El sistema incorpora 130 semáforos vehiculares, 182 peatonales y 120 cámaras con sensores de flujo para ordenar el tránsito en avenidas críticas como Dolores y Estados Unidos con una inversión de S/7 millones. La comuna también proyecta integrar lectores de placas y reconocimiento facial en seguridad ciudadana.

El distrito de José Luis Bustamante y Rivero puso en marcha un sistema de semáforos inteligentes con inteligencia artificial para mejorar la fluidez vehicular en sus principales corredores. La intervención busca ordenar el tránsito en horas punta, reducir los nudos viales y dar mayor seguridad al cruce de peatones.

El alcalde de la Municipalidad Distrital, Fredy Zegarra Black, señaló que el proyecto comprende 130 semáforos vehiculares, 182 semáforos peatonales y 120 cámaras con sensores de flujo vehicular. Estos equipos no funcionan como cámaras de videovigilancia, sino como dispositivos que miden la carga de vehículos y permiten ajustar los tiempos de luz verde o roja de manera automática.

La comuna identificó como puntos críticos la Av. Dolores, la Av. Estados Unidos y las vías de ingreso al distrito, donde se concentra mayor congestión durante las mañanas. En esos horarios, miles de vecinos salen hacia el Cercado y otros puntos de Arequipa, lo que genera alta presión sobre la red vial. La avenida Dolores y Estados Unidos figuran entre las principales vías del distrito.

Por la tarde, el sistema debería operar en sentido contrario, cuando el flujo de vehículos retorna hacia Bustamante y Rivero. La inteligencia artificial permitirá detectar ese cambio de comportamiento vial y redistribuir los tiempos semafóricos para facilitar un pase más ordenado, aunque la autoridad edil precisó que el sistema no eliminará por completo la carga vehicular.

El alcalde distrital explicó que el objetivo central del proyecto es mejorar la transitabilidad y la seguridad peatonal, no convertir los semáforos en un sistema de control policial. Sin embargo, precisó que la plataforma tiene capacidad de ampliarse progresivamente con software para identificación de placas, reconocimiento facial y eventuales fotopapeletas, previa implementación técnica y convenios correspondientes.

La presentación del sistema ocurre en medio de una creciente preocupación por la inseguridad en el distrito. Tras el reciente asalto armado en la Av. Dolores, donde delincuentes robaron una fuerte suma de dinero a ocupantes de una camioneta, la comuna informó que sus cámaras de videovigilancia sí permitieron captar parte del recorrido de los implicados.

La autoridad edil sostuvo que las imágenes obtenidas por el sistema de seguridad ciudadana fueron entregadas a la Policía Nacional para apoyar las investigaciones. Según indicó, se habría registrado el desplazamiento de una motocicleta y de un vehículo blanco usados en la fuga, información que ahora deberá ser contrastada por los agentes a cargo del caso.

No obstante, el alcalde marcó distancia entre ambos sistemas. Las cámaras instaladas en los semáforos inteligentes sirven para medir flujo vehicular, mientras que el componente de videovigilancia pertenece a un proyecto de seguridad ciudadana que será reforzado en una segunda etapa. Esa mejora incluiría cámaras con reconocimiento de placas y rostros para fortalecer la respuesta frente a delitos.

La inversión del sistema semafórico asciende a aproximadamente S/7 millones, según la información municipal. La comuna sostuvo que el proyecto tuvo suspensiones por interferencias encontradas durante las excavaciones, como cables de empresas operadoras y de servicios eléctricos, pero descartó que se trate de una obra simple o reducible al costo individual de cada semáforo.

El reto ahora será demostrar resultados en la vía pública. La inteligencia artificial puede ayudar a ordenar el tránsito, pero no resolverá por sí sola el exceso de vehículos, la mala cultura vial ni la inseguridad. Bustamante y Rivero apuesta por tecnología; la prueba real será que esa inversión se traduzca en cruces más seguros, menor congestión y una respuesta más eficaz ante emergencias y delitos.

