Cerca de la mitad de los 488 casos confirmados de sarampión en la región Arequipa corresponde a niños de hasta 10 años. Giovanna Valdivia, jefa de Inmunizaciones de la Gerencia Regional de Salud (GERESA), informó que alrededor de 200 menores contrajeron la enfermedad y alertó sobre el desplazamiento de los contagios hacia la población infantil.

El aumento entre los niños representa un cambio respecto de las primeras etapas del brote, cuando los contagios se presentaban principalmente entre jóvenes. “Ya no solo son los jóvenes, ahora tenemos niños”, señaló Valdivia. La tendencia ya había sido advertida en agosto, cuando más de 120 de los 265 casos registrados entonces correspondían a menores de 10 años.

La funcionaria explicó que una de las preocupaciones es la transmisión del virus desde jóvenes infectados hacia menores que todavía carecen de protección suficiente. La movilidad de adolescentes y adultos jóvenes por centros de estudios, trabajos y otros espacios facilita los contactos y puede trasladar el virus hacia sus hogares, según indicó.

La situación adquiere mayor relevancia debido a que Arequipa se encuentra en transmisión comunitaria, de acuerdo con Valdivia. Esto implica que las acciones sanitarias ya no se concentran únicamente alrededor de contactos identificados. Salud busca ampliar la inmunización entre la población considerada susceptible para reducir la circulación del virus.

El principal foco regional continúa localizado en Secocha, en el distrito de Mariano Nicolás Valcárcel, provincia de Camaná. A comienzos de septiembre, la GERESA reportaba 374 casos en Arequipa, de los cuales 186 correspondían a Camaná y más del 90 % de estos últimos se concentraba en Mariano Nicolás Valcárcel, especialmente en la zona de Secocha.

Valdivia informó además que más de 20 pacientes presentaron complicaciones durante el brote. Entre ellas mencionó neumonías y un caso de encefalitis en una menor. Esta última complicación ya había sido reportada en julio, cuando una paciente tuvo que recibir atención especializada tras desarrollar neumonía e inflamación cerebral compatible con encefalitis.

Frente al incremento de contagios infantiles, la GERESA reforzó la vacunación. Valdivia indicó que el Ministerio de Salud estableció una meta de 53 mil 760 menores de hasta 10 años que requerían completar su protección y señaló que se logró intervenir a más de 50 mil. La estrategia busca reducir la cantidad de niños susceptibles al virus.

Sin embargo, la cobertura del esquema regular todavía presenta brechas. Según la responsable de Inmunizaciones, hasta agosto debía alcanzarse una cobertura de 60 %, pero el avance se encontraba en 52 %. El problema había sido advertido meses antes: en mayo se estimaba que más de 56 mil menores de entre uno y 10 años no contaban con las dosis completas contra el sarampión.

La respuesta sanitaria también comprende a adolescentes y jóvenes. Valdivia sostuvo que, ante la transmisión comunitaria, se busca proteger a la población desde los seis meses hasta los 29 años. Para este grupo mencionó un universo superior a 300 mil personas y estimó que la cobertura alcanzada se encontraba entre 30 % y 35 %, por lo que todavía existe una población considerable pendiente de inmunización.

El sector Salud mantiene como prioridad reducir esa brecha mientras continúa la transmisión del sarampión. El crecimiento de casos infantiles refuerza esa necesidad: de los 488 contagios reportados por la GERESA, alrededor de 200 corresponden a menores de hasta 10 años, grupo que ahora concentra aproximadamente cuatro de cada diez casos confirmados en Arequipa.

Su impacto podría alcanzar a miles de personas en el país, presentándose en cerca del 60% de los pacientes con lupus eritematoso sistémico. Si se considera que alrededor de 20 mil personas viven con lupus en el Perú, hasta 12 mil podrían desarrollar esta complicación. Sin embargo, el subdiagnóstico hace que la magnitud de personas afectadas pueda ser incluso mayor.

La enfermedad afecta predominantemente a mujeres jóvenes entre los 15 y 44 años, precisamente en una etapa clave de su desarrollo personal, familiar y profesional. Por ello, sus consecuencias van más allá del compromiso de la función renal: también pueden afectar su calidad de vida, sus proyectos personales, su fertilidad y su capacidad laboral.

