La reducción de la contaminación será uno de los grandes desafíos de las autoridades que asumirán el 1 de enero de 2027. El aire no entiende de partidos, campañas ni discursos. Todos los arequipeños lo respiramos. Y los 26,1 µg/m³ registrados por IQAir son una advertencia que ya no puede ser ignorada.

Arequipa tiene un problema que no puede seguir siendo invisible. El ranking mundial de calidad del aire de IQAir revela que la contaminación por partículas finas PM2.5 en la ciudad alcanzó en 2025 un promedio anual de 26,1 microgramos por metro cúbico, más de cinco veces el nivel de 5 µg/m³ recomendado por la Organización Mundial de la Salud.

El dato debería provocar una reacción inmediata. No se trata de una medición aislada ni de una fotografía tomada en un día particularmente contaminado. Es el promedio de todo un año y, por tanto, refleja una exposición permanente de la población.

Más preocupante aún es la evolución. Arequipa pasó de 16,3 µg/m³ en 2024 a 26,1 µg/m³ en 2025. En apenas un año, la concentración aumentó alrededor de 60%. Mientras tanto, Lima registró 18,5 µg/m³. Es decir, la Ciudad Blanca presentó una concentración aproximadamente 41% mayor.

El crecimiento del parque automotor y el caos vehicular aparecen entre los factores que explican este deterioro. Vehículos atrapados durante largos periodos en calles congestionadas continúan emitiendo contaminantes. El problema se agrava cuando el transporte público funciona con baja velocidad, recorridos deficientes y una flota que requiere renovación.

Pero sería un error reducir toda la discusión al tránsito. La calidad del aire también está relacionada con las emisiones industriales, la actividad económica, el crecimiento urbano, el polvo y la falta de una política ambiental sostenida.

Las PM2.5 merecen especial atención por su reducido tamaño. Pueden ingresar profundamente al sistema respiratorio y la exposición prolongada se encuentra asociada con diversos riesgos para la salud. Por ello, no estamos solamente ante un problema ambiental: estamos frente a un asunto de salud pública.

El ranking de IQAir coloca a Arequipa en el puesto 14 entre las ciudades de América Latina y el Caribe consideradas en su medición de 2025. Que la ciudad presente niveles superiores a Lima y a Santiago de Chile debería ser una señal inequívoca de que algo está fallando.

La próxima gestión regional y las nuevas administraciones municipales tendrán una responsabilidad concreta. La contaminación del aire debe dejar de ser un tema secundario y convertirse en una prioridad de gobierno.

No bastan discursos sobre una ciudad moderna y sostenible. Se necesitan estaciones de monitoreo funcionando, información pública permanente, control de emisiones, renovación progresiva del transporte, impulso a la movilidad eléctrica y una verdadera planificación urbana.

También se requiere coordinación entre Gobierno Regional, municipalidades y entidades ambientales. Cada institución debe asumir responsabilidades medibles y rendir cuentas sobre sus resultados.

Para empezar, hay que comprender que enseñar respeto, empatía, autocontrol y límites no es exclusivo de la Educación Sexual Integral, como muchos académicos quieren hacer creer. Estos valores y actitudes sociales pueden trabajarse —y ya se hace en muchos espacios educativos— desde la ética, la educación cívica, las horas de tutoría, el deporte, la convivencia escolar y un largo etcétera.

Por ende, la particularidad de la ESI no es la solidaridad y la empatía, sino justamente lo que muchos hemos venido señalando durante una década: la incorporación del concepto de género e identidad para explicar la sexualidad y, en consecuencia, las relaciones que la suscitan. Además, a partir de este enfoque, poder revisar y transformar los roles aparentemente tradicionales de masculinidad y feminidad que, según esta tendencia, son los pilares de promover y mantener el clima de violencia escolar.

Por ello, la pregunta que deberíamos hacernos es si trabajar sobre género e identidad realmente consigue reducir la conducta violenta y las agresiones en los colegios. En ese sentido, la evidencia ofrece un patrón interesante. En un estudio de este año de Kathyllen Bezerra Dos Santos (“School-based interventions for sexual education and sexual violence prevention in adolescence: systematic review” – 2026) se revisaron 15 estudios sobre intervenciones escolares de educación sexual y prevención de violencia. Los resultados fueron más consistentes en conocimientos que en lograr cambios conductuales y reducción de indicadores de violencia.

