ENTRE FUJIMORI Y SÁNCHEZ

El encuentro, que se desarrollará en el Centro de Convenciones de Lima, abordará cuatro ejes considerados prioritarios para el país: seguridad ciudadana, fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos, educación y salud, además de economía, empleo y reducción de la pobreza.

La información fue brindada por Carlos Vilela, director nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana del JNE, quien explicó que los temas fueron consensuados por representantes de Fuerza Popular y Juntos por el Perú durante las reuniones de coordinación sostenidas con el organismo electoral.

Según indicó el funcionario, el formato del debate tendrá algunas similitudes con el desarrollado en la primera vuelta, aunque incluirá variaciones orientadas a generar un mayor nivel de confrontación de ideas entre ambos candidatos presidenciales.

“La metodología será mixta. En un primer momento los candidatos realizarán una presentación individual de un minuto. Posteriormente, los moderadores los invitarán a un panel cara a cara donde podrán debatir directamente sobre cada uno de los temas establecidos”, señaló.

En esta etapa central del debate, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez dispondrán de tres minutos para exponer sus propuestas y responder a los planteamientos de su contendor en cada bloque temático. Además, el formato incluirá preguntas ciudadanas relacionadas con las principales preocupaciones de la población.

Cada candidato tendrá también tres minutos para responder las interrogantes formuladas por los ciudadanos, mientras que el cierre del encuentro contemplará un mensaje final de dos minutos por participante.

El JNE estimó que el debate presidencial tendrá una duración aproximada de una hora con cuarenta minutos. Los periodistas Carlos Villarreal y Angélica Valdés fueron designados como moderadores del encuentro.

La organización electoral destacó que el objetivo del debate es brindar a la ciudadanía mayores elementos de juicio antes de acudir a las urnas el próximo 7 de junio. En ese sentido, las autoridades remarcaron que estos espacios permiten conocer no solo las propuestas de gobierno, sino también la capacidad de reacción, argumentación y liderazgo de quienes aspiran a conducir el país durante los próximos cinco años.

La seguridad ciudadana aparece como uno de los temas de mayor expectativa, debido al incremento de hechos delictivos y casos de violencia registrados en diversas regiones. Asimismo, la situación económica, la generación de empleo y las estrategias para reducir la pobreza serán aspectos determinantes en una campaña marcada por la desaceleración económica y el malestar social.

El debate técnico entre los equipos de ambas agrupaciones políticas se realizará previamente el 24 de mayo en la sede del JNE, en Jesús María, donde especialistas de Fuerza Popular y Juntos por el Perú expondrán los lineamientos de sus respectivos planes de gobierno.

Durante una entrevista con RPP, Díaz Rosillo sostuvo que observa “con preocupación” la cercanía de Sánchez con figuras como Antauro Humala, a quien responsabilizó de enviar “un mensaje peligroso” para las fuerzas del orden y la estabilidad democrática del país.

El analista político consideró que el entorno del candidato genera incertidumbre respecto al rumbo económico que podría asumir el Perú en un eventual gobierno de Juntos por el Perú. En ese sentido, cuestionó la presencia de integrantes de su equipo técnico, como el economista Pedro Francke y el excanciller Manuel Rodríguez Cuadros.

Según afirmó, las propuestas impulsadas por sectores cercanos a Sánchez podrían acercar al país a modelos similares a los de Cuba o Venezuela, lo que —dijo— pondría en riesgo la estabilidad macroeconómica alcanzada por el Perú en las últimas décadas.

“Se están presentando como quienes no son”, sostuvo Díaz Rosillo, al señalar que el candidato estaría intentando distanciarse públicamente de algunas posiciones radicales vinculadas a sectores de izquierda.

Asimismo, remarcó que Roberto Sánchez no se ha pronunciado claramente sobre la independencia del Banco Central de Reserva ni sobre la continuidad de su presidente, Julio Velarde, aspectos que consideró fundamentales para mantener la confianza económica y financiera.

