones que requieren atención urgente», manifestó el dirigente.

Postigo explicó que los 128 colegios pendientes de intervención concentran alrededor de 40 mil estudiantes, una cifra importante dentro de los cerca de 415 mil escolares matriculados en instituciones públicas de toda la región. La situación resulta aún más crítica en 36 planteles que superan los 50 años de antigüedad y cuya infraestructura presenta un deterioro severo.

Según indicó, estos colegios ya no reúnen condiciones adecuadas para desarrollar las actividades académicas, por lo que requieren ser demolidos y reemplazados por nuevas edificaciones. Mientras tanto, cientos de alumnos reciben clases en módulos prefabricados o ambientes provisionales que, si bien permiten continuar con las labores educativas, no representan una solución definitiva.

«No podemos esperar que ocurra una emergencia para recién actuar. Hay colegios cuya infraestructura ya cumplió su ciclo de vida y representa un riesgo para estudiantes, docentes y personal administrativo», advirtió.

Si bien existen instituciones educativas con problemas de infraestructura en las UGEL Arequipa Norte, La Joya y diversas provincias, el dirigente precisó que la mayor concentración de casos se encuentra en la jurisdicción de la UGEL Arequipa Sur. Entre los planteles con mayores necesidades figuran las instituciones educativas 40193 Florentino Portugal, en Sabandía; 40010 Julio C. Tello, en Paucarpata; 40038 Jorge Basadre Grohmann; 40122 Manuel Scorza Torres; y 40175 Gran Libertador Simón Bolívar, estas tres últimas ubicadas en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero.

Desde el Gobierno Regional se ha informado que durante la actual administración fueron entregadas 39 instituciones educativas, considerando tanto obras ejecutadas directamente como proyectos iniciados en gestiones anteriores. Sin embargo, para la Asociación de Apafas este avance resulta insuficiente frente a la magnitud del déficit existente.

Postigo también expresó su preocupación porque, según señaló, varios funcionarios regionales consideran prácticamente concluida la gestión y han dejado de impulsar nuevos proyectos de infraestructura educativa. Incluso afirmó que algunos directores de colegios habrían recibido observaciones o sanciones por exponer públicamente las necesidades de sus instituciones.

Finalmente, el representante de los padres de familia hizo un llamado a la próxima administración regional para que coloque la recuperación de la infraestructura educativa entre sus principales prioridades. Advirtió que el deterioro de numerosos planteles, sumado a factores como las lluvias o un eventual sismo, podría poner en riesgo la integridad de miles de escolares.

«No esperemos que una tragedia obligue a actuar. La educación requiere inversiones oportunas, planificación y compromiso. Los estudiantes merecen colegios seguros y adecuados para aprender», concluyó.

Hace tiempo que cualquier dato se encuentra en segundos y con mayor rapidez ahora gracias al auge de la Inteligencia Artificial; entonces, el verdadero reto en casas y colegios ya no es llenar de conocimiento la cabeza de los que recién comienzan a vivir, sino formar mejores personas que sepan qué hacer con toda esa información. Desde el roce más insignificante con otro individuo hasta una guerra, los conflictos no nacen de un vacío. Por el contrario, la raíz del problema está en el olvido de nuestra humanidad, es decir, los principios básicos de convivencia en paz: la comunicación efectiva, los valores y la inteligencia emocional.

El coordinador general del Consejo Nacional de Padres y Apafas del Perú-Región Arequipa, Daniel Jáuregui Valdivia, sostiene

“Nuestros hijos pueden ser buenos estudiantes en matemáticas y ciencias, pero si carecen de valores, damos pie a los problemas que están destruyendo el país como la corrupción. Ciertamente la educación comienza en casa. Por eso, es importante que como padres veamos qué tipo de personas estamos criando, pues ellas pasarán por el colegio y finalmente saldrán a la sociedad”.

Jáuregui Valdivia no es indiferente con sus iguales. Ser padre o madre es un trabajo de 24 horas al día, 7 días de la semana. Es arduo. El agotamiento parental es real; sin embargo, cometer errores es normal y lo importante es aprender de ellos. Por eso, invita a los pilares fundamentales del núcleo familiar a cambiar el foco. Aunque se haya dicho hasta el hartazgo, él reitera que lo esencial, como en todo, no es la cantidad sino la calidad; se educa con el ejemplo.

El psicólogo educativo Luis Quispe Toribio, con vasta experiencia en colegios públicos y privados en la región Arequipa afirma que en ese sentido nace el triángulo de la educación transformadora del mundo: padres, maestros y estudiantes. Los años pasan y se cree erradamente que la juventud siempre es el problema, que cada generación es peor que la anterior. Esa es una gran mentira. Hoy y siempre, este sector de la sociedad ha demostrado una mayor sensibilización sobre su entorno.

