La medida fue presentada el pasado 22 de mayo por la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad, instancia que investiga a Humala, al exsuboficial del Ejército Amílcar Gómez y a otros tres militares por los presuntos delitos de homicidio calificado y desaparición forzada.

De acuerdo con la tesis fiscal, los hechos ocurrieron cuando Ollanta Humala estuvo a cargo de la base militar de Madre Mía en el marco de la lucha contrasubversiva. La investigación comprende el presunto homicidio de Edgardo Isla Pérez y Nemer Acuña Silva, así como la desaparición forzada de Luis Alberto Izaguirre Prieto, Nelson Hoyos Sagástegui, Hermes Estela Vásquez y Yandel Leandro Zúñiga.

El Ministerio Público señaló que requiere más tiempo para concluir diversas diligencias pendientes consideradas necesarias para el esclarecimiento del caso. La solicitud también responde a que el plazo inicial de ocho meses de investigación preparatoria, declarado como proceso complejo, venció el pasado 24 de mayo.

El pedido será evaluado por el juez Jorge Chávez Tamariz durante una audiencia virtual programada para el lunes 1 de junio. En dicha sesión participarán representantes de la Fiscalía y las defensas de los investigados.

Actualmente, Ollanta Humala cumple una condena de 15 años de prisión en el penal de Barbadillo, ubicado en Ate, luego de haber sido sentenciado por el delito de lavado de activos relacionado con aportes ilícitos a sus campañas presidenciales.

El caso Madre Mía ha permanecido durante varios años en investigación y ha sido uno de los procesos judiciales más polémicos vinculados a presuntas violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en el Perú. La Fiscalía busca determinar responsabilidades penales sobre las denuncias de ejecuciones y desapariciones registradas en dicha base militar.

La decisión fue adoptada por el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, mediante una disposición emitida el pasado 30 de marzo, en la que concluyó que no existen indicios suficientes para formular una denuncia constitucional contra la exmandataria ante el Congreso de la República.

Boluarte era investigada por presuntamente haber simulado la autenticidad de su firma en normas oficiales emitidas entre el 29 de junio y el 9 de julio de 2023, periodo en el que supuestamente se encontraba imposibilitada físicamente debido a una intervención médica.

Sin embargo, tras las diligencias realizadas, la Fiscalía determinó técnicamente que las firmas consignadas en los documentos oficiales sí correspondían a la entonces presidenta de la República. En ese contexto, el Ministerio Público concluyó que no se acreditaron los elementos del delito de falsedad genérica contemplado en el artículo 438 del Código Penal.

“…No existen indicios reveladores que justifiquen promover una denuncia constitucional”, señala la resolución fiscal difundida por diversos medios nacionales.

La información fue dada a conocer públicamente por Juan Carlos Portugal, abogado de Dina Boluarte, quien sostuvo que la disposición fiscal confirma que la exmandataria actuó dentro del marco legal y respetando los principios de transparencia y probidad.

“El archivo reafirma que la presidenta actuó siempre dentro de los cánones éticos y de legalidad al servicio del país”, indicó el letrado a través de sus redes sociales.

Dina Boluarte asumió la Presidencia de la República el 7 de diciembre de 2022, luego de la vacancia de Pedro Castillo. Permaneció en el cargo hasta octubre de 2025, cuando fue vacada por el Congreso.

Pese al archivamiento de este caso, la exjefa de Estado continúa afrontando otras investigaciones fiscales relacionadas con presuntos delitos de lavado de activos y decisiones adoptadas durante su gestión gubernamental.

El debate técnico de la segunda vuelta presidencial desarrollado el 24 de mayo en la sede del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) permitió observar las propuestas de Fuerza Popular y Juntos por el Perú en temas clave como economía y salud. Sin embargo, más allá de los discursos y presentaciones elaboradas, el encuentro también dejó vacíos, contradicciones y promesas difíciles de ejecutar en un país golpeado por la informalidad, la precariedad institucional y la desconfianza ciudadana.

ENTRE PROMESAS Y REALIDADES:

Los equipos técnicos encabezados por Luis Carranza (economía) y José Recoba (salud) , por Fuerza Popular, y Pedro Francke (economía) y Hernando Cevallos (salud), por Juntos por el Perú, intentaron transmitir tranquilidad y solvencia. No obstante, varias de sus propuestas evidenciaron problemas estructurales que no pueden resolverse únicamente con anuncios o conceptos generales.

