Actualmente, la CSJAR cuenta con 197 jueces en funciones, de los cuales 36 prestan servicios fuera de la provincia de Arequipa, en jurisdicciones como Orcopampa (Castilla), Chivay (Caylloma), Mollendo (Islay) y Cotahuasi (La Unión). Durante la ceremonia por el Día del Juez, Iscarra Pongo explicó que estos magistrados deben trasladarse y permanecer alejados de sus familias para garantizar el acceso a la justicia en zonas donde la población no justifica la creación permanente de nuevos órganos jurisdiccionales.

El titular de la Corte reconoció que la institución aún no ha determinado cuántos jueces adicionales requiere, pues esa necesidad debe sustentarse mediante una evaluación técnica más detallada. No obstante, sostuvo que la falta de magistrados repercute en la rapidez con la que se atienden los procesos.

«Las deficiencias están presentes en juzgados especializados de crimen organizado, investigación preparatoria, civiles, laborales y constitucionales. Esto impide brindar un servicio más célere, justamente el que más críticas genera por la ciudadanía», afirmó.

La Corte Superior de Justicia de Arequipa mantiene una carga procesal superior a 400 mil expedientes. De ese total, más del 60 % ya cuenta con sentencia firme, aunque el proceso continúa en etapa de ejecución para hacer efectivo lo resuelto por los jueces. Según Iscarra Pongo, alrededor del 90 % de las quejas presentadas contra jueces y trabajadores judiciales está relacionado con la demora en la tramitación de los procesos. «La población exige, con justa razón, más celeridad y decisiones más predecibles, y estamos trabajando en ese sentido», señaló.

Frente a las limitaciones para instalar nuevos órganos jurisdiccionales en localidades con menor población, el presidente de la Corte indicó que el Poder Judicial recurre a la justicia itinerante. Bajo esta modalidad, jueces y otras entidades públicas se desplazan a distritos alejados para atender procesos de menor complejidad y acercar el servicio de justicia a poblaciones que no cuentan con un juzgado permanente.

Durante el actual periodo, la CSJAR reportó más de 153 mil procesos resueltos. Además, el 70,3% de las resoluciones revisadas en segunda instancia fueron confirmadas y el avance de metas alcanzó 50,3% a junio, por encima del promedio nacional del Poder Judicial (45,5%). Sin embargo, la demora en los procesos continúa siendo una de las principales críticas hacia el sistema de justicia.

El presidente de la CSJAR, Nicolás Iscarra Pongo, explicó que una parte importante de los procesos ya cuenta con una decisión judicial, pero su cumplimiento puede extenderse por factores presupuestales y legales. Precisó que esta etapa representa actualmente uno de los principales obstáculos para una justicia más rápida. “Una persona puede tener una sentencia donde lo declaran ganador de un proceso, pero todavía no se materializa eso y tiene que ser un trámite de ejecución”, señaló.

Según el magistrado, entre las principales dificultades figuran los procesos contra entidades públicas, donde el cumplimiento de sentencias depende de la disponibilidad presupuestal, así como los remates judiciales, que pueden prolongarse por recursos legales, nulidades u otros mecanismos procesales. “En otros casos, los remates judiciales interparticulares también tienen muchas trabas legales, nulidades o planteamientos de figuras legales que dilatan los procesos”, indicó.

Como parte de las medidas para reducir los tiempos de atención, la Corte apuesta por la implementación del Expediente Judicial Electrónico, un nuevo sistema que será desplegado inicialmente en Lima Este durante julio y posteriormente replicado en las demás cortes del país. En Arequipa, la expectativa es que permita agilizar la tramitación y facilitar el acceso de los usuarios a sus procesos. “Los expedientes habían sido tramitados con un sistema electrónico anterior. Ahora se ha elaborado un nuevo software que va a agilizar todos los procesos”, explicó Iscarra Pongo.

La modernización, sin embargo, convive con restricciones presupuestales. Iscarra Pongo informó que la Corte mantiene una brecha cercana a S/ 2 millones respecto al presupuesto asignado y advirtió dificultades para adquirir insumos básicos. “Tenemos dificultades con la adquisición de papel y de tóner. Obviamente todavía falta la segunda mitad del año. Tenemos previsto que se presenten problemas. Sin embargo, confiamos en que nuestras autoridades en la sede central culminen las gestiones para que se atiendan los requerimientos”, sostuvo.

