SEGÚN EL SENAMHI

Entre las zonas que ya reportan impactos en la actividad ganadera figuran Paras, en Ayacucho; Ocongate, en Cusco; Calacoa, en Moquegua; y localidades de Puno como Huancané, Mañazo, El Collao y Santa Lucía. En estos sectores se ha registrado la muerte de crías, debilitamiento de animales adultos y algunos problemas sanitarios, relacionados con las temperaturas extremas y la menor disponibilidad de pastizales propia de esta época.

El SENAMHI alertó que esta situación podría intensificarse debido al incremento de los vientos y la presencia de nevadas. Estos fenómenos pueden acelerar la pérdida de calor corporal de los animales y generar mayores riesgos para los ejemplares más vulnerables, entre ellos las crías, hembras adultas y alpacas preñadas.

RIESGO EN ZONAS ALTAS

La eventual presencia de nieve también podría reducir las horas de pastoreo y dificultar el acceso al alimento en las zonas ganaderas altoandinas de Junín, Cusco, Arequipa y Puno. La reducción de pastos disponibles, sumada al frío intenso, puede comprometer la condición física de los animales y elevar su vulnerabilidad frente a enfermedades.

En Arequipa, donde numerosas familias de las zonas altas dependen de la crianza de alpacas, llamas y ovinos, el escenario exige especial vigilancia. La protección de las crías y hembras gestantes resulta fundamental ante la disminución de temperaturas y la eventual acumulación de nieve.

En el sector agrícola, el panorama presenta algunos efectos favorables. Las lluvias previstas podrían incrementar la humedad del suelo y facilitar las primeras labores de preparación de terrenos y siembra de la campaña agrícola 2026-2027. Asimismo, estas precipitaciones podrían favorecer el desarrollo de cultivos correspondientes a la campaña chica en los valles interandinos.

Sin embargo, el SENAMHI recomendó mantener la prevención debido a la posibilidad de granizadas, heladas y vientos fuertes, fenómenos que podrían ocasionar daños en cultivos ya establecidos.

Ante este escenario, se aconseja a los productores ganaderos trasladar, cuando sea posible, a los animales más vulnerables hacia lugares secos y protegidos del viento, lluvia y nieve. También se debe garantizar suficiente forraje y agua, además de realizar una vigilancia diaria del estado sanitario del ganado.

Para los agricultores, la recomendación es proteger semillas, insumos y productos almacenados frente a la humedad y adoptar medidas preventivas ante lluvias intensas y granizadas, con especial atención en las áreas cultivadas.

El escenario planteó un movimiento sísmico localizado a 40 kilómetros al oeste de Mollendo, en la provincia de Islay. El reporte preliminar fue elaborado por la Gerencia Regional de Gestión del Riesgo de Desastres del Gobierno Regional de Arequipa.

En cuanto a infraestructura, se contabilizaron 712 viviendas destruidas y 1 144 declaradas inhabitables. La provincia de Arequipa concentró parte importante de los daños simulados, con 4 599 damnificados, 13 mil afectados, 37 fallecidos y 20 desaparecidos. Ante esta situación, se planteó la necesidad de solicitar una declaratoria de emergencia.

En Camaná se reportaron 377 damnificados, 11 fallecidos y 25 desaparecidos. Además, 31 viviendas fueron consideradas destruidas y 80 inhabitables. El ejercicio también contempló daños en canales, vías, puentes y áreas agrícolas, por lo que se dispuso el uso del estadio Raúl Gorriti como hospital de campaña.

Caravelí registró más de 1 700 damnificados, 2 500 afectados, 12 fallecidos y 10 desaparecidos. Asimismo, se simularon daños en 62 viviendas destruidas y 131 inhabitables, además de afectaciones en bocatomas, vías y dos instituciones educativas.

En Castilla se reportaron 131 damnificados, 433 afectados, tres fallecidos y dos desaparecidos. También se contabilizaron 18 viviendas destruidas y 31 inhabitables, junto con daños en canales, defensas ribereñas y cuatro puentes.

Caylloma registró 291 damnificados, 1 016 afectados, cinco fallecidos y dos desaparecidos, además de 65 viviendas destruidas y 131 inhabitables.

En Islay, provincia donde se ubicó el epicentro del escenario, se contabilizaron 230 damnificados y 21 fallecidos, así como 25 viviendas destruidas y 31 inhabitables. También se consideró un escenario de tsunami con olas de hasta cinco metros de altura.