En enero, tras las lluvias registradas este 2026, un huaico debilitó dos aulas y parte del cerco perimétrico de la I.E. Nuestra Señora María del Pilar de Cháparra. Debido a los daños en la infraestructura, 62 estudiantes del nivel secundaria fueron trasladados a un área de contingencia destinada originalmente para la posta de salud del distrito. Sin embargo, dicho espacio no reúne las condiciones necesarias para el dictado de clases, por lo que se gestionó la entrega de aulas prefabricadas. A más de tres meses de la emergencia, la institución aún no recibe los módulos solicitados.

Una situación similar enfrenta la I.E. 40630 Virgen del Carmen, en Acarí. Los constantes sismos registrados en la provincia causaron que en 2024 surjan daños en dos aulas y en un muro del cerco perimétrico colindante con una vivienda. Como consecuencia, 134 estudiantes del nivel inicial desarrollan clases en ambientes declarados inhabitables. Aunque la institución requiere una intervención urgente, durante varios años no se ejecutaron trabajos de mantenimiento ni rehabilitación por parte de ningún nivel del Estado.

Al respecto, Aarón Maldonado López, consejero regional por Caravelí, señaló que ambas instituciones mantienen gestiones pendientes sin resultados concretos. “En el colegio de Cháparra se gestionan aulas prefabricadas, pero existen retrasos por parte de la GREA. Mientras que en Acarí la municipalidad desarrolla una ficha de intervención que permita al GRA ejecutar trabajos de mantenimiento en el plantel”, declaró.

Mientras continúan las coordinaciones entre autoridades regionales y locales, los estudiantes de ambas instituciones siguen desarrollando actividades académicas en condiciones inadecuadas.

Seis personas fueron detenidas el miércoles tras una persecución policial vinculada a un presunto caso de contrabando en los distritos de Tiabaya y Uchumayo. La intervención estuvo a cargo de agentes de la Comisaría de Tiabaya, quienes desplegaron un operativo luego de que los ocupantes de dos camionetas intentaran escapar del control policial.

Según la información preliminar, la persecución se inició en el lateral 7 de El Cural, cuando los efectivos intentaron intervenir dos vehículos sospechosos. Las unidades fueron identificadas con placas AUT-940, registrada a nombre de Delia Quispe, y ABU-689, registrada a nombre de Rodolfo Ccopa, de acuerdo con los datos proporcionados durante la intervención.

La fuga obligó a los agentes a solicitar apoyo del serenazgo de la Municipalidad Distrital de Uchumayo. El operativo se extendió por diferentes puntos de la zona agrícola, entre vías afirmadas, chacras y accesos rurales, hasta lograr ubicar a los vehículos involucrados en la presunta actividad ilícita.

Una de las camionetas fue interceptada en la vía Huayco Cural, mientras que la segunda terminó detenida en el sector de Los Tunales, cerca del límite entre Tiabaya y Uchumayo. En ambos puntos, la Policía realizó diligencias preliminares para asegurar las unidades, identificar a los ocupantes y verificar la carga trasladada.

En total, fueron intervenidos cinco varones y una mujer. De acuerdo con el reporte inicial, los detenidos estarían vinculados al traslado de mercadería de presunto contrabando, aunque la calificación definitiva dependerá de las diligencias fiscales, el peritaje de los productos y la documentación que puedan presentar los intervenidos.

Durante el operativo se informó sobre la presunta presencia de bebidas alcohólicas, entre ellas whisky, que serán sometidas a verificación para determinar si cuentan con documentación legal o si se trataría de productos adulterados. La Policía aguardaba la presencia del Ministerio Público para proceder con la incautación formal de la mercadería hallada.

La intervención también generó alarma entre vecinos de Los Tunales, quienes señalaron que se trata de una zona agrícola normalmente tranquila y que no habían observado antes una persecución de estas características. Algunos pobladores expresaron preocupación por la inseguridad y pidieron mayor presencia policial en los accesos rurales.

Uno de los vehículos presentaría un orificio compatible con impacto de proyectil en el parabrisas, hecho que también será materia de investigación. La Policía deberá determinar si los disparos fueron efectuados durante la persecución, en qué circunstancias se produjeron y si alguno de los intervenidos portaba armas o intentó agredir a los agentes.

El caso quedó en manos de las autoridades competentes, que deberán establecer responsabilidades por el presunto delito de contrabando y por cualquier otro ilícito que pueda desprenderse de la intervención. Las camionetas, la mercadería incautada y los elementos recogidos en la zona serán determinantes para reconstruir la ruta utilizada, identificar el origen de los productos y precisar hacia dónde iban a ser trasladados.

