EXHORTA A «DEJAR RENCILLAS»

El pronunciamiento se realizó en Lima, durante la conmemoración del 205 aniversario de creación de la Marina de Guerra y el 147 aniversario del combate de Angamos, ocurrido el 8 de octubre de 1879.

En su discurso, la mandataria comparó la amenaza que representa actualmente la criminalidad con una guerra que afecta a la población y demandó una respuesta conjunta de las instituciones del Estado.

“Hay otra guerra que está matando a los peruanos”, afirmó al dirigirse a los legisladores responsables de evaluar el pedido de facultades presentado por el Gobierno para enfrentar este problema.

Fujimori sostuvo que el legado del héroe de Angamos debe servir como referencia para superar la confrontación política y asumir responsabilidades frente a las demandas nacionales. En esa línea, expresó su confianza en que el Congreso priorice la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía antes que las diferencias entre agrupaciones.

La solicitud de facultades legislativas constituye un punto central de la estrategia del Ejecutivo contra la delincuencia. Sin embargo, el llamado presidencial deja en manos del Parlamento la evaluación del pedido y la decisión sobre las herramientas legales que podrá utilizar el Gobierno.

HOMENAJE

Durante la ceremonia, la presidenta destacó las cualidades de Miguel Grau, a quien describió como un marino guiado por el honor, los principios y el respeto por la vida, incluso frente a sus adversarios.

También recordó el sacrificio de los tripulantes del monitor Huáscar y señaló que su ejemplo representa una lección sobre la importancia de anteponer el bienestar del país a los intereses particulares.

La jefa del Estado remarcó, además, la necesidad de fortalecer la coordinación entre las instituciones públicas para responder a los principales desafíos nacionales. Según indicó, el trabajo articulado debe apoyarse en una visión común y en el intercambio de capacidades y conocimientos.

En otro momento, resaltó el valor estratégico del mar peruano para el desarrollo económico, científico y tecnológico, y reconoció la labor de los hombres y mujeres que integran la Marina de Guerra.

La conmemoración incluyó un minuto de silencio en memoria de Grau, la tripulación del Huáscar y los marinos caídos en defensa del país, además de ofrendas florales, un desfile de honor de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y una revista naval en el Callao.

A la ceremonia asistieron autoridades del Ejecutivo, el Congreso, el sistema de justicia y los gobiernos regionales, así como mandos militares y familiares del héroe nacional.

“Mi esposo está muy grave, que ya es el momento de tomarlo en serio”, declaró Karp en una entrevista con RPP, en la que mencionó que el exmandatario presenta problemas cardíacos, antecedentes de cáncer por el que fue operado en Estados Unidos y una nueva afección neurológica.

Según la ex primera dama, la combinación de estos problemas demanda especialistas y equipos médicos que, afirmó, no estarían disponibles para atender adecuadamente la complejidad de su condición. También sostuvo que Toledo presenta dificultades cognitivas que deben ser evaluadas por profesionales especializados.

Ante esta situación, Karp renovó su pedido a Fujimori para que evalúe otorgar una gracia presidencial al exjefe de Estado, quien permanece recluido en el penal de Barbadillo, en Lima.

“Estoy volviendo a pedir a la actual presidenta de Gobierno, por favor, le dé la gracia presidencial a mi esposo antes de que sea demasiado tarde. Renuevo mi pedido por el bien de la familia”, expresó.

La esposa del exmandatario señaló, además, que Toledo estaría dispuesto a afrontar en su domicilio los procesos y acusaciones judiciales que pesan en su contra, aunque la eventual concesión de una gracia presidencial dependerá de la evaluación de las autoridades competentes y del marco legal aplicable.

Durante la entrevista, Karp también denunció una supuesta persecución política contra su esposo y cuestionó la actuación del sistema judicial. Estas afirmaciones corresponden a su posición y no constituyen, por sí mismas, una acreditación de irregularidades en los procesos.

El nuevo pedido reabre el debate sobre la situación del expresidente, sus condiciones de reclusión y las posibilidades legales de concederle una medida de gracia, en medio de los procesos judiciales que enfrenta.

A través de sus redes sociales, la representación diplomática resaltó que ambos países mantienen un trabajo conjunto para mejorar la seguridad. Entre los resultados mencionados figuran la captura de Jhonsson Pulpo en Bolivia y la detención en territorio peruano de Catherin Méndez, vinculada a la organización criminal conocida como “Los Pulpos”.

