Esta alga, presente desde Pucusana hasta la isla de Chiloé en Chile, cumple funciones fundamentales en el equilibrio ecológico del mar, ya que sirve como alimento, refugio y fuente de oxígeno para diversas especies marinas, además de tener un importante valor económico para la industria alimentaria, farmacéutica y cosmética.

El biólogo Paul Baltazar Guerrero, explicó que la extracción intensiva de esta especie se ha incrementado considerablemente en los últimos años, especialmente después de la pandemia de la Covid-19. Según indicó, esta actividad ha provocado la reducción y degradación de los bancos naturales de alga flor ubicados en el fondo marino, afectando directamente la biodiversidad y la pesca artesanal. Frente a esta problemática, especialistas del Instituto del Mar del Perú (Imarpe) y del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas realizaron un estudio en la Reserva Nacional de Paracas para plantear medidas que permitan proteger la especie y garantizar su sostenibilidad.

Entre las principales recomendaciones figura establecer una recolección estacional y selectiva del alga, priorizando únicamente la extracción de ejemplares adultos. Asimismo, se propone monitorear permanentemente sus fases reproductivas para determinar los periodos adecuados de cosecha y evitar afectar la regeneración natural de la especie. Los investigadores también consideran necesario conservar los bancos naturales existentes y recuperar aquellos que ya se encuentran deteriorados por la explotación excesiva.

La importancia ecológica del alga flor es considerable, pues de ella dependen especies marinas como la chita, la cabrilla y la pintadilla, además de caracoles, crustáceos y moluscos. Estos animales encuentran en las praderas de algas un espacio seguro para alimentarse y reproducirse. Por ello, la desaparición de esta especie no solo tendría consecuencias ambientales, sino también económicas y sociales, especialmente para los pescadores artesanales que dependen de la abundancia de estos recursos marinos.

Además de su valor ecológico, el alga flor posee una alta demanda comercial debido a que es fuente natural de carragenina, una sustancia utilizada como espesante y estabilizante en productos lácteos, embutidos y otros alimentos procesados. También es empleada en las industrias farmacéutica y cosmética, principalmente en mercados asiáticos. Los pescadores y recolectores venden las algas a empresas privadas, donde son secadas, empacadas y preparadas para su exportación.

Ante esta situación, los investigadores trabajan también en el desarrollo de técnicas de cultivo en laboratorio para producir semillas de alga flor y repoblar las zonas afectadas. De esta manera, se busca reducir la presión sobre los bancos naturales y asegurar la continuidad de esta especie esencial para el ecosistema marino peruano.

La iniciativa, articulada a través de la Red Regional de Gerentes de Desarrollo Social, busca dar seguimiento a las acciones como la reducción de la anemia infantil, el registro de personas discapacitadas en Conadis, potenciar la seguridad alimentaria en zonas de pobreza. Fernando Isuiza Prado, titular de la GRDIS, precisó que estas acciones ya están contempladas en la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. “No estamos haciendo nada extraordinario. Simplemente estamos monitoreando el cumplimiento de obligaciones hacia la población”, afirmó.

Aunque la agenda no establece metas cuantificadas ni plazos definidos de cumplimiento, Isuiza Prado sostuvo que el proceso es permanente y se basa en compromisos asumidos previamente por las entidades. No obstante, anunció que en octubre se realizará una evaluación para medir el nivel de avance de las acciones priorizadas. Dicha evaluación permitirá conocer el progreso en medidas de apoyo poblacional en cada distrito. Indicador especial ante el cierre de la gestión regional y municipal.

En ese marco, el denominado Sello Regional promovido por el Gobierno Regional de Arequipa servirá como un mecanismo de verificación que permita a los municipios presentar evidencia de cumplimiento, como la cloración continua de sistemas de agua o el registro actualizado de personas con discapacidad. “Uno de los principales indicadores es la reducción de la anemia, que requiere una articulación conjunta con el sector Salud y los gobiernos locales”, sostuvo Isuiza Prado.

