Un joven cambista de aproximadamente 20 años fue víctima del robo de US$20 mil tras ser citado a una vivienda de la urbanización Camino Real, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, donde presuntos delincuentes lo habrían reducido, amarrado y despojado del dinero que llevaba para una transacción.

El hecho se registró en horas de la mañana, alrededor de las 8:30, según la información preliminar de la Policía Nacional. La víctima habría llegado al inmueble tras realizar previamente varias operaciones de cambio, antes de acudir a la supuesta quinta transacción pactada con sus agresores. Los delincuentes que participaron del robo serían al menos tres personas.

La Policía informó que el joven ingresó a una vivienda de cuatro pisos ubicada en una calle angosta de la Urb. Camino Real. Allí, los sujetos lo habrían inmovilizado para apoderarse del morral en el que trasladaba los dólares, además de su celular, billetera y otros objetos personales.

Horas después, la víctima logró salir del inmueble y dar aviso a las autoridades. Agentes de la División de Investigación Criminal acudieron al lugar para iniciar las diligencias, recoger testimonios y verificar las circunstancias en las que se produjo el asalto.

Una de las principales líneas de investigación apunta a determinar si los delincuentes escaparon a pie, en motocicleta o en vehículos. Para ello, la Policía solicitó acceso a cámaras de videovigilancia de viviendas y negocios cercanos, que podrían ayudar a reconstruir la ruta de fuga.

El robo vuelve a exponer la vulnerabilidad de cambistas y personas que realizan transacciones con fuertes sumas de dinero fuera de espacios formales o sin resguardo. La investigación policial será determinante para establecer si la víctima fue seguida, citada mediante engaño o entregada por terceros.

En los últimos días, Arequipa registró nuevos robos de alto impacto económico que incrementan la preocupación por la inseguridad y la actuación de bandas dedicadas al seguimiento de víctimas. En uno de los casos, delincuentes conocidos como “marcas” robaron S/ 50 mil a un trabajador de una empresa, aparentemente luego de vigilar sus movimientos y detectar que trasladaba dinero en efectivo.

En otro hecho reciente, una persona fue despojada de US$ 60 mil tras concretar la venta de un terreno, lo que evidencia una modalidad delictiva orientada a operaciones comerciales de alto valor. Ambos casos, sumados al asalto contra un joven cambista en Bustamante y Rivero, refuerzan la necesidad de intensificar la inteligencia policial, la videovigilancia y las medidas de prevención durante transacciones financieras de riesgo.

EN TOTAL SON 100 UNIDADES

La recepción fue realizada por la Gerencia Regional de Promoción de la Inversión Privada, pese a que la compra arrastra cuestionamientos desde 2023. El proyecto fue presentado como una de las principales apuestas para fortalecer la capacidad operativa de la Policía Nacional en Arequipa, especialmente en medio del incremento de asaltos, sicariato y delitos violentos. No obstante, la iniciativa sufrió constantes postergaciones.

Durante estos años, el GRA anunció en reiteradas oportunidades fechas de entrega que nunca se concretaron. Incluso, autoridades regionales aseguraron que las unidades llegarían en 2024 y luego en 2025, pero el proceso quedó entrampado por problemas administrativos, observaciones técnicas y la demora en la contratación de una empresa supervisora.

La situación generó preocupación debido a que más del 40 % de la flota policial de Arequipa presenta problemas mecánicos o se encuentra inoperativa, según reportes de la propia Policía. En ese contexto, la demora de los patrulleros fue considerada un duro golpe para la lucha contra la inseguridad.

Ayer, finalmente, parte de las unidades fueron recepcionadas; sin embargo, el hecho de que el lote esté incompleto volvió a evidenciar las deficiencias del proceso. Hasta el momento, el GRA no ha explicado con claridad cuántos vehículos faltan ni cuándo serán entregados en su totalidad.

Tampoco pasó desapercibido que la recepción se realizara pese a que el proyecto no fue culminado conforme a lo pactado inicialmente. Para diversos sectores, aceptar una entrega parcial refleja improvisación y falta de capacidad de gestión en una compra millonaria que debió ejecutarse hace varios años.

La adquisición de los patrulleros supera los S/ 18 millones y fue presentada como una medida urgente para reforzar el patrullaje en provincias y distritos con altos índices delictivos. Sin embargo, el retraso acumulado desde 2023 terminó convirtiendo el proyecto en uno de los casos más cuestionados de la actual administración regional.

