Cinco agrupaciones participan en una elección marcada por divisiones y cuestionamientos

Por: Daniela Nickole Santander

Este viernes 3 de julio, la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) vivirá una jornada electoral determinante. Un total de 33,841 electores, entre docentes ordinarios y estudiantes de pregrado, posgrado y segunda especialidad, están convocados a las urnas de manera presencial para elegir al próximo rector y vicerrectores que dirigirán la casa de estudios durante el periodo 2026-2031.

La asistencia a los comicios tiene carácter obligatorio, y el Comité Electoral Universitario (CEU) ya ha advertido que la inasistencia será sancionada con multas económicas conforme a la normativa interna.

El clima previo a la votación ha despertado críticas entre diversos sectores de la comunidad agustina. Estudiantes y docentes señalan que el campus universitario ha tomado dinámicas similares a las de un «mercado» debido a la saturación de volantes, pancartas y propaganda excesiva en las áreas comunes.

Asimismo, la campaña se ha trasladado con fuerza a las redes sociales, donde los candidatos han recurrido de forma masiva a videos en plataformas como TikTok para captar el voto juvenil, lo que para algunos desdibuja el debate académico y técnico que históricamente caracterizaba a la universidad.

Estas elecciones cargan con el arrastre de tensiones políticas gestadas en los últimos periodos de gobierno. El movimiento oficialista IDEAR (agrupación que llevó al rectorado a Rohel Sánchez Sánchez y continuó bajo la línea del actual rector Hugo Rojas) experimentó una severa crisis e interna de cara a este proceso.

El desgaste de IDEAR, marcado por denuncias de presuntas irregularidades administrativas, supuestos desfalcos y una pasada declaratoria de emergencia institucional, provocó una fragmentación evidente. El reflejo más claro de esta ruptura es la postulación del Dr. Armando Minaya Lizárraga, quien lidera una facción disidente bajo el nombre de «Unidos al Bicentenario». Durante la campaña, Minaya ha marcado una distancia explícita de la gestión saliente de Rojas, buscando limpiar su perfil del pasivo político oficialista.

A ello se suman los cuestionamientos hacia el proceso conducido por el CEU, salpicado por reclamos de la oposición ante la exclusión de otras listas y acusaciones de favoritismo administrativo que caldearon el ánimo estudiantil semanas antes de la votación.

Mediante el Comunicado N.° 008-2026, el Comité Electoral ratificó las cinco listas definitivas que se disputarán el control de la universidad:

Lista 1: Colectivo por la Transformación de la UNSA Candidatos: Esperanza Antonia Medina de Miranda (Rectora), Víctor Hugo Cueto Vásquez (Académico) y Herbert Lazo Rodríguez (Investigación).

Lista 2: UNSA 2026 Candidatos: Eduardo Nicanor Puma Ponce (Rector), Columba Del Carpio Rodríguez (Académica) y Azael Paz Aliaga (Investigación).

Lista 3: Unidos al Bicentenario Candidatos:Armando Adolfo Minaya Lizárraga (Rector), José Luis Ramos Salinas (Académico) y Brígida Manchego Carnero (Investigación).

Lista 4: Sentimiento Agustino Candidatos: Richar Alberto Paredes Orué (Rector), Vladimir Rosas Meneses (Académico) y Bernardo de la Gala Velásquez (Investigación).

Lista 5: Renovación Agustina Candidatos: Fernando Carlos Mejía Nova (Rector), Ubaldo Enríquez Aguirre (Académico) y José Luis Picoaga Chávez (Investigación).

Las mesas de sufragio abrirán este viernes por la mañana en una jornada que definirá si la UNSA opta por la continuidad camuflada, el retorno de facciones tradicionales o una reestructuración de su gobernanza institucional.

Por Danna Felipe B.

Según el Diccionario de la lengua española de la RAE, patrullar significa recorrer un lugar con una patrulla para vigilarlo o mantener la seguridad y el orden, por lo que ver a un patrullero de la Policía Nacional del Perú estacionado y peor aún con sus ocupantes “descansando” molesta a cualquiera y con justa razón; al final, es el pueblo quien paga los salarios de los diferentes servidores públicos.