Prueba de ello está Araceli Apaza Ranilla, redactora de Modo Reportero que con 13 años escribió: “A veces un simple saludo puede decir más que una libreta o una calificación. En las escuelas no solo se espera que se aprendan matemáticas o ciencias, sino que también desarrollemos principios como el respeto, la tolerancia, la honestidad y la empatía”. Además, ella es consciente de que “Ciertamente los valores tienen que venir desde casa, ya que guían nuestra forma de vivir y actuar”.

Asimismo, el colegio debe ser el principal socio de los progenitores para construir un porvenir mejor. “Los colegios no pueden estar en la carrera de demostrar quien llena de más conocimiento a sus estudiantes. Ellos son los futuros trabajadores; si salen con mucho conocimiento, dejando de lado los valores, habrá trabajadores déspotas y arrogantes en la sociedad”, alertó el psicólogo Quispe Toribio.

Entonces, para completar el triángulo de la enseñanza con el poder de transformar el mundo, están los maestros. Esas personas que día a día conviven con el mañana y lo hacen con la vocación de formar mejores ciudadanos, sabiendo que detrás de cada calificación hay un ser humano por descubrir y guiar.

En ese sentido, el profesor Hélard Fuentes Pastor, coordinador pedagógico del Colegio San José manifestó: “En estos tiempos, donde acceder a los conocimientos es factible e inmediato con un solo clic a través de diferentes plataformas, se vuelve imprescindible que se eduque a los estudiantes en valores que respondan a los principios elementales de todo ser humano como la empatía, la integridad, la dignidad y el respeto”.

Por su parte, la maestra Esther Castro Calizaya, directora de Institución educativa cristiana Jhon Wesley expresó: “El maestro enseña los valores con su propia vivencia. Imprimes lo que eres; si eres una persona respetuosa, proyectarás ese valor en tus alumnos. Trascender en los estudiantes depende de la calidad humana; si es alta o baja, eso se reflejará. Nadie da lo que no tiene. Hay que recordar también que los primeros maestros siempre son los padres”.

El verdadero cambio nace en este triángulo donde los padres educan con el alma y el ejemplo en casa, los docentes trascienden dejando su propia esencia en cada alumno y los jóvenes salen a la sociedad con una sensibilidad única, listos para sanar al mundo. No necesitamos mentes brillantes que caminen con arrogancia; necesitamos seres íntegros, movidos por la empatía, el respeto y el amor.

Juan Carlos Fahsbender, docente del área de Humanidades de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), señala que estas herramientas pueden contribuir siempre que se utilicen de forma responsable y complementen el proceso de enseñanza y no como un sustituto del pensamiento crítico.

En ese sentido, el especialista comparte tres claves para aprovechar el potencial de la inteligencia artificial durante la etapa escolar:

1) Utilizar la IA como apoyo, no como reemplazo: La inteligencia artificial puede facilitar la búsqueda de información, la organización de contenidos y la resolución de dudas. Sin embargo, su función debe ser complementar el aprendizaje y no sustituir el esfuerzo personal del estudiante.

2) Fortalecer el pensamiento crítico y la capacidad de análisis: El conocimiento no consiste únicamente en memorizar datos, sino en comprender, analizar y aplicar la información. Por ello, es importante que los jóvenes aprendan a evaluar las respuestas que brinda la IA y contrastarlas con otras fuentes. Las herramientas de IA pueden ser un complemento, pero no deben sustituir el pensamiento crítico.

3) Mantener la formación en valores: Principios como la responsabilidad, la honestidad, la disciplina y la iniciativa continúan siendo esenciales para el desarrollo integral de los estudiantes. En ese sentido, será importante reforzar a la IA como un apoyo para el aprendizaje y no como un reemplazo de los aportes y análisis que ellos mismos generen.

La Institución Educativa 40122 Manuel Scorza Torres, ubicada en Cerro Juli, distrito de José Luis Bustamante y Rivero, cumplió 64 años de funcionamiento con una demanda pendiente: la reconstrucción de su infraestructura, esperada desde hace una década por la comunidad educativa.

La directora del plantel, Rita Quispe Sarmiento, denunció que el colegio contó con un proyecto elaborado y aprobado, pero sin presupuesto suficiente para iniciar la obra. Según explicó, la propuesta fue gestionada entre la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero y el Gobierno Regional de Arequipa, sin que hasta ahora se concrete su ejecución.

La autoridad educativa señaló que el proyecto demandaría aproximadamente S/ 13 millones. Indicó que la municipalidad habría contado con cerca de S/ 9 millones, por lo que se requirió apoyo del Gobierno Regional de Arequipa para completar el financiamiento y viabilizar la intervención.

La situación fue evidenciada en una de las aulas de primaria, correspondiente al quinto grado A, donde estudiaban 30 escolares. La directora sostuvo que el ambiente tuvo que ser desocupado por presentar humedad, moho en paredes y techos deteriorados, condiciones que consideró inadecuadas para la salud y el aprendizaje de los menores.