Mientras tanto, Arequipa continúa enfrentando una creciente sensación de inseguridad, con una Policía que sigue trabajando con unidades deterioradas y limitaciones logísticas.

La Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo informó que no registra ninguna autorización laboral para que el adolescente de 16 años fallecido en el restaurante Mirador de Chilina, en Cayma, prestara servicios en ese establecimiento. El dato coloca bajo investigación las condiciones en las que el menor permanecía dentro del local al momento de la tragedia.

La gerente regional de Trabajo, Catherine Rodríguez Torreblanca, precisó que su despacho verificó sus registros internos y no encontró ninguna solicitud de permiso vinculada al restaurante. No obstante, aclaró que las diligencias deberán determinar si el adolescente era trabajador, qué labores cumplía y bajo qué condiciones se encontraba en el centro laboral.

El caso es investigado como un presunto accidente laboral, luego de que el menor muriera el sábado 16 de mayo, alrededor de la una de la tarde, en circunstancias relacionadas con el uso de un elevador montacarga. La investigación está a cargo de la Policía Nacional, el Ministerio Público y Sunafil, con intervención de las autoridades municipales.

Rodríguez Torreblanca explicó que la Gerencia de Trabajo tiene competencia para evaluar y autorizar el trabajo adolescente, pero la fiscalización laboral y el eventual procedimiento administrativo sancionador corresponden a Sunafil. Esa entidad deberá verificar si hubo una relación laboral irregular, incumplimiento de normas de seguridad o infracciones vinculadas al empleo de menores.

La funcionaria advirtió que el trabajo adolescente solo puede realizarse de manera excepcional, con autorización formal, consentimiento de los padres o tutores, contrato presentado por el empleador y revisión previa de las labores que desarrollará el menor. La evaluación busca impedir que los adolescentes sean expuestos a tareas peligrosas o incompatibles con su edad.

Según la autoridad regional, los menores no pueden trabajar en espacios donde se ponga en riesgo su salud, integridad, educación o desarrollo. Por ello, están restringidas las labores en zonas operativas, ambientes con equipos mecánicos, elementos calientes, herramientas filosas o actividades que requieran fuerza, entrenamiento especializado o exposición a riesgos físicos.

La Gerencia de Trabajo también recordó que los adolescentes autorizados no pueden laborar en horarios que afecten sus estudios ni exceder las jornadas permitidas por la normativa. En ese sentido, cualquier actividad económica que involucre a menores debe ser limitada, supervisada y plenamente compatible con su formación educativa y bienestar personal.

Si se confirma que el adolescente fue empleado sin autorización o en una actividad no permitida, el caso podría generar sanciones administrativas y eventuales responsabilidades penales. La autoridad regional señaló que no se trata solo de una multa, sino de una posible vulneración a la protección especial que la ley reconoce a niños y adolescentes.

De manera paralela, el propietario del restaurante, identificado como Walter Emilio Barriga Ramos, de 62 años, permanecía detenido en la comisaría de Acequia Alta mientras avanzaban las investigaciones. Su situación legal dependerá de las diligencias fiscales y policiales orientadas a establecer si existió negligencia, omisión de medidas de seguridad o responsabilidad penal.

El restaurante Mirador de Chilina fue clausurado temporalmente tras la muerte del menor, mientras las autoridades verifican las condiciones de funcionamiento del establecimiento y del elevador montacarga involucrado. El caso reabre el debate sobre la fiscalización de locales comerciales y la protección de adolescentes frente al trabajo informal en Arequipa.

El hallazgo de restos humanos calcinados dentro del parque Selva Alegre, en pleno Cercado de Arequipa, activó una investigación policial y fiscal por un presunto crimen. El hecho fue reportado cerca de las 14:00 horas de este lunes, en una zona posterior del recinto, próxima a la Av. Víctor Raúl Haya de la Torre.

La alerta fue dada luego de que personal municipal y vecinos advirtieran la presencia de restos quemados en el área. En un primer momento se pensó que podía tratarse de un objeto incinerado; sin embargo, la verificación policial confirmó que correspondía a restos humanos, por lo que la zona fue inmediatamente aislada.

