Las labores fueron dirigidas por el jefe de la División de Orden Público y Seguridad de Camaná, quien supervisó personalmente el despliegue policial orientado a reforzar la seguridad ciudadana y ejecutar mandatos judiciales pendientes.

Entre los intervenidos figuran Uldarico Monzón Tumi (37), Maxx Antoni Lima Gómez (30), Mariano Ccorimanya Pacca (38), Reynal Félix Argandoña Rodríguez (49) y Moisés Pauccar Merma (58), todos requeridos por el delito de omisión a la asistencia familiar.

Asimismo, fueron capturados Hegel Chahuayo Janampa (26), Rigoberto Huancahuire Huamani (50) y Neptalín Inga Huamani (25), quienes eran solicitados por las autoridades judiciales por procesos relacionados con violencia familiar.

El operativo también permitió la ubicación y detención de Wilzon Jaimen Martínez Estela (41), investigado por tráfico ilícito de drogas; George Enrique Arévalo Salas (26), requisitoriado por deserción; y Roger Charca Apaza (48), acusado por agresiones contra mujeres e integrantes del grupo familiar.

La intervención policial se desarrolló en distintos sectores del anexo de Secocha, donde los agentes realizaron controles de identidad y verificación de antecedentes, logrando ubicar a las personas requeridas por la justicia.

Desde la Policía Nacional señalaron que este tipo de operativos continuarán ejecutándose en diferentes puntos de la provincia de Camaná, como parte de las acciones destinadas a combatir la delincuencia y fortalecer el orden público.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a colaborar con las fuerzas del orden proporcionando información que permita identificar a personas involucradas en hechos delictivos o con requisitorias pendientes.

El hallazgo fue consignado en el Informe de Orientación de Oficio N.° 013-2026-OCI/0617-SOO, elaborado por el Órgano de Control Institucional (OCI) de Autodema tras revisar las resoluciones emitidas entre enero y mayo de 2026.

Según el informe, la entidad dejó de publicar diez resoluciones de Gerencia Ejecutiva y dos resoluciones de la Oficina de Administración, pese a que se encontraban vigentes. La Contraloría advirtió además inconsistencias en el correlativo de publicaciones, lo que evidencia vacíos en el registro oficial de documentos administrativos. El órgano de control sostuvo que esta situación “podría generar el riesgo de afectar los principios de transparencia y acceso a la información pública”, además de limitar el control ciudadano sobre las decisiones adoptadas por la entidad.

Todas las entidades estatales están obligadas a publicar información oficial en GOB.PE conforme a la Ley de Transparencia y las normas de Gobierno Digital. Pese a ello, Autodema mantuvo resoluciones fuera del portal estatal durante el periodo evaluado.

El órgano de control recomendó que el titular de la entidad adopte acciones correctivas y dispuso que Autodema informe, en un plazo máximo de cinco días hábiles, las medidas implementadas frente a las observaciones detectadas.

El Consejo Regional de Arequipa (CRA) solicitará una ampliación presupuestal al Gobierno Regional de Arequipa (GRA) tras advertir que el actual presupuesto destinado a fiscalización podría resultar insuficiente para sostener viajes de inspección, contratación de asesores y otras acciones de control durante lo que resta de 2026. La situación fue expuesta luego de que el consejo ejecutara cerca del 40 % de los recursos asignados para fiscalización en menos de la mitad del año.

Para 2026, el CRA recibió un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/2 millones 691 mil 005. Del total, S/1 millón 061 mil 495 fueron destinados a fiscalización, monto equivalente a poco más del 1 % del presupuesto institucional del GRA. Hasta la fecha, el consejo ejecutó S/661 mil 362.91 de recursos ordinarios, equivalente al 40,59 %, y devengó S/422 mil 500 del presupuesto de fiscalización, equivalente al 38,80 %. Según advirtieron durante la sesión, el ritmo de ejecución podría comprometer recursos previstos para los próximos meses, afectando principalmente la contratación de asesores y personal de apoyo.

Ante este escenario, Richar Quispe Gutiérrez, jefe de la Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, fue citado a una sesión extraordinaria para informar sobre la situación presupuestal del Legislativo regional. “Nosotros hacemos la asignación a inicios de año de acuerdo al plan de trabajo del CRA. (…) Si hubiera necesidad a futuro, vamos a asignar presupuesto de forma progresiva, previa evaluación. Somos conscientes de que los consejeros regionales cumplen una labor importante, pero debe hacerse una evaluación”, señaló.

