En una jornada marcada por las Elecciones Generales 2026, la actividad turística en Machu Picchu se desarrolló con total normalidad. Bajo un clima favorable y con cielo despejado, miles de visitantes, en su mayoría extranjeros, recorrieron la ciudadela inca y otros atractivos de la región sin contratiempos.

Según informó César Medina, jefe del parque arqueológico, al mediodía de ayer ingresaron 2 508 turistas a la Llaqta Inca, cifra menor en comparación con días previos, pero dentro de lo esperado debido al proceso electoral. Para garantizar el orden y la seguridad, alrededor de 40 vigilantes y controladores fueron desplegados en distintos puntos del complejo.

La menor afluencia de visitantes nacionales se explica porque cerca de mil turistas peruanos, entre cusqueños y viajeros de otras regiones, no acudieron al sitio arqueológico para cumplir con su deber cívico. Este contexto generó una experiencia más fluida para quienes sí decidieron visitar el santuario histórico.

De acuerdo con registros recientes, el pasado 5 de abril ingresaron 4 863 visitantes a Machu Picchu, mientras que el 11 de abril la cifra fue de 3 669. Estos números reflejan una ligera disminución que coincide con la actual temporada baja del turismo. Cabe precisar que el aforo dinámico permitido alcanza hasta los 4 500 visitantes por día.

Pese a ello, el flujo turístico se mantiene constante. Los visitantes continúan llegando a Machu Picchu Pueblo desde estaciones como Ollantaytambo y la zona de Hidroeléctrica, utilizando los servicios ferroviarios que operan con normalidad y respetando sus itinerarios establecidos.

En paralelo, otros destinos del circuito cusqueño también registran importante presencia de turistas. Sitios emblemáticos como Sacsayhuamán, Ollantaytambo, Písac y Tipón reciben visitantes que optan por alternativas al principal atractivo del país. Estos espacios, junto a museos incluidos en el Boleto Turístico del Cusco, permiten diversificar la experiencia y desconcentrar el flujo turístico.

Las delegaciones de viajeros, tanto nacionales como internacionales, arribaron con normalidad al aeropuerto Teniente Alejandro Velasco Astete y a otros terminales terrestres. Desde allí, se desplazaron hacia diversos destinos turísticos bajo el resguardo de la Policía Nacional, que mantiene un operativo especial para garantizar la seguridad durante la jornada electoral.

El buen clima también ha contribuido al desarrollo de las actividades. En la ciudad de Cusco se registra un día soleado, con condiciones ideales para el recorrido de sitios arqueológicos y paisajísticos, lo que ha sido aprovechado por los visitantes y operadores turísticos.

La normalidad en la atención y el desplazamiento de turistas durante esta fecha clave demuestra la capacidad del sector para adaptarse a contextos excepcionales como una jornada electoral. Asimismo, evidencia la importancia del turismo como actividad constante que no se detiene, incluso en días de relevancia nacional.

De esta manera, Machu Picchu y los demás atractivos del Cusco continúan posicionándose como destinos de clase mundial, capaces de ofrecer experiencias seguras, organizadas y atractivas en cualquier circunstancia.

En el marco del Día del Niño Peruano, el Programa Nacional PAIS del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social destacó su labor en favor de la niñez en zonas rurales, donde ha logrado atender a más de 83 mil niñas y niños mediante sus plataformas de servicios, conocidas como tambos.

De acuerdo con el Midis, durante el 2025 se realizaron más de 355 mil atenciones en aproximadamente 520 tambos distribuidos en diversas regiones del país. Estas intervenciones, articuladas con distintas entidades del Estado, han permitido acercar servicios esenciales como salud, identidad, educación y protección social a poblaciones ubicadas en zonas de difícil acceso.

En el ámbito de la salud, se han desarrollado campañas médicas dirigidas a menores de comunidades rurales, así como jornadas de vacunación, especialmente contra la influenza, en zonas altoandinas. Estas acciones buscan prevenir enfermedades y contribuir al desarrollo integral de la niñez.

En materia de identidad, el programa ha facilitado el acceso al Documento Nacional de Identidad (DNI) mediante caravanas y Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS) terrestres. Este servicio permite que más niños y niñas cuenten con documentación oficial sin necesidad de desplazarse largas distancias, garantizando así su acceso a servicios básicos y programas sociales.

Asimismo, el Programa PAIS impulsa iniciativas educativas y de desarrollo personal. Entre ellas destaca “Aprendo en Tambo”, que promueve el hábito de la lectura y refuerza el aprendizaje escolar en distintas regiones. También se han implementado talleres de robótica en Arequipa, orientados a fomentar habilidades tecnológicas e innovación desde temprana edad.

