El titular del Ministerio del Ambiente (Minam) precisó que la intervención corresponde a la operación número 66 ejecutada durante su gestión y destacó la participación de la Policía Nacional, el Ejército y el Ministerio Público para recuperar los territorios afectados.

Huaroc sostuvo que también se consiguió liberar las siete áreas naturales protegidas que se encontraban invadidas al inicio de su gestión. Sin embargo, advirtió que las acciones continuarán hasta erradicar la minería ilegal, mediante el trabajo coordinado de las instituciones del Estado.

El ministro remarcó que los resultados responden a labores de inteligencia, apoyo policial y militar, así como a las acciones legales de la Fiscalía.

Por su parte, el fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, advirtió que los operativos de interdicción no serán suficientes si el Estado no garantiza una presencia permanente en los territorios recuperados.

Explicó que la rentabilidad de la minería ilegal permite a los infractores reemplazar rápidamente los motores y las dragas destruidos durante las intervenciones, lo que facilita su retorno a las zonas desalojadas.

En ese sentido, consideró indispensable mantener el control territorial para impedir que estas actividades se reanuden.

La estrategia nacional contra la minería ilegal involucra también al Sernanp, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental y la Marina de Guerra. La Pampa constituye una zona especialmente vulnerable por la destrucción de bosques y la contaminación de los cuerpos de agua.

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, aproximadamente a las 19:00 horas, la víctima abordó el vehículo en inmediaciones de la avenida Vidaurrazaga, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, con dirección a Mariano Melgar. La joven había asistido previamente al cumpleaños de una amiga.

Durante el trayecto, la pasajera se quedó dormida, circunstancia que fue aprovechada por el conductor para modificar la ruta y trasladarla hacia un terreno descampado, donde perpetró la agresión sexual.

Posteriormente, cuando ambos se encontraban por inmediaciones de la avenida Venezuela, el taxista exigió a la joven que descendiera del vehículo, argumentando que no quería pagar el servicio. En ese momento, la víctima recibió auxilio de agentes de serenazgo, quienes intervinieron en la situación.

La fiscal adjunta provincial Katherine Cáceres Miranda estuvo a cargo de la investigación y presentó durante el juicio diversos elementos probatorios que permitieron demostrar la responsabilidad penal del acusado.

Entre las pruebas figuraron el testimonio de la agraviada, las declaraciones de los agentes de serenazgo y efectivos policiales que participaron en la intervención, además de otras testimoniales y pericias que respaldaron la acusación fiscal.

El Poder Judicial impuso al acusado 20 años de pena privativa de libertad efectiva, cuya ejecución se concretará cuando la sentencia sea confirmada en segunda instancia.

Mientras tanto, el sentenciado deberá cumplir determinadas reglas de conducta, entre ellas acudir mensualmente ante el juzgado, no cambiar de domicilio ni ausentarse sin autorización judicial y permanecer impedido de salir del país. El incumplimiento de estas obligaciones podría ocasionar su ingreso inmediato a un establecimiento penitenciario.

La resolución judicial también establece el pago de 15 mil soles por concepto de reparación civil a favor de la víctima, en compensación por los daños morales y psicológicos ocasionados.

Asimismo, dispone su inhabilitación para ejercer como docente o desempeñar funciones vinculadas con la enseñanza, cuidado, vigilancia o atención de menores de edad y estudiantes de educación superior.

Testimonios recogidos por El Pueblo revelan amenazas contra reclusos y sus familiares, así como disputas por el control de los pabellones. El atentado en la garita el último domingo expone la gravedad de un problema que continúa sin respuestas claras de las autoridades.

INTERNOS DE TRUJILLO ENVÍAN CARTA A MINISTRO DE JUSTICIA

La detonación de un artefacto explosivo en la garita de control del penal de Socabaya ocurrida el último domingo revela mucho más que un ataque contra el personal de custodia del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Detrás de la explosión que dejó dos personas heridas hay un problema que crece entre los muros del establecimiento penitenciario: las extorsiones, las amenazas y la disputa por el control de los pabellones.

El Pueblo accedió a información del interior del penal de varones de Socabaya que da cuenta de un enfrentamiento abierto, desde hace algunos meses, entre internos arequipeños, limeños y de nacionalidad venezolana.

Según estas versiones, los reclusos arequipeños son víctimas de extorsiones por parte de internos que les exigen el pago de cupos bajo amenazas de atentar contra sus familiares o contra los negocios que mantienen en la ciudad.