Aunque la Ley 31812 establece que el financiamiento para la función fiscalizadora de los consejos regionales debe oscilar entre el 1 % y 2 % del presupuesto regional, el GRA asignó únicamente el mínimo permitido por la norma. Según los consejeros, esta situación genera restricciones para viajes de fiscalización e inspecciones en obras y proyectos ejecutados por la gestión regional.

Al respecto, Norma Ortega Valdivia, presidenta del CRA, sostuvo que el problema no radica en la ejecución presupuestal, sino en la distribución interna de partidas para sostener labores de campo y comisiones investigadoras. “Como parte de las acciones de fiscalización tenemos que ir a obras en Arequipa y provincias, acudir e inspeccionar los proyectos. Y eso requiere recursos para poder hacer nuestra labor de fiscalización. Varios consejeros se vieron afectados en sus labores de fiscalización. (…) Si nos hubieran asignado el 2 %, no estaríamos con esta dificultad”, afirmó.

Tras la reunión, el CRA acordó presentar una nueva solicitud de ampliación presupuestal al Ejecutivo regional con una proyección de gastos hasta fines de 2026. El pedido buscará reforzar partidas vinculadas a viáticos, combustible y contratación de asistentes y asesores para las labores de fiscalización.

De acuerdo con información de la Red de Salud Arequipa-Caylloma, el 27 % de menores de tres años de Arequipa Metropolitana padecen anemia, mientras que en la provincia de Caylloma la incidencia alcanza el 35 %. En provincias de zonas altas como La Unión y Condesuyos, la incidencia es incluso mayor, oscilando entre 38 % y 40 % entre los menores que reciben tratamiento en establecimientos de salud. Solo las provincias de Islay y Camaná registran indicadores por debajo del 20 %. Sin embargo, el limitado avance no es atribuido a la falta de acciones, sino a factores externos que dificultan la recuperación de los pacientes.

Al respecto, Hoover Supo Mamani, decano del Consejo Regional VI Arequipa del Colegio de Nutricionistas del Perú, atribuyó parte de esta situación a los problemas de adherencia al tratamiento con sulfato ferroso y al incorrecto consumo de suplementos por parte de la población. “El problema era que muchas veces el sulfato ferroso no se consumía adecuadamente. Ahora se está viendo que los padres de familia ya tienen mayor compromiso y están aceptando mejor estos productos. Con estas recomendaciones los niños empiezan a tolerarlo mejor, pero la reducción es a largo plazo”, señaló.

Desde la orden profesional advirtieron además que la lucha contra la anemia no depende únicamente de la suplementación con hierro. Supo Mamani explicó que enfermedades inflamatorias como gripe o diarreas pueden impedir la absorción del mineral debido a la producción de hepcidina, sustancia generada por el hígado durante procesos infecciosos. “Cuando el cuerpo está inflamado, el hígado produce hepcidina, sustancia que bloquea la absorción del hierro. Entonces, aunque la madre le dé sulfato ferroso, el niño no va a recuperarse”, explicó el especialista.

El Colegio de Nutricionistas participa mensualmente en reuniones del comité multisectorial contra la anemia junto a entidades públicas para mejorar las estrategias de intervención. Entre las propuestas planteadas figura la implementación de un aplicativo móvil en establecimientos de salud para mejorar la dosificación del sulfato ferroso y reducir problemas de adherencia, debido a que la reducción de la anemia requiere esfuerzos sostenidos y la intervención articulada de varios sectores.

Según el Informe de Fiscalización N.°001-2026-GRA/CR-CAMANÁ, presentado por la consejera regional de Camaná y presidenta del CRA, Norma Alejandra Ortega Valdivia, la I.E. Virgen del Rosario, en el distrito de José María Quimper, registra un avance físico de 76.3 % y una ejecución financiera de 95.3 %. En la I.E. Villa Don Jorge, en Samuel Pastor, el avance físico alcanza 71.7 %, mientras que el financiero llega a 88.8 %. En la I.E. 40236 César Vallejo, en Pucchún, el progreso físico es de 58.1 %, pese a contar con 78.1 % de ejecución presupuestal. Situación similar ocurre en la I.E. Sebastián Barranca.