A estas acciones se suman los ecocines en regiones como Huancavelica, espacios educativos que utilizan el cine como herramienta para fortalecer valores, autoestima y reflexión en la niñez. De igual forma, el servicio Movitambo facilita el traslado seguro de escolares en zonas alejadas, principalmente en la Amazonía, contribuyendo a la continuidad de su educación.

El Midis resaltó que cada una de estas intervenciones responde al objetivo de cerrar brechas sociales y generar oportunidades para la población infantil en el ámbito rural, promoviendo condiciones adecuadas para su crecimiento y desarrollo.

Estas acciones forman parte de los ejes estratégicos del sector, orientados a fortalecer el desarrollo humano y garantizar el acceso oportuno a servicios integrales. En ese sentido, el Programa PAIS reafirma su compromiso de seguir acercando el Estado a las comunidades más vulnerables del país, priorizando la atención de la niñez como base para un futuro más inclusivo.

Con el objetivo de fortalecer la prevención del sarampión en la región altiplánica, el Ministerio de Salud del Perú (Minsa) articuló acciones conjuntas con autoridades regionales de Puno y representantes del Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia, en una estrategia binacional orientada a reforzar la cobertura de vacunación en zonas de frontera.

Durante la última semana, el equipo técnico del Minsa sostuvo reuniones de trabajo con el gobernador regional de Puno, en las que se expuso la situación epidemiológica del sarampión y se plantearon medidas prioritarias para evitar posibles brotes. Entre las acciones destacan el fortalecimiento de las jornadas de vacunación, la intensificación de la vigilancia epidemiológica y la mejora de los diagnósticos mediante laboratorio.

Las autoridades sanitarias acordaron poner especial énfasis en provincias como Juliaca (San Román) y Sandia, consideradas puntos clave por su dinámica poblacional y cercanía con zonas de tránsito internacional. En estos territorios se reforzará la intervención sanitaria con brigadas especializadas.

Asimismo, en una mesa de trabajo bilateral entre Perú y Bolivia, se estableció la movilización de brigadas de vacunación en zonas fronterizas, terminales terrestres y otros puntos estratégicos de alto flujo de personas. Esta coordinación busca reducir el riesgo de transmisión del virus, especialmente en áreas donde el tránsito migratorio es constante.

En total, se desplegarán más de 200 brigadas de vacunación en zonas urbanas y rurales de la región. Estas estarán a cargo de las redes de salud de Sandia, Melgar, Chucuito, Yunguyo, El Collao, Lampa, Azángaro, Huancané y Putina, además de las redes integradas de San Román, Puno y Carabaya.

El equipo técnico del Minsa está liderado por especialistas del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, con la participación de representantes del Instituto Nacional de Salud, la Secretaría de Coordinación del Consejo Nacional de Salud, la Oficina General de Gestión Descentralizada, así como de las direcciones de Promoción de la Salud y Comunicaciones.

Esta intervención conjunta refleja la importancia de la cooperación internacional en materia de salud pública, especialmente en regiones fronterizas donde los riesgos epidemiológicos pueden incrementarse. Las autoridades reiteraron que la vacunación es la herramienta más eficaz para prevenir el sarampión, enfermedad altamente contagiosa que puede generar complicaciones graves, sobre todo en niños.

Con estas acciones, el Perú busca fortalecer su sistema de respuesta sanitaria y garantizar la protección de la población, en un esfuerzo coordinado que trasciende fronteras y prioriza la salud colectiva.

La medida fue establecida mediante el Decreto Supremo N.º 052-2026-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano. Durante su vigencia, la Policía Nacional del Perú asumirá el control del orden interno, con el respaldo de las Fuerzas Armadas.

Los distritos comprendidos en la declaratoria incluyen La Encañada y Chetilla, en la provincia de Cajamarca; Cachachi, en Cajabamba; Sorochuco y Huasmin, en Celendín; Contumazá; Chalamarca, en Chota; así como Hualgayoc, Chugur y Bambamarca, en la provincia de Hualgayoc. También se suman San Ignacio y San José de Lourdes, en la provincia de San Ignacio; y Gregorio Pita, en San Marcos.

De acuerdo con informes policiales, la intervención responde al crecimiento de redes vinculadas a la minería ilegal, además de delitos conexos como extorsión, sicariato y tráfico de insumos. En ese contexto, las operaciones se ejecutarán con base en inteligencia operativa, mapas del delito y análisis estadísticos para reducir la criminalidad.

Como parte del estado de emergencia, el Ejecutivo podrá restringir derechos constitucionales como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la seguridad personal. Asimismo, las actividades públicas masivas requerirán autorización previa de las autoridades.

