REGIONES AFECTADAS POR ALZA DE PRECIOS

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la inflación anual alcanzó 3.8% a marzo, saliendo del rango meta del Banco Central de Reserva. Sin embargo, detrás de este promedio nacional, las cifras regionales muestran un panorama más complejo. Ciudades como Puerto Maldonado lideran el alza con 4.1%, seguidas por urbes como Ica, Huancayo, Huánuco, Piura, Pucallpa y Moquegua, donde el incremento de precios también supera el 3%.

El golpe es particularmente fuerte en zonas del interior, donde el acceso a productos depende de cadenas logísticas más costosas. El aumento en los combustibles —como el gas licuado de petróleo (GLP) y el gasohol— elevó hasta en 9% los costos del transporte, encareciendo pasajes y el traslado de alimentos hacia mercados locales.

En regiones de la sierra, además, las condiciones climáticas han agravado el problema. Heladas y lluvias han afectado la producción agrícola, generando un alza en productos clave como papa, frutas y legumbres. Esto ha provocado que alimentos básicos registren incrementos de hasta dos dígitos, golpeando directamente el presupuesto familiar.

De acuerdo con especialistas, esta combinación de factores —crisis energética, conflictos internacionales y fenómenos climáticos— ha generado una “tormenta perfecta” que presiona los precios en todo el país, pero con mayor impacto fuera de la capital.

El encarecimiento del gas doméstico también ha sido determinante. Más de 8 millones de hogares utilizan balones de GLP, cuyo precio subió más de 12% debido a problemas de abastecimiento, afectando principalmente a familias de sectores C y D.

Ante este escenario, economistas advierten la necesidad de medidas urgentes. Entre las propuestas figuran ajustes tributarios a los combustibles, el fortalecimiento del Fondo de Estabilización de Precios y acciones para garantizar el abastecimiento energético. Asimismo, se plantea impulsar políticas desde el sector Agrario para asegurar la producción de alimentos y evitar mayores alzas.

Otro punto clave es la coordinación entre el Ministerio de Economía y el Banco Central para contener el impacto inflacionario sin frenar la economía. Expertos alertan que, de no tomarse medidas oportunas, el país podría enfrentar un escenario de estanflación, con precios altos y bajo crecimiento.

Aunque algunos factores podrían moderarse en los próximos meses, la incertidumbre internacional y los efectos del clima mantienen la presión sobre los precios. En las regiones, donde el costo de vida ya es más sensible, la inflación se ha convertido en una preocupación inmediata para miles de familias.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 048-2026-PCM y entrará en vigencia a partir del 6 de abril, en continuidad de la declaratoria previa. La decisión responde a la situación de peligro inminente que enfrentan varias zonas del país debido a las condiciones climáticas adversas.

Los distritos comprendidos en esta prórroga pertenecen a regiones como Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali, donde se ha identificado un nivel de riesgo muy alto frente a las lluvias.

De acuerdo con el Ejecutivo, esta ampliación permitirá mantener y reforzar las intervenciones orientadas a la reducción del riesgo de desastres, así como a la atención de las emergencias y la rehabilitación de las zonas afectadas.

En ese marco, los gobiernos regionales y locales continuarán ejecutando acciones en coordinación técnica con el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). Entre las principales labores figuran la limpieza y descolmatación de ríos, el uso de maquinaria pesada para prevenir desbordes y la entrega de apoyo a productores agrarios afectados.

Asimismo, diversos sectores del Gobierno participarán de manera articulada en la atención de la emergencia. Entre ellos se encuentran los ministerios de Salud, Educación, Desarrollo Agrario, Vivienda, Transportes, Defensa, Interior, Energía y Minas, así como los sectores de la Mujer y Desarrollo e Inclusión Social.

La decisión se sustenta en informes técnicos elaborados por el Indeci y entidades especializadas como el Senamhi, que advierten la continuidad de lluvias intensas y la necesidad de prolongar las medidas preventivas y de respuesta en las zonas vulnerables.