Estas acciones contaron con la cooperación del FBI, la Policía Nacional del Perú y la Policía de Bolivia, en el marco de los esfuerzos para localizar a integrantes de redes delictivas que operan más allá de las fronteras nacionales.

La embajada estadounidense también informó sobre la identificación, captura y extradición de un prófugo buscado en Estados Unidos por homicidio desde 1996. El caso fue presentado como otro resultado de la colaboración internacional para ubicar a personas requeridas por la justicia.

La cooperación bilateral también comprende el fortalecimiento de las capacidades policiales. Según la información difundida, oficiales peruanos participaron en encuentros regionales organizados por el FBI, en los que intervinieron alrededor de 40 representantes policiales de América Latina y el Caribe.

Asimismo, el mayor de la Policía Nacional Jorge Luis Romero Romero culminó su formación en la Academia Nacional del FBI, ubicada en Quantico, Virginia, Estados Unidos. Esta capacitación especializada busca contribuir al desarrollo profesional de los mandos policiales.

La representación diplomática sostuvo que el intercambio de inteligencia, la formación técnica y las operaciones coordinadas permiten fortalecer la respuesta frente a las organizaciones criminales.

Los resultados difundidos evidencian la importancia de la cooperación internacional para perseguir a delincuentes que cruzan fronteras y mejorar las capacidades de investigación. Sin embargo, el desafío para las autoridades peruanas continúa siendo traducir estas acciones en una respuesta sostenida frente a la criminalidad y en mejores condiciones de seguridad para la población.

La sesión fue convocada para las 10:00 horas en la sala Francisco Bolognesi del Congreso, por el presidente de la comisión, Carlos Mesía, quien invitó al titular del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y a ministros de distintos sectores para que sustenten las medidas planteadas por el Gobierno.

Entre los convocados figuran los titulares de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez; del Interior, César Astudillo; de Defensa, Rafael Belaunde; de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli; de la Producción, Juan Carlos Requejo; y de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas.

Los representantes del Ejecutivo deberán explicar los alcances de las iniciativas correspondientes a sus respectivas carteras, tanto para enfrentar la criminalidad como para adoptar medidas ante los posibles efectos del fenómeno climático.

DECISIÓN FINAL

El último martes, la Cámara de Diputados aprobó conceder al Ejecutivo facultades para legislar durante un periodo de 90 días en dos ámbitos específicos: seguridad ciudadana y prevención frente al fenómeno El Niño.

La propuesta contiene 20 puntos que deberán ser evaluados en la instancia senatorial. La discusión permitirá conocer los argumentos técnicos de los sectores involucrados antes de que el Senado adopte una decisión sobre el texto aprobado por los diputados.

En materia de seguridad, el pedido se tramita en un contexto de preocupación por el avance de la delincuencia y las demandas de la población para mejorar la capacidad de respuesta del Estado. La delegación de facultades busca permitir que el Gobierno emita normas dentro de los alcances que autorice el Parlamento.

En cuanto al fenómeno El Niño, las medidas estarán vinculadas a las competencias de los sectores convocados, entre ellos agricultura, vivienda y defensa, áreas relevantes para la prevención y atención de emergencias.

La aprobación definitiva dependerá de la evaluación del Senado. La sesión de este viernes será clave para que los legisladores conozcan las explicaciones del Ejecutivo y determinen si respaldan las facultades solicitadas, con el plazo y los alcances establecidos en el proyecto.

“No se puede jugar con la salud de la gente”, afirmó el parlamentario durante una entrevista con RPP, al explicar que la iniciativa plantea instalar puntos de hidratación gratuitos en los recintos donde se desarrollen espectáculos multitudinarios.

Delgado señaló que la propuesta responde a las dificultades que enfrentan los asistentes para acceder al agua durante los conciertos, incluso cuando existen puntos de venta dentro de los establecimientos. La concentración de personas y el temor a perder el lugar cercano al escenario pueden impedir que los espectadores se desplacen para comprar bebidas o alimentos.

