REFLEXIONES

El Perú no puede seguir administrando desastres que ha podido anticipar. El Fenómeno El Niño, la amenaza sísmica, las sequías, los incendios, los huaicos y las crisis hídricas forman un sistema de multiamenazas que exponen vulnerabilidades acumuladas por ocupación territorial inadecuada, infraestructura frágil, decisiones fragmentadas e inversión preventiva insuficiente. La amenaza es natural; el desastre, en gran medida, se construye.

La nueva Política General de Gobierno 2026-2031 prioriza reducir la vulnerabilidad frente a desastres y al cambio climático. A ello se suma la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del Fenómeno El Niño 2026-2027, con instrumentos orientados a la preparación y la respuesta.

El reto no es sumar otra instancia declarativa, sino conseguir que ciencia, territorio y presupuesto funcionen como parte de una misma decisión pública. Esta necesidad fue uno de los principales consensos del Foro Internacional RiesGIRD-ACC LAC 2026, que reunió en Lima a especialistas, autoridades, empresas y sociedad civil de 12 países. Su mensaje central es convertir conocimiento en decisión, decisión en inversión y esa inversión en reducción verificable del riesgo.

Lo siguiente debería ser fortalecer las instancias existentes con un mecanismo permanente de articulación entre universidades, organismos técnico-científicos, Ejecutivo, gobiernos regionales y locales, sector privado y ciudadanía. No se trata de crear más burocracia, sino de incorporar evidencia científica, información territorial, responsables, plazos e indicadores a las decisiones que ya se toman.

Una primera tarea sería definir territorios críticos y construir, mediante laboratorios territoriales, escenarios multiamenaza, carteras de inversión y soluciones medibles y escalables. El Niño y un sismo son asuntos que involucran a varios sectores porque comprometen agua, vivienda, salud, educación, transporte, energía, comunicaciones, empleo y gobernabilidad.

La prevención necesita responsabilidades claras. El Ejecutivo debe incorporar evidencia a las decisiones de inversión; el Congreso, asegurar continuidad presupuestal y fiscalización por resultados; y la academia, aportar escenarios, evaluación y formación de capacidades. El sector privado puede sumar tecnología, innovación y continuidad de servicios críticos.

El desarrollo territorial no es reconstruir lo perdido, sino evitar reproducir el riesgo. Cada sol destinado a reducir vulnerabilidades y enfrentar emergencias debe demostrar qué riesgo reducirá, dónde, en cuánto tiempo y con qué evidencia. El país tiene conocimiento, instituciones y capacidades; el reto es llevarlos a la toma de decisiones antes de la próxima emergencia.

El concurso “Semilleros Tecnológicos UTP” es una iniciativa de investigación aplicada e innovación de la Universidad Tecnológica del Perú, que convoca a estudiantes y docentes a desarrollar prototipos tecnológicos orientados a atender necesidades del país. Tras un proceso de evaluación técnica, en su primera edición fueron seleccionados cinco proyectos ganadores, correspondientes a equipos de los campus Chiclayo, San Juan de Lurigancho, Lima Sur, Arequipa y Lima Norte de la UTP. Ellos desarrollarán sus propuestas durante seis meses.

Proceso

La iniciativa busca llevar los proyectos académicos desde la identificación de una problemática y el desarrollo de una idea hasta la construcción y validación de prototipos con potencial de protección mediante propiedad intelectual. Para ello, los equipos cuentan con el acompañamiento especializado del Centro de Apoyo a la Tecnología y la Innovación (CATI-UTP) en aspectos como identificación de materia patentable, búsquedas tecnológicas, evaluación de patentabilidad y documentación técnica.

“Cuando los estudiantes y los docentes conocen cómo identificar problemas, desarrollar soluciones, construir prototipos y proteger sus resultados, adquieren competencias que les permiten transformar el conocimiento en innovación”, explica Gladys Charca, directora nacional del área de Investigación de la UTP.

Propuestas con aplicación en distintos ámbitos

Los equipos seleccionados desarrollarán prototipos que buscan responder a problemáticas concretas desde diferentes disciplinas. Los proyectos ganadores de la primera edición del concurso “Semilleros Tecnológicos UTP” son los siguientes:

• Sistema de Monitoreo Vertical Estratificado del Perfil Hídrico del Suelo: será desarrollado por el “Semillero Investigación, Desarrollo e Innovación de Tecnologías inteligentes para el Monitoreo Agroambiental en Agricultura de Precisión” del Campus UTP Chiclayo. La propuesta consiste en un sistema autónomo que integra sensores de humedad a distintas profundidades, radiación UV e imágenes del cultivo para generar información que contribuya a una gestión más precisa del riego y del recurso hídrico.

