TERREMOTO DE MAGNITUD 7,4

La emergencia movilizó a las autoridades nacionales y locales, que desplegaron equipos de rescate y atención para evaluar los daños y asistir a las familias afectadas. El fuerte movimiento telúrico provocó escenas de alarma en distintas ciudades y ocasionó daños estructurales en viviendas, iglesias, hoteles y otras edificaciones.

De acuerdo con los balances preliminares de gobernadores y alcaldes recogidos por la AFP, Risaralda, cuya capital es Pereira, es hasta ahora el departamento más afectado, con 40 fallecidos. En el vecino Valle del Cauca, cuya capital es Cali, se contabilizan 27 muertos, mientras que en Caldas, particularmente en la ciudad de Manizales, se reportaron al menos dos víctimas mortales.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, confirmó que en su departamento se registraban alrededor de 27 personas fallecidas. La autoridad regional precisó, sin embargo, que ese balance no incluía necesariamente a las eventuales víctimas registradas en Cali, debido a que la evaluación de daños y víctimas continuaba.

PEREIRA CONCENTRA PARTE DE LAS VÍCTIMAS

En Pereira, una de las ciudades más golpeadas por el movimiento sísmico, el alcalde Mauricio Salazar informó que hasta el momento se habían registrado 18 personas fallecidas. Los equipos de emergencia continuaban con la evaluación de inmuebles y la búsqueda de posibles personas afectadas.

La magnitud del terremoto provocó también daños visibles en viviendas y edificios. Habitantes de la ciudad relataron momentos de angustia durante el movimiento y las labores posteriores para poner a salvo a familiares, especialmente adultos mayores.

“Alcanzamos a llegar a sacar los abuelos. El apartamento quedó mal, el edificio está totalmente destruido”, relató a EFE Johanna Ramírez, una habitante de Pereira que estaba a cargo del cuidado de una pareja de ancianos.

Las imágenes difundidas después del terremoto muestran el impacto que tuvo el movimiento en diferentes sectores de la ciudad. En uno de los videos se observa cómo parte de la estructura superior de la iglesia de San José de Pereira se desprende durante el sismo, mientras personas que se encontraban en la vía pública intentaban mantenerse en pie debido a la intensidad del movimiento.

Otro registro muestra el desprendimiento de parte de la fachada de un hotel. La persona que grabó las imágenes señaló que quienes se encontraban dentro del establecimiento se encontraban a salvo.

VIVIENDAS E IGLESIAS AFECTADAS

En Manizales, capital de Caldas, el alcalde Jorge Eduardo Rojas Giraldo confirmó la muerte de al menos dos personas y señaló que entre 20 y 30 viviendas habían colapsado como consecuencia del terremoto.

La autoridad local también informó sobre daños en varias iglesias de la ciudad. Ante la emergencia, la Alcaldía habilitó tres albergues para atender a las personas que no podían regresar a sus viviendas o necesitaban un lugar seguro mientras se evaluaba la estabilidad de las estructuras.

La región cafetera concentró buena parte de las afectaciones, pese a que el epicentro del terremoto se ubicó en una zona diferente del país. Las autoridades mantienen las labores de evaluación para determinar la magnitud total de los daños materiales y establecer si existen más víctimas.

AEROPUERTOS PERMANECEN CERRADOS

El terremoto también ocasionó interrupciones en las operaciones aéreas. La autoridad aeronáutica colombiana informó que los aeropuertos de Pereira, Manizales y Armenia permanecían cerrados debido a los daños registrados.

En el Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira se produjo el desprendimiento de parte del techo de sus instalaciones. Las autoridades deben verificar las condiciones de seguridad antes de permitir la reanudación de las operaciones.

La interrupción de los servicios aeroportuarios representa una dificultad adicional para el desplazamiento de pasajeros y para las labores de emergencia, especialmente mientras continúan las evaluaciones de infraestructura.

EPICENTRO EN CHOCÓ

Según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el terremoto alcanzó una magnitud de 7,4 y tuvo su epicentro en las inmediaciones de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, en la región del Pacífico colombiano.

Aunque el epicentro se localizó en el occidente del país, el movimiento fue sentido con fuerza en numerosas zonas y produjo daños particularmente importantes en la región cafetera del centro.

La declaración de desastre nacional permitirá al Gobierno colombiano reforzar la coordinación de las acciones de respuesta y atención frente a la emergencia. Las autoridades continúan recopilando información sobre víctimas, personas afectadas y daños en infraestructura.

El balance es todavía preliminar y podría aumentar conforme avancen las labores de búsqueda, rescate y evaluación de edificaciones. Equipos de emergencia permanecen desplegados en las zonas más afectadas, mientras las autoridades exhortan a la población a mantenerse atenta a las indicaciones oficiales y evitar ingresar a estructuras que hayan sufrido daños.

