MIGUEL CASTILLA, EXMINISTRO DE ECONOMÍA:

Castilla sostuvo que la decisión del máximo intérprete de la Constitución representa una oportunidad para recuperar la disciplina fiscal, aunque reconoció que el nuevo Ejecutivo enfrentará un escenario políticamente complejo.

«Probablemente va a tener que lidiar con esta situación difícil de tener que retroceder en leyes que ellos mismos han apoyado», manifestó en referencia a Fuerza Popular y a otras agrupaciones que impulsaron iniciativas con impacto presupuestal durante el actual periodo legislativo.

El economista explicó que el Gobierno entrante podría verse obligado a promover la derogación de algunas normas o presentar acciones de inconstitucionalidad para evitar que continúen generando obligaciones económicas que el Estado no puede financiar.

Recordó que la iniciativa de gasto siempre fue una atribución exclusiva del Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y consideró que la ausencia de acciones legales oportunas permitió que el Congreso aprobara diversas leyes sin evaluar adecuadamente su sostenibilidad fiscal.

Según indicó, muchas de las normas aprobadas durante el último año implican desembolsos por miles de millones de soles, recursos que actualmente no existen en el presupuesto público.

«Son miles de millones de soles y no hay presupuesto que lo aguante», advirtió.

El extitular del MEF señaló que uno de los principales retos del nuevo gobierno será restablecer el equilibrio de las cuentas fiscales para recuperar capacidad de inversión en infraestructura, programas sociales y servicios públicos.

En ese sentido, precisó que esta tarea no dependerá únicamente del futuro ministro de Economía, sino también del respaldo político que brinden la presidenta electa y el próximo presidente del Consejo de Ministros para aplicar medidas de ordenamiento fiscal.

Asimismo, expresó su preocupación por el debate que mantiene el Congreso sobre un crédito suplementario cercano a S/ 10 mil millones, cuando faltan pocas semanas para el cambio de gobierno.

«Nunca he visto en la historia del país que a dos semanas del cambio de gobierno se esté discutiendo un crédito suplementario de esta magnitud», cuestionó.

Castilla consideró contradictorio que, mientras el Tribunal Constitucional delimita claramente las competencias del Congreso en materia de gasto público, el Parlamento continúe impulsando nuevas asignaciones presupuestales.

Recordó además que el propio Ministerio de Economía informó que los pedidos de financiamiento presentados por los congresistas alcanzan aproximadamente S/ 180 mil millones, monto que supera ampliamente la capacidad financiera del Estado.

Finalmente, el exministro sostuvo que el crecimiento del gasto corriente viene reduciendo el margen para financiar nuevas inversiones y reiteró la necesidad de revisar las normas aprobadas recientemente para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

«No alcanza el cuero para todas las correas para financiar todo lo que se está aprobando», concluyó.

Durante su visita a Arequipa, donde participó en la inauguración del puente Virgen de Chapi y otras actividades oficiales, el jefe de Estado fue consultado sobre el avance del trámite y respondió de manera escueta que el expediente permanece en la cartera de Justicia.

«Está todavía en trámite. Está en el Ministerio de Justicia todavía«, declaró a la prensa.

Las declaraciones se producen días después de que Balcázar se pronunciara sobre el informe emitido por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, documento que sostiene que la detención de Pedro Castillo, tras el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, habría sido arbitraria y carecería de sustento legal.

En una entrevista concedida previamente a Radio Nacional, el mandatario señaló que dicho informe deberá ser analizado detenidamente, pues podría tener implicancias en la evaluación jurídica del pedido de indulto.

El presidente sostuvo que las conclusiones del organismo internacional podrían ser consideradas por quienes impulsan la solicitud, aunque precisó que cualquier decisión deberá ajustarse al marco constitucional y legal vigente.

Asimismo, recordó que el procedimiento requiere una petición expresa y debidamente fundamentada por parte del propio exmandatario o de quienes lo representan legalmente.

Mientras tanto, el expediente continúa siendo revisado por el Ministerio de Justicia, entidad encargada de emitir la recomendación correspondiente antes de que el Poder Ejecutivo adopte una decisión.