Durante su aniversario de creación, el desafío de la justicia en Arequipa no solo está en resolver más expedientes, sino en lograr que las decisiones judiciales se cumplan en plazos razonables para quienes recurren a los tribunales.

La diligencia estuvo a cargo del juez del Juzgado de Paz Letrado Penal Transitorio, Julio Elmer Flores Jila, quien dispuso la incorporación del especialista para asegurar que la usuaria pudiera participar en igualdad de condiciones durante el proceso judicial.

La audiencia correspondía a un proceso por faltas relacionado con presuntas lesiones dolosas. Mediante la interpretación simultánea, la agraviada logró exponer con claridad su versión de los hechos, responder las consultas formuladas por el magistrado y expresar su voluntad de alcanzar una solución consensuada con la otra parte.

El apoyo del intérprete facilitó una comunicación fluida entre la ciudadana, el juez y los demás participantes de la diligencia, eliminando las barreras que normalmente enfrentan las personas con discapacidad auditiva dentro del sistema de justicia.

Como resultado del diálogo, ambas partes llegaron a un acuerdo conciliatorio. Durante la audiencia decidieron renunciar de manera recíproca al cobro de una reparación civil, intercambiaron disculpas y asumieron el compromiso de mantener una relación basada en el respeto mutuo para evitar nuevos conflictos.

La Corte Superior de Justicia de Arequipa informó que la presencia del intérprete fue coordinada por la especialista legal del juzgado, Alejandra Casaverde Vera, con el propósito de garantizar que la usuaria ejerciera plenamente su derecho a ser escuchada y comprendida durante el proceso.

La institución destacó que este tipo de medidas forman parte de las acciones orientadas a construir un servicio de justicia más accesible e inclusivo, donde las personas con discapacidad puedan participar en igualdad de oportunidades y sin obstáculos de comunicación.

Asimismo, recordó que la eliminación de barreras de acceso constituye un principio fundamental para garantizar el debido proceso y el respeto de los derechos de todos los ciudadanos, independientemente de sus condiciones físicas o sensoriales.

Con este caso, la Corte Superior de Justicia de Arequipa reafirma su compromiso de impulsar una atención judicial inclusiva, promoviendo el uso de herramientas y servicios que permitan a las personas con discapacidad acceder a una justicia efectiva, oportuna y en condiciones de igualdad.

El pedido fue presentado por el fiscal supremo adjunto Edward Casaverde y se sustenta en un informe fiscal de 204 páginas, en el que se plantea como hipótesis la existencia de un esquema mediante el cual algunos fiscales habrían recibido respaldo mediático y defensa pública a cambio de facilitar información reservada sobre investigaciones de alto impacto.

De acuerdo con el documento, de comprobarse estos hechos podrían configurarse presuntos delitos de cohecho. Sin embargo, la investigación se encuentra en una etapa preliminar y las imputaciones aún deberán ser evaluadas dentro del proceso correspondiente, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia de los involucrados.

La investigación se inició a partir de las declaraciones de Jaime Villanueva, exasesor de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien aseguró haber actuado como intermediario entre fiscales, periodistas y funcionarios públicos durante varios años.

Según el informe, parte de sus afirmaciones coincidirían con los testimonios brindados por Miguel Girao y el exfiscal adjunto Henry Amenábar, incorporados como elementos de convicción.

Uno de los principales ejes de la investigación está relacionado con el caso «Cócteles». La Fiscalía sostiene como hipótesis que Villanueva habría intervenido para favorecer que José Domingo Pérez asumiera dicha investigación, con el objetivo de consolidar a Rafael Vela como coordinador del Equipo Especial Lava Jato.

El informe también menciona reuniones entre Villanueva, Gorriti, Vela y Pérez en instalaciones del Ministerio Público y en la sede de IDL-Reporteros, encuentros que la Fiscalía considera necesario investigar para determinar si estuvieron vinculados a la coordinación de estrategias sobre procesos judiciales.

Asimismo, el documento recoge testimonios que señalan un presunto acceso de la periodista Romina Mella a carpetas fiscales reservadas. Estos hechos forman parte de las diligencias preliminares y serán materia de evaluación por las autoridades competentes antes de determinar si corresponde formalizar una investigación penal.

La sentencia deja sin efecto las resoluciones que rechazaron el pedido de Cerrón para sustituir la prisión preventiva por comparecencia, así como el mandato de prisión preventiva dictado en diciembre de 2023 y confirmado en enero de 2024. El TC dispuso que el órgano jurisdiccional emita un nuevo pronunciamiento conforme a los criterios establecidos en la sentencia y adopte medidas alternativas que garanticen la presencia del investigado durante el proceso e impidan cualquier acto de obstaculización.