A pesar de estos avances, la efectividad de la Agenda Social Territorial dependerá de la capacidad de los gobiernos locales para ejecutar sus funciones básicas y de la supervisión regional para verificar su cumplimiento, en un contexto donde la estrategia se orienta más a ordenar la gestión existente que a implementar nuevas políticas públicas.

SEIS VOLCANES ACTIVOS ESTÁN EN AREQUIPA

De acuerdo con el Centro Vulcanológico Nacional (CENVUL) del IGP, en el Perú existen más de 400 volcanes, cuya presencia responde a la dinámica de la cordillera de los Andes. De ese total, solo 16 volcanes están activos o son potencialmente activos. Seis de ellos se ubican en la región Arequipa: Coropuna, Misti, Sabancaya, Chachani, Huambo y Andagua, mientras que los otros diez se distribuyen entre Ayacucho, Cusco y Moquegua.

Ante un escenario de riesgo para Arequipa, el IGP brinda asistencia técnica a los municipios para identificar población expuesta, elaborar mapas de peligro y definir rutas de evacuación, puntos de concentración y albergues temporales. Actualmente, el trabajo se desarrolla en los distritos de Cayma y Tiabaya, y anteriormente se ejecutó en Paucarpata, Mariano Melgar y Miraflores, todos dentro del área de influencia del volcán Misti.

«Brindamos a los gobiernos locales un insumo técnico que les permita prepararse ante escenarios de riesgo volcánico. Sin embargo, somos una institución técnico-científica. Aportamos el conocimiento, evaluamos los escenarios y se los proporcionamos a las instituciones. La implementación, en términos de recursos humanos, presupuestales y logísticos, depende de cada municipalidad”, explicó Bárbara Cuadros Quihue, especialista en Gestión de Riesgos del IGP.

Pese a que el IGP mantiene monitoreo permanente las 24 horas del día y publica reportes de forma continua, la ausencia de planes operativos en varias municipalidades limita la capacidad de respuesta ante una eventual emergencia. Los escenarios de impacto y la posible población afectada varían según el tipo de erupción y los peligros asociados, como caída de ceniza, flujos de lava o lahares, por lo que corresponde a cada gobierno local adoptar medidas de preparación.

Actualmente, el volcán Sabancaya se mantiene en nivel de alerta naranja, con emisiones diarias, aunque sin explosiones registradas en lo que va del año. En el caso del Misti, los estudios del IGP advierten que la ciudad de Arequipa está expuesta a diversos peligros volcánicos, lo que refuerza la necesidad de contar con planes actualizados y operativos a nivel local.

CUSCO

Durante el presente año, el sector ha desarrollado trabajos de limpieza y descolmatación en más de 1.5 kilómetros de los cauces de los ríos Cusilluchayoc, Hatunmayo, Colca, Postakiato y Mapacho. Estas labores se realizaron en los distritos de Anta, Ccatcca, Cusco, Kumpirushiato, Pucyura y Yanatile, donde se retiraron 32 743.22 metros cúbicos de material excedente, equivalentes a más de 2 100 volquetadas. Estas acciones permiten mejorar el flujo del agua y reducir el riesgo de desbordes durante la temporada de lluvias.

Asimismo, el MVCS intervino en los canales pluviales de los sectores Hospitalpampa–Izcuchaca y Tres Reyes, en la comunidad campesina de Markju, donde se beneficiaron 210 pobladores. En estas zonas, los trabajos abarcaron un total de 6.8 kilómetros, logrando la eliminación de 5 699 metros cúbicos de sedimentos acumulados. Estas intervenciones contribuyen a evitar aniegos y proteger tanto viviendas como áreas agrícolas.