Las amenazas, de acuerdo con los testimonios recogidos, no se limitaron a intimidaciones dentro del recinto penitenciario. Uno de los internos, que manejaba un negocio en su vivienda, habría sufrido un atentado contra su casa. El mensaje era directo y ocurrió por la negativa a pagar los cupos. Es así que la violencia se trasladó del penal hasta las calles de Arequipa, donde viven sus familiares.

La presión desencadenó un enfrentamiento por el control interno. Los internos arequipeños lograron imponerse frente a los grupos señalados en estas versiones, pero la reacción de las autoridades penitenciarias fue aislar a algunos de ellos, según la información obtenida por este diario.

Después comenzaron las amenazas contra los visitantes. El último domingo, esa intimidación se tradujo en un atentado contra la garita de control, que dejó dos personas heridas, un agente de seguridad del INPE y una mujer que acudía al penal para visitar a un interno.

La explosión habría materializado las amenazas que circulaban en el establecimiento. Mientras tanto, las extorsiones continuarían al interior del penal, de acuerdo con los testimonios recogidos.

Desde el INPE se alertó sobre esta situación, pero no se han brindado mayores detalles que permitan conocer la dimensión del conflicto, las medidas adoptadas para frenar las amenazas o las responsabilidades detrás del ataque.

Familiares y personas vinculadas a algunos internos han expresado de manera anónima su preocupación por lo que ocurre desde hace meses. Hablan de una pugna por el poder y del cobro de cupos en un espacio que, en teoría, debería estar bajo el control del Estado.

El problema tiene un escenario especialmente preocupante. El penal de Socabaya fue construido para albergar a 650 internos y actualmente tiene más de 1 500 presos. La población penitenciaria supera ampliamente su capacidad, una condición que agrava las dificultades de control, vigilancia y seguridad.

El hacinamiento no explica por sí solo las extorsiones, pero configura un entorno donde las disputas y las amenazas encuentran terreno para expandirse.

EL MILAGRO

Lo ocurrido en Arequipa tampoco es un episodio aislado. En Trujillo, una carta manuscrita de internos del penal El Milagro, dirigida al ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, denunció presuntos cobros obligatorios a quienes trabajan en talleres productivos y estudian para redimir sus penas.

La misiva que se hizo pública ayer, suscrita por internos que aseguran representar a un sector de la población penitenciaria, señala que deben pagar diez soles semanales y aportar otros quince soles cuando surgen problemas en el pabellón, supuestamente para evitar requisas o represalias físicas. La denuncia apunta a presuntos grupos de poder que dominarían el pabellón 4.

Los firmantes también señalan a internos identificados por nombre y denuncian una presunta red de protección que involucraría a personal técnico, alcaides y a la anterior dirección del establecimiento.

Por ello, solicitan operativos inopinados y sin previo aviso, al advertir que las filtraciones de información pueden frustrar las fiscalizaciones.

En ambos casos, las denuncias requieren una investigación rigurosa y la identificación de responsabilidades. Pero hay una coincidencia que no puede pasar inadvertida: la extorsión aparece como un mecanismo de control dentro de las cárceles.

Si los internos deben pagar para trabajar, estudiar o evitar agresiones, y si las amenazas alcanzan a sus familias fuera del penal, la inseguridad deja de ser un problema exclusivamente penitenciario.

En Socabaya, la explosión en la garita es una señal de alarma. La violencia que se pretendía mantener tras las rejas ya alcanzó a quienes ingresan al establecimiento. Ni siquiera estar preso garantiza estar a salvo de la extorsión.

GRA MODIFICA EL CALENDARIO OTRA VEZ

La reactivación del Laboratorio de Criminalística de Arequipa continúa retrasándose. Pese a que el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) había asegurado que otorgaría la buena pro en octubre, el proceso de selección para ejecutar el saldo de obra fue nuevamente reprogramado. Ahora, la adjudicación está prevista para el 20 de noviembre y la suscripción del convenio con la empresa financista recién se concretaría el 28 de diciembre, alejando la posibilidad de retomar los trabajos durante este año.

La modificación fue oficializada mediante la Circular N.° 003-2026, emitida el 27 de octubre por el Comité Especial de Obras por Impuestos (OxI) del GRA. El documento amplía la etapa de integración de bases y publicación hasta el 4 de noviembre. La presentación de propuestas se realizará el 13 de noviembre, a las 10:00 horas, mientras que la evaluación y calificación se desarrollará entre el 16 y el 19 del mismo mes.

De esta manera, la buena pro se otorgaría el viernes 20 de noviembre, 18 días después del plazo inicialmente establecido.

Posteriormente, la empresa seleccionada tendrá entre el 3 y el 18 de diciembre para presentar los requisitos necesarios para perfeccionar el convenio, incluida la carta fianza. Finalmente, la firma del acuerdo regional está programada para el 28 de diciembre, cuando inicialmente se esperaba concretarlo el 3 de diciembre.

