En declaraciones a RPP, el titular del MEF señaló que la asistencia estaría dirigida principalmente a hogares vulnerables de las zonas que sufran daños por lluvias, desbordes de ríos, interrupción de vías y otras emergencias asociadas al evento climático.

Cuba explicó que el apoyo económico sería similar, en su modalidad de asistencia directa a las familias, a los bonos entregados durante la pandemia, aunque aclaró que no se trataría de replicar el programa Reactiva Perú, que estuvo orientado al financiamiento de empresas.

El ministro también indicó que el Ejecutivo analiza medidas para evitar que los sectores productivos afectados enfrenten un deterioro prolongado de su actividad económica.

Entre las alternativas se considera declarar en emergencia determinados sectores para facilitar plazos financieros más amplios y condiciones bancarias adecuadas, además de implementar programas de garantía que permitan a las empresas afrontar las dificultades ocasionadas por el fenómeno climático.

Cuba advirtió que los efectos de El Niño podrían generar una “recesión focalizada” en determinadas provincias y regiones, especialmente si las lluvias provocan desbordes de ríos, daños en carreteras y paralización de actividades económicas.

El ministro señaló que algunos sectores ya están sintiendo los efectos del comportamiento climático, entre ellos la pesca y la actividad textil. A ello se sumarían los impactos que podrían producirse en los próximos meses por interrupciones de transporte y daños en infraestructura.

La propuesta de bonos todavía se encuentra en evaluación y no se han definido el monto, número de beneficiarios ni los criterios específicos que se utilizarían para determinar qué familias recibirían la ayuda.

El Gobierno prevé articular estas medidas con las acciones de prevención y respuesta frente al Fenómeno El Niño, mientras las autoridades monitorean la evolución de las condiciones climáticas y sus posibles efectos sobre la población y las actividades económicas.

La reunión fue convocada en el marco del Decreto Supremo N.° 124-2026-PCM y estuvo liderada por la Gerencia Regional de Gestión del Riesgo de Desastres. Participaron representantes del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), la Autoridad Nacional del Agua (ANA), AGRO RURAL, instituciones técnico-científicas y funcionarios de las municipalidades de Cayma, Cerro Colorado, Yanahuara y Sachaca.

Durante la jornada se revisaron las condiciones actuales de la torrentera, las acciones que ya se vienen ejecutando y aquellas que todavía permanecen pendientes para reducir el riesgo ante eventuales lluvias de gran intensidad.

Aunque las autoridades han identificado a la torrentera Chullo como una zona prioritaria, la coordinación interinstitucional recién busca consolidar las medidas que permitan atender los puntos vulnerables y mejorar la capacidad de respuesta frente a una emergencia.

Las entidades participantes expusieron las intervenciones previstas y las necesidades existentes, con el propósito de establecer prioridades y evitar que las acciones se desarrollen de manera aislada.

La mesa técnica también permitió evaluar los mecanismos de comunicación y respuesta entre las instituciones involucradas, considerando que la torrentera atraviesa sectores urbanos de cuatro distritos y puede generar impactos durante episodios de precipitaciones intensas.

Las autoridades acordaron mantener este tipo de reuniones como parte de un proceso de seguimiento permanente. La finalidad es actualizar información, definir responsabilidades y acelerar las intervenciones antes de que se presenten lluvias que puedan comprometer a la población y la infraestructura cercana.

El escenario adquiere especial importancia debido a las previsiones relacionadas con el Fenómeno El Niño. Por ello, el reto inmediato será pasar de la coordinación y planificación a trabajos concretos en la torrentera Chullo, reduciendo los puntos de riesgo identificados y fortaleciendo la prevención.

La población de las zonas próximas espera que estas acciones no queden únicamente en reuniones técnicas y que las intervenciones se ejecuten oportunamente antes del periodo de lluvias.

El ministro Marco Vinelli explicó que la póliza correspondiente a la campaña 2026-2027 fue renovada sin modificaciones, debido a que el contrato ya había sido suscrito cuando asumió el cargo. Sin embargo, adelantó que el sector evalúa introducir cambios el próximo año, entre ellos un posible incremento en las compensaciones económicas que reciben los agricultores afectados.