El exasesor también advirtió que la seguridad ciudadana podría verse afectada si prevalecen posturas ideológicas contradictorias dentro del entorno político de Juntos por el Perú.

En otro momento, Díaz Rosillo se refirió a la candidatura de Keiko Fujimori y señaló que, en caso de llegar al poder, no podría gobernar sin consensos debido a la composición fragmentada del escenario político nacional.

Además, consideró que revisar acuerdos comerciales o cancelar adquisiciones militares, como la compra de aviones F-16 a Estados Unidos, podría afectar las relaciones bilaterales y reducir el interés de inversionistas norteamericanos en el Perú.

Cabe recordar que Keiko Fujimori mencionó recientemente a Díaz Rosillo como una persona cercana que le brinda consejos políticos, aunque aclaró que no forma parte oficial de su equipo de campaña.

De acuerdo con el documento de citación difundido por RPP, la sesión se realizará desde las 12:30 horas y estará a cargo del pleno de la JNJ, instancia que deberá decidir si mantiene su decisión inicial o permite el retorno de Pérez como fiscal anticorrupción titular.

La audiencia ocurre en medio del debate generado por la salida del exintegrante del equipo especial Lava Jato, quien en marzo pasado no fue ratificado de manera unánime por la Junta Nacional de Justicia.

José Domingo Pérez se hizo conocido por liderar investigaciones vinculadas a casos de corrupción de alto impacto político, entre ellos los procesos seguidos contra la candidata presidencial Keiko Fujimori, los expresidentes Alejandro Toledo y Pedro Pablo Kuczynski, así como la exalcaldesa Susana Villarán y el caso Metro de Lima.

Tras dejar el Ministerio Público, Pérez asumió la defensa legal del expresidente Pedro Castillo y recientemente se incorporó al equipo técnico del candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, en el marco de la campaña electoral de segunda vuelta.

La decisión que adopte la JNJ será determinante para definir si el abogado recupera su plaza como fiscal o queda definitivamente fuera de la institución.

El caso ha generado expectativa debido a la relevancia de las investigaciones que tuvo a su cargo y por el contexto político en el que se produce la audiencia, a pocas semanas de las elecciones presidenciales del próximo 7 de junio.

Hasta el momento, la Junta Nacional de Justicia no ha adelantado mayores detalles sobre los criterios que serán evaluados durante la sesión virtual programada para la próxima semana.

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) explicó que, en esta etapa final de gestión, se viene priorizando el cierre de inversiones con alto nivel de avance antes que iniciar nuevas obras sin financiamiento garantizado.

“Es importante cerrar los proyectos para dejar más espacio fiscal para la siguiente gestión. A la población le interesa tener la obra culminada y entregada a la ciudadanía”, sostuvo.

En ese sentido, anunció que el Ejecutivo presentará un crédito suplementario al Congreso, el cual incluirá criterios de prioridad para concluir inversiones próximas a finalizar. Según indicó, los proyectos con mayor avance tendrán preferencia frente a nuevas iniciativas.

Acuña destacó además la necesidad de mantener equilibrio entre el gasto corriente y la inversión pública para preservar las reglas fiscales y la estabilidad económica del país. Señaló que la inversión pública es clave para impulsar el crecimiento económico, generar empleo y reducir brechas sociales.

El ministro resaltó que el Perú acumula 24 meses consecutivos de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI), tendencia que, afirmó, podría mantenerse en los próximos meses.

Asimismo, informó que la ejecución de inversión pública alcanzó en abril los 5 818 millones de soles, el nivel más alto registrado para ese mes en los últimos 20 años. Agregó que mecanismos como Obras por Impuestos (OxI) y las Asociaciones Público-Privadas (APP) continúan mostrando dinamismo en distintos sectores.

El titular del MEF también señaló que el Gobierno trabaja en fortalecer la caja fiscal, ampliar la base tributaria y recuperar recursos perdidos por exoneraciones tributarias, buscando garantizar sostenibilidad financiera y continuidad en la prestación de servicios públicos.