El riesgo aumenta cuando la enfermedad no se controla adecuadamente. El daño renal puede avanzar de manera progresiva hasta comprometer de forma irreversible la función de los riñones. De hecho, hasta el 30% de las pacientes con nefritis lúpica no controlada termina en diálisis en un lapso de 10 años.

“En la nefritis lúpica, intervenir a tiempo es fundamental para frenar el daño irreversible y proteger la función renal a largo plazo. El diagnóstico y el tratamiento oportunos permiten reducir el riesgo de progresión hacia la insuficiencia renal terminal y contribuyen a preservar la calidad de vida, los proyectos personales, la fertilidad y la capacidad laboral de mujeres que se encuentran en una etapa decisiva de sus vidas”, señalan especialistas en reumatología.

En ese contexto, el abordaje temprano busca evitar la progresión hacia la insuficiencia renal terminal y reducir la necesidad de diálisis o trasplante, además de disminuir la carga económica y asistencial que representan las terapias de reemplazo renal para el sistema de salud.
Reconocer las señales de alerta también resulta relevante. Entre las principales manifestaciones se encuentran la presencia de sangre en la orina, orina con espuma debido al exceso de proteína, presión arterial alta e hinchazón en las piernas, los tobillos y los pies y, en algunos casos, en las manos y el rostro.

Hablar de igualdad salarial no significa afirmar que todas las personas trabajadoras deban recibir exactamente la misma remuneración. Significa algo más importante: que las diferencias salariales deben responder a criterios objetivos, razonables y verificables, y no al sexo de la persona trabajadora ni a factores discriminatorios.

IGUALDAD SALARIAL DESDE EL CENTRO LABORAL

La igualdad de oportunidades constituye un principio reconocido en las relaciones laborales y, en materia remunerativa, la Ley N.° 30709 establece reglas orientadas a evitar la discriminación entre mujeres y hombres. El principio que inspira esta regulación es claro: hombres y mujeres tienen derecho a recibir igual remuneración por trabajo de igual valor.

Este tema continúa siendo especialmente relevante en el país. De acuerdo con la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN) correspondiente al año 2023, mientras el ingreso promedio mensual de los hombres alcanzó S/ 1 873,50, el de las mujeres fue de S/ 1 405,10. En términos generales, el ingreso promedio mensual de las mujeres representó el 75 % del registrado por los hombres.

Estas cifras permiten recordar que la igualdad salarial no debe ser entendida únicamente como una obligación legal que se revisa cuando aparece una denuncia. También requiere que las organizaciones conozcan cómo están estructuradas sus remuneraciones, qué criterios utilizan para determinar salarios y si esos criterios pueden ser explicados objetivamente.

DIFERENCIAS SALARIALES: ¿CUÁNDO ESTÁN JUSTIFICADAS?

Una de las principales confusiones sobre este tema consiste en considerar que cualquier diferencia de remuneraciones constituye discriminación. No necesariamente es así.

Dos personas pertenecientes a una misma categoría pueden percibir remuneraciones distintas cuando existen razones objetivas que justifiquen esa diferencia. Entre ellas pueden encontrarse la antigüedad, experiencia laboral, desempeño, perfil académico o educativo, lugar de trabajo, costo de vida o incluso determinadas condiciones del mercado laboral.

El problema surge cuando una diferencia remunerativa carece de una justificación objetiva y razonable.

Por ello, una adecuada gestión salarial comienza mucho antes de comparar cuánto gana un trabajador frente a otro. El empleador debe poder responder preguntas básicas: ¿por qué determinados puestos pertenecen a una misma categoría?, ¿qué factores determinan una remuneración?, ¿qué criterios permiten un incremento salarial?, ¿cómo se evalúa el desempeño?, ¿por qué dos puestos aparentemente similares tienen una valoración distinta?

Precisamente para ordenar estas decisiones, la normativa establece obligaciones concretas para los empleadores, entre ellas valorar los puestos de trabajo, contar con un cuadro de categorías y funciones, establecer una política salarial, comunicarla al personal y administrar las remuneraciones sin incurrir en discriminación directa o indirecta.

