A través de sus redes sociales, la mandataria destacó la rápida intervención de los agentes policiales y expresó sus condolencias y solidaridad con los familiares de las víctimas, quienes perdieron la vida durante la madrugada del último domingo en la ciudad de Trujillo.

“Mi reconocimiento a nuestra Policía por su rápida y firme respuesta en este caso. Cuatro presuntos implicados en este repudiable crimen fueron capturados y el ciudadano que permanecía secuestrado fue liberado”, señaló Fujimori.

La jefa de Estado sostuvo además que el Gobierno no dará tregua a la delincuencia y que responderá con firmeza frente a los hechos criminales que afectan a la población.

El pronunciamiento se produjo luego del operativo desplegado por la PNP en diferentes puntos de Trujillo, donde los agentes lograron ubicar y liberar sano y salvo al empresario minero Jenss Lara Tantaquilla, quien se encontraba retenido por sus captores.

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía, la intervención también permitió detener a personas presuntamente involucradas en el secuestro y en el asesinato de cuatro ciudadanos registrado en la madrugada del domingo.

Las acciones policiales se desarrollaron como parte de las investigaciones destinadas a esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron ambos hechos y determinar las responsabilidades de los detenidos. Los intervenidos deberán ser puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con las diligencias correspondientes.

El caso ha generado preocupación por la violencia registrada en Trujillo y ha puesto nuevamente en el centro del debate la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.

La presidenta Fujimori reiteró el compromiso de su administración de enfrentar estos hechos con firmeza y respaldó la actuación de la PNP, mientras continúan las investigaciones para identificar a todos los responsables del crimen y del secuestro.

La Policía Nacional mantiene las diligencias para esclarecer completamente lo ocurrido y determinar la participación que habría tenido cada uno de los detenidos en los hechos investigados.

El pedido fue presentado mediante una moción de orden del día impulsada por la diputada Catherin Palomino Casavilca. El documento plantea que los tres integrantes del Gabinete expongan ante el Parlamento las medidas adoptadas para enfrentar el avance de delitos como la extorsión, el sicariato y los homicidios.

La iniciativa toma como referencia hechos recientes ocurridos en Trujillo, donde cuatro personas fueron asesinadas y un empresario minero permaneció secuestrado por un grupo de delincuentes que habría simulado una intervención policial. La bancada también menciona el asesinato de Betsy Rosa Mallma Sarmiento, dirigente de una olla común de San Juan de Miraflores, quien fue atacada a balazos frente a sus hijas.

Según JP, estos casos evidencian el nivel de organización y capacidad operativa alcanzado por las estructuras criminales, por lo que considera insuficientes las medidas aisladas o limitadas a determinadas zonas.

La moción plantea que el Ejecutivo presente una estrategia nacional articulada y financiada que incluya prevención, inteligencia, investigación criminal, control territorial y penitenciario, persecución del financiamiento ilícito, protección de las víctimas y mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas.

En ese sentido, se solicita al premier informar sobre la conducción y articulación de la respuesta general del Gobierno frente a la inseguridad. Al ministro del Interior se le pide explicar la estrategia policial, operativa y de inteligencia, mientras que el titular de Defensa deberá informar sobre los alcances y protocolos para la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía Nacional.

La bancada solicitó al presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, convocar, una vez aprobada la moción, a una sesión plenaria extraordinaria para recibir a las autoridades.

Paralelamente, las bancadas de Renovación Popular y Ahora Nación exigieron la renuncia del comandante general de la PNP, Óscar Arriola, cuestionando su conducción frente al avance del crimen organizado. Ambas agrupaciones sostienen que se requieren cambios en el mando policial y acciones inmediatas para recuperar el orden y garantizar la seguridad ciudadana.

La decisión busca acelerar el análisis de la propuesta y permitirá al grupo de trabajo convocar las sesiones que sean necesarias para revisar el contenido y los alcances del pedido. Asimismo, se prevé recibir a representantes del Poder Ejecutivo y ministros vinculados con las materias incluidas en la solicitud.

La propuesta para declarar la sesión permanente fue planteada por el diputado Frank Krklec Torres, de Renovación Popular, y recibió el respaldo de la diputada Cecilia Chacón de Vettori, de Fuerza Popular.

Krklec sostuvo que la comisión debe priorizar el estudio del pedido de facultades con el objetivo de elaborar un dictamen en el menor tiempo posible. Consideró necesario que el Parlamento revise con celeridad las materias sobre las cuales el Ejecutivo busca obtener atribuciones legislativas.