En relación con los gobiernos locales, adelantó que el próximo año se incrementarán en 2 500 millones de soles los recursos del Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN). Además, se planteará flexibilizar el uso de esos fondos para pequeñas intervenciones y ampliar la denominada “marcha blanca”, con la finalidad de facilitar la ejecución de proyectos.

Respecto a los trabajadores bajo régimen CAS, Acuña reafirmó que el MEF respetará los derechos aprobados por el Congreso, incluidos beneficios como CTS y gratificaciones. No obstante, indicó que su implementación deberá realizarse de manera gradual y con una ruta de financiamiento responsable.

El funcionario explicó que el nuevo padrón incluiría a los fonavistas que aún no han recibido ningún pago ni han sido incorporados en listas anteriores. Señaló que actualmente la Comisión y la Secretaría Técnica realizan esfuerzos para acelerar el proceso de verificación y aprobación de beneficiarios.

“Esperemos que todo vaya bien y sea para el mes de diciembre”, declaró Gaytán en Andina Canal Online.

El representante recordó que los aportes al Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) se realizaron entre 1980 y julio de 1995, por lo que el proceso de validación de datos resulta complejo debido a la antigüedad de la información.

“Estamos hablando de data de hace 40 años y debemos verificar la información enviada en cada formulario”, sostuvo.

Asimismo, destacó que hasta el momento ya se ha realizado la devolución de más de 3,000 millones de soles a más de un millón 200 mil personas en todo el país.

Gaytán también recordó que desde el pasado 14 de mayo el Banco de la Nación inició el pago correspondiente al Quinto Grupo de Reintegro del padrón nacional de beneficiarios.

Este grupo está conformado por fonavistas que integraron los grupos de pago del 1 al 19 y que cumplieron 68 años hasta el 31 de mayo de 2026, así como personas mayores de 88 años.

El funcionario precisó además que los herederos de fonavistas fallecidos podrán acreditarse desde el 21 de mayo de este año para iniciar los trámites correspondientes.

Indicó que los pagos no tienen fecha de vencimiento y pueden cobrarse en cualquier momento, siempre que el beneficiario figure en el padrón oficial y presente su DNI físico en las agencias del Banco de la Nación o centros MAC.

Finalmente, recomendó a los usuarios verificar previamente su inclusión en la página oficial del Fonavi antes de acudir a realizar el cobro.

La titular de la GRTPE, Catherine Rodríguez Torreblanca, informó que el establecimiento donde ocurrió el hecho no tramitó autorización para contratar al menor. Añadió que las empresas deben garantizar condiciones adecuadas de seguridad y salud en el trabajo antes de incorporar adolescentes a sus actividades. Asimismo, precisó que los menores de edad solo pueden trabajar entre cuatro y seis horas diarias, dado que también deben estudiar y hacer actividades recreativas.

«No solo hay una sanción administrativa, también hay una sanción penal. El código penal incluye denuncias penales por contratación de menores de edad. Más aún, si hay explotación de por medio. (…) Las restricciones y la multa responden a que nosotros, como Estado, debemos cuidar la etapa de desarrollo de los menores de edad. Ya sea física e intelectual”, declaró la titular de la GRTPE.

Adicionalmente, existen restricciones sobre las labores que pueden desempeñar. Entre las actividades prohibidas figuran trabajos nocturnos, labores en bares o discotecas y funciones vinculadas a la venta de licor o combustible. Rodríguez Torreblanca explicó que las empresas deben contar con planes de seguridad, certificados ITSE y condiciones que no comprometan el desarrollo físico e intelectual de los adolescentes. También remarcó que se requiere autorización expresa de los padres o apoderados.

Desde la entidad advirtieron que las multas pueden ascender a S/1 millón, dependiendo del régimen de la empresa y de las infracciones detectadas. Asimismo, recordó que los casos de trabajo infantil o contratación irregular de menores pueden denunciarse ante SUNAFIL o la propia GRTPE.