La decisión fue aprobada por mayoría de tres magistrados, mientras que otros tres emitieron votos singulares en los que consideraron que el hábeas corpus debía ser declarado infundado. Pese al fallo, Cerrón continúa en la clandestinidad desde octubre de 2023 y sobre él pesan otros procesos judiciales.

En contraste, el Poder Judicial rechazó el hábeas corpus presentado por el expresidente Martín Vizcarra, quien continuará recluido en el penal de Barbadillo mientras se resuelve la apelación contra la condena de 14 años de prisión que recibió por el delito de cohecho pasivo propio.

La Primera Sala Constitucional de Lima declaró improcedente la demanda al concluir que no cumplía con el requisito legal de firmeza, pues cuando fue presentada aún estaba pendiente una decisión en la vía penal sobre la suspensión de la ejecución de la sentencia. No obstante, el colegiado precisó que la defensa podrá presentar un nuevo hábeas corpus si considera que existen fundamentos, ahora que existe un pronunciamiento definitivo sobre ese pedido.

Vizcarra fue condenado por haber recibido S/2,3 millones en sobornos de consorcios empresariales cuando se desempeñó como presidente regional de Moquegua, vinculados a la adjudicación de los proyectos Lomas de Ilo y el Hospital Regional de Moquegua. La audiencia de apelación contra la sentencia quedó programada para el próximo 20 de agosto.

Las resoluciones reflejan dos decisiones judiciales distintas: mientras el TC cuestionó la motivación de la prisión preventiva impuesta a Cerrón, el Poder Judicial ratificó que Vizcarra deberá permanecer en prisión hasta que se resuelva el recurso contra su condena.

La solicitud será analizada por el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, durante una audiencia virtual de carácter reservado programada para las 9:30 de la mañana. El requerimiento fue presentado el pasado 12 de junio por la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.

El Ministerio Público busca acceder al registro histórico de las comunicaciones de Chávez correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2021 y el 18 de noviembre de 2022, etapa en la que desempeñó funciones como congresista, ministra de Trabajo, ministra de Cultura y posteriormente presidenta del Consejo de Ministros.

La diligencia estaba prevista inicialmente para el pasado 2 de julio, pero fue reprogramada a solicitud de la propia Fiscalía por razones de carácter procesal.

La exjefa del Gabinete es investigada como presunta autora de los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias agravado, en agravio del Estado.

Según la hipótesis fiscal, Chávez habría intervenido para favorecer la contratación de Marco Sotelo, hermano de Abel Sotelo, como asistente parlamentario y posteriormente como personal administrativo en la Red Asistencial Tacna de EsSalud. Asimismo, se le atribuye haber promovido la contratación de Flor Sotelo en su despacho congresal.

La investigación también comprende la presunta intervención de la exfuncionaria en la designación de Antonio Sotelo, padre de Abel Sotelo, como intendente regional de Puno de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

Además, la Fiscalía sostiene que Betssy Chávez habría ofrecido interceder ante el entonces ministro de Vivienda, Geiner Alvarado, para influir en la designación del jefe de la Oficina Zonal de Cofopri en Tacna, con el objetivo de obtener respaldo político durante sus actividades en esa región.

La investigación preparatoria fue abierta luego de que, en octubre de 2025, el Pleno del Congreso aprobara el informe final de una denuncia constitucional contra la ex primera ministra. La decisión que adopte el Poder Judicial sobre el levantamiento del secreto de las comunicaciones será determinante para el avance de las diligencias que desarrolla el Ministerio Público.

El Poder Judicial declaró infundado el pedido presentado por el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Francisco Silva para dejar sin efecto la prisión preventiva de 36 meses dictada en su contra dentro de la investigación por los casos Petroperú, Puente Tarata III y Ministerio de Vivienda.

La decisión fue adoptada por el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, quien concluyó que el exfuncionario, actualmente prófugo de la justicia, no puede solicitar el cese de una medida cautelar que aún no ha sido ejecutada.

Silva es investigado junto al expresidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de colusión y organización criminal en agravio del Estado. La orden de prisión preventiva fue emitida el 9 de marzo de 2023, lo que dio lugar a la emisión de órdenes de captura a nivel nacional e internacional.