“En el caso de la I.E. César Vallejo, la comunidad educativa no ha querido trasladarse de la contingencia a la nueva infraestructura, incluso pese al hacinamiento, porque teme que, una vez realizado el traslado, no se entregue el equipamiento faltante. En el caso de la I.E. Virgen del Rosario falta el salón multiusos, que requiere un adicional financiero. (…) Además, se ha constatado la ausencia de mallas raschel en los expedientes de proyectos en curso. En esa línea, se exhorta al GRA a asegurar dicho componente”, expresó Norma Ortega Valdivia, presidenta del CRA.

El informe concluye que existe “una tendencia de ejecución presupuestal más acelerada que el progreso físico”, situación que evidenciaría deficiencias en la planificación y control de las obras públicas. Además, advierte riesgos de sobrecostos, ampliaciones de plazo y uso ineficiente de recursos públicos. La fiscalización también identificó desabastecimiento de materiales, retrasos en contrataciones y deficiencias logísticas que afectan la ejecución de los proyectos.

El documento también alerta sobre el riesgo de habilitar infraestructura educativa incompleta, sin equipamiento, mobiliario o servicios operativos. Ante ello, se recomendó que ninguna obra sea recepcionada o puesta en funcionamiento sin todos sus componentes concluidos. En ese aspecto, sobresale el Instituto Superior Tecnológico Faustino B. Franco, paralizado desde abril de 2025 debido a componentes pendientes vinculados principalmente al equipamiento tecnológico.

El informe será remitido al Órgano de Control Institucional (OCI) del GRA y a la Contraloría General de la República para las acciones correspondientes.

CUSCO

¿Es posible jugar un videojuego y aprender o mejorar en matemáticas? Sí. Un grupo de estudiantes universitarios de Cusco ha creado Du.Math, un videojuego educativo de acción y aventura que invita a los jugadores a resolver problemas en tiempo real mientras enfrentan enemigos y superan obstáculos.

Desarrollado con el motor de videojuegos Godot en su versión 4.4, Aseprite para el diseño estético y Ableton para la sonorización del videojuego, Du.Math le permite a los escolares pasar por tres niveles del juego, a través de los cuales refuerzan o aprenden temas como sumas, restas, múltiplos o divisores. Superados los tres niveles, llegan al nivel del jefe que es representado por Pitágoras, en donde ponen a prueba todo lo aprendido en los niveles ya superados.

Du.Math, nombre que resulta de la combinación de Doom (nombre del legendario videojuego de 1993) abreviado a «Du» y «Math» haciendo referencia al campo de las matemáticas, fue creado por Carlos Loaiza, Ali Astete, Alfredo Uman, Brayan Chauca y Eduardo Cussi, estudiantes de la carrera de Ingeniería de Sistemas del campus Cusco de la Universidad Continental, en el marco del programa Fellowship, que anualmente anima y promueve el desarrollo de soluciones de este tipo.

“En nuestro país, donde la desmotivación escolar y los bajos niveles de comprensión en matemáticas son un desafío constante, Du. Math aspira a consolidar esta nueva cultura de aprendizaje digital, donde la tecnología no reemplace al docente, sino que lo potencie, fomentando la creatividad, la colaboración y el pensamiento lógico en los más jóvenes”, sostuvo Carlos Loaiza.

La primera versión de Du.Math es compatible solo en computadoras (PC o laptops). Se puede descargar gratuitamente desde itch.io, y también se ha publicado una versión para jugar directamente desde una pestaña en Google. 

¿Quiénes validaron Du.Math? Fueron escolares del cuarto al sexto grado de primaria de las instituciones educativas Newton y Guadalupe de la ciudad del Cusco los que pusieron a prueba los retos del videojuego. 

“Antes de que jugaran, respondieron una prueba de entrada de matemáticas”, recuerda Loaiza. “Después de jugar, volvieron a responder un examen algo más complejo que el primero y los resultados fueron alentadores. Algunos salones pasaron de un promedio general de 7.25 antes de iniciar el juego a uno de 9.35 al terminarlo; igual otro grado pasó de 6 a 13.38, por mencionar algunos casos”, refiere.