El decreto también establece que las acciones previstas serán financiadas con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin requerir recursos adicionales del Tesoro Público.

Con esta prórroga, el Gobierno busca mitigar los impactos de las lluvias, proteger a la población y reducir los daños en infraestructura, agricultura y servicios básicos en las regiones más afectadas del país.

La iniciativa, que reúne diversos proyectos de ley presentados en los últimos años, fue sustentada por el ministro de Defensa, Carlos Díaz Dañino, quien destacó la urgencia de actualizar este ingreso, congelado desde el 2012. Según explicó, la falta de reajustes ha reducido considerablemente el poder adquisitivo del personal, afectando su capacidad para cubrir necesidades básicas.

Durante su intervención, el titular del sector subrayó que el Servicio Militar no solo implica el cumplimiento de un deber constitucional, sino también una oportunidad de formación y desarrollo para miles de jóvenes. En ese sentido, consideró que mejorar las condiciones económicas contribuirá a fortalecer el compromiso de quienes integran las Fuerzas Armadas.

El incremento aprobado busca, además, revertir problemas vinculados a la captación y permanencia del personal. De acuerdo con el Ministerio de Defensa, la baja remuneración había comenzado a desincentivar el ingreso y continuidad en el servicio, afectando la operatividad institucional.

Con esta medida, se espera no solo mejorar la calidad de vida de los soldados, sino también reforzar sus capacidades y desempeño dentro de la institución. El dictamen contempla que el aumento se aplique de manera progresiva y diferenciada, considerando el tiempo de servicio de cada efectivo, desde el personal de tropa hasta quienes se encuentran en distintos niveles de reenganche.

El ministro Díaz Dañino señaló que este reajuste permitirá recuperar gradualmente el poder adquisitivo perdido en más de una década, al tiempo que contribuirá a consolidar la preparación y eficiencia de las Fuerzas Armadas.

Asimismo, remarcó que el fortalecimiento del Servicio Militar es clave para garantizar la seguridad y defensa nacional, así como para apoyar en tareas de desarrollo en distintas regiones del país.

La aprobación en la Comisión de Presupuesto representa un paso importante para concretar este beneficio. El proyecto deberá continuar su trámite en el Congreso antes de su eventual promulgación, pero ya marca un avance significativo en la mejora de condiciones para miles de jóvenes que optan por servir al país.

El máximo organismo electoral subrayó que el respeto a entidades como el propio JNE, la ONPE y el Reniec constituye un pilar fundamental para garantizar comicios libres, transparentes y legítimos. En ese sentido, alertó que discursos que promuevan la intimidación o cuestionen sin sustento la labor de estas instituciones afectan la confianza ciudadana y debilitan la democracia.

“El respeto a las instituciones del sistema electoral es esencial para asegurar procesos confiables”, señaló el organismo, al tiempo que remarcó su preocupación por recientes expresiones que, según indicó, cruzan los límites del debate democrático.

En su pronunciamiento, el JNE enfatizó que cualquier discrepancia o cuestionamiento sobre el proceso electoral debe canalizarse exclusivamente a través de los mecanismos legales establecidos, respetando las normas vigentes y a las autoridades encargadas de conducir las elecciones.

Asimismo, exhortó a las organizaciones políticas y a los candidatos a mantener un discurso alturado, responsable y respetuoso, acorde con la investidura de los cargos a los que aspiran. La entidad recordó que el desarrollo de una campaña electoral debe basarse en propuestas y debate de ideas, y no en ataques que pongan en riesgo la institucionalidad.

El llamado cobra especial relevancia en medio de un escenario electoral competitivo, donde se han registrado cuestionamientos y declaraciones confrontacionales entre actores políticos. Frente a ello, el JNE busca reafirmar su rol como garante de la legalidad y la transparencia del proceso.