El cuadro de categorías y funciones permite organizar los puestos utilizando criterios objetivos. Debe identificar los puestos comprendidos en cada categoría, las características que justifican su agrupación y la correspondiente ordenación o jerarquización en función de su valoración y de las necesidades de la actividad económica.

A su vez, la política salarial establece los procedimientos y criterios utilizados para la fijación de salarios y la evaluación y clasificación de los empleos. No debería concebirse como un documento elaborado únicamente para cumplir una exigencia normativa, sino como una herramienta que permita que las decisiones remunerativas sean coherentes, transparentes y sustentables.

Además, esta política debe ser conocida por los trabajadores. Su comunicación corresponde al momento del ingreso, cuando se modifica la categoría ocupacional del trabajador o cuando se produce una modificación del esquema remunerativo que le resulte aplicable.

Una empresa que conoce cómo ha organizado sus puestos, qué valor asigna a cada uno y cuáles son los criterios utilizados para establecer las remuneraciones tiene mejores herramientas para identificar oportunamente diferencias que no cuentan con una explicación objetiva y adoptar las medidas que correspondan.

EL ROL DE SUNAFIL: ORIENTAR, ACOMPAÑAR Y FISCALIZAR EL CUMPLIMIENTO

La actuación de la SUNAFIL en materia de igualdad remunerativa no se limita a intervenir cuando ya se ha producido un incumplimiento. Una parte importante de su labor está dirigida a acercar la normativa laboral a empleadores y trabajadores, explicar las obligaciones existentes y promover que las empresas revisen sus prácticas remunerativas.

Entre enero de 2024 y septiembre de 2026, la SUNAFIL desarrolló 830 acciones en materia de discriminación en la remuneración, comprendiendo 828 acciones de orientación y dos asistencias técnicas. Mediante estas intervenciones se alcanzó a 1 914 empleadores y 23 373 trabajadores a nivel nacional.

En Arequipa, durante el mismo periodo, se registraron 11 acciones, alcanzando a 23 empresas y 438 trabajadores.

Esta intervención resulta especialmente importante porque permite que las obligaciones laborales sean comprendidas antes de que aparezca un conflicto. Contar con una política salarial, revisar periódicamente el cuadro de categorías y funciones, comunicar adecuadamente los criterios remunerativos y documentar las razones que sustentan las diferencias salariales son acciones que fortalecen la gestión de las relaciones laborales.

Ello no excluye la función fiscalizadora. Cuando corresponde, la inspección del trabajo verifica el cumplimiento de estas obligaciones. La discriminación remunerativa basada en el sexo constituye una infracción muy grave en materia de relaciones laborales; asimismo, la normativa contempla consecuencias por no contar con el cuadro de categorías y funciones o con una política salarial, así como por incumplir con su comunicación a los trabajadores.

Sin embargo, el mensaje no debería reducirse a evitar una sanción. La igualdad salarial se construye desde la forma en que una organización toma sus decisiones.

Cuando las reglas son claras, los puestos son valorados objetivamente y las diferencias pueden ser explicadas mediante criterios previamente establecidos, se fortalece la confianza de los trabajadores y se reducen espacios para decisiones arbitrarias o discriminatorias.

El desafío para los empleadores es, por tanto, mirar hacia el interior de sus organizaciones y preguntarse si podrían explicar objetivamente por qué cada puesto tiene determinada remuneración. Si la respuesta no es clara, probablemente sea momento de revisar sus instrumentos de gestión salarial.

Desde la SUNAFIL, la labor continuará orientada a informar, orientar y acompañar el cumplimiento de las obligaciones sociolaborales, contribuyendo a que mujeres y hombres puedan desarrollar su trabajo en condiciones de igualdad y con respeto de sus derechos laborales.

La igualdad salarial no comienza con una fiscalización. Comienza con decisiones laborales objetivas, transparentes y capaces de ser explicadas.

La región enfrenta un escenario climático complejo, con inundaciones en la costa y sequías en las zonas altoandinas. El agro llega debilitado y con menor superficie sembrada, mientras persisten graves brechas en viviendas, colegios y establecimientos de salud.

REVELA INFORME DEL IPE

Arequipa tiene una amenaza que no siempre se ve cuando el cielo permanece despejado. Según el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED), 1.3 millones de arequipeños están expuestos a un riesgo alto o muy alto de inundaciones ante la presencia del Fenómeno El Niño (FEN).