Actualmente, el Seguro Agrario Catastrófico cuenta con un fondo de protección de hasta S/ 2 000 millones, monto destinado a cubrir indemnizaciones cuando eventos extremos provocan daños significativos en la actividad agrícola.

El SAC protege a productores frente a desastres como inundaciones, heladas, sequías y otros eventos climáticos que afectan cultivos de banano, arroz, papa y diversas plantaciones agrícolas. Según el Midagri, también se viene reforzando la difusión del programa para que más agricultores conozcan cómo acceder a este beneficio cuando ocurren pérdidas en sus parcelas.

AREQUIPA ENTRE REGIONES EXPUESTAS

La mejora del seguro cobra especial relevancia para Arequipa, donde las proyecciones del Fenómeno El Niño 2026-2027 mantienen en alerta a diversas zonas agrícolas, especialmente en las provincias costeras y los valles productivos, expuestos a lluvias intensas y otros eventos climáticos.

Por otro lado, el ministro indicó que el sector agropecuario podría cerrar el año con una contracción de entre 0.5% y 1%, debido principalmente a la menor producción de frutas de exportación como mango, uva y arándanos durante el segundo semestre, afectadas por las condiciones climáticas previstas.

En contraste, precisó que cultivos destinados al mercado interno, como la papa y el arroz, mantienen una programación de producción que se extenderá hacia 2027, por lo que su comportamiento sería diferente al de los productos orientados a la exportación.

CONTEMPLAN SANCIONES LEVES Y HASTA MUY GRAVES

El Concejo Municipal de Arequipa aprobó una ordenanza destinada a prevenir, prohibir, atender y sancionar el acoso sexual en el transporte público de la provincia. La propuesta, impulsada por la regidora Rocío Mango Chipana, obtuvo 10 votos a favor y una abstención durante la sesión del pleno.

La norma establece un cuadro de infracciones diferenciadas entre leves, graves y muy graves. Entre las sanciones contempladas figura una multa equivalente a una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) para determinados actos graves de índole sexual. En 2026, una UIT equivale a S/ 5 500, de acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas.

La propuesta fue evaluada antes de llegar al Concejo por áreas de la Municipalidad Provincial de Arequipa vinculadas al transporte, seguridad ciudadana y asesoría jurídica. La regidora Mango detalló que durante ese proceso se realizaron adecuaciones al planteamiento original y se revisó el cuadro de infracciones que acompañará la aplicación de la ordenanza.

El texto también fue planteado como un mecanismo de protección para estudiantes y otros usuarios que puedan enfrentar situaciones de acoso durante sus desplazamientos. Mango señaló que la municipalidad tiene responsabilidad en la adopción de medidas frente a estas conductas dentro de las unidades de transporte público y explicó que la propuesta atravesó varias etapas de discusión antes de ser aprobada.

Durante el debate, la regidora Ingrid Carpio planteó que las disposiciones sean reforzadas posteriormente para atender casos de reincidencia y establecer medidas específicas aplicables a empresas y conductores. La propuesta de ordenanza se encontraba en discusión desde octubre de 2025, según lo expuesto durante la sesión del Concejo Municipal.

La medida local se incorpora a un marco nacional que ya dispone un protocolo obligatorio para atender casos de acoso sexual en el transporte terrestre. El Decreto Supremo N.° 025-2020-MTC establece que, conocido un caso, el conductor o la tripulación deben proteger a la víctima, comunicar el hecho a la Policía y facilitar la intervención de las autoridades competentes.

La ordenanza deberá completar el procedimiento administrativo y ser publicada para entrar en vigencia, según precisó Mango. A partir de entonces corresponderá a la comuna provincial implementar los mecanismos previstos para la prevención, atención y fiscalización en el transporte público de Arequipa.

La región enfrenta un escenario climático complejo, con inundaciones en la costa y sequías en las zonas altoandinas. El agro llega debilitado y con menor superficie sembrada, mientras persisten graves brechas en viviendas, colegios y establecimientos de salud.