ECONOMÍA: EL MISMO MODELO, CON DISTINTOS MATICES

Uno de los aspectos más notorios del debate fue que ambos equipos evitaron posiciones extremas. Ni Fuerza Popular defendió abiertamente un modelo completamente liberal sin intervención estatal, ni Juntos por el Perú insistió en propuestas radicales que generen temor en los mercados. Aun así, las diferencias fueron evidentes.

Luis Carranza planteó que el camino para recuperar la economía pasa por fortalecer la inversión privada, reducir el déficit fiscal y generar estabilidad macroeconómica. Bajo el concepto de “capitalismo popular”, Fuerza Popular insiste en que el crecimiento económico llegará mediante confianza empresarial y dinamización del sector privado.

El problema es que ese discurso no resulta nuevo para los peruanos. Durante más de dos décadas, el país mantuvo precisamente ese modelo económico. Hubo crecimiento, estabilidad monetaria y expansión minera, pero también persistieron profundas desigualdades sociales, informalidad laboral y enormes brechas en salud y educación.

La gran debilidad del planteamiento de Fuerza Popular es asumir que el crecimiento económico, por sí solo, resolverá los problemas sociales. Esa teoría ya mostró limitaciones. Millones de peruanos continúan sobreviviendo en la informalidad pese a años de expansión macroeconómica. En regiones como Arequipa, donde existe fuerte actividad minera y exportadora, todavía hay zonas con servicios básicos deficientes y sistemas de salud colapsados.

Además, Carranza insistió en reducir el déficit fiscal hasta el 1 %, una meta que podría resultar difícil sin afectar inversión pública o programas sociales. El país enfrenta necesidades urgentes en infraestructura, salud y educación, por lo que aplicar una política excesivamente rígida podría terminar frenando la capacidad de respuesta del Estado.

Por el lado de Juntos por el Perú, Pedro Francke intentó enviar un mensaje moderado y evitar temores económicos. Descartó estatizaciones y aseguró que se respetará la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, su discurso también dejó interrogantes.

Aunque propuso empleo rápido, apoyo a mypes y mayor gasto social, no explicó con suficiente precisión cómo se financiarán varias de esas iniciativas sin generar presión fiscal o aumentar el endeudamiento. La propuesta de ampliar inversión estatal resulta atractiva en términos sociales, pero requiere una administración pública eficiente, algo que históricamente ha sido una debilidad del Estado peruano.

Existe además un riesgo evidente: aumentar el gasto sin resolver antes los problemas de corrupción y baja capacidad de ejecución podría terminar generando más burocracia sin mejoras reales para la población.

Francke defendió un mayor rol estatal, pero evitó profundizar sobre los límites de esa intervención. Y justamente allí aparece una de las principales dudas del sector empresarial y financiero: cuánto poder tendría el Estado en sectores estratégicos y cuál sería el impacto sobre las inversiones privadas.

EL EMPLEO: LA PROMESA QUE TODOS REPITEN

Tanto Fuerza Popular como Juntos por el Perú coincidieron en la necesidad de generar empleo, pero ninguno presentó una estrategia completamente clara para enfrentar el principal problema laboral del país: la informalidad.

Más del 70 % de trabajadores peruanos se encuentran en condición informal. Esa realidad no se resolverá únicamente con inversión privada ni con programas temporales de empleo estatal.

El discurso de Carranza prioriza atraer inversión para generar trabajo formal, pero no explica cómo incorporar a millones de pequeños comerciantes y trabajadores independientes que sobreviven fuera del sistema tributario y financiero.

En tanto, Francke apuesta por fortalecer a las mypes, pero tampoco detalló mecanismos concretos para evitar que muchas de ellas continúen atrapadas en la precariedad y baja productividad.

El debate dejó la sensación de que ambos equipos hablan de empleo, pero ninguno termina de enfrentar la verdadera magnitud del problema laboral peruano.

SALUD: PROPUESTAS NECESARIAS, PERO SIN GARANTÍAS

En salud ocurrió algo similar. José Recoba, representante de Fuerza Popular, apostó por fortalecer la telemedicina y mejorar infraestructura sanitaria. La propuesta resulta importante, especialmente en regiones alejadas donde faltan especialistas.