La norma también dispone la creación de un Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), que liderará las acciones conjuntas entre la Policía, las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Este comando contará con cuatro comités especializados para reforzar la intervención.

Entre ellos figuran el Comité de Coordinación Distrital, encargado de patrullajes y operativos; el Comité de Inteligencia, que empleará herramientas tecnológicas como drones y videovigilancia; el Comité de Fiscalización, orientado al control de rutas e insumos vinculados a la minería ilegal; y el Comité de Comunicación Estratégica, responsable de informar sobre los resultados.

Las medidas operativas incluyen patrullaje permanente, control de identidad en vías públicas, decomiso de armas y explosivos, así como la fiscalización de rutas utilizadas por actividades ilícitas. También se prevé el uso de drones con cámaras térmicas para detectar campamentos clandestinos.

Adicionalmente, se contempla la articulación con entidades como el Ministerio de Energía y Minas para verificar la formalidad de operaciones, así como la coordinación con autoridades de Ecuador ante la presencia de ciudadanos extranjeros en estas actividades.

El financiamiento de las acciones será asumido por las entidades involucradas, con posibilidad de recursos adicionales del Ministerio de Economía y Finanzas. Al término del plazo, el Ejecutivo evaluará los resultados para determinar nuevas acciones.

Con esta medida, el Gobierno busca restablecer el orden interno y frenar el avance de la minería ilegal en una de las regiones más afectadas del país.

Un importante sector de la población decidió trasladarse no solo para cumplir con su deber cívico, sino también para aprovechar la ocasión y visitar a sus familiares en sus lugares de origen, generando así una alta demanda en los terminales terrestres.

Las ciudades con mayor demanda de pasajes son Puno, Juliaca, Lima, Cusco, Tacna y Moquegua, destinos tradicionales en este tipo de jornadas electorales. Algunos viajan en pareja y familias enteras.
A nivel regional, también se registró gran movimiento hacia localidades como Chivay, La Joya, El Pedregal (Majes), Chuquibamba, Corire y Aplao (Castilla), donde numerosos ciudadanos mantienen su centro de votación.

Sin embargo, el incremento en los precios de los pasajes interprovinciales generó malestar entre los viajeros. En algunos casos, las tarifas subieron en más del 50%, dependiendo de la empresa de transporte y el tipo de servicio ofrecido.

Algunos ciudadanos manifestaron su incomodidad ante esta situación, señalando que los costos resultan excesivos. Incluso, varios indicaron que prefieren asumir la multa por no votar antes que pagar montos elevados por los boletos de viaje.

De acuerdo con un recorrido realizado por el diario El Pueblo, los pasajes hacia Lima oscilan entre 70 y 120 soles en servicio regular, mientras que en buses cama alcanzan hasta los 180 soles.

En tanto, viajar a Tacna puede costar hasta 75 soles, a Moquegua 45 soles, y hacia Puno alrededor de 70 soles. Para Juliaca, los precios parten desde los 40 soles.

Otros destinos como Cusco registran tarifas desde 80 soles, Puerto Maldonado 130 soles, Desaguadero 70 soles, Caravelí 80 soles, Espinar entre 30 y 35 soles, Ilo 40 soles, Camaná 25 soles y Chivay 25 soles, evidenciando el impacto de la alta demanda en el costo de los pasajes.

Las acciones de control se iniciaron en el almacén principal ubicado en el distrito de Lurín, desde donde partieron los vehículos encargados de llevar el material hacia un total de 2 270 locales de votación en todo el país. La presencia de los auditores buscó garantizar la transparencia y el cumplimiento de los procedimientos establecidos para este proceso clave.

Durante la supervisión, la Contraloría verificó que tanto los vehículos como los transportistas cuenten con la debida acreditación, conforme a los términos del servicio contratado por la ONPE. Este control resulta fundamental para asegurar que el traslado del material electoral se realice bajo condiciones de seguridad y formalidad.

Asimismo, se constató la salida de 162 camiones cargados con cédulas de sufragio, actas, equipos informáticos y otros implementos necesarios para la jornada electoral. Este despacho se realizó de acuerdo con el cronograma previsto para el 10 de abril, sin reportes de incidencias durante la operación.

Posteriormente, los equipos de control se desplazaron hacia diversos locales de votación, donde verificaron la recepción del material por parte de los responsables designados para su custodia. Esta fase permite confirmar que la cadena de distribución se cumpla de manera adecuada hasta su destino final.