Hasta el lugar llegaron efectivos de la Policía Nacional, personal de Serenazgo de la Municipalidad Provincial de Arequipa y representantes del Ministerio Público para iniciar las diligencias preliminares. El perímetro fue acordonado con el fin de preservar la escena y evitar la alteración de posibles evidencias.

Agentes de Criminalística y de la Divincri asumieron las primeras acciones de investigación, entre ellas el recojo de indicios, la revisión del entorno y la búsqueda de cámaras de seguridad cercanas. De acuerdo con reportes desde la zona, el punto del hallazgo se encuentra en una parte posterior del parque, cerca de áreas residenciales y de tránsito urbano.

La Fiscalía deberá disponer las pericias médico-legales para establecer la identidad de la víctima, el sexo, la edad aproximada y la causa de muerte. Hasta el cierre de esta edición, ninguna autoridad había confirmado el móvil del hecho ni la participación de presuntos responsables.

Una de las líneas de verificación será contrastar el hallazgo con denuncias recientes por desaparición de personas en Arequipa. Entre los casos mencionados preliminarmente figura la desaparición de un varón que trabajaba como personal de seguridad, aunque no existe confirmación oficial que vincule ambos hechos.

El caso generó preocupación entre vecinos y transeúntes por la gravedad del hallazgo en un espacio público del Cercado. La ubicación del cuerpo, el horario del reporte y la forma en que fueron encontrados los restos refuerzan la exigencia ciudadana de una investigación rápida, técnica y transparente.

La prioridad de las autoridades será identificar a la víctima y reconstruir las últimas horas previas al hallazgo. En una ciudad donde crece la percepción de inseguridad, el caso Selva Alegre exige respuestas verificables de la Policía, la Fiscalía y las autoridades locales para evitar que la incertidumbre profundice la alarma pública.

En julio de 2025, el GRA fue víctima de un fraude cibernético que permitió a delincuentes vulnerar claves de acceso del Banco de la Nación y ejecutar al menos tres transferencias bancarias irregulares por un total de S/ 738 mil. El caso motivó el inicio de una investigación en la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia. Meses después, a finales de febrero, el Consejo Regional autorizó a la Procuraduría Regional iniciar las negociaciones extrajudiciales para gestionar la devolución de los fondos sustraídos.

“La transacción extrajudicial ya se ha llevado a cabo. Los S/ 738 mil sustraídos fueron devueltos a las cuentas del GRA. Hemos seguido los procedimientos respectivos y, felizmente, se ha logrado recuperar el dinero. Nuestro personal jamás firmó ni dio números de cuenta. Las medidas de seguridad están dadas por los bancos, no por nosotros como entidad. Aparentemente, fue una responsabilidad del Banco de la Nación”, declaró Amparo Begazo Burga, procuradora regional adjunta del GRA.

Pese a la devolución del dinero, el proceso penal todavía permanece en etapa de investigación. Desde la Procuraduría Regional informaron que ya se realizaron las declaraciones de los trabajadores vinculados al manejo administrativo de las cuentas afectadas; no obstante, aún no existen acusaciones formales ni audiencias adicionales programadas. La defensa legal del GRA continúa a cargo de la Procuraduría Regional mientras la Fiscalía determina las responsabilidades correspondientes.

Finalmente, Begazo Burga añadió que el Banco de la Nación informó que reforzará sus mecanismos de seguridad tras el acuerdo extrajudicial. El caso del GRA se suma a otros fraudes cibernéticos registrados en entidades públicas de Arequipa, entre ellas la Municipalidad Distrital de Yura y la UGEL Caylloma.

Actualmente, la sede principal de Medicina Legal alberga a cerca de 170 trabajadores en un local diseñado originalmente para apenas 60 personas. El hacinamiento llevó al Ministerio Público a alquilar ambientes adicionales frente al Instituto de Medicina Legal en Arequipa Metropolitana, además de espacios en provincias como Camaná, Islay, Castilla y Condesuyos, donde tampoco cuentan con infraestructura propia.

Las limitaciones son mayores fuera de la ciudad. En algunas provincias no existe sala de necropsia, por lo que los procedimientos deben derivarse hasta Arequipa Metropolitana, retrasando diligencias médico-legales. A ello se suman deficiencias en ventilación y equipamiento sanitario debido a que los locales rentados no fueron pensados para dicho uso. Pese a ello, el personal adapta los espacios para continuar con la atención.