Lamentablemente, más de un ciudadano de Arequipa ha sido testigo de cómo patrulleros que deberían estar recorriendo un lugar en específico, previniendo así la acometida de delitos, están estacionados en zonas oscuras y con poca afluencia de gente, viendo el celular o lo que genera más indignación, durmiendo.

En este sentido, Marleny Arminta y Amalia Palomino, diputadas electas, en representación del pueblo de Arequipa, afirmaron que esto no puede ni debe darse.

“La población lo que quiere es que el vehículo esté en permanente movimiento y que sus ocupantes estén atentos a cualquier acción de inseguridad. Eso es patrullar. Encontrar al patrullero estacionado, con su ocupantes, distraídos, está muy mal. Deben estar al servicio de los vecinos. Además, debería haber un adecuado monitoreo y supervisión por parte de los superiores directos. Ellos también son responsables”, asevera Arminta Valencia.

Por su parte, Palomino Pacheco asegura: “Patrullar es estar vigilante de la zona que le corresponde al par de señores policías. Que estén recorriendo. No puede estar el patrullero estacionado. Recordemos que los señores policías deben prevenir el riesgo de delitos a los ciudadanos”.

La madrugada de este miércoles 1 de julio, dos policías de la comisaría Andrés Avelino Cáceres, que presuntamente descansaban dentro de un patrullero en Hunter, fueron sorprendidos por un grupo de delincuentes, quienes tuvieron el tiempo suficiente de estacionar un vehículo rojo, bajarse y caminar hacia el patrullero.

A los policías les robaron un fusil AKM con cuatro cacerinas, dos pistolas de reglamento abastecidas, las llaves del patrullero y sus celulares, según la investigación preliminar.

Después, los malvivientes huyeron en el mismo vehículo en el que llegaron. A estas horas de la noche, desde la División de Investigación Criminal de Arequipa se confirma la captura de dos personas presuntamente implicadas en el caso.

Por Danna Felipe B.

Los universitarios tienen derecho al medio pasaje en el transporte público. La ley los ampara. Sin embargo, el actual gerente provincial de Transporte y Movilidad Sostenible, Yoni Calle, precisa que este derecho es válido siempre que el estudiante presente su carné en físico y vigente.

“No es un requisito de la Municipalidad Provincial de Arequipa. La ley lo contempla así. El transportista debe cobrar S/ 0.70 en nuestro caso al joven o señorita que presente su carnet en físico y vigente”, asegura.

De esta manera, busca aliviar la tensión generada entre transportistas y los estudiantes de diferentes universidades. Recientemente, los últimos están reclamando en persona y a través de las redes sociales que no se les hace valer su derecho. Sin embargo, en muchos casos, los argumentos dados son prueba de desconocimiento.

Según la Ley N° 30220, Ley Universitaria, todos los universitarios tienen el derecho al pasaje universitario, que consiste en el 50% del precio regular ofrecido al público en general. Este derecho se hace valer a través de la presentación del carné universitario en físico y vigente en las unidades de transporte público. “No vale una foto de mi carné, en digital o si está expirado. El trámite de los carnés es exclusivo de cada universidad. Ellas son las responsables”, detalla el gerente.

Asimismo, otro punto que muy poco se ha dicho, pero que cabe subrayar es que, de acuerdo con la misma ley, el pasaje universitario no depende del destino del universitario y es válido entre las 5 de la madrugada y 12 de la noche.

AL ASUMIR LA PRESIDENCIA EN JULIO

Especialistas consultados por RPP coincidieron en que uno de los principales retos del nuevo gobierno será construir consensos políticos que permitan impulsar las reformas y proyectos necesarios durante el periodo 2026-2031. El secretario general de Asociación Civil Transparencia, Omar Awapara, sostuvo que la futura administración deberá mantener una relación fluida con el Congreso para sacar adelante su agenda legislativa y enfrentar problemas como la delincuencia, la corrupción, la generación de empleo y los efectos del fenómeno de El Niño.

Otro desafío será fortalecer el trabajo conjunto con los gobiernos regionales y municipales. El analista del Centro Wiñaq, Camilo Ferreira, señaló que la coordinación con gobernadores y alcaldes será determinante, especialmente en aquellas regiones donde Fuerza Popular obtuvo menor respaldo electoral. Esta articulación permitirá mejorar la ejecución de obras, impulsar programas de desarrollo y reforzar las acciones de prevención frente a desastres naturales.