La captura de seis personas en Uchumayo vuelve a poner bajo la lupa las rutas rurales que estarían siendo usadas para evadir controles y movilizar mercadería ilegal hacia la ciudad. La investigación deberá determinar si se trató de un hecho aislado o de una red organizada, debido a que el contrabando no solo golpea la recaudación y al comercio formal, sino que también incrementa la inseguridad en las zonas donde opera.

FORTALECERÁ SU PROPUESTA ACADÉMICA

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) otorgó el Licenciamiento a la filial de la Universidad Católica de Santa María en Lima, consolidando así la presencia académica de esta casa superior de estudios en la capital del país y reafirmando su compromiso con una educación de calidad y excelencia académica.

Asimismo, la casa santamariana viene preparando la implementación de nuevas ofertas de posgrado orientadas a responder a las necesidades del país y al fortalecimiento de las instituciones públicas. Entre ellas destacan la Maestría en Derecho  Constitucional, coordinada por el Dr. Ernesto Blume Fortini, expresidente del Tribunal Constitucional; y la Maestría en Gestión Pública, coordinada por el Dr. Juan Jiménez Mayor, expresidente del Consejo de Ministros.

Con esta propuesta académica, la UCSM busca posicionarse en Lima como una institución referente en la formación especializada en derecho constitucional, justicia y gestión pública, ofreciendo programas innovadores respaldados por reconocidos académicos y especialistas de trayectoria nacional e internacional.

El Licenciamiento otorgado por SUNEDU garantiza que la filial de la UCSM en Lima cumple con las condiciones básicas de calidad educativa, asegurando una formación de primer nivel para los profesionales que opten por continuar sus estudios de posgrado en esta prestigiosa universidad.

Cabe precisar que el Instituto de Formación Continua Víctor Andrés Belaunde  de Universidad Católica de Santa María en su Filial de  Lima cuenta con un Consejo  Consultivo integrado por destacadas personalidades del ámbito jurídico, constitucional de nuestro país , quienes aportarán su experiencia académica y profesional al fortalecimiento de los programas de maestría que ofrecerá la casa superior de estudios.

Entre sus integrantes figura Domingo García Belaunde, presidente Honorario de la APDC, fundador y Secretario General Ejecutivo del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Además, es Profesor Honorario y Doctor Honoris Causa de la UCSM.

También forma parte del comité Víctor García Toma, expresidente del Tribunal Constitucional, y ex embajador del Perú ante la ONU. Asimismo, es Profesor Honorario y Doctor Honoris Causa de la UCSM,  quien además es Director Ejecutivo del Instituto en la capital de la República.

La lista incluye además a Susana Castañeda Otsu, Segunda Vicepresidenta de la APDC y expresidenta de la Sala Penal Nacional de Apelaciones del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

El comité consultivo también está conformado por Oscar Urviola Hani, expresidente del Tribunal Constitucional y  Jorge Danos Ordóñez, exjefe del Gabinete de Asesores de la PCM, y profesor principal de la Facultad de Derecho de la PUCP.

Con estos destacados académicos y reconocidos especialistas, la Universidad Católica de Santa María busca consolidar en Lima una propuesta académica de excelencia, orientada a la formación especializada de profesionales en derecho constitucional, justicia y gestión pública, contribuyendo al fortalecimiento institucional y al desarrollo del país.

El caso salió a la luz luego de que familias de Caylloma descubrieran que terrenos donde desarrollaban actividades ganaderas habían sido inscritos a nombre del Estado pese a contar con escrituras públicas. Según denunciaron, se enteraron cuando empresas mineras dejaron de renovar acuerdos de uso de tierras y les informaron que ahora negociarían directamente con el Estado. El caso fue formalizado en el Informe de Fiscalización N.° 003-2026/YCHC, elaborado por la consejera regional Yesenia Choquehuanca y aprobado durante la última sesión ordinaria del Legislativo regional. El documento advierte presuntas omisiones durante el procedimiento de inscripción de nueve predios a favor del Estado mediante la Resolución Gerencial General Regional N.° 021-2024-GRA/GGR. Entre los hallazgos figura que las notificaciones a terceros afectados no aparecen en el expediente administrativo. Además, el informe señala que una visita de campo consignada el 6 de julio de 2023 no se habría realizado, ya que el funcionario encargado registró asistencia ese mismo día en oficinas del GRA. Es decir, ya existen hechos comprobados de irregularidad.