Durante su jornada en Arequipa, Balcázar también destacó las obras ejecutadas por su administración en la recta final de su mandato. El presidente supervisó el Hospital Maritza Campos, participó en la entrega de 555 tabletas electrónicas a estudiantes de la Institución Educativa Arequipa e inauguró el puente Virgen de Chapi, infraestructura que forma parte del proyecto vial Arequipa–La Joya y cuya ejecución permaneció paralizada durante varios años.

El mandatario afirmó que deja encaminados diversos proyectos de infraestructura para que sean continuados por el gobierno de la presidenta electa Keiko Fujimori, cuya gestión asumirá funciones el próximo 28 de julio. Tras concluir sus actividades en la región, Balcázar retornó a Lima, mientras continúa la expectativa sobre la decisión que adoptará el Ejecutivo respecto al pedido de indulto del expresidente Pedro Castillo.

Los legisladores participaron en actividades desarrolladas en países como Estados Unidos, Francia, Chile, India, Turquía, Paraguay, Uruguay y Suiza, entre otros destinos. Las autorizaciones fueron otorgadas por la Mesa Directiva del Parlamento.

Entre los congresistas que realizaron estos viajes figuran Milagros Jáuregui, María del Carmen Alva, José Cueto, Eduardo Salhuana, Edgar Tello, Judith Laura Rojas y Milagros Santisteban, quienes integraron diversas delegaciones oficiales.

El informe también señaló que el segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, viajó junto con una asesora a Ginebra, Suiza, para participar en el Foro Parlamentario Global, permaneciendo en ese país entre el 18 y el 23 de mayo.

Consultado sobre la utilidad de estas comisiones, el congresista José Cueto defendió los viajes al considerar que fortalecen la diplomacia parlamentaria y permiten estrechar relaciones con instituciones y representantes de otros países.

No obstante, las autorizaciones generaron críticas dentro del propio Congreso. Las legisladoras Margot Palacios y Ruth Luque cuestionaron que estos desplazamientos se realizaran cuando el Parlamento se encuentra en la etapa final de sus actividades legislativas.

El reportaje también reveló que el Congreso destina anualmente alrededor de 118 mil dólares al pago de membresías en organismos parlamentarios internacionales. De ese monto, 60 mil dólares corresponden al Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), 13 mil dólares a Parlaméricas y aproximadamente 44 155 dólares a la Unión Interparlamentaria.

Las cifras muestran además un incremento en los viajes oficiales durante los últimos años. En lo que va de 2026, 69 congresistas realizaron comisiones internacionales, frente a 36 registrados en 2025. En 2023 viajaron 43 parlamentarios, mientras que en 2022 fueron 62 y en 2021, primer año del actual Congreso, 22 legisladores salieron del país en representación del Parlamento.

La difusión del informe reavivó el debate sobre el uso de recursos públicos para viajes oficiales y la necesidad de evaluar su impacto y beneficios para el país, especialmente en un contexto de restricciones fiscales y cuestionamientos al gasto estatal.

El presidente de la Comisión de Presupuesto, Alejandro Soto, solicitó ampliar por segunda vez el cuarto intermedio hasta el mediodía del martes 14 de julio, con el fin de elaborar un texto sustitutorio consensuado con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Durante la sesión, el legislador explicó que la postergación responde a la necesidad de concluir la evaluación técnica de las propuestas presentadas por diversos congresistas y aseguró que no existe intención de retrasar la aprobación del crédito suplementario.

Soto indicó que la Comisión de Presupuesto ya culminó el análisis parlamentario, pero precisó que corresponde al MEF revisar la viabilidad financiera y técnica de las modificaciones planteadas antes de emitir una opinión definitiva.

«El volumen y la complejidad de las ampliaciones presupuestarias requieren una revisión adicional para garantizar que los recursos puedan ejecutarse sin inconvenientes», señaló.

El parlamentario advirtió que una aprobación apresurada podría generar observaciones legales y dificultades durante la ejecución del presupuesto, afectando proyectos de inversión y programas públicos que dependen de estos recursos.

Asimismo, reconoció que aún existen discrepancias entre la Comisión de Presupuesto y el Ministerio de Economía respecto a algunas iniciativas de inversión que buscan ser incorporadas al crédito suplementario, por lo que consideró necesario contar con un mayor plazo para alcanzar consensos.

El proyecto de ley contempla recursos destinados a financiar diversas obligaciones del Estado, entre ellas el pago de beneficios laborales para trabajadores contratados bajo el régimen CAS, programas de becas, inversiones en infraestructura pública y otras intervenciones priorizadas por el Gobierno y el Congreso.