Los especialistas también coincidieron en que la elección del próximo presidente del Consejo de Ministros será una de las primeras decisiones estratégicas de Fujimori. El titular de la PCM deberá poseer capacidad de diálogo político, experiencia en gestión pública y habilidades para coordinar tanto con el Congreso como con las autoridades regionales y locales.

En materia institucional, Ferreira advirtió que el nuevo gobierno tendrá que impulsar una reforma del aparato estatal para hacerlo más eficiente, transparente y ágil. Consideró que sin instituciones sólidas será difícil ofrecer servicios públicos de calidad y responder a las expectativas ciudadanas, lo que podría afectar rápidamente la aprobación presidencial.

La seguridad ciudadana constituye otro de los mayores desafíos. Durante la campaña, Fujimori anunció que combatir la criminalidad será una prioridad desde el primer día de gestión. No obstante, los analistas señalaron que este objetivo requerirá estabilidad en el Ministerio del Interior, coordinación entre la Policía Nacional, el sistema de justicia y los organismos de inteligencia financiera, además de una estrategia integral contra las organizaciones criminales.

Finalmente, Awapara consideró que el nuevo gobierno también deberá atender temas pendientes relacionados con la investigación de las muertes ocurridas durante las protestas sociales de finales de 2022 e inicios de 2023, promoviendo el esclarecimiento de los hechos como parte del fortalecimiento institucional y la reconciliación nacional.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la Cancillería señaló que mantiene un monitoreo permanente de la situación de los connacionales residentes en territorio venezolano. Sin embargo, precisó que dos integrantes de otra familia peruana continúan desaparecidos y que las labores para encontrarlos siguen en marcha.

La institución indicó que actualmente los esfuerzos están concentrados en la búsqueda de este grupo familiar, mientras la Sección de Intereses del Perú en Caracas continúa brindando asistencia humanitaria a los peruanos afectados por la emergencia. Entre las acciones realizadas figuran la distribución de alimentos, víveres y otros insumos básicos para las familias damnificadas.

Asimismo, la Cancillería recordó que desde el inicio de la emergencia viene atendiendo solicitudes de apoyo de las comunidades peruanas más vulnerables, proporcionando alojamiento temporal, artículos de primera necesidad y orientación consular.

Como parte de estas acciones, también se concretó la evacuación y retorno al Perú de dos ciudadanos peruanos residentes en La Guaira, quienes solicitaron apoyo para salir de la zona afectada debido a su condición de vulnerabilidad.

Finalmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores reiteró que mantiene habilitados sus canales de atención para los connacionales que requieran asistencia en Venezuela. Las autoridades peruanas aseguraron que continuarán coordinando las labores de ayuda y seguimiento hasta garantizar la atención de todos los ciudadanos afectados por la catástrofe.

El Ejecutivo observó la autógrafa de la Ley 11658, cuestionada por Moquegua por una presunta afectación territorial. La protesta dejó un conductor fallecido, vías bloqueadas y la suspensión temporal de pasajes desde Arequipa hacia esa región.

Moquegua levantó el paro indefinido luego de que el Poder Ejecutivo observó la autógrafa de la Ley 11658, norma aprobada por el Congreso sobre saneamiento de límites en la provincia tacneña de Jorge Basadre. La decisión abrió paso al retorno progresivo de actividades tras una protesta que bloqueó vías y afectó el transporte interregional.

La gobernadora regional Gilia Gutiérrez informó que el Ejecutivo remitió al Congreso el oficio de observación de la autógrafa. El documento fue dirigido al vicepresidente encargado de la presidencia del Parlamento, Fernando Rospigliosi Capurro, con fecha 30 de junio de 2026.

La norma observada planteaba sanear tramos de la provincia Jorge Basadre y de algunos distritos del departamento de Tacna. El texto incluía la colindancia interprovincial entre Jorge Basadre y Candarave, además de la colindancia interdistrital entre Locumba e Ilabaya.

Moquegua cuestionó la autógrafa al considerar que el saneamiento de límites podía comprometer territorio vinculado al sector de Quebrada Honda, en el distrito de Torata. Por esa razón, autoridades, sindicatos y organizaciones sociales exigieron al Ejecutivo que no promulgara la norma y que la devolviera al Congreso.