REVELA INFORME DEL IPE

Arequipa tiene una amenaza que no siempre se ve cuando el cielo permanece despejado. Según el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED), 1.3 millones de arequipeños están expuestos a un riesgo alto o muy alto de inundaciones ante la presencia del Fenómeno El Niño (FEN).

Es decir, casi ocho de cada diez habitantes de la región podrían verse afectados por lluvias intensas, desbordes, huaicos o inundaciones.

Arequipa es la cuarta región del país con mayor cantidad de población expuesta a este peligro. El riesgo se concentra principalmente en la capital y en el eje costero de Camaná, Islay y Caravelí.

En contraste, en las provincias altoandinas el problema puede presentarse de otra manera: 45 mil personas están expuestas a riesgo de sequía, principalmente en Caylloma, Castilla, Condesuyos y La Unión.

El escenario adquiere mayor relevancia ante la perspectiva climática. El Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) estima una probabilidad superior al 62% de que el evento alcance una magnitud extraordinaria hasta enero de 2027.

La experiencia reciente demuestra que sus efectos no se limitan a las lluvias. En Arequipa, el mismo fenómeno puede significar inundaciones en la costa y déficit hídrico en las zonas altas.

La economista del Instituto Peruano de Economía (IPE), Stephani Maita, considera que una de las tareas inmediatas es aprovechar el tiempo disponible para reforzar la prevención. La identificación de las cuencas que pueden activarse, así como de las zonas con mayor peligro de inundaciones y deslizamientos, ya viene siendo desarrollada por entidades como CENEPRED y la Autoridad Nacional del Agua (ANA). El siguiente paso, sostiene, corresponde a los gobiernos regional y locales.

“Lo importante en todo caso es que además de la identificación de estas zonas de alto riesgo, los gobiernos subnacionales aprovechen el tiempo que les queda para terminar de desarrollar esas ideas de prevención”, señala Maita.

Eso implica acelerar trabajos de infraestructura y descolmatación de los sistemas de evacuación de agua antes de que las lluvias conviertan la amenaza en emergencia. La magnitud de la población expuesta hace que la prevención no sea un asunto exclusivamente ambiental, sino también urbano y social.

Más de la mitad de las viviendas de Arequipa son informales y muchas carecen de supervisión técnica o título de propiedad, una condición que incrementa su vulnerabilidad frente a inundaciones, huaicos y otros fenómenos.

A esto se suma que el 25,7% de los locales escolares requiere reconstrucción por riesgo de colapso y el 99,7% de los establecimientos de salud funciona con capacidad instalada inadecuada.
El otro frente está en el campo. Más de 100 mil hectáreas agrícolas están expuestas a inundaciones y otras 28 mil a sequías. El problema se agrava porque el 81,6% de la superficie agrícola de Arequipa utiliza riego tradicional por gravedad y depende de ríos y canales. Además, unas 450 mil alpacas, 159 mil ovinos y 52 mil vacunos se encuentran expuestos al impacto de una eventual escasez de agua.

La agricultura llega a este escenario con señales de debilidad. Entre enero y junio de 2026, la producción agropecuaria cayó 10,8%, mientras que a nivel nacional retrocedió apenas 0,6%. El olivo disminuyó 90,5% y el ají páprika 72,4%. La campaña agrícola 2025-2026, además, registró 5,5% menos áreas sembradas que la anterior.

Maita advierte que la agricultura tradicional, especialmente aquella orientada al mercado interno, tiene menos herramientas para enfrentar estos choques. En 2023, la menor presencia de lluvias redujo las áreas sembradas y afectó el rendimiento de los cultivos. Un escenario similar podría repetirse, con efectos sobre productos como el ajo, la aceituna y la cebolla. A ello se suma el costo todavía elevado de los combustibles, que encarece el transporte y puede trasladarse al precio de los alimentos.

