REGIONES

Según el organismo de control, los gobiernos regionales de Amazonas, Áncash, Apurímac, Ayacucho, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Loreto y Madre de Dios presentan deficiencias en la asignación presupuestal destinada a fortalecer el trabajo de supervisión y control de los consejeros regionales.

La entidad señaló que la normativa vigente establece que los gobiernos regionales deben asignar como mínimo el 1 % de los recursos ordinarios destinados a bienes y servicios para financiar las actividades de fiscalización del Consejo Regional. Este presupuesto permite contar con personal especializado, logística y herramientas necesarias para supervisar la gestión pública regional.

Sin embargo, al cierre de la primera quincena de junio de 2026, la Contraloría verificó que los diez gobiernos regionales observados no cumplen con esta disposición legal. En conjunto, debieron destinar más de 12.4 millones de soles para las labores de fiscalización, pero solo asignaron alrededor de 6.6 millones de soles, equivalente al 53,6 % del monto que les correspondía.

Entre los casos más significativos figura el Gobierno Regional de Junín, que asignó apenas S/ 238 200 cuando debió destinar más de S/ 1.39 millones. De igual forma, Áncash presupuestó S/ 300 000 pese a que el monto mínimo requerido superaba los S/ 1.2 millones.

La situación también se repite en Apurímac, Huánuco, Ica, La Libertad, Amazonas y Madre de Dios, donde las partidas aprobadas para fiscalización están muy por debajo de los montos establecidos por la legislación vigente. En Ayacucho y Loreto, aunque la diferencia es menor, tampoco se alcanzó el mínimo exigido.

La Contraloría advirtió que esta insuficiente asignación presupuestal podría limitar la capacidad de los consejeros regionales para ejercer un control efectivo sobre la gestión de los gobernadores y funcionarios regionales, afectando la transparencia y la vigilancia del uso de los recursos públicos.

De acuerdo con la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, los consejeros regionales tienen entre sus principales atribuciones fiscalizar los actos de la administración regional y supervisar la correcta ejecución de las políticas públicas y del presupuesto institucional.

Ante este escenario, la Contraloría informó que ha comunicado los resultados de sus acciones de control a las autoridades regionales involucradas, con el propósito de que adopten medidas correctivas y garanticen los recursos necesarios para fortalecer la función fiscalizadora de los consejos regionales durante el presente año.

Los procesos corresponden a Gregorio Urbano Palma Figueroa, quien ejerció la Gerencia General del GRA entre enero de 2019 y noviembre de 2021, durante la gestión de Elmer Cáceres Llica; a Jorge Luis Suclla Medina, quien ocupó el cargo entre noviembre de 2021 y junio de 2022, en los periodos de Walter Gutiérrez y Kimmerlee Gutiérrez; y a Jesús Hinojosa Ramos, gerente general entre octubre de 2023 y mayo de 2024, bajo la actual gestión regional.

Las investigaciones se iniciaron mediante resoluciones ejecutivas regionales emitidas entre mayo de 2025 y marzo de 2026. En el caso de Hinojosa Ramos, el procedimiento se dispuso mediante la Resolución Ejecutiva Regional N.° 292-2025-GRA/GR, del 11 de junio de 2025; para Palma Figueroa, a través de la Resolución Ejecutiva Regional N.° 240-2025-GRA/GR, del 12 de mayo de 2025; mientras que el proceso contra Suclla Medina fue instaurado mediante la Resolución Ejecutiva Regional N.° 118-2026-GRA/GR, del 11 de marzo de 2026.

Las resoluciones atribuyen a los tres exfuncionarios la presunta comisión de una falta disciplinaria prevista en el literal q) del artículo 85 de la Ley N.° 30057, Ley del Servicio Civil. Sin embargo, no detallan la conducta específica que sustenta las imputaciones. Dicho inciso establece como falta “las demás que señale la ley”, una cláusula de remisión que permite incorporar al régimen disciplinario otras infracciones previstas en normas con rango de ley.