Algo similar encontró Lisa De La Rue (“A Meta-Analysis of School-Based Interventions Aimed to Prevent or Reduce Violence in Teen Dating Relationships” – 2017) al analizar 23 estudios de programas escolares contra la violencia en relaciones de pareja adolescentes. En este caso, aumentaron significativamente los conocimientos (nuevamente), pero no hubo efectos significativos sobre la reducción de la perpetración ni la victimización. Es decir, un adolescente puede aprender qué es una relación violenta y rechazar intelectualmente esa conducta, pero ello no garantiza que la conducta violenta se reduzca.

Y cuando vamos directamente a intervenciones diseñadas para transformar normas de género, aparece nuevamente el problema. Elizabeth Miller (“Effect of a Community-Based Gender Norms Program on Sexual Violence Perpetration by Adolescent Boys and Young Men: A Cluster Randomized Clinical Trial” – 2020) evaluó Manhood 2.0, un programa explícitamente orientado a cuestionar normas de masculinidad asociadas a la violencia, además de trabajar sexualidad, relaciones saludables y conducta de los espectadores en función de los conceptos de identidad y género.

Este fue un ensayo aleatorizado con 866 adolescentes y jóvenes de 13 a 19 años, mediante 18 horas de intervención. Sin embargo, no se encontró una reducción estadísticamente significativa de la perpetración de violencia sexual o abuso en relaciones adolescentes frente al grupo de control. En otras palabras, una intervención explícitamente diseñada para transformar normas de género no produjo el efecto conductual específico que buscaba demostrar o en el cual se amparaba la tesis inicial.

Es importante entender que cambiar conocimientos o categorías conceptuales no equivale a cambiar o mejorar las conductas. Y aquí es donde la neurociencia empieza a tejer mejor. Dick Swaab, un reconocido médico holandés y neurobiólogo, ha estudiado la diferenciación sexual del cerebro y el papel de factores genéticos, hormonales y ambientales durante el desarrollo, iniciando con el proceso embrionario.

A partir de sus resultados cuestiona con absoluto rigor técnico la idea simplista de que el niño sea una hoja en blanco sobre la cual la cultura puede escribir absolutamente todo. Como si los niños fueran esponjas que solo absorben lo que se les dice, ven o sienten del mundo, y no seres con precondiciones biológicas innatas que, en efecto, luego van a ser refinadas por la cultura correspondiente. Pero no son, como dicen los estructuralistas de género, una tabula rasa. Por eso, educar también significa regular, limitar y canalizar disposiciones, no necesariamente intentar eliminarlas.

Algo parecido encontramos en Simon Baron-Cohen. En una muestra de 671 606 personas, su equipo encontró diferencias promedio entre hombres y mujeres en medidas de empatización y sistematización. La cuestión no es inventar un “cerebro masculino” y otro “femenino” rígidamente separados, sino reconocer que las disposiciones temperamentales, cognitivas, hormonales y evolutivas pueden formar parte de la explicación de determinadas conductas. Por ende, seguir insistiendo en que el género va a reducir la violencia no solo no tiene el rigor académico necesario para poder vociferarlo como una verdad, sino que se encarna en una ideología que descompone la antropología humana y la nutre de un relativismo salvaje.

No obstante, tampoco todo son malas noticias, pues existen programas prósperos, sin enfoque de género e identitarismo estructuralista, que no solo están libres de ideología progresista, sino que son realmente fructíferos y tienen diversos elogios internacionales. Ahí aparece KiVa, desarrollado por investigadores de la Universidad de Turku, Finlandia. Su punto de partida es que el bullying no ocurre solamente entre agresor y víctima, sino que el grupo es fundamental. El agresor puede obtener atención y aprobación, lo que se traduce en estatus; por lo que KiVa trabaja sobre espectadores y normas colectivas.