Sin embargo, la telemedicina no resolverá por sí sola la crisis sanitaria. Muchas zonas rurales carecen incluso de internet estable, equipamiento básico y personal médico permanente. Hablar de tecnología en un sistema donde numerosos puestos de salud no tienen medicamentos suficientes evidencia la enorme distancia entre el discurso técnico y la realidad cotidiana.

Recoba también planteó combatir la anemia y desnutrición mediante seguimiento casa por casa. Aunque la propuesta parece positiva, el Perú ya implementó programas similares durante años sin lograr resultados sostenidos. El problema no es únicamente identificar casos, sino garantizar alimentación adecuada, agua segura y atención continua.

Otro aspecto cuestionable fue el anuncio de financiar el sector Salud con recursos antes destinados a Petroperú. Más allá del impacto político de la propuesta, no quedó claro si esos recursos serían permanentes ni si alcanzarían para sostener las medidas anunciadas.

Por su parte, Hernando Cevallos presentó una visión más orientada al fortalecimiento del primer nivel de atención y al acceso universal a la salud. Su propuesta de mejorar centros de salud y ampliar atención preventiva responde a una necesidad evidente del país.

No obstante, nuevamente apareció el problema del financiamiento y la capacidad de ejecución. Implementar historia clínica electrónica nacional, ampliar cobertura de salud mental y mejorar salarios del personal médico requiere miles de millones de soles y una estructura administrativa eficiente.

El Estado peruano arrastra graves problemas de gestión sanitaria. Hospitales inconclusos, corrupción en compras públicas y falta de especialistas son parte de una crisis estructural que ningún candidato explicó cómo resolver de manera concreta.

MÁS MENSAJES POLÍTICOS QUE SOLUCIONES REALES

El debate técnico dejó claro que ambos equipos intentaron proyectar tranquilidad y moderación para captar votos del centro político. Sin embargo, muchas propuestas permanecieron en el terreno de las generalidades y los buenos deseos.

Fuerza Popular busca convencer de que el modelo económico debe mantenerse con algunos ajustes sociales. Juntos por el Perú intenta demostrar que puede ampliar el rol del Estado sin generar inestabilidad.

Pero el verdadero problema del Perú no solo pasa por elegir entre más mercado o más Estado. El gran desafío es construir instituciones eficientes, combatir la corrupción y ejecutar políticas públicas sostenibles.

A pocos días de la segunda vuelta, la ciudadanía todavía espera respuestas más concretas y menos discursos cuidadosamente calculados. Porque el país ya no enfrenta únicamente una crisis económica o sanitaria. También enfrenta una crisis de confianza en una clase política que durante años prometió soluciones que nunca terminaron de llegar.

El reto es para Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, candidatos presidenciales que debatirán el próximo 31 de mayo.

Los productores arroceros de Arequipa mantendrán sus medidas de protesta y evalúan radicalizar las movilizaciones en los próximos días, luego de rechazar la convocatoria del Gobierno a una reunión con gobernadores regionales y representantes agrarios. La presidenta de la Asociación de Productores de Arroz del Valle de Majes, Martha Ruelas Condori, sostuvo que los agricultores no participarán porque consideran que el Ejecutivo sigue sin atender los reclamos centrales del sector.

La dirigente afirmó que el malestar no responde a una demanda reciente, sino a una crisis advertida desde hace un año. Según Ruelas, los productores han sostenido hasta 27 reuniones y mesas técnicas sin resultados concretos, pese a que desde hace seis meses solicitan la declaratoria de emergencia del sector arrocero ante la caída de precios, la falta de compradores y la presión de las importaciones.

El Gobierno convocó a una reunión con autoridades regionales y delegados agrarios, con el objetivo de coordinar acciones frente al paro y recuperar la estabilidad en las regiones afectadas. Sin embargo, Ruelas cuestionó que la invitación no incluyera directamente a los representantes de Conarroz Perú, organización que —según dijo— agrupa a quienes sostienen la protesta en los valles productores.

En el caso de Arequipa, la dirigente advirtió que la región no fue considerada dentro de la convocatoria principal, pese al peso productivo de zonas como Majes, Camaná, Ocoña y el Valle de Tambo. También criticó la falta de mayor involucramiento del Gobierno Regional de Arequipa en la defensa de los agricultores, al señalar que la crisis requiere respaldo político y no solo reuniones técnicas.