Es decir, casi ocho de cada diez habitantes de la región podrían verse afectados por lluvias intensas, desbordes, huaicos o inundaciones.

Arequipa es la cuarta región del país con mayor cantidad de población expuesta a este peligro. El riesgo se concentra principalmente en la capital y en el eje costero de Camaná, Islay y Caravelí.

En contraste, en las provincias altoandinas el problema puede presentarse de otra manera: 45 mil personas están expuestas a riesgo de sequía, principalmente en Caylloma, Castilla, Condesuyos y La Unión.

El escenario adquiere mayor relevancia ante la perspectiva climática. El Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) estima una probabilidad superior al 62% de que el evento alcance una magnitud extraordinaria hasta enero de 2027.

La experiencia reciente demuestra que sus efectos no se limitan a las lluvias. En Arequipa, el mismo fenómeno puede significar inundaciones en la costa y déficit hídrico en las zonas altas.

La economista del Instituto Peruano de Economía (IPE), Stephani Maita, considera que una de las tareas inmediatas es aprovechar el tiempo disponible para reforzar la prevención. La identificación de las cuencas que pueden activarse, así como de las zonas con mayor peligro de inundaciones y deslizamientos, ya viene siendo desarrollada por entidades como CENEPRED y la Autoridad Nacional del Agua (ANA). El siguiente paso, sostiene, corresponde a los gobiernos regional y locales.

“Lo importante en todo caso es que además de la identificación de estas zonas de alto riesgo, los gobiernos subnacionales aprovechen el tiempo que les queda para terminar de desarrollar esas ideas de prevención”, señala Maita.

Eso implica acelerar trabajos de infraestructura y descolmatación de los sistemas de evacuación de agua antes de que las lluvias conviertan la amenaza en emergencia. La magnitud de la población expuesta hace que la prevención no sea un asunto exclusivamente ambiental, sino también urbano y social.

Más de la mitad de las viviendas de Arequipa son informales y muchas carecen de supervisión técnica o título de propiedad, una condición que incrementa su vulnerabilidad frente a inundaciones, huaicos y otros fenómenos.

A esto se suma que el 25,7% de los locales escolares requiere reconstrucción por riesgo de colapso y el 99,7% de los establecimientos de salud funciona con capacidad instalada inadecuada.
El otro frente está en el campo. Más de 100 mil hectáreas agrícolas están expuestas a inundaciones y otras 28 mil a sequías. El problema se agrava porque el 81,6% de la superficie agrícola de Arequipa utiliza riego tradicional por gravedad y depende de ríos y canales. Además, unas 450 mil alpacas, 159 mil ovinos y 52 mil vacunos se encuentran expuestos al impacto de una eventual escasez de agua.

La agricultura llega a este escenario con señales de debilidad. Entre enero y junio de 2026, la producción agropecuaria cayó 10,8%, mientras que a nivel nacional retrocedió apenas 0,6%. El olivo disminuyó 90,5% y el ají páprika 72,4%. La campaña agrícola 2025-2026, además, registró 5,5% menos áreas sembradas que la anterior.

Maita advierte que la agricultura tradicional, especialmente aquella orientada al mercado interno, tiene menos herramientas para enfrentar estos choques. En 2023, la menor presencia de lluvias redujo las áreas sembradas y afectó el rendimiento de los cultivos. Un escenario similar podría repetirse, con efectos sobre productos como el ajo, la aceituna y la cebolla. A ello se suma el costo todavía elevado de los combustibles, que encarece el transporte y puede trasladarse al precio de los alimentos.

El desafío, por tanto, no termina cuando pase la temporada de lluvias. Las próximas autoridades regionales y municipales tendrán que enfrentar simultáneamente dos riesgos: exceso de agua en la costa y escasez en las zonas altoandinas.

Reservorios, canales, cosecha de agua, prevención de inundaciones y reducción de la expansión de viviendas informales aparecen como parte de una agenda que no puede comenzar cuando llegue la emergencia. Arequipa conoce los efectos de El Niño. Lo que está por definirse es cuánto habrá aprendido de ellos.