Tras la evaluación, el gobernador regional Rohel Sánchez señaló que el ejercicio permitió evidenciar que, ante un desastre de esta magnitud, la capacidad de respuesta regional sería superada, por lo que correspondería solicitar una declaratoria de emergencia.

El simulacro permitió identificar las principales vulnerabilidades y la necesidad de fortalecer la preparación, coordinación y respuesta ante desastres.

EN 17 REGIONES

La situación alcanza a gobiernos locales de 17 regiones. Áncash concentra el mayor número, con 17 municipalidades distritales involucradas, seguida de San Martín y La Libertad, con 10 cada una. Arequipa figura también entre las regiones observadas, con ocho municipalidades que no registraron ejecución de los recursos destinados a prevención.

El reporte de control evidencia además un problema más amplio. Un total de 208 municipalidades presentaron una ejecución inferior al 40 % de su Presupuesto Institucional Modificado (PIM) asignado al Programa Presupuestal 0068, denominado “Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres”. De este grupo, 167 son municipalidades distritales y 41 provinciales.

La ejecución registrada en estas comunas se encuentra entre 0.01 % y 40 %, situación que, según la Contraloría, debe ser corregida oportunamente debido a los riesgos que podrían generar las lluvias intensas, desbordes, huaicos y otros eventos asociados a El Niño.

En el caso de las municipalidades distritales, Cajamarca concentra la mayor cantidad de comunas con baja ejecución, con 19, seguida de Piura con 18, Ayacucho con 15, Huancavelica con 13, Lambayeque con 12 y Huánuco con 11.

Respecto de los gobiernos regionales, la Contraloría emitió 22 informes de Orientación de Oficio. Nueve de ellos corresponden a gobiernos regionales que registraban una ejecución inferior al 40 % del Programa Presupuestal 0068: Áncash, Apurímac, Callao, Ica, La Libertad, Lima, Moquegua, Pasco y Tumbes.

Otros 13 gobiernos regionales —entre ellos Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lambayeque, Loreto, Piura, San Martín, Tacna y Madre de Dios— tienen al menos un distrito de su jurisdicción con una ejecución inferior al 40 %.

La advertencia también alcanza al Gobierno Nacional. La Contraloría emitió cinco informes dirigidos al Ministerio del Interior, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Defensa, Instituto Nacional de Defensa Civil y la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú, debido a niveles de ejecución menores al 40 % de los recursos asignados al mismo programa presupuestal.

Los informes dirigidos a los gobiernos locales fueron notificados prácticamente en su totalidad. La Contraloría informó que recibió 316 cargos de notificación y que los documentos fueron publicados en su portal institucional.

El reporte pone nuevamente en evidencia la necesidad de acelerar las acciones preventivas antes de que las condiciones climáticas se intensifiquen. Para las regiones con alta exposición, la demora en ejecutar recursos puede traducirse en mayores daños a la población, infraestructura, agricultura y servicios básicos.

Hay días en Arequipa en que algo parece cambiar en el aire. El cielo se encapota, el sol desaparece detrás de las nubes, el frío se instala en las calles y sin que nadie tenga que preguntarlo demasiado, alguien sentencia: “Le ha caído la nevada”. Todos entendemos. No hace falta traducción.

Porque la nevada arequipeña no es exactamente nieve. Es un fenómeno atmosférico que nuestros antiguos paisanos observaron, comentaron y hasta intentaron explicar científicamente. Y con el tiempo, aquella palabra terminó significando algo más: un cambio en el humor. El hombre afable se vuelve hosco, el conversador responde con monosílabos, el paciente pierde la paciencia y hasta los saludos parecen costar trabajo. “Está con la nevada”, decimos.

Lo curioso es que esta observación no nació ayer. A fines del siglo XIX, el médico arequipeño Antonio Lorena se ocupó del fenómeno y escribió sobre la llamada “nevada de Arequipa”. No la consideraba simplemente una ocurrencia popular, sino una particularidad atmosférica de nuestra ciudad y cómo aquel cambio del ambiente podía sentirse también en las personas.

Pocos años después, en 1908, otro médico arequipeño, Edmundo Escomel, volvió sobre el tema. Desde la medicina de su tiempo relacionó el clima de Arequipa con sus efectos sobre el organismo y el sistema nervioso. Sus explicaciones pertenecen, naturalmente, a otra época de la ciencia, pero resulta sorprendente que una expresión nacida de la experiencia cotidiana de los arequipeños llegara a convertirse en objeto de observación médica. “la nevada bajó del cielo al carácter”.