Otro de los avances importantes se dio en el centro poblado Colca, en el distrito de Yanatile, donde se mejoró la transitabilidad de las vías de acceso, favoreciendo a 541 pobladores. Estas mejoras facilitan el traslado de personas y productos, además de garantizar una mejor respuesta ante posibles emergencias.

El ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes Quilcate, destacó la importancia de estas acciones preventivas, señalando que el Estado busca anticiparse a los desastres naturales y proteger la vida y el patrimonio de las familias. En esa línea, remarcó que no se espera a que ocurran emergencias, sino que se trabaja de manera planificada para mitigar riesgos.

Actualmente, el MVCS continúa con labores en el cauce del río Rakacay, en el sector Huchuy Qosqo, distrito de Calca, beneficiando a 165 pobladores. De igual manera, se realizan trabajos de limpieza en canales del sector Huancarpata, en el centro poblado de Compone, distrito de Anta, donde se favorece a 200 habitantes.

El ministerio tiene previsto ampliar estas intervenciones en más de un kilómetro adicional en zonas críticas de los distritos de Calca y Lucre, reafirmando su compromiso con la prevención y la protección de las poblaciones más vulnerables.

Estas acciones forman parte de una estrategia nacional que busca reducir los impactos de fenómenos climáticos y fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias en todo el país.

La mesa fue establecida mediante la Resolución Ejecutiva Regional N.° 0495-2025-GRA/GR. No obstante, pese a diversas reuniones sostenidas entre instituciones involucradas, no se han concretado intervenciones en la zona afectada, lo que mantiene la preocupación por el posible colapso de la vía.

En la sesión realizada el 16 de abril, representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y de la concesionaria Covinca S.A. plantearon la construcción de una vía alterna como medida inmediata ante el riesgo existente. La carretera actual se ubica a solo 34 metros del área de deslizamiento, lo que incrementa la vulnerabilidad del tramo.

Sin embargo, la ejecución de esta vía provisional enfrenta dificultades debido a la necesidad de liberar terrenos privados. El proyecto contempla un tramo de aproximadamente tres kilómetros que atraviesa predios de particulares y de la empresa Leche Gloria, lo que obliga a establecer acuerdos previos para su cesión.

El titular de la GRGRD, José Antonio Carrera Paulette, explicó que la viabilidad de esta alternativa depende directamente de las negociaciones que logren el MTC y la concesionaria con los propietarios. Mientras tanto, no se cuenta con un cronograma definido para su ejecución.

Informes del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) señalan que la inestabilidad del terreno responde a factores como la filtración de agua de riego hacia la napa freática, la debilidad del suelo y las pendientes pronunciadas. Este fenómeno, reactivado desde el año 2005, afecta no solo la carretera, sino también terrenos agrícolas en los distritos de Majes y San Juan de Siguas.

Se estima que alrededor de 300 personas están en riesgo debido a esta situación. Además, la eventual construcción de la vía alterna implicaría la reubicación de algunas viviendas cercanas a la zona crítica.

Pese a la urgencia del caso, las autoridades no han precisado plazos concretos para intervenir. Desde la GRGRD se reconoció también que el incumplimiento de compromisos por parte de algunas instituciones ha retrasado los avances. Se espera que en la próxima reunión de la mesa técnica se definan acciones más claras, aunque aún no hay certeza sobre una solución inmediata.

Las intensas precipitaciones que se vienen registrando en el país han encendido las alertas. Un total de 508 distritos de la sierra centro y sur del Perú se encuentran en riesgo de ser afectados por deslizamientos, huaicos y otros movimientos en masa, según informó el Instituto Nacional de Defensa Civil.

Este escenario ha sido elaborado a partir de un análisis del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), en base al Aviso Meteorológico N.° 151 emitido por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). Dicho aviso advierte la ocurrencia de lluvias de ligera a moderada intensidad hasta hoy lunes 20 de abril.