La fiscalización también cuestiona que terrenos con presencia de bofedales, animales y actividad ganadera hayan sido considerados eriazos durante las inspecciones. Dicha situación derivó en la aprobación del Acuerdo Regional N.° 124-2026-GRA/CR, mediante el cual el consejo regional conformó una comisión especial investigadora. El grupo integrado por César Huamantuma, Yesenia Choquehuanca y Natividad Taco revisará las primeras inscripciones de dominio realizadas para determinar si se ejecutaron conforme a la normativa y/o afectaron propiedades privadas no inscritas en registros públicos.

El consejero presidente de la comisión, César Huamantuma, sostuvo que la investigación buscará identificar patrones repetidos en los procesos ejecutados por la Oficina de Acondicionamiento Territorial. Entre ellos, posibles omisiones en inspecciones, afectación de derechos de comunidades y propietarios particulares, así como eventuales beneficios indirectos para proyectos mineros.“Ese caso no es el único. Ya hemos detectado varios reportes similares en Caravelí. Ahora buscamos cuantificar cuántos terrenos se han inscrito afectando propietarios, comunidades y personas naturales o jurídicas”, señaló.

Para el legislador regional, las presuntas irregularidades no responderían a errores aislados, sino a una práctica repetitiva dentro de la Oficina de Acondicionamiento Territorial. El consejero sostuvo que, desde 2015, las inscripciones de terrenos se incrementaron de forma masiva en provincias con actividad minera y cuestionó que no se verificara adecuadamente la existencia de propietarios antes de registrar los predios a nombre del Estado. Además, advirtió que estas actuaciones podrían generar futuras demandas contra el GRA por posible afectación de derechos de particulares y comunidades campesinas.

La comisión especial tendrá un plazo de 120 días para revisar expedientes y emitir conclusiones. Mientras que el informe de fiscalización recomienda iniciar procedimientos administrativos contra los funcionarios involucrados y remitir el caso a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales para evaluar la legalidad de las inscripciones realizadas por el GRA.

A finales de abril, Briones Silva dejó el cargo para postular a la Alcaldía Provincial de Arequipa en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. En su reemplazo, el GRA nombró a Araníbar Salazar, miembro en retiro de la Policía Nacional del Perú con grado de comandante. El funcionario desarrolló gran parte de su trayectoria operativa en Arequipa, donde ocupó cargos como jefe de la comisaría de Chala, en Caravelí; jefe de la Comisaría Sectorial de Majes, en Caylloma; responsable de la Oficina de Disciplina de Inspectoría en Camaná; y jefe policial en Nasca, región Ica.

Araníbar Salazar fue incorporado oficialmente durante la tercera sesión del Coresec Arequipa. En ese espacio señaló que continuará con las políticas, programas y proyectos contemplados en el plan regional de seguridad ciudadana. “La delincuencia no descansa. Nosotros tampoco lo haremos. La meta es clara: una región más segura, articulada y con capacidad de respuesta. Tenemos las herramientas y, lo más importante, el compromiso de trabajar unidos para lograr un entorno seguro que permita el desarrollo humano y la paz social”, expresó.

El Coresec reúne a autoridades regionales e instituciones vinculadas a seguridad ciudadana para coordinar estrategias y acciones frente a la delincuencia. Este organismo funciona bajo la Ley N.° 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, y articula medidas de prevención, respuesta operativa y coordinación interinstitucional en la región.

Durante la sesión también se incorporó a Ruccy Oscco Polar como representante de la Municipalidad Provincial de Arequipa en reemplazo del suspendido alcalde Víctor Hugo Rivera Chávez.

La intervención contempla una inversión contractual de S/ 12 millones 701 mil 446.97 y beneficiará directamente a más de 18 mil habitantes de la jurisdicción, quienes actualmente enfrentan limitaciones para acceder a servicios especializados y una infraestructura adecuada.