En una evaluación aleatorizada con 8 237 estudiantes y 78 escuelas, produjo efectos favorables en victimización y bullying. Posteriormente, un metaanálisis también encontró reducciones del 9 % en perpetración y del 11 % en victimización. Algo similar ocurre con NoTrap!, desarrollado en Italia sobre una lógica de apoyo entre pares y basado, entre otros aportes, en la teoría sociocognitiva y los trabajos de Christina Salmivalli, muy similar al marco teórico de KiVa en este aspecto.

Un metaanálisis encontró una reducción aproximada del 37 % en victimización y del 22 % en perpetración. Algo bárbaro e imposible de minimizar. Explicar la vida y sus problemas a través de los lentes de género es un simplismo atrevido, más aún cuando la conceptualización de este concepto es ambigua, no aterrizada, relativista y enemistada con la ciencia.

Así que invito a diversos educadores y académicos a revisar estas nuevas técnicas y programas —sin tanto marketing ni prensa mainstream—, pero que, a la luz de la evidencia empírica, son mucho mejores para combatir el bullying y la crisis cívica que viven nuestros colegiales. 

PLANTEL TIENE DOS AÑOS DE RETRASO

Padres de familia del colegio República Federal de Alemania, ubicado en Jacobo Hunter, realizaron una protesta ante el Gobierno Regional de Arequipa para exigir la reconstrucción del centro educativo. Reclamaron que se concrete la obra tras varios años de gestiones, mientras sus hijos continúan estudiando en instalaciones deterioradas.

Ana María Chirinos, representante de la Asociación de Padres de Familia (APAFA), afirmó que la demanda lleva 13 años sin resolverse. Cuestionó que las autoridades hayan prolongado la espera mediante reuniones y nuevas fechas de atención, sin que esas mesas de diálogo se traduzcan en el inicio de los trabajos.

«Nos mandan de aquí para allá, y no tenemos solución», expresó al describir las gestiones realizadas. Según relató, los padres recibieron compromisos de construcción en anteriores protestas, pero luego fueron derivados nuevamente a otras oficinas. Por ello, decidieron volver a la sede regional para reclamar la ejecución del proyecto.

La representante sostuvo que la reconstrucción es necesaria por la antigüedad y las condiciones del local escolar. Señaló que el plantel tiene más de seis décadas y fue levantado con participación de las familias. También manifestó preocupación por la seguridad de los estudiantes ante eventuales sismos.

Las inundaciones constituyen uno de los problemas recurrentes. Chirinos indicó que, durante las lluvias, el agua ingresa a los ambientes y afecta varias aulas y los servicios higiénicos. Aseguró que personal de la Unidad de Gestión Educativa Local visitó el colegio y conoce las dificultades que enfrenta la comunidad educativa, pero no atendieron el pedido.

El uso de aulas prefabricadas tampoco resolvió las necesidades del plantel. La madre de familia advirtió que los módulos acumulan calor durante las clases y que uno de los ambientes presenta deterioro. Los padres, sostuvo, rechazan que estas condiciones se prolonguen mientras la construcción permanece pendiente.

Chirinos añadió que las familias cubren reparaciones mediante cuotas para sostener el funcionamiento del colegio, que atiende los niveles de inicial, primaria y secundaria. Estimó que la comunidad reúne a unos 400 padres de familia en el distrito de Hunter.

El proyecto ya había sido anunciado en 2025. En octubre de ese año, se informó que la reconstrucción fue priorizada mediante obras por impuestos, con una inversión prevista de entre S/28 millones y S/30 millones. Entonces se proyectó comenzar los trabajos en febrero de 2026.

En aquella oportunidad, el director Fredy Inquilla Jaen señaló que el expediente técnico estaba concluido y pidió acelerar los trámites. El nuevo reclamo de las familias se concentró precisamente en pasar de los anuncios a la construcción, cuya falta de inicio fue cuestionada por Chirinos durante la protesta.

Tras la protesta, los padres de familia se reunieron con representantes del Gobierno Regional de Arequipa, pero no obtuvieron una fecha para el inicio de la reconstrucción del colegio. Según los participantes, el encuentro concluyó únicamente con compromisos de la gestión de Rohel Sánchez, sin un cronograma concreto para ejecutar la obra.