Según sus creadores, Du.Math tomó aproximadamente cuatro meses en desarrollar su primera versión y ya están pensando empezar la segunda versión. Además, están próximos a iniciar Du.Quim, videojuego vinculado a la química, en el que también participarán Katia Quinta, Paul Acurio Jara, Alexis Lizarraga y Eliab Zamalloa, igualmente estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Continental.

Seis profesores resultaron con lesiones de diversa gravedad tras el despiste y vuelco por una pendiente del vehículo en el que se trasladaban, en el sector de Carcasunto, zona de Pacopata, jurisdicción de Hualchancca, en Pampa Cangallo, perteneciente a la provincia de Cangallo del departamento de Ayacucho.

El hecho se registró alrededor de las 7:00 a.m. de ayer y, según información preliminar, los docentes se dirigían a sus respectivos centros educativos para iniciar sus labores cuando la unidad sufrió el accidente por causas que son materia de investigación.

Testigos del lugar señalaron que el automóvil terminó fuera de la vía tras perder el control, cayendo hacia una pendiente, lo que generó momentos de angustia entre los ocupantes. A pesar de lo aparatoso del siniestro, no se reportaron víctimas mortales, pero sí dos heridos de gravedad.

Los docentes, así como un menor de edad de apenas dos años que también viajaba en la unidad, resultaron con contusiones de consideración. Ante la emergencia, personal del centro de salud de Pampa Cangallo acudió rápidamente al lugar, logrando evacuar a los afectados para su atención inmediata.

Entre los heridos figuran Wilder Agüero Palomino, de 47 años; Elías Chávez Pablo Conde, de 42 años; Maritza Cisneros Bohórquez, de 33 años; Rosa Huamaní Gonzales, de 41 años; Olga Huaytalla Hinostroza, de 54 años; y María Isabel Huallanca Gómez, de 52 años, además del menor identificado con las iniciales K.Y.I.H.C, de 2 años.

La Policía Nacional inició con las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas del accidente, mientras que la población expresó su preocupación por las condiciones de las vías y la seguridad en el transporte de docentes, quienes a diario se desplazan por esta zona a fin de cumplir su labor educativa.

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Transporte y Mercancías (Sutran), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), ejecutó una intervención interinstitucional en la región de Ica, donde se ubica una de sus Unidades Desconcentradas (UD).

El superintendente Gilmer Álvarez Zapata lideró y supervisó el desarrollo de estas acciones registradas en zonas clave como el óvalo Santa Cruz de Paracas y el Centro Poblado Las Antillas, a la altura del Km. 4.5 de la carretera Manuel Santana Chiri. 

La actividad se llevó a cabo en colaboración con la Policía Nacional del Perú (PNP) y de otras instituciones como Osinergmin, Migraciones, Serfor, Produce, Sunat, Senasa, entre otros.  

Inspectores de la Sutran intervinieron alrededor de 100 vehículos. El despliegue tuvo como objetivo verificar las condiciones técnicas de las unidades de transporte terrestre. Durante el desarrollo de estas acciones, se detectaron casos de prestadores de servicio que no contaban con autorización para operar.  

Ante ese escenario, se aplicaron actas de control por infracción de código F.1. Esta falta, calificada de muy grave, de acuerdo con el Reglamento Nacional de Administración de Transporte (RNAT), presenta la sanción de una multa equivalente a una Unidad Impositiva Tributaria (UIT). 

“Estas medidas son necesarias para reducir las posibles situaciones de riesgo que se presenten en las carreteras nacionales. El objetivo es salvaguardar la vida de los pasajeros y garantizar un viaje seguro. Estas acciones no son aisladas, van acompañadas de medidas preventivas ejecutadas por nuestro equipo”, sostuvo Álvarez Zapata.  

En otro momento, el titular de la Sutran resaltó la importancia de concretar este tipo de acciones de manera articulada con otras entidades.  

“Saludamos la participación de las diversas instituciones. El trabajo articulado es clave. Nos permite estar alineados en la lucha contra el transporte no autorizado y generar intervenciones de alto impacto. Con ello, buscamos que este tipo de despliegue se realice en todas las regiones del país”, remarcó.  

De esta manera, la Sutran reafirma su compromiso con la seguridad vial y redobla sus esfuerzos para un transporte más eficiente, ordenado y seguro para todos los peruanos.  

