Las intensas lluvias registradas en las últimas semanas han provocado serios daños en la provincia de Caravelí, donde huaicos, deslizamientos y granizadas han afectado cultivos, ganado y diversas vías de comunicación, según informó el alcalde provincial, Roberto Soto. Durante sus declaraciones, la autoridad señaló que este año la provincia ha sido golpeada como nunca en muchas décadas, debido a los fenómenos climáticos que impactaron distintas zonas del territorio.

Entre los sectores afectados mencionó Lomas, Puerto Viejo y el valle de Acarí, además de zonas como Jaqui, Huanuhuanu, Chala Viejo, Quicacha, Cháparra, Atico y el valle de Caravelí, donde se han registrado huaicos y deslizamientos.

El alcalde también informó que las emergencias han provocado la pérdida de cultivos de palta, maíz y olivo, además de la muerte de ganado perteneciente a familias en situación de pobreza. Asimismo, confirmó que una persona falleció en el kilómetro 40 de la vía regional Atico–Caravelí como consecuencia de estos eventos.A ello se suma la destrucción de infraestructura agrícola, como albarradas, bocatomas y canales de riego, además de daños en carreteras asfaltadas y vías afirmadas que conectan a los distritos de la provincia.

Soto cuestionó que, pese a que la emergencia viene siendo reportada desde el 9 de enero, la respuesta de las entidades del Estado ha sido limitada e insuficiente frente a la magnitud de los daños. Por lo tanto, señaló que las alertas y reportes han sido remitidos a distintas instancias como el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y otras entidades vinculadas a la gestión del riesgo de desastres y al sector agrario, sin que hasta el momento se haya desplegado el apoyo esperado para atender la emergencia en la provincia.

El alcalde explicó que la Municipalidad Provincial de Caravelí cuenta actualmente con solo cuatro maquinarias operativas para intervenir en un territorio que supera los 13 mil kilómetros cuadrados, lo que resulta insuficiente para atender los múltiples puntos afectados por huaicos, deslizamientos y daños en vías. Según indicó, desde el Gobierno se habría anunciado el envío de maquinaria pesada, entre tractores, excavadoras, cargadores frontales y volquetes, para apoyar en la limpieza de carreteras, rehabilitación de accesos y recuperación de zonas dañadas; sin embargo, hasta el momento dichos equipos no han llegado a la provincia, lo que retrasa las labores de respuesta y recuperación para las poblaciones afectadas.

Por Danna Felipe B.

Ninguna de las 27 Juntas de Usuarios de la región ha recibido sus dos proyectos anuales prometidos por el gobernador Rohel Sánchez. Entre ellas está la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Chaparra, en la provincia de Caravelí. Su presidente, Humberto Laura, informó que los proyectos son importantes, pues el inicio y el fin del valle nunca han tenido nada a favor de la agricultura. Sin embargo, lamentó dudar que el gobernador pueda entregarlos antes de acabar su gestión, el 31 de diciembre del próximo año.

“Es la primera vez que se hacen proyectos a nivel de nuestra Junta. De todas maneras, ya sabemos cómo funcionan las cosas en nuestro país. Hemos insistido. Espero que salgan, aunque no sea en su gestión (de Rohel Sánchez), porque lo dudo, pero que salgan. Me sentiría contento”, aseguró.

Lamentablemente, la población ya se ha acostumbrado a recibir obras después de muchas ampliaciones de plazo y adicionales, y eso no está bien. Ya muchos ni exigen una línea de tiempo, argumentando que, ¿para qué?, si igual no se va a cumplir. Y si se exige, las gestiones ya no quieren dar plazos tampoco; se excusan diciendo que no quieren reclamos después en caso no se cumplan. Pero, ¿es por eso o porque saben de antemano que no van a cumplir? Entonces, en este marco, es necesario recordar a la gente que es obligación de las autoridades servirles y también mantenerlos informados sobre lo que están haciendo. No puede ser que hoy por hoy se agradezcan pequeñas obras entregadas después de años, u obras grandes entregadas después de muchos años.

OBRAS PROMETIDAS:

-Mejoramiento del servicio de provisión de agua para riego en el sistema de riego Huancalpa La Sierpe, en el distrito de Chaparra.

-Mejoramiento del servicio de provisión de agua para riego en el sistema de riego Yanarumi, en el distrito de Quicacha.

“Es para donde inicia el valle de Chaparra, y nunca se le ha hecho nada; y el otro es donde termina, en la frontera con Ayacucho, tampoco nunca se le ha hecho nada”, finalizó.

Por Danna Felipe B.