Por su parte, Chacón señaló que la decisión permitirá facilitar las convocatorias durante el proceso de evaluación. “Esto permitirá que se pueda citar, en el momento que se estime conveniente, tanto a los miembros de la comisión como a los señores ministros”, manifestó durante la sesión.

Los integrantes de la comisión coincidieron en que la solicitud de delegación de facultades debe ser sometida a una evaluación técnica y parlamentaria, con el propósito de determinar con precisión las materias que serán analizadas y establecer los alcances de una eventual autorización.

La comisión también abordó otros asuntos vinculados con el funcionamiento del nuevo Parlamento bicameral. Durante la sesión, su presidenta, Giannina Avendaño, informó que la Mesa Directiva del grupo de trabajo elaborará una propuesta de reglamento para regular el funcionamiento de las ligas parlamentarias.

La legisladora explicó que se han recibido alrededor de 70 pedidos relacionados con la incorporación y conformación de estas agrupaciones, por lo que consideró necesario establecer criterios y procedimientos que permitan ordenar su funcionamiento.

Avendaño señaló que, ante el nuevo escenario de un Congreso bicameral, también deberá analizarse la posibilidad de crear ligas parlamentarias de carácter bicameral, además de mecanismos de coordinación entre la Cámara de Diputados y el Senado.

Finalmente, informó que en la próxima sesión ordinaria se presentará el Plan de Trabajo de la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores, documento que será sometido a consideración y aprobación de sus integrantes.

La declaración de sesión permanente permitirá a la comisión concentrar sus esfuerzos en el análisis del pedido del Ejecutivo y avanzar hacia la elaboración del correspondiente dictamen.

El nuevo Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) de Arequipa recién llegaría al pleno del Concejo Provincial durante la segunda quincena de septiembre. La regidora Ingrid Carpio explicó que el expediente no podía ser debatido porque el directorio del IMPLA todavía no había entregado una matriz técnica indispensable para su revisión.

La matriz debía detallar las observaciones recibidas durante la consulta pública, las respuestas formuladas por el equipo técnico y los cambios incorporados en la propuesta final. Este documento permitiría conocer qué pedidos fueron aceptados o rechazados y cuál fue el sustento utilizado para modificar la zonificación metropolitana.

Carpio indicó que los regidores ya habían recibido el producto final mediante canales digitales, entre ellos WhatsApp, y que también disponían de copias en la sala de regidores. Sin embargo, aclaró que esa entrega no completó el procedimiento ni permitió incorporar inmediatamente el PDM en la agenda del Concejo Provincial.

La concejal estimó que el debate podría comenzar desde mediados de septiembre si el directorio entregaba la matriz durante los primeros días del mes. No obstante, la gerente del IMPLA, Patricia Muñoz Medina, había proyectado que la revisión y socialización concluirían hacia finales de septiembre, por lo que todavía no existía una fecha definitiva.

El expediente fue remitido el 31 de julio a la Alcaldía Provincial, al directorio del IMPLA y al Ministerio de Vivienda. El documento estaba compuesto por más de 30 archivadores, alrededor de 15 mil páginas y la evaluación de más de 1850 observaciones presentadas por ciudadanos, instituciones, municipios y organizaciones sociales.

La consulta pública comenzó el 13 de octubre de 2025 y fue ampliada hasta el 11 de diciembre del mismo año. Durante ese periodo, la Municipalidad Provincial desarrolló audiencias agrupadas por distritos y difundió seis volúmenes, planos y anexos mediante plataformas digitales y códigos QR.

El PDM establecería durante las próximas dos décadas dónde podría expandirse la ciudad y qué terrenos conservarían usos agrícolas, residenciales, comerciales o industriales. La propuesta comprendió 51 mil 854 hectáreas distribuidas en 21 distritos del área metropolitana de Arequipa.

El equipo técnico propuso que cerca del 60 % del territorio tuviera clasificación urbana y el 40 % mantuviera condición agrícola. Carpio señaló que también se revisaron sectores expuestos a peligros naturales y mencionó como referencia terrenos cercanos al colegio Lord Byron, cuya zonificación debía garantizar la seguridad de sus ocupantes.

