GRAN EXPECTATIVA POR MENSAJE PRESIDENCIAL

¿Qué expectativas para el primer mensaje a la Nación que ofrecerá la presidenta Keiko Fujimori el 28 de julio?

-Como la única gobernadora mujer del país, mi expectativa para el mensaje de la presidenta Keiko Fujimori este 28 de julio es que sea más allá de un discurso; debe ser una hoja de ruta clara y concreta. La ciudadanía necesita que se refiera a cada sector, que detalle la realidad encontrada y los principales desafíos para los próximos cinco años, con cifras, tiempos y compromisos tangibles, y sobre todo con una real mirada a las regiones.

Los peruanos queremos escuchar de qué manera priorizará a nuestras regiones. Nos preocupa, en lo inmediato, una respuesta urgente para los gobiernos locales y regionales que no han podido acceder al crédito suplementario, afectando la continuidad de obras cruciales. Es fundamental que el discurso incorpore las agendas macrorregionales, especialmente la de la Macro Región Sur, delineando los proyectos que impulsarán el desarrollo de nuestra población y, por ende, de todo el Perú. Este es un hito histórico, y esperamos que se traduzca en una agenda nacional con rostro humano, enfocada firmemente en el cierre de las brechas de género y en el fortalecimiento de la competitividad de nuestras regiones.

¿Cuáles considera que deben ser los principales anuncios para atender las demandas históricas del sur del país, especialmente de Moquegua?

-Desde Moquegua, y en representación de todo el sur del país, esperamos un gobierno de genuina reconciliación del sur. Esperamos escuchar un compromiso firme con el destrabe de los grandes proyectos de infraestructura, el fortalecimiento de la inversión pública y privada, la seguridad hídrica y energética, la prevención frente al cambio climático y los fenómenos naturales, así como una estrategia nacional para combatir la inseguridad ciudadana y el crimen organizado.

También confiamos en que se anuncien medidas inmediatas para garantizar la continuidad de las obras públicas que hoy requieren mayor respaldo presupuestal, así como una agenda específica para la macrorregión sur, reconociendo su enorme aporte al crecimiento económico del país.

Es una realidad dolorosa que, históricamente, los diferentes gobiernos han mirado al sur de manera reactiva, a veces hasta temerosa, nunca como aliados ni como aquellos a quienes se debía proteger. Ya es hora de dejar atrás años de proyectos de infraestructura e inversiones postergadas, que son indispensables para nuestro desarrollo
Insisto, si el sur desarrolla, el Perú desarrolla. Entre los principales anuncios se deben incluir medidas para acortar las brechas en salud, educación, género y lucha contra la pobreza. El nuevo gobierno debería anunciar un Plan Integral para el sur del Perú que articule infraestructura, agua, energía, competitividad e industrialización.

Para nuestra macrorregión son prioritarios:

-El impulso definitivo del gas natural para el Sur, garantizando el acceso domiciliario e industrial como motor de desarrollo y competitividad.

-Un plan de infraestructura hídrica que priorice represas, cochas, reservorios y sistemas de riego para asegurar agua para consumo y ampliación de la frontera agrícola.

-El inicio definitivo de la ejecución de la carretera Moquegua–Omate–Arequipa, proyecto largamente esperado por la población.

-El fortalecimiento del puerto de Ilo como plataforma logística del sur y la construcción del nuevo Desembarcadero Pesquero Artesanal (DPA) de Ilo.

-Mejora y mantenimiento de corredores logísticos y vías de integración que conecte mejor a Arequipa, Moquegua, Tacna y Puno.

El sur ya no puede seguir siendo visto únicamente como una zona extractiva. Debe consolidarse como un espacio de transformación productiva, generación de valor agregado e industrialización que fortalezca la competitividad nacional.
Asimismo, sería importante que se exponga la realidad encontrada por el nuevo Gobierno y las principales metas para los próximos cinco años.

¿Espera que el nuevo Gobierno establezca una relación más cercana y permanente con los gobiernos regionales? ¿Por qué?

-Es la única premisa de trabajo que podemos aceptar, no solo desde el Ejecutivo, sino también desde el nuevo Congreso. Los gobiernos regionales conocemos la realidad de nuestros territorios y somos quienes damos respuesta inmediata a las necesidades de la población. Las regiones del sur estamos listas para trabajar de la mano por un Perú más justo, seguro, ordenado y con una descentralización real.

Esperamos una relación basada en diálogo permanente, confianza y corresponsabilidad, fortaleciendo espacios como el Consejo de Estado Regional – CER y la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales – ANGR.
Los grandes desafíos del país —como la seguridad ciudadana, la gestión del agua, la competitividad y la preparación frente a fenómenos naturales— requieren soluciones construidas desde el territorio y no únicamente desde Lima.
Confiamos en que esta nueva etapa permita una verdadera reconciliación entre el Gobierno Nacional y las regiones, mediante decisiones concertadas, inversiones equitativas y respeto al proceso de descentralización.

¿Qué proyectos estratégicos de Moquegua deberían recibir prioridad durante los primeros meses de la nueva gestión presidencial?

-En Moquegua, la prioridad es clara: los proyectos que garantizan nuestra seguridad hídrica y una mirada de futuro. Los primeros meses de gobierno deberían marcar el inicio de proyectos estratégicos que generen confianza. Las prioridades que tenemos son: Carretera Moquegua–Omate–Arequipa, desembarcadero Pesquero Artesanal (DPA) de Ilo, el programa macrorregional de infraestructura hídrica y el Plan Nacional de Prevención ante El Niño Costero y Global.

En materia de descentralización, ¿qué decisiones concretas espera escuchar en el mensaje presidencial?

-Esperamos que se refuerce el llamado, que ya nos hizo la presidenta electa, que sea claro y contundente para trabajar unidos, y fortalecer el proceso de descentralización.
En primer lugar, tomando sus palabras en la reunión con el Consejo Directivo de la ANGR, un shock de inversiones para las regiones mediante transferencias inmediatas y oportunas que permitan continuar y/o acelerar las obras en ejecución.
Parte crucial de todo este trabajo debe ser el respeto a nuestra autonomía, la cual debe verse reflejada en el mantenimiento de nuestras funciones y competencias, sin modificaciones que menoscaben nuestra capacidad de gestión. Es decir, necesitamos las herramientas y presupuesto para ejercer eficientemente nuestras gestiones y fortalecer nuestras regiones.

Asimismo fortalecer el FONCOR para incrementar la capacidad de inversión regional, simplificar los procedimientos administrativos que hoy retrasan la ejecución de obras, descentralizar progresivamente funciones técnicas de entidades como Invierte.pe, OSCE y ProInversión para reducir tiempos y costos y garantizar que las competencias de los gobiernos regionales sean respetadas y acompañadas del presupuesto necesario para ejercerlas eficazmente.

El sur ha reclamado durante años una mayor inversión pública. ¿Qué compromisos espera que asuma el Ejecutivo?

-Queremos escuchar un compromiso explícito de la presidenta Fujimori para trabajar con el sur bajo estas premisas irrenunciables: formalizar y destrabar, cerrar brechas, mirada de industrialización del Sur. Es por ello que esperamos un compromiso de largo plazo con el desarrollo del sur. Ello implica priorizar:
Salud: concluir y equipar hospitales estratégicos, fortaleciendo la atención especializada.
Educación: cerrar brechas de infraestructura educativa y garantizar conectividad digital para las zonas rurales.

Infraestructura vial: ejecutar corredores logísticos, autopistas, vías de evitamiento que reduzcan los costos del transporte y mejoren la competitividad del sur y, de manera prioritaria, para nuestra región, las vías de evitamiento de Moquegua e Ilo y la autopista Moquegua-Ilo. Actualmente venimos elaborando estos proyectos para desviar el tránsito de carga pesada de concentrados de la minería y del transporte internacional que se moviliza, principalmente, por la carretera panamericana y la carretera binacional.

Saneamiento básico: cierre real de brechas de agua potable y alcantarillado. Existen múltiples proyectos elaborados por los Gobiernos Locales a la espera de financiamiento. El agua para consumo humano debe ser la máxima prioridad; sin embargo, es urgente modificar las normas y directivas actuales, como el PRESET, que representan un enorme obstáculo para viabilizar e inscribir proyectos técnicamente ejecutables.

¿Considera que la relación entre el Gobierno Central y las regiones del sur puede entrar en una nueva etapa de diálogo y cooperación?