El desafío, por tanto, no termina cuando pase la temporada de lluvias. Las próximas autoridades regionales y municipales tendrán que enfrentar simultáneamente dos riesgos: exceso de agua en la costa y escasez en las zonas altoandinas.

Reservorios, canales, cosecha de agua, prevención de inundaciones y reducción de la expansión de viviendas informales aparecen como parte de una agenda que no puede comenzar cuando llegue la emergencia. Arequipa conoce los efectos de El Niño. Lo que está por definirse es cuánto habrá aprendido de ellos.

El ejercicio se realizó ayer y contó con la participación del ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, además de representantes de EGASA, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, la Cruz Roja y la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres.

La actividad buscó verificar en condiciones simuladas la capacidad operativa de la empresa ante emergencias que podrían generarse por lluvias intensas, inundaciones y otros eventos asociados al FEN. El ministro Shinno señaló que el sector está promoviendo que las empresas eléctricas del país activen y verifiquen sus planes de contingencia para reducir los riesgos y garantizar la continuidad del servicio.

El simulacro contempló tres situaciones de emergencia: fallas múltiples en el sistema eléctrico, un accidente laboral que requirió el rescate de un trabajador en altura y la inundación de una subestación de distribución. La combinación de estos escenarios permitió evaluar la capacidad de las cuadrillas para atender emergencias de manera simultánea.

Desde el Centro de Control de SEAL se monitorearon las comunicaciones, los protocolos de seguridad, la disponibilidad de recursos y la movilización de los equipos de respuesta. También se evaluó la capacidad de recuperación del suministro en infraestructura considerada crítica.

Uno de los escenarios simulados involucró al Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, cuya alimentación eléctrica fue considerada dentro de las situaciones de emergencia. Con ello se buscó comprobar los procedimientos destinados a recuperar el suministro en establecimientos cuya operación no puede quedar interrumpida durante una contingencia.

El presidente del Directorio de SEAL, Néstor Del Castillo, sostuvo que los simulacros permiten identificar deficiencias y oportunidades de mejora antes de enfrentar una emergencia real. Señaló que los resultados obtenidos servirán para ajustar procedimientos y fortalecer los protocolos de intervención.

La empresa informó que las acciones forman parte de su preparación ante el periodo de lluvias y los posibles impactos del Fenómeno El Niño. La evaluación del ejercicio permitirá determinar qué aspectos de la respuesta requieren ajustes y reforzar la coordinación entre las cuadrillas, el Centro de Control y las instituciones de primera respuesta.

Con el FEN 2026-2027 como escenario de riesgo, SEAL busca mantener operativos sus sistemas y reducir el tiempo de recuperación ante eventuales interrupciones del suministro eléctrico.

CONTRALORÍA DESPLIEGA

La intervención busca reforzar la presencia del control gubernamental en la región y detectar de manera oportuna riesgos, deficiencias o situaciones adversas que puedan afectar la ejecución de proyectos y la adecuada prestación de servicios. Las comisiones realizan inspecciones directamente en campo y concentran sus acciones en los sectores de salud, educación, servicios básicos y atención social.

Uno de los principales focos de supervisión será el sector Salud. Los auditores verificarán el avance y las condiciones de proyectos de importancia regional, entre ellos el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas (IREN) Sur y los hospitales Camaná y Honorio Delgado.

El IREN Sur representa una de las inversiones públicas de mayor envergadura en Arequipa, con un presupuesto superior a los S/ 1 100 millones. El seguimiento de este megaproyecto está a cargo de la Gerencia de Megaproyectos de la Contraloría General, debido a su magnitud y relevancia para la atención especializada de pacientes.

En Educación, las acciones de control comprenderán proyectos que actualmente se encuentran en ejecución. Entre ellos figura el Laboratorio de Ciencias Biomédicas de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), además de intervenciones en instituciones educativas como Ludwig van Beethoven, en Alto Selva Alegre, y un proyecto destinado a mejorar el servicio educativo en Cerro Colorado.

La revisión permitirá verificar si los trabajos avanzan de acuerdo con lo previsto y si las condiciones de ejecución podrían generar retrasos, mayores costos u otras dificultades que afecten a los beneficiarios.