El evento se realizará el miércoles 7 de octubre desde las 8:00 a. m. en el auditorio de la UTP, ubicado en la avenida Parra 217, Cercado. Tras las palabras de inauguración a cargo de Luis Felipe Rondón, director de campus de UTP Arequipa, Karina Málaga, vicepresidenta de IPAE Acción Empresarial y CEO de Inventa Gestor Inmobiliaria, presentará la charla “Activemos nuestra ciudadanía”. Posteriormente los jóvenes participantes tendrán una dinámica de integración a cargo de la organización Enseña Perú.

Juan Aurelio Arévalo, director periodístico de El Comercio y expositor de CADE Universitario 2026, desarrollará la ponencia “Conoce, comparte y publica información con responsabilidad”. Luego, un representante de Mibanco abordará la participación electoral de los jóvenes en “Un voto por Arequipa”, y Alfonso Núñez, director de Inversiones Gastronómicas Los Andes y expositor de CADE estará a cargo de la charla “¡Impulsar empresas y emprendimientos es impulsar el país!”.

De igual modo, representantes de AJE, BCP y Grupo Gloria–Yura participarán en distintas sesiones. Juan Wu, inversionista peruano, tendrá a su cargo la charla “Liderazgo con propósito”. Además, Guillermo Vidalón, superintendente de Relaciones Públicas de Southern Perú, ofrecerá la charla de clausura “El futuro se construye hoy”, antes del cierre artístico y cultural de la universidad.

La réplica está dirigida a estudiantes de universidades e institutos de educación superior de la región. Las inscripciones se realizarán a través del siguiente enlace: https://forms.gle/TPGGNKdeKoeHm2XdA

Con esta edición regional, CADE Universitario busca ampliar la participación de los jóvenes arequipeños en la discusión sobre los desafíos del país y promover una ciudadanía que se exprese al evaluar la información, decidir el voto, impulsar iniciativas y asumir responsabilidades en sus comunidades.

La medida quedó establecida mediante una resolución suscrita el lunes 28 de septiembre. El gerente regional de Educación, Marco Choque Manrique, aseguró que el adelanto no reducirá la jornada escolar mínima establecida por el Ministerio de Educación (MINEDU). Para ello, la GREA trasladará a diciembre la semana de gestión que estaba programada para octubre. «La estamos postergando para el mes de diciembre, de modo que no se perjudique el desarrollo del año académico previsto en cada una de las instituciones educativas», explicó.

Los colegios también podrán mantener los viajes de promoción y de estudio incluidos en su planificación, siempre que cuenten con la autorización de sus directores y cumplan los requisitos técnicos y legales. Choque Manrique precisó que estas actividades forman parte del proceso de aprendizaje y pueden desarrollarse dentro de la calendarización de cada institución, bajo responsabilidad de sus respectivas direcciones.

La reorganización del calendario busca evitar posibles afectaciones a las actividades escolares ante los escenarios de lluvias intensas y déficit hídrico asociados al Fenómeno El Niño. Sin embargo, el cumplimiento de las horas lectivas dependerá de que cada institución reorganice sus actividades y complete la programación pedagógica prevista, una tarea que deberá garantizar la GREA.

LOCALES DE VOTACIÓN

Los colegios de Arequipa que funcionarán como locales de votación mantendrán las clases el viernes 2 y el lunes 5 de octubre, fechas vinculadas a la jornada electoral del domingo 4. La GREA coordinó con los organismos electorales para garantizar la continuidad del servicio educativo, aunque permitirá ajustes de hasta una hora en los horarios de salida del viernes o de ingreso del lunes, según las necesidades de cada institución.

Choque Manrique indicó que los directores deberán coordinar con los responsables de los locales de votación para prevenir inconvenientes durante la instalación y el retiro del material electoral. En caso de presentarse dificultades, ambas partes deberán acordar las medidas necesarias para garantizar el desarrollo de las actividades escolares y electorales.