La discusión adquiere especial relevancia luego de que el Tribunal Constitucional estableciera recientemente que el Congreso no puede aprobar leyes que generen gasto público sin iniciativa del Poder Ejecutivo, criterio que ha generado un mayor nivel de coordinación entre el Parlamento y el MEF para evitar futuras observaciones constitucionales.

La Comisión de Presupuesto retomará el debate al mediodía del martes, cuando se espera presentar el texto sustitutorio acompañado de los anexos técnicos y financieros correspondientes.

La aprobación del crédito suplementario es considerada clave para garantizar la continuidad de diversos programas estatales durante el segundo semestre del año y asegurar el financiamiento de obras públicas, proyectos regionales y beneficios dirigidos a miles de trabajadores y estudiantes en todo el país. El resultado del debate será determinante para definir la asignación de estos recursos antes del cambio de gobierno previsto para el 28 de julio.

SON 593 SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN

Un total de 67 mujeres encabezaron solicitudes de inscripción presentadas para disputar el Gobierno Regional y las alcaldías de Arequipa en las Elecciones Regionales y Municipales del próximo 4 de octubre. La cifra representó el 11,3 % del total, según el último registro disponible del proceso electoral.

La competencia por el Gobierno Regional registró únicamente tres candidatas entre las 15 fórmulas presentadas. Giovanna Irene Almonte Guzmán postuló por Fuerza Ciudadana; Yackelin Lourdes Huarsaya Calizaya de Llacchua, por el Frepap; y María Luisa Flores Carrera, por Todo con el Pueblo.

En las ocho provincias se presentaron 79 listas municipales, 12 estuvieron encabezadas por mujeres, equivalente al 15,1 %. Caravelí y Condesuyos no registraron ninguna aspirante a alcaldesa provincial, mientras Caylloma y La Unión tuvieron apenas una candidata cada una.

La provincia de Arequipa concentró tres postulaciones femeninas: Elizabeth Genesis Amado Quispe, de Alianza para el Progreso; Lizbeth Zavala Vilca, del Frepap; y Ruccy Judith Oscco Polar, de Primero la Gente. La continuidad de esta última candidatura quedó sujeta a la evaluación del Jurado Electoral Especial por las observaciones advertidas en su lista.

Para los municipios distritales, de 499 listas presentadas para competir por las 101 alcaldías distritales, 52 fueron lideradas por mujeres y 447 por hombres; es decir, la participación femenina alcanzó apenas el 10,4 % en este nivel de gobierno.

En la provincia de Arequipa se identificaron 24 candidatas distritales, pero once jurisdicciones no tuvieron ninguna mujer encabezando una lista: Cayma, La Joya, Mariano Melgar, Miraflores, Polobaya, Santa Rita de Siguas, Socabaya, Vítor, Yanahuara, Yarabamba y Yura.

Condesuyos presentó el escenario más extremo. Sus ocho distritos acumularon 27 listas para las elecciones municipales, pero ninguna estuvo encabezada por una mujer; tampoco se registró una candidata para dirigir la municipalidad provincial, por lo que todos los aspirantes a alcalde fueron varones.

El JNE establece que las listas de regidores debían estar integradas por 50 % de mujeres y 50 % de hombres, colocados alternadamente.

Las cifras correspondieron a solicitudes presentadas y todavía pueden variar debido a inadmisibilidades, improcedencias, renuncias, retiros, tachas o exclusiones. Aunque la paridad aseguró espacios femeninos en los concejos municipales.

Estando ad portas de un nuevo aniversario de la proclamación de la Independencia del Perú, conviene recordar algunos hechos que van dando sentido a la concatenación de sucesos que concurren, casi necesariamente, al acto mismo que tuvo lugar el 28 de julio de 1821.

Como es sabido, el 8 de setiembre de 1820 arribó a la bahía de Paracas la Escuadra Libertadora, al mando de don José de San Martín, teniendo como objetivo lograr que el Perú proclamara su independencia respecto a España y, garantizar así, de alguna manera, la libertad que se había declarado en el Río de la Plata y en la Capitanía General de Chile. Desde Pisco, San Martín decretó “… en todos los puntos que ocupe el ejército libertador del Perú, o estén bajo su inmediata protección, han fenecido, de hecho, las autoridades puestas por el gobierno español”. Ya para ese momento, el ambiente proclive a la ruptura con España iba ganando adeptos por lo que es de suponer que el virrey don José de la Pezuela tuvo noticias de ese arribo y de las acciones que se iba tomando para preparar el terreno a favor de la causa independentista.