La presidenta del CRA, Norma Ortega Valdivia, precisó que el Legislativo regional no inició los procedimientos disciplinarios ni participa en la determinación de responsabilidades. “El procedimiento ya está iniciado, pero –como se trata de funcionarios de alta dirección del GRA– ellos mismos no pueden conformar las comisiones Ad Hoc. Entonces, lo tiene que hacer el Consejo Regional. Nosotros no integramos las comisiones, solo elegimos qué funcionarios del Gobierno Regional van a conformarlas”, declaró.

Para dar continuidad a los procedimientos, el CRA aprobó la conformación de tres comisiones Ad Hoc mediante los acuerdos regionales N.° 80-2026-GRA/CR-AREQUIPA, N.° 82-2026-GRA/CR-AREQUIPA y N.° 135-2026-GRA/CR-AREQUIPA. Estos órganos estarán integrados por la jefa de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, Deysi Hayde Quispe Álvarez; el jefe de la Oficina Regional de Administración, Marvin Condori Almirón; y el jefe de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Richard Reynaldo Quispe Gutiérrez.

De acuerdo con la normativa del Servicio Civil, el Estado cuenta con un plazo máximo de cuatro años desde la comisión de los hechos para iniciar un PAD. Una vez abierto el procedimiento, este debe concluir en un plazo de un año, salvo supuestos excepcionales. De no cumplirse estos límites, el caso puede prescribir. Aunque los tres expedientes aún se encuentran dentro de los márgenes, el caso de Palma Figueroa se aproxima al límite más amplio del periodo de prescripción, mientras que los de Suclla Medina e Hinojosa Ramos aún disponen de tiempo.

Respecto a ello, Ortega Valdivia precisó que el reglamento del CRA establece un plazo de hasta 60 días hábiles para tramitar estos expedientes, aunque en los tres casos el trámite se realizó en menos de 30 días. De modo que la continuidad de los procedimientos, dependerá del gobierno regional.

Además de la condena principal, el tribunal impuso al exfuncionario una sanción de 300 días multa e inhabilitación por cinco años para ejercer cualquier cargo público. La decisión fue adoptada tras la evaluación de los elementos presentados durante el juicio oral y será formalizada en la lectura íntegra de la sentencia en los próximos días.

Durante la audiencia, los magistrados consideraron que Villanueva no registra antecedentes penales, cuenta con arraigo domiciliario y mostró disposición a someterse al proceso judicial, factores que fueron tomados en cuenta para la determinación de la pena.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, el exjefe del Gabinete habría recibido presuntos pagos ilícitos relacionados con la adjudicación y ejecución del proyecto vial San José de Sisa, cuando se desempeñaba como presidente regional de San Martín. Estas transferencias habrían formado parte del esquema de corrupción atribuido a la empresa constructora Odebrecht en distintos niveles del Estado.

La Fiscalía sostuvo que estos supuestos sobornos habrían tenido como finalidad facilitar decisiones administrativas y favorecer la continuidad de la obra pública, en el marco de una red de influencias que operó en varias regiones del país durante años.

El caso de Villanueva se enmarca dentro de las investigaciones del denominado “Club de la Construcción” y el caso Odebrecht, que han involucrado a exaltos funcionarios, empresarios y autoridades regionales por presuntos actos de corrupción en la adjudicación de megaproyectos.

Con el adelanto de fallo, el proceso entra en su etapa final, a la espera de la lectura completa de la sentencia, donde se detallarán los fundamentos jurídicos de la decisión y se precisarán las condiciones de ejecución de la pena.

El fallo marca un nuevo episodio en los procesos judiciales contra exautoridades vinculadas a presuntos actos de corrupción en la administración pública, en un contexto en el que el sistema judicial continúa resolviendo casos derivados de las investigaciones por sobornos en obras públicas.