Los arroceros exigen tres medidas inmediatas: el cierre temporal de importaciones de arroz, compras estatales directas y la declaratoria de emergencia del sector. Para los productores, el problema no se limita a una sobreoferta interna, sino a una competencia desigual con países como Uruguay y Brasil, donde —según el gremio— existen subsidios, mayores reservas y condiciones distintas de producción.

Ruelas sostuvo que el saco de arroz se vende actualmente alrededor de S/ 115, cuando los agricultores requieren al menos S/ 140 para cubrir costos de producción. Bajo ese cálculo, cada saco representaría una pérdida cercana a S/ 25 para el productor, mientras que el arroz importado y comercializado por intermediarios llega a precios mucho más altos en los mercados, sin beneficiar a quienes producen localmente.

El Ejecutivo ha informado que mantiene abiertos los canales de diálogo y que trabaja en acciones multisectoriales para atender la problemática arrocera. Entre sus medidas, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego reportó la colocación de arroz nacional en el mercado estatal y regional; sin embargo, los gremios consideran que esos anuncios son insuficientes frente al volumen de producción acumulada y la magnitud de la crisis.

Tras una reunión virtual con representantes arroceros de 11 regiones, los dirigentes acordaron no levantar la huelga indefinida. En Arequipa, la tregua inicial otorgada por algunos productores quedó debilitada luego de que no se concretaran acuerdos que respondan a sus demandas, por lo que ahora se evalúa reorganizar la protesta con mayor presencia de los valles del sur.

Una de las medidas en evaluación es concentrar a los productores en el puente de Ocoña, punto estratégico de conexión vial en la región. Según Ruelas, agricultores de Majes, Camaná y el Valle de Tambo podrían sumarse a una nueva jornada de movilización, con el objetivo de presionar al Ejecutivo y visibilizar que la crisis no afecta solo a una zona productora, sino a toda la cadena arrocera del sur.

El conflicto arrocero entra así en una etapa más crítica: el Gobierno insiste en el diálogo y los productores exigen decisiones políticas inmediatas. Mientras no se resuelva la comercialización del arroz nacional, el paro seguirá expresando una tensión mayor entre el campo y el Estado: producir ya no basta si el mercado no garantiza precios justos ni condiciones mínimas para sostener la agricultura peruana.

El hallazgo fue consignado en el Informe de Orientación de Oficio N.° 013-2026-OCI/0617-SOO, elaborado por el Órgano de Control Institucional (OCI) de Autodema tras revisar las resoluciones emitidas entre enero y mayo de 2026.

Según el informe, la entidad dejó de publicar diez resoluciones de Gerencia Ejecutiva y dos resoluciones de la Oficina de Administración, pese a que se encontraban vigentes. La Contraloría advirtió además inconsistencias en el correlativo de publicaciones, lo que evidencia vacíos en el registro oficial de documentos administrativos. El órgano de control sostuvo que esta situación “podría generar el riesgo de afectar los principios de transparencia y acceso a la información pública”, además de limitar el control ciudadano sobre las decisiones adoptadas por la entidad.

Todas las entidades estatales están obligadas a publicar información oficial en GOB.PE conforme a la Ley de Transparencia y las normas de Gobierno Digital. Pese a ello, Autodema mantuvo resoluciones fuera del portal estatal durante el periodo evaluado.

El órgano de control recomendó que el titular de la entidad adopte acciones correctivas y dispuso que Autodema informe, en un plazo máximo de cinco días hábiles, las medidas implementadas frente a las observaciones detectadas.

El Consejo Regional de Arequipa (CRA) solicitará una ampliación presupuestal al Gobierno Regional de Arequipa (GRA) tras advertir que el actual presupuesto destinado a fiscalización podría resultar insuficiente para sostener viajes de inspección, contratación de asesores y otras acciones de control durante lo que resta de 2026. La situación fue expuesta luego de que el consejo ejecutara cerca del 40 % de los recursos asignados para fiscalización en menos de la mitad del año.

Para 2026, el CRA recibió un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/2 millones 691 mil 005. Del total, S/1 millón 061 mil 495 fueron destinados a fiscalización, monto equivalente a poco más del 1 % del presupuesto institucional del GRA. Hasta la fecha, el consejo ejecutó S/661 mil 362.91 de recursos ordinarios, equivalente al 40,59 %, y devengó S/422 mil 500 del presupuesto de fiscalización, equivalente al 38,80 %. Según advirtieron durante la sesión, el ritmo de ejecución podría comprometer recursos previstos para los próximos meses, afectando principalmente la contratación de asesores y personal de apoyo.