Entre las regiones más comprometidas destaca Huancavelica, con 54 distritos en riesgo muy alto. Le siguen Apurímac con 48, Ayacucho con 40 y Cusco con 35. Asimismo, también presentan niveles significativos de riesgo Puno (29 distritos), Arequipa (12), Junín (11), además de Moquegua y Tacna, con un distrito cada uno en esta condición.

A este panorama se suman otros 277 distritos catalogados en nivel de riesgo alto, lo que evidencia la magnitud del impacto potencial de las lluvias en estas zonas del país, caracterizadas por su geografía accidentada y vulnerabilidad ante fenómenos naturales.

Frente a esta situación, el Indeci ha exhortado a las autoridades regionales y locales a adoptar medidas preventivas de manera inmediata. Entre las principales recomendaciones figura la verificación de rutas de evacuación, asegurando que estas se encuentren despejadas y correctamente señalizadas, a fin de facilitar una evacuación rápida hacia zonas seguras, alejadas de ríos y quebradas.

Asimismo, se ha instado a garantizar la operatividad de servicios esenciales como centros de salud, comisarías y compañías de bomberos, los cuales resultan clave para una respuesta oportuna ante cualquier emergencia.

En cuanto a la población, las recomendaciones apuntan a reforzar la seguridad de las viviendas, especialmente los techos, y a implementar sistemas de alerta temprana. Estos pueden incluir el uso de silbatos, campanas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales.

Las lluvias, habituales en esta época del año, representan un riesgo constante en diversas regiones del país. Por ello, la prevención y la preparación se convierten en herramientas fundamentales para reducir el impacto de posibles desastres y salvaguardar la vida de miles de peruanos.

El acuerdo involucra a las municipalidades de Cerro Colorado, Cayma, Yanahuara, Cercado y Sachaca, con el objetivo de evitar los conflictos de jurisdicción que durante años han retrasado acciones en esta quebrada. La iniciativa busca garantizar una intervención continua desde la parte alta hasta la zona urbana.

Como parte del convenio, se contempla la formulación de expedientes técnicos con asistencia de especialistas internacionales gestionados por la Embajada de Estados Unidos, entidad que asumirá el financiamiento total de estos estudios, lo que permitirá contar con propuestas de ingeniería bajo estándares internacionales.

Según la subgerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la comuna provincial, Luisa Macedo, este trabajo articulado permitirá ejecutar medidas en dos niveles. En el corto y mediano plazo, se priorizará la habilitación de vías y cauces; mientras que, a largo plazo, se desarrollará un proyecto de ingeniería para el control definitivo de la quebrada.

Entre las principales propuestas técnicas se encuentra la instalación de barreras y disipadores de energía en las zonas altas, donde nacen los tres ramales de la torrentera. Estas estructuras permitirían retener el material sólido y rocas que, durante las lluvias, son arrastrados hacia la ciudad.

De esta manera, se busca que únicamente el flujo de agua discurra por la zona urbana, reduciendo significativamente el riesgo para viviendas, vías y servicios públicos en las áreas de influencia.

Las autoridades estiman que en aproximadamente tres semanas se presentarán los primeros informes técnicos elaborados por los especialistas. Con este convenio, la MPA apunta a destrabar intervenciones históricamente postergadas y encaminar una solución estructural frente a los riesgos que genera la torrentera El Chullo en la ciudad.

Las filtraciones de agua de la irrigación El Castillo debilitan el terreno y agravan el riesgo. Autoridades y pobladores exigen una intervención urgente del Gobierno Regional de Arequipa para evitar una emergencia mayor.

AMENAZA LATENTE

La carretera AR-105, que conecta la provincia de Castilla con Chuquibamba y Cotahuasi, se ha convertido en una ruta vulnerable. En el sector de Acoy, en la parte baja de la irrigación El Castillo, los derrumbes son cada vez más frecuentes. Piedras, arena y tierra invaden la vía casi a diario, poniendo en riesgo la transitabilidad y la seguridad de cientos de pobladores que dependen de este corredor.