“Nosotros tenemos el mismo presupuesto desde la creación de la unidad ejecutora en 2018. El monto debería haber aumentado con el paso del tiempo, pero ha seguido igual. (…) Considero que el presupuesto debería incrementar en más del 50 %. El gasto que se efectúa requiere un incremento. (…) Nuestra esperanza es que con el cambio de gobierno se puedan atender varias de las necesidades que tenemos para servir mejor a la población”, declaró Fresia Hidalgo Zevallos, jefa de la Unidad de Medicina Legal III.

Otro de los problemas se presenta en el área informática. Las computadoras de la División Médico Legal superan los diez años de antigüedad. Hidalgo Zeballos reconoció que la antigüedad de los equipos genera demoras en los procedimientos y limita la capacidad operativa del personal. Además, Arequipa actualmente no realiza análisis de ADN debido al proceso de implementación de equipos. De modo que las muestras recolectadas son enviadas a Lima para su procesamiento.

Aunque durante 2025 la unidad enfrentó escasez de insumos, Hidalgo Zevallos indicó que el abastecimiento ya fue regularizado. No obstante, advirtió que la continuidad en la provisión resulta clave para evitar nuevas paralizaciones.

“De nada serviría tener equipos nuevos, si carecemos de insumos para hacerlos funcionar”, concluyó.

La autoridad explicó que esta situación dificulta seriamente el avance de los casos, ya que las declaraciones de los agraviados son fundamentales para identificar a los responsables y sostener las investigaciones. Precisó, además, que la Policía desarrolla acciones de inteligencia para combatir a las bandas que operan utilizando vehículos para cometer asaltos rápidos en distintas zonas del Cono Norte.

“La colaboración de la población es indispensable. Sin la presencia de los denunciantes en las diligencias, los procesos terminan debilitándose y en muchos casos son archivados”, sostuvo La Madrid durante una actividad de sensibilización por la seguridad ciudadana realizada en el distrito de Yura.

El general señaló que los delincuentes emplean automóviles y motocicletas para interceptar a sus víctimas y escapar rápidamente tras cometer los robos, una modalidad que se ha incrementado en los últimos meses en sectores populosos de la ciudad.

Asimismo, remarcó que, pese al esfuerzo policial, el trabajo coordinado con los ciudadanos es clave para obtener resultados concretos frente a la inseguridad. Indicó que la información proporcionada por testigos y víctimas permite fortalecer las investigaciones y facilitar la identificación de las organizaciones delictivas.

Durante su participación en la marcha organizada en Yura, la autoridad policial también alertó que otro de los delitos con mayor incidencia en el Cono Norte es la usurpación de terrenos, problemática que continúa generando conflictos en diversas zonas periféricas de Arequipa.

La Policía reiteró el llamado a la ciudadanía para no abandonar los procesos judiciales luego de presentar una denuncia, pues ello limita las posibilidades de sancionar a los responsables y combatir la delincuencia de manera efectiva.

Una tragedia enluta a una familia en la región Ayacucho luego de que una camioneta se despistara y cayera a un profundo abismo de aproximadamente 300 metros en la comunidad de Quispillaccta, distrito de Chuschi, provincia de Cangallo. El accidente dejó como saldo la muerte de una menor de apenas 7 años y al menos tres personas heridas de gravedad.

El hecho ocurrió la tarde del último sábado en el sector Cachihuaycco, cuando la familia retornaba a su vivienda tras realizar labores agrícolas en sus chacras. Según las primeras informaciones, los ocupantes habían participado en la cosecha de choclos y papas antes de emprender el viaje de regreso.

La camioneta de color guinda, con placa W5L-418, perdió el control en una zona accidentada de la vía y terminó precipitándose al barranco. El impacto fue devastador y dejó el vehículo completamente destruido entre fierros retorcidos.

Entre los pasajeros se encontraba la menor identificada con las iniciales A.N.Ch., quien sufrió graves lesiones y falleció mientras era trasladada a un establecimiento de salud. Pese a los esfuerzos realizados por los pobladores y rescatistas para salvarle la vida, la niña no logró sobrevivir.

Asimismo, los esposos Ever Chipana Aliaga y Marina Núñez Pillaca resultaron con fracturas de consideración debido al fuerte impacto. Ambos fueron auxiliados inicialmente en la zona y posteriormente derivados a la ciudad de Ayacucho para recibir atención médica especializada. El conductor de la unidad también sufrió contusiones y fue trasladado al hospital de Cangallo.