-Sí, por supuesto que puede. Pero con una condición innegociable: que siempre que exista voluntad política y cumplimiento de los compromisos adquiridos. Las regiones no buscamos confrontación; buscamos soluciones. El desarrollo del país requiere un Ejecutivo que escuche, dialogue y cumpla.

Es imperativo que el Gobierno nacional demuestre una apertura real, expresando la voluntad de un diálogo abierto y un sincero interés por atender la histórica falta de atención al sur del país. Si el Ejecutivo muestra voluntad política con obras concretas, encontrará en Moquegua un aliado técnico y de gestión para impulsar el crecimiento nacional.

¿Qué papel deberían desempeñar los gobernadores regionales?

-Los gobernadores regionales no somos meros administradores. Debemos ser coejecutores de proyectos estratégicos para el desarrollo y fiscalizadores territoriales de la intervención del Ejecutivo nacional para el desarrollo de nuestros pueblos.

Conocemos las limitaciones y necesidades de nuestros pueblos, por ello, debemos participar activamente en la formulación de los planes sectoriales, asegurando la transparencia, la celeridad y la eficiencia en la ejecución de cada sol público.

La descentralización solo será exitosa si existe una verdadera corresponsabilidad entre todos los niveles de gobierno.

¿Confía en que el nuevo Gobierno respetará la autonomía regional?

-La confianza se construye con hechos, no con palabras vacías. Esperamos que el nuevo Gobierno fortalezca la descentralización respetando la autonomía regional y promoviendo una distribución más eficiente y equitativa de los recursos públicos.

Basta ya de tomar decisiones de nuestros pueblos desde Lima. Necesitamos la eliminación definitiva de esas barreras burocráticas que solo retrasan la ejecución de proyectos y frenan el progreso que nuestra gente tanto necesita y merece. La autonomía regional es la base para un desarrollo auténtico y participativo.

El clamor del sur es claro: Urge implementar una agenda nacional con rostro humano que ponga fin a décadas de olvido. Mi compromiso como gobernadora es ser el puente y la voz férrea que materialice esa justicia y desarrollo para Moquegua y toda nuestra macro región. Trabajemos unidos, Ejecutivo y regiones, para que la verdadera descentralización sea el cimiento de un Perú más justo, próspero y solidario.

El consumidor peruano ya no toma decisiones únicamente en función del precio o de la calidad de un producto. Hoy busca experiencias, valores compartidos y una conexión emocional con las marcas que consume. Además, está más informado, es tecnológicamente más activo y exige que las empresas demuestren un compromiso real con la sostenibilidad y el bienestar social.

Liliana Alvarado, directora de la Escuela de Posgrado de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), explicó que el perfil del consumidor nacional ha cambiado radicalmente durante la última década, especialmente después de la pandemia de la COVID-19 y del acelerado proceso de digitalización.

«Hoy no hablamos solamente de un comprador. Hablamos de un ser humano que siente, que vive experiencias y que espera que las marcas comprendan sus necesidades más profundas», sostuvo.

Para Alvarado, la globalización y el acceso inmediato a la información han eliminado las antiguas diferencias entre los mercados internacionales y el peruano.

«Antes una tendencia que aparecía en Estados Unidos podía tardar dos años en llegar al Perú. Hoy ocurre prácticamente al mismo tiempo. El consumidor peruano tiene acceso al mismo conocimiento, a las mismas plataformas y a los mismos productos que cualquier persona en el mundo», explicó.

Esta realidad ha generado un consumidor mucho más informado y crítico, capaz de comparar productos, investigar opiniones y cuestionar las prácticas empresariales antes de realizar una compra.

En consecuencia, las compañías enfrentan un mercado mucho más competitivo, donde cualquier error puede traducirse rápidamente en una crisis de reputación.

«Las marcas tienen una sola oportunidad para hacerlo bien. Si la experiencia del cliente es negativa, esa persona puede compartirla inmediatamente en redes sociales y afectar seriamente la imagen de la empresa», indicó.

MÁS ALLÁ DEL PRECIO

Uno de los cambios más importantes, según la especialista, es que el precio ha dejado de ser el principal factor de decisión.

Actualmente, los consumidores desean conocer el propósito de las organizaciones, su impacto ambiental y social, además de las condiciones bajo las cuales elaboran sus productos.

«Hoy la gente pregunta si la empresa es sostenible, si cuida el medioambiente, si trata adecuadamente a sus colaboradores y cuál es el aporte que realiza a la sociedad», señaló.

También existe una creciente preocupación por aspectos relacionados con la salud física y emocional.

«La salud mental, la alimentación saludable, los productos orgánicos y el equilibrio entre la vida personal y laboral forman parte de las nuevas prioridades del consumidor», afirmó.

PANDEMIA ACELERÓ LA TRANSFORMACIÓN

Para Liliana Alvarado, la pandemia marcó un punto de quiebre en la manera de consumir.

Durante el confinamiento, millones de personas tuvieron que integrar en un mismo espacio el trabajo, la familia y el entretenimiento, lo que llevó a replantear sus prioridades.

«Hoy las personas valoran mucho más el tiempo con la familia, el bienestar y la calidad de vida. Esa transformación también se refleja en sus decisiones de compra y en las expectativas que tienen respecto a las empresas», comentó.

La especialista agregó que este cambio también alcanza al ámbito laboral.

«Los colaboradores buscan organizaciones cuyo propósito esté alineado con sus propios valores. Ya no basta con ofrecer un salario competitivo; las personas quieren sentirse identificadas con la empresa donde trabajan».

EL CONSUMIDOR AREQUIPEÑO

Al analizar las particularidades regionales, Alvarado destacó que Arequipa mantiene características propias que la diferencian de otros mercados nacionales.

«El consumidor arequipeño es bastante más exigente. Está acostumbrado a recibir productos de calidad y espera un trato personalizado», manifestó.

Asimismo, resaltó el fuerte sentimiento de identidad regional que caracteriza a la población.

«Existe un importante orgullo por lo local. El arequipeño suele valorar las marcas regionales porque siente que conocen mejor su cultura, sus costumbres y sus necesidades».

Ese vínculo cercano también se refleja en la atención al cliente.

«Mientras en las grandes cadenas el consumidor puede sentirse uno más, en muchos negocios tradicionales de Arequipa existe una relación personalizada que genera confianza y fidelidad».

USO DE LA IA

La directora de la Escuela de Posgrado de la UTP señaló que la inteligencia artificial (IA) representa una de las principales herramientas para mejorar la experiencia del consumidor.

Sin embargo, precisó que su aplicación debe estar orientada a generar beneficios para el usuario y no únicamente para incrementar las ventas.

«La inteligencia artificial debe utilizarse para conocer mejor al cliente, comprender sus preferencias y ofrecerle soluciones personalizadas», explicó.

Modelos implementados por empresas internacionales permiten recomendar productos o servicios de acuerdo con los hábitos de consumo de cada usuario, fortaleciendo así la relación entre cliente y marca.

«La tecnología debe hacer sentir al consumidor comprendido y bien atendido», afirmó.

RIESGOS DE LA DESINFORMACIÓN

No obstante, Alvarado advirtió que el crecimiento de las plataformas digitales también presenta desafíos importantes.

Según explicó, un elevado porcentaje de consumidores toma decisiones basándose en opiniones publicadas en redes sociales, sin verificar necesariamente la autenticidad de esas recomendaciones.

«Muchas personas confían en lo que leen en internet, pero no siempre quienes recomiendan un producto son usuarios reales. En algunos casos existe publicidad encubierta», indicó.

Por ello recomendó revisar distintas fuentes de información, analizar las reseñas de otros compradores y desarrollar una actitud crítica frente a los contenidos digitales.

SOSTENIBILIDAD COMO PRIORIDAD

Otro aspecto que gana protagonismo es la responsabilidad ambiental.

La especialista señaló que un número cada vez mayor de consumidores valora el compromiso de las empresas con la sostenibilidad y la economía circular.

Prácticas como la reutilización de prendas, la compra de artículos de segunda mano o el reciclaje ya forman parte de nuevas tendencias de consumo responsable.

«Cada vez más personas entienden que consumir responsablemente también significa contribuir al cuidado del planeta», comentó.

MERCADO CAMBIANTE

Frente a esta transformación, la Escuela de Posgrado de la UTP ha adaptado su propuesta académica para responder a las nuevas necesidades del mercado laboral.

Actualmente cuenta con más de 400 estudiantes y ha incorporado a ejecutivos de reconocidas empresas arequipeñas como parte de su plana docente, fortaleciendo el vínculo entre la formación académica y la realidad empresarial de la región.

