La Policía detuvo a Emmanuel Aroquipa Carrillo (39), alias “Pantera”, investigado por presuntamente utilizar a un niño para cometer hurtos en establecimientos comerciales de Mariano Melgar y Miraflores. Su identificación se produjo después que la Policía Nacional reportara tres casos registrados bajo una modalidad semejante.

Agentes del Área de Investigación Criminal de Robos de la DEPINCRI intervinieron al sospechoso alrededor de las 10:00 horas del lunes 24 de agosto, durante el operativo “Impacto 2026”. La captura se efectuó en el malecón Canadá, a la altura de la manzana K, lote 10, en Mariano Melgar.

Durante el registro personal, los policías encontraron entre sus prendas un celular Redmi 12C de color azul. La consulta de uno de sus códigos IMEI en la plataforma de OSIPTEL reveló que el equipo había sido reportado como sustraído el 10 de agosto, por lo que quedó detenido por la presunta comisión del delito de receptación.

El antecedente principal ocurrió entre el 18 y 19 de julio en una barbería ubicada en la cuadra 17 de la Av. Perú en Mariano Melgar. Las cámaras registraron a un adulto acompañado de un niño de aproximadamente nueve años, quienes aprovecharon un descuido del propietario para ingresar al área de atención y sustraer sus pertenencias.

El agraviado, Ángelo Ochoa Mercado (25), denunció la pérdida de S/900, su documento de identidad, tarjetas del BCP y Scotiabank, una mochila con S/3 mil y una máquina cortadora de cabello valorizada en S/500. El perjuicio económico declarado alcanzó al menos S/4 mil 400.

El segundo caso reportado se produjo en una cafetería de Mariano Melgar. Un adulto y un menor fueron grabados mientras se acercaban a la caja registradora y sustraían S/350 cuando el área de atención quedó momentáneamente sin vigilancia. Los comerciantes advirtieron que ambos actuaron bajo el mismo esquema de distracción.

La tercera denuncia ocurrió en un puesto de la feria El Altiplano, en Miraflores, donde un adulto habría empleado a un niño de entre siete y ocho años para apoderarse de un celular valorizado en S/400. Las imágenes de seguridad fueron entregadas para establecer si se trataba de las mismas personas

La DEPINCRI identificó preliminarmente a “Pantera” como el adulto que apareció en las grabaciones de la barbería. Sin embargo, se está a la espera de los videos, testimonios y denuncias de los otros establecimientos para determinar su participación en todos los hechos y establecer la identidad y situación del menor involucrado.

El informe policial señaló que Aroquipa Carrillo registraba denuncias por delitos contra el patrimonio y que cumplió una condena por robo agravado en el penal de Socabaya entre 2018 y 2023. En el operativo también fue intervenida Daniela Portugal Escobedo (36), quien fue notificada de dos impedimentos de salida del país.

La detención fue comunicada a la fiscal Nataly Corzo Carbajal, de la Primera Fiscalía de Flagrancia de Arequipa. Tras las diligencias por receptación, el investigado debía ser trasladado a la Unidad de Flagrancia de la Divincri, mientras continuaban las pesquisas para esclarecer la serie de hurtos y determinar quién utilizaba al niño para cometerlos.

INSEGURIDAD CIUDADANA

Alrededor del 20 % de las cámaras de videovigilancia de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) permanece inoperativo, según reconoció la Gerencia de Seguridad Ciudadana. La falla afecta aproximadamente a una quinta parte de los equipos destinados a monitorear puntos estratégicos del Cercado.

El sistema municipal está compuesto por 102 cámaras, de las cuales 82 continúan funcionando. Aunque la comuna sostuvo que mantenía la cobertura mediante los equipos disponibles, la capacidad tecnológica de vigilancia permanecía reducida mientras se concreta las reparaciones.

El gerente de Seguridad Ciudadana, Víctor Díaz Estremadoyro, señaló que los trabajos de mantenimiento iniciarán en las próximas semanas, y se sumarán al monitoreo municipal.

Díaz atribuyó las fallas a la antigüedad, el tiempo de uso y el desgaste progresivo de los dispositivos. Sin embargo, no precisó desde cuándo dejaron de funcionar ni determinó cuántos equipos requerían mantenimiento y cuántos debían ser reemplazados.

El funcionario evitó revelar la ubicación de las cámaras averiadas, al considerar que esa información debía mantenerse en reserva por razones de seguridad. Aseguró que las unidades operativas fueron utilizadas para cubrir los sectores afectados durante el mantenimiento.