Ayer, el Consejo Regional de Arequipa (CRA) declaró de interés público regional la intervención integral de la IE N.° 41008 Manuel Muñoz Nájar. La decisión constituye un respaldo institucional para destrabar las gestiones del plantel, cuya reconstrucción se busca encaminar desde 2019. Ahora, el siguiente paso será impulsar el saneamiento físico-legal del predio para continuar con las etapas del proyecto.

El director de la IE 41008 Manuel Muñoz Nájar, Jesús Pacuala Paucara, señaló que el acuerdo regional permitirá gestionar la entrega de aulas prefabricadas para atender las deficiencias actuales. “Sabemos que la construcción no será rápida. Actualmente ya tenemos aulas en mal estado. Por eso esperamos que la declaración de interés permita solicitar a la Gerencia Regional de Educación la entrega de aulas prefabricadas para poder dictar clases e iniciar adecuadamente el ciclo escolar 2027”, explicó.

La intervención definitiva requiere resolver primero la situación legal del terreno donde funciona el plantel, que pertenece a la Fundación Muñoz Nájar. Por ello, la dirección busca que el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) impulse el proceso de prescripción adquisitiva y posteriormente efectúe el saneamiento físico-legal. Una vez resuelto este procedimiento, se gestionaría ante el Gobierno Nacional el financiamiento para la construcción. “Con la declaración de interés público regional, estos procedimientos deben estar a cargo del Gobierno Regional”, afirmó Pacuala Paucara.

La nueva infraestructura contempla una edificación de cuatro pisos en la parte posterior del actual plantel, mientras que la fachada será conservada debido a su ubicación dentro del casco patrimonial de Arequipa. Los planos preliminares fueron elaborados por exalumnos y, según el director, ya contarían con aprobación de la Municipalidad Provincial de Arequipa. “Lo más complejo es el expediente técnico y justamente ya lo han avanzado los exalumnos”, aseguró.

El colegio tiene 93 años y busca llegar a su centenario con una nueva infraestructura. Sin embargo, el acuerdo del CRA no implica todavía el inicio de la obra. Primero deberán resolverse la situación legal del predio y las siguientes etapas técnicas y presupuestales. Mientras tanto, la dirección busca asegurar las aulas prefabricadas para garantizar el funcionamiento del colegio durante el año escolar 2027.

MINISTRO VISITÓ AREQUIPA

El titular de PRODUCE, Juan Carlos Requejo Alemán, señaló que las alteraciones generadas por el fenómeno climático afectan tanto a la pesca industrial como a la artesanal, situación que obliga al sector a buscar nuevas alternativas de generación de ingresos para los trabajadores vinculados a esta actividad.

“El Fenómeno de El Niño está afectando a todos. Tanto a la flota industrial como a la flota artesanal”, sostuvo el ministro, quien planteó impulsar con mayor intensidad la acuicultura y el turismo como actividades complementarias para las familias dedicadas a la pesca.

La propuesta busca reducir la dependencia exclusiva de la extracción de recursos hidrobiológicos, considerando que los cambios en las condiciones del mar pueden afectar periódicamente la actividad. El objetivo, según el ministro, es que los pescadores cuenten con otras fuentes de ingresos cuando se presenten fenómenos que no pueden ser controlados.

En paralelo, el Ejecutivo mantiene un fondo de financiamiento administrado mediante el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES) para apoyar a pescadores y acuicultores. Actualmente, este fondo bordea los S/18 millones y se proyecta ampliarlo hasta entre S/26 millones y S/30 millones.

Los recursos están destinados a la renovación de motores, artes y aparejos de pesca. Para los acuicultores también contempla la adquisición de alimento balanceado, insumo que representa aproximadamente el 70% del costo de producción. El apoyo no será entregado directamente en efectivo, sino mediante la adquisición de los bienes requeridos.

A nivel nacional existen aproximadamente 20 mil embarcaciones, mientras que la Gerencia Regional de Producción estima que entre alrededor de 750 provienen de Arequipa, con entre 14 mil y 16 mil trabajadores vinculados a la actividad pesquera, entre embarcados y no embarcados. El impacto del FEN comprende a la pesca industrial, artesanal, de pequeña escala y de menor escala.