La literatura y el habla popular consolidaron la expresión. “Está con la nevada” pasó a describir ese estado transitorio en que el arequipeño parece otro. No necesariamente está enojado; simplemente está menos dispuesto a la cordialidad. Como si el clima hubiera descendido desde las nubes para instalarse, por unas horas, en el ánimo.

Mario Vargas Llosa, al referirse a esta peculiar expresión arequipeña, recordó precisamente esa transformación: el paisano que un día cualquiera puede ser cordial y conversador, pero que durante la “nevada” parece encerrarse en sí mismo, andar serio y hasta evitar el saludo. Después, cuando pasa la nevada, vuelve a ser el de siempre.

Hay algo muy humano en esta manera de explicarnos. En lugar de decir que alguien está antipático o que amaneció de mal humor, encontramos una causa exterior que, de alguna manera, lo disculpa: “está con la nevada”.

La expresión fue recogida también por estudiosos del lenguaje. Martha Hildebrandt señaló el particular significado sureño de “nevada” como el mal humor atribuido a los habitantes de Arequipa. Y Juan Guillermo Carpio Muñoz incorporó voces, expresiones y giros de este tipo, como patrimonio del habla arequipeña.

No hace falta médicos, escritores ni diccionarios para saber lo que ocurre una mañana gris en nuestra ciudad. Uno encuentra a un conocido, lo saluda y recibe una respuesta seca. Lo mira un instante y comprende. No pregunta qué le pasa. Tampoco insiste. Simplemente piensa: “A este le ha caído la nevada”.

Y ahí está la realidad concreta. Podrán cambiar los siglos, la medicina, las costumbres y hasta podremos olvidar muchas palabras antiguas. Pero hay algo que permanece: todo arequipeño reconoce a otro arequipeño cuando está con la nevada.

Porque en Arequipa la nevada ya no es solamente un fenómeno del clima. Es también una antigua y entrañable manera de entendernos, de mirarnos y, acaso, de perdonarnos un poco el mal humor.

EN AGOSTO INICIAN TRABAJOS

Uno de los principales acuerdos fue adelantar para la segunda quincena de agosto el inicio de los trabajos preventivos, con el propósito de reducir los riesgos antes del periodo de mayor incidencia de precipitaciones. Las labores contemplan la limpieza de la segunda y tercera torrentera, que deberán estar en condiciones adecuadas durante septiembre y octubre.

Para ejecutar estas acciones se prevé una coordinación con los municipios de los distritos colindantes, debido a que el comportamiento de las torrenteras y otros cauces puede comprometer a más de una jurisdicción. La estrategia busca evitar intervenciones aisladas y establecer una respuesta articulada frente a posibles desbordes o acumulación de agua.

La agenda preventiva también incluye la limpieza de drenajes y la distribución de sacos terreros en sectores identificados como vulnerables y que suelen resultar afectados durante las emergencias provocadas por las lluvias. Estas medidas permitirán reforzar la protección de viviendas, vías y otros espacios expuestos.

Durante la reunión también se abordó la situación de seguridad del campus Arequipa de la Universidad Continental. En una inspección realizada previamente, las autoridades verificaron que las instalaciones cumplen con las condiciones establecidas por las normas técnicas de seguridad.

Como resultado de esta evaluación, se renovó el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), requisito que acredita que la infraestructura reúne las condiciones necesarias para el desarrollo de sus actividades. La certificación permitirá mantener las labores académicas y administrativas en beneficio de más de 15 mil estudiantes, docentes y colaboradores.

El gerente del Campus Arequipa de la Universidad Continental, Erick Murillo, destacó que la coordinación con las autoridades permitirá fortalecer la capacidad de respuesta de la institución ante eventuales emergencias.

“Esta reunión nos permite pasar de la coordinación institucional a acciones concretas: actualizar nuestros protocolos, fortalecer las brigadas y mantener una comunicación permanente con las autoridades del distrito”, señaló.

Murillo sostuvo que la prevención debe desarrollarse antes de que se presente una emergencia y requiere preparación permanente. En ese sentido, la universidad se comprometió a mantener una comunicación constante con las autoridades locales y reforzar sus mecanismos internos de seguridad.

Los acuerdos buscan que las instituciones públicas, privadas y organizaciones sociales trabajen de manera conjunta para reducir los riesgos durante la próxima temporada de lluvias y responder con mayor rapidez ante cualquier eventualidad.