Ante este escenario, Richar Quispe Gutiérrez, jefe de la Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, fue citado a una sesión extraordinaria para informar sobre la situación presupuestal del Legislativo regional. “Nosotros hacemos la asignación a inicios de año de acuerdo al plan de trabajo del CRA. (…) Si hubiera necesidad a futuro, vamos a asignar presupuesto de forma progresiva, previa evaluación. Somos conscientes de que los consejeros regionales cumplen una labor importante, pero debe hacerse una evaluación”, señaló.

Aunque la Ley 31812 establece que el financiamiento para la función fiscalizadora de los consejos regionales debe oscilar entre el 1 % y 2 % del presupuesto regional, el GRA asignó únicamente el mínimo permitido por la norma. Según los consejeros, esta situación genera restricciones para viajes de fiscalización e inspecciones en obras y proyectos ejecutados por la gestión regional.

Al respecto, Norma Ortega Valdivia, presidenta del CRA, sostuvo que el problema no radica en la ejecución presupuestal, sino en la distribución interna de partidas para sostener labores de campo y comisiones investigadoras. “Como parte de las acciones de fiscalización tenemos que ir a obras en Arequipa y provincias, acudir e inspeccionar los proyectos. Y eso requiere recursos para poder hacer nuestra labor de fiscalización. Varios consejeros se vieron afectados en sus labores de fiscalización. (…) Si nos hubieran asignado el 2 %, no estaríamos con esta dificultad”, afirmó.

Tras la reunión, el CRA acordó presentar una nueva solicitud de ampliación presupuestal al Ejecutivo regional con una proyección de gastos hasta fines de 2026. El pedido buscará reforzar partidas vinculadas a viáticos, combustible y contratación de asistentes y asesores para las labores de fiscalización.

El máximo órgano electoral proclamó los resultados de la elección de Presidente y Vicepresidentes de la República, con Resolución N° 1136-2026-JNE (El Peruano: 18/05/26), consigna las cantidades de sufragios válidos, en blanco, nulos, perdidos y ausentes, como las cifras de votos obtenidos por cada organización política participante de las Elecciones Generales del 12 de abril.

El Padrón Electoral, aprobado con Resolución N° 0744-2025-JNE, estableció el número de electores hábiles en 27 325 432; fueron a emitir su voto 20 167 745 ciudadanos, no votaron 7 157 687 peruanos; estos votos ausentes, son dos veces más la votación de Fuerza Popular y más de tres veces de la obtenida por Juntos por el Perú, siendo una y media veces más que la votación conjunta de los dos partidos políticos que pasaron a la segunda vuelta electoral.

El hecho evidente de, poco más de la cuarta parte del electorado no haya ejercido su derecho de elegir, debe investigarse: será abstencionismo expreso (decido no ir a votar), o por costo – beneficio, no voto (es más barato pagar la multa que gastar en pasajes para viajar hasta el lugar de votación), o por dificultades atribuibles a la ONPE cientos de electores se desanimaron de hacerlo. Es tarea del JNE, Universidades y organizaciones políticas investigar. y proponer alternativas, a fin, disminuya ostensiblemente, el “voto ausente”. ¿Podría ser implementando el voto electrónico?

De la lectura atenta de la Resolución N° 1136-2026-JNE, nos permite hablar del voto perdido (no se traduce en la elección de un partido político o candidato), se ha dado en los votantes de 29 agrupaciones partidarias que no pasaron la valla electoral; sumados son 3 766 933. Si se hubieran unido, habrían ganado la primera vuelta electoral, superado a Keiko Fujimori y a Roberto Sánchez. Deberían hacer un último esfuerzo y unirse en una nueva organización partidaria de centro democrático, y servir de contrapeso a los extremos de derecha e izquierda totalitarias; lamentablemente, sus dirigentes se creen mesías, este defecto dificulta puedan juntarse.