Las autoridades indicaron preliminarmente que el chofer no se encontraba en estado de ebriedad al momento del accidente, por lo que las causas exactas del despiste continúan siendo investigadas.

Los primeros en acudir al lugar del siniestro fueron comuneros de la zona, quienes encontraron una escena dramática en el fondo del abismo. Con apoyo de serenos y efectivos policiales, lograron rescatar a los sobrevivientes y coordinar su evacuación de emergencia.

Incluso la mascota de la familia cayó junto con el vehículo, reflejando la magnitud de la tragedia que conmocionó a los habitantes de la comunidad.

Tras el levantamiento del cadáver, el cuerpo de la menor fue trasladado a la morgue de Ayacucho para las diligencias correspondientes de ley.

El accidente vuelve a poner en evidencia los peligros de las carreteras rurales y trochas carrozables de la región, donde la geografía accidentada y las deficientes condiciones de algunas vías incrementan el riesgo de siniestros.

Un adolescente de 16 años falleció ayer sábado dentro del restaurante Mirador de Chilina, ubicado en la sexta cuadra de la Av. Arequipa, en el sector de Acequia Alta, distrito de Cayma, tras caer de un elevador montacarga. El hecho ocurrió antes de las 13:00 horas del sábado 16 de mayo y es investigado como un presunto accidente laboral en el establecimiento.

De acuerdo con información preliminar, el menor habría estado realizando labores en el local cuando se produjo el accidente. Una de las primeras versiones señala que el joven habría caído junto con el elevador desde un nivel superior; sin embargo, la dinámica exacta del hecho deberá ser determinada por la Policía Nacional y el Ministerio Público.

El fuerte ruido generado por la caída del montacarga alertó a trabajadores del área de cocina, quienes comunicaron la emergencia a la Compañía de Bomberos y a unidades de Serenazgo de la Municipalidad Distrital de Cayma. Al llegar al restaurante, los equipos de auxilio solo pudieron confirmar el fallecimiento del adolescente.

Hasta el establecimiento acudieron efectivos de la comisaría de Acequia Alta, personal de Serenazgo, paramédicos, fiscalizadores municipales y representantes de Defensa Civil. Las diligencias se iniciaron en el interior del local, mientras se esperaba la presencia del Ministerio Público para autorizar el levantamiento del cuerpo y continuar con las investigaciones de ley.

Funcionarios municipales informaron, de manera preliminar, que el restaurante contaría con licencia de funcionamiento indeterminada y certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones vigente. No obstante, esa documentación no cierra el caso, pues las autoridades deberán verificar las condiciones reales del ambiente laboral, el estado del equipo involucrado y las medidas de seguridad aplicadas.

El caso adquiere especial gravedad por tratarse de un menor de edad. Según la versión inicial atribuida a su madre, el adolescente acudía a trabajar los días sábados, por lo que corresponderá establecer si contaba con autorización laboral, qué funciones cumplía y si la actividad que realizaba estaba permitida bajo la normativa sobre trabajo adolescente.

La muerte del adolescente en Cayma coloca bajo investigación la seguridad laboral en establecimientos privados y la fiscalización del trabajo de menores. Más allá de los permisos municipales, la Policía, la Fiscalía y Sunafil deberán determinar si hubo mantenimiento adecuado, prevención efectiva y responsabilidades por una tragedia que compromete directamente la protección de la vida en el centro de trabajo.

La degradación de las normas y valores ya ha cobrado 97 muertos en Arequipa en lo que va del año.

La vida se torna injusta cuando un ser querido se convierte en víctima mortal de un accidente de tránsito. Un suceso inesperado que enluta familias y convierte en homicida a quien iba al timón. Lamentablemente, muchos conductores no son conscientes de las tragedias que pueden provocar con su imprudencia; manejan incumpliendo las normas de tránsito, lo cual transforma sus vehículos en armas letales y tiñe de sangre las vías. No se tiene una conciencia real de la responsabilidad que implica ser el conductor de un vehículo; para muchos, el carro solo parece ser un juguete que otorga estatus. La cultura vial es un tema prioritario de seguridad en Arequipa.