Ante los cuestionamientos de las gerencias y direcciones regionales de Producción, PRODUCE sostuvo que los gobiernos regionales ya tienen atribuciones para intervenir en aspectos como extensión pesquera, saneamiento, funcionamiento de terminales y mercados, además de labores de supervisión y vigilancia.

Requejo Alemán indicó que el Ejecutivo trabaja en nuevas medidas para reforzar esa participación y remarcó la necesidad de una acción coordinada entre los distintos niveles de gobierno.

Sin embargo, en Arequipa persiste una dificultad adicional. Según la Gerencia Regional de Producción, Produce todavía no ha establecido lineamientos suficientemente precisos sobre la distribución de competencias para responder ante el FEN.

Por ello, el problema no se reduce al financiamiento. La respuesta en el litoral arequipeño dependerá también de que se delimiten claramente las responsabilidades, se asignen recursos y se establezcan mecanismos que permitan ejecutar oportunamente las medidas de protección y recuperación del sector Pesquero.

El ejemplar fue ubicado en inmediaciones de la Cruz del Cóndor, por lo que un equipo veterinario del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), acompañado por representantes de la Fundación Cóndor Andino Perú, se trasladó hasta el lugar para evaluar su estado y las condiciones del espacio donde fue encontrado.

Una de las principales preocupaciones está relacionada con la posible afectación de los lugares que los cóndores utilizan como posaderos. El fuego registrado en diferentes sectores del Colca pudo modificar parte de la cobertura vegetal y otros componentes del ecosistema, reduciendo temporalmente espacios utilizados por la fauna silvestre para descansar o buscar alimento.

Los especialistas evalúan si el desplazamiento del cóndor juvenil hacia la Cruz del Cóndor guarda alguna relación con estas modificaciones. Sin embargo, SERFOR precisó que, hasta el momento, no se ha establecido una relación directa entre los incendios forestales y la presencia del ejemplar en este sector.

El administrador técnico de SERFOR en Arequipa, Luis Felipe Gonzales, explicó que los incendios pueden generar cambios en los ecosistemas y provocar que determinadas especies abandonen temporalmente sus áreas habituales. Por ello, recomendó evitar cualquier interacción directa con los animales que puedan aparecer en lugares frecuentados por personas.

Mientras continúan las evaluaciones, SERFOR coordinó con la Autoridad Autónoma del Colca, responsable de la administración del área, medidas preventivas para mantener a los visitantes alejados del cóndor y evitar situaciones que puedan alterar su comportamiento.

La recomendación también alcanza a los operadores turísticos y visitantes. Las autoridades solicitaron no acercarse al ejemplar, intentar tocarlo, alimentarlo o manipularlo. Estas acciones pueden provocar estrés en el animal y afectar su conducta natural, especialmente cuando se encuentra en un ambiente que podría haber sufrido alteraciones.

SERFOR recordó que ante la aparición de fauna silvestre en zonas turísticas o próximas a espacios de tránsito, los ciudadanos deben comunicar el hecho a las autoridades competentes. De esta manera, personal especializado puede determinar si el animal requiere atención, seguimiento o simplemente permanecer en su entorno sin intervención humana.

El caso del cóndor juvenil será evaluado mientras se determina el alcance de las alteraciones ocasionadas por los incendios en distintos sectores del Cañón del Colca.

El Alzheimer, asociado principalmente con adultos mayores, también está siendo diagnosticado a edades más tempranas en Arequipa. El neurólogo José Centeno, del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, informó que durante este año atendieron pacientes menores de 60 años con cuadros de demencia e incluso registraron casos en personas menores de 50.

El especialista señaló que desde inicios de 2026 tuvieron entre 10 a 15 pacientes menores de 60 años con cuadros de demencia rápidamente progresiva. En algunos de estos casos existían antecedentes familiares de Alzheimer, una condición que puede incrementar la predisposición, aunque no significa que la enfermedad necesariamente se transmita de padres a hijos.

Centeno explicó que la enfermedad suele presentarse con mayor frecuencia después de los 60 años, pero eso no excluye su aparición en adultos más jóvenes. En estos pacientes, agregó, algunos cuadros pueden evolucionar con mayor rapidez, por lo que resulta importante reconocer tempranamente cambios persistentes en la memoria y otras capacidades cognitivas.