Después que la PNP, en el marco de sus competencias, procediera a la liberación de la Panamericana Sur, los mineros informales dieron tregua. En las próximas horas se sabrá si el Reinfo llegará a su fin este año, dada su inutilidad, o si una vez más se amplía. Para el alcalde de Caravelí, provincia en la cual ayer se registró un muerto, la salida es una nueva prórroga. Pero aclaró que esta vez debe haber un cambio de actitud por parte del Estado. Subraya que los mineros no pueden conseguir el requisito de contrato de explotación.

“La salida es que el Reinfo se extienda hasta el 31 de diciembre del 2026 y que no sea como hasta ahora, sin avances, sino que se establezcan las oficinas descentralizadas. Asimismo, un cambio de actitud por parte del Minem, Sernanp, Ministerio del Ambiente, Dirección General de Formalización Minera, con la supervisión de la prensa, para que no sea flor de un día, que verifique que a diario están trabajando en la formalización”, señaló Roberto Soto Riveros, alcalde provincial.

Según él, el gobierno regional se vio incapaz de avanzar significativamente en el proceso de formalización. “No es culpa de los mineros con Reinfo”, afirmó. Ahora que la Dirección General de Formalización Minera, liderada por Máximo Gallo Quintana, se hará cargo, espera un cambio radical.

En ese contexto, precisó que un gran reto para los Reinfo es el requisito del contrato de explotación, que no depende de ellos, sino del titular minero. Él debe firmar. Por lo que, para el burgomaestre, el Registro no es una tapadera de la minería ilegal.

“Lo que es la tapadera de la minería ilegal son las concesiones; no quieren hacer contratos de explotación. Hay quienes realizan actividad minera y se declaran como pequeñas o muy pequeñas para no pagar el canon minero. Esa es la pura y dura realidad”, indicó.

Redacción Diario El Pueblo

La literalmente gran mina de oro que representa Caravelí ha traído intranquilidad a su población. Eso es lo que pasa cuando la explotación de minerales se hace fuera del marco legal. En la actualidad, hay una guerra por el poder económico. Por ende, el alcalde de Caravelí, Roberto Soto, no ve con malos ojos una declaratoria de emergencia por minería ilícita, pero de forma focalizada y excluyendo a Atico y el conflicto entre las dos “Calpas”.

“Una declaratoria en toda la provincia, no. En Nauquipa (distrito de Cahuacho), en Trece Hermanas (Lomas) y en el distrito capital, por la frontera con Condesuyos. En estos tres puntos específicos, sí. De lo contrario, estaríamos afectando las libertades de una gran parte de la población que absolutamente nada tiene que ver con el asunto en cuestión”, afirmó el burgomaestre.

Asimismo, aseguró que si el estado de emergencia declarado por el Gobierno comprende la intervención de las Fuerzas Armadas, está de acuerdo y, dada la situación actual, resulta necesario.

Sin embargo, Soto Riveros excluye de la participación efectiva del Gobierno a Atico y su conflicto entre las dos “Calpas”, o sea Calpa Renace y Atico Calpa. ¿Por qué?

“Porque primero se deben de agotar las vías de diálogo entre todas las partes. Lo que queremos evitar es un estallido social mayor. No por responsabilidad de unas 30 personas que se autodenominan Frentes de Defensa va a ser así. Para eso se requiere mesas de diálogo, aplicación de la ley, trabajo articulado entre la PNP y el Ministerio Público para prevenir que nuevos componentes ingresen a la zona sin ningún documento que los respalde. Tiene que ir primero la razón antes que la fuerza. No queremos que se incendie la pradera por culpa de algunos».

Redacción Diario El Pueblo

Calpa Renace quiere ser amo y señor de Atico, distrito de la provincia de Caravelí. Se adueñan de la vía pública AR-104. Ayer, sus trabajadores protagonizaron un apedreamiento que ha dejado al menos 8 heridos. Y no es que su rival, Atico Calpa, sea santo de devoción. La única verdad es que ambas “Calpas” son acusadas de explotar minerales ilegalmente y la población de bien ya está harta.

El alcalde del distrito, Julio Candia, ratificó que es prioritario que el Ejecutivo Nacional declare de forma focalizada un estado de emergencia en la provincia de Caravelí. Para él, Atico y Cahuacho son los distritos más álgidos en esta lucha por los minerales.

“No nos hacen caso. El Ejecutivo ya debió declarar en estado de emergencia la provincia de Caravelí. No en todo, pero sí en puntos álgidos como en nuestro distrito”, aseveró el burgomaestre.