El despliegue del material electoral forma parte del servicio de transporte de carga contratado por la ONPE, que incluye tanto el traslado como el repliegue de los equipos e insumos utilizados en el simulacro y el sufragio. Este contrato, adjudicado a un proveedor privado, asciende a un monto de 6 millones 368 mil 332.75 soles.

Con estas acciones, la Contraloría busca prevenir irregularidades y contribuir a que el proceso electoral se desarrolle con transparencia, eficiencia y sin contratiempos logísticos en todo el territorio nacional.

REUBICACIÓN ESTÁ RETRASADA

Más de cien habitantes del centro poblado Arcata, ubicado en el distrito de Cayarani, provincia de Condesuyos, continúan viviendo en una zona catalogada como de muy alto peligro geológico, sin que hasta la fecha se concreten acciones efectivas para su reubicación. A pesar de los informes técnicos y las reiteradas mesas de trabajo impulsadas por el Gobierno Regional de Arequipa (GRA), el proceso permanece estancado desde hace al menos tres años.

La situación no es reciente. Desde 2019 se emitieron los primeros reportes que advertían sobre los riesgos en la zona. Sin embargo, fue en 2022 cuando una opinión técnica del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (Ingemmet) confirmó que Arcata se encuentra en un escenario de “muy alto peligro”. El documento precisa que, debido a sus características geológicas y geomorfológicas, el poblado es altamente vulnerable a inundaciones y movimientos de masa, lo que podría comprometer seriamente la seguridad de sus habitantes. En ese contexto, la recomendación fue clara: el reasentamiento de la población.

Ese mismo año, el GRA conformó una mesa técnica para evaluar la reubicación del centro poblado. No obstante, la gestión regional culminó sin resultados concretos. En agosto de 2023, bajo la administración del gobernador Rohel Sánchez, se reactivó este espacio de trabajo, delegando responsabilidades al Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER). Pese a ello, los avances han sido mínimos.

La última reunión, realizada en febrero de este año, concluyó sin acuerdos decisivos. El acta solo consignó la necesidad de “reforzar la coordinación interinstitucional y gestionar acciones para proteger a las familias”, sin definir plazos ni medidas específicas para el traslado de los pobladores.

La consejera regional por Condesuyos, Roxana Llamoca Huayhua, cuestionó la falta de resultados y advirtió que no existe claridad sobre el futuro de Arcata. “A la fecha no tenemos nada concreto. Se requerían estudios para determinar el lugar de reubicación, pero no se han realizado por falta de aproximadamente tres millones de soles”, señaló.

Aunque desde 2022 se identificó al sector Cruz Pata como una posible zona de reasentamiento, este terreno aún no cuenta con saneamiento físico-legal ni definición institucional, lo que impide ofrecer una alternativa viable a la población. Esta incertidumbre también ha generado resistencia entre los habitantes, quienes no aceptan trasladarse sin garantías claras.

A ello se suma la inestabilidad en la gestión del COER. Según Llamoca, en la actual administración regional se han registrado hasta seis cambios en la jefatura de esta entidad, lo que ha dificultado la continuidad de los compromisos asumidos.

Pese a las advertencias técnicas y los años transcurridos, Arcata sigue esperando una solución concreta. Mientras tanto, sus pobladores permanecen expuestos a un riesgo latente, en medio de la inacción institucional.

La región recibió al menos 59.84 toneladas de alimentos enviados por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) en marzo de 2026 para atender a 19 368 personas afectadas o damnificadas por las lluvias del primer trimestre del 2026. Sin embargo, la gestión de estos bienes se realiza en un almacén prestado. A través del Informe N.° 013-2026-OCI/5334-SVC, la Contraloría establece que esta dependencia operativa limita la capacidad de respuesta de la entidad ante desastres.

Durante una visita de control realizada entre el 20 y 26 de marzo, se verificó que el GRA no dispone de un espacio exclusivo para el almacenamiento de ayuda humanitaria. Los productos se mantienen en un local ubicado en Cerro Colorado, cedido temporalmente, pese a que informes previos ya habían advertido esta carencia estructural. A esta limitación se suma una falla crítica. La comisión de control detectó que los alimentos almacenados no cuentan con tarjetas visibles de registro (BINCARD), herramienta obligatoria para el control de entradas, salidas y saldos. La ausencia de este mecanismo impide garantizar la trazabilidad de los productos y eleva el riesgo de pérdidas o desorden en el stock.

“El almacenamiento de bienes sin el respaldo de un control visible actualizado impide asegurar la transparencia en la gestión de los recursos públicos. Además, esta situación incrementa el riesgo de pérdida o manipulación de saldos, afectando la confiabilidad de la información patrimonial y limitando la capacidad de respuesta logística del Gobierno Regional ante la demanda urgente de la población damnificada durante emergencias”, señala el informe.