Su oferta incluye programas como MBA, Gestión Pública, Docencia Universitaria y Transformación Digital, además de próximos lanzamientos en Gestión Minera, Ciencia de Datos y Ciberseguridad.

Para Alvarado, comprender al nuevo consumidor será una competencia indispensable para los profesionales y organizaciones del futuro.

«Cuando una marca logra conectar emocionalmente con las personas, el precio deja de ser el factor determinante. Lo que realmente genera fidelidad es el propósito, la confianza y la capacidad de resolver las necesidades del consumidor», concluyó.

Con el afán de explorar en las literaturas regionales que se escriben fuera de la capital del país, por lo menos en las surperuanas que están a nuestro alcance, invitamos a Paulo Silva, director de la Biblioteca del IPNA Cusco, promotor cultural de su ciudad, para que nos ilustre sobre los autores destacados de su región.

WD. ¿Qué poetas clásicos, fallecidos, es necesario leer para conocer mejor la literatura cusqueña?

PS. Gracias por la oportunidad que me brindas para hablar un poco de la literatura de mi tierra.

De los poetas que he podido conocer, recomendaría, el primero, a Germán Baunch Bedoya. Él escribe para niños, tiene un librito que se llama “La ciudad de un pequeño corazón”. Son poemas y polirrítmos. A veces se menosprecia a la literatura infantil, pero hay grandes exponentes de ella en el mundo, como Roald Dahl. Tenemos el prejuicio de creer que lo que se escribe para niños siempre está mal. Germán Baunch hace un juego interesante con las palabras y logra la atención no solo de los niños sino también de los adultos.

El siguiente, tempranamente fallecido, es Edson Cabrera, que fue estudiante de Literatura en Arequipa. Su poesía es realmente conmovedora, me gusta por su sencillez y por los desafíos al lenguaje que hace. Se están reeditando sus obras, y hace poco presentamos una novela de él que se llama “Balneario Quillabamba”.

Entre los poetas que llamamos “históricos” tenemos a Luis Nieto, conocido como el Cholo Nieto. Su poesía combina temas andinos con modernos. Hace poemas a las chicherías de Cusco. Otro poeta interesante es Gustavo Pérez Ocampo; aunque particularmente no concilio con sus ideas políticas, con sus manifiestos. Recordemos que tradicionalmente se nos conoce como “Cusco rojo”, por una serie de circunstancias históricas. Yo diría que esa tradición influye mucho en nuestra creación literaria.

WD. Pablo, pensando justamente en esta entrevista he estado revisando la obra de Raúl Brozovich, poeta cusqueño. En una de las visitas que hago a menudo a Cusco hallé felizmente su libro editado por la UNSAAC, “El duro oficio de vivir”. Me ha parecido un poeta notable, yo diría que es uno de los mejores poetas del país.

PS. Confieso que lo que te recomiendo es lo que más me gusta. Brozovich tiene sin duda un lugar ganado en la literatura cusqueña, de tiempo en tiempo se le rinde homenaje, sobre todo en el Festival “Enero en la palabra”. El problema es que no ha tenido trascendencia a nivel nacional.

WD. Es una pena, pero sostengo que me parece uno de los poetas cusqueños que merece más lecturas e investigación. Y de los poetas en actividad, los que están inmersos en el actual panorama cultural cusqueño, ¿cuáles nos recomiendas?

PS. Te recomendaría a Martín Zúñiga, pero lamentablemente él no está en Cusco.

WD. Sí pues, es un poeta arequipeño-cusqueño.

PS. Lo que pasa es que en Cusco no tenemos una Escuela de Literatura, lo que ya se viene reclamando hace bastante tiempo. Todos los exponentes jóvenes que quieren progresar tienen que irse a Arequipa o a Lima. Eso nos deja carentes de cierto capital humano, digamos.

Entre los que hacen su vida cotidiana en Cusco, excluyendo a grandes como Washington Delgado, podemos citar a Pavel Ugarte, poeta no tan joven, tiene unos cuarenta y tantos años. Él es un fanático, por ejemplo, de Brozovich. Pavel desarrolla una poesía que tiene bastantes juegos con las palabras y con conceptos que te llegan a tocar el alma. Tiene dos poemarios, “La repatriación de las aves” y “Familia peruana”, donde hace una reflexión de nosotros mismos, como una crítica interior.

Hay una poeta que me está interesando bastante, Sharon Rodríguez. Ha publicado “Diálogo de los símiles desiertos”. Ella es bastante inteligente y sutil. Tiene más o menos treinta años, es bastante joven.

WD. ¿Y en prosa, cómo vamos?

PS. Ahí necesariamente tienes que nombrar a un grande, el Ynca Garcilaso de la Vega, de trascendencia universal. Además de sus crónicas, que son importantes y además muy fluidas y fáciles de leer, me gustan los textos breves que escribe, como el cuento de Pedro Serrano, que es inaugurador de los libros de náufragos.

Otra que no se puede dejar de leer es Clorinda Matto de Turner. Pese a que deja Cusco y vuela con sus propias alas, llega a Arequipa donde escribió “Hima Súmac”, una pieza teatral, y se va a Lima. Famosa por “Aves sin nido”, tiene otro libro muy bueno, escrito en Argentina, que se llama “Boreales, miniaturas y porcelanas”, donde ya ve la fractura del Perú, esta suerte de competencia entre el sur andino y Lima.

Matto de Turner vivió finales del siglo XIX y comienzos del XX, y los conecta con el movimiento llamado Indigenismo, una estética de la música y del pensamiento en la que hallamos a Luis E. Valcárcel. Aunque moqueguano de nacimiento, Valcárcel hizo su primaria, secundaria y universidad en Cusco, sus investigaciones arqueológicas son de Cusco. Junto a Uriel García y otros fundó acá la llamada escuela cusqueña, que empieza a ver con otros ojos al pasado incaico. Y toman a colación la cuestión básica que fue la tenencia de la tierra. Hay que recordar que a principios del siglo XX hay en Cusco bastantes latifundistas, gamonales, que persisten hasta pasada la mitad del siglo.

WD. En cuanto a los prosistas que están actuando en Cusco, ¿qué nos recomiendas?

PS. Hay tres básicos que sí o sí debemos conocer. Uno es Enrique Rosas Paravicino, que hace una prosa bastante cuidada, bella, con temas andinos cusqueños. Es natural de Ocongate, el lugar de las peregrinaciones al señor de Qoyllurit´i.

Otro infaltable es Luis Nieto Degregori. Escribió “Cusco después del amor”, “Asesinato en la gran ciudad del Cusco”, y un libro de cuentos que es un tanto menor comparado con los otros, “El Guachimán”, pero que tiene cuentos que han sido incluso llevados al cine. Y tiene una obra que me conmovió intelectualmente, que se llama “Muchas veces dudé”.

Una autora que me parece totalmente descollante, la más importante del siglo XXI, digamos, aunque su carrera empieza a finales del XX, es Karina Pacheco Medrano. Tiene una muy amplia producción literaria. Se dedica prácticamente solo a escribir. Ella viaja por todas partes pero su centro de operaciones está acá en Cusco. Para cada presentación o evento literario que hay en Cusco se recurre a Karina Pacheco. Su gran virtud es que toma a Cusco, al cusqueñismo y también al peruanismo, para mostrar sus defectos, sin ser dura ni denunciante. A veces habla de nuestra sociedad con tanta sutileza que deja que el lector saque la conclusión. Y la conclusión cuál es: que somos una sociedad machista, una sociedad profundamente racista, una sociedad desestructurada. Vivimos en una sociedad fracturada. 

Una reflexión sobre el centralismo en los medios de comunicación y la literatura

Seamos honestos, el centralismo en el Perú no es un tema que afecte solo a la economía o a la política. La verdad es que cala con mucha fuerza en las dinámicas de los grandes medios de comunicación y en los circuitos culturales que operan desde Lima. Existe una especie de narrativa invisible, construida desde la comodidad de la capital, que tiende a mirar por encima del hombro al interior del país, asumiendo una supuesta falta de sofisticación o «ignorancia» en nuestras regiones. Sin embargo, encasillarnos bajo ese sesgo condescendiente siempre será el peor error de la mirada capitalina. Sobre esto, el periodista y escritor arequipeño, Jorge Malpartida Tabuchi nos ofreció una perspectiva bastante crítica y muy necesaria sobre cómo esta desconexión distorsiona tanto la forma en que se entienden los problemas sociales como el verdadero valor de lo que se escribe fuera de Lima.