El operativo también llegará a programas sociales y establecimientos destinados a la atención de población vulnerable. En este ámbito se supervisarán los Centros de Emergencia Mujer (CEM), los Centros de Acogida Residencial para adultos y el Programa de Vaso de Leche (PVL).

Otro componente está relacionado con la prevención ante emergencias. La Contraloría verificará intervenciones vinculadas al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, especialmente las labores de limpieza y descolmatación de ríos. También se revisará la operatividad de la maquinaria destinada a estas tareas, considerando los riesgos asociados al Fenómeno El Niño.

En coordinación con el ámbito de intervención de OSINERGMIN, se supervisará además el trabajo de control sobre las condiciones de seguridad, metrología y calidad en establecimientos que comercializan combustibles líquidos y GLP.

Las inspecciones comprenden tanto la ejecución física de obras como la prestación efectiva de servicios. Los auditores verificarán el avance de proyectos priorizados, el abastecimiento y las condiciones de atención en establecimientos de salud y educación, además del funcionamiento de programas sociales.

La Contraloría informó que, una vez culminadas las jornadas, los resultados serán comunicados mediante los respectivos informes de control. En estos documentos se detallarán los riesgos y situaciones adversas identificados y se notificará a los responsables de las entidades involucradas para que adopten las medidas preventivas o correctivas correspondientes.

El despliegue se produce en una región donde persisten cuestionamientos sobre el avance de obras públicas y la calidad de determinados servicios. La presencia simultánea de las comisiones permitirá obtener información directamente desde los lugares intervenidos y establecer si los recursos públicos están siendo utilizados de acuerdo con los objetivos previstos.

El director de la UGEL Arequipa Sur, Fernando Polanco, informó que el próximo 30 de septiembre se desarrollará un Taller Demostrativo de Prevención de Riesgos en el Coliseo Miguel Grau. La actividad contará con la participación de representantes del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), Compañía de Bomberos, Cruz Roja y Policía Nacional.

Durante la jornada, los estudiantes y responsables de las brigadas recibirán orientación práctica sobre las acciones que deben ejecutar ante una emergencia. Entre los temas previstos figuran los protocolos de evacuación, rescate y traslado de personas que resulten heridas, con el objetivo de mejorar la respuesta organizada dentro de los planteles.

La UGEL Arequipa Sur tiene bajo su responsabilidad 425 locales educativos. Según Polanco, parte de las medidas preventivas ya se pusieron en marcha durante los primeros meses del año. En 44 instituciones educativas se realizaron labores destinadas a reducir los riesgos frente a las precipitaciones, entre ellas la limpieza de canaletas y techos y el reencauzamiento de aguas.

Estas acciones permitieron que directores y padres de familia participaran directamente en la preparación de los colegios antes de las lluvias registradas en marzo. Sin embargo, persiste una preocupación relacionada con la disponibilidad de ambientes alternativos para garantizar la continuidad de las actividades escolares si alguna infraestructura resulta afectada.

El funcionario señaló que en marzo se solicitó la instalación de 21 aulas prefabricadas para instituciones educativas de Arequipa Sur. Este requerimiento forma parte de una demanda regional que comprende 121 módulos de contingencia. Hasta la fecha, según indicó, ninguno de los 21 ambientes solicitados habría sido entregado.

Polanco pidió a las autoridades nacionales acelerar la atención del pedido, considerando que los módulos serían utilizados como espacios temporales en caso de daños ocasionados por las lluvias.

La UGEL busca así reforzar la preparación de la comunidad educativa y reducir los riesgos ante eventuales emergencias durante la temporada de precipitaciones.

La norma fue aprobada mediante la Resolución SBS N.° 02260-2026 y publicada en el Diario Oficial. El nuevo producto busca complementar los seguros tradicionales y fortalecer la capacidad económica de la población para enfrentar eventos naturales.

A diferencia de las pólizas convencionales, los seguros paramétricos no requieren comprobar los daños físicos ocasionados por un desastre para activar la cobertura. El pago se genera automáticamente cuando un parámetro previamente establecido alcanza o supera el umbral fijado en la póliza.