Las labores forman parte de las acciones orientadas a garantizar la operatividad y seguridad de los sistemas de conducción de agua que abastecen a las actividades agrícolas de la zona. La intervención incluyó la limpieza de arbustos, hierbas y material orgánico acumulado en los bordes del canal y en áreas cercanas a sus principales estructuras hidráulicas.

Entre los trabajos realizados destaca el retiro de más de 15 500 metros cuadrados de residuos vegetales y material orgánico, además de la limpieza de alcantarillas y válvulas de toma lateral. Asimismo, se efectuó el acondicionamiento de estructuras auxiliares y la reposición de mallas de seguridad en la puerta de acceso de la rampa vehicular.

Para el desarrollo de estas labores se empleó maquinaria pesada, equipos de apoyo y personal técnico especializado, lo que permitió ejecutar las acciones de manera eficiente y reducir riesgos en la infraestructura hidráulica.

Durante la evaluación técnica previa se detectó acumulación de tierra, maleza y residuos orgánicos en diferentes tramos del canal, situación que dificultaba las labores de inspección y mantenimiento. Debido a ello, la intervención fue considerada de prioridad alta dentro de las evaluaciones realizadas en el sector.

El mantenimiento también permitió mejorar las condiciones de acceso a las estructuras de control y facilitar futuras inspecciones técnicas, contribuyendo a la conservación del sistema hidráulico.

Desde el Gobierno Regional señalaron que estas acciones forman parte del compromiso de fortalecer la sostenibilidad del recurso hídrico y asegurar el adecuado funcionamiento de la infraestructura agrícola en la región Arequipa.

El Canal 18 es considerado una infraestructura estratégica para la conducción de agua en la provincia de Caylloma, por lo que las tareas de limpieza y mantenimiento preventivo buscan evitar obstrucciones, deterioro de estructuras y posibles afectaciones al suministro hídrico destinado a la actividad agrícola de la zona.

REALIZARON FALSO OPERATIVO

Cinco policías de la jurisdicción de Camaná son investigados por el presunto robo de más de S/ 120 mil entre dinero en efectivo y mercadería, durante una aparente intervención irregular ocurrida el 10 de mayo en una ruta que conecta Camaná con el distrito de Mariano Nicolás Valcárcel, conocido también como Urasqui. El caso es indagado por unidades policiales especializadas y el Ministerio Público.

Según la información preliminar, los agentes habrían montado un falso operativo para intervenir el vehículo de un empresario minero que transitaba por la zona. La víctima denunció que, durante la intervención, le habrían sustraído dinero y productos valorizados en miles de soles, presuntamente destinados a actividades mineras en el sector.

La denuncia fue presentada en una comisaría de la provincia de Camaná, tras lo cual personal policial especializado en Anticorrupción y Robos se desplazó junto al Ministerio Público para realizar diligencias en la zona. Durante las primeras actuaciones, la víctima habría reconocido a tres efectivos como presuntos participantes del hecho.

El caso ocurre en un corredor asociado al tránsito hacia sectores mineros del distrito de Mariano Nicolás Valcárcel. La sede municipal de ese distrito se ubica en Urasqui, provincia de Camaná, y la zona mantiene una fuerte relación con actividades mineras artesanales e informales, especialmente en áreas como Secocha.

La gravedad del hecho no solo radica en el presunto robo, sino en el uso indebido de la función policial para simular una intervención. Las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios investigan conductas que afectan el correcto funcionamiento de la administración pública, entre ellas actos cometidos por servidores del Estado en ejercicio de sus funciones.

Fuentes del caso indicaron que no sería la primera denuncia vinculada a presuntos operativos irregulares en zonas de influencia minera. Informes públicos han advertido que en Secocha existe una débil presencia estatal y altos niveles de informalidad, un escenario que facilita economías ilegales, disputas por mercancía y riesgos de corrupción institucional.

Los policías involucrados permanecen en calidad de investigados, mientras avanzan las diligencias fiscales y policiales en Camaná y en Arequipa. Sin embargo, el caso exige una respuesta firme y transparente, porque una denuncia de esta naturaleza golpea directamente la confianza ciudadana en la Policía y expone la necesidad de mayor control en rutas críticas de la minería informal.