El 11.7% (2 372 895) votaron en blanco, más que Juntos por el Perú; y, el 5.2% (1 056 811) son votos nulos; ambos (blancos y nulos) por separado, pasaron la valla electoral (5%); sumado da 3 429 706 mucho más de la obtenida por la ganadora de la primera vuelta electoral; estos votos, también debe estudiarse, por cuanto, puede significar no estar de acuerdo con ninguna propuesta electoral; pero, a las finales, terminan favoreciendo a algunos partidos políticos, ayudándolos a pasar la valla electoral, y más a los ocupantes de los dos primeros lugares, a tener más parlamentarios de lo que les corresponde por la votación captada; consecuencia contraria al propósito de no querer favorecer a nadie.

Juntando los votos ausentes, perdidos, blancos y nulos, son 14 354 326 (no se van a sentir representados por los gobernantes electos), son más de la mitad del número de electores hábiles, superando a los 12 971 106 votos útiles pertenecientes a los siete partidos políticos que pasaron la valla electoral y consiguieron representación en el Parlamento Bicameral: Fuerza Popular; Juntos por el Perú; Renovación Popular; Buen Gobierno; Obras; País para todos; y Ahora Nación.

¿Qué hacer para que más de la mitad de peruanos se sientan representados por los poderes del Estado de elección popular? No sólo se debe hablar de votos blancos y nulos, también hacer mención del voto ausente y voto perdido. Asimismo, diseñar planes propiciadores de mayor y activa participación ciudadana para el fortalecimiento de la democracia cualitativa efectiva.

La designación principal recayó en Esaú Adolfo Delgado Núñez, quien desde la fecha se desempeñará como el nuevo presidente del directorio de la institución benéfica. Su nombramiento busca renovar las estrategias de gestión interna y optimizar la administración de los recursos destinados al apoyo social directo.

Por su parte, Claudia Angelique Riveros Huamán asumió oficialmente las funciones del cargo de gerenta general dentro de la misma estructura orgánica. La funcionaria técnica será la encargada de coordinar las operaciones cotidianas y supervisar el cumplimiento de las metas proyectadas para este año.

Durante el desarrollo de la actividad protocolar, el flamante presidente del directorio dirigió sus primeras palabras de agradecimiento a los asistentes. En su discurso inaugural, el directivo enfatizó la necesidad urgente de fortalecer el trabajo institucional colectivo para responder a las demandas ciudadanas.

Delgado Núñez destacó que el compromiso y el desempeño óptimo de todo el personal humano resultan piezas fundamentales en el nuevo esquema.

Según sus declaraciones, la labor de los trabajadores administrativos debe alinearse estrictamente con la protección integral de la población local más vulnerable.

Asimismo, la nueva autoridad del directorio señaló de manera clara que la gestión entrante estará enfocada en la obtención de resultados sumamente concretos. Este enfoque de evaluación por objetivos se aplicará de forma rigurosa en cada una de las áreas y programas especializados vigentes.

“Más que esfuerzos, esta institución requiere resultados que permitan continuar brindando atención y servicios de calidad a quienes más lo necesitan”, sostuvo firmemente la autoridad máxima ante el auditorio de trabajadores presentes en el recinto.

Los lineamientos presentados por la directiva entrante buscan agilizar los procesos internos de los programas productivos que sostienen económicamente a la organización. Con estas medidas técnicas, se pretende elevar la recaudación interna y asegurar el financiamiento autónomo de las casas de refugio locales.

La ceremonia institucional se desarrolló bajo un ambiente de marcada integración, camaradería y un renovado sentido de responsabilidad social compartida.

Los equipos técnicos de las distintas áreas operativas aprovecharon el espacio para dialogar brevemente sobre los retos logísticos inmediatos que afronta la Beneficencia.
El acto protocolar concluyó reafirmando el objetivo central de continuar impulsando de manera decidida diversas acciones sociales y productivas de alto impacto.

Las nuevas autoridades cerraron la jornada comprometiéndose a trabajar de manera transparente y articulada en favor del bienestar de toda la comunidad arequipeña.

La Municipalidad Provincial de Arequipa y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento suscribieron un pacto orientado a fortalecer la gestión del riesgo de desastres y la resiliencia urbana en ciudades del sur del país. El acuerdo, firmado por la alcaldesa Ruccy Osco y el viceministro Luis Hernán Contreras, permitirá impulsar asistencia técnica, capacitación especializada y herramientas de planificación preventiva para que los gobiernos locales respondan con mayor eficacia ante sismos, lluvias intensas, inundaciones, deslizamientos y otros peligros naturales.

