EN MUELLE PUNTA BLANCA

El operativo formó parte de las acciones de control que ejecuta la unidad especializada para combatir la extracción y comercialización irregular de recursos hidrobiológicos, una práctica que representa una amenaza para la sostenibilidad de las especies marinas y el equilibrio de los ecosistemas.

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía, el producto decomisado fue valorizado en aproximadamente S/ 2 490. Tanto el recurso incautado como el intervenido quedaron a disposición de las autoridades competentes para las diligencias correspondientes, mientras se desarrollan las investigaciones para determinar las responsabilidades del caso.

Las autoridades recordaron que la pesca ilegal constituye una infracción que afecta la conservación de los recursos marinos y genera pérdidas económicas para quienes desarrollan la actividad pesquera dentro del marco legal.

Este no es el primer caso detectado en el muelle fiscal Punta Blanca. A finales del año 2025, la Policía realizó una intervención similar en la misma zona, donde logró decomisar 18 650 kilogramos de bonito, cargamento que fue valorizado en S/ 186 500. Ese antecedente evidencia que Atico continúa siendo un punto de vigilancia permanente debido a la incidencia de actividades ilícitas vinculadas a la extracción de recursos hidrobiológicos.

En una intervención distinta, la Dirección de Medio Ambiente también ejecutó un operativo contra el tráfico y comercialización ilegal de flora y fauna silvestre en el centro comercial Túpac Amaru, ubicado en el Cercado de Arequipa.

Durante las acciones de fiscalización, los agentes decomisaron diversos productos elaborados con especies de origen silvestre, además de ejemplares taxidermizados. El material incautado fue valorizado en S/ 2 915 y quedó bajo custodia de las autoridades para continuar con las investigaciones.

La Policía Nacional informó que estos operativos forman parte de un plan permanente de control ambiental orientado a frenar los delitos contra los recursos naturales, proteger la biodiversidad y sancionar a quienes incumplen la legislación vigente sobre la conservación de la fauna y los recursos hidrobiológicos en la región Arequipa.

La intervención se realizó la tarde del domingo, cuando agentes de la Subunidad de Acciones Tácticas (SUAT) y de la División de Investigación Criminal (Divincri) localizaron un fusil AKM y dos pistolas Pietro Beretta, junto con sus respectivas cacerinas, enterrados en un área ubicada detrás de un restaurante campestre.

El armamento había sido sustraído la madrugada del 1 de julio a dos suboficiales de la comisaría de Andrés Avelino Cáceres, quienes fueron sorprendidos por delincuentes mientras realizaban labores de patrullaje.

De acuerdo con las investigaciones, el hallazgo fue posible gracias a información proporcionada por vecinos de Villa Sevilla, quienes manifestaron haber escuchado movimientos y ruidos inusuales durante la madrugada del día en que ocurrió el robo. Ese dato permitió orientar las diligencias policiales hacia ese sector, además de otras zonas del distrito de Socabaya donde también se efectuaron búsquedas.

Las diligencias fueron supervisadas por el jefe de la Divincri Arequipa, coronel PNP Percy Torres, con la participación de especialistas de Peritaje Balístico y representantes del Ministerio Público, quienes realizaron el levantamiento de evidencias para fortalecer la investigación.

La Policía informó que las pesquisas continúan para identificar y capturar a todos los involucrados en el asalto. Hasta el momento, dos personas permanecen detenidas como presuntas integrantes de la organización responsable del robo. Asimismo, durante las investigaciones fue ubicado el vehículo de color rojo que habría sido utilizado para facilitar la fuga de los delincuentes.

El asalto ocurrió alrededor de las cuatro de la madrugada del 1 de julio, cuando los suboficiales Kenyi Machaca Chura y Leonardo Lastarria Llasa se encontraban a bordo de un patrullero estacionado en la urbanización Santa Mónica, en Hunter. Según las primeras investigaciones, los delincuentes aprovecharon un momento de vulnerabilidad para reducir a los agentes, golpearlos y despojarlos de sus armas de reglamento y pertenencias personales.