El nuevo establecimiento de salud contará con una moderna infraestructura de dos niveles y un sótano, diseñada para garantizar una atención eficiente, segura y oportuna. Entre los principales ambientes considerados figuran 13 consultorios de consulta externa, área de urgencias y emergencias, sala para toma de muestras y pruebas rápidas, farmacia y expendio de medicamentos, cadena de frío, almacén general y área de desinfección y esterilización.

Asimismo, se ha previsto la implementación de una residencia para el personal de salud y un área destinada a la gestión de la información, con el propósito de optimizar los procesos administrativos y asistenciales del establecimiento.

El proyecto también incluye un importante componente de equipamiento y mobiliario moderno. En total se instalarán 746 equipos y bienes destinados a garantizar una atención integral. Entre ellos destacan 39 equipos biomédicos, 129 equipos complementarios, 28 equipos electromecánicos, 103 equipos informáticos y de comunicaciones, además de 42 sets de instrumental médico.

A ello se suman 253 mobiliarios administrativos, 151 mobiliarios clínicos y una ambulancia totalmente equipada para atender emergencias y facilitar el traslado oportuno de pacientes.

Con esta obra, el Gobierno Regional de Arequipa reafirma su compromiso con el cierre de brechas sociales y la mejora de los servicios básicos en las provincias más alejadas, acercando infraestructura moderna y atención digna a la población que más lo necesita.

La Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) constituye uno de los derechos laborales más importantes dentro del régimen laboral peruano, no solo por el impacto económico que representa para los trabajadores, sino también por la finalidad social y protectora que cumple dentro de la relación laboral. Aunque muchas personas identifican la CTS únicamente como un depósito realizado dos veces al año por el empleador, en realidad este beneficio tiene una función mucho más profunda: convertirse en un mecanismo de respaldo económico frente a la pérdida del empleo.

La CTS nace bajo la lógica de que todo trabajador necesita contar con cierta estabilidad económica cuando ocurre el cese laboral, ya sea por despido, renuncia, culminación del contrato o cualquier otra causa que ponga fin a la relación laboral. En una realidad como la peruana, donde muchas familias dependen exclusivamente del ingreso mensual de uno o dos miembros del hogar, perder el empleo puede significar una afectación inmediata en aspectos esenciales como alimentación, educación, vivienda o salud.

Por ello, la legislación laboral peruana ha establecido que parte de la remuneración del trabajador sea depositada periódicamente en una entidad financiera elegida por él mismo, generando intereses y constituyendo un fondo intangible que pueda ser utilizado cuando ocurra una contingencia laboral.

En consecuencia, la CTS no debe entenderse como un “bono” o un beneficio accesorio, sino como un verdadero mecanismo de protección social que busca garantizar un mínimo de estabilidad económica al trabajador frente a situaciones de desempleo.

El desempleo y la necesidad de mecanismos de protección económica

Uno de los principales problemas que enfrenta el mercado laboral peruano es la inestabilidad laboral. Muchas personas trabajan bajo contratos temporales, condiciones precarias o incluso en situaciones de informalidad que dificultan la existencia de una seguridad económica permanente.

En ese contexto, la CTS adquiere una importancia fundamental, ya que funciona como una especie de “seguro de desempleo indirecto”, permitiendo que el trabajador cuente con recursos económicos mientras busca una nueva oportunidad laboral.

La pérdida del empleo no solo afecta los ingresos de una persona; también genera incertidumbre, ansiedad y problemas familiares. Un trabajador que queda desempleado sin ningún respaldo económico puede verse obligado a aceptar trabajos precarios, endeudarse o incluso caer en situaciones de pobreza.

Precisamente por ello, el derecho laboral moderno reconoce que la estabilidad económica mínima del trabajador debe ser protegida incluso después de finalizada la relación laboral.

La CTS cumple justamente esa función preventiva y protectora. Su objetivo no es enriquecer al trabajador, sino permitirle afrontar de mejor manera un periodo de desempleo temporal.

En otras palabras, la CTS representa un fondo construido progresivamente durante la vigencia del vínculo laboral para proteger al trabajador cuando más lo necesita.