Acorde al primer informe trimestral del OCI correspondiente al 2026, solo 36 recomendaciones fueron implementadas y dos se encuentran en proceso de ejecución, mientras que otras 19 no fueron atendidas. Asimismo, tres recomendaciones vinculadas a procedimientos administrativos sancionadores fueron declaradas inaplicables. La normativa vigente establece un plazo máximo de dos años para implementar recomendaciones de mejora y de un año para aquellas relacionadas con aspectos de legalidad y acciones de oficio posterior.

Durante su exposición ante el Consejo Regional de Arequipa, Ismael Lavilla Torres, encargado de la jefatura del OCI del GRA, señaló que aún persiste un importante número de medidas sin ejecutar. “Tomando en cuenta los informes a los cuales hay obligación de hacer seguimientos en dos años tenemos 110 recomendaciones a través de diversos informes, de las cuales 50 permanecen pendientes. (…) Es un aspecto que es necesario impulsar, desde todo punto de vista, para ver una real y efectiva corrección respecto a los hechos revelados en informes”, señaló.

El funcionario atribuyó el retraso en el cumplimiento de las recomendaciones a la falta de respuesta oportuna de algunas áreas responsables, así como a la presentación tardía de información o expedientes sin sustento suficiente. «El GRA tiene un equipo que monitorea y da seguimiento al proceso de implementación de recomendaciones y mitigacion de riesgos, a veces no hay la respuesta oportuna de las áreas que deben corregir o lo presentan con un desfase desmesurado», sostuvo.

Durante el primer trimestre de 2026, el OCI también ejecutó 15 servicios de control simultáneo y mantiene dos en proceso. Como resultado identificó 38 situaciones adversas, de las cuales 36 aún no muestran acciones correctivas. Entre ellas figuran observaciones en la planta de tratamiento de aguas residuales de Socabaya, el mejoramiento de la institución educativa Paraíso de Chuca en Sabandía, el puente Arequipa–La Joya, los hospitales Maritza Campos y Camaná, entre otros.

INICIARÁN ACCIONES LEGALES

Las áreas afectadas corresponden a espacios reservados para futuros proyectos de inversión pública, zonas de recreación, áreas verdes y terrenos considerados de riesgo por su ubicación en quebradas y sectores vulnerables. Según autoridades municipales, estas ocupaciones no solo comprometen el desarrollo urbano del distrito, sino que también exponen a las familias asentadas a posibles emergencias naturales.

El gerente municipal, Miguel Vilca, informó que la Procuraduría Pública Municipal viene recopilando información y documentación sobre los casos detectados, con el objetivo de iniciar los procedimientos legales correspondientes y recuperar los predios invadidos.

De acuerdo con el funcionario, los reportes elaborados por la Procuraduría permitieron identificar a los presuntos responsables de las ocupaciones ilegales, quienes ya habrían sido denunciados ante el Ministerio Público para que se determinen las responsabilidades respectivas.

Como parte de la estrategia de recuperación de terrenos, la municipalidad coordina acciones con la Gerencia de Seguridad Ciudadana para fortalecer la vigilancia en zonas vulnerables y evitar nuevas invasiones. Asimismo, se trabaja en la elaboración de un registro actualizado de predios estatales ubicados dentro del distrito.

Otra de las medidas anunciadas consiste en la instalación de señalización informativa en terrenos públicos para advertir a la población sobre su condición legal y prevenir intentos de ocupación. Estas labores también se realizarán en coordinación con entidades regionales vinculadas a la administración de bienes del Estado.

Las autoridades advirtieron que las invasiones generan serias dificultades para la ejecución de proyectos de infraestructura y servicios destinados a beneficiar a la población. Además, señalaron que la ocupación de zonas de riesgo representa una amenaza permanente para la seguridad de quienes se establecen en dichos espacios.