La municipalidad había informado el 1 de julio que contaba con 102 cámaras, parlantes de disuasión y un videowall para el seguimiento de incidencias. En ese momento también anunció la incorporación de 17 nuevos dispositivos, aunque no estableció una fecha para instalarlos.

Parte del sistema había sido renovado en junio de 2025, cuando la comuna adquirió 49 cámaras IP con giro de 360 grados, visión nocturna y capacidad para identificar rostros. La inversión ascendió a S/1 millón 200 mil e incluyó un videowall compuesto por 24 monitores.

Las deficiencias se arrastraban desde años anteriores. El Informe de Control N.° 4405-2025-CG/GRAR-SOP de la Contraloría había advertido que 43 de las 100 cámaras evaluadas en la municipalidad no operaban adecuadamente, principalmente por falta de mantenimiento y problemas de suministro eléctrico.

La vigilancia tecnológica era complementada por 229 serenos, 20 camionetas y 21 motocicletas. Parte de la flota también permanecía en reparación o repotenciación, mientras dos camionetas accidentadas se encontraban bajo responsabilidad de las aseguradoras.

Hasta que concluyan las reparaciones y se verifique el funcionamiento de todas las unidades, la red municipal continuará operando por debajo de su capacidad. La ampliación anunciada tampoco cerrará la brecha si no se garantiza mantenimiento permanente para los equipos actuales y los que sean incorporados.

LORETO

En el operativo participaron de manera conjunta el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), el Ministerio Público, mediante la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Maynas, la Policía Nacional del Perú (PNP), a través de la Dirección de Medio Ambiente (DIRMEAMB), y la Marina de Guerra del Perú.

Además de la destrucción de la maquinaria utilizada presuntamente para la extracción ilegal de oro, las autoridades intervinieron a dos personas que transportaban mercurio, sustancia altamente tóxica empleada en actividades de extracción y procesamiento de oro. El uso de este elemento representa un riesgo para los ecosistemas acuáticos y para la salud de las poblaciones que dependen de los recursos de los ríos.

Una tercera persona fue intervenida por el presunto transporte de clorhidrato de cocaína. Los tres casos quedaron en manos de las autoridades competentes y serán investigados para determinar las responsabilidades correspondientes.

El MINAM destacó que la intervención permitió afectar no solo la infraestructura empleada directamente en la extracción ilegal, sino también parte de la cadena logística que permite el desarrollo de esta actividad. El abastecimiento y traslado de maquinaria, combustible, mercurio y otros insumos son componentes esenciales de las operaciones mineras ilegales en la Amazonía.

La entidad remarcó que la respuesta frente a estas actividades requiere acciones permanentes y coordinadas entre las instituciones del Estado, especialmente en puntos estratégicos de las cuencas amazónicas donde se desarrollan actividades ilícitas.

En el caso del río Nanay, el SERNANP mantiene personal especializado de manera permanente en el Puesto de Vigilancia y Control Yarana. Desde este punto se realizan labores de vigilancia y se coordina la intervención con la DIRMEAMB de la Policía Nacional y otras entidades competentes.

La protección de la cuenca del Nanay constituye una prioridad debido a su importancia ambiental y social. Sus recursos hídricos son fundamentales para el abastecimiento de agua de la población de Iquitos y para la conservación de los ecosistemas amazónicos.

El Ministerio del Ambiente anunció que continuará fortaleciendo las acciones de vigilancia y control contra la minería ilegal, en coordinación con las instituciones responsables, con el objetivo de proteger los recursos naturales, garantizar la seguridad hídrica y preservar el patrimonio ambiental del país.

EN OPERATIVO POLICIAL

Cinco personas fueron intervenidas por la Policía Nacional del Perú durante un operativo realizado en la madrugada del domingo 23 de agosto en el sector La Punta Vieja, provincia de Camaná. Los detenidos son investigados por su presunta vinculación con delitos como robo de vehículos, secuestro, tráfico ilícito de drogas y asaltos a mano armada.

La intervención se inició luego de que agentes policiales realizaran el seguimiento mediante GPS de un vehículo que contaba con requisitoria por robo agravado. El rastreo permitió ubicar la unidad en el sector y desplegar un operativo para identificar a las personas que se encontraban en sus inmediaciones.

Los intervenidos fueron identificados como Diego Aldo Cruces Salinas, de 27 años; Cristofer Kevin Cuevas Benavente, de 28; Jairo Samuel López Márquez, de 33; Luis Carlos Lázaro Arahuallpa y Ribelinho Javier Guillén Perales, de 31 años.