Las autoridades no descartan que el armamento recuperado estuviera destinado a ser utilizado por organizaciones vinculadas al tráfico de terrenos en la ciudad. La investigación permanece abierta y la Policía continúa desarrollando operativos para capturar al resto de los implicados y determinar el destino que tendrían las armas robadas.

MINIVÁN CHOCA CONTRA VOLQUETE

El hecho ocurrió en el kilómetro 225. 300, en el sector de Santa Lucía, donde la unidad de transporte público impactó por alcance contra un volquete que permanecía detenido debido a un presunto desperfecto mecánico.

Según la información preliminar proporcionada por la Policía Nacional del Perú, el conductor del vehículo de carga, identificado como Hipólito Casiano Vega Jara, manifestó que el camión presentó una falla mecánica, por lo que decidió estacionarlo a un costado de la carretera. Asimismo, aseguró que colocó conos y otros elementos de señalización antes de dirigirse a la localidad de Santa Lucía para solicitar asistencia.

Como consecuencia del fuerte impacto, uno de los pasajeros de la miniván falleció en el lugar del accidente. Otra víctima perdió la vida mientras era trasladada hacia un establecimiento de salud en Juliaca, mientras que dos personas más fallecieron cuando recibían atención médica en el centro de salud de Santa Lucía.

Los trece heridos fueron auxiliados inicialmente por personal de emergencia y trasladados al establecimiento de salud de Santa Lucía. Debido a la gravedad de algunas lesiones, varios pacientes fueron derivados posteriormente a una clínica de Juliaca para recibir atención especializada.

Entre los lesionados figuran adultos, adultos mayores y dos menores de edad, quienes permanecen bajo observación médica. Las autoridades no descartaron que el número de víctimas pueda variar conforme avance la evaluación del estado de salud de los pacientes.

Personal especializado de la Policía Nacional realizó las diligencias de inspección en la zona del accidente, mientras representantes del Ministerio Público del Perú asumieron la dirección de las investigaciones para establecer las responsabilidades y determinar si el vehículo de carga contaba con la señalización reglamentaria y si existieron otros factores que contribuyeron al siniestro.

El accidente volvió a poner en evidencia los riesgos que afrontan los usuarios de esta importante vía que conecta las regiones de Puno y Arequipa, especialmente en tramos de intenso tránsito de vehículos de carga y transporte interprovincial.

Mientras continúan las investigaciones, los familiares de las víctimas permanecen a la espera de la entrega de los cuerpos para brindarles el último adiós, en tanto los heridos reciben atención médica y seguimiento permanente por parte de los equipos de salud.

A través de un comunicado oficial, la institución indicó que las labores de búsqueda de los desaparecidos se realizan en coordinación con las autoridades venezolanas. Asimismo, confirmó que el fallecimiento de los tres peruanos fue comunicado por sus propios familiares.

La Cancillería precisó que la Sección de Intereses del Perú en Caracas, responsable de las funciones consulares en ese país, permanece en contacto constante con los ciudadanos que requieren apoyo. El personal diplomático continúa gestionando las acciones necesarias para facilitar la evacuación de quienes se encuentran en las zonas más afectadas por el desastre.

Además, el Gobierno peruano brinda asistencia directa a trece compatriotas afectados por la emergencia, entre ellos niños, adultos mayores, madres de familia y mujeres gestantes, considerados grupos especialmente vulnerables.

El Ministerio destacó que, pese a las dificultades ocasionadas por los daños en la infraestructura y las interrupciones en las comunicaciones, la oficina consular mantiene acceso a la ciudad de La Guaira, una de las localidades más golpeadas por los sismos, donde prosiguen las labores de apoyo a la comunidad peruana.

La Cancillería también exhortó a los connacionales y a sus familiares a mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales del Gobierno venezolano, que lidera la atención de la emergencia y la distribución de ayuda humanitaria.

En ese sentido, recordó que los envíos de asistencia realizados por el Gobierno peruano y por otros países son entregados a las autoridades venezolanas, las cuales se encargan de distribuir los recursos según las necesidades de la población y priorizando las zonas con mayores daños.

Finalmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores advirtió que la línea telefónica de emergencia presenta una alta congestión debido al elevado número de consultas y a las fallas en las comunicaciones provocadas por el desastre. Por ello, recomendó a los peruanos y a sus familiares utilizar los canales alternativos habilitados, como el correo electrónico institucional y el servicio de WhatsApp, para solicitar información, reportar casos o recibir asistencia consular mientras continúan las operaciones de búsqueda y ayuda humanitaria.

POLICÍA DECOMISÓ MARIHUANA Y PASTA BÁSICA

La Divincri Arequipa desarticuló a la presunta banda criminal “Clan Mamani Cosí”, investigada por abastecer droga en el penal de Socabaya y vender estupefacientes al menudeo en ese distrito. El operativo dejó nueve personas intervenidas, entre ciudadanos peruanos y venezolanos, además del decomiso de más de mil ketes de pasta básica de cocaína, marihuana y dinero en efectivo.

La diligencia se ejecutó mediante orden judicial de allanamiento en dos inmuebles ubicados en la Urb. Villa Campo Ferial, manzana E, lotes 12 y 13, en el distrito de Socabaya. La operación fue dirigida contra una presunta red dedicada al tráfico ilícito de drogas.

Según la hipótesis policial, el grupo habría utilizado las viviendas como puntos de acopio, acondicionamiento y distribución de droga. En el lugar también funcionaba una bodega con pocos productos, que para los investigadores habría servido como fachada para encubrir la actividad ilícita.

La Policía identificó como uno de los principales investigados a Brayan Jesús Mamani Cosi, de 30 años, alias “Brayan”, quien habría liderado parte de la organización desde el exterior del penal junto a una familiar. La presunta red mantendría contacto con un interno del establecimiento penitenciario de Socabaya, identificado como William, sentenciado por tráfico de drogas, según la información policial preliminar.

Durante la intervención fueron comprendidos Luis Ángel Loayza Merma, de 42 años; Nidian Geysi Mamani Cosi, de 41; María Elvira Cosi Mamani, de 60; Luis Fernando Mamani Cuadros, de 19; Brayan Jesús Mamani Cosi, de 30; Gianella Mis Suarez Flores, de 26; y una menor de 17 años identificada con iniciales C.M.S.N.

También fueron intervenidos Gelberson Gabriel Andrade Chacón, de 24 años, y María Isabel Aparicia Pernis, de 20, ambos de nacionalidad venezolana. La Policía informó que su participación aún era materia de investigación y no confirmó, hasta el cierre de las diligencias iniciales, vínculos con otras organizaciones criminales extranjeras.

El allanamiento fue realizado en horas de la madrugada para asegurar el factor sorpresa y evitar una eventual resistencia. Agentes especializados ingresaron con apoyo táctico, rompieron cerraduras y aseguraron los ambientes antes de iniciar el registro de los inmuebles.

En la primera etapa del registro, los efectivos hallaron pasta básica de cocaína, marihuana y aproximadamente S/ 5 mil en monedas y billetes de distintas denominaciones. También se evaluó la incautación de vehículos que habrían sido utilizados para distribuir la droga, entre ellos dos automóviles y dos motocicleta lineal.

De acuerdo con la investigación preliminar, la presunta organización operaría desde años anteriores y habría consolidado una ruta de abastecimiento hacia el penal de Socabaya. La Policía sostuvo que el vínculo con el establecimiento penitenciario era uno de los ejes principales del caso, debido al ingreso de droga para internos.

Los nueve intervenidos quedaron bajo investigación por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas. El caso abrió una nueva línea de indagación sobre redes familiares, puntos de microcomercialización y mecanismos de abastecimiento al penal de Socabaya, una zona donde la Policía ya había reportado recientes hallazgos de droga, celulares y objetos prohibidos durante requisas internas.

La Inspectoría de la Policía Nacional confirmó que 192 efectivos fueron comprendidos en investigaciones por presuntas inconductas funcionales en Arequipa, una cifra que volvió a colocar bajo evaluación el control interno, la disciplina operativa y la conducta del personal policial en la región.

El dato fue informado por el jefe de Inspectoría en Arequipa, coronel PNP Juan José Torres, quien precisó que los procedimientos fueron derivados a las Oficinas de Disciplina. Estas instancias quedaron a cargo de evaluar denuncias, reunir elementos de convicción y determinar si existió responsabilidad administrativa.