La regidora cuestionó, además, los cambios producidos en la conducción del directorio del IMPLA. Según su versión, un integrante asumió la presidencia después de una renuncia sin que se realizara una elección interna. También descartó que el documento incluyera una “zona rosa”, versión que la gerencia del instituto calificó como falsa.

Antes de llegar al pleno, el PDM debía recibir el respaldo técnico del directorio del IMPLA y la opinión no vinculante del Ministerio de Vivienda. Solo después correspondería la votación individual de los regidores, decisión que definirá el crecimiento urbano, la protección agrícola y la ocupación segura del territorio arequipeño durante los próximos 20 años.

La salida de Manchego Mendoza fue establecida mediante la Resolución Ejecutiva Regional N.° 417-2026-GRA/GR, emitida el 28 de agosto y suscrita por Rohel Sánchez, gobernador regional de Arequipa. La funcionaria asumió el cargo el 6 de enero, tras su designación mediante la Resolución Ejecutiva Regional N.° 001-2026-GRA/GR. El documento dispone el término de sus funciones con fecha 28 de agosto y expresa el agradecimiento institucional por los servicios prestados por menos de ocho meses.

Mientras que Yana Motta asumió la titularidad de la GRVCS desde el 29 de agosto, en el nivel remunerativo F-5. Desde 2020, el funcionario se desempleo como subgerente de Construcción y Saneamiento de la GRVCS. Asimismo, entre 2011 y 2012, ejerció el cargo de Gerente Regional de Transportes y Comunicaciones. De acuerdo con la resolución, la Oficina de Gestión de Recursos Humanos (OGRH) evaluó favorablemente su perfil para ocupar el cargo, sustentado en el Informe N.° 2661-2026-GRA/OGRH. 

Con este relevo, Yana Motta queda al frente de la GRVCS, una dependencia que tiene entre sus funciones la conducción de las políticas regionales en materia de vivienda, construcción y saneamiento. Tanto Manchego Mendoza como el nuevo funcionario deberán presentar sus declaraciones juradas de Ingresos, Bienes y Rentas y de Intereses dentro de los 15 días hábiles establecidos por la resolución.

Aunque aún no fue publicada en el portal de normas y documentos legales del GRA, la Gerencia Regional de Agricultura (GRAG) también experimentaría un cambio de titularidad. Helard Ubaldo Nina Pachauri, quien fue designado mediante la Resolución Ejecutiva Regional N.° 157-2025-GRA/GR, del 1 de abril de 2025, sería reemplazado por Alonzo Jesús Manrique Zeballos, quien anteriormente se desempeñó como residente del proyecto de Catastro y Titulación de la GRAG.

Se espera que en las próximas horas se publique la resolución que oficialice el relevo. De concretarse, el cambio se sumaría al registrado en la GRVCS y marcaría un nuevo movimiento en los cargos de confianza del Gobierno Regional de Arequipa a pocos meses del término de la actual gestión.

CRITICAN A AMALIA PALOMINO

Mediante un pronunciamiento fechado el 29 de agosto, los médicos señalaron que no se oponen a las acciones de fiscalización del Congreso ni a iniciativas destinadas a identificar y solucionar deficiencias del sistema de salud. Sin embargo, cuestionaron que estas prerrogativas sean utilizadas, según indicaron, para generar un “espectáculo político” que termine afectando a los trabajadores y la imagen de la institución.

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la privacidad y los derechos de los pacientes. El gremio médico sostuvo que durante la intervención se habría vulnerado la confidencialidad de personas hospitalizadas, protegida por la Constitución y el acto médico.

En particular, rechazaron la exposición de un paciente en estado crítico de shock trauma, cuya imagen habría sido difundida mientras permanecía en una unidad de atención especializada. Los médicos calificaron este hecho como una vulneración de la dignidad y privacidad del paciente, al señalar que no se habría contado con su consentimiento.

El pronunciamiento también cuestiona acciones que, según el Cuerpo Médico, pusieron en riesgo la seguridad de los pacientes. Señalaron que se habría intentado ingresar a áreas estériles, como las salas de operaciones, además de cuestionar que médicos cirujanos y traumatólogos fueran convocados a abandonar intervenciones quirúrgicas para atender una presunta auditoría.

Para el gremio, estas acciones generaron un riesgo innecesario para personas que se encontraban en procedimientos médicos y evidenciaron un desconocimiento de la dinámica hospitalaria.