Por ejemplo, el parámetro puede ser la magnitud de un terremoto o el nivel de lluvias registrado en una determinada zona. La información deberá provenir de fuentes especializadas, confiables e independientes.

Este mecanismo permite reducir los costos operativos y acelerar el pago a los asegurados, debido a que no es necesario realizar una evaluación individual de los daños antes de activar la cobertura. La SBS considera que esta característica puede facilitar el acceso al seguro para sectores que actualmente tienen dificultades para utilizar los mecanismos tradicionales.

El reglamento establece que las pólizas deberán especificar claramente el fenómeno y la zona geográfica protegida, el parámetro utilizado, el umbral de activación, la estructura de pagos y la metodología empleada para calcularlos.

Las compañías aseguradoras, mediante sus agentes de cálculo, serán responsables de monitorear los parámetros, verificar si se alcanzaron los umbrales y determinar el monto correspondiente. También deberán comunicar oportunamente al asegurado cuando se active la cobertura y garantizar el pago dentro de los plazos establecidos.

La SBS dispuso además que los usuarios reciban información clara y suficiente antes de contratar estos productos, mediante una guía que explique su funcionamiento. El personal encargado de comercializarlos también deberá contar con capacitación adecuada.

A finales de 2023, el GRA entregó 48 equipos de maquinaria pesada a las ocho municipalidades provinciales de Arequipa para ejecutar labores de emergencia ante lluvias. La cesión en uso, inicialmente establecida por dos años, fue ampliada por más de medio año. El pasado 24 de junio, en el contexto del Día del Campesino, se anunció que los equipos debían ser devueltos para su posterior entrega a las juntas de usuarios. La decisión generó el rechazo de los alcaldes de Caylloma, Condesuyos y Caravelí, quienes solicitaron al Ejecutivo regional ampliar nuevamente el plazo.

El gerente general del GRA, Juan Carlos Blanco Mendoza, descartó una nueva extensión y aseguró que la devolución ya había sido comunicada y notificada a los municipios con antelación. Explicó que, ante la declaratoria de emergencia que incluye a distritos de Arequipa, se decidió concentrar estratégicamente los equipos para articular su uso desde el sistema regional de respuesta. “A raíz del decreto de emergencia que incluye a distritos de Arequipa se ha dispuesto que, estratégicamente, se centralice la maquinaria entregada a las diferentes provincias para poder articular ante cualquier situación de emergencia inmediata”, señaló.

Frente al cuestionamiento de los alcaldes sobre una posible demora burocrática para disponer de los equipos, Blanco Mendoza sostuvo que la maquinaria continuará distribuida en distintos puntos de la región, por lo que no será necesario trasladarla desde Arequipa ante cada emergencia. El plan de respuesta contempla un plazo de hasta 24 horas para movilizar los equipos al lugar donde sean requeridos. “Los equipos de línea amarilla serán la primera línea de respuesta ante cualquier emergencia”, afirmó.

El estado de la maquinaria también genera cuestionamientos. La comisión especial del parque automotor del Consejo Regional informó que alrededor del 60% de los equipos estaría en mal estado o próximo a quedar inoperativo. Blanco Mendoza rechazó esa estimación y señaló que la Subgerencia de Equipo Mecánico viene realizando los mantenimientos de acuerdo con la disponibilidad presupuestal. Reconoció que algunos equipos quedaron sin mantenimiento preventivo durante el periodo de mayor demanda por las lluvias, pero aseguró que posteriormente fueron puestos nuevamente en operatividad.

Actualmente, el GRA cuenta con más de 300 equipos de maquinaria amarilla y, según Blanco Mendoza, durante el periodo de emergencia la totalidad estará a disposición para atender las contingencias. La administración regional mantiene, además, el compromiso anunciado por el gobernador Rohel Sánchez de asignar maquinaria a las juntas de usuarios para su administración, aunque el gerente general no precisó cuándo ni cuántos equipos serán transferidos.