AL MENOS 8 HERIDOS EN APEDREAMIENTO

Ayer, Calpa Renace protagonizó un apedreamiento en el cual al menos 8 personas resultaron heridas. ¿Qué se sabe al respecto?

Candia Ramos detalló que el conflicto entre Calpa Renace y Atico Calpa (ahora centro poblado Puerto Atico Calpa) arrastra varios años. A lo largo de los mismos, ha habido momentos críticos. El del 2025 comenzó con la tranquera colocada por Calpa Renace en la vía pública AR-104.

Un grupo de personas bajó de Atico Calpa para asistir a una actividad realizada por el municipio distrital por el Día Internacional de la Mujer. Cuando intentaron volver, se llevaron con la sorpresa de que Renace tenía el control del ingreso, porque para llegar a Atico debes pasar por Renace.

“Renace les ha dicho a quienes se han quedado que van estar bajo su dominio, que ellos van a protegerlos, pero que la gente que ha bajado no puede volver, y que si alguien quiere bajar puede hacerlo, pero no puede regresar”.

El miedo, según el primer edil, es que más habitantes de Atico se han unido a Atico Calpa.

La tarde de ayer se sabe preliminarmente que un grupo de Atico Calpa intentó aperturar otro acceso. “Es ahí cuando Renace aparece y los apedrea. Según el último reporte, son 8 heridos, 3 de ellos fueron referidos fuera de la provincia para su atención médica”, realzó el alcalde.

Lo que más le preocupa a Julio Candia es que, en medio de este conflicto, hay gente inocente. Hay menores de edad que no tienen la culpa de las decisiones de los adultos y se les ha vulnerado sus derechos.

Por ende, exige la intervención efectiva del Ejecutivo, ya que realmente no entiende qué están esperando. ¿Más tragedias?

“En el Gobierno Regional se tomaron acuerdos. Calpa Renace dijo que sí iban a liberar, pero no cumplieron. Nosotros ya hemos agotado los canales administrativos. El Ejecutivo debe intervenir. Quien quiera trabajar, que lo haga de forma correcta y formal. Los que no, que se retiren”, expresó.

Ayer por la noche, un grupo de personas bloqueó la carretera Panamericana Sur. Pero se desconoce si eran habitantes cansados del conflicto entre ambas “Calpas” o integrantes de Atico Calpa.

Redacción Diario El Pueblo

José Neira, alcalde distrital de Cahuacho, también se une al pedido de declaratoria de emergencia en la provincia arequipeña de Caravelí por minería ilegal, pues un grupo de personas continúa enriqueciéndose ilícitamente y cuídese quien les lleve la contraria.

“En Nauquipa, exactamente en Carpisa, ¿qué están haciendo un grupo de mineros? Le están robando al Estado, a todos nosotros. Su daño es aún peor porque la zona donde trabajan es de amortiguamiento de la Reserva Paisajística Subcuenca del Cotahuasi”, detalló.

Neira Rospigliosi precisó que no todos los mineros en Caravelí caen en la ilegalidad. Hay un grupo que sí quiere formalizarse y trabajar siendo responsables con el bienestar de la gente y el medio ambiente. Los que no quieren, simple y llanamente, las autoridades competentes deben retirarlos.

“La población viene a nosotros, pero nosotros no somos la institución competente, somos intermediarios, y eso hemos estado haciendo”.

DATO

Finalmente, el alcalde desmintió tener intereses personales relacionados a la operación ilegal en Nauquipa.

Por Danna Felipe B

Calpa Renace, perteneciente a la empresa minera informal Intigold Mining, tiene bajo su dominio una vía pública, y la verdad es que desde hace mucho tiempo está vinculada a tragedias. Sin embargo, hasta hoy en día, su conflicto por los minerales en Caravelí continúa.

“Se debe declarar un estado de emergencia para ordenar la casa; si no, las cosas se van a salir de control”, declaró el alcalde de Atico, distrito donde está el meollo del asunto, Julio Candia.

Afirmó que, lamentablemente, el tema de la minería informal e ilegal se ha vuelto muy burocrático en un marco de emergencia para él.

“No sé qué están esperando las autoridades competentes, ¿que pase algo?, ¿que este enfrentamiento tenga resultados negativos?”, indicó Candia.

Explicó que todo este asunto de la tranquera comenzó el 8 de marzo, cuando un grupo de mujeres fue homenajeado, entre ellas las de Atico Calpa, el rival de Calpa Renace.