Asimismo, rechazaron las exigencias dirigidas al personal de guardia y defendieron la labor de los especialistas que atienden pacientes en situaciones críticas. Recordaron que las emergencias requieren prioridad y que los trabajadores también tienen necesidades básicas durante extensas jornadas, por lo que consideraron injustificado exigir su retiro inmediato del hospital bajo determinadas circunstancias.

Finalmente, el Cuerpo Médico pidió que los esfuerzos de fiscalización se orienten a resolver los problemas estructurales del sistema sanitario. Entre ellos mencionaron la falta de medicamentos, insuficiencia de material quirúrgico, renovación y mantenimiento de equipos médicos y déficit de especialistas.

Los médicos remarcaron que responsabilizar a los trabajadores de salud por las deficiencias institucionales no solucionará la crisis sanitaria y reafirmaron su compromiso con la vida, la salud de los pacientes y la defensa de la dignidad profesional.

Este medio intentó comunicarse con la diputada de Juntos por el Perú, no obtuvo respuesta. Sin embargo, ella difundió en sus redes sociales un video de su labor de fiscalización en la seguridad social.

La medida fue adoptada por el magistrado José Antonio Dias Toffoli, ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil, y alcanza información extraída de los sistemas Drousys y My Web Day B, utilizados por Odebrecht y que fueron incorporados como elementos de investigación en diversos procesos de corrupción, entre ellos el caso relacionado con la carretera Interoceánica.

Carrión sostuvo que la resolución debe seguir un procedimiento antes de que pueda ser considerada por los jueces peruanos. Explicó que existe un trámite denominado exequátur, mediante el cual la justicia nacional valida formalmente una decisión extranjera para que pueda producir efectos en el país.

Solo después de este procedimiento, indicó, corresponderá al órgano jurisdiccional peruano determinar si alguna de las pruebas mencionadas en la resolución brasileña debe ser excluida del proceso contra Toledo.

La exprocuradora remarcó que existe soberanía jurisdiccional y que los magistrados peruanos deben aplicar las normas procesales nacionales. En ese sentido, consideró posible que una prueba remitida desde Brasil continúe siendo válida en el Perú si su incorporación al proceso nacional se realizó respetando los procedimientos legales correspondientes.

Carrión también recordó que existe un antecedente relacionado con el caso del expresidente Ollanta Humala, en el que la justicia peruana no tomó en consideración una decisión de Brasil, entre otras razones, porque no habría sido notificada correctamente.

La especialista advirtió, además, que todavía debe conocerse con precisión el contenido y alcance de la resolución de Toffoli, así como cuáles documentos específicos quedarían afectados por la cuestionada cadena de custodia.

El caso será finalmente evaluado por la justicia peruana, que deberá determinar qué elementos probatorios mantienen validez dentro del proceso judicial seguido contra el exmandatario.

La ONPE precisó que las solicitudes pueden presentarse de manera presencial en las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), mediante su mesa de partes virtual o a través de la plataforma habilitada para excusas y justificaciones. En todos los casos, el ciudadano deberá adjuntar la documentación que sustente la causal invocada.

Entre las razones contempladas se encuentra haber cumplido 65 años, ser gestante o estar en periodo de lactancia de un menor de hasta dos años, encontrarse fuera del país o tener previsto ausentarse del territorio nacional. También pueden solicitar excusa quienes presenten un impedimento físico o mental grave o notorio.

La normativa considera además diversos impedimentos relacionados con determinadas funciones o vínculos familiares. Por ejemplo, quienes tengan parentesco con otro miembro de la misma mesa, integrantes activos de las Fuerzas Armadas o la Policía que cumplan labores electorales, bomberos voluntarios y funcionarios de los organismos electorales.

También están comprendidos fiscales del Ministerio Público que desarrollen funciones vinculadas con delitos electorales, funcionarios de la Defensoría del Pueblo encargados de supervisión electoral, autoridades políticas y representantes elegidos por voto popular.

En Arequipa, donde miles de ciudadanos participarán en los comicios del 4 de octubre, los electores pueden verificar si fueron designados como miembros de mesa mediante la plataforma habilitada por la ONPE. El sistema permite conocer el cargo asignado —presidente, secretario o tercer miembro—, número de mesa y orden de votación, además del distrito, provincia y región.

La ONPE también informó que desde el 5 de septiembre hasta el 3 de octubre estará disponible la capacitación para los miembros de mesa. La preparación será clave para garantizar una jornada electoral ordenada y reducir errores durante la instalación, votación y escrutinio.