Los expedientes correspondieron a presuntas infracciones cometidas durante el ejercicio de la función policial. Aunque no todos los casos tuvieron la misma gravedad, el volumen de efectivos investigados evidenció una carga disciplinaria significativa dentro de una institución encargada de garantizar seguridad, legalidad y confianza ciudadana.

Uno de los casos más delicados involucró a dos suboficiales acusados de exigir S/ 1 400 a una pareja para no continuar con una intervención por presunto consumo de sustancias ilícitas. El hecho fue denunciado en inmediaciones del cementerio La Apacheta, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero.

Según la denuncia, Teófilo C. Q., de 21 años, y su acompañante Estefany M. E. fueron intervenidos durante un patrullaje ejecutado bajo el Plan Celador. El agraviado sostuvo que los policías le pidieron dinero para evitar el procedimiento y luego aceptaron trasladarlo hasta Socabaya para recoger parte del monto solicitado.

La versión del denunciante indicó que, durante el desplazamiento en el vehículo policial, logró pedir auxilio al pasar cerca de la sede de Inspectoría. Tras la intervención, los agentes quedaron a disposición de la Policía Anticorrupción por presuntos delitos de cohecho y abuso de autoridad, cargos que deberán ser corroborados por las autoridades competentes.

También se inició proceso disciplinario a los dos suboficiales de la comisaría Andrés Avelino Cáceres, quienes fueron asaltados en la calle Tiabaya, urbanización Santa Mónica, distrito de Jacobo Hunter. Los agentes fueron reducidos dentro de un patrullero y delincuentes les arrebataron un fusil AKM, dos cacerinas abastecidas y dos pistolas de reglamento.

Aunque ambos policías fueron considerados agraviados en el robo del armamento, la propia institución abrió una evaluación administrativa para determinar si se cumplieron los protocolos de patrullaje, ubicación de la unidad, estado de alerta y resguardo del material asignado. El caso es especialmente sensible porque las armas sustraídas aún representaban un riesgo directo para la seguridad pública.

Como medida preventiva en los procedimientos disciplinarios más graves, algunos efectivos pueden ser suspendidos temporalmente del servicio mientras avanzan las diligencias. Esa decisión implica apartarlos de labores operativas o administrativas, sin que ello constituya una sanción definitiva ni una declaración de culpabilidad.

La investigación a 192 policías abrió una prueba institucional para la PNP en Arequipa. El reto no será solo resolver cada expediente con respeto al debido proceso, sino demostrar que la institución puede depurar responsabilidades, corregir fallas internas y recuperar confianza cuando las faltas provienen de sus propias filas.

La magnitud de la tragedia que atraviesa Venezuela continúa agravándose. A poco más de una semana del doble terremoto que sacudió el norte del país el pasado 24 de junio, el balance oficial se elevó a 2 645 personas fallecidas y 12 666 heridos, consolidándose como el desastre sísmico más letal registrado en territorio venezolano en el último siglo.

Las nuevas cifras fueron difundidas por el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, quien además informó que 15 050 personas perdieron sus viviendas a consecuencia del colapso de edificaciones y que 86 117 familias han recibido algún tipo de asistencia por parte de las autoridades.

El reporte también precisa que los equipos de emergencia lograron rescatar con vida a 6 462 personas atrapadas entre los escombros, mientras continúan las labores de búsqueda en las zonas más afectadas. Sin embargo, las autoridades no han actualizado el número de desaparecidos.

Los daños a la infraestructura son de gran magnitud. Hasta el momento se reportan 885 edificios afectados, de los cuales 189 colapsaron completamente debido a la fuerza de los movimientos telúricos. Para atender a las familias damnificadas, el Gobierno habilitó 59 campamentos temporales donde permanecen miles de personas que perdieron sus hogares.

Desde la ocurrencia de los sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, los organismos especializados han registrado 890 réplicas, situación que mantiene en alerta permanente a la población y dificulta las tareas de rescate, evaluación de daños y recuperación de los servicios básicos.