Según la información policial, tres de los sospechosos intentaron refugiarse en una vivienda al advertir la presencia de los agentes, pero fueron reducidos y detenidos en el inmueble. Los otros dos fueron intervenidos mientras se desplazaban por la vía pública.

Durante las diligencias, la Policía incautó tres armas de fuego y 23 municiones. También halló 48 envoltorios que contendrían presunta pasta básica de cocaína y una bolsa con presunta marihuana.

Entre los objetos encontrados figuran además un bloqueador de señal GPS, dos radios portátiles de marca Motorola, pasamontañas, guantes y cinco teléfonos celulares. Estos elementos serán sometidos a las pericias correspondientes como parte de la investigación.

El operativo permitió recuperar el vehículo de placa VEX-784, relacionado con una investigación por robo agravado. Asimismo, fueron intervenidas otras dos unidades que serán verificadas para determinar si presentan alguna denuncia o requisitoria.

La Policía investiga ahora la posible participación de los cinco intervenidos en diversos asaltos a mano armada registrados en Pucchún. También se busca establecer su relación con un hecho ocurrido el pasado 17 de agosto en Punta Colorada, en el distrito de Corire-Aplao.

Las pesquisas comprenden además su presunta participación en el robo de vehículos y la retención de personas durante estos hechos delictivos.

Los intervenidos quedaron a disposición de las autoridades competentes, mientras continúan las diligencias para determinar su responsabilidad individual. Entre los delitos que son materia de investigación figuran tenencia ilegal de armas de fuego, secuestro, robo agravado, tráfico ilícito de drogas y receptación agravada.

La víctima fue identificada como Alonso Rosas Vera. Según información preliminar, el incidente ocurrió alrededor de las 12:20 horas en las inmediaciones de las calles Mariscal Ureta y Cenepa. El joven se encontraba consumiendo ceviche cuando habría sido abordado por un grupo de sujetos que, de acuerdo con los primeros testimonios, serían presuntos barristas.

Una de las hipótesis que manejan las autoridades es que la agresión se habría producido debido a que Rosas Vera llevaba puesta una camiseta de Universitario de Deportes. Los presuntos atacantes, en tanto, habrían estado vinculados a la hinchada de Alianza Lima. Sin embargo, esta versión deberá ser corroborada durante las investigaciones.

Luego de la agresión, el joven recibió auxilio de personal de Serenazgo de Hunter, cuyos agentes acudieron al lugar y lo trasladaron de inmediato a un establecimiento de salud para que recibiera atención médica.

El ataque habría sido registrado por cámaras de videovigilancia instaladas en el sector. Las imágenes permitirían observar a un grupo de aproximadamente seis personas alejándose del lugar después de ocurrido el hecho.

Con este material, la Policía busca establecer la identidad de los involucrados y reconstruir la secuencia de la agresión. Hasta el momento, no se ha informado sobre la captura de los presuntos responsables.

El caso es investigado mientras se espera conocer la evolución de la víctima y el resultado de las diligencias policiales. Las autoridades deberán determinar, además, si existió una confrontación previa o si el ataque se produjo directamente por una disputa relacionada con la rivalidad entre clubes.

El hecho ha generado preocupación entre vecinos del sector debido a que la agresión ocurrió en un espacio público y en horas del día. La investigación permitirá establecer las responsabilidades penales correspondientes y determinar si los involucrados actuaron motivados por una disputa entre hinchadas.

La medida fue anunciada por el ministro del Interior, César Astudillo Salcedo, durante una reunión de trabajo encabezada por la presidenta Keiko Fujimori con dirigentes de gremios de transporte público, interprovincial y de carga pesada. En el encuentro también participó el ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey.

Astudillo explicó que la plataforma permitirá registrar denuncias manteniendo en reserva los datos personales de quienes reporten casos de extorsión. Una vez recibida la información, equipos especializados de investigación podrán iniciar las acciones correspondientes.

El ministro señaló que esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia para combatir el crimen organizado. Entre las acciones adoptadas figura el fortalecimiento del sistema de inteligencia policial y una mayor presencia de agentes en patios de maniobras, paraderos y unidades de transporte, considerados espacios estratégicos para prevenir hechos delictivos.

Asimismo, destacó la necesidad de una respuesta coordinada entre la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial. En esa línea, indicó que se impulsa la implementación de unidades integradas de flagrancia, con el objetivo de mejorar la individualización de responsabilidades y evitar que detenidos por delitos graves sean liberados sin una adecuada investigación.