ENFOQUE

La violencia contra niñas, niños y adolescentes no es un hecho aislado ni un problema atribuible a determinados sectores sociales; está presente dentro y fuera de la escuela y nos compromete como sociedad. Por eso, frente a cualquier forma de violencia, la respuesta no admite matices, exige rechazarla, proteger a quienes lo han sufrido y tolerancia cero frente a la revictimización, estigmatización y encubrimiento. Ninguna práctica o interés institucional puede servir para justificarla o restarle gravedad.

Los datos ayudan a dimensionar el problema. La Encuesta nacional sobre relaciones sociales 2024 del INEI señala que el 45,9% de estudiantes de secundaria de 12 a 17 años experimentó violencia psicológica, física o sexual por parte de otro estudiante; detrás de cada cifra hay adolescentes cuya seguridad, confianza y bienestar han sido afectados. Según un estudio de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DREL)y el Observatorio Emocional Adolescente, uno de cada tres escolares de secundaria en Lima tiene ansiedad y depresión. Por ello, es necesario diseñar e implementar políticas integrales de bienestar socioemocional que incorporen prevención, límites, sanciones y reparación ante casos de violencia escolar.

Una política integral de bienestar socioemocional exige el compromiso conjunto del Estado y la sociedad. Prevenir y atender toda forma de violencia requiere responsabilidades claras, empezando por las familias en su labor educadora, de cuidado y orientación, junto con la actuación articulada entre las instituciones educativas, los medios de comunicación, las comunidades y los servicios públicos de protección.

Reconocer que las escuelas y sus contextos no son iguales es el punto de partida para una respuesta efectiva. La escuela necesita mejores condiciones para cumplir esa tarea. Desde el Consejo Nacional de Educación consideramos relevante fortalecer los servicios de tutoría, la sana convivencia y la disciplina formativa; mejorar las capacidades y condiciones de actuación de directivos, docentes, tutores y auxiliares; y dar a las instituciones educativas la autonomía para tomar decisiones oportunas dentro del marco normativo. También es indispensable contar con alertas tempranas, servicios especializados de apoyo y protocolos claros que definan responsabilidades de protección.

Consideramos importante reafirmar nuestro compromiso invariable de promover acuerdos y propuestas que fortalezcan una sociedad que educa desde cada espacio de interacción. Solo poniendo el bienestar y la dignidad de las nuevas generaciones en el corazón de la labor educativa haremos de cada escuela y de cada hogar un refugio seguro de esperanza, respeto y transformación para el Perú.

El convenio N.° 0314-2023-FIDT fue suscrito con el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) el 8 de septiembre de 2023 por un plazo de 36 meses y contemplaba una contrapartida regional de S/1 millón 349 mil 424.38. Sin embargo, al llegar a su vencimiento el 8 de septiembre de este año, el proyecto aún no había concretado la etapa física. Por ello, el Ejecutivo regional requiere una Adenda N.° 01 para ampliar la vigencia durante 547 días calendario, desde el 9 de septiembre de 2026 hasta el 9 de marzo de 2028.

El coordinador de proyectos por contrata de la Gerencia Regional de Infraestructura, Edwin Vilca, explicó que se realizaron cuatro procesos para contratar la elaboración del expediente técnico, de los cuales tres quedaron desiertos. Las convocatorias fallidas obligaron a realizar nuevos procedimientos y ajustes en los términos de referencia, hasta que finalmente el GRA logró suscribir el contrato en abril de 2026. “Tres licitaciones públicas han caído, avanzamos en la cuarta”, señaló.

El retraso dejó al proyecto con una ejecución financiera de apenas 0,3%, equivalente a S/13 mil 358.17, y con 0% de avance físico de la obra a agosto de 2026. En paralelo, la elaboración del expediente técnico alcanzaba el 80%. El contrato de obra N.° 052-2026-GRA fue suscrito el 16 de abril bajo la modalidad de Diseño y Construcción, con un plazo de 160 días calendario. El inicio estaba programado para el 24 de agosto y la culminación para el 31 de enero de 2027, por lo que la próxima administración deberá ejecutar la obra.