Además, la institución insistió en que la estabilidad democrática depende en gran medida del comportamiento de los propios candidatos y partidos, quienes tienen la responsabilidad de contribuir a un clima de respeto y confianza.

Finalmente, el organismo reiteró su compromiso de velar por la voluntad popular y garantizar que el proceso electoral se desarrolle dentro del marco constitucional, instando a todos los actores políticos a actuar con responsabilidad en esta etapa decisiva para el país.

La institución precisó que estas acciones se ejecutarán antes, durante y después de la jornada electoral, en el marco de la campaña #EleccionesSinDelitos2026. Esta estrategia busca orientar a la ciudadanía, así como prevenir y disuadir la comisión de delitos que puedan afectar la transparencia de los comicios.

En la etapa previa, los fiscales realizarán operativos preventivos en coordinación con la Policía Nacional del Perú y otras autoridades. Estas intervenciones estarán dirigidas a detectar y evitar prácticas ilegales como la compra de votos, la coacción al elector, la suplantación de identidad, la perturbación del proceso electoral, la propaganda indebida y la falsificación de documentos.

El Ministerio Público remarcó que la finalidad de estas acciones es garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto de manera libre y sin presiones, contribuyendo así al fortalecimiento de la democracia.

Durante el día de la votación, los fiscales estarán presentes en los locales de sufragio a nivel nacional. Su labor será supervisar el normal desarrollo del proceso y actuar de inmediato ante cualquier hecho que vulnere la legalidad o altere la voluntad popular.

Asimismo, se implementará un monitoreo constante en los alrededores de los centros de votación. En estos puntos se desarrollarán operativos conjuntos para prevenir la compra de votos, el expendio de bebidas alcohólicas fuera del horario permitido y otras conductas que puedan poner en riesgo la jornada electoral.

Finalmente, la institución reafirmó su compromiso de velar por elecciones libres, seguras y transparentes, en beneficio de todos los ciudadanos del país.

Arequipa cuenta con 60 institutos superiores tecnológicos, de los cuales 48 son privados y 12 públicos. En este contexto, la vicegobernadora regional de Arequipa, Ana María Gutiérrez Valdivia, advirtió que existe intención de avanzar en el licenciamiento, pero no en el financiamiento. “Hemos solicitado al Minedu que efectúe un endeudamiento para los institutos, tal vez con una institución internacional o con algún banco, pero el Minedu no ha logrado incluir —los más de S/ 100 millones solicitados— en el presupuesto 2026. En la actualidad no hay un plazo establecido, pero el GRA evalúa sus posibilidades y propone un cronograma”, refirió.

Frente a este escenario, el GRA ha priorizado el avance de tres IESTP: Valle de Tambo (Islay), Chala (Caravelí) y Faustino B. Franco (Camaná), con miras a iniciar su licenciamiento en 2026. Los dos primeros cuentan con una reducida cantidad de carreras, lo que disminuye la complejidad de los requisitos exigidos por el Minedu. En tanto, el tercero aún requiere financiamiento para la adquisición de equipamiento tecnológico. Dispone de S/ 3 millones, pero necesita al menos S/ 6 millones adicionales. Gutiérrez Valdivia precisó que esta adquisición se ejecutaría mediante fichas IOARR.

La situación resulta más compleja en proyectos de mayor envergadura, cuya ejecución depende de mecanismos como Obras por Impuestos (OxI). Entre ellos figuran la segunda etapa del IESTP Jorge Basadre (Islay), con una inversión estimada de S/ 70 millones; el IESTP de La Joya, valorizado en S/ 56 millones; y el IESTP Honorio Delgado, con un presupuesto cercano a S/ 170 millones y aún en búsqueda de financistas. En el mejor de los casos, estos proyectos podrían priorizarse en 2026, mientras que su ejecución y posterior licenciamiento quedarían a cargo de la siguiente gestión.