Otra de las medidas anunciadas está relacionada con la videovigilancia. El MININTER trabaja en la conexión de los centros de monitoreo de los gobiernos locales con el Centro de Comando, Control, Cómputo y Comunicaciones (C4) de la PNP, para fortalecer la prevención y reacción ante hechos criminales.

Finalmente, Astudillo pidió a los transportistas mantener comunicación directa con las autoridades y aportar información que contribuya a identificar a los responsables de las extorsiones.

Los heridos fueron trasladados inicialmente al Hospital Central de Majes y posteriormente derivados al Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, en Arequipa.

La emergencia fue reportada cerca de las 9:30 horas. Javier Pari Gutiérrez, subteniente de la Compañía de Bomberos El Pedregal N.° 205, informó que los afectados ya habían sido evacuados cuando el personal de su institución llegó al lugar.

Los bomberos encontraron los vehículos envueltos en llamas y concentraron sus labores en controlar el incendio. El fuego destruyó las cabinas, neumáticos y compartimientos interiores, dejando expuestas únicamente las estructuras metálicas.

Según información preliminar, dos automóviles habrían chocado frontalmente y una tercera unidad impactó al no poder evitar la colisión. La Policía deberá corroborar esta secuencia y establecer el origen del fuego mediante las diligencias y peritajes correspondientes.

Entre los restos fueron identificadas las placas V4R-539, de un Chevrolet Sail, y Z5H-450, de un Kia Carens; la matrícula del tercer vehículo no pudo reconocerse. Las dos primeras unidades figuraban registradas a nombre de Ema del Rosario Torres Álvarez y Ángel Montes Ynca, dato que no acreditaba quiénes conducían.

El siniestro bloqueó temporalmente ambos sentidos de la Panamericana Sur y formó extensas filas de buses, camiones y vehículos particulares. La Policía de Carreteras, los bomberos y personal de Covinca retiraron las unidades y restablecieron el tránsito durante la tarde, mientras continuaban las investigaciones para determinar responsabilidades.

 La lucha contra la delincuencia y el crimen organizado no puede limitarse únicamente a la persecución de los delitos una vez consumados. Existe una realidad mucho más compleja y preocupante que las sociedades suelen resistirse a reconocer: el crimen organizado, por naturaleza, busca infiltrarse en las instituciones encargadas precisamente de combatirlo. Allí donde existe poder, capacidad de decisión, acceso a información privilegiada o facultad de coerción, la criminalidad organizada intentará establecer mecanismos de influencia, corrupción o penetración.

En el Perú esta amenaza no es una hipótesis académica ni una posibilidad remota. Se trata de un fenómeno que compromete, en distintos niveles, a instituciones esenciales para la administración de justicia, como el Poder Judicial, el Ministerio Público y, de manera particular, a la Policía Nacional del Perú, que constituye el primer y más importante eslabón de la cadena de seguridad y persecución penal.

Empero, resulta indispensable reconocer una verdad incómoda: en el caso específico de la Policía Nacional, ha sido el propio Estado, a través de décadas de permisividad, relajamiento institucional y abandono de estándares rigurosos, el que ha abierto espacios para la infiltración de elementos incompatibles con la función policial.

Hubo un tiempo en que el ingreso a la institución policial no dependía únicamente de aprobar exámenes o presentar certificados de antecedentes penales y judiciales. La evaluación del postulante era mucho más profunda y rigurosa. Se investigaba minuciosamente su entorno familiar, su comportamiento social, sus relaciones personales, la percepción de sus vecinos, sus amistades, sus antecedentes de conducta cívica y su reputación dentro de la comunidad. La institución entendía que quien aspiraba a vestir el uniforme policial no solo debía acreditar conocimientos o aptitudes físicas, sino, sobre todo, solvencia moral y vocación de servicio.

Lamentablemente, muchas de estas prácticas fueron abandonadas hace décadas. La flexibilización de los procesos de selección, sumada a la ausencia de controles posteriores efectivos y a la progresiva desvalorización de la carrera policial, ha permitido el ingreso de personas cuya conducta y trayectoria personal resultaban incompatibles con la alta responsabilidad que implica representar la autoridad del Estado.

Las consecuencias son hoy evidentes y penosas. Cada vez con mayor frecuencia, la sociedad observa casos de efectivos policiales involucrados en delitos comunes, actos de corrupción, organizaciones criminales y conductas propias de quienes deberían ser precisamente objeto de persecución policial. Se trata de situaciones particularmente graves porque no involucran a ciudadanos comunes, sino a personas investidas de autoridad, portadoras del uniforme y de las insignias que el Estado les confiere como expresión de su poder legítimo.