Vilca señaló que la ampliación permitirá culminar el expediente técnico, ejecutar la obra, liquidarla y entregar el proyecto, además de evitar que se pierda el financiamiento del FIDT. La adenda no modifica el monto ni el objeto del convenio. “El convenio es un apoyo que nos da el FIDT, el Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial, de S/3 millones 148 mil. Entonces, ya se ha avanzado un gran camino, porque ya se tiene el expediente técnico, ya se tiene la resolución y ya estamos a puertas de iniciar la ejecución de la obra”, sostuvo.

La ampliación requiere el acuerdo del Consejo Regional de Arequipa como condición establecida por el FIDT para que el gobernador regional Rohel Sánchez Sánchez pueda suscribir la adenda. El pedido fue sustentado en la sesión ordinaria del 22 de septiembre por Edwin Vilca en representación de la Gerencia Regional de Infraestructura mediante los Informes N.° 760-2026-GRA-GRI y N.° 763-2026-GRA/GRI, mientras que la Oficina Regional de Asesoría Jurídica determinó su viabilidad mediante los Informes N.° 2083-2026-GRA/ORAJ y N.° 2238-2026-GRA/ORAJ. 

Con la ampliación, el GRA busca conservar el financiamiento y completar un proyecto que, tras tres años de vigencia del convenio, recién se encuentra en condiciones de pasar a la ejecución física. Si los trabajos avanzan conforme al cronograma, la obra podría iniciar en 2027, durante el periodo de la próxima administración regional. 

TACNA

La entidad informó que las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) deberán evaluar el impacto de la paralización en cada jurisdicción y coordinar con los directores de las instituciones educativas la estrategia más adecuada para mantener el servicio educativo según las condiciones de cada localidad.

En las zonas urbanas o en aquellos sectores donde el transporte se vea seriamente afectado, los directores deberán aplicar estrategias flexibles que permitan continuar con las actividades educativas utilizando los recursos disponibles y adaptándose a las necesidades de cada institución.

En cambio, en las instituciones ubicadas en zonas rurales donde existan condiciones seguras para el desplazamiento de la comunidad educativa y el paro no interrumpa el servicio de transporte, las clases se desarrollarán de manera presencial con normalidad.

Para las localidades rurales que dependen del transporte interurbano y donde la paralización dificulte la asistencia, los directores deberán coordinar con la UGEL correspondiente la modalidad de atención educativa más conveniente, priorizando la continuidad del aprendizaje sin exponer a la comunidad educativa a riesgos innecesarios.

La DRE también dispuso que los directores mantengan comunicación permanente con los padres de familia para informar oportunamente las medidas adoptadas y advertir sobre cualquier situación que pueda comprometer la seguridad de los estudiantes.

En caso de que las condiciones del territorio impidan desarrollar las actividades educativas, las instituciones deberán comunicar la situación a la UGEL y proceder con la reprogramación y recuperación de las clases, conforme a la normativa vigente.

Por otro lado, la Municipalidad Provincial de Tacna anunció medidas excepcionales para sus trabajadores debido al paro de transportistas. La comuna estableció una tolerancia de hasta una hora en el horario de ingreso para los servidores que enfrenten dificultades de traslado.

Asimismo, precisó que las demoras ocasionadas directamente por la paralización no serán consideradas tardanzas injustificadas ni generarán sanciones disciplinarias, siempre que correspondan a esta situación extraordinaria. Las horas pendientes podrán ser compensadas posteriormente según la coordinación de cada dependencia municipal.

Como medida adicional, la atención al público en la Municipalidad Provincial de Tacna comenzará a las 9:00 horas durante ambos días del paro para facilitar el acceso de trabajadores y ciudadanos.

SEGÚN INFORME DE IPE

A pocas semanas de las elecciones subnacionales, las brechas en los servicios públicos de Arequipa colocan sobre la mesa una agenda que deberá ser atendida por las próximas autoridades regionales y municipales. Educación, salud, agua y seguridad concentran algunos de los principales problemas que afectan a la población y que requieren inversiones sostenidas, planificación y una adecuada coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

Uno de los mayores desafíos se encuentra en la infraestructura educativa. En Arequipa, tres de cada diez locales escolares requieren ser demolidos y reconstruidos debido a que presentan un riesgo de colapso alto o muy alto. A ello se suma que el 28,2% de los 1 441 locales educativos evaluados no cuenta con alguno de los servicios básicos, refiere el IPE.