El problema no es nuevo. Desde hace meses, autoridades locales y vecinos han advertido sobre el deterioro progresivo de la zona.

A pesar de ello, las acciones han sido insuficientes. La Municipalidad Provincial de Castilla realiza trabajos de limpieza para despejar la carretera cada vez que ocurre un deslizamiento, pero estas intervenciones solo atienden las consecuencias y no el origen del problema.

El propio alcalde provincial, Renzo Pastor, ha reconocido la gravedad de la situación. Según ha señalado, existe la posibilidad real de que ocurra un derrumbe de gran magnitud que deje incomunicadas a las localidades de Castilla alta, así como a Chuquibamba y Cotahuasi, en la provincia de La Unión. De suceder, el impacto no sería solo vial, sino también económico y social.

El origen del problema está identificado. Las filtraciones de agua provenientes de la irrigación El Castillo están debilitando el terreno.

La humedad constante en la ladera provoca la inestabilidad del suelo, lo que deriva en deslizamientos continuos.

Este fenómeno guarda similitudes con lo que ocurre en la zona de Siguas, donde el uso intensivo de agua en la irrigación Majes ha generado filtraciones que amenazan con afectar un tramo de la carretera Panamericana Sur, a la altura de Majes El Pedregal.

En el caso de Acoy, la situación se agrava por la expansión agrícola sin control en la parte alta. Los cultivos han avanzado hasta el borde de la ladera, sin respetar una faja marginal que permita reducir el riesgo de deslizamientos.

Esta ocupación del terreno, sumada a las filtraciones, está comprometiendo directamente la estabilidad de la carretera.

La vía AR-105 no es una carretera cualquiera. Se trata del principal acceso hacia varias localidades de la sierra de Arequipa. Un eventual bloqueo dejaría aislados a miles de pobladores que dependen de esta ruta para movilizarse, acceder a servicios básicos y comercializar sus productos.

La actividad agrícola sería una de las más afectadas. En estas zonas, la economía gira en torno a la producción agrícola.

Si la carretera queda interrumpida, los agricultores no podrían transportar sus cosechas hacia los mercados, lo que generaría pérdidas económicas significativas y afectaría la cadena de abastecimiento.

Frente a este escenario, las autoridades locales han solicitado la intervención del Gobierno Regional de Arequipa, responsable de la vía por tratarse de una carretera regional.

También se ha planteado la necesidad de que la Gerencia Regional de Agricultura supervise el cumplimiento de las licencias otorgadas a la irrigación El Castillo, especialmente en lo referido al uso del agua.

Otro actor clave es la Autoridad Nacional del Agua, entidad encargada de garantizar el uso adecuado y sostenible del recurso hídrico. Su participación resulta fundamental para determinar si las filtraciones son consecuencia de un manejo inadecuado del sistema de riego.

Los vecinos de Acoy y de otras zonas de Castilla han expresado su preocupación ante la falta de acciones concretas. Temen que la inacción de las autoridades derive en una emergencia mayor, como ya ha ocurrido en otros puntos de la región.

La experiencia de Siguas, donde las filtraciones han puesto en riesgo una vía de alto tránsito, es un antecedente que no puede ser ignorado.

El riesgo es inminente. Cada nuevo derrumbe es una advertencia de lo que podría suceder si no se toman medidas estructurales. La limpieza constante de la carretera no resuelve el problema de fondo.

Se requiere una intervención integral que incluya el control del uso del agua, la regulación de las actividades agrícolas en zonas de riesgo y la estabilización del terreno.

La carretera AR-105 es más que una vía de tránsito. Es el vínculo que mantiene conectadas a comunidades enteras con el resto de la región. Su eventual colapso no solo significaría aislamiento geográfico, sino también un golpe severo a la economía y a la calidad de vida de miles de personas.