Sin embargo, la suscripción del convenio tampoco significará el inicio inmediato de los trabajos, debido a que todavía deberán cumplirse los procedimientos previos para ejecutar la intervención.

El proyecto demanda una inversión de S/ 32 millones 756 mil 652.76 y comprende la ejecución del saldo de obra y el financiamiento de la supervisión mediante el mecanismo de Obras por Impuestos. El gobernador regional Rohel Sánchez Sánchez señaló anteriormente que el Grupo Gloria, a través de Cemento Yura, tenía interés en financiar la intervención. La empresa también habría identificado un posible proveedor de los equipos tecnológicos necesarios para poner en funcionamiento el laboratorio.

DOS AÑOS Y MEDIO DE PARALIZACIÓN

La construcción de la infraestructura, ubicada en Yanahuara, comenzó durante el primer semestre de 2022, pero quedó paralizada en mayo de 2024. En octubre de 2025, el GRA suscribió un convenio de cooperación interinstitucional con el Ministerio del Interior para asumir la titularidad del proyecto y culminarlo.

Pese a ello, más de un año después, la obra continúa sin reactivarse. También está pendiente la liquidación físico-financiera de la infraestructura inconclusa, para lo cual deben completarse las actas de recepción correspondientes por parte del ministerio.

El expediente técnico del saldo de obra establece un plazo de ejecución de 195 días calendario. El GRA proyecta entregar el laboratorio durante el segundo semestre de 2027, aunque el cumplimiento de esa meta dependerá de cuándo comiencen efectivamente los trabajos.

Mientras tanto, Arequipa continúa sin una infraestructura especializada para realizar pericias y exámenes criminalísticos, lo que obliga a depender de laboratorios ubicados en Lima para determinados procedimientos de investigación.

La víctima fue identificada como Noel Julián Chancahuana Ticlla, natural del distrito de Tomepampa, provincia de La Unión, quien se dedicaba a realizar viajes en motocicleta. El accidente se produjo después de las 10:00 horas, cuando se desplazaba de norte a sur a bordo de una motocicleta de placa 5266-0V.

De acuerdo con las primeras informaciones, el motociclista habría impactado por alcance contra la parte posterior izquierda de una camioneta que circulaba por la misma vía. La presunta causa del accidente sería el exceso de velocidad, aunque esta hipótesis deberá ser corroborada por las investigaciones de las autoridades.

La fuerza de la colisión provocó que el conductor y su motocicleta salieran despedidos hacia el carril contrario. Chancahuana Ticlla cayó violentamente sobre la superficie de la carretera y sufrió lesiones de tal gravedad que falleció en el lugar.

Pese a que llevaba puesto el casco de seguridad, el joven no logró sobrevivir al impacto. La magnitud del accidente generó preocupación entre quienes transitaban por este tramo de la Panamericana Sur.

UNA PERSONA HERIDA

El accidente también dejó a una segunda persona lesionada, quien recibió atención inicial y posteriormente fue evacuada al Hospital Central de Majes para recibir asistencia médica.

Tras conocerse el hecho, las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer cómo ocurrió la colisión, establecer las circunstancias en las que se produjo el impacto y determinar las posibles responsabilidades de los involucrados.

Las investigaciones deberán establecer, entre otros aspectos, la velocidad a la que circulaban los vehículos y las condiciones en las que se produjo el choque por alcance.

El fallecimiento de Chancahuana Ticlla vuelve a poner en evidencia los riesgos de los accidentes de tránsito en la carretera Panamericana Sur, particularmente en los tramos de circulación interprovincial, donde motocicletas y vehículos de carga y transporte comparten una vía de intenso movimiento.

El joven era natural de Tomepampa, localidad de la provincia de La Unión, y su muerte enluta a sus familiares y personas cercanas.

El estallido ocurrió entre las 11:00 y las 12:00 horas. El trabajador del INPE fue evacuado de emergencia al Hospital III de EsSalud de Yanahuara, mientras que el visitante fue trasladado al Hospital Regional Honorio Delgado. Hasta el cierre de la nota, el INPE no ha emitido ningún comunicado sobre los hechos, mientras que la Policía Nacional del Perú tampoco ha establecido cómo llegó el explosivo al interior del recinto ni quiénes estarían detrás del ataque.

La alerta por la posible presencia de un segundo artefacto obligó a movilizar a efectivos policiales y especialistas de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX). De acuerdo a información preliminar, el dispositivo habría sido elaborado artesanalmente. No obstante, las características deberán ser verificadas después de las diligencias respectivas.