El deterioro de los colegios no solo representa un problema de infraestructura. Las condiciones en las que estudian los alumnos también forman parte de una brecha más amplia vinculada con la calidad de la educación. En 2025, apenas el 41,1% de los estudiantes de cuarto grado de primaria alcanzó un nivel satisfactorio en lectura, mientras que en matemática el resultado llegó al 38,5%.

Ambos indicadores muestran además un retroceso respecto de los resultados obtenidos en 2024. La situación plantea el desafío de atender simultáneamente las condiciones físicas de los colegios y los aprendizajes, especialmente en una región que necesita recuperar los niveles educativos alcanzados antes de la pandemia.

MENOS ACCESO AL AGUA

Otra de las brechas que requiere atención está relacionada con el acceso al agua. De acuerdo con cifras del INEI, la población de Arequipa que cuenta con este servicio pasó de representar el 89,5% en 2017 al 85,8% en 2025.

Esto significa que cerca de 148 mil habitantes no tienen acceso al agua, una situación que afecta directamente las condiciones de vida de las familias y puede incrementar la exposición a enfermedades cuando el servicio no reúne condiciones adecuadas de calidad y continuidad.

La reducción registrada durante los últimos años evidencia que el crecimiento urbano no ha sido acompañado al mismo ritmo por la expansión de los servicios básicos. Por ello, una de las tareas para las próximas administraciones será mejorar la planificación de las inversiones en agua y saneamiento, además de coordinar acciones con las municipalidades y las entidades responsables de la prestación del servicio.

El problema no se limita a ampliar las redes. También involucra garantizar que las inversiones respondan a las zonas con mayores necesidades y que las obras concluyan dentro de los plazos previstos.

HOSPITALES CON CAPACIDAD INADECUADA

El sector Salud también presenta importantes dificultades. En 2024, el 91,7% de los hospitales de segundo y tercer nivel de Arequipa operaba con capacidad instalada inadecuada. La cifra refleja las limitaciones que persisten en infraestructura, equipamiento y condiciones para brindar atención especializada.

A esta situación se añade una brecha en vacunación infantil. En 2025, solo el 60% de los menores de tres años contaba con sus vacunas básicas completas, porcentaje inferior al promedio nacional de 65,8%.

La baja cobertura constituye una señal de alerta para las autoridades sanitarias, debido a que la vacunación es una de las principales herramientas de prevención de enfermedades. La recuperación de las coberturas requiere no solo disponer de vacunas, sino también fortalecer el trabajo de los establecimientos de salud, los equipos de inmunización y las estrategias para llegar a los menores que permanecen fuera del sistema.

En este escenario, la agenda regional deberá considerar tanto la mejora de la infraestructura hospitalaria como el fortalecimiento de la atención primaria y de las acciones preventivas.

SEGURIDAD, OTRA PRIORIDAD

La seguridad ciudadana completa el panorama de brechas. En 2025, Arequipa registró una tasa de victimización de 33,5%, superior al promedio nacional de 27,1%. Esto significa que una proporción importante de la población declaró haber sido víctima de algún hecho delictivo.

Aunque la seguridad involucra principalmente al Gobierno nacional y a la Policía Nacional, el gobierno regional y las municipalidades también tienen responsabilidades en materia de prevención, infraestructura, equipamiento y coordinación institucional.

En ese sentido, las próximas autoridades deberán trabajar de manera articulada con la Policía, los municipios y otras entidades para fortalecer las capacidades de prevención y respuesta frente al delito.

UNA AGENDA MÁS ALLÁ DE LAS OBRAS

Las cifras muestran que el desafío para las próximas administraciones no consiste únicamente en ejecutar más presupuesto o inaugurar nuevas obras. El reto está en cerrar brechas y demostrar que las inversiones producen mejoras concretas en los servicios que recibe la población.