El tiempo juega en contra. Cada día sin intervención aumenta la probabilidad de un desastre. Las advertencias ya están hechas. Ahora, la responsabilidad recae en las autoridades competentes para evitar que esta amenaza se convierta en una tragedia.

De acuerdo con el reporte de las autoridades locales, las lluvias persistentes de las últimas horas debilitaron la estructura del puente hasta provocar su colapso parcial, interrumpiendo completamente el tránsito vehicular en la zona. A pesar de la magnitud del incidente, no se han registrado daños a la vida ni afectaciones a la salud de las personas.

Sin embargo, el evento dejó un vehículo de carga atrapado en la infraestructura dañada, lo que agrava la situación de conectividad para los pobladores. Esta vía resulta clave para el acceso hacia los anexos de Sayrosa, Cuspa y Occoruro, comunidades que ahora permanecen temporalmente aisladas.

El hecho fue comunicado al Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Arequipa, entidad que viene monitoreando la situación y coordinando acciones con las autoridades distritales y provinciales para atender la emergencia.

En paralelo, el equipo técnico del distrito de Puyca inició la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), con el objetivo de determinar el nivel de afectación y priorizar las intervenciones necesarias. Entre las primeras acciones se contempla la habilitación de rutas alternas y la gestión de maquinaria pesada para retirar el vehículo atrapado y los escombros.

Las autoridades exhortaron a la población a tomar precauciones ante la continuidad de las lluvias en la zona, especialmente en rutas vulnerables a deslizamientos o colapsos de infraestructura. Asimismo, no se descarta que nuevos eventos climáticos puedan generar más afectaciones en otras vías rurales de la provincia.

La emergencia pone en evidencia la vulnerabilidad de la infraestructura vial en zonas altoandinas frente a fenómenos climáticos intensos, lo que refuerza la necesidad de ejecutar obras de prevención y mantenimiento oportuno.

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego continúa ejecutando acciones de emergencia en diversos puntos críticos de la selva central, con el objetivo de mitigar los efectos de las intensas lluvias y prevenir desbordes que puedan afectar a poblaciones y cultivos.

A través del Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI), se vienen desarrollando trabajos de limpieza, descolmatación y construcción de defensas ribereñas en las provincias de Chanchamayo y Satipo, en la región Junín. Estas intervenciones representan una inversión que supera los 4 millones de soles.

En la comunidad nativa Shintoriato, ubicada en el distrito de Perené, se ejecutan labores en un tramo de 1.87 kilómetros del río Perené. Los trabajos incluyen la limpieza del cauce, descolmatación y construcción de diques, con una inversión superior a 3.5 millones de soles. Esta intervención permitirá proteger alrededor de 17 hectáreas de cultivos, principalmente de cítricos y plátano, beneficiando directamente a 150 productores locales.

Durante una visita de supervisión, el titular del sector, Felipe Mejía, destacó la importancia de estas obras para salvaguardar tanto la producción agrícola como la seguridad de las familias asentadas en ambas márgenes del río. Asimismo, precisó que los trabajos se ejecutarán en un plazo aproximado de 30 días.

En paralelo, en la provincia de Satipo, específicamente en el sector de Alto Chavini, distrito de Pangoa, se realizan labores de limpieza y descolmatación de cauces con una inversión de más de 500 mil soles. Estas acciones permitirán asegurar la producción de cultivos como cacao y plátano, en beneficio de 140 agricultores.

El Midagri subrayó que estas intervenciones forman parte de una estrategia integral para fortalecer la resiliencia del sector agrario frente a eventos climáticos extremos. En ese sentido, se busca no solo atender emergencias, sino también prevenir futuros daños mediante obras de protección y manejo adecuado de los recursos hídricos.

Finalmente, el Gobierno reafirmó su compromiso de continuar apoyando a las familias rurales, garantizando la protección de sus medios de vida y promoviendo una producción agrícola sostenible en zonas vulnerables a las lluvias intensas.