El plan articula las acciones de 25 entidades públicas y contempla intervenciones frente a sismos, tsunamis, movimientos en masa y peligros glaciares en zonas consideradas prioritarias. Para este año se han programado 56 intervenciones multisectoriales destinadas a mejorar la prevención y capacidad de respuesta del Estado.

La estrategia se desarrolla sobre tres pilares. El primero corresponde a la vigilancia y estudio del riesgo, mediante la generación de información científica, monitoreo permanente y elaboración de estudios especializados que permitan conocer los escenarios de peligro.

El segundo está orientado a la reducción del riesgo, con acciones destinadas a disminuir la vulnerabilidad de la población y proteger servicios públicos y patrimonio cultural. El tercer componente está relacionado con la preparación para responder ante emergencias, mediante el fortalecimiento de brigadas de búsqueda y rescate y el entrenamiento de las comunidades.

Los escenarios de riesgo elaborados por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) identifican a 182 distritos del país con riesgo muy alto ante sismos. En estas jurisdicciones viven 14 millones 817 mil 331 personas y existen 4 millones 605 mil 953 viviendas consideradas altamente vulnerables.

Las zonas identificadas se concentran principalmente en departamentos de la costa y sierra, entre ellos Lima, Piura, Lambayeque e Ica, debido a sus condiciones de exposición y vulnerabilidad.

Como parte de las acciones de preparación, la PCM informó que este viernes 14 de agosto, a las 3:00 de la tarde, se desarrollará el II Simulacro Nacional Multipeligro.

La actividad permitirá fortalecer las capacidades de preparación, respuesta y rehabilitación de las entidades de los tres niveles de gobierno y de la población ante eventuales emergencias y desastres.

La participación ciudadana será fundamental para poner a prueba los protocolos de evacuación y respuesta frente a un eventual sismo de gran magnitud.

El jefe del COER Arequipa y gerente regional de Gestión del Riesgo de Desastres, José Antonio Carrera Paulette, sostuvo que los municipios deben atender sus propias emergencias con los recursos que tienen disponibles. En caso de no contar con presupuesto suficiente, deben presentar una declaración jurada que sustente esta situación para solicitar apoyo adicional. “Si un municipio cuenta con presupuesto y pide apoyo, está en falta. Deben acreditar, incluyendo una declaración jurada, que no cuentan con dinero para una emergencia”, refirió.

Hasta el momento, el COER recibió al menos 12 fichas para solicitar intervenciones de emergencia en diversos distritos de Arequipa. Sin embargo, Carrera Paulette aclaró que la recepción de estas fichas no implica su aprobación. Las municipalidades deben formular correctamente las fichas de emergencia, sustentar técnicamente las intervenciones y demostrar que carecen de recursos para ejecutarlas. Esta condición busca evitar que los gobiernos locales trasladen al GRA obligaciones que pueden asumir con sus propios presupuestos.

Actualmente, la sede central del GRA cuenta con S/18 millones 887 mil 613 asignados al presupuesto 0068, “Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres”. Hasta el miércoles 12 de agosto, registra un devengado de S/5 millones 490 mil 600, equivalente al 29,1%. Desde el COER no supieron precisar cuántas fichas se encuentran bajo evaluación, cuántas fueron aprobadas ni cuánto presupuesto se comprometió para atenderlas. En contraste, el gobernador regional Rohel Sánchez Sánchez aseguró que se invirtieron más de S/7 millones. Asimismo, señaló que se habría priorizado S/113 millones para descolmataciones solicitadas por los gobiernos locales y una propuesta de inversión de S/324 millones para que sea asumida por el Gobierno Nacional.

A pesar de la disponibilidad presupuestal, existen 90 Fichas Técnicas Referenciales de riesgo “alto” y “muy alto”, elaboradas por la Autoridad Nacional del Agua entre 2025 y 2026, que, según el Informe de Contraloría N.° 10620-2026-CG/GRAR-SVC, aún esperan ejecución por parte del COER Arequipa. Al respecto, Carrera Paulette aseguró que se priorizan intervenciones de corto plazo, como la limpieza, descolmatación y mantenimiento de torrenteras, además de la atención de puntos críticos. En cambio, las intervenciones de mayor alcance —muchas de ellas calificadas como críticas— requieren plazos adicionales y corresponden a proyectos de inversión aún sin ejecución definida.