En paralelo, la municipalidad expresó su preocupación por los constantes accidentes registrados en la vía de cuatro carriles de Yura. Según indicó Vilca, gran parte de estos siniestros está relacionada con el exceso de velocidad, especialmente de vehículos pesados que transitan por esta importante carretera.

Por ello, se ha solicitado al Gobierno Regional de Arequipa la implementación de medidas orientadas a reforzar la seguridad vial y reducir el número de accidentes que se registran en esta zona de alto tránsito vehicular.

La Contraloría detectó graves deficiencias en obra inconclusa de Mirador El Triunfo. Excavaciones abiertas, materiales abandonados y retrasos. Debía terminar hace meses, pero sigue paralizada y con observaciones de control.

EN GESTIÓN DEL ALCALDE CRISTHIAN CUADROS

Lo que debía convertirse en una solución para mejorar la transitabilidad de cientos de familias del asentamiento humano Mirador El Triunfo, en el distrito de La Joya, terminó convertido en un problema que amenaza con prolongarse durante varios meses más.

Un informe de la Contraloría General de la República reveló que la obra de mejoramiento de vías vehiculares y peatonales valorizada en más de 1.3 millones de soles permanece paralizada debido a deficiencias técnicas, problemas administrativos, falta de documentación sustentatoria y riesgos para la seguridad de la población.

La intervención, ejecutada por administración directa por la gestión del alcalde de La Joya, Cristhian Cuadros Treviño, cuenta con un presupuesto de S/ 1 millón 380 mil 576 y fue concebida para mejorar las condiciones de transitabilidad en el asentamiento humano Mirador El Triunfo, una zona donde residen centenares de familias.

Según la Contraloría, la obra comenzó el 4 de agosto de 2025 con un plazo inicial de 120 días calendario.

Sin embargo, durante su ejecución se aprobaron ampliaciones de plazo y prestaciones adicionales que extendieron la culminación prevista hasta junio de 2026.

A pesar de ello, la ejecución se encuentra detenida. Durante una inspección realizada, los auditores detectaron cuatro situaciones adversas que comprometen la continuidad del proyecto y ponen en riesgo la calidad de la infraestructura que finalmente recibirán los vecinos.

La primera observación está relacionada con la propia paralización de la obra. La Contraloría verificó que existen partidas inconclusas correspondientes a muros de contención y jardinería, estructuras que permanecen a medio construir pese a que la obra debió concluir hace varios meses.

Durante la visita de control también se encontraron excavaciones abiertas, acero expuesto sin protección y desniveles sin barandas de seguridad.

Los auditores concluyen que estas condiciones podrían afectar la calidad y durabilidad de los elementos constructivos, además de representar un riesgo para los vecinos que transitan diariamente por el lugar.

La Municipalidad argumentó que la paralización obedece a la necesidad de aprobar un adicional de obra destinado a ejecutar trabajos no previstos originalmente.

La segunda observación revela problemas en la gestión técnica y administrativa del proyecto. Los auditores detectaron que los informes mensuales de valorización carecen de documentación esencial para sustentar los avances reportados.

Entre los documentos faltantes figuran controles de calidad, registros de personal, cuadernos de obra digital, partes diarios de maquinaria, programaciones de ejecución y reportes de control de equipos.

La Contraloría señala que incluso se identificaron inconsistencias entre los porcentajes de avance físico reportados y la información consignada en los cuadros de valorización.

Esta situación podría afectar la confiabilidad de la información utilizada para el seguimiento y control de la obra, además de dificultar la verificación real del avance ejecutado.

Un tercer hallazgo involucra directamente el manejo de los materiales de construcción.

Durante la visita de inspección se encontró madera para encofrados, paneles y cuartones almacenados en plena vía pública, sin medidas de protección ni vigilancia. El material permanecía expuesto al sol, al viento y a posibles actos de sustracción.

La Contraloría advierte que esta situación podría generar pérdidas económicas para la Municipalidad debido al deterioro o robo de materiales, obligando incluso a realizar nuevas compras para culminar la obra.