Fue en esas circunstancias que el virrey promovió una reunión que quiso tener un talante conciliador, por lo que se llevó a cabo un encuentro entre representantes del virrey y de San Martín. El hecho tuvo lugar en un rancho de Miraflores, que por entonces era un lugar alejado del centro de la ciudad. Allí se reunieron los realistas el conde de Villar de la Fuente, Dionisio Capaz e Hipólito Unanue, que actuó como secretario del evento. Los patriotas estuvieron representados por Tomás Guido y Juan García del Río.

Las posturas irreconciliables, extremas y distantes no hubieran sido un detonante inmediato si es que no hubiera habido un hecho poco conocido, como fue el que Capaz decidió alterar el documento que se había suscrito, falsificando las firmas de Villar de la Fuente y de Unanue, difundiendo un documento que tergiversaba los acuerdos tomados. Ante ello, el propio Unanue emitió un desmentido que fue publicado el 8 de octubre en la Gaceta de Gobierno.

Este hecho, que pudiera entenderse como algo menor, implicó, entre otras cosas, que el propio Hipólito Unanue, reflexionando sobre lo que se había conversado y la imposibilidad de conciliar posturas, así como la realidad misma que vivía el Perú, optara luego por unirse a la causa de la independencia, ya que los delegados de San Martín exigían la libertad absoluta del Perú y todo el continente. Mientras que por parte del virrey solo se pudo obtener el ofrecimiento de otorgar ciertas libertades y promover lo que se había aprobado en la Constitución Liberal de Cádiz de 1812, lo que no podía haberse cumplido pues el virrey carecía de autoridad para modificar las normas del fortalecido absolutismo que España venía imponiendo.

Podríamos decir que, con este cierre de las conversaciones, las relaciones habían quedado rotas y la voluntad del ejército libertador de luchar por la independencia quedó claramente precisada. 

Las conversaciones de Miraflores no solo significaron un punto de quiebre y de no retorno, sino que de alguna manera mostraron el último aliento del poder del virrey de la Pezuela a quien se tildó de carente de energía para defender el poder español en el Perú, que era el virreinato más rico, extenso e importante de la corona española. Por todo ello, el 29 de enero de 1821 se vivió un levantamiento militar en las huestes españolas que estaban acantonadas en Aznapuquio, en el valle del Chillón, a escasos kilómetros de Lima. 

Un segundo momento de interés se refiere a las consecuencias de un documento conocido como “la intimación de Aznapuquio”, mediante el cual se le hizo conocer al virrey el descontento de los más altos mandos militares que, habiéndose sublevado en su contra, habían amenazado con tomar las armas en contra de De la Pezuela. Este hecho y la presencia de San Martín en el norte de Lima llevaron al virrey a aceptar la realidad y nombrar a José de la Serna quien le instó a firmar un documento, a manera de capitulación de su poder, acto que dio fin a su gobierno en el Perú y se le concedió los documentos para que partiera rumbo a España; su familia viajó en abril y él haría lo propio un tiempo después.

Es interesante recordar los nombres de los militares sublevados porque ellos aparecerán en las batallas finales que tuvieron lugar en Junín y Ayacucho: José de la Serna, José de Canterac (quien suscribió la Capitulación de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824), Jerónimo Valdés y José Ramón Rodil (quien resistió defendiendo el Real Felipe hasta el 23 de enero de 1826) entre otros.

Un tercer acontecimiento por demás significativo fue el encuentro que sostuvieron don José de San Martín con el nuevo virrey del Perú, don José de la Serna. Este hecho tuvo lugar entre el 4 de mayo y el 2 de junio de 1821 en la casa hacienda Punchauca en un lugar que ahora es parte de Carabayllo. Por parte de los patriotas participaron Tomás Guido, Juan García del Río, José Ignacio de la Rosa y Fernando López Aldana quien fungió de secretario. En el grupo realista estuvieron Manuel de Llano y Noguera, José María Galdeano y el entonces comisionado Abreu.