El Informe de Control Previo N.° 55-2026-CG/GRAR, emitido por la Contraloría el 4 de agosto, advierte que el expediente remitido por el GRA presenta vacíos en el diseño y sustento de algunos componentes. El canal no contempla un camino de vigilancia, necesario para las labores de mantenimiento, mientras que el desarenador y el pase vehicular carecen de memorias de cálculo y planos que sustenten su diseño y permitan verificar los metrados. Por ello, se deberá completar esta información antes de convocar el proceso.

Las observaciones también alcanzan las condiciones para ejecutar la obra sin afectar el servicio de riego. El plan de contingencia plantea lineamientos generales, pero no incorpora las partidas ni los costos de actividades como la implementación de un by-pass, difusión y capacitación. Además, el proyecto prevé que la empresa privada asuma los trámites y costos relacionados con la disponibilidad de terrenos, permisos, servidumbres y eventuales expropiaciones. La Contraloría recomendó que estas obligaciones queden claramente establecidas en las bases y el convenio de inversión.

Otro aspecto pendiente corresponde a la certificación ambiental. Desde el GRA prevén gestionarla durante la elaboración del expediente técnico; sin embargo, el órgano de control recomendó establecer en los términos de referencia que la empresa privada será responsable de obtenerla. La entidad también deberá revisar los proyectos de bases y convenio para adecuarlos al nuevo reglamento OxI. 

El proyecto ya cuenta con priorización para ejecutarse bajo esta modalidad y figura en la cartera de ProInversión. Sin embargo, el informe advierte una situación financiera que deberá evaluar el GRA: cumple la regla fiscal de deuda total, pero incumple la regla de ahorro en cuenta corriente. Ante ello, la Contraloría recomendó adoptar medidas para reducir posibles riesgos de liquidez.

La propuesta de dragado fue presentada por un tercero interesado y actualmente es evaluada por los especialistas del PEIMS-AUTODEMA. El gerente ejecutivo de la entidad, Walter Hilari Quispe, explicó que la iniciativa plantea ejecutar el proyecto mediante Obras por Impuestos (OxI), aunque todavía no existe una decisión definitiva sobre su viabilidad. “Estamos evaluando para ver si es viable o no realizar el dragado. (…) Los resultados de la evaluación deben salir en un par de semanas y se deberá definir”, señaló.

En el sistema de represas Chili Regulado, Aguada Blanca concentra el principal problema de sedimentación. La represa fue diseñada para almacenar 43.52 hectómetros cúbicos (hm³), pero su capacidad útil máxima se redujo a 22.128 hm³ debido a la acumulación de sedimentos. Esto representa una pérdida cercana al 49% de su capacidad útil. En todo el sistema Chili Regulado, la capacidad útil disminuyó de 402 a 393 hm³, según la última batimetría reportada por el PEIMS-AUTODEMA.

El problema ya era evaluado desde marzo, cuando la entidad informó que realizaba muestreos para determinar la composición de los sedimentos y los riesgos asociados a su eventual remoción. Aunque ahora existe una propuesta concreta, es poco probable que la intervención se ejecute antes de finalizar 2026. Al respecto, Hilari Quispe señaló que, pese a esta limitación, buscan iniciar el proceso. “El proyecto será permanente en el tiempo y se tienen que evaluar las posibilidades para poder atender con agua de calidad a la población”, sostuvo.

La alternativa, sin embargo, todavía debe compararse con otras opciones. En su momento, el exdirector de AUTODEMA, Huber Valdivia Pinto planteó que, debido a las décadas de sedimentación, podría resultar más económico construir una nueva represa que retirar los sedimentos de Aguada Blanca. Hilari Quispe no descartó esta posibilidad, pero aseguró que corresponderá a los especialistas determinar la viabilidad técnica y económica de un eventual dragado.

MANTENIMIENTO DE REPRESAS

En tanto, el Plan de Operación y Mantenimiento de la Infraestructura Hidráulica podría no concluir durante 2026. Hilari Quispe informó que algunos de los trabajos programados podrían ser reprogramados para 2027 debido a la proximidad de la temporada de lluvias. En septiembre de 2025, la Contraloría observó irregularidades en el proceso de selección para el mantenimiento del sistema de control y regulación de la represa El Pañe. El proceso posteriormente fue declarado desierto y aplazado hasta 2026. Actualmente, AUTODEMA ejecuta esta intervención, además de los trabajos relacionados con la pantalla metálica de la represa El Fraile.