Las deficiencias no se limitan al control. La Contraloría también identificó condiciones inadecuadas de almacenamiento que podrían afectar la inocuidad de los alimentos. El almacén carece de sistemas de seguridad, ventilación, señalización y control sanitario, además de presentar infraestructura que permite el ingreso de personas, animales e insectos.

Estas condiciones contravienen normas del sistema nacional de abastecimiento y lineamientos específicos para la gestión de ayuda humanitaria, que exigen ambientes seguros, higiénicos y con controles estrictos para garantizar la calidad de los productos.

“Existe la posibilidad de que cualquier persona o incluso animales (aves, insectos) puedan ingresar al lugar destinado como almacén de alimentos, poniendo en riesgo la pérdida y la adecuada conservación de los alimentos de ayuda humanitaria”, indicó el responsable del almacén durante la inspección, según consta en acta.

El informe concluye que estas dos situaciones —deficiencias en almacenamiento y ausencia de control de inventarios— podrían afectar la continuidad del proceso de atención a la población damnificada. La Contraloría recomendó al GRA adoptar medidas correctivas inmediatas y reportar las acciones en un plazo máximo de cinco días hábiles.

De acuerdo con el reporte de las autoridades locales, las lluvias persistentes de las últimas horas debilitaron la estructura del puente hasta provocar su colapso parcial, interrumpiendo completamente el tránsito vehicular en la zona. A pesar de la magnitud del incidente, no se han registrado daños a la vida ni afectaciones a la salud de las personas.

Sin embargo, el evento dejó un vehículo de carga atrapado en la infraestructura dañada, lo que agrava la situación de conectividad para los pobladores. Esta vía resulta clave para el acceso hacia los anexos de Sayrosa, Cuspa y Occoruro, comunidades que ahora permanecen temporalmente aisladas.

El hecho fue comunicado al Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Arequipa, entidad que viene monitoreando la situación y coordinando acciones con las autoridades distritales y provinciales para atender la emergencia.

En paralelo, el equipo técnico del distrito de Puyca inició la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), con el objetivo de determinar el nivel de afectación y priorizar las intervenciones necesarias. Entre las primeras acciones se contempla la habilitación de rutas alternas y la gestión de maquinaria pesada para retirar el vehículo atrapado y los escombros.

Las autoridades exhortaron a la población a tomar precauciones ante la continuidad de las lluvias en la zona, especialmente en rutas vulnerables a deslizamientos o colapsos de infraestructura. Asimismo, no se descarta que nuevos eventos climáticos puedan generar más afectaciones en otras vías rurales de la provincia.

La emergencia pone en evidencia la vulnerabilidad de la infraestructura vial en zonas altoandinas frente a fenómenos climáticos intensos, lo que refuerza la necesidad de ejecutar obras de prevención y mantenimiento oportuno.

Durante el traspaso establecido por la Ley 32213, los gobiernos regionales iniciaron la entrega de documentación vinculada al proceso. Sin embargo, la transferencia no se realizó de manera ordenada. Se identificaron expedientes duplicados, archivos incompletos y casos en los que la información no fue remitida correctamente, lo que obligó a reiniciar evaluaciones y a rastrear documentos que quedaron “perdidos” en el proceso.

En este contexto, la Autoridad Nacional del Agua (ANA), entidad encargada de evaluar los IGAFOM a nivel nacional, ha tenido que retomar trámites y orientar a los administrados, pese a que su función se limita a emitir opinión técnica y otorgar licencias de uso de agua. “Hemos tenido que empezar de nuevo con la documentación y hacer seguimiento de dónde quedó cada expediente. Con esta transferencia de funciones, varios procesos se han quedado paralizados”, indicó Lili Zea Luna, responsable del área de evaluación de IGAFOM en la ANA.

La carga evidencia un desbalance en el sistema. Mientras el Minem concentra entre 30 mil y 50 mil expedientes, la ANA maneja cerca de 1 500 a nivel nacional, de los cuales alrededor de 250 corresponden a Arequipa. Aunque desde la Gerencia Regional de Energía y Minas se remitieron 750 expedientes, se estima que existen cerca de 6 mil mineros en proceso de formalización en la región. En consecuencia, la mayoría de casos permanece en la Dirección General de Formalización Minera y aún no es derivada para evaluación técnica, lo que prolonga los plazos.

El proceso de transferencia continúa en varias regiones, lo que anticipa nuevos retrasos mientras no se complete la reorganización documental y se regularice el flujo de expedientes hacia las entidades técnicas. Según la quinta y última ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), el proceso deberá concluir el 31 de diciembre de 2026.