La defensa del exministro sostuvo que su patrocinado denunció oportunamente ante la Fiscalía de la Nación y la Contraloría las presuntas irregularidades detectadas en el proceso de contratación del Puente Tarata III, lo que, según argumentó, permitió evitar un perjuicio económico al Estado. Asimismo, alegó que las investigaciones posteriores no habrían encontrado elementos suficientes para vincularlo con los hechos materia del proceso.

Sin embargo, el magistrado señaló que la solicitud carece de sustento jurídico, ya que la prisión preventiva no ha podido ejecutarse debido a la condición de prófugo del investigado. Además, indicó que la mayoría de los documentos presentados por la defensa ya habían sido evaluados en anteriores resoluciones y no constituyen nuevos elementos de convicción que justifiquen revisar la medida impuesta.

Checkley también advirtió que el pedido pretendía reabrir aspectos que ya cuentan con pronunciamientos judiciales firmes, desnaturalizando el procedimiento de cese de prisión preventiva previsto en el Código Procesal Penal.

Sobre Silva continúa vigente una notificación roja de Interpol para su ubicación y captura internacional, con vigencia hasta junio de 2027, mientras la Fiscalía prosigue con las investigaciones por presuntos actos de corrupción.

El fallo fue sustentado con las pruebas presentadas por el Octavo Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa, que demostró la participación de Yonaiker Rodríguez G. y Endy Zambrano M. en los robos agravados ocurridos durante la madrugada del 21 de mayo de 2025.

De acuerdo con la investigación fiscal, los delincuentes interceptaron inicialmente a una joven en la vía pública con la intención de despojarla de sus pertenencias. Ante las amenazas y el temor de ser atacada con un arma blanca, la víctima les propuso dirigirse a su vivienda para entregarles dinero y objetos de valor. Durante el recorrido en un taxi, uno de los asaltantes la mantuvo intimidada con un cuchillo.

Al llegar al inmueble, uno de los delincuentes ingresó junto a la joven, mientras su cómplice permanecía vigilando en el exterior. La presencia de un desconocido dentro de la vivienda alertó a un familiar, quien solicitó apoyo a los vecinos al sospechar que se trataba de un asalto.

Lejos de abandonar el lugar, los delincuentes actuaron con mayor violencia. La Fiscalía acreditó que Endy Zambrano golpeó a la víctima para apoderarse de diversos bienes, mientras Yonaiker Rodríguez amenazó de muerte a los integrantes de la familia para evitar cualquier intento de resistencia. Un vecino que acudió a prestar ayuda también fue atacado y despojado de sus pertenencias.

Tras consumar el robo, ambos huyeron por distintas rutas. Horas después, la Policía Nacional capturó a Endy Zambrano en la avenida Independencia. En su poder se hallaron teléfonos celulares y un televisor sustraídos durante el asalto.

Posteriormente, Yonaiker Rodríguez fue intervenido luego de protagonizar otro robo con arma blanca contra una joven que esperaba transporte público, circunstancia que permitió vincularlo con el ataque ocurrido en Alto Selva Alegre.

Durante el juicio, el Ministerio Público presentó pericias criminalísticas, inspecciones técnico-policiales, registros de cámaras de videovigilancia y testimonios de víctimas y testigos, elementos que permitieron acreditar la responsabilidad penal de ambos procesados.

Como resultado, Yonaiker Rodríguez fue sentenciado a 20 años de prisión, mientras que Endy Zambrano recibió una condena de 18 años y tres meses de cárcel. Asimismo, deberán pagar de manera solidaria S/ 4 000 por concepto de reparación civil a favor de los agraviados. Concluidas sus condenas, serán expulsados del Perú conforme a lo dispuesto en la sentencia judicial.

Una auditoría de la Contraloría General de la República reveló un perjuicio económico de S/104 772 en la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, en Moquegua, debido a la adquisición e instalación de equipos hidráulicos para el levantamiento de contenedores de residuos sólidos que nunca pudieron operar adecuadamente y hoy permanecen abandonados en un taller municipal.

Las irregularidades fueron detectadas en el marco de una auditoría de cumplimiento al proyecto del Sistema Integral de Gestión de Residuos Sólidos, ejecutado entre julio de 2018 y octubre de 2023. Según el organismo de control, la comuna aprobó y pagó una prestación adicional de obra destinada a incorporar brazos mecánicos “alza contenedores” en dos camiones compactadores recientemente adquiridos, pese a que no existía un sustento técnico que garantizara la viabilidad de la modificación.