El senador relató que visitó el Estadio San Marcos, en Lima, tras conocer las imágenes de los numerosos seguidores que esperaban el concierto del grupo surcoreano BTS. Según indicó, encontró jóvenes expuestos al tránsito vehicular y algunos llevaban uno o dos días en los exteriores del recinto, por lo que necesitaban alimentarse e hidratarse.

Dentro del estadio, agregó, observó un área de atención médica con profesionales preparados para responder ante eventuales emergencias.

El legislador también recordó el caso de una joven fallecida por deshidratación durante un concierto en Brasil, episodio que, según explicó, evidenció la necesidad de reforzar las medidas de protección para el público.

Delgado destacó que durante el evento de BTS se distribuyó agua en los accesos al estadio y señaló que los asistentes recibieron favorablemente esta medida.

La iniciativa busca establecer condiciones de hidratación que no dependan exclusivamente de la capacidad económica de los espectadores. Su eventual aplicación requerirá definir las obligaciones de los organizadores y los mecanismos de supervisión para garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias.

El senador aseguró que continuará impulsando la propuesta para reducir los riesgos asociados a las aglomeraciones y las largas horas de espera en los espectáculos masivos.

AREQUIPA CRECE 49,5%

Arequipa lideró las exportaciones de las regiones del interior del país entre enero y julio de 2026, con envíos por US$ 6 767.1 millones, un crecimiento de 49,5% respecto al mismo periodo del año anterior. El resultado estuvo impulsado principalmente por las ventas de cobre, oro y concentrados de plata y plomo, según información del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR).

El desempeño regional se enmarca en el crecimiento del comercio exterior peruano. Entre enero y agosto, las exportaciones nacionales alcanzaron los US$ 74 122 millones, un incremento de 34% frente a similar periodo de 2025, informó el MINCETUR. Con este resultado, el país acumuló 28 meses consecutivos de crecimiento de sus envíos al extranjero.

La evolución de Arequipa refleja la importancia de la minería en su economía y su vinculación con los mercados internacionales. Sin embargo, las cifras regionales corresponden a los primeros siete meses del año, mientras que el balance nacional comprende hasta agosto.

MINERÍA IMPULSA LOS ENVÍOS

A escala nacional, las exportaciones mineras sumaron US$ 53 899 millones entre enero y agosto, con un crecimiento de 50,6%. El incremento estuvo relacionado principalmente con los mayores precios internacionales del cobre y el oro.

Las ventas de cobre alcanzaron los US$ 25 561 millones, un avance de 47,5%, mientras que las exportaciones de oro llegaron a US$ 18 876 millones, con un aumento de 54,8%. También destacaron los concentrados de plomo y plata, que generaron US$ 3 894 millones, un crecimiento de 103,3%. Los envíos de zinc sumaron US$ 1 912 millones, con una expansión de 9,8%.

En Arequipa, la concentración de las exportaciones en minerales representa una oportunidad para la economía regional, aunque también evidencia su exposición a las variaciones de las cotizaciones internacionales. El aumento del valor exportado no necesariamente significa que la producción física haya crecido en la misma proporción, pues los precios también influyen en los resultados.

AGROEXPORTACIÓN Y VALOR AGREGADO

Otros sectores también contribuyeron al resultado nacional. Las exportaciones agropecuarias alcanzaron los US$ 7 586 millones, con un crecimiento de 2,1%. Entre los productos destacados figuran las paltas, uvas, arándanos, granadas y quinua.

El sector químico registró ventas por US$ 1 397 millones, un aumento de 11,3%, mientras que el metalúrgico sumó US$ 1 426 millones, con un avance de 18,3%.

Para Arequipa, ampliar la oferta exportable más allá de la minería constituye un desafío para fortalecer la participación de empresas agroindustriales y otras actividades productivas en los mercados internacionales.

CHINA, PRINCIPAL DESTINO

China se mantuvo como el principal mercado de las exportaciones peruanas, con compras por US$ 28 261 millones, un incremento de 39%. Le siguieron Estados Unidos, con US$ 7 146 millones, y la Unión Europea, con US$ 6 744 millones.

Asimismo, las exportaciones a India alcanzaron US$ 6 446 millones, con un crecimiento de 100%, mientras que Suiza registró compras por US$ 3 006 millones, un avance de 80%.

El número de empresas exportadoras llegó a 8 741 entre enero y agosto, un aumento de 3%. De ese total, el 67% correspondió a micro, pequeñas y medianas empresas.