Los problemas detectados adquieren especial relevancia porque no se trata de una obra cualquiera. Mirador El Triunfo es uno de los sectores de expansión urbana más importantes de La Joya y sus habitantes esperaban contar con nuevas vías, veredas y espacios seguros para el tránsito peatonal.

Hoy la realidad es distinta porque las familias deben convivir con estructuras inconclusas, excavaciones abiertas, materiales dispersos y una obra detenida cuyo futuro aún es incierto.

El órgano de control recomendó a la gestión de Cuadros Treviño adoptar medidas correctivas inmediatas para superar las observaciones identificadas.

A inicios de semana, representantes del Ministerio Público sostuvieron una reunión con funcionarios de la GRDIS para coordinar acciones orientadas a fortalecer la atención y protección de las víctimas de violencia en ambas provincias. Entre los requerimientos figura la creación de fiscalías especializadas, así como la implementación de infraestructura y equipamiento que permitan reforzar las investigaciones fiscales. Como parte de los acuerdos, la institución deberá presentar formalmente la solicitud para su evaluación por parte del GRA.

El gerente regional de Desarrollo e Inclusión Social, Fernando Isuiza Prado, informó que las propuestas forman parte de un trabajo articulado con la Fiscalía para mejorar las condiciones de atención a la población y fortalecer los procesos de investigación.“Sabemos que mediante Obras por Impuestos (OxI) podríamos financiar la construcción. Sin embargo, lo que se requiere ahora es avanzar los procesos y, eventualmente, consolidar el proyecto”, manifestó.

Asimismo, ambas instituciones acordaron sostener una nueva reunión con representantes de Medicina Legal para evaluar los requerimientos técnicos relacionados con la implementación de laboratorios de ADN, una de las principales necesidades identificadas para fortalecer la labor pericial y la investigación de casos.

El pasado 20 de enero, el Gobierno Regional de Arequipa inició la construcción de la nueva sede judicial en el sector de Semirrural Pachacútec, en Cerro Colorado. El proyecto, valorizado en S/49 millones 478 mil 178.78, se ejecuta bajo la modalidad de Obras por Impuestos (OxI) con financiamiento de la empresa Máxima Internacional S.A., que contrató a APM Contratistas Generales S.A.C. para la ejecución de los trabajos.

El conflicto surgió en mayo, cuando integrantes del STCCA exigieron la contratación de un mayor número de trabajadores afiliados al gremio y realizaron medidas de protesta. Según APM Contratistas, estas acciones provocaron paralizaciones que afectaron el avance de la obra y ocasionaron pérdidas económicas. Ante esta situación, la empresa presentó una denuncia ante el Ministerio Público a finales de mayo. Actualmente, la investigación continúa en trámite. Aunque se han desarrollado diversas reuniones de diálogo, hasta el momento no existe consenso entre el sindicato y la empresa ejecutora.

Al respecto, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Nicolás Izcarra Pongo, sostuvo que el derecho a la protesta está plenamente reconocido, pero advirtió que debe ejercerse dentro del marco legal. “Todos tenemos derecho a la protesta, eso está fuera de toda discusión. Sin embargo, hay una línea que no se puede cruzar, que es la línea de la legalidad. No se puede atentar contra los bienes ni las personas, tampoco impedir que otros realicen sus labores. (…) La denuncia está en manos de la Fiscalía y la fiscal hará un dictamen al concluir las diligencias. Eventualmente le podría tocar a un juez decidir si las conductas desarrolladas han cruzado la línea de la legalidad”, señaló.

La obra del módulo de justicia de Cerro Colorado continúa en ejecución. No obstante, Izcarra advirtió que las paralizaciones registradas en los últimos meses podrían afectar el cronograma previsto para el proyecto. La entrega de la infraestructura está programada para 2027, aunque los retrasos acumulados podrían impactar en los plazos inicialmente establecidos.