Malpartida, quien conoce la cancha desde dentro porque formó parte de la redacción del diario El Comercio, nos explicaba que este problema responde a taras estructurales que compartimos con otros países vecinos y también muy centralistas, como Chile o Colombia. El problema es que, cuando se analiza la realidad regional con esa ligereza desde un escritorio limeño, la factura que se paga en los momentos de crisis es altísima. «Esta mirada de centrarnos solo en un territorio, en un espacio, genera a veces sesgos, genera deficiencias en coberturas», advirtió el periodista.

Seguro lo han notado en la televisión o en las redes: el punto más crítico de esta soberbia centralista aparece siempre en el tratamiento de las protestas y los conflictos sociales. Los medios masivos suelen poner las cámaras en las regiones únicamente cuando hay un impacto directo, como el bloqueo de una carretera, y lo primero que hacen es tildar los reclamos de radicales o violentos. “Lo que esta narrativa cortoplacista olvida por completo es que, detrás de ese estallido, hay una desatención institucional tremenda que se ha prolongado durante meses o temporadas enteras”. Al asumir erróneamente que las demandas de los ciudadanos nacen de la desinformación y no de un olvido real, la prensa capitalina tropieza una y otra vez con su propia incapacidad para leer al Perú real.

Y ojo, porque este mismo prejuicio que empaña las noticias se traslada idéntico al mundo de los libros. Parece que desde la capital nos dijeran, de forma muy arrogante, que si eres un escritor de región estás obligado a encasillar tu obra solo en temas de identidad local, memoria o tradición. En el caso de Arequipa, por ejemplo, se cree que nuestra producción literaria está condenada a girar siempre en torno al sillar y los yaravíes, arrinconándola a una categoría puramente folclórica.

Para Malpartida, descentralizar el mapa de las letras peruanas implica también derribar los complejos de inferioridad que a veces se imponen desde los circuitos comerciales convencionales. El autor defiende que el talento regional posee la madurez para consolidarse en cualquier vitrina sin perder su identidad, rompiendo con clasificaciones excluyentes. «Nos rompe esta idea de que lo que se hace en regiones es como la Copa Perú de la literatura, que solo lo principal se está haciendo en una sola región (…); en regiones tenemos autores que tienen esa capacidad no solo de, entre comillas, competir, sino de mostrar que la literatura peruana es mucho más potente que solo una voice», concluye.

Con esa idea en mente nació Lector Beta, un podcast que ya lleva dos años al aire y que en su nueva temporada nos acerca al trabajo de autores de Arequipa, Puno, Cusco y Amazonas. El proyecto nos mete en los talleres de creadores como Zoila Vega (ficción histórica), Yuri Vázquez (género policial), Rosario Cardeña (literatura infantil y juvenil), Alfredo Herrera (poesía), Dina Anco (memoria amazónica) y Alberto Almirón, que escribe en quechua. ¿El resultado? Una demostración clarísima de que ser un autor regional no te quita la capacidad de hablar de la condición humana desde el terror, el suspenso o la ciencia ficción.

Si queremos descentralizar de verdad el mapa de las letras y de la información en nuestro país, tenemos que empezar por sacudirnos los complejos de inferioridad que a veces nos quieren imponer los circuitos comerciales tradicionales de Lima. El talento y el análisis crítico que hay en las regiones tienen la madurez de sobra para pararse en cualquier vitrina sin pedirle permiso a nadie.

Al final del día, frente al sesgo centralista, los medios locales y los espacios independientes tenemos la misión de armar nuestra propia agenda y ofrecer historias que escapen a las lógicas colonizadoras de la capital. El Perú es gigante y va muchísimo más allá de lo que se decide en un set de televisión limeño. Si a ti también te interesa explorar estas herramientas y hacer escuchar tu propia voz a través de los cuentos o las crónicas, te paso el dato: Malpartida dictará un taller de escritura creativa desde este 18 de julio en el espacio cultural Grieta (justo frente al Monasterio de Santa Catalina). Una excelente oportunidad para sumarse a este ecosistema cultural que se mueve con fuerza y que, por supuesto, se niega rotundamente a ser silenciado o subestimado.

El doctor Pedro Torres Eguiluz, gerente de la Red Asistencial de EsSalud Arequipa, anunció que entre sus medidas inmediatas es restabler el abastecimiento total de fármacos, renovación tecnológica y una ofensiva contra la corrupción para recuperar la atención de más de 769 mil asegurados.

EN AREQUIPA SON 769 MIL ASEGURADOS

La Red Asistencial de EsSalud Arequipa enfrenta uno de los mayores procesos de reorganización de los últimos años. Tras asumir la gerencia de la institución, el médico Pedro Torres presentó un plan de emergencia orientado a revertir el desabastecimiento de medicamentos, renovar equipos médicos obsoletos y fortalecer los mecanismos de transparencia, con el objetivo de brindar adecuados servicios a los asegurados.

El diagnóstico es contundente. La nueva administración encontró un sistema con graves problemas de abastecimiento, infraestructura obsoleta y una creciente presión asistencial producto del incremento sostenido de la población asegurada. Frente a este escenario, la gestión asegura que las primeras acciones ya muestran resultados.

META: ABASTECIMIENTO TOTAL

Uno de los problemas más sensibles para los pacientes ha sido la escasez de medicamentos. Torres Eguiluz reveló que al inicio de su gestión el desabastecimiento alcanzaba niveles cercanos al 90 % y 95 % en diversos productos farmacéuticos, situación que afectaba directamente la continuidad de los tratamientos.

La administración fijó como prioridad alcanzar el abastecimiento total de medicamentos antes del 15 de julio, siguiendo los lineamientos establecidos por la Presidencia Ejecutiva de EsSalud.

Según informó el gerente, actualmente ya se registra un avance del 93 % en la ejecución del gasto destinado a la compra de medicamentos e insumos médicos, resultado de un monitoreo permanente entre la sede central y las redes asistenciales del país.

Las reuniones de seguimiento se realizan diariamente, incluso durante fines de semana, desde las seis de la mañana, con la finalidad de verificar el avance de las adquisiciones hospital por hospital.

El siguiente objetivo será conformar una reserva estratégica que permita garantizar el suministro durante uno o dos meses adicionales, evitando que la institución vuelva a enfrentar episodios de desabastecimiento.

Respecto a los reclamos de pacientes por la falta de medicamentos específicos para enfermedades neurológicas, oncológicas y crónicas, el funcionario aseguró que la mayoría de estos casos se encuentra en proceso de solución.

Entre los productos mencionados figuran medicamentos para pacientes con Alzheimer, cáncer, hemofilia y personas sometidas a hemodiálisis.

No obstante, explicó que existen excepciones, como la amiodarona, cuyo abastecimiento no depende de limitaciones presupuestales sino de la ausencia de proveedores en el mercado peruano debido a la pérdida de registros sanitarios o a la falta de interés comercial de los laboratorios distribuidores.

En esos casos, EsSalud viene evaluando mecanismos alternativos para garantizar la continuidad del tratamiento de los pacientes.

EQUIPOS CON VIDA ÚTIL CUMPLIDA

El problema de EsSalud no se limita al abastecimiento farmacéutico. La nueva gestión encontró una importante cantidad de equipos biomédicos que han superado ampliamente su vida útil, precisó Torres Eguiluz.

Por ello, se inició un inventario integral para determinar qué equipos pueden ser reparados y cuáles requieren ser reemplazados de manera definitiva.

Uno de los casos más preocupantes corresponde al acelerador lineal utilizado para el tratamiento de pacientes con cáncer.

El equipo tiene más de doce años de funcionamiento y su fabricante ya no produce repuestos originales.

Pese a ello, el hospital logró mantenerlo operativo mediante reparaciones temporales mientras se complementa la atención con servicios tercerizados para evitar que los pacientes oncológicos suspendan sus tratamientos.

La evaluación también incluye el cineangiógrafo digital, el resonador magnético y varios ecocardiógrafos que presentan un importante nivel de obsolescencia tecnológica.

Además del riesgo de fallas, algunos de estos equipos exponen al personal médico a mayores niveles de radiación debido a que corresponden a generaciones tecnológicas antiguas.

Torres Núñez precisó que la Red Asistencial elabora los expedientes técnicos para las adquisiciones; sin embargo, las compras de equipamiento de gran valor económico son ejecutadas directamente por la sede central de EsSalud en Lima.

INFRAESTRUCTURA INSUFICIENTE

La demanda de atención constituye otro de los grandes desafíos.