Por ello, la discusión sobre la reforma policial no puede limitarse a la adquisición de equipamiento, incremento presupuestal o modernización tecnológica. La reforma debe comenzar por recuperar el rigor institucional perdido. Es indispensable establecer mecanismos exhaustivos de evaluación e investigación de antecedentes personales, familiares y sociales de quienes aspiran a integrar la institución policial. No se trata de nostalgia por prácticas del pasado, sino del reconocimiento de que determinadas exigencias existían porque responden a una necesidad real: preservar la integridad moral de quienes ejercen la autoridad pública.

Pero existe también otro aspecto que merece una reflexión igualmente profunda. El Estado ha permitido, durante años, un progresivo deterioro del principio de autoridad. En nuestro medio, con preocupante frecuencia, el policía es insultado, humillado, agredido físicamente y despojado de la consideración institucional que debería acompañar a quien representa al Estado frente a la ciudadanía. Lo más grave es que tales conductas suelen quedar impunes o reciben respuestas insuficientes de las propias autoridades.

No debemos perder de vista un hecho sustantivo: el policía no actúa únicamente en nombre propio. El uniforme que viste y las insignias que porta no le pertenecen a él como individuo; son símbolos del poder público y de la autoridad que el Estado le delega para garantizar el orden, la seguridad y la convivencia democrática. En consecuencia, agredir a un policía, insultar a un policía o desconocer arbitrariamente su autoridad constituye, en esencia, una agresión contra el propio Estado y contra el orden jurídico que sustenta la convivencia social.

Una sociedad que tolera la infiltración criminal en sus instituciones y que, simultáneamente, permite el debilitamiento sistemático de la autoridad legítima, termina erosionando las bases mismas del Estado de derecho. Recuperar la integridad de la Policía Nacional exige, por tanto, dos decisiones simultáneas e impostergables: cerrar definitivamente las puertas a la infiltración criminal mediante procesos rigurosos de selección y control, y restituir plenamente el respeto y la protección institucional que merece quien, correctamente investido, representa la autoridad del Estado ante la sociedad.

Ninguna democracia puede sobrevivir si quienes deben proteger el Estado terminan siendo infiltrados por el crimen. Y tampoco puede consolidarse si el propio Estado renuncia a defender a quienes lo representan.

El accidente ocurrió la tarde del miércoles en esta zona rural y de difícil acceso. Gabriel Ocaña, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) de Nariño, confirmó que el deslizamiento sepultó a trabajadores que se encontraban en el lugar.

Las labores de rescate se extendieron durante toda la noche y concluyeron en la madrugada del jueves con apoyo de bomberos de Pasto, Policarpa y El Tambo, además de maquinaria pesada. Los siete sobrevivientes fueron trasladados a hospitales de la zona para recibir atención médica.

Entre las víctimas mortales se encuentran cuatro integrantes de una misma familia indígena perteneciente al pueblo quillasinga, según informaron habitantes de la zona.

Policarpa se encuentra a unos 95 kilómetros de Pasto, en una región montañosa caracterizada por sus dificultades de acceso. Además, el sector registra presencia de grupos armados, entre ellos la columna Franco Benavides, vinculada al Estado Mayor Central (EMC), una de las principales disidencias de las extintas FARC.

Las autoridades continúan evaluando las circunstancias que provocaron el colapso del terreno y verificando las condiciones de seguridad de la zona minera.

El hecho ocurrió la noche del miércoles, cuando los deportistas fueron sorprendidos por disparos al finalizar el encuentro. Las autoridades sospechan que las víctimas quedaron atrapadas en un enfrentamiento entre integrantes de dos grupos criminales.

La secretaria de Seguridad Ciudadana de Irapuato, Consuelo Cruz Galindo, informó que el sistema de videovigilancia permitió obtener imágenes que apuntan a un posible fuego cruzado. Sin embargo, aclaró que la Fiscalía de Guanajuato está a cargo de las investigaciones y será la encargada de determinar lo ocurrido.

Tras el ataque, policías municipales, agentes de la Guardia Nacional y militares desplegaron un operativo en la zona para ubicar a los responsables. Hasta el momento no se reportaron detenidos.

Peritos y agentes de investigación acudieron al lugar para recoger evidencias balísticas, mientras que el Servicio Médico Forense realizó el levantamiento de los cuerpos.

El ataque vuelve a poner en evidencia la violencia que afecta a Guanajuato. En enero pasado, otro tiroteo durante un encuentro deportivo en Salamanca dejó 11 muertos y 12 heridos. Las autoridades atribuyeron ese atentado al Cártel Santa Rosa de Lima.