La región costera de La Guaira continúa siendo la más golpeada por la emergencia. Esta zona ya había sufrido una de las mayores catástrofes naturales de Venezuela en 1999, cuando un devastador deslave ocasionó miles de víctimas y enormes pérdidas materiales.

De acuerdo con una evaluación preliminar realizada por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), mediante el análisis de imágenes satelitales, el doble terremoto habría provocado daños o destrucción en aproximadamente 58 870 edificaciones distribuidas en las áreas afectadas, una cifra muy superior al balance oficial de inmuebles inspeccionados hasta el momento.

El desastre ha movilizado a organismos de emergencia, equipos de rescate y personal humanitario que trabajan para atender a las miles de familias afectadas. Mientras continúan las labores de búsqueda y asistencia, el país enfrenta el enorme desafío de iniciar la reconstrucción de las zonas devastadas por el que ya es considerado el terremoto más mortífero de la historia reciente de Venezuela.

ALUMNOS DEL COLEGIO DE LA VIRGEN DEL CARMEN

Once escolares resultaron heridos luego de que la camioneta en la que se trasladaban hacia su colegio se despistó y volcó en la vía Arequipa–Puquina, a la altura del sector de Pampa de Uzuña. Los menores fueron evacuados al Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza.

El accidente ocurrió durante la mañana, cuando los estudiantes se dirigían a la institución educativa Virgen del Carmen, ubicada en el centro poblado de Talamolle, distrito de Puquina, provincia General Sánchez Cerro, en la región Moquegua.

Los menores viven en la comunidad de Uzuña, distrito arequipeño de Polobaya, pero cruzan a diario hacia Moquegua porque ese colegio es el más cercano al centro poblado. Según familiares, algunos niños caminan entre una y dos horas para llegar hasta la carretera donde toman movilidad.

De acuerdo con la información preliminar, la camioneta de placa X3E-908 intentó esquivar rocas que se encontraban en la pista, perdió el control y terminó volcada en un descampado. La unidad era usada habitualmente para el recojo de leche y también trasladaba a los escolares.

Padres y familiares denunciaron que los niños viajaban en la tolva de la camioneta, una condición que agravó el accidente. Según los testimonios, varios menores salieron despedidos tras la volcadura y quedaron con golpes en el rostro, cabeza, brazos y piernas.

El subdirector del Hospital Honorio Delgado, José Tanco, informó que ingresaron 11 niños, con edades que oscilan entre los 8 y 12 años, todos diagnosticados como policontusos por accidente de tránsito. Dos menores fueron evaluados por traumatismo encéfalo craneano.

Tanco precisó que los dos niños con golpes en la cabeza fueron derivados a tomografía y radiografía para ser evaluados por neurocirugía. El resto permanecía en observación para descartar fracturas u otras lesiones que pudieran complicar su evolución.

La emergencia obligó al hospital a reforzar la atención con personal médico y de enfermería de otros servicios. Según el subdirector, se dispuso apoyo adicional para atender simultáneamente a los menores y evitar demoras en la evaluación.

El caso volvió a exponer la precariedad del transporte escolar en zonas rurales de frontera regional. Los familiares señalaron que los menores usan vehículos particulares o informales porque no existe una ruta pública regular que garantice su traslado seguro hacia el colegio.

La volcadura expuso una brecha crítica en el acceso a la educación rural: los escolares de Uzuña no solo deben recorrer largas distancias para llegar a clases, sino que además dependen de vehículos particulares no acondicionados para transporte escolar. El Gobierno Regional de Arequipa, las autoridades educativas y los municipios involucrados deberán garantizar una ruta segura y permanente antes de que esta precariedad vuelva a convertirse en una emergencia.

Un violento accidente de tránsito ocurrido la noche del jueves en el Cercado de Arequipa dejó como saldo una mujer gestante herida y tres vehículos con severos daños materiales. El siniestro se produjo en la intersección de las avenidas Virgen del Pilar y Dolores y fue registrado por las cámaras de videovigilancia de la Municipalidad Provincial de Arequipa.