Anualmente, el Senace evalúa más de 200 expedientes relacionados con Estudios de Impacto Ambiental (EIA), Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) y otros instrumentos ambientales. Durante 2025 resolvió 202 expedientes, mientras que en 2024 alcanzó los 220 casos evaluados. Actualmente, la evaluación de admisibilidad tiene un plazo máximo de 11 días, mientras que la revisión integral del expediente puede extenderse hasta 120 días hábiles.

Ante la necesidad de acelerar estos procesos, la entidad desarrolló sistemas automatizados que incorporan inteligencia artificial. Mediante herramientas como Naya, chatbot especializado en normativa ambiental, y Bianca, biblioteca normativa digital, el Senace busca identificar errores, omisiones e inconsistencias técnicas desde las primeras etapas de revisión documental.

Según explicó César Ramos Hidalgo, asesor de Presidencia Ejecutiva del Senace, la automatización permite que los expedientes lleguen a los evaluadores con observaciones preliminares identificadas, reduciendo tiempos operativos durante el procedimiento. “El expediente, al mismo tiempo que llega a la mano del evaluador, también le llega ya la revisión. Entonces, es un valor ganado, son horas ganadas en donde ya le está identificando dónde están los sesgos, los errores y las omisiones”, declaró.

El funcionario indicó que el uso de estas herramientas ya permitió reducir en más del 40 % los tiempos de evaluación de los Informes Técnicos Sustentatorios (ITS) vinculados al sector minero. En transportes y energía, la reducción supera el 50 %, según detalló. Añadió que uno de los principales problemas para las evaluaciones es la complejidad de los expedientes, ya que la entidad recibe documentos de hasta 90 mil folios.

Según explicó Ramos Hidalgo, Senace trabaja desde hace casi dos años en el desarrollo de estas herramientas tecnológicas y sistemas de IA. Precisó además que el modelo implementado funciona con infraestructura propia y no mediante servicios en nube. La entidad cuenta actualmente con 29 herramientas digitales destinadas a fortalecer la transparencia y agilizar los procesos de certificación ambiental.

EQUIPOS TÉCNICOS LO HARÁN EL 24

La información fue confirmada por el presidente del JNE, Roberto Burneo, quien indicó además que el debate técnico entre los equipos de ambas organizaciones políticas se desarrollará una semana antes, el 24 de mayo, en la sede del organismo electoral ubicada en Jesús María.

Según explicó Burneo, representantes de Fuerza Popular y Juntos por el Perú participaron en una primera jornada de coordinación donde manifestaron disposición para alcanzar acuerdos relacionados con la organización de ambos encuentros.

“Las dos organizaciones políticas mostraron interés para dialogar y arribar a consensos. Se han establecido dos debates, uno técnico y otro presidencial, que permitirán a la ciudadanía conocer mejor las propuestas de las agrupaciones que disputan la segunda vuelta”, señaló.

El titular del JNE precisó que continúan las conversaciones entre ambas fuerzas políticas para definir aspectos vinculados a la metodología, estructura y selección de moderadores. Los acuerdos finales serán comunicados oficialmente en los próximos días.

Burneo destacó también la importancia de que ambas agrupaciones hayan suscrito previamente el Pacto Ético Electoral, compromiso orientado a garantizar una campaña basada en el respeto y el debate democrático durante esta etapa decisiva del proceso electoral.

El presidente del organismo electoral sostuvo que los debates realizados durante la primera vuelta tuvieron un impacto importante en la ciudadanía, especialmente porque permitieron que muchos electores conocieran de manera más cercana las propuestas y posiciones de los candidatos.

Indicó además que estos encuentros contribuyen a combatir la apatía política y facilitan que la población pueda emitir un voto informado y consciente de cara a la jornada electoral programada para el próximo 7 de junio.

En otro momento, Burneo recordó que durante la primera vuelta el JNE supervisó el funcionamiento de las denominadas mesas 900 000, implementadas para acercar el sufragio a diversos sectores de la población y facilitar el proceso electoral.

Asimismo, remarcó que en la segunda vuelta la labor de los personeros será fundamental para garantizar la transparencia de los comicios. Por ello, exhortó a las organizaciones políticas a acreditar oportunamente a sus representantes.