La intervención policial también motivó restricciones en el ingreso de familiares que acudían a visitar a los internos. En paralelo, personal de la Sección de Investigación Criminal (SEINCRI) llegó al establecimiento penitenciario para recoger información y determinar las circunstancias de la explosión. Entre los aspectos que deberán esclarecerse figura la posible existencia de un mensaje dejado en el lugar, presuntamente apuntando a dos reos al interior del establecimiento penitenciario.

Ahora, la PNP deberá determinar el ingreso de material explosivo y los controles de seguridad en el recinto. La investigación tendrá que establecer si el artefacto fue colocado para atentar contra alguna persona en particular o si existe una amenaza mayor para los trabajadores, internos y visitantes del penal.

Los detenidos, entre hombres y mujeres de 25 a 59 años, son investigados por la presunta comisión del delito de violencia y resistencia a la autoridad. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría de Santa Marta, con participación de agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX), la Unidad de Servicios Especiales (USE) y un representante del Juzgado Civil Transitorio de Ejecución de Arequipa.

Según las primeras diligencias fiscales, cuando las autoridades llegaron al predio encontraron oposición de un grupo de ocupantes, quienes presuntamente arrojaron objetos contra los policías y amenazaron con provocar un incendio. Ante la resistencia, los efectivos ingresaron también por propiedades colindantes para ejecutar el mandato judicial.

En medio del operativo se produjo un incendio seguido de una explosión, situación que obligó a solicitar la intervención de la Compañía de Bomberos para controlar las llamas y evitar mayores consecuencias.

Una de las hipótesis que se investiga es que las personas atrincheradas habrían provocado la explosión de al menos dos balones de gas. Sin embargo, el origen del fuego todavía debe ser establecido mediante peritajes.

El fiscal provincial Herbert Rivera Begazo dispuso el inicio de las investigaciones y la recopilación de elementos que permitan determinar las responsabilidades individuales.

Entre las diligencias ordenadas figura la solicitud de un informe técnico a los bomberos sobre el origen del incendio. Asimismo, la UDEX deberá informar si se utilizaron elementos incendiarios durante los enfrentamientos.

El Ministerio Público también realizará una inspección técnico-policial, recogerá declaraciones de los detenidos y testigos y dispondrá la valorización de los daños materiales ocasionados durante el operativo. La Fiscalía no descarta que, conforme avancen las investigaciones, puedan identificarse otros delitos.

Un violento choque frontal entre una camioneta particular y un camión de carga dejó dos personas gravemente heridas el 31 de octubre, en la Carretera Central, cerca de la ciudad de La Oroya, capital de la provincia de Yauli, región Junín. El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 160+900 y obligó a cerrar temporalmente esta importante vía nacional, lo que generó una extensa congestión vehicular.

El siniestro fue protagonizado por una camioneta de placa W4V-865, que se desplazaba desde Pasco con dirección a La Oroya, y un camión pesado de matrícula W2A-915, que circulaba desde Lima hacia la selva central. Por causas que todavía son materia de investigación, ambas unidades impactaron frontalmente con violencia.

Tras recibir la alerta, efectivos de la Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la Policía Nacional de La Oroya acudieron al lugar para atender la emergencia, asegurar la zona y facilitar las labores de rescate.

Los dos ocupantes de la camioneta resultaron con lesiones de consideración. Fueron identificados como Gilmer Osorio Lázaro, quien conducía el vehículo, y Julia Cárdenas Vargas de Cárdenas, su acompañante. Ambos recibieron los primeros auxilios en el lugar y posteriormente fueron evacuados de emergencia al hospital de EsSalud de La Oroya, donde quedaron bajo atención médica especializada.

CONDUCTORES INTERVENIDOS

La Policía informó que los conductores de ambos vehículos fueron intervenidos y quedaron detenidos mientras se desarrollan las investigaciones para establecer las circunstancias y responsabilidades del accidente.

El caso fue puesto en conocimiento de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) y de la fiscal de turno quien asumió las diligencias correspondientes.

Los agentes realizaron las acciones necesarias para controlar la emergencia, ordenar el tránsito y facilitar el retiro de las unidades siniestradas.

Debido a la magnitud del impacto y a los trabajos de rescate y remoción de los vehículos, la Carretera Central permaneció cerrada durante varias horas. La interrupción provocó una considerable acumulación de unidades en ambos sentidos.

La emergencia afectó especialmente a los viajeros que se desplazaban por el feriado de Todos los Santos, entre Lima, La Oroya, Huancayo, Huánuco, Pasco y distintas localidades de la selva central.