El informe concluye que los funcionarios responsables omitieron evaluar la capacidad estructural de los vehículos antes de autorizar la instalación de los sistemas hidráulicos. Como consecuencia, el peso adicional provocó una sobrecarga que afectó seriamente la estabilidad de los camiones.

Tras la implementación de los equipos, la parte posterior de las unidades descendió de manera considerable debido a la deformación permanente de los muelles y ballestas de la suspensión. Esta situación redujo la altura de los vehículos al punto de que rozaban el pavimento y los rompemuelles de las calles de Moquegua, haciendo imposible su funcionamiento en condiciones seguras.

A los pocos meses de entrar en operación, los camiones comenzaron a presentar fallas mecánicas e hidráulicas que obligaron a retirar los sistemas de elevación. La auditoría señala que los equipos fueron desmontados por resultar incompatibles con las características de las unidades y representar un riesgo para la seguridad de los trabajadores encargados del servicio de limpieza pública.

Durante las inspecciones realizadas por la comisión auditora, se verificó que los brazos hidráulicos permanecen almacenados en el taller municipal, expuestos al deterioro y sin ninguna utilidad. Mientras tanto, los operarios del servicio de limpieza continúan realizando el vaciado y levantamiento de los contenedores de basura de forma manual, lo que incrementa el esfuerzo físico y reduce la eficiencia del servicio.

La Contraloría determinó la presunta responsabilidad civil de cinco exservidores que desempeñaban funciones en las subgerencias de Estudios de Inversión, Inspección de Obra y en la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras. De acuerdo con el informe, los involucrados emitieron opiniones favorables y tramitaron el adicional de obra sin el debido sustento técnico, incumpliendo las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado.

El informe fue remitido a la Procuraduría Pública de la Contraloría para que inicie las acciones legales correspondientes contra los presuntos responsables. Asimismo, el órgano de control recomendó a la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto adoptar medidas correctivas, fortalecer sus mecanismos de control interno y mejorar la evaluación técnica de futuras inversiones, con el fin de evitar que recursos públicos vuelvan a destinarse a proyectos que terminan sin cumplir el objetivo para el cual fueron financiados.

REGIONES

Según el organismo de control, los gobiernos regionales de Amazonas, Áncash, Apurímac, Ayacucho, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Loreto y Madre de Dios presentan deficiencias en la asignación presupuestal destinada a fortalecer el trabajo de supervisión y control de los consejeros regionales.

La entidad señaló que la normativa vigente establece que los gobiernos regionales deben asignar como mínimo el 1 % de los recursos ordinarios destinados a bienes y servicios para financiar las actividades de fiscalización del Consejo Regional. Este presupuesto permite contar con personal especializado, logística y herramientas necesarias para supervisar la gestión pública regional.

Sin embargo, al cierre de la primera quincena de junio de 2026, la Contraloría verificó que los diez gobiernos regionales observados no cumplen con esta disposición legal. En conjunto, debieron destinar más de 12.4 millones de soles para las labores de fiscalización, pero solo asignaron alrededor de 6.6 millones de soles, equivalente al 53,6 % del monto que les correspondía.

Entre los casos más significativos figura el Gobierno Regional de Junín, que asignó apenas S/ 238 200 cuando debió destinar más de S/ 1.39 millones. De igual forma, Áncash presupuestó S/ 300 000 pese a que el monto mínimo requerido superaba los S/ 1.2 millones.

La situación también se repite en Apurímac, Huánuco, Ica, La Libertad, Amazonas y Madre de Dios, donde las partidas aprobadas para fiscalización están muy por debajo de los montos establecidos por la legislación vigente. En Ayacucho y Loreto, aunque la diferencia es menor, tampoco se alcanzó el mínimo exigido.

La Contraloría advirtió que esta insuficiente asignación presupuestal podría limitar la capacidad de los consejeros regionales para ejercer un control efectivo sobre la gestión de los gobernadores y funcionarios regionales, afectando la transparencia y la vigilancia del uso de los recursos públicos.

De acuerdo con la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, los consejeros regionales tienen entre sus principales atribuciones fiscalizar los actos de la administración regional y supervisar la correcta ejecución de las políticas públicas y del presupuesto institucional.

Ante este escenario, la Contraloría informó que ha comunicado los resultados de sus acciones de control a las autoridades regionales involucradas, con el propósito de que adopten medidas correctivas y garanticen los recursos necesarios para fortalecer la función fiscalizadora de los consejos regionales durante el presente año.