Finalmente, el titular del JNE hizo un llamado a la ciudadanía para participar masivamente en las elecciones presidenciales y ejercer su derecho al voto de manera responsable.

Al término de la sesión, el titular del Ministerio de Justicia aclaró que actualmente no existe una nueva solicitud formal de indulto presentada por la defensa del exmandatario y recordó que los pedidos anteriores fueron rechazados por incumplir requisitos establecidos por ley.

“Estamos conversando sobre algo que no existe. Son cuestiones de forma, porque los expedientes no acompañaban todos los requisitos exigidos por las normas”, declaró ante los medios de comunicación.

Jiménez Borra explicó además que en uno de los pedidos anteriores se otorgó un plazo para que la defensa de Castillo subsane las observaciones realizadas a una solicitud de gracia presidencial por razones humanitarias. Sin embargo, señaló que hasta el momento no se ha presentado la documentación requerida.

“El plazo de subsanación todavía está vigente, pero la defensa no ha presentado ninguna corrección. Lo más probable es que ocurra lo mismo que en ocasiones anteriores”, indicó.

El ministro remarcó que las gracias presidenciales no pueden otorgarse de manera arbitraria y deben cumplir determinadas condiciones legales. Entre los requisitos mencionó que el solicitante debe contar con una sentencia firme ratificada en segunda instancia.

“Tiene que existir una solicitud formal y además cumplir con todos los requisitos establecidos. Las gracias presidenciales no se pueden otorgar arbitrariamente. Finalmente, la decisión corresponde al presidente de la República y requiere también el refrendo del ministro”, sostuvo.

Cabe recordar que Pedro Castillo fue vacado por el Congreso el 7 de diciembre de 2022 luego de anunciar el cierre del Parlamento e intentar instaurar un gobierno de excepción, hecho calificado como un intento de golpe de Estado.

Según trascendió, el Poder Ejecutivo otorgó plazo hasta el próximo 4 de junio para que la defensa del exmandatario pueda subsanar las observaciones detectadas en el trámite relacionado con el pedido de gracias presidenciales.

A través de un comunicado oficial difundido ayer 18 de mayo, la cartera económica señaló que no tiene previsto recurrir al Tribunal Constitucional para frenar la aplicación de dichas medidas, luego de la controversia generada por versiones que advertían una posible acción legal del Ejecutivo.

El ministerio reafirmó además su respeto a los derechos laborales de los trabajadores estatales y destacó la importancia de mantener espacios de diálogo y negociación colectiva conforme a la Constitución y la legislación vigente.

“No tiene previsto presentar demandas de inconstitucionalidad sobre las normas aprobadas por el Congreso vinculadas a mejoras remunerativas, bonificaciones y derechos de los trabajadores del sector público”, indicó el MEF en su pronunciamiento.

La institución sostuvo también que continuará dialogando con organizaciones sindicales y distintos sectores involucrados para evaluar mecanismos sostenibles que permitan mejorar progresivamente las condiciones laborales de los servidores públicos sin afectar el equilibrio fiscal.

El régimen CAS incluye a miles de trabajadores administrativos, técnicos y profesionales que laboran en distintas entidades del Estado. Durante años, diversos gremios exigieron la ampliación de beneficios similares a los que reciben otros regímenes laborales públicos.

El debate sobre la sostenibilidad financiera de estas medidas continúa generando opiniones divididas. Mientras sectores sindicales consideran que se trata de un reconocimiento a derechos laborales postergados, especialistas advierten sobre el impacto que podría generar en las finanzas públicas y en el presupuesto estatal de los próximos años.

En su comunicado, el MEF remarcó que cualquier avance en materia remunerativa debe realizarse de manera responsable y compatible con la estabilidad económica del país.

La aclaración del ministerio busca reducir la preocupación existente entre trabajadores estatales y sindicatos sobre una eventual paralización de los beneficios aprobados recientemente por el Congreso.

El tema continuará siendo materia de análisis técnico y político, especialmente ante los desafíos fiscales que enfrentará el próximo gobierno durante el periodo 2026-2031.