La CTS como expresión del principio protector del derecho laboral

El derecho laboral tiene una naturaleza distinta a otras ramas del derecho, debido a que busca equilibrar la relación existente entre empleador y trabajador, reconociendo que el trabajador se encuentra en una posición de mayor vulnerabilidad dentro de la relación laboral.

Bajo esa lógica surge el denominado “principio protector”, el cual inspira la creación de diversos derechos laborales destinados a garantizar condiciones mínimas de dignidad, seguridad y estabilidad para los trabajadores.

La CTS constituye una de las manifestaciones más claras de este principio protector. A través de ella, el Estado reconoce que el trabajador necesita una herramienta de protección económica frente a la eventual pérdida del empleo.

Esta protección adquiere aún mayor relevancia en escenarios económicos complejos, donde los índices de desempleo aumentan y las oportunidades laborales disminuyen. En tales situaciones, la CTS puede convertirse en el único sustento temporal para muchas familias.

Por ello, el incumplimiento de este derecho no constituye únicamente una infracción administrativa, sino también una afectación directa a la estabilidad económica y dignidad del trabajador.

¿Quiénes tienen derecho a percibir la CTS?

La legislación peruana establece que tienen derecho a percibir la CTS los trabajadores sujetos al régimen laboral común de la actividad privada que laboren, en promedio, una jornada mínima diaria de cuatro horas.

Sin embargo, la norma también establece determinadas exclusiones, como:

• Trabajadores part time que laboren menos de cuatro horas diarias.
• Trabajadores que perciben el 30 % o más de las tarifas pagadas por el público.
• Trabajadores sujetos a convenios de Remuneración Integral Anual.
• Trabajadores que laboran en microempresas inscritas en el Remype.

Asimismo, determinados sectores cuentan con regímenes especiales propios, como construcción civil o el sector Pesquero, los cuales poseen reglas particulares respecto a este beneficio.

No obstante, más allá de las excepciones legales, resulta importante destacar que la CTS constituye un derecho irrenunciable para los trabajadores comprendidos dentro de su ámbito de aplicación.

Esto significa que ningún trabajador puede ser obligado a renunciar a este derecho ni aceptar acuerdos destinados a eliminarlo o reducirlo indebidamente.

El cálculo de la CTS y la importancia de la remuneración computable

Uno de los aspectos que genera mayor controversia respecto a la CTS es el cálculo de la remuneración computable.

Muchas veces se cree erróneamente que la CTS se calcula únicamente sobre el sueldo básico del trabajador; sin embargo, la legislación establece que deben considerarse diversos conceptos remunerativos adicionales.

Por ejemplo, cuando el trabajador percibe horas extras, comisiones u otros conceptos variables de manera regular, estos también pueden integrar la base de cálculo del beneficio.

Asimismo, debe incluirse una sexta parte de la gratificación percibida durante el semestre correspondiente.

Precisamente aquí surgen muchos incumplimientos empresariales. Algunas empresas excluyen conceptos remunerativos que legalmente sí forman parte de la remuneración computable, reduciendo indebidamente el monto que corresponde depositar al trabajador.

Estas prácticas no solo generan perjuicio económico al trabajador, sino también contingencias legales, administrativas e inspectivas para el empleador.

Por ello, resulta indispensable que las empresas cuenten con un adecuado manejo técnico y legal de la planilla y de los beneficios sociales.

El incumplimiento del depósito y sus consecuencias

El depósito oportuno de la CTS constituye una obligación legal para el empleador y no una facultad discrecional.

La normativa establece plazos específicos para realizar el depósito correspondiente y dispone además que el empleador entregue al trabajador una liquidación detallada del cálculo efectuado.

Cuando el empleador incumple esta obligación, automáticamente queda obligado al pago de: intereses, diferencias de cambio y posibles sanciones administrativas impuestas por la autoridad inspectiva.

Además, el incumplimiento puede generar reclamos judiciales y afectar seriamente la imagen y reputación de la empresa.

Muchas veces las empresas consideran erróneamente que retrasar o incumplir el depósito de la CTS constituye una falta menor; sin embargo, se trata de una afectación directa a un derecho fundamental de contenido económico del trabajador.

La intangibilidad de la CTS y su finalidad previsional

Uno de los aspectos más importantes de la CTS es su carácter intangible e inembargable. La ley protege este beneficio precisamente porque su finalidad es garantizar que el trabajador disponga efectivamente de recursos económicos cuando ocurra el desempleo.