“Primero está Calpa Renace; más arriba está Atico Calpa. Para llegar a Atico Calpa debes pasar por Renace, y Renace tiene el dominio del ingreso, tiene su tranquera. Si ellos dicen ‘no entras’, no entras. Ellos dominan eso”.

El burgomaestre afirmó, finalmente, que Calpa Renace nunca presentó algún documento que confirme que esa vía es de ellos, pero siguen insistiendo. Cabe ratificar que la AR-104 es pública, es decir, de todos nosotros.

Redacción Diario El Pueblo

Para las personas que eligen vivir evadiendo la ley, la provincia de Caravelí es literalmente una mina de oro. Actúan a sus anchas, atemorizan a todo aquel que es un obstáculo para su enriquecimiento ilícito, no muestran ningún respeto por el medio ambiente y, aun así, hay quienes a lo largo de su vida ni una vez se han enfrentado a la justicia.

El alcalde de la provincia, Roberto Soto, está cansado de las amenazas contra su gente e incluso contra él mismo. Por ello, exige que la PNP y la Gerencia Regional de Energía y Minas hagan su trabajo y restablezcan el orden.

“Sucede algo similar a Pataz, donde 13 mineros fueron hallados sin vida. A ese extremo hemos llegado, por eso el congresista Martínez Talavera está convocando una reunión de emergencia con funcionarios del Gobierno Regional y los ministros competentes”.

Soto Riveros indicó que ha tenido varias reuniones con dirigentes de zonas mineras, y todos detallan el mismo problema de ilegalidad, resaltando que no es, para nada, lo mismo que los mineros en vías de formalización. En ellos, el Gobierno Nacional debería poner todos sus esfuerzos para de una vez formalizarlos. Pues tiene en claro que el minero que no desea formalizarse solo busca enriquecerse a toda costa.

Por su parte, el burgomaestre demandó la presencia del gerente regional de Energía y Minas, Luciano Taco, para que inspeccione las condiciones en las cuales se practica la minería.

“En Nauquipa (distrito de Cahuacho), por ejemplo, han fallecido personas, y nosotros hemos pedido las explicaciones pertinentes de estos presuntos accidentes, pero no se ha dado ninguna”.

Asimismo, solicitó que el jefe de la Región Policial Arequipa, general PNP Olger Benavides, verifique si parte de su personal actúa como fuerza de élite para el bando opuesto. Esto, tras un reportaje que involucra al general PNP Víctor Zanabria, comandante general de la PNP.

Redacción Diario El Pueblo

En Nauquipa, anexo del distrito de Cahuacho (Caravelí), un grupo de mineros ilegales actúa con total impunidad. José Neira, alcalde distrital, informó públicamente que él y su gente han sido víctimas de amenazas. Señaló que este problema de seguridad comenzó en 2022.

“Ha habido amenazas al frente de defensa. Les han disparado con armas de fuego y han exigido que la presidenta del frente renuncie en un plazo de 24 horas. Rodearon la municipalidad con camiones y camionetas. Días antes, los ocupantes, entre nacionales y extranjeros, ya habían mostrado armas a la población. A un director que solo intentaba evidenciar cómo sus alumnos corrían al pasar cerca del lugar de operaciones, lo interceptaron y le advirtieron que fuera la primera y última vez que tomaba fotografías. También me hicieron reglaje, un vehículo con lunas polarizadas me siguió”, detalló Neira Rospigliosi.

Por todo lo expuesto, hizo un llamado a la Gerencia Regional de Energía y Minas, a la Gerencia Regional Ambiental, a la Policía Nacional del Perú y a todas las autoridades competentes para que actúen de inmediato y restablezcan el orden, así como la tranquilidad en el distrito.

“Les han impedido desarrollar sus actividades agrícolas y ganaderas, y están generando contaminación. Requerimos una intervención articulada e inmediata”, finalizó el burgomaestre.

Redacción Diario El Pueblo

Este verano ninguna playa de la provincia de Caravelí será analizada por la Geresa. En 2026 quizá sea diferente. No obstante, su alcalde Roberto Soto calificó todo el litoral dentro de su jurisdicción como saludable.

«Primero descartó completamente que las aguas residuales terminen en el mar. Por eso tenemos PTARs. Segundo, los establecimientos médicos realizan un monitoreo constante sanitario», explicó.

Entonces descartó que haya habido episodios en los cuales sus playas no hayan podido recibir a los veraneantes.

«Que estemos alejados no significa que no tengamos belleza costera. Vengan a Caravelí», invitó.

Hay que destacar que a mediados de año se implementaría un laboratorio en la ciudad de Camaná para que 4 playas de Caravelí también sean analizadas.