El terremoto se convirtió así en una de las principales emergencias registradas en Colombia en los últimos años, con una amplia zona afectada y cientos de familias que enfrentan las consecuencias de los daños ocasionados por el fuerte movimiento telúrico.

En ese sentido el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dispuso vigilancia ante el riesgo de ataques durante la ceremonia, que contó con la presencia de una decena de jefes de Estado y otras autoridades internacionales.

En la lista de los invitados estuvieron los presidentes de Argentina, Paraguay, Chile y Ecuador, además del rey de España, Felipe VI.

De la Espriella, de 48 años y ubicado en la extrema derecha, ganó las elecciones presidenciales de junio con un discurso centrado en el combate contra las organizaciones armadas ilegales y el narcotráfico. Durante su campaña planteó incluso realizar operaciones contra estos grupos con apoyo de Estados Unidos.

La decisión de realizar la ceremonia en Cali, en lugar de Bogotá, generó preocupación debido a la presencia e influencia de organizaciones vinculadas al narcotráfico en distintas zonas de la ciudad y sus alrededores.

Las autoridades colombianas reforzaron las medidas de seguridad para garantizar el desarrollo de la investidura.

La Santa Sede señaló que algunas personas afectadas por estos hechos participarán directamente en la preparación de la reunión. El Vaticano precisó que se ofrecerán mayores detalles sobre el encuentro posteriormente, de ser necesario.

La reunión se enmarca en los esfuerzos del pontífice por reforzar la respuesta de la Iglesia frente a los casos de abusos sexuales y escuchar directamente a quienes fueron víctimas. Durante una visita realizada a España a comienzos de junio, León XIV ya había expresado su compromiso de impulsar “esfuerzos adicionales” y una respuesta más eficaz frente a este problema.

La dimensión de la crisis quedó expuesta en Francia a través de un informe elaborado por una comisión independiente y publicado en octubre de 2021. El documento estimó en aproximadamente 330 000 el número de menores que habrían sido víctimas de abusos sexuales relacionados con la Iglesia francesa.

El anuncio del encuentro fue realizado coincidiendo con la presentación del programa oficial del viaje papal y la apertura de las inscripciones para participar en las diferentes actividades previstas durante su permanencia en territorio francés.

La agenda de León XIV comenzará el 25 de septiembre, cuando tiene previsto reunirse con el presidente francés, Emmanuel Macron. Posteriormente, participará en la celebración de vísperas en la catedral de Notre-Dame de París.

Durante su visita, el pontífice también presidirá una misa en la plaza de la Concordia, en París, donde se espera una importante concentración de fieles. Asimismo, viajará a Lourdes, uno de los principales centros de peregrinación católica, donde celebrará otra misa al aire libre.

El encuentro con víctimas de abusos se perfila como uno de los momentos más significativos de la visita, debido a la necesidad de mantener la atención sobre la protección de menores y la responsabilidad institucional de la Iglesia frente a estos casos.

De la Espriella, abogado de 48 años, reemplazó en la Presidencia a Gustavo Petro, quien se convirtió en 2022 en el primer mandatario de izquierda de Colombia. La ceremonia de investidura tuvo un carácter inusual al desarrollarse en Cali, ciudad del suroeste del país afectada por acciones de grupos armados y hechos de violencia.

Ante cientos de militares, el nuevo gobernante afirmó que su administración buscará derrotar al narcoterrorismo y a las organizaciones criminales. Sostuvo que los grupos ilegales tienen dos alternativas: someterse a la ley o enfrentar la respuesta de la fuerza pública.

“La opción de diálogo está completamente agotada”, afirmó durante su discurso, marcando distancia con la política de “paz total” impulsada durante el gobierno de Petro y los procesos de negociación desarrollados con diferentes organizaciones armadas.

La toma de mando estuvo acompañada de un amplio despliegue de seguridad. Alrededor de 11 000 militares fueron movilizados en Cali y se activó un sistema antidrones ante el riesgo de ataques. A la ceremonia acudieron una decena de jefes de Estado, representantes del Gobierno de Estados Unidos y varios cancilleres.

ACERCAMIENTO CON WASHINGTON

El cambio de gobierno también plantea una nueva etapa en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. De la Espriella, cercano al presidente estadounidense Donald Trump, anunció que fortalecerá las alianzas estratégicas con países que compartan sus valores democráticos.

El mandatario también anunció su intención de suscribir el denominado Escudo de las Américas, una alianza internacional orientada a combatir el crimen transnacional y promovida por Washington.