El anuncio permitió que los sindicatos y gremios que sostenían la medida acordaran levantar la huelga regional. Con ello, las actividades administrativas, comerciales, educativas y de transporte podrían reanudarse de manera progresiva, siempre que las vías queden despejadas y existan garantías para la circulación.

El paro había tenido como punto más crítico el puente Montalvo, donde manifestantes bloquearon el tránsito con piedras, llantas y piquetes. La interrupción afectó la Panamericana Sur y restringió la conexión terrestre entre Moquegua, Tacna, Arequipa y otras regiones del sur.

La medida también golpeó directamente a los pasajeros en Arequipa. Empresas del Terminal Terrestre suspendieron temporalmente la venta de pasajes hacia Moquegua debido a la falta de garantías para el traslado, mientras los viajes quedaron condicionados a la liberación de la vía y a la evaluación de seguridad.

El hecho más grave ocurrió cerca del puente Montalvo, donde un conductor falleció y una mujer resultó herida en un accidente ocurrido durante el bloqueo. Según reportes preliminares, el vehículo habría intentado esquivar piedras colocadas en la carretera, versión que deberá ser confirmada por la Policía y el Ministerio Público.

La observación del Ejecutivo no cerró de manera definitiva la controversia territorial, pero sí desactivó la etapa más crítica del conflicto social. La autógrafa retornará al Congreso, que deberá evaluar si atiende las observaciones, modifica el texto o insiste en su aprobación bajo el procedimiento parlamentario correspondiente.

El levantamiento del paro dejó una salida inmediata para Moquegua, pero también una advertencia política para el sur. La normalización del transporte y de las actividades dependerá de que la discusión sobre límites se resuelva con sustento técnico, participación de las regiones involucradas y decisiones que eviten nuevos bloqueos en la Panamericana Sur.

Según versiones difundidas por el diario Expreso, el mandatario analizaría conceder una gracia presidencial a Castillo, quien fue sentenciado a 11 años, cinco meses y 15 días de prisión. Asimismo, se estaría evaluando otorgar un salvoconducto a Betssy Chávez para que viaje a México, país donde solicitó asilo y permanece desde noviembre de 2025 en la residencia de la embajada mexicana en Lima.

El abogado constitucionalista Aníbal Quiroga advirtió que ambas posibilidades tendrían importantes implicancias jurídicas y políticas. Respecto al eventual salvoconducto, sostuvo que podría contribuir a mejorar las relaciones diplomáticas con México, aunque generaría un elevado costo político interno al ser interpretado como un acto de impunidad.

Sobre la eventual gracia presidencial para Castillo, Quiroga afirmó que la legislación peruana establece requisitos que impiden al jefe de Estado adoptar esta decisión de manera unilateral. Recordó que el artículo 120 de la Constitución exige el refrendo ministerial para que los actos presidenciales tengan validez, por lo que una medida de este tipo necesitaría la aprobación del Ministerio de Justicia.

De acuerdo con las versiones periodísticas, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos publicaría en los próximos días el informe elaborado por la Comisión de Gracias Presidenciales, documento que evaluará la solicitud presentada por la defensa del exmandatario.

Hasta el momento, el Poder Ejecutivo no ha confirmado oficialmente que exista una decisión adoptada respecto a la gracia presidencial o al salvoconducto, por lo que ambas posibilidades permanecen en el terreno de las versiones mientras se espera un pronunciamiento oficial de las autoridades.

EN RIESGO 40 MI ESCOLARES

El presidente de la Asociación de Apafas, Rogelio Postigo Gómez, cuestionó el escaso avance en las intervenciones ejecutadas por la administración regional y recordó que el fortalecimiento de la infraestructura educativa fue uno de los compromisos asumidos por el gobernador regional, Rohel Sánchez, al inicio de su gestión.

«Se anunció una fuerte inversión para mejorar los colegios de la región, pero después de casi cuatro años los resultados son insuficientes. No se ha intervenido ni el 20 % de las instituciones que requieren atención urgente», manifestó el dirigente.

Postigo explicó que los 128 colegios pendientes de intervención concentran alrededor de 40 mil estudiantes, una cifra importante dentro de los cerca de 415 mil escolares matriculados en instituciones públicas de toda la región. La situación resulta aún más crítica en 36 planteles que superan los 50 años de antigüedad y cuya infraestructura presenta un deterioro severo.