Los estudiantes de esa sección fueron trasladados al aula de innovación del nivel secundario para continuar sus clases. La medida permitió mantener el servicio educativo, pero redujo el uso de ese espacio pedagógico, especialmente en un plantel que funciona con jornada extendida hasta las 3:30 de la tarde.

De acuerdo con la directora, la institución atiende a unos 550 estudiantes de inicial, primaria y secundaria. Además, 90 escolares permanecieron en aulas prefabricadas, expuestos al calor, al frío y a la incomodidad de espacios reducidos, mientras la comunidad siguió esperando una solución definitiva.

Las aulas provisionales presentaron estructuras de madera, calamina y paredes deterioradas, lo que incrementó la preocupación de docentes y padres de familia por la seguridad de los estudiantes. Según la comunidad educativa, estos ambientes no solo resultaron incómodos durante los cambios de clima, sino que también evidenciaron un deterioro que podría representar riesgo durante la jornada escolar.

A ello se sumó la presencia de cables y circuitos eléctricos expuestos en algunos sectores, situación que generó alarma porque los escolares podrían tener contacto accidental con conexiones ubicadas dentro o cerca de los ambientes de clase. Para la dirección y la Apafa, estas condiciones reforzaron la urgencia de reconstruir el colegio y dejar de depender de aulas improvisadas.

La presidenta de la Apafa, Herlinda Portugal Mejía, cuestionó que algunas aulas utilizadas por los escolares hayan sido implementadas con aportes de los padres de familia y no por intervención directa de las autoridades. Señaló que los ambientes son estrechos y no ofrecen condiciones adecuadas para la movilidad ni el desarrollo normal de las clases.

El alcalde escolar, Jonathan Yuber Chille Quispe, también expresó el malestar de los estudiantes. Indicó que varias promociones pasaron por los mismos ambientes deteriorados y pidió a las autoridades municipales y regionales invertir en la infraestructura que, según afirmó, la comunidad educativa reclamó durante años.

La directora invocó además a empresas privadas a interesarse en la obra bajo la modalidad de Obras por Impuestos, mecanismo que permitiría ejecutar inversión pública con participación del sector privado. Sin embargo, advirtió que el avance dependía de que las autoridades ordenen el proyecto, definan responsabilidades y aseguren su financiamiento.

El caso del Manuel Scorza Torres expuso una brecha crítica en infraestructura educativa dentro de Arequipa. Mientras no se concrete la reconstrucción, cientos de escolares de Cerro Juli seguirán estudiando en ambientes deteriorados o provisionales, pese a que el derecho a una educación segura depende también de aulas dignas, funcionales y libres de riesgos.

En la región existen más de una docena de Institutos de Educación Superior Tecnológico Público (IESTP). Actualmente, el IESTP Pedro P. Díaz es el único que atraviesa un proceso de licenciamiento ante el Ministerio de Educación. Además, el GRA ha priorizado tres instituciones para iniciar ese proceso en 2026: Valle de Tambo (Islay), Chala (Caravelí) y Faustino B. Franco (Camaná). El resto permanece en etapas de formulación, búsqueda de financiamiento o sin horizonte definido de intervención.

El balance de gestión evidencia una modernización incompleta del sistema de educación técnica. Proyectos como el IESTP Honorio Delgado, con una inversión estimada de S/ 160 millones; el IESTP La Joya, de S/ 56 millones; y la segunda etapa del IESTP Jorge Basadre, que supera los S/ 60 millones, dependen de la modalidad de Obras por Impuestos o de la participación de inversionistas privados. En varios casos, el cierre financiero aún no está asegurado.

Aunque el GRA solicitó al Ministerio de Educación una asignación extraordinaria superior a S/ 100 millones para reducir la brecha, el pedido no fue incorporado al presupuesto 2026. Esto dejó sin respaldo fiscal parte de las intervenciones previstas. Si bien la gestión regional mantiene la intención de insistir, el escenario se complica por el próximo cambio de autoridades en el Ejecutivo nacional y en los ministerios, lo que reduce la probabilidad de nuevas asignaciones en el corto plazo.

En ese contexto, la vicegobernadora regional de Arequipa, Ana María Gutiérrez Valdivia, reconoció limitaciones en la priorización presupuestal durante la gestión. “Creo que se pudo hacer más, pero –según las prioridades del gobierno actual– se prioriza la educación básica antes que la educación superior. Creo que debería enfatizarse más en brindar oportunidades a los jóvenes para que reciban calidad educativa a nivel de los institutos públicos”, señaló.

Según registros del Ministerio de Educación (Minedu), entre 2018 y la actualidad, 17 institutos y escuelas superiores tecnológicas lograron su licenciamiento en Arequipa, todos de carácter privado. En contraste, el sistema público de institutos tecnológicos permanece con avances parciales, sin cierre financiero completo ni condiciones homogéneas para su acreditación.

en ese escenario, la próxima gestión regional asumirá proyectos en distintos niveles de avance, pero sin el financiamiento total requerido para su culminación, en un contexto además condicionado por la transición del gobierno nacional prevista para julio.