De acuerdo con la información preliminar, un automóvil Volkswagen de color plomo, con placa B1I-163, habría ingresado a la intersección a excesiva velocidad. Testigos y personal que intervino en la emergencia señalaron que el conductor presentaba aparentes signos de haber ingerido bebidas alcohólicas y, durante la diligencia policial, se negó a proporcionar su identidad.

Como consecuencia de la maniobra, el Volkswagen impactó violentamente contra un automóvil Hyundai blanco, de placa VCN-028, conducido por el ciudadano extranjero Jesús Pérez Moreno. La fuerza del choque alcanzó además a una camioneta azul que transitaba por la zona, configurándose un triple accidente.

La persona más afectada fue la acompañante del conductor del Hyundai, quien se encuentra en estado de gestación. Debido a la gravedad de sus lesiones y a su condición, recibió atención inmediata por parte de los paramédicos de la Municipalidad Provincial de Arequipa y del personal de Seguridad Ciudadana, que acudieron pocos minutos después de ocurrido el accidente.

Tras ser estabilizada en el lugar, la mujer fue evacuada de urgencia a la Clínica AUNA, donde quedó bajo observación médica y recibió atención especializada.

Mientras tanto, efectivos de la comisaría de Palacio Viejo llegaron al lugar para iniciar las investigaciones y determinar las responsabilidades del caso. Asimismo, realizaron las diligencias correspondientes para establecer si el conductor del Volkswagen manejaba bajo los efectos del alcohol, condición que deberá ser confirmada mediante los exámenes de ley.

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a respetar las normas de tránsito y evitar conducir después de consumir bebidas alcohólicas, ya que este tipo de conductas continúa siendo una de las principales causas de accidentes con consecuencias graves en las vías de la ciudad.

Una niña de siete años que resultó gravemente herida en el accidente del bus de la empresa Juanes en Camaná aún no pudo ser operada en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza por la falta de clavos y tornillos quirúrgicos que requiere para estabilizar sus fracturas.

La menor viajaba junto a su madre, Claudia Huaman Huarcaya, de 24 años, quien falleció tras el siniestro registrado el 20 de junio en el sector de Cerrillos, distrito de Samuel Pastor. El bus cubría la ruta Arequipa–Caravelí cuando colisionó con un vehículo y terminó empotrado contra una vivienda.

Johan Laura, padre de la niña y esposo de la víctima mortal, informó que su hija permanecía inmovilizada y con dolores intensos. Según su testimonio, la menor sufrió fracturas en ambos fémures, lesión en el tobillo izquierdo, una fisura en el hombro derecho y múltiples golpes en el cuerpo.

El padre señaló que los médicos le indicaron que la operación dependía de la adquisición de cuatro clavos TEN y tres clavos Kirschner. El material fue cotizado en aproximadamente S/ 8,500, monto que la familia no puede cubrir por su situación económica.

Laura explicó que el SOAT venía cubriendo medicamentos disponibles dentro del hospital, pero no los insumos que no se encuentran en el establecimiento. Aseguró que ya gastó cerca de S/ 3,000 en pañales, insumos médicos y productos necesarios para el cuidado diario de su hija.

La niña permanece bajo cuidado permanente de su padre, quien dejó de trabajar para acompañarla durante su hospitalización. Por las lesiones en sus piernas, la menor requiere cambios constantes de pañal y asistencia para cualquier movimiento, lo que incrementó los gastos familiares.

El caso tiene además un profundo impacto emocional. Laura relató que su hija pregunta constante por su madre y que él intenta calmarla, pero entró en un cuadro de depresión muy delicado. La menor, según su padre, supo desde el primer momento que su madre había fallecido, tras el violento accidente.

La familia es natural de Sicuani, Cusco. La madre y la niña viajaban hacia Arequipa para visitar a Johan Laura por el Día del Padre y por el cumpleaños de Claudia Huaman, que se iba a celebrar el 23 de junio. El viaje familiar terminó en una tragedia que dejó a la menor hospitalizada y a su padre sin recursos suficientes.

El accidente de Camaná dejó más de 50 heridos y varios pacientes graves trasladados a Arequipa. Entre los casos más severos también se reportaron amputaciones y lesiones de consideración, mientras las autoridades continúan investigando las causas y responsabilidades del choque.