El gerente recordó que el hospital principal de la Red Asistencial fue construido hace aproximadamente cinco décadas para atender a cerca de 50 mil asegurados.

Actualmente, la red supera los 769 mil afiliados y se aproxima a los 800 mil usuarios, lo que ha generado una presión permanente sobre los servicios hospitalarios.

Esta realidad responde al crecimiento económico y a la elevada formalidad laboral que caracteriza a Arequipa.

Mientras en otras regiones el Ministerio de Salud concentra la mayor parte de la atención sanitaria, en Arequipa alrededor del 60 % de la población cuenta con seguro de EsSalud.

Como consecuencia, los servicios de emergencia y consulta externa operan con una demanda muy superior a la prevista originalmente.

A ello se suma la escasez nacional de especialistas, médicos y enfermeras, una brecha que, según reconoció Torres Núñez, no podrá resolverse en el corto plazo.

REFORMA

El nuevo gerente  de EsSalud sostiene que el origen de muchos de los problemas actuales no radica únicamente en la falta de presupuesto, sino en años de deficiente administración.

Por ello, una de las prioridades de la gestión será fortalecer los mecanismos de control y transparencia.

Entre las medidas implementadas figura la supervisión directa de los procesos de compra desde la Gerencia, el monitoreo permanente de las adquisiciones y la contratación de auditores externos que revisarán la legalidad de las contrataciones.

Asimismo, se implementará una Oficina de Atención al Proveedor equipada con cámaras y sistemas de grabación para que todas las presentaciones comerciales se desarrollen de manera pública y documentada.

La finalidad es eliminar reuniones reservadas y reducir cualquier posibilidad de direccionamiento en los procesos de adquisición.

Paralelamente, se ha iniciado una reorganización del personal de confianza.

La propuesta remitida a la sede central contempla la renovación de entre 30 y 40 funcionarios, incluidos gerentes, directores de hospitales, responsables de logística y asesoría legal.

Según explicó, la velocidad de los cambios dependerá de contar con equipos comprometidos con los objetivos institucionales.

El médico también respondió a las críticas difundidas en redes sociales y algunos medios de comunicación respecto de su designación.

Afirmó contar con más de tres décadas de trayectoria en EsSalud, sin sanciones administrativas ni procesos judiciales, y consideró que los cuestionamientos responden a intereses de grupos que buscan mantener prácticas irregulares dentro de la institución.

Aunque reconoció que su permanencia dependerá de las decisiones que adopte el próximo gobierno, aseguró que su propósito es dejar una institución más ordenada, abastecida y con procesos transparentes que permitan dar continuidad a la reforma.

La apuesta de la nueva gestión busca enfrentar problemas acumulados durante años. El reto será convertir los anuncios en resultados concretos para una red asistencial que atiende a cientos de miles de asegurados y cuya capacidad operativa ha sido superada por el crecimiento de la demanda. Los próximos meses serán decisivos para determinar si las medidas adoptadas logran traducirse en una mejora real de los servicios de salud en Arequipa.

Cada año, con ocasión de las Fiestas Patrias, miles de trabajadores del régimen laboral de la actividad privada esperan recibir uno de los beneficios sociales más importantes contemplados en la legislación peruana: la gratificación por Fiestas Patrias. Este beneficio representa no solo un ingreso adicional que fortalece la economía familiar, sino también una manifestación concreta del reconocimiento al esfuerzo realizado por los trabajadores durante el primer semestre del año.

La gratificación constituye un derecho de naturaleza remunerativa que busca mejorar el bienestar económico de los trabajadores, permitiéndoles afrontar gastos propios de la temporada y contribuir al dinamismo de la economía nacional mediante el incremento del consumo interno. Asimismo, su pago oportuno refleja el cumplimiento de las obligaciones laborales por parte de los empleadores y fortalece las relaciones de trabajo dentro de las organizaciones.

¿Qué es la gratificación por Fiestas Patrias?

La gratificación legal es un beneficio social regulado por la Ley N.° 27735, Ley que regula el otorgamiento de las gratificaciones para los trabajadores del régimen de la actividad privada, y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N.° 005-2002-TR.

Este beneficio se otorga dos veces al año: en julio, con ocasión de las Fiestas Patrias, y en diciembre, por Navidad. Su finalidad es brindar al trabajador un ingreso adicional que contribuya a satisfacer las necesidades económicas propias de estas fechas y reconocer la continuidad de la prestación de servicios.

Tienen derecho a percibir este beneficio los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada que se encuentren laborando al momento del pago o que hayan cesado durante el semestre correspondiente, siempre que cumplan los requisitos previstos por la normativa vigente.

¿Hasta cuándo puede pagarse la gratificación?

La legislación laboral establece que la gratificación por Fiestas Patrias debe abonarse hasta el 15 de julio, siendo responsabilidad del empleador efectuar el pago dentro del plazo legal.

El incumplimiento de esta obligación constituye una infracción grave en materia de relaciones laborales, susceptible de ser fiscalizada por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), pudiendo generar sanciones económicas cuya cuantía dependerá del tipo de empresa y del número de trabajadores afectados.

El cumplimiento oportuno del pago evita contingencias legales y fortalece la confianza entre empleadores y trabajadores, contribuyendo a un adecuado clima laboral.

¿Cómo se calcula la gratificación?

Uno de los aspectos que genera mayores consultas entre trabajadores y empleadores es la forma de calcular este beneficio.

Cuando el trabajador ha laborado el semestre completo —es decir, del 1 de enero al 30 de junio— tiene derecho a percibir una gratificación equivalente a una remuneración mensual íntegra.

En caso el trabajador no haya laborado todo el semestre, el beneficio se calcula de manera proporcional, correspondiendo un sexto (1/6) de la remuneración computable por cada mes calendario completo laborado durante dicho periodo. Por ejemplo, si un trabajador inició labores el 3 de marzo, el mes de marzo no será considerado para el cálculo por no haber laborado el mes calendario completo, computándose únicamente los meses de abril, mayo y junio.

La bonificación extraordinaria: un beneficio adicional

Además de la gratificación, el empleador debe otorgar una bonificación extraordinaria, creada con la finalidad de compensar el aporte que normalmente realizaría a EsSalud sobre dicho concepto.

Cuando el trabajador se encuentra afiliado a EsSalud, esta bonificación equivale al 9 % del monto de la gratificación; mientras que para aquellos afiliados a una Entidad Prestadora de Salud (EPS), el porcentaje corresponde al 6.75 %.

Este importe constituye un beneficio adicional que incrementa el ingreso efectivo del trabajador y no forma parte de la remuneración para efectos de otros beneficios sociales.

¿La gratificación está sujeta a descuentos?

Como regla general, las gratificaciones no se encuentran afectas a aportaciones ni contribuciones.

Sin embargo, la normativa prevé algunas excepciones, como el descuento por Impuesto a la Renta de Quinta Categoría, cuando corresponda, los descuentos expresamente autorizados por el trabajador y aquellos ordenados mediante mandato judicial.

Ello permite que el trabajador perciba prácticamente la totalidad del beneficio, incrementando su capacidad adquisitiva durante esta época del año.

¿Todos los trabajadores reciben gratificación?

La respuesta dependerá del régimen laboral y del tipo de empresa.

Los trabajadores de microempresas inscritas en el REMYPE no tienen derecho al pago de gratificaciones, salvo que el empleador haya pactado voluntariamente dicho beneficio.

Por su parte, los trabajadores de las pequeñas empresas sí tienen derecho a percibir gratificación; sin embargo, el monto equivale a media remuneración, además de la bonificación extraordinaria correspondiente.

En el caso de las medianas y grandes empresas, los trabajadores perciben una gratificación equivalente a una remuneración íntegra cuando han laborado el semestre completo.

El rol preventivo de la SUNAFIL

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral desarrolla permanentemente acciones orientadas a promover el cumplimiento voluntario de la normativa sociolaboral.

Durante los años 2024 y 2025, la institución ha realizado cientos de actividades de orientación y asistencia técnica en materia de gratificaciones, beneficiando a miles de trabajadores y empleadores mediante campañas preventivas. Asimismo, ha ejecutado miles de actuaciones inspectivas derivadas tanto de denuncias como de operativos, contribuyendo al cumplimiento efectivo de este derecho laboral.

Estas acciones evidencian que la labor de la SUNAFIL no solo se orienta a fiscalizar, sino también a informar, prevenir y promover una cultura de cumplimiento de la legislación laboral.