Las posiciones eran igualmente opuestas pues lo mínimo que aceptaría San Martín era, además del reconocimiento de la libertad del Perú, el que se designara a un príncipe, no español, para que gobierne estos territorios de acuerdo a la ley peruana. Solo se logró la firma de un armisticio y, como consecuencia, La Serna tuvo que salir de Lima pues la situación de bloqueo era insostenible y el ingreso de San Martín, un hecho inevitable.

A veces pareciera que la Independencia del Perú fue un hecho aislado, el acontecimiento de un día y, sin embargo, los acontecimientos se fueron concatenando de manera segura y constante hacia la proclamación formal que tuvo lugar el domingo 28 de julio de 1821.

El 24 de junio ocurrieron dos terremotos en Venezuela que han provocado la muerte de más de 1 000 venezolanos, lo cual lamentamos profundamente, pero esta desgracia natural que demuestra el colapso del Estado venezolano nos permite demostrar, por enésima vez, que los 27 años del chavismo en el poder, incluyendo estos meses con Delcy Rodríguez, son la irrefutable prueba que ellos son pésimos gestores públicos porque los hospitales están en colapso como las carreteras y el sistema eléctrico, todos dependen del enorme aparato estatal venezolano, absolutamente destruido por las ideas caducas y estatistas que representan el chavismo.

Este terremoto en Venezuela debe generar otro terremoto político en el país caribeño, el cese de la administración chavista en el Poder Ejecutivo por lo que la administración de Donald Trump debe ya entender que dejar en el poder, desde el 3 de enero del 2026, a Delcy Rodríguez, cómplice de todas las barbaridades cometidas por el depuesto dictador Maduro, es un craso error. Guardando la diferencia del caso, es como después de la rendición de la Alemania Nazi el 8 de mayo de 1945, las potencias aliadas hubieran dejado en el poder a los ministros nazis, Göring o Himmler, ni a Stalin ni a Truman, menos a Winston Churchill se les hubiera ocurrido tremendo disparate porque sabían que todos los ministros del dictador Hitler eran culpables de todas las perversidades cometidas, incluyendo ese agujero negro de la humanidad que representa el Holocausto.

La decisión de Trump de dejar en el poder a Rodríguez, como en libertad al hermano de Rodríguez –actual Presidente del ilegal parlamento chavista– como a Cabello y Padrino, es un error porque los cuatro dirigentes chavistas antes mencionados son cómplices de todas las perversidades cometidas por el derrocado dictador y ellos se merecen también un final en una fría celda en la cárcel en Nueva York. A modo de conclusión, manifestamos que el terremoto en Venezuela del 24 de junio del 2026 demuestra una vez, y a nivel mundial, el inmenso fracaso que es el chavismo tras 27 años de poder por lo que la oposición verdadera debe presionar a la administración Trump para que les obligue a un relevo institucional del poder.

ESTRATEGIA

En una entrevista concedida al medio colombiano Semana, Fujimori sostuvo que el combate a las organizaciones criminales será una de las prioridades de su gobierno, al considerar que la inseguridad se ha convertido en uno de los principales problemas que enfrenta el país.

Uno de los primeros componentes del plan será reforzar el control de las fronteras mediante la participación de las Fuerzas Armadas en operativos de rastrillaje y vigilancia, con el objetivo de impedir el ingreso y desplazamiento de organizaciones vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de armas y otros delitos transnacionales.

La mandataria electa también destacó la necesidad de fortalecer el intercambio de información de inteligencia con los países de Sudamérica, al señalar que el crimen organizado opera de manera transnacional y requiere una respuesta coordinada entre los gobiernos de la región.

En el ámbito judicial, anunció que promoverá modificaciones al Código Penal y al Código Procesal Penal para agilizar la administración de justicia. Entre las medidas planteadas figura la expansión de los juzgados de flagrancia a nivel nacional, al considerar que este modelo permite obtener sentencias con mayor rapidez en los casos de delitos cometidos en flagrancia.

Según indicó, la baja proporción de denuncias que culminan con una condena evidencia la necesidad de reformar el sistema de justicia para reducir los niveles de impunidad y fortalecer la capacidad del Estado para sancionar a quienes cometen delitos.