PLANTEA AMPLIO PAQUETE CONTRA EL DELITO

Una de las propuestas que genera mayor atención plantea crear un marco legal que permita calificar como organizaciones terroristas a determinadas organizaciones criminales, así como establecer mecanismos para su clasificación y registro. La iniciativa forma parte de un paquete de 66 solicitudes distribuidas en ocho materias.

En seguridad, el Ejecutivo plantea modificaciones al Código Penal, Nuevo Código Procesal Penal, Código de Ejecución Penal y Código Penal Militar Policial, con el objetivo de fortalecer la prevención, investigación, juzgamiento y sanción de delitos vinculados con organizaciones criminales y mercados ilícitos.

El proyecto también propone cambios en las normas de control migratorio, permanencia regular y nacionalización, bajo el argumento de promover una migración ordenada, segura y regular.

Otro eje está relacionado con las comunicaciones. Se plantea fortalecer el rastreo, localización, geolocalización y trazabilidad de líneas telefónicas, además del bloqueo de equipos móviles utilizados en actividades ilícitas. Las medidas incluyen mecanismos para impedir comunicaciones ilegales desde penales y centros juveniles.

El Ejecutivo también propone modificar las normas sobre armas de fuego, municiones, explosivos y productos pirotécnicos de uso civil, reforzando su control, fiscalización y trazabilidad.

En materia penitenciaria, la iniciativa contempla la participación excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad externa y apoyo operativo dentro de los establecimientos penitenciarios.

Asimismo, se plantean medidas para fortalecer la reinserción social de adolescentes en conflicto con la ley penal y programas de seguimiento posteriores a su egreso.

El paquete incluye además la creación de un régimen de libertad vigilada postpenitenciaria para personas condenadas por delitos considerados de alta peligrosidad, acompañado de un registro para supervisar su cumplimiento y reducir la reincidencia.

El Gobierno propone modificar normas contra la extorsión y el sicariato, así como disposiciones relacionadas con delitos informáticos y otras modalidades delictivas.

También busca modificar el Decreto Legislativo N.° 1095 para fortalecer las reglas sobre el empleo y uso de la fuerza de las Fuerzas Armadas cuando actúen en apoyo de la Policía frente a amenazas contra el Estado de derecho, la seguridad ciudadana y el orden interno.

Finalmente, se plantea establecer un marco legal para el ejercicio de la legítima defensa. La propuesta contempla una presunción de inocencia respecto a la racionalidad de la respuesta frente a una agresión, la cual solo podría ser desvirtuada mediante una motivación judicial cualificada.

El conjunto de reformas deberá ser evaluado por el Congreso como parte del pedido de facultades legislativas por 120 días.

En declaraciones a TV Perú Noticias, Belaunde explicó que actualmente esta denominación se aplica a los remanentes de Sendero Luminoso que operan en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), así como a disidencias de las FARC ubicadas en la zona del Putumayo.

El ministro sostuvo que el escenario de inseguridad ha cambiado debido a la presencia de organizaciones criminales transnacionales, entre ellas El Tren de Aragua y Los Gallegos. Por ello, consideró necesario actualizar los criterios que permitan calificar a determinadas agrupaciones como grupos hostiles.

Según Belaunde, esta modificación permitiría que las Fuerzas Armadas empleen inteligencia militar, desarrollen operaciones especiales y realicen intervenciones contra organizaciones que cuenten con una elevada capacidad de fuego. Afirmó que el Estado debe tener herramientas para responder frente a grupos que utilizan armas de guerra contra la población.

El titular de Defensa también planteó una mayor participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad externa de los establecimientos penitenciarios. Entre las propuestas figura la instalación de retenes militares en los accesos de los penales, equipados con escáneres corporales y detectores de metales.

La finalidad sería impedir el ingreso de celulares, chips y otros objetos prohibidos que pueden facilitar delitos como la extorsión desde los centros penitenciarios.

Estas medidas forman parte del proyecto de delegación de facultades en materia de seguridad. Uno de sus puntos propone regular la participación excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas en la seguridad externa y apoyo operativo a los penales.

Asimismo, se plantea modificar el Decreto Legislativo 1095 para fortalecer las reglas de empleo y uso de la fuerza de las Fuerzas Armadas cuando actúen en apoyo de la Policía Nacional frente a amenazas contra la seguridad ciudadana y el orden interno, dentro del marco constitucional.