La firma se realizó durante la inauguración del Seminario Macrorregional “Gestión del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático”. El encuentro reúne a funcionarios y equipos técnicos de Arequipa, Cusco, Tacna, Puno y Moquegua, con el objetivo de pasar de una lógica reactiva frente a las emergencias a una política pública basada en prevención, reducción de vulnerabilidades y protección de la vida de la población.

El valor del pacto radica en que abre una ruta de trabajo articulado entre el Gobierno central y los municipios del sur, especialmente en territorios expuestos a fenómenos recurrentes y con brechas en infraestructura urbana. La iniciativa busca que las comunas cuenten con criterios técnicos para identificar zonas de riesgo, ordenar el crecimiento de las ciudades, formular proyectos preventivos y mejorar sus capacidades de respuesta antes de que ocurra una emergencia.

Durante el seminario, especialistas nacionales e internacionales abordan temas vinculados a adaptación al cambio climático, inversión pública, desarrollo científico, financiamiento de intervenciones de emergencia y metodologías de preparación comunitaria. La agenda incluye también la revisión de experiencias aplicadas a ciudades vulnerables, con énfasis en la necesidad de que la información técnica se convierta en decisiones concretas de gestión territorial.

Uno de los componentes más relevantes del encuentro es la exhibición tecnológica permanente, donde se presenta el uso de herramientas digitales, imágenes satelitales, drones y plataformas geoespaciales para monitorear riesgos, mapear amenazas y mejorar la seguridad urbana. Estos recursos pueden ayudar a los gobiernos locales a tomar decisiones más precisas, especialmente en zonas donde la expansión urbana, la ocupación informal o la falta de mantenimiento incrementan el peligro para la población.

En una segunda parte, se busca profundizar en el uso de la plataforma GEO APP, así como en mecanismos de financiamiento para proyectos de emergencia y enfoques preventivos como la metodología japonesa BOSAI. Además, los asistentes participarán en el Simulacro Nacional Multipeligro, como parte de una agenda que busca vincular la formación técnica con acciones prácticas de preparación ciudadana e institucional.

El pacto firmado en Arequipa deja un mensaje de fondo: la gestión del riesgo no puede seguir siendo una respuesta posterior al desastre, sino una obligación permanente de planificación pública. En una macrorregión expuesta a sismos, lluvias, huaicos y efectos del cambio climático, fortalecer municipios, usar tecnología y anticipar decisiones puede marcar la diferencia entre una emergencia controlada y una tragedia evitable.

PARA AGILIZAR INGRESO DE MIEMBROS DE MESA

El anuncio fue realizado por el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, durante la supervisión del despliegue del material electoral hacia diferentes regiones del país. En la actividad también participaron representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Según explicó el funcionario, la apertura anticipada permitirá instalar las mesas de sufragio con mayor rapidez y reducir posibles retrasos al inicio de la jornada electoral en los centros de votación habilitados para la contienda entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

“El plan es abrir las puertas de los locales de votación a las 6 de la mañana para que ingresen los miembros de mesa, electores, personeros, prensa y todo aquel acreditado ante el Jurado Nacional de Elecciones, para girar la rueda electoral lo más rápido posible”, sostuvo Pachas.

La ONPE también precisó que el despliegue logístico del material electoral comenzará el viernes 5 de junio desde Lima, a partir de las 10:00 de la noche. La institución prevé culminar la distribución hasta la 1:00 de la tarde del sábado 6 de junio, con la finalidad de garantizar que todo el material llegue oportunamente a los locales de votación del país.

En ese contexto, el jefe interino de la ONPE exhortó a las instituciones educativas privadas que funcionarán como centros electorales a entregar sus instalaciones desde el viernes, a fin de facilitar el ingreso de las Fuerzas Armadas y el acondicionamiento de los espacios destinados al sufragio.

Asimismo, la entidad expresó preocupación por el posible impacto de las protestas agrarias y bloqueos de vías anunciados en algunas regiones, debido a que podrían afectar el traslado del material electoral.

Frente a ello, Pachas pidió facilidades para garantizar el paso de los vehículos encargados del transporte y aseguró que la ONPE coordina permanentemente con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para reforzar la seguridad del proceso electoral.

La segunda vuelta presidencial se realizará el domingo 7 de junio en todo el país y definirá al próximo presidente de la República para el período 2026-2031.