En ese contexto, Gutiérrez Valdivia reconoció que los recursos del GRA son insuficientes para cerrar las brechas existentes, por lo que se ha solicitado al Gobierno Nacional mayor participación en el financiamiento de la educación técnica. Pese a reuniones previas con el Minedu, no se ha concretado una asignación presupuestal. “Necesitamos que el gobierno nacional también invierta en la educación superior técnica, porque es esencial para el desarrollo de las regiones. Los gobiernos regionales invertimos más en educación básica”, concluyó.

Durante estas reuniones virtuales, el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú destacó que la principal responsabilidad de su sector es garantizar el derecho al voto de los peruanos residentes en el extranjero. En ese sentido, se estableció como prioridad asegurar la instalación de 2 497 mesas de votación distribuidas en los cinco continentes.

Uno de los aspectos clave abordados fue el seguimiento de la jornada electoral. Para ello, se implementará un sistema de monitoreo en tiempo real desde el Centro de Monitoreo de la Cancillería, que permitirá supervisar el desarrollo del proceso en cada sede consular habilitada alrededor del mundo.

En cuanto al despliegue logístico, se informó que el 97 % del material electoral ya ha llegado a su destino final, quedando pendiente un porcentaje mínimo que será entregado en las próximas horas. Este avance garantiza condiciones adecuadas para el inicio del proceso electoral en el exterior.

Asimismo, se ratificaron los protocolos destinados a asegurar la transparencia y el cumplimiento de la normativa vigente. Entre ellos, destaca el envío inmediato de copias escaneadas de las actas de escrutinio a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), antes del traslado físico del material electoral.

Otro punto importante es el uso de la valija diplomática, a través de la cual los funcionarios consulares trasladarán y custodiarán el retorno del material electoral hacia Lima una vez concluida la jornada. Este procedimiento busca garantizar la seguridad e integridad de los documentos electorales.

De igual forma, en coordinación con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, el canciller instruyó a los consulados brindar facilidades a los ciudadanos que hayan cumplido 18 años y aún cuenten con DNI amarillo, a fin de que puedan ejercer su derecho al voto sin inconvenientes.

Con estas acciones, la Cancillería busca asegurar una participación ordenada y transparente de los peruanos en el exterior, reafirmando el compromiso del Estado con un proceso electoral inclusivo y confiable.

A través de un comunicado oficial, el Pleno del TC informó que, tras una evaluación interna, se concluyó que “no hubo irregularidad en su tramitación”. Según el documento, las coordinaciones realizadas entre los distintos despachos y comisiones se ajustaron a las prácticas habituales del organismo, descartando cualquier anomalía en el manejo del expediente.

De esta manera, el tribunal precisó que el caso será incorporado nuevamente en la agenda del Pleno, dentro de la lista de causas expeditas, para su debate y posterior votación, lo que definirá el futuro del recurso presentado en favor del exgobernador regional de Junín.

El hábeas corpus en cuestión busca dejar sin efecto la medida de prisión preventiva por 24 meses dictada contra Cerrón, en el marco de una investigación por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos. La audiencia para evaluar este recurso se realizó el pasado 11 de marzo.

Cabe recordar que la presidenta del TC, Luz Pacheco, había anunciado previamente la suspensión de la votación del caso debido a presuntas irregularidades detectadas en el trámite. Estas observaciones surgieron tras la controversia generada por la rapidez con la que se programó la audiencia pública.

En declaraciones anteriores, Pacheco señaló que la celeridad del proceso había llamado la atención de la opinión pública, lo que motivó la revisión interna del expediente. Sin embargo, tras las investigaciones realizadas, dichas sospechas fueron finalmente desestimadas.

Actualmente, Cerrón permanece en condición de no habido desde octubre de 2023, pese a lo cual participa como candidato presidencial en las Elecciones Generales 2026 en Perú. Su situación legal continúa siendo materia de debate en el ámbito político y judicial.