El Instituto Peruano de Economía (IPE), junto con otras organizaciones, plantea que la asignación de competencias y recursos entre los tres niveles de gobierno sea evaluada en función de resultados concretos. Entre las propuestas figura la creación de un mecanismo independiente que permita evaluar el avance efectivo en el cierre de brechas.

También se plantea fortalecer la rectoría de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para revisar y ajustar funciones cuando existan duplicidades o problemas de capacidad, así como vincular parte de las transferencias y del financiamiento al cumplimiento de resultados verificables.

Para Arequipa, los indicadores dejan una agenda claramente identificada: colegios seguros, mejores aprendizajes, mayor cobertura de agua, hospitales adecuados, vacunación infantil y acciones efectivas frente a la inseguridad. La dimensión del problema exigirá que las nuevas autoridades definan prioridades, coordinen entre niveles de gobierno y conviertan las inversiones públicas en resultados que puedan ser medidos por la ciudadanía.

El convenio N.° 0314-2023-FIDT fue suscrito con el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) el 8 de septiembre de 2023 por un plazo de 36 meses y contemplaba una contrapartida regional de S/1 millón 349 mil 424.38. Sin embargo, al llegar a su vencimiento el 8 de septiembre de este año, el proyecto aún no había concretado la etapa física. Por ello, el Ejecutivo regional requiere una Adenda N.° 01 para ampliar la vigencia durante 547 días calendario, desde el 9 de septiembre de 2026 hasta el 9 de marzo de 2028.

El coordinador de proyectos por contrata de la Gerencia Regional de Infraestructura, Edwin Vilca, explicó que se realizaron cuatro procesos para contratar la elaboración del expediente técnico, de los cuales tres quedaron desiertos. Las convocatorias fallidas obligaron a realizar nuevos procedimientos y ajustes en los términos de referencia, hasta que finalmente el GRA logró suscribir el contrato en abril de 2026. “Tres licitaciones públicas han caído, avanzamos en la cuarta”, señaló.

El retraso dejó al proyecto con una ejecución financiera de apenas 0,3%, equivalente a S/13 mil 358.17, y con 0% de avance físico de la obra a agosto de 2026. En paralelo, la elaboración del expediente técnico alcanzaba el 80%. El contrato de obra N.° 052-2026-GRA fue suscrito el 16 de abril bajo la modalidad de Diseño y Construcción, con un plazo de 160 días calendario. El inicio estaba programado para el 24 de agosto y la culminación para el 31 de enero de 2027, por lo que la próxima administración deberá ejecutar la obra.

Vilca señaló que la ampliación permitirá culminar el expediente técnico, ejecutar la obra, liquidarla y entregar el proyecto, además de evitar que se pierda el financiamiento del FIDT. La adenda no modifica el monto ni el objeto del convenio. “El convenio es un apoyo que nos da el FIDT, el Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial, de S/3 millones 148 mil. Entonces, ya se ha avanzado un gran camino, porque ya se tiene el expediente técnico, ya se tiene la resolución y ya estamos a puertas de iniciar la ejecución de la obra”, sostuvo.

La ampliación requiere el acuerdo del Consejo Regional de Arequipa como condición establecida por el FIDT para que el gobernador regional Rohel Sánchez Sánchez pueda suscribir la adenda. El pedido fue sustentado en la sesión ordinaria del 22 de septiembre por Edwin Vilca en representación de la Gerencia Regional de Infraestructura mediante los Informes N.° 760-2026-GRA-GRI y N.° 763-2026-GRA/GRI, mientras que la Oficina Regional de Asesoría Jurídica determinó su viabilidad mediante los Informes N.° 2083-2026-GRA/ORAJ y N.° 2238-2026-GRA/ORAJ. 

Con la ampliación, el GRA busca conservar el financiamiento y completar un proyecto que, tras tres años de vigencia del convenio, recién se encuentra en condiciones de pasar a la ejecución física. Si los trabajos avanzan conforme al cronograma, la obra podría iniciar en 2027, durante el periodo de la próxima administración regional.