Según indicó, estos colegios ya no reúnen condiciones adecuadas para desarrollar las actividades académicas, por lo que requieren ser demolidos y reemplazados por nuevas edificaciones. Mientras tanto, cientos de alumnos reciben clases en módulos prefabricados o ambientes provisionales que, si bien permiten continuar con las labores educativas, no representan una solución definitiva.

«No podemos esperar que ocurra una emergencia para recién actuar. Hay colegios cuya infraestructura ya cumplió su ciclo de vida y representa un riesgo para estudiantes, docentes y personal administrativo», advirtió.

Si bien existen instituciones educativas con problemas de infraestructura en las UGEL Arequipa Norte, La Joya y diversas provincias, el dirigente precisó que la mayor concentración de casos se encuentra en la jurisdicción de la UGEL Arequipa Sur. Entre los planteles con mayores necesidades figuran las instituciones educativas 40193 Florentino Portugal, en Sabandía; 40010 Julio C. Tello, en Paucarpata; 40038 Jorge Basadre Grohmann; 40122 Manuel Scorza Torres; y 40175 Gran Libertador Simón Bolívar, estas tres últimas ubicadas en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero.

Desde el Gobierno Regional se ha informado que durante la actual administración fueron entregadas 39 instituciones educativas, considerando tanto obras ejecutadas directamente como proyectos iniciados en gestiones anteriores. Sin embargo, para la Asociación de Apafas este avance resulta insuficiente frente a la magnitud del déficit existente.

Postigo también expresó su preocupación porque, según señaló, varios funcionarios regionales consideran prácticamente concluida la gestión y han dejado de impulsar nuevos proyectos de infraestructura educativa. Incluso afirmó que algunos directores de colegios habrían recibido observaciones o sanciones por exponer públicamente las necesidades de sus instituciones.

Finalmente, el representante de los padres de familia hizo un llamado a la próxima administración regional para que coloque la recuperación de la infraestructura educativa entre sus principales prioridades. Advirtió que el deterioro de numerosos planteles, sumado a factores como las lluvias o un eventual sismo, podría poner en riesgo la integridad de miles de escolares.

«No esperemos que una tragedia obligue a actuar. La educación requiere inversiones oportunas, planificación y compromiso. Los estudiantes merecen colegios seguros y adecuados para aprender», concluyó.

Arequipa registra al menos 72 personas fallecidas por accidentes de tránsito en lo que va del 2026, según reportes basados en el Sistema Informático Nacional de Defunciones, SINADEF. La cifra confirma que los siniestros viales continúan entre las principales causas de muerte violenta en la región.

El reporte coloca bajo atención pública la situación de las carreteras y vías de alto tránsito en Arequipa, especialmente aquellas que conectan con Puno, Camaná, Caravelí, Islay, Caylloma y otras provincias. En estos corredores se han registrado accidentes con víctimas mortales durante el primer semestre del año.

Uno de los puntos de mayor preocupación es la carretera Arequipa–Puno, donde los tramos de Yura, Sumbay e Imata concentran alto flujo de transporte interprovincial, carga pesada y vehículos particulares. Las condiciones climáticas, la velocidad y las maniobras riesgosas incrementan la vulnerabilidad de esta vía.

La Panamericana Sur también aparece como un corredor crítico para la seguridad vial regional. Sectores como Quebrada del Toro, Ocoña, Atico, Chala, Camaná y Majes han sido escenario de choques, despistes y vuelcos que dejaron familias afectadas y activaron la respuesta de la Policía, bomberos y fiscalías.

El dato del SINADEF resulta relevante porque registra defunciones certificadas por causa de muerte. A diferencia de otros balances operativos, este sistema permite observar el impacto humano de los accidentes de tránsito desde el registro médico legal y no solo desde la intervención policial en carretera.

Entre los accidentes más graves del año figura el ocurrido el 23 de marzo en la carretera Arequipa–Puno, sector Imata, donde una miniván chocó contra un tráiler de placa brasileña. El siniestro dejó 13 fallecidos y al menos cinco heridos, convirtiéndose en una de las tragedias viales más severas registradas en la región durante el 2026.