Esto significa que, salvo excepciones expresamente previstas por ley —como obligaciones alimentarias—, los depósitos de CTS no pueden ser embargados ni utilizados libremente por terceros.

La finalidad de esta protección es evitar que el trabajador quede completamente desprotegido frente a una contingencia laboral.

En otras palabras, el legislador ha considerado que la CTS cumple una función social tan importante que merece un nivel especial de protección jurídica.

La labor de la SUNAFIL y la importancia de la fiscalización

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral cumple un rol fundamental en la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la CTS.

La fiscalización permite verificar: el depósito oportuno, el correcto cálculo del beneficio, la entrega de liquidaciones, la elección adecuada del depositario y el respeto de los derechos laborales vinculados a este beneficio.

Sin embargo, la labor de la SUNAFIL no se limita únicamente a sancionar incumplimientos. También desarrolla acciones preventivas y de orientación destinadas a promover el cumplimiento voluntario de las normas laborales.

En los últimos años, incluso se han implementado herramientas digitales como el aplicativo “Calcula tu CTS”, orientado a facilitar a los trabajadores un cálculo referencial de su beneficio social.

Estas acciones resultan fundamentales para fortalecer la cultura de cumplimiento laboral y promover relaciones laborales más transparentes.

La necesidad de fortalecer la formalidad laboral y la cultura de cumplimiento

En el Perú todavía existe un importante nivel de informalidad laboral que afecta directamente el acceso de miles de trabajadores a beneficios sociales como la CTS.

Muchos trabajadores ni siquiera conocen plenamente sus derechos laborales o no cuentan con mecanismos adecuados para exigir su cumplimiento.

Por ello, resulta indispensable fortalecer las políticas de formalización laboral, orientación preventiva y fiscalización efectiva, a fin de garantizar que todos los trabajadores accedan a los derechos reconocidos por la ley.

Las empresas también deben comprender que cumplir con las obligaciones laborales no constituye únicamente una exigencia legal, sino una muestra de responsabilidad social y respeto por la dignidad del trabajador.

Un entorno laboral que respeta los derechos laborales genera: mayor estabilidad, mejor clima organizacional, reducción de conflictos, incremento de productividad y fortalecimiento de la confianza entre empleador y trabajador.

Finalmente, la CTS representa mucho más que un depósito semestral. Constituye un derecho fundamental de contenido social que busca proteger la estabilidad económica de los trabajadores y sus familias frente a uno de los momentos más difíciles dentro de la vida laboral: la pérdida del empleo.

El descenso de la temperatura nocturna en diversas zonas de la sierra peruana ha colocado en situación de riesgo a cerca de un millón de personas, según un informe elaborado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred). El fenómeno climático, previsto entre el 13 y el 15 de mayo, afectará principalmente a localidades altoandinas donde las temperaturas llegarán hasta los 12 grados bajo cero durante las madrugadas.

El reporte advierte que 769 mil 191 personas se encuentran en riesgo muy alto debido a las bajas temperaturas, mientras que otras 996 mil 896 afrontan un riesgo alto. Asimismo, se identificó a 103 distritos en condición de riesgo muy alto y a 177 distritos en nivel alto de vulnerabilidad, especialmente en regiones de la sierra central y sur del país.

Entre las regiones más afectadas figura Áncash, con 30 distritos en riesgo muy alto y más de 282 mil personas expuestas a temperaturas extremas. Cajamarca también presenta una situación preocupante, con más de 301 mil habitantes en condición de riesgo severo. Arequipa y Lima registran igualmente cifras importantes, con 76 mil y 37 mil personas afectadas, respectivamente.

En el caso del riesgo alto, Arequipa encabeza la lista con más de 317 mil personas vulnerables, seguida de La Libertad, Áncash y Puno. Las autoridades alertaron que las bajas temperaturas podrían generar un incremento de enfermedades respiratorias, especialmente entre niños y adultos mayores que viven en comunidades rurales de difícil acceso.