Otro de los anuncios fue la construcción de, al menos, cuatro nuevos establecimientos penitenciarios, incluido un penal de máxima seguridad destinado a internos considerados de alta peligrosidad. Fujimori precisó que estos proyectos serán ejecutados mediante licitaciones internacionales con el propósito de acelerar su construcción y tomar como referencia experiencias desarrolladas en países como El Salvador y Ecuador.

La presidenta electa recordó que ya había adelantado su intención de solicitar facultades legislativas al Congreso para implementar parte de estas reformas y reiteró que las Fuerzas Armadas también participarán en labores de apoyo a la Policía Nacional y al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en las zonas declaradas en emergencia.

En el plano internacional, expresó su interés en que el Perú forme parte de la iniciativa denominada Escudo de las Américas, promovida por Estados Unidos para fortalecer la cooperación regional frente al narcotráfico y los carteles criminales.

Finalmente, Fujimori afirmó que la lucha contra la delincuencia organizada demandará decisiones firmes y coordinación entre los poderes del Estado, con el objetivo de recuperar el orden, fortalecer la seguridad ciudadana y restablecer la confianza de la población en las instituciones encargadas de combatir el crimen.

En total, más de 817 mil peruanos serán seleccionados a nivel nacional para asumir esta responsabilidad, considerada fundamental para garantizar la transparencia y el correcto desarrollo de la jornada electoral. Los miembros de mesa estarán a cargo de instalar las mesas de sufragio, conducir el proceso de votación y realizar el conteo de votos al cierre de los comicios.

La ONPE informó que el sorteo se efectuará de manera pública, en cumplimiento del cronograma electoral establecido para las elecciones subnacionales.

En los comicios del 4 de octubre participarán 83 organizaciones políticas, cuyos candidatos buscarán ocupar 13 148 cargos en gobiernos regionales y municipalidades de todo el país.

Los ciudadanos elegirán a 25 gobernadores regionales, 25 vicegobernadores, 364 consejeros regionales, 196 alcaldes provinciales, 1 696 alcaldes distritales, además de 1 724 regidores provinciales y 9 118 regidores distritales.

La designación de los miembros de mesa constituye una de las etapas más importantes del proceso electoral, debido a que estos ciudadanos son responsables de garantizar el normal desarrollo de la votación y el escrutinio de los sufragios.

Con este procedimiento, la ONPE continúa ejecutando el cronograma previsto para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, uno de los procesos electorales más importantes del año, en el que millones de peruanos acudirán a las urnas para renovar las autoridades de gobiernos regionales, municipios provinciales y distritales en todo el territorio nacional.

La evaluación estará a cargo del Pleno de la JNJ, presidido por María Teresa Cabrera Vega, y se desarrollará desde las 11:00 horas en sesión pública en la sede institucional de San Isidro. Además, será transmitida en tiempo real a través de las plataformas oficiales del organismo.

Durante la entrevista, los integrantes del Pleno evaluarán diversos aspectos relacionados con la trayectoria profesional del postulante, su solvencia e idoneidad para el cargo, su proyección personal y los resultados obtenidos en las pruebas de confianza, que comprenden evaluaciones patrimoniales, socioeconómicas, psicológicas y psicométricas.

Para emitir su calificación, los miembros de la JNJ contarán con un expediente virtual que reúne la hoja de vida del candidato, los informes de las evaluaciones realizadas y demás documentación necesaria para sustentar la decisión.

Concluida la entrevista, el Pleno asignará el puntaje correspondiente y publicará los resultados, junto con la fundamentación de cada calificación, en el Boletín Oficial de la Magistratura (BOM).

Posteriormente, se elaborará el cuadro de méritos considerando el promedio obtenido por el postulante en todas las etapas del concurso. Finalmente, los integrantes de la Junta procederán a la votación para definir el nombramiento del nuevo jefe de la ONPE.

Según las normas del proceso, el candidato deberá obtener el respaldo de al menos dos tercios del número legal de miembros del Pleno de la JNJ para ser designado. En caso de no alcanzar esa votación, el concurso será declarado desierto.

Carlos Martín Eulalio Loyola Escajadillo participa nuevamente en el proceso luego de que la JNJ declarara fundado el recurso de reconsideración que presentó contra la resolución que inicialmente lo había excluido del concurso.

Con este procedimiento, la Junta Nacional de Justicia busca garantizar un proceso transparente y meritocrático para la elección de la máxima autoridad de la ONPE, institución responsable de organizar y supervisar los procesos electorales en el país.