Otro caso de alto impacto ocurrió el 14 de junio en Quebrada del Toro, provincia de Camaná, cuando un auto Tico colisionó contra un tráiler en la Panamericana Sur. El accidente dejó cuatro personas fallecidas y un herido, en una zona considerada crítica por la frecuencia de choques, despistes y tránsito pesado.

También se registró un accidente grave el 6 de marzo en la bajada hacia El Fiscal, en la ruta hacia Cocachacra, donde una miniván impactó contra un furgón. El hecho dejó cuatro fallecidos y al menos cinco heridos, entre ellos menores de edad, lo que volvió a exponer el riesgo permanente en los corredores interprovinciales del sur.

El accidente con mayor número de heridos se reportó el 20 de junio en Cerrillos, Camaná, donde un bus interprovincial que cubría la ruta Arequipa–Caravelí terminó impactando contra una vivienda. El siniestro dejó una persona fallecida y alrededor de 50 heridos, generando una amplia movilización de bomberos, policías y personal de salud.

Las 72 muertes registradas por accidentes de tránsito en Arequipa durante el 2026 reflejan una emergencia silenciosa en las vías de la región. Los casos más graves muestran que el problema se repite en corredores críticos y exige control de velocidad, fiscalización al transporte, prevención permanente y una respuesta pública que llegue antes de cada tragedia.

SEÑALA MUNICIPALIDAD

Ninguna empresa cuenta con autorización municipal para ofrecer servicios de parapente en Mollebaya, distrito donde Roger Tejada Gutiérrez falleció tras sufrir una caída en el cerro La Zeta. El accidente expuso la falta de operadores formalizados para una actividad de alto riesgo que se practica en zonas abiertas del distrito.

El gerente municipal de Mollebaya, Willy Saico, sostuvo que la comuna no tenía registrada ninguna empresa autorizada para brindar este tipo de servicio. Indicó que, hasta el momento, no existía licencia de funcionamiento vinculada al parapente en el sector donde ocurrió el accidente.

La autoridad edil señaló que el caso será sometido a una investigación interna para determinar las circunstancias del hecho y las acciones administrativas que correspondan. También precisó que el municipio iniciará labores de fiscalización luego del fallecimiento del deportista.

Saico reconoció que antes del accidente no se había ejecutado una fiscalización específica sobre la práctica de parapente en los cerros de Mollebaya. No obstante, evitó admitir una omisión de funciones y argumentó que muchas personas llegan al distrito por cuenta propia para caminar, montar bicicleta o realizar actividades al aire libre.

El funcionario aclaró que existe una solicitud municipal vinculada a una empresa de tirolesa, pero que el trámite aún se encuentra en evaluación por Defensa Civil, pero que ya se han instalado las estructura para la práctica de ese deporte. Esa gestión, según precisó, no corresponde a la práctica de parapente ni al lugar donde se produjo el accidente fatal.

La Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo también confirmó que no otorgó certificaciones, reconocimientos ni documentos habilitantes a operadores turísticos para parapente, canopy u otras actividades de aventura similares en Arequipa. Su titular, Jorge Meza, explicó que estos servicios deben cumplir requisitos técnicos, municipales y de seguridad antes de operar.

Meza precisó que la gerencia regional cuenta con resoluciones que delimitan zonas donde podrían practicarse ciertas actividades, pero aclaró que esa delimitación no equivale a una autorización para empresas. En el caso del parapente, mencionó como espacios identificados la subcuenca de Cotahuasi y Mollebaya.

El funcionario regional indicó que ninguna agencia se acercó a iniciar un procedimiento formal para operar parapente en Arequipa. También recordó que los usuarios pueden consultar el directorio de prestadores de servicios turísticos del Mincetur para verificar qué agencias están registradas y qué actividades tienen autorizadas.

La investigación deberá establecer si el vuelo de Tejada Gutiérrez fue una práctica individual o si estuvo vinculado a un servicio ofrecido por terceros. Esa precisión será clave para determinar eventuales responsabilidades administrativas, civiles o penales, especialmente si se confirma que hubo lucro sin autorización.

La muerte del parapentista dejó bajo evaluación el control de los deportes de aventura en Mollebaya. El caso reveló que la promoción de actividades extremas exige más que paisajes adecuados: requiere operadores formales, seguros, fiscalización previa y reglas claras para evitar que el riesgo termine convertido en tragedia.