En materia de seguridad, De la Espriella prometió intensificar las operaciones contra los grupos armados y combatir los cultivos ilícitos. También planteó medidas como la construcción de megacárceles y una reducción significativa del tamaño del Estado.

Su programa contempla, además, impulsar la explotación de petróleo y gas mediante fracking y reducir impuestos para los sectores de mayores ingresos.

RIESGO DE MAYOR VIOLENCIA

Especialistas y defensores de derechos humanos han expresado preocupación por las consecuencias que podría tener una estrategia militar más agresiva en zonas donde los grupos armados mantienen presencia y donde también vive población civil.

El nuevo gobierno recibe unas fuerzas militares con capacidades limitadas frente a organizaciones armadas que, según estimaciones citadas por la Fundación Ideas para la Paz, reúnen alrededor de 25 000 personas.

De la Espriella también anunció el cierre de la Oficina Presidencial de Paz y de la Oficina de Derechos Humanos, como parte de su propuesta de reducir el aparato estatal en 40%.

Trump justificó la medida al denunciar la existencia de presuntas redes organizadas que facilitarían el ingreso de mujeres embarazadas a Estados Unidos exclusivamente para acceder a la ciudadanía por nacimiento. Según el mandatario, el decreto contempla medidas para restringir la entrega de visas a personas que las autoridades consideren que tienen ese propósito, así como a quienes participen en la organización de estas actividades.

La decisión vuelve a poner en el centro del debate el alcance de la ciudadanía por derecho de nacimiento, reconocida por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución estadounidense. Esta disposición establece, con excepciones específicas, que las personas nacidas en territorio de Estados Unidos son ciudadanas del país.

El nuevo decreto se produce después de una reciente decisión de la Corte Suprema estadounidense sobre los intentos de restringir este derecho. En su sentencia del 30 de junio, los jueces señalaron que los niños nacidos en Estados Unidos cuyos padres se encuentran en el país de manera irregular o temporal están sujetos a la jurisdicción estadounidense y adquieren la ciudadanía desde su nacimiento.

Actualmente, los funcionarios consulares pueden negar una visa cuando existen razones para considerar que una persona pretende viajar a Estados Unidos para dar a luz. Sin embargo, los críticos de este mecanismo advierten que algunas mujeres ingresan solicitando únicamente autorización como turistas.

Stephen Miller, uno de los principales asesores de Trump, afirmó que el decreto también afectará a hijos de integrantes de organizaciones terroristas extranjeras y a determinadas personas vinculadas con gobiernos extranjeros.

La medida forma parte de la política migratoria impulsada por Trump, que busca endurecer los controles de ingreso, reducir la inmigración irregular y ampliar las deportaciones de migrantes indocumentados.

El director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), Pablo Martínez, informó que los peruanos fueron ubicados tras varias semanas de labores de inteligencia. Los trabajadores habían ingresado legalmente al país como turistas, pero realizaban actividades laborales sin contar con la autorización correspondiente.

La investigación permanece abierta para determinar si el caso podría estar relacionado con trata de personas con fines de explotación laboral. Según las autoridades, la empresa que opera la mina, identificada como Compañía Río Minerales, habría trasladado durante el año a varios grupos de ciudadanos peruanos para trabajar en el lugar.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, pidió que se aplique todo el peso de la ley contra la empresa y expresó su deseo de que los trabajadores puedan retornar al Perú.

La mandataria afirmó que Costa Rica recibe a extranjeros que quieran trabajar, siempre que cumplan con los requisitos migratorios y laborales establecidos por la legislación del país.

La nueva disposición también establece la cancelación de la residencia y la expulsión de los ciudadanos extranjeros que incurran en este tipo de conductas mientras permanezcan en territorio argentino.

Aunque el decreto ya entró en vigencia, su validez deberá ser revisada por el Congreso, que tendrá la facultad de aprobarlo o rechazarlo conforme al procedimiento legislativo correspondiente.

La medida forma parte de las modificaciones impulsadas por el Gobierno de Milei en materia migratoria y busca reforzar los mecanismos de control sobre el ingreso y permanencia de extranjeros en el país.

La decisión ha generado expectativa sobre el debate que se desarrollará en el Congreso argentino, donde se analizará el alcance de la norma y sus implicancias en materia de derechos y política migratoria.

El presidente chileno, José Antonio Kast, destacó que el acuerdo marca el inicio de una nueva etapa en las relaciones entre ambos países. “Se ha logrado este acuerdo trascendente que nos permite avanzar paso a paso en la normalización de las relaciones. A partir de hoy, Chile y Venezuela comienzan una nueva etapa”, afirmó desde el Palacio de La Moneda.