Los primeros signos suelen ser olvidos cada vez más frecuentes. Una persona puede perder objetos, olvidar información reciente o tener dificultades para recordar nombres y actividades habituales. Otra señal de alarma es la desorientación: pacientes que anteriormente realizaban una ruta conocida pueden comenzar a perderse o no identificar cómo llegar a determinados lugares.

El neurólogo precisó que no todo olvido significa Alzheimer. Antes de establecer un diagnóstico deben descartarse otras condiciones capaces de alterar la memoria, entre ellas depresión y ansiedad. La alerta aumenta cuando los episodios son repetitivos, progresivos e interfieren con actividades cotidianas como trabajar, preparar alimentos, vestirse o movilizarse sin ayuda.

En el servicio de Neurología del Honorio Delgado se atienden alrededor de 16 pacientes por jornada. Centeno indicó que durante una semana pueden evaluar aproximadamente tres o cuatro personas con Alzheimer o alta sospecha de esta enfermedad, aunque aclaró que actualmente no dispone de cifras comparativas que permitan afirmar estadísticamente que los casos aumentaron frente a años anteriores.

En el Día Mundial del Alzheimer, conmemorado cada 21 de setiembre, el especialista pidió prestar atención a los problemas persistentes de memoria incluso cuando aparecen antes de los 60 años. Los casos observados en personas menores de 50 muestran que la enfermedad no es exclusiva de la vejez y que una evaluación médica oportuna resulta necesaria ante signos de deterioro cognitivo.

REGIONES

La titular del MIDIS señaló que actualmente alrededor de medio millón de niños padecen anemia a nivel nacional. De ellos, unos 60 mil viven en las regiones donde el problema registra los mayores niveles de incidencia.

En declaraciones a TV Perú, Canales indicó que la estrategia contempla identificar de manera permanente los territorios que requieren mayor intervención y realizar un seguimiento específico de los menores. El objetivo es conocer la evolución de cada caso y determinar las medidas necesarias para mejorar sus niveles de hierro.

La ministra mencionó a Apurímac, Cajamarca, Loreto y Puno entre las regiones con mayor presencia de anemia, además de algunas provincias de Lima y distritos de Lima Metropolitana. En determinadas jurisdicciones, precisó, más de la mitad de los niños presenta esta condición.

Canales advirtió que la anemia durante los primeros años de vida puede tener consecuencias en el desarrollo cerebral y cognitivo de los menores. También puede afectar su capacidad de aprendizaje, por lo que consideró necesario intervenir desde las primeras etapas de la infancia.

La funcionaria sostuvo que las acciones no pueden limitarse a entregar suplementos de hierro o mejorar la alimentación. Explicó que también es necesario garantizar agua segura, saneamiento, higiene adecuada en los hogares y una alimentación equilibrada, con suficientes proteínas.

Para enfrentar el problema, el Gobierno desarrolla un trabajo multisectorial. El Ministerio de Salud continuará con la suplementación, el tamizaje y el seguimiento nominal de los niños para verificar la evolución de sus niveles de anemia y la absorción de hierro.

El Ministerio de Vivienda, por su parte, interviene en los territorios con mayor incidencia mediante proyectos de agua y saneamiento. Mientras tanto, el MIDIS trabaja en la alimentación escolar y en el acercamiento de productos saludables a los menores.

El Ministerio de Cultura participará en el diseño de campañas de educación y prevención que consideren la diversidad cultural de las poblaciones donde se aplicarán.

La estrategia también cuenta con la participación de organismos internacionales como la FAO, UNICEF, el Banco Mundial y el BID, además de representantes del sector privado, universidades, colegios profesionales y organizaciones de la sociedad civil.

Canales remarcó que reducir la anemia requiere una intervención sostenida y coordinada, debido a que sus causas están relacionadas con factores nutricionales, sanitarios y sociales que deben ser atendidos de manera conjunta.

Un informe de Contraloría detectó cinco espacios de estacionamiento que no son explotados por falta de personal para realizar los cobros. La entidad de control advierte deficiencias en la gestión y recomienda adoptar medidas correctivas para garantizar el aprovechamiento de estos recursos.