La Policía continuará con las investigaciones para determinar las causas exactas de esta colisión.

EN LA EXPLANADA DOLORES

El ciudadano venezolano Yelvis Daniel Herrera Cabeza, de 18 años, fue asesinado a balazos la noche del viernes 30 de octubre en las inmediaciones de la explanada Dolores, en el distrito arequipeño de José Luis Bustamante y Rivero. El ataque ocurrió alrededor de las 23:50 horas, cuando el joven se retiraba tras participar en un partido de fulbito.

Según los reportes policiales preliminares, desconocidos interceptaron a la víctima a la salida del recinto deportivo y efectuaron al menos ocho disparos en su contra. Cinco de los proyectiles impactaron en el cuerpo de Herrera Cabeza y le provocaron lesiones mortales en la vía pública.

Los acompañantes del joven intentaron auxiliarlo tras las detonaciones y lo cargaron cerca de veinte metros en busca de ayuda. Al constatar que ya no presentaba signos vitales, dejaron el cuerpo frente a un local nocturno ubicado en el pasaje La Castro, próximo a la Av. Dolores.

Efectivos de la comisaría de José Luis Bustamante y Rivero acudieron a la zona para acordonar el perímetro y resguardar la escena del suceso. Posteriormente, peritos de Criminalística, agentes de la División de Investigación Criminal (DIVINCRI) y representantes del Ministerio Público realizaron las diligencias de levantamiento.

La Policía Nacional analiza los registros de las cámaras de videovigilancia de los alrededores para reconstruir el ataque, identificar a los autores y determinar su ruta de escape.

El padre del fallecido declaró a los agentes que su hijo había recibido amenazas previas vinculadas con una relación sentimental que mantenía desde hacía seis meses. Según su testimonio, estas advertencias ocurrieron cerca del mercado Apurímac, en el distrito de Alto Selva Alegre, donde residía el joven.

Por disposición fiscal, el cadáver fue internado la madrugada del sábado 31 de octubre en la morgue central de Arequipa para la necropsia de ley, mientras que la DIVINCRI incautó la motocicleta de placa 6747-0V en la que se desplazaba la víctima para continuar con las investigaciones del caso.

Una mujer identificada como Lourdes de la Vega Astete, de 56 años, resultó con lesiones de gravedad tras ser atropellada por una motocicleta cuyos ocupantes huyeron sin prestarle auxilio en el distrito de Cayma. El accidente ocurrió alrededor de las 14:40 horas en la intersección de las avenidas Ejército y Cayma, frente al restaurante El Tablón, según denunció su hija, Lisbeth Valdivia.

De acuerdo con el testimonio de la familia, la peatona cruzaba por el paso cebrado cuando un automóvil particular ingresó a velocidad por la curva y la obligó a detenerse en la calzada. En ese instante, una motocicleta ocupada por un hombre y una mujer que realizaban servicio de reparto apareció detrás del vehículo y la embistió.

Valdivia relató que, tras la caída de su madre sobre el pavimento, la acompañante de la motocicleta descendió brevemente, recogió sus pertenencias y escapó junto con el conductor. Los dos ocupantes del automóvil particular que antecedió al impacto también se retiraron del lugar sin asistir a la herida.

Una médica que transitaba por la zona brindó los primeros auxilios a la agraviada, mientras que el tránsito vehicular dificultó por más de diez minutos el ingreso y traslado en ambulancia hacia el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza. Los exámenes radiográficos confirmaron una triple fractura en la parte superior de la pierna derecha, además de contusiones en la cabeza y el cuerpo.

La paciente permanece internada en el área de observación de emergencia bajo medicación analgésica e inmovilización, debido a que requiere una intervención quirúrgica de alto riesgo con soporte de banco de sangre. Su hija indicó que en el nosocomio les informaron que la programación de la cirugía podría demorar entre quince y veinte días, por lo que solicitó acelerar el procedimiento.

La familia explicó que De la Vega Astete no cuenta con Seguro Integral de Salud (SIS) ni cobertura privada, por lo que hasta el momento ha desembolsado cerca de mil soles en placas radiográficas y fármacos. A ello se suma que la agraviada quedó impedida de laborar en el negocio familiar y requerirá rehabilitación prolongada, silla de ruedas y una camilla especial.

El caso fue denunciado en la comisaría de Cayma, pero las cámaras de seguridad del serenazgo no permitieron distinguir las matrículas de la motocicleta ni del automóvil involucrado. Por ello, los parientes gestionan el acceso a las grabaciones de los locales comerciales aledaños y habilitaron el número de Yape 967721488 a nombre de Lisbeth Valdivia, además de recibir información que permita identificar a los conductores.