Según la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (Upiat) en Arequipa, a mayo del 2025, se reportaron 56 accidentes con 64 fallecidos y 139 heridos. Este 2026, sin terminar mayo, Arequipa ya registra 72 accidentes con 97 muertos y 119 lesionados. La diferencia es de 16 accidentes.

El sociólogo Jorge Quicaña Vera afirma que la raíz del problema no está en el crecimiento del parque automotor, sino en la temeridad de un gran número de conductores y peatones por vivir en un mundo apresurado. Quienes van al timón muchas veces no respetan las normas de tránsito, al igual que quienes van a pie. “Ambos bandos intercambiables quieren pasar primero sin importar que el semáforo esté en rojo o verde, y repetidas veces sucede que el motivo no es una tardanza, simplemente no hay razón, solo quieren pasar primero”.

De acuerdo con el sociólogo, la anomia social, la crisis de las normas y valores que regulan la conducta humana dentro de una sociedad, es un problema que se debe combatir con educación vial impartida desde que uno da sus primeros pasos y se convierte en peatón. “Los padres y el resto de los adultos tenemos el deber de educar con el ejemplo».

Asimismo, Quicaña Vera asegura que hay mucha permisividad con los infractores de tránsito y transporte. Recién cuando terminan involucrados en hechos ruidosos estas personas son consecuentes con sus propios actos, lo cual genera sensibilidad y reduce la posibilidad de que los vuelvan a cometer. Sin embargo, en vez de que los organismos y entidades del Perú se enfoquen en prevenir y sancionar como un efecto justo, hay omisiones e incluso un proyecto de ley que busca devolver la licencia a personas castigadas por conducir en estado de ebriedad.

“Que me están diciendo con eso, que puedo ser aún más irresponsable, ya que si antes tenía miedo a perder la licencia por mi imprudencia, ahora solo debo esperar para recuperarla. La impunidad no genera cambios positivos. Nos gusta la idea de que todo es arreglable hasta que algo realmente grave nos pasa”.

Además, cuando se llega a la edad legal de conducir, el sociólogo asegura que está en los padres de familia regular el uso del vehículo a sus hijos jóvenes e incluso a ellos mismos. “Es como con el celular en la adolescencia, hay que saber cuando usarlo y con responsabilidad. Pero muchas veces solo pienso en mí y quiero mostrar que tengo uno”.

En Arequipa, no hay conductor más responsable que el que transporta vidas con responsabilidad. Todos estos hombres y mujeres son conscientes, por lo que llevarnos sanos y salvos a nuestros destinos es su vocación de servicio. El transportista del SIT, Pedro Parra Gómez, asevera que las normas de tránsito deben ser la Biblia de todo operador.

“Tengo más de 30 años de experiencia en el sector Transporte. Para mí, el Reglamento de Tránsito es sagrado para evitar accidentes. Respetar los semáforos, las señales, medir las velocidades. Lamentablemente, un grupo de personas, por falta de experiencia, se confía y recién cuando viven las consecuencias de su imprudencia, son diferentes. También hay los que parecen que nunca van a entender. No se ponen a reflexionar que detrás de cada persona, incluido él, hay una familia y metas personales que se pueden truncar por un evento lamentable”, expresa.

De igual manera, Wilber Atahualpa Mendoza, vicepresidente de la Asociación de Transportistas de Carga Pesada de La Joya, afirma que cumplir las normas de tránsito salvavidas. En su caso, detalla que conducir un vehículo de carga pesada requiere mucho cuidado, ya que los puntos ciegos se incrementan y el camionero, como cualquier ser humano, no quiere dañar a nadie. Ese elevado estado de conciencia al volante de todo vehículo invita a los conductores en general a imitarlo.

“Estar al volante de un vehículo no es un juego. En tus manos está el poder de que no se transforme en un arma letal. Cumplamos con las normas de tránsito. Si conducimos, no bebamos. Muchos se confían y después se lamentan. Lo sé. Pero ya está hecho. No salieron con la intención de matar, pero así fue. Es un dolor profundo. Por eso seamos sensibles y respetemos el Reglamento de Tránsito”, manifiesta.

Un vehículo solo se transforma en un arma letal cuando nos olvidamos de nuestra propia humanidad al timón. Conducir con conciencia es un acto de respeto y sensibilidad hacia los demás; un compromiso que nos recuerda que ir con calma y responsabilidad siempre será la mejor opción.