• Método de Control Cinemático de Trayectoria Continua y Modulación de Impacto por Fuerza Contraelectromotriz para Impresión Braille Monopunto y Multipolo: a cargo del “Semillero de Innovación y Prototipado Mecatrónico” del Campus UTP San Juan de Lurigancho. El proyecto busca hacer más dinámica y eficiente la impresión Braille mediante trayectorias continuas y una regulación adaptativa de la fuerza de impacto según las características del papel, con potencial aplicación en accesibilidad e inclusión educativa.

• Sistema IoT de Gestión y Monitoreo de Estacionamientos: será desarrollado por el “Semillero SIGME UTP” del Campus Lima Sur. La propuesta busca detectar y gestionar en tiempo real la ocupación de estacionamientos mediante sensores magnéticos, microcontroladores, un servidor central y una aplicación móvil que permitirá visualizar disponibilidad, realizar reservas y recibir notificaciones.

• Sillar Translúcido como Regulador de la Iluminación Natural en Edificaciones: por “INNOMAT Lab” del Campus UTP Arequipa. El proyecto plantea un material de construcción que combina residuos de sillar con elementos transmisores de luz para favorecer el ingreso de iluminación natural a edificaciones, al mismo tiempo que busca valorizar residuos generados durante el procesamiento de este material.

• Modelo Anatómico Interactivo con Pantallas Embebidas para la Visualización Sincronizada de la Interacción Funcional entre Órganos del Cuerpo Humano: a cargo de “YUYAY LAB” del Campus UTP Lima Norte. La propuesta permite visualizar de manera sincronizada el funcionamiento e interacción de los órganos del cuerpo durante procesos fisiológicos.

Durante seis meses de ejecución, los equipos buscarán materializar sus propuestas, validar técnicamente los prototipos y generar la documentación técnica necesaria. Asimismo, se evaluará la protección de los resultados mediante propiedad intelectual y, cuando corresponda, se gestionará la preparación de documentación para una solicitud de patente ante Indecopi.

“Queremos que estos cinco primeros Semilleros Tecnológicos sean el punto de partida de una nueva generación de inventores de la UTP”, afirma Charca.

REFLEXIONES

En el Perú hemos avanzado en generar conocimiento científico y fortalecer nuestras capacidades de investigación. El desafío ahora es lograr que ese conocimiento trascienda el laboratorio, encuentre usuarios y se convierta en soluciones, productos, servicios y nuevas oportunidades para el desarrollo del país. Esa es la razón por la que el CONCYTEC viene generando condiciones que habiliten la transferencia tecnológica.

Transferir tecnología no significa únicamente patentar. Implica conectar los resultados de I+D+i con quienes pueden utilizarlos y llevarlos a escala: empresas, entidades públicas, entre otros actores. Ello puede ocurrir mediante licenciamiento, investigación colaborativa, servicios tecnológicos, asistencia técnica o la creación de empresas de base tecnológica. En todos los casos, supone construir puentes entre la academia, el sector productivo y el Estado.

Hoy esos puentes todavía son frágiles. El diagnóstico nacional muestra que 44% de las universidades e institutos públicos de investigación no cuenta con una oficina o unidad de transferencia tecnológica y que 80% carece de una política específica en esta materia. Además, la mayoría de las instituciones concentran sus esfuerzos en actividades iniciales de la transferencia, vinculadas principalmente con la identificación de portafolios de I+D, la propiedad intelectual y la evaluación de patentabilidad, pero pocas avanzan hacia la evaluación comercial, la vinculación con empresas, el licenciamiento o la creación de empresas derivadas. Existe, por tanto, una brecha entre lo que investigamos y lo que logramos transformar en valor económico y social.

Cerrar esa brecha requiere reglas claras, capacidades especializadas e incentivos adecuados. Una ley de transferencia tecnológica permitiría reconocer esta actividad como una función estratégica del SINACTI, fortalecer las unidades responsables, profesionalizar a los gestores tecnológicos y generar condiciones más previsibles para proteger, valorizar y comercializar resultados de investigación.