Herramientas digitales al servicio de los trabajadores

Con el propósito de facilitar el acceso a la información, la SUNAFIL pone a disposición de la ciudadanía diversas herramientas digitales.

Entre ellas destaca la Calculadora Laboral, aplicativo que permite obtener una estimación referencial del monto de la gratificación ingresando información como la remuneración, las horas extras y las comisiones percibidas durante el semestre. Asimismo, la aplicación móvil «SUNAFIL en tus manos» permite realizar consultas, acceder a información laboral y presentar denuncias de manera rápida y sencilla.

La incorporación de estas herramientas fortalece la transparencia y acerca los servicios de la institución a trabajadores y empleadores en todo el país.

Cumplir con la gratificación fortalece la formalidad laboral

La gratificación por Fiestas Patrias constituye mucho más que un beneficio económico. Representa una expresión concreta del respeto a los derechos laborales y del compromiso de los empleadores con el trabajo decente.

El cumplimiento oportuno de esta obligación fortalece la confianza entre empleadores y trabajadores, mejora el clima organizacional, promueve la productividad y consolida una cultura de respeto por la normativa sociolaboral. A su vez, permite que los trabajadores y sus familias afronten con mayor tranquilidad los gastos propios de las celebraciones patrias, contribuyendo al desarrollo económico y social del país.

En ese contexto, la SUNAFIL reafirma su compromiso de continuar impulsando acciones de orientación, prevención y fiscalización que promuevan el cumplimiento de la legislación laboral, recordando a empleadores y trabajadores que la formalidad constituye la mejor garantía para la protección de los derechos laborales y el crecimiento sostenible de las empresas.

CONSTITUCIONALISTA JORGE CÁCERES ARCE, PRESIDENTE DE ASUP

En los últimos años, el Congreso ha aprobado la creación de cerca de 40 nuevas universidades públicas. Aunque la descentralización de la educación superior responde a una necesidad real,  abrir nuevas instituciones sin planificación podría comprometer los avances logrados en calidad académica, sostuvo Jorge Cáceres Arce, presidente de la Asociación de Universidades del Perú (ASUP) y de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional.

El Perú necesita acercar la universidad a miles de jóvenes que viven lejos de las grandes ciudades, pero hacerlo exige infraestructura adecuada, docentes especializados, laboratorios modernos, bibliotecas, investigación y financiamiento permanente. Ninguna de esas condiciones puede garantizarse únicamente mediante una ley, dijo Cáceres, quien también es rector de la Universidad Católica de Santa María (UCSM).

Añadió el riesgo es repetir errores del pasado, cuando proliferaron universidades sin estándares mínimos que terminaron ofreciendo una formación deficiente, enfatizó.

El caso de Medicina Humana refleja claramente ese desafío. Abrir una facultad médica requiere hospitales docentes, laboratorios especializados, centros de simulación y profesores altamente capacitados. En regiones como Arequipa ya existe escasez de especialistas para atender la demanda hospitalaria, por lo que crear nuevas escuelas sin garantizar esos recursos podría afectar la calidad de la formación. Por ello, considera Cáceres Arce que la expansión debe responder a una política pública de largo plazo y no a decisiones motivadas por intereses políticos.

LA CALIDAD NO SE NEGOCIA

La principal lección del licenciamiento fue que el número de universidades no determina la fortaleza del sistema educativo. Lo verdaderamente importante es la capacidad de formar profesionales competentes, desarrollar investigación útil y responder a las necesidades de cada región, resaltó la autoridad universitaria.

Explicó que la calidad universitaria depende de múltiples factores: docentes calificados, investigación científica, acreditación, innovación, infraestructura y vinculación con la sociedad. Una expansión acelerada sin recursos suficientes podría debilitar esos avances y afectar la competitividad del país.

EL GRAN DESAFÍO: EL FINANCIAMIENTO

Otro de los temas centrales es la distribución de los recursos públicos. En regiones mineras, las universidades públicas reciben fondos del canon minero para investigación científica e innovación tecnológica. En Arequipa, por ejemplo, esos recursos han permitido financiar proyectos de investigación y modernizar laboratorios.

Sin embargo, la creación de nuevas universidades implicaría repartir el mismo presupuesto entre más instituciones. Esta fragmentación podría reducir significativamente la capacidad investigadora de cada universidad y limitar el desarrollo de proyectos de mayor impacto. Por ello, Cáceres Arce plantea revisar los mecanismos de distribución del canon, priorizando criterios de eficiencia, productividad científica y resultados.

INVESTIGACIÓN PARA TODO SISTEMA

Dentro del debate también ha surgido una propuesta impulsada por universidades privadas asociativas sin fines de lucro. Agregó el presidente de ASUP que estas instituciones sostienen que también realizan investigación científica y contribuyen al desarrollo regional, por lo que proponen acceder, mediante concursos, a recursos destinados exclusivamente a investigación e innovación.

«La idea es que los fondos se asignen en función de la calidad de los proyectos y no únicamente del carácter público o privado de la universidad. El planteamiento busca fortalecer el sistema nacional de investigación y promover una mayor producción científica en beneficio del país», subrayó.

DEFENDER LA AUTONOMÍA

También refirió que con el inicio de un nuevo periodo de gobierno, otro de los pedidos del sector universitario es preservar la autonomía universitaria. La Constitución reconoce que las universidades tienen independencia para organizar su funcionamiento, administrar sus recursos, elegir autoridades y desarrollar investigación sin interferencias políticas.

«Mantener esa autonomía resulta fundamental para proteger la libertad académica y garantizar que las universidades continúen siendo espacios dedicados al conocimiento, la investigación y el pensamiento crítico», enfatizó.

MENOS BUROCRACIA

Aunque la supervisión resulta indispensable para asegurar la calidad, rectores y especialistas consideran que algunos procedimientos administrativos podrían simplificarse. Actualmente, la autorización para abrir nuevas sedes o implementar carreras puede tardar varios meses debido a exigencias burocráticas, indicó.

La propuesta no busca reducir los controles, sino agilizar los procesos administrativos para facilitar el desarrollo académico sin afectar los estándares de calidad. Situación similar enfrentan las universidades públicas al ejecutar proyectos de infraestructura.

IA Y NUEVOS RETOS

La transformación tecnológica también está modificando profundamente la educación superior, porque ya forma parte de numerosas actividades académicas y profesionales. Frente a ello, las universidades deben preparar a los estudiantes para utilizar estas herramientas de manera responsable y ética, sostuvo enfáticamente el presidente de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional.

Además coincide en que la inteligencia artificial no reemplazará la formación universitaria, sino que obligará a fortalecer competencias como el pensamiento crítico, la creatividad, la capacidad de análisis y la toma de decisiones, «más que competir con la tecnología, las universidades deberán enseñar a convivir con ella».

«La universidad peruana enfrenta una de las decisiones más importantes de las últimas décadas. El país necesita ampliar el acceso a la educación superior y descentralizar las oportunidades de formación, pero sin repetir los errores que llevaron al deterioro del sistema antes de la reforma universitaria. El verdadero desafío no consiste en crear más universidades, sino en garantizar que cada una cuente con las condiciones necesarias para formar profesionales de calidad, desarrollar investigación e impulsar la innovación.

Para lograrlo será indispensable mantener políticas públicas estables, proteger la autonomía universitaria, asegurar un financiamiento sostenible, reducir la burocracia y aprovechar responsablemente las nuevas tecnologías», concluyó.

Gerente general de la Bolsa de Valores de Lima, Miguel Ángel Zapatero indica que Arequipa es la segunda región que más invierte.

En el Perú, los términos financieros comienzan a formar parte de la vida de la mayoría de los jóvenes recién cuando empiezan a tener sus propios ingresos. Lamentablemente, el Gobierno Nacional no exige a los colegios educar a las nuevas generaciones para defenderse y crecer económicamente, algo importantísimo para tener una vida estable, libre y pacífica. Salen del colegio vulnerables para afrontar la vida en sociedad, la cual tiene muchos riesgos para quien no tiene herramientas de control de su dinero. Normalmente, las personas se ven obligadas a aprender y hay un grupo que, pese a las malas experiencias, sigue sin entender la importancia del ahorro y sus beneficios.

El gerente general de la Bolsa de Valores de Lima, Miguel Ángel Zapatero, es un fiel defensor de la educación financiera desde el colegio, porque hace la maravilla de dar herramientas a los jóvenes para no tener que preocuparse por el dinero; por el contrario, permite tener una base que ayude a hacerlo crecer.