El pedido fue formalizado mediante un recurso de apelación presentado contra la resolución emitida el pasado 29 de mayo por el juez Richard Concepción Carhuancho, quien declaró infundada una excepción de improcedencia de acción planteada por la defensa del investigado. Con dicho recurso, los abogados de Boluarte buscaban que se deje sin efecto la imputación por presunta organización criminal.

La defensa sostiene que la instancia superior debe revocar la decisión judicial y declarar fundada la excepción presentada, lo que implicaría el archivo de ese extremo de la investigación penal que enfrenta su patrocinado.

Tras verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Código Procesal Penal, el juez Concepción Carhuancho resolvió el último 10 de junio conceder el recurso de apelación y remitir el expediente a la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional.

Será esta instancia la encargada de evaluar el recurso y determinar si admite el caso a trámite. De ser así, deberá convocar a una audiencia virtual con la participación de las partes involucradas para escuchar sus argumentos antes de emitir una decisión definitiva.

La investigación denominada “Los Waykis en la Sombra” es una de las más relevantes que actualmente desarrolla el Ministerio Público y busca esclarecer la presunta existencia de una organización criminal que habría operado dentro de diversas entidades del Estado.

Además del delito de organización criminal, Nicanor Boluarte también es investigado por la presunta comisión de los delitos de cohecho activo genérico y tráfico de influencias.

La decisión que adopte la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional será determinante para definir si la investigación por organización criminal continúa o si, como solicita la defensa, se archiva ese cargo dentro del proceso.

Mientras tanto, las diligencias fiscales relacionadas con este caso continúan en marcha, en medio de la atención pública que ha generado una investigación vinculada al entorno familiar de la exmandataria Dina Boluarte.

Según el Informe Previo N.° 035-2026-CG/GRAR, el GRA aún no acredita documentalmente la libre disponibilidad de los terrenos donde se desarrollará la intervención ni que las áreas se encuentren libres de interferencias. Asimismo, la documentación presentada no demuestra la titularidad de quienes suscribieron las actas de libre disponibilidad de predios.

El órgano de control también advirtió que el proyecto carece de documentación técnica clave. Entre las principales observaciones figuran la ausencia de planos de detalle de arquitectura e instalaciones sanitarias para la ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), así como la falta de memorias de cálculo estructural para algunos componentes de la obra.

A ello se suma que el expediente no incluye los anexos de la ficha técnica estándar del proyecto de saneamiento rural y que el estudio de preinversión remitido no cuenta con el visto bueno del funcionario competente, situación que, según la Contraloría, requiere una validación por parte de la entidad.

En materia ambiental, el informe señala que el GRA no definió las medidas para el manejo del material excedente que generará la ejecución de la obra. Además, indicó que las autorizaciones de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) serán gestionadas recién durante la elaboración del expediente técnico, pese a que aún no se cuenta con certificación ambiental.

La revisión también detectó que la entidad no sustentó diversos costos considerados en el presupuesto referencial del proyecto, entre ellos gastos de supervisión, gestión, liquidación, personal técnico y profesional, así como algunos insumos específicos vinculados a la ejecución de la obra.

En el aspecto financiero, la Contraloría encontró inconsistencias entre el flujo de caja proyectado, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y la programación multianual reportada al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Asimismo, observó que el Gobierno Regional no presentó la certificación presupuestal para financiar los procesos de selección de la empresa ejecutora y de la entidad supervisora.

A pesar de estas observaciones, el organismo de control verificó que el proyecto fue priorizado conforme a la normativa vigente de Obras por Impuestos y que se encuentra registrado en la cartera de proyectos de ProInversión. Sin embargo, recomendó que el Gobierno Regional adopte las medidas correctivas necesarias antes de convocar el proceso de selección de la empresa privada encargada de financiar y ejecutar la obra.