Arequipa deberá aprovechar el crecimiento del comercio exterior para consolidar sus mercados y ampliar las oportunidades para otros sectores productivos. Aunque los minerales sostienen buena parte de sus ventas internacionales, diversificar la oferta y generar mayor valor agregado será importante para extender los beneficios del dinamismo exportador.

Los reconocimientos fueron oficializados mediante resoluciones ministeriales publicadas el miércoles 7 de octubre en el diario oficial El Peruano. Se trata de Jackeline Karina Sevairos Pérez, distinguida en la categoría Educador, y Jorge Luis Torres Loayza, en la categoría Maestro.

En el caso de Sevairos Pérez, su reconocimiento corresponde a la categoría Educador, destinada a docentes en actividad del sector público que acreditan al menos 15 años de servicio en el aula. La profesora arequipeña integra el grupo de ocho profesionales seleccionados en esta terna, junto con representantes de Cajamarca, Puno, Lambayeque, Junín y Cusco.

La distinción fue formalizada mediante la Resolución Ministerial N.º 605-2026-MINEDU, que reconoce la trayectoria de los docentes seleccionados por su labor en la enseñanza.

Por su parte, Jorge Luis Torres Loayza fue incluido en la categoría Maestro, establecida para profesionales cuya trayectoria y producción académica han contribuido a mejorar la educación en sus instituciones y en sus respectivos ámbitos locales y regionales.

Este reconocimiento, oficializado mediante la Resolución Ministerial N.º 606-2026-MINEDU, considera aportes como investigaciones, publicaciones y propuestas innovadoras con impacto en la comunidad educativa. En esta categoría también fueron distinguidos Ludmer Flores Salcedo, de Ayacucho y Marcos Coronado Terrones.

La selección de los homenajeados se realizó durante la sesión del Consejo de la Orden de Palmas Magisteriales del 30 de septiembre de 2026.

Con estas distinciones, Arequipa suma dos representantes entre los profesionales reconocidos por el Estado por su contribución a la educación. Las Palmas Magisteriales buscan destacar el trabajo docente y académico, así como el aporte de quienes, desde las aulas y la investigación, contribuyen a fortalecer la formación de nuevas generaciones y a mejorar la calidad educativa del país.

ANUNCIÓ PRESIDENTA KEIKO FUJIMORI

La medida fue presentada durante una ceremonia realizada en el Cuartel General del Ejército, luego de una sesión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (Cosedena). En el acto se informó sobre el despliegue inicial de 1.350 efectivos, entre militares y policías de unidades especializadas.

La estrategia contempla la instalación de un Centro de Control y Operaciones en el Cuartel General del Ejército, desde donde se coordinarán y dirigirán las acciones contra el crimen organizado. La iniciativa busca concentrar información, recursos y capacidad operativa para responder a las amenazas que afectan a la población.

El despliegue inicial está compuesto por 500 integrantes del Ejército, 250 de la Fuerza Aérea, 200 de la Marina de Guerra, 80 efectivos de las Fuerzas Especiales Conjuntas y 320 policías pertenecientes a unidades especializadas.

Entre las unidades policiales participantes figuran la Dirección de Operaciones Especiales, la Subunidad de Acciones Tácticas, la Dirección de Investigación Criminal, el Grupo de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado y equipos especializados contra el crimen organizado transnacional.

OPERACIONES Y CAPTURAS

Como parte de la estrategia, se anunció la conformación de un Grupo Especial de Élite, integrado por miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas, que participará en operaciones especiales contra organizaciones criminales.

También se prevén operativos de búsqueda y captura en diferentes puntos del país. El Ejecutivo señaló que las intervenciones estarán orientadas a poner a los presuntos delincuentes a disposición de las autoridades judiciales para que respondan conforme a la ley.

Otra de las medidas anunciadas comprende el reforzamiento del control de las fronteras y acciones para agilizar la expulsión de extranjeros que hayan ingresado al país y sean intervenidos por delitos, de acuerdo con los procedimientos establecidos.

En el sistema penitenciario, el Gobierno anunció que retomará el control de los establecimientos penales y aplicará medidas para impedir que internos continúen dirigiendo actividades criminales desde las cárceles.