“La educación financiera es fundamental porque te da esas herramientas para que empieces a ahorrar y lo más antes posible, saber cuál es tu tolerancia al riesgo financiero, entre otros beneficios para la vida”, explica.

Este tipo de educación sirve para controlar tus gastos, evitando vivir endeudado; te ayuda a crear una cultura de ahorro, fundamental para afrontar emergencias; a invertir inteligentemente, pues puedes identificar riesgos y beneficios con más seguridad; y a planificar un mejor futuro. Por estas razones, es necesario que la educación financiera forme parte del currículo de los escolares. Y para quien ya se encuentra fuera de las aulas, el mensaje de Miguel Ángel Zapatero es simple pero poderoso: nunca es tarde para aprender.

“Yo creo que las personas más educadas son las que más reconocen que necesitan más educación. Creo que la educación al final hace que la persona tienda a ser muy humilde; comienza a reconocer que no puedo hacer eso sola y se genera un círculo virtuoso donde hace preguntas cada vez más difíciles, busca sus respuestas, conversa con más gente y que es más educada que ella”, resalta.

Teniendo bien explicado esto, Zapatero Alba nos asegura que la Bolsa de Valores de Lima no es un lugar para el juego de azar o las apuestas. “Como en todas las Bolsas del mundo, la Bolsa de Valores de Lima es un lugar de encuentro de personas, que buscan financiamiento o están dispuestas a darlo a cambio de una ganancia”. Para tomar buenas decisiones en la Bolsa de Valores debes tener educación financiera constante. Y es que el inicio de todo es desarrollar el hábito del ahorro. “Si no sabes ahorrar, ¿cómo vas a invertir?”, cuestiona nuestro entrevistado.

Después, es tener en claro qué quieres, “Un carrito o un Mercedes-Benz”; y qué puedes dar aparte de tu estado financiero personal, “¿Cuál es tu tolerancia al riesgo financiero? Si eres una persona conservadora, actuarás más estable, sino tienes un perfil agresivo, al contrario”, detalla. La primera persona quiere ir a lo seguro; prefiere ganar poco, pero sabiendo que la totalidad de su dinero estará a salvo. En cambio, el segundo perfil está dispuesto a arriesgar; acepta la posibilidad de perder dinero hoy, si eso le da la oportunidad de ganar mucho más después.

AREQUIPA: LA SEGUNDA REGIÓN QUE MÁS INVIERTE EN LA BOLSA

Según Miguel Ángel Zapatero, Arequipa es la segunda región del Perú que más invierte en la Bolsa de Valores de Lima. Asimismo, resalta que últimamente hay un escenario interesante a nivel nacional. Para él, existen dos grupos de inversionistas:

“Existe un grupo tradicional y un nuevo perfil de inversionista que viene creciendo de la mano de la tecnología desde el 2020. Este es un inversionista más joven, más del 50% son menores de 40 años, más del 40% son mujeres, no está tan concentrado en Lima y crece aproximadamente 2 mil nuevos inversionistas al mes”.

La Bolsa de Valores de Lima está recorriendo el Perú buscando ser más inclusiva con quienes tienen ganas de invertir.

Finalmente, Zapatero Alba, en este contexto, no puede dejar de mencionar a la política, porque esta tiene influencia en todos los sectores económicos de un país.

“La política es algo con lo que los inversionistas aprenden a vivir. La situación actual del Perú nos debe llamar más a la reflexión, al diálogo y realmente lo que significa vivir en democracia. Dialogando se pueden resolver diferencias e identificar las falencias. Siempre debe haber una crítica, constructiva para que el país avance, pues la gente quiere trabajar en paz. La unidad siempre nos ha llevado hacia adelante”, finalizó Miguel Ángel Zapatero.

El conflicto de límites entre Moquegua y Tacna por el sector de Quebrada Honda ha reactivado las tensiones en el sur del país y abierto un nuevo debate sobre los procedimientos de demarcación territorial en el Perú. En medio de cuestionamientos al Proyecto de Ley N.° 11658, que según autoridades moqueguanas habría sido aprobado sin consulta técnica ni participación de la región, la gobernadora regional de Moquegua sostiene que se trata de una decisión centralista que vulnera la legalidad y el debido proceso administrativo.

En entrevista con El Pueblo, Gilia Gutiérrez Ayala, gobernadora regional de Moquegua, expone los argumentos técnicos, históricos y legales de su posición, así como las acciones judiciales y políticas que su gestión viene impulsando.

Gobernadora, ¿cuáles son los argumentos técnicos, históricos y legales que sustentan la posición de Moquegua respecto al conflicto de límites con Tacna, y por qué considera que la ley aprobada perjudica a su región?

-Primero debo ser enfática: nuestra posición es la defensa de la legalidad, el territorio y la paz social.
El sector de Quebrada Honda ha sido históricamente parte del distrito de Torata, en Moquegua, y contamos con sustento técnico que lo respalda. El Proyecto de Ley N.° 11658 aprobado por el Congreso nos perjudica, pues es una norma elaborada sin consulta a nuestra región, pese a que advertimos estos errores desde el año pasado.

El problema central es que se utilizó un procedimiento de saneamiento de límites distritales para imponer límites interdepartamentales no establecidos por ley. Esto constituye un recorte arbitrario del territorio de Moquegua.

Los informes técnicos evidencian que se han incluido zonas de la Quebrada Honda y la represa del mismo nombre, históricamente administradas por Moquegua. Además, la SDOT de la PCM no advirtió este error, vulnerando la Ley N.° 27795 y el debido procedimiento.

¿Qué acciones concretas emprenderá el Gobierno Regional de Moquegua para revertir esta situación? ¿Se priorizará la vía judicial, el diálogo político o ambas?

-Estamos actuando en ambos frentes. En la vía judicial, la Procuraduría ya presentó una demanda de amparo que fue admitida, y no descartamos acudir al Tribunal Constitucional.
En el plano político, este martes estaremos en el Congreso junto a alcaldes y sociedad civil para exigir que la autógrafa sea enviada al Ejecutivo y observada.
El diálogo es prioritario, pero también la defensa firme de nuestro territorio dentro del Estado de derecho.

Desde Tacna se sostiene que la norma brinda seguridad jurídica para futuras inversiones. ¿Qué responde a ese argumento y cómo evitar que esta controversia afecte el desarrollo económico del sur?

-La seguridad jurídica no puede basarse en una decisión injusta o en el despojo territorial. Ninguna inversión será sostenible si nace de una norma cuestionada.
No fuimos convocados a revisar el proyecto, pese a solicitarlo reiteradamente.
Mientras existan procesos judiciales y observaciones técnicas, habrá incertidumbre. Moquegua apuesta por inversiones, pero sobre bases legales sólidas.

Este conflicto ha generado protestas y tensión entre dos regiones vecinas. ¿Cómo evitar que la población de Moquegua y Tacna termine enfrentándose por una decisión adoptada desde Lima?

-No es un conflicto entre pueblos. Moquegua y Tacna comparten historia y vínculos. La discrepancia es estrictamente técnica y legal. La tensión no nace de la población, sino de decisiones tomadas sin respetar los procedimientos de demarcación.

Invoco a la calma y confío en que las autoridades nacionales resolverán esto por la vía institucional.

¿No cree que las regiones del sur deberían construir una agenda común más allá de los límites territoriales? ¿Qué iniciativas propondría?

-Defender el territorio no es incompatible con una agenda común. Pero la integración no puede construirse sobre conflictos abiertos.
Primero debe resolverse este tema por la vía legal. Luego podremos impulsar juntos infraestructura, salud, educación y conectividad en el sur. Las discrepancias no deben impedir la cooperación regional.

En varias oportunidades se ha hablado de una macrorregión sur. ¿Sigue vigente esa propuesta o ha quedado relegada por conflictos políticos y territoriales?

-La integración del sur sigue siendo una necesidad estratégica, pero se debilita cuando el Estado actúa sin diálogo regional.
Moquegua mantiene vocación integradora, pero no se puede avanzar si se imponen demarcaciones sin sustento técnico.
La unidad solo será posible si se respeta la legalidad y la historia de los pueblos.

¿Qué mensaje enviaría a las autoridades y población de Tacna para evitar que este diferendo escale a un conflicto social?

-Mi respeto y afecto al pueblo de Tacna. No buscamos confrontación ni afectar su desarrollo.
Defendemos el respeto al procedimiento legal del Estado peruano. Confiamos en que las instancias competentes resolverán esta controversia. Invoco a evitar enfrentamientos y priorizar el diálogo.