Las relaciones diplomáticas se rompieron en julio de 2024, cuando el gobierno de Nicolás Maduro retiró a su personal diplomático de Chile y otros países que cuestionaron los resultados de las elecciones presidenciales venezolanas.

El restablecimiento de los vínculos permitirá avanzar en la atención consular de los cerca de 700 000 venezolanos que residen en Chile y facilitará la coordinación de procesos migratorios, incluida la eventual repatriación de ciudadanos en situación irregular.

Las cancillerías indicaron que elaborarán una hoja de ruta para reanudar progresivamente las relaciones diplomáticas plenas, mientras autoridades chilenas viajarán a Caracas para coordinar la reapertura de los consulados.

A través de una carta difundida por la Dirección General de América Latina y el Caribe del Ministerio de Exteriores de Japón, el canciller destacó que Japón y los países latinoamericanos comparten principios como la libertad, la apertura, la diversidad, la inclusión y el respeto al Estado de derecho, valores que, afirmó, los convierten en aliados estratégicos frente a los desafíos globales.

Motegi, quien realizará una gira por México, Panamá, Ecuador y Trinidad y Tobago a inicios de agosto, señaló que los conflictos internacionales, la presión económica ejercida por algunos países, los avances tecnológicos y los fenómenos climáticos extremos hacen indispensable reforzar la cooperación política y económica entre ambas regiones.

El jefe de la diplomacia japonesa explicó que la estrategia de su país se sustenta en tres ejes principales. El primero consiste en consolidar a Japón como un socio confiable mediante programas de cooperación para el desarrollo adaptados a las necesidades de cada nación y basados en el diálogo permanente y el respeto mutuo.

En el ámbito económico, resaltó el enorme potencial de América Latina por sus recursos naturales, especialmente minerales críticos y fuentes de energía, mientras que Japón puede aportar experiencia en el desarrollo de cadenas de suministro transparentes y resilientes.

Asimismo, reiteró el interés de su país en ampliar el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) y avanzar en nuevos acuerdos comerciales, incluido el que involucra al Mercosur.

Finalmente, Motegi reafirmó el compromiso de Japón con el multilateralismo y la gobernanza global, destacando el papel central de las Naciones Unidas para afrontar los retos internacionales.

El retorno se produce tras el acuerdo alcanzado entre los gobiernos de España y Marruecos para facilitar la repatriación de quienes ingresaron de manera irregular al enclave español. De acuerdo con el reporte policial, hasta las 20:00 horas del viernes la cifra de personas que habían cruzado nuevamente la frontera superaba las 53 000.

Inicialmente, el Gobierno español estimó que cerca de 50 000 personas habían ingresado a Ceuta durante la crisis migratoria, mientras que las autoridades locales elevaron la cifra hasta 60 000. No obstante, las fuentes policiales señalaron que resulta más sencillo contabilizar a quienes retornan a Marruecos que a quienes ingresaron por distintos puntos y medios durante los días de mayor afluencia.

A lo largo del viernes, miles de migrantes caminaron hacia el paso fronterizo para abandonar Ceuta. Entre las razones que motivaron el retorno figuran el anuncio del proceso de repatriación, así como las difíciles condiciones que encontraron en la ciudad, donde la actividad comercial y de servicios permanece prácticamente paralizada.

Los establecimientos comerciales, supermercados, restaurantes y otros negocios continúan cerrados debido a la situación de inseguridad percibida por la población, lo que ha dificultado el acceso de los migrantes a alimentos, agua y otros productos de primera necesidad.

Durante la jornada, efectivos de la Policía Nacional, la Policía Local y unidades del Ejército recorrieron distintos sectores de la ciudad para informar a las personas que aún permanecen en Ceuta sobre el proceso de retorno hacia Marruecos.

Las autoridades indicaron que la mayoría de los migrantes son jóvenes marroquíes de entre 18 y 35 años, quienes permanecían deambulando por diferentes barrios sin un destino definido mientras esperaban una oportunidad para regresar.

Paralelamente, la Guardia Civil y el Ejército español, a través del Grupo de Regulares de Ceuta Nº 54, reforzaron la vigilancia en la zona costera del Tarajal para impedir nuevos ingresos por vía marítima. Los patrullajes se mantienen de manera permanente con el objetivo de controlar la frontera y evitar otro episodio de llegada masiva.

La situación en Ceuta continúa siendo monitoreada por las autoridades españolas, que trabajan en coordinación con Marruecos para completar el retorno de los migrantes y restablecer la normalidad en el enclave, cuya actividad económica y laboral permanece suspendida mientras persistan las medidas de seguridad extraordinarias.