Para la noche del miércoles 13 de mayo se pronosticó temperaturas de entre 0 y -12 grados Celsius en localidades de la sierra sur ubicadas por encima de los 4 000 metros sobre el nivel del mar. En la sierra central, las temperaturas oscilarán entre 0 y -5 grados en zonas que superan los 3 200 metros de altitud. Estas condiciones climáticas afectarán principalmente a regiones como Áncash, Arequipa, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, Lima, Moquegua, Pasco, Puno y Tacna.

El jueves 14 de mayo persistirá el intenso frío. En la sierra sur se esperan mínimas de hasta -10 grados Celsius, mientras que en la sierra central podrían registrarse temperaturas de hasta -8 grados. En la sierra norte, las temperaturas fluctuarán entre 6 y 12 grados en localidades situadas sobre los 2 500 metros de altitud. Entre los departamentos comprendidos en este pronóstico figuran Ayacucho, Cajamarca, La Libertad y Pasco.

Para el viernes 15 de mayo, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) prevé que continúen las temperaturas extremas en gran parte de la sierra peruana. En la sierra sur los valores podrían volver a descender hasta los -12 grados, mientras que en la sierra central se mantendrán entre 0 y -8 grados Celsius.

Ante este escenario, las autoridades recomendaron a la población adoptar medidas preventivas, como el uso de ropa abrigadora, evitar cambios bruscos de temperatura y proteger especialmente a niños y adultos mayores. También exhortaron a los gobiernos regionales y locales a reforzar las acciones de atención y asistencia en las zonas más vulnerables del país.

El complejo arqueológico de Pumamarka, ubicado en la parte alta de Ollantaytambo, en la provincia cusqueña de Urubamba, se proyecta como uno de los nuevos destinos estratégicos para fortalecer el turismo cultural en el Valle Sagrado de los Incas. Gracias a las obras de mejoramiento vial y de infraestructura turística que ejecuta el Gobierno Regional del Cusco, este importante sitio arqueológico podría convertirse en un punto de visita obligatorio para los turistas nacionales y extranjeros que llegan rumbo a Machu Picchu.

Pumamarka se encuentra a 3 427 metros sobre el nivel del mar y destaca por sus impresionantes andenes incas, colcas y recintos de piedra que forman parte de un conjunto arquitectónico de gran valor histórico. Según especialistas, este lugar habría sido utilizado como un centro de almacenamiento de alimentos y posiblemente como espacio militar debido a su ubicación estratégica.

Actualmente, el proyecto vial que conecta Ollantaytambo con el complejo arqueológico registra un avance del 76 %. Los trabajos, ejecutados por el Plan Copesco, incluyen el mejoramiento de la carretera, construcción de cunetas y colocación de enrocado en zonas vulnerables. Posteriormente, se realizará el asfaltado y adoquinado de 3.7 kilómetros de vía que permitirán un acceso más rápido y seguro hasta el sitio arqueológico.

Además de la vía, se ejecuta un componente turístico que presenta un avance del 36 %. Este contempla la construcción de paradores turísticos, una plaza artesanal, señalización especializada y tótems interpretativos destinados a mejorar la experiencia de los visitantes. La inversión total del proyecto supera los 15 millones de soles.

Las autoridades regionales consideran que esta obra impulsará el desarrollo económico de las comunidades cercanas, especialmente de Pallata, donde se ubican los restos arqueológicos. El mejor acceso permitirá fortalecer actividades vinculadas al turismo, como la gastronomía, artesanía y servicios de hospedaje.

Una vez culminadas las obras, el trayecto desde Ollantaytambo hasta Pumamarka tomará aproximadamente diez minutos. Los turistas podrán recorrer terrazas agrícolas incas, colcas y estructuras rodeadas por una gran muralla que, según algunos estudios, tendría la forma de un puma. También destacan sectores con construcciones en forma de “zigzag” y depósitos preincaicos elaborados con piedra y barro que se mantienen en buen estado pese al paso del tiempo y las condiciones climáticas.

Especialistas señalan que Pumamarka contribuirá a descentralizar el turismo en Cusco y ampliar la permanencia de los visitantes en la provincia de Urubamba. Este impulso se suma al reconocimiento internacional de Ollantaytambo como “Best Tourism Village” otorgado por la Organización Mundial del Turismo, así como a su categoría de Jerarquía 4 turística, máxima distinción para destinos turísticos del país.