MÁS INSTITUCIONES

La estrategia también contempla la creación de una Comisión Especial del Ejecutivo de Lucha contra la Criminalidad, encargada de coordinar acciones entre ministerios, instituciones públicas y actores privados.

En este esquema participarán entidades como la Unidad de Inteligencia Financiera, la Dirección Nacional de Inteligencia y Osiptel, además de empresas de telecomunicaciones, con el propósito de fortalecer el intercambio de información y las labores de inteligencia.

El despliegue contará además con vehículos tácticos, drones, unidades blindadas, furgones y canes especializados. Solo en el componente policial se han dispuesto seis drones, dos vehículos blindados, dos furgones y diez canes.

El Gobierno sostuvo que la ofensiva contra la delincuencia deberá desarrollarse dentro del marco constitucional, con profesionalismo, disciplina, legalidad y respeto de los derechos humanos. Asimismo, convocó al sistema de justicia, al sector privado y a gobiernos extranjeros a colaborar en la lucha contra el crimen organizado.

El pedido fue aprobado la noche del martes por la Cámara de Diputados y ahora continuará su trámite en el Senado, donde deberá ser analizado antes de llegar al Pleno. Torres precisó que la Cámara Alta tiene la atribución de aprobar, rechazar o modificar la propuesta, siempre que no se desnaturalice el texto remitido por los diputados.

El titular del Congreso señaló que el procedimiento deberá desarrollarse dentro de los plazos establecidos y considerando las principales urgencias que enfrenta el país. Entre ellas mencionó la inseguridad ciudadana y las consecuencias asociadas al fenómeno El Niño.

Torres destacó que el debate debe desarrollarse con responsabilidad y buscando generar herramientas que permitan al Ejecutivo responder a estas problemáticas. También consideró necesario fortalecer el orden y la capacidad de las instituciones públicas.

Como parte del procedimiento, el dictamen será revisado inicialmente por la Comisión de Constitución del Senado, presidida por Carlos Mesía. Posteriormente, la propuesta será elevada al Pleno para su discusión y eventual votación.

El presidente del Congreso resaltó, además, la disposición mostrada por las diferentes bancadas durante el debate en la Cámara de Diputados, lo que permitió que la solicitud del Ejecutivo avance hacia la segunda cámara.

Torres sostuvo que debe mantenerse una relación de colaboración entre los poderes del Estado y entre ambas cámaras del Parlamento. Según indicó, esta coordinación resulta necesaria para dotar al Gobierno de instrumentos que permitan enfrentar la inseguridad, responder ante el fenómeno El Niño y mejorar el funcionamiento de las instituciones públicas.

El Senado tendrá ahora la responsabilidad de revisar los alcances de la delegación y determinar si corresponde aprobarla, modificarla o rechazarla dentro del marco constitucional.

El funcionario precisó que la deuda exigible asciende a S/ 90 100 millones. Sin embargo, cerca del 60% de este monto, equivalente a S/ 73 900 millones, enfrenta dificultades para su recuperación, principalmente debido a la judicialización de los casos y la extensión de los procesos.

En consecuencia, la Sunat considera que actualmente puede hacer efectivo el cobro de aproximadamente S/ 11 900 millones, equivalente al 9.2% del stock pendiente de recuperación, mediante medidas de cobranza coactiva y otras acciones administrativas.

Luna Victoria explicó que la administración tributaria aplicará una estrategia para evitar que la deuda continúe creciendo y, al mismo tiempo, acelerar la recuperación de los montos pendientes. Una de las prioridades será reducir los plazos de los litigios mediante la centralización de reclamos, el uso de expedientes electrónicos y la intervención de salas especializadas.

También se fortalecerán las acciones de cobranza contra los deudores y se ampliará la aplicación de la responsabilidad solidaria de representantes cuando corresponda.

La Sunat anunció además medidas para enfrentar mecanismos utilizados para dificultar el cobro, con intervenciones especializadas en operaciones como fideicomisos, factoring y leasing.

Asimismo, se crearán unidades especiales para combatir el delito tributario y prevenir posibles fraudes vinculados con procesos de insolvencia.

La estrategia tendrá dos líneas: facilitar el cumplimiento de los contribuyentes que mantienen sus obligaciones al día y aplicar rigurosamente la legislación a quienes mantienen deudas tributarias.