De acuerdo con lo previsto por AUTODEMA, durante 2026 deben ejecutarse al menos cinco intervenciones de mantenimiento en el sistema Chili Regulado. Otras tres intervenciones, como mínimo, quedarían pendientes. La ejecución de trabajos en todos los componentes estaba valorizada en alrededor de S/12 millones. Sin embargo, con el nuevo escenario, una parte de ese presupuesto —financiado mediante los cobros a las juntas de usuarios— deberá ser asumida por la próxima gestión. “Por el tiempo y por las condiciones climáticas, no se podrán ejecutar, pero se tienen que reprogramar”, señaló Hilari Quispe.

La entidad no precisó cuánto de ese presupuesto ha sido ejecutado ni cuáles de los trabajos inicialmente programados quedarían pendientes.

EXPEDIENTES DEMORAN HASTA UN AÑO

El expediente con mayor retraso corresponde al colegio Nuestra Señora del Pilar, donde se investigaba la agresión física contra una escolar de 10 años ocurrida en febrero de 2025. Más de un año después, la UGEL Arequipa Norte no había culminado las acciones preliminares de supervisión ni iniciado formalmente el PAS. En el caso del colegio Max Uhle, se investigan las lesiones que sufrió una estudiante en 2023 por el uso de thinner sin equipos de protección. Aunque la GREA declaró nula la imputación de cargos en 2025, hasta mayo de 2026 no había notificado el nuevo Informe Final de Instrucción (IFI).

El expediente restante corresponde al colegio Lord Byron. Uno se inició por la suspensión de un estudiante presuntamente motivada por razones discriminatorias en mayo de 2025. La imputación de cargos fue notificada ese mes, pero el IFI demoró casi 10 meses. Un cuarto caso investigó la omisión de denuncia de un caso de violencia sexual contra una alumna de 13 años. En este expediente, la GREA tardó tres meses en proyectar la resolución de nulidad del PAS. Mientras que en mayo de 2026, el plantel recibió una multa de S/240 mil 750, equivalente a 45 UIT, tras determinarse que no comunicó ni registró oportunamente el hecho en la plataforma SíseVe.

La presidenta del CRA y titular de la comisión especial, Norma Ortega Valdivia, cuestionó que la GREA atribuyera las demoras a cambios en la normativa del Ministerio de Educación (MINEDU). “Ellos [GREA y UGEL] han argumentado que una modificación pendiente de una normativa del MINEDU no les permite actuar, pero nuestro informe concluye que eso no es una justificación para la dilación de estos temas. (…) Mientras no hayan las sanciones o actos correctivos correspondientes, los chicos y chicas están expuestos a entornos de violencia o de desprotección dentro de las mismas instituciones educativas”, sostuvo.

El informe también identificó la suspensión de inspecciones a colegios privados entre octubre de 2025 y abril de 2026, atribuida por la GREA a recortes presupuestales. Para la comisión, esta situación evidencia deficiencias en la planificación operativa y presupuestal de la entidad, debido a que durante ese periodo los colegios privados quedaron sin fiscalización. «Consideramos que a estas alturas esa clase de argumentos no sustentan la omisión», sostuvo la presidenta del CRA.

Adicionalmente, Ortega Valdivia también cuestionó que la GREA atribuyera parte de las demoras a la falta de personal especializado y al traslado de sus oficinas, realizado entre marzo y mayo de 2026. La consejera sostuvo que estos argumentos no justifican que los expedientes permanezcan sin resolución durante meses y señaló que, si la falta de personal constituía una limitación, correspondía a la propia entidad gestionar los recursos necesarios. “En todo caso ellos son los mismos llamados a solicitar más personal o a contratarlo”, afirmó.

El informe fue aprobado por el pleno del CRA y remitido a la Oficina de Procedimientos Administrativos Disciplinarios (PAD) del Gobierno Regional de Arequipa y a la Contraloría General de la República para las acciones que correspondan. Asimismo, fue derivado a la Procuraduría Pública Regional y al Ministerio Público, mientras que el MINEDU fue exhortado a aprobar prioritariamente el Reglamento de la Ley N.° 32562.

Asimismo, en últimas semana se conoció que investigan presuntas agresiones contra un estudiante del colegio Dunalastair, ubicado en Sachaca, atribuidas a un grupo de compañeros. La Fiscalía Provincial de Familia de Jacobo Hunter, INDECOPI y la UGEL Norte realizan diligencias.

Las autoridades buscan determinar si el plantel aplicó correctamente los protocolos de prevención y protección. El caso permanece bajo investigación para establecer responsabilidades y trascendió que las autoridades pronto se pronunciarán.