¿LE SOBRA EL DINERO?

Para atender sus diferentes programas sociales y brindar asistencia a personas en situación de abandono, la Sociedad de Beneficencia de Arequipa suele advertir que necesita mayores recursos. Sin embargo, un informe de la Contraloría General de la República acaba de poner sobre la mesa una cifra que revela cuánto dinero podría estar dejando de recaudar la institución por una deficiente administración de sus zonas de estacionamiento vehicular.

El perjuicio económico potencial llega hasta S/ 65 520 mensuales, según el cálculo realizado por el órgano de control. En un año, de mantenerse las mismas condiciones, el monto podría alcanzar S/ 786 240.

El informe evaluó la operatividad de las llamadas “zonas azules” donde identificó que existen 26 zonas de parqueo vehicular administradas por la Beneficencia, pero cinco de ellas no vienen siendo explotadas económicamente debido a la falta de personal para efectuar el cobro a los conductores.

Las zonas identificadas corresponden al parqueo vehicular N° 6, ubicado en la calle Villalba; el N° 8, en la calle Zela; el N° 9, también en la calle Zela; el N° 12, en la calle Leticia; y el N° 18, en la calle 2 de Mayo. En todos estos espacios la entidad mantiene la administración, pero no realiza el cobro por falta de personal.

El problema no es menor. La propia Contraloría señala que, debido a la limitación de personal destinado a las labores de control y cobranza, la Beneficencia no puede aprovechar económicamente cinco de sus zonas de parqueo, pese a que mantiene la administración de esos espacios.

Para establecer el monto, los auditores calcularon cuánto podría recaudar la institución si las cinco zonas estuvieran operativas. El cálculo considera una jornada de 14 horas diarias, un costo mínimo de S/ 1 por hora o fracción y un costo máximo de S/ 2 por hora, de acuerdo con las tarifas establecidas. También se tomó en cuenta la capacidad de cada espacio.

El resultado es contundente. Para los cinco estacionamientos, la Contraloría estimó un ingreso potencial mínimo de S/ 38 220 mensuales y un máximo de S/ 65 520. Este último monto es el que el órgano de control considera como perjuicio económico potencial derivado de la falta de explotación de estos espacios.

El informe también cuestiona que la falta de personal resulte suficiente para justificar esta situación. La documentación revisada por los auditores muestra que la administración cuenta con un rol de personal cobrador.

Además, la Contraloría señala que no se habría garantizado una cobertura integral de la capacidad operativa de las zonas de parqueo, lo que genera espacios sin explotación económica.

El asunto adquiere mayor relevancia porque las zonas azules constituyen una fuente de ingresos para una institución cuya finalidad incluye la atención y protección de personas en situación de vulnerabilidad.

La normativa citada por la Contraloría establece que los ingresos generados por actividades comerciales implementadas por las sociedades de beneficencia constituyen recursos propios y pueden contribuir al cumplimiento de sus fines institucionales.

PASAR A LA MUNICIPALIDAD

El debate sobre quién debe administrar estos espacios tampoco es nuevo. El regidor provincial-con licencia- José Suárez Llerena planteó en su momento que las zonas azules pasaran a la administración de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA).

Su propuesta partía de cuestionamientos a la gestión de estos estacionamientos y planteaba que los recursos recaudados fueran destinados a necesidades directamente relacionadas con la ciudad, como el pintado y señalización de calles, la semaforización y el mantenimiento de las vías.

La observación de la Contraloría vuelve a poner ese debate sobre la mesa, aunque su informe no plantea que las zonas azules deban pasar a la MPA. Lo que advierte es una deficiencia concreta: existen espacios administrados por la Beneficencia que no están siendo aprovechados económicamente.

El documento fue comunicado a la presidenta del directorio de la Sociedad de Beneficencia Arequipa, Silvia Aguilar Soncco, para que la entidad adopte las medidas correspondientes.

El directorio de la Beneficencia lo integran además Francisco Neira Huarca, representante del Ministerio de la Mujer; Milton Olivera Lipa, designado por la Municipalidad Provincial de Arequipa; Celina del Carpio, representante del Gobierno Regional de Arequipa; y Jesús Zegarra Breñas, designado por el Ministerio de la Mujer.