Con la decisión del Tribunal Constitucional, el proceso entra en una nueva etapa en la que se evaluará el fondo del recurso. El fallo que emita el colegiado será clave para determinar si se mantiene o no la medida de prisión preventiva contra el líder de Perú Libre, en un contexto marcado por la coyuntura electoral y la atención pública sobre el caso.

La víctima mortal en el lugar fue identificada como Marco Zavala Silva, de 51 años, quien conducía la motocicleta. Su acompañante, identificada como Yanet Moya Espinal, fue auxiliada y trasladada al hospital Honorio Delgado Espinoza, pero falleció poco después debido a la gravedad de sus lesiones.

De acuerdo con la versión preliminar recogida entre testigos, la motocicleta habría intentado adelantar al volquete en un tramo angosto del zanjón de la Av. Venezuela. En esa maniobra, el conductor habría perdido el control de la unidad menor, impactando contra el muro y quedando expuesto al vehículo pesado.

El camión volquete involucrado, de placa X1S-815, era conducido por Timoteo Chile Pari, quien quedó intervenido mientras la Policía y el Ministerio Público iniciaban las diligencias para establecer responsabilidades. Durante las pesquisas, el tránsito en la vía rápida fue restringido para permitir el levantamiento del cadáver y el peritaje correspondiente.

La muerte de ambas personas expone el riesgo en las vías urbanas de Arequipa, donde los accidentes fatales ya no se concentran solo en carreteras interprovinciales. Diario El Pueblo reportó que la región cerró 2025 con 242 fallecidos en 185 siniestros, la cifra más alta de los últimos años.

Según la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito, el factor humano sigue siendo la principal causa de estos hechos. Entre las conductas más recurrentes figuran el exceso de velocidad, las maniobras imprudentes y el incumplimiento del reglamento, con una mención particular al alto nivel de exposición de los motociclistas.

La tragedia de la Av. Venezuela deja otra vez una advertencia urgente para Arequipa: una maniobra temeraria o un error de cálculo basta para convertir una ruta cotidiana en escenario de muerte. La investigación definirá responsabilidades, pero el saldo ya vuelve a recordar que la seguridad vial no puede seguir tratándose como una rutina menor.

Durante una actividad oficial en la ciudad de Tarapoto, el funcionario enfatizó que la institución electoral viene cumpliendo rigurosamente con su rol de organización técnica del proceso, priorizando la confianza ciudadana. “La ONPE garantiza que vamos a tener una elección ejemplar este 12 de abril próximo”, declaró ante los medios de comunicación.

Corvetto también marcó distancia frente a los cuestionamientos formulados por algunos candidatos en plena campaña electoral, señalando que no responderá a ataques o críticas de actores políticos. En ese sentido, subrayó que su función no es entrar en polémicas, sino asegurar el correcto desarrollo del proceso electoral.

“No le voy a contestar a ningún político que esté en campaña; nosotros hacemos gestión pública y mi deber moral e institucional es garantizar que las elecciones sean limpias, transparentes, seguras y tranquilas”, sostuvo.

El titular de la ONPE reiteró que la institución mantiene un compromiso firme con la democracia y que su trabajo se basa en criterios técnicos y experiencia acumulada. En esa línea, recordó que cuenta con más de 26 años de trayectoria en el ámbito electoral, tanto en el Perú como en el extranjero, participando en la organización y observación de comicios en diversos países.

Asimismo, rechazó cualquier intento de intimidación en su contra y aseguró que continuará desempeñando sus funciones con determinación. “A mí no me intimida ninguna amenaza. A mi familia la han acosado, a mí me han golpeado; pero sigo acá poniendo el pecho por la democracia de mi país”, afirmó.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a participar con responsabilidad en la jornada electoral del 12 de abril, destacando la importancia del voto como herramienta fundamental para fortalecer el sistema democrático. La ONPE, agregó, continuará trabajando para garantizar un proceso ordenado y confiable en beneficio de todos los peruanos.