¿El Estado necesita reformar el sistema de demarcación territorial para evitar nuevos conflictos?
-Sí, es urgente. No se pueden definir límites desde Lima sin presencia técnica en el territorio.
Esto genera conflictos evitables. Se debe fortalecer la SDOT y mejorar la transparencia y participación en estos procesos.

¿Cómo evalúa la relación entre el Gobierno central y las regiones? ¿Existe una verdadera descentralización?
-La descentralización aún es incompleta. Muchas decisiones siguen concentradas en Lima.
Es necesario fortalecer la participación regional y respetar competencias, para lograr un Estado más eficiente y cercano a la ciudadanía.

¿Cuál debería ser la prioridad del próximo gobierno para fortalecer la confianza ciudadana y el desarrollo del sur?
-La prioridad debe ser recuperar la confianza en las instituciones, con reglas claras y una descentralización real. Se deben cerrar brechas en infraestructura, salud y educación, y promover inversiones estratégicas.

El sur necesita ser escuchado y participar en las decisiones nacionales.“Moquegua agotó todas las vías institucionales antes de la aprobación de la ley. No podemos avalar un proceso en el que no hemos participado. No hay conflicto con Tacna ni con su población, sino una discrepancia jurídica sobre el procedimiento del Estado”, agregó Gutiérrez Ayala.

¿Se avecina un nuevo moqueguazo?

La gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez, anunció el inicio de un paro indefinido desde el martes 30 de junio en rechazo al proyecto de ley N.° 11658, aprobado por el Congreso, el cual plantea la modificación de límites territoriales entre las regiones de Moquegua y Tacna. La autoridad regional advirtió que esta medida de protesta será impulsada junto con la sociedad civil, que ha decidido radicalizar sus acciones en defensa del territorio moqueguano.

Gutiérrez señaló que la eventual promulgación de la norma por parte del Poder Ejecutivo podría desencadenar un conflicto social de gran magnitud en el sur del país. En ese sentido, exhortó al presidente de la República a observar la ley para que regrese al Parlamento y sea revisada, con el objetivo de evitar una escalada de tensiones.

Sostuvo que detrás del proyecto existirían intereses económicos vinculados al futuro canon minero, asociado a la posible ampliación de operaciones de la empresa Southern Perú. Según indicó, desde hace años se vienen registrando controversias por la cercanía de actividades mineras en zonas limítrofes con Moquegua, lo que alimenta las disputas territoriales.

Como alternativa, Gutiérrez propuso la conformación de un grupo de trabajo integrado por representantes de Moquegua y Tacna, que permita definir de manera técnica y consensuada los límites entre ambas regiones. Asimismo, informó que junto a alcaldes moqueguanos viajará al Congreso para solicitar una reunión con el presidente del Parlamento y exigir celeridad en el trámite del proyecto.

La autoridad regional advirtió además sobre la posibilidad de un nuevo “Moqueguazo”, en referencia a protestas sociales anteriores en la región, señalando que la población no cederá en la defensa de su territorio y recursos naturales. Finalmente, reiteró que la aprobación de la norma sin consenso podría generar un conflicto social que “escale en el sur del país”, afectando la gobernabilidad y la paz social en un contexto de transición política nacional.

La aprobación de una polémica ley podría alterar el curso de las investigaciones por las muertes ocurridas durante las protestas contra Dina Boluarte. Los expedientes de Miguel Arcana, Xavier Candamo y Jhan Carlo Condori, que estaban cerca del juicio oral, tendrían que pasar a la jurisdicción militar.

CAMINO A LA IMPUNIDAD

La aprobación de una controvertida ley por parte del Congreso podría alterar de manera radical el curso de las investigaciones por las muertes ocurridas durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. Entre los procesos que resultarían afectados se encuentran los casos de los tres manifestantes fallecidos en Arequipa entre diciembre de 2022 y enero de 2023, cuyos expedientes se encuentran actualmente a un paso del juicio oral.

La norma, aprobada en segunda votación con 52 votos a favor, 43 en contra y cinco abstenciones, modifica el Código Penal Militar Policial y establece que los delitos presuntamente cometidos por policías y militares durante acciones de servicio sean procesados exclusivamente en la jurisdicción militar-policial y no en la justicia ordinaria.

Para el abogado de los familiares de las víctimas en Arequipa, Arturo Salas Vildoso, la consecuencia inmediata sería que las investigaciones desarrolladas durante más de dos años en el fuero común tendrían que ser archivadas y remitidas a tribunales militares.

“Esta norma se aplicaría a todos los casos abiertos. En la justicia civil los procesos tendrían que archivarse para ser enviados a la justicia militar. Eso significa que todo lo avanzado podría perderse”, advirtió.

La preocupación no es menor. Los expedientes por las muertes de Miguel Arcana, Xavier Candamo y Jhan Carlo Condori ya se encuentran en la etapa de control de acusación, una fase previa al juicio oral.

Según Salas, el Ministerio Público ha formalizado investigaciones penales contra miembros de la Policía Nacional por el uso de armas de fuego durante las manifestaciones.

Sin embargo, si la ley entra en vigencia, los casos tendrían que cambiar de jurisdicción.

“Estamos hablando de procesos que están prácticamente listos para iniciar juicio. Todo tendría que pasar al fuero militar-policial. Volveríamos al punto de partida”, sostuvo.

Los críticos de la norma la han denominado “ley de impunidad”, al considerar que favorece a policías y militares investigados por presuntas violaciones de derechos humanos.

La nueva legislación señala que los denominados “delitos de función” serán conocidos por la justicia militar cuando hayan sido cometidos durante operaciones de control del orden interno, estados de emergencia o acciones vinculadas a las atribuciones institucionales de los efectivos.

Para Salas, el problema radica en que la justicia militar está integrada por miembros de las propias instituciones involucradas.
“Quedaríamos ante la imposibilidad de contar con un debido proceso. Sabemos que en el fuero militar prima muchas veces el espíritu de cuerpo. Además, las posibilidades de cuestionar o apelar determinadas decisiones son mucho más limitadas”, afirmó.

El abogado recordó que existe un antecedente relevante de la Corte Suprema. En una sentencia emitida en 2004 se estableció que los crímenes o atentados contra los derechos humanos no pueden ser considerados actos de servicio y, por lo tanto, no corresponden a la jurisdicción militar.

Esa interpretación podría convertirse en uno de los principales argumentos para impedir la aplicación de la nueva ley.

CONTROL DIFUSO

Frente al escenario planteado por el Congreso, Salas considera que una salida jurídica sería la aplicación del control difuso por parte de los jueces.

Esta figura permite a los magistrados dejar de aplicar una norma cuando consideran que contradice la Constitución.

“Es deber de un juez no aplicar una norma inconstitucional. Si se trata de una disposición que afecta derechos fundamentales o invade competencias del Poder Judicial, corresponde ejercer control difuso”, explicó.

No obstante, advirtió que actualmente existe un clima de presión sobre los magistrados que recurren a este mecanismo.

Según indicó, algunos jueces han sido cuestionados e incluso sometidos a investigaciones disciplinarias por adoptar decisiones que contradicen normas promovidas desde el poder político.

“Se está pretendiendo colocar una espada sobre el cuello de los jueces. Se les acusa de prevaricato si deciden no aplicar determinadas leyes. Eso genera preocupación porque limita la independencia judicial”, señaló.

Más allá de los casos vinculados a las protestas contra Dina Boluarte, Salas considera que la norma envía un mensaje preocupante para el futuro.

A su juicio, la ley podría facilitar que en eventuales conflictos sociales o manifestaciones se recurra con mayor facilidad al uso de la fuerza, bajo la percepción de que las eventuales responsabilidades penales no serán evaluadas por jueces civiles.

“Surge una pregunta de fondo: ¿estamos en una democracia? Este tipo de normas son propias de regímenes autoritarios y no de sistemas democráticos donde existe control sobre las actuaciones del poder”, manifestó.

El abogado espera que el presidente del Congreso, José María Balcázar, observe la norma antes de su promulgación. De lo contrario, anticipa una batalla judicial que podría llegar hasta el Tribunal Constitucional e incluso instancias internacionales.

“Es una intervención grosera en la administración de justicia y algo que no corresponde a un país democrático”, concluyó.

Mientras tanto, los familiares de Miguel Arcana, Xavier Candamo y Jhan Carlo Condori observan con preocupación cómo una decisión legislativa podría poner en riesgo el avance alcanzado tras más de dos años de investigaciones. Para ellos, la búsqueda de justicia podría volver a empezar desde cero.