También necesitamos cambiar la lógica de los incentivos. Si esperamos que investigadores y docentes participen en proyectos con empresas, desarrollen tecnologías protegibles o impulsen emprendimientos de base tecnológica, estas actividades deben ser adecuadamente reconocidas. La participación en regalías y los mecanismos para promover empresas de base tecnológica pueden convertir la transferencia en un verdadero estímulo para investigar e innovar.

Habilitar la transferencia tecnológica es, además, una manera de hacer más eficiente la inversión pública en investigación científica y desarrollo tecnológico. Cuando la investigación responde a las necesidades de un usuario o cuando un resultado de investigación encuentra un usuario y llega a aplicarse, puede mejorar la productividad de una PYME, resolver un problema público, generar empleo calificado, crear una nueva empresa o abrir oportunidades en mercados de mayor valor.

Desde el CONCYTEC, trabajamos para fortalecer capacidades, promover la articulación entre actores y construir instrumentos que acerquen la oferta de conocimiento a las necesidades del país. Pero para consolidar estos esfuerzos necesitamos un marco que permita a las instituciones actuar con mayor seguridad y capacidad de respuesta.

La discusión mundial sobre inteligencia artificial ha cambiado de naturaleza. Ya no enfrenta solo a entusiastas de la innovación con críticos temerosos de sus efectos descontrolados. La división atraviesa a las propias empresas que desarrollan los modelos más avanzados y a los gobiernos que compiten por dominarlos.

Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, ha pedido acompasar el progreso de los modelos de frontera. Su propuesta no es una moratoria general. Plantea que los laboratorios concedan acceso permanente a evaluadores externos, que las principales empresas adopten estándares comunes de seguridad y que los gobiernos busquen acuerdos internacionales verificables. El tiempo ganado debe emplearse en comprender mejor el funcionamiento interno de los modelos, evaluar capacidades peligrosas y corregir fallas antes de nuevas versiones.

La advertencia no puede descartarse. Viene de uno de los laboratorios que encabezan la carrera y responde al rápido desarrollo de agentes capaces de actuar con mayor autonomía, además de incidentes reconocidos durante pruebas. Pero tampoco puede aceptarse sin examen. Anthropic participa en la misma competencia que cuestiona y cualquier regulación diseñada por las grandes empresas puede terminar protegiéndolas frente a nuevos rivales. La seguridad exige conocimiento técnico, pero también independencia política y económica.

La contradicción más importante aparece en el componente geopolítico de la propuesta. Amodei invoca el interés de la humanidad, pero afirma que la reducción de velocidad debe limitarse para conservar la ventaja de Estados Unidos. También solicita controles más estrictos sobre chips, centros de datos y transferencia de conocimientos hacia China. Su doctrina combina una precaución legítima con una estrategia de contención.

Donald Trump ha respondido desde el extremo contrario. Considera exageradas las advertencias y sostiene que quien gane en el desarrollo de la inteligencia artificial ganará la competencia por la dominación mundial. Su gobierno no elimina todo control, pero impulsa una desregulación competitiva: acepta salvaguardas funcionales a la seguridad nacional y combate las normas que puedan restar velocidad a las empresas estadounidenses. El interés público queda subordinado a la supremacía tecnológica. 

Beijing denuncia que el llamado de Amodei reproduce una lógica de Guerra Fría y busca excluir a China de la gobernanza mundial. La objeción identifica un interés real, aunque la respuesta china también protege su propia carrera. Estados Unidos y China rivalizan por el primer lugar, pero ninguno acepta fácilmente una restricción que pueda beneficiar al adversario. Ese círculo convierte la velocidad en una necesidad estratégica: cada potencia corre porque teme que la otra corra más. No piensan en términos de interés de la humanidad, piensan en términos de poder global.

Las Naciones Unidas han aportado el criterio ausente. El alto comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, sostuvo que la autorregulación empresarial no basta. Pidió a los Estados exigir la comunicación de incidentes graves, verificar las capacidades de los sistemas y establecer la debida diligencia en derechos humanos. La ONU cuenta además con un Panel Científico Internacional Independiente y con un Diálogo Mundial sobre Gobernanza de la IA. Su informe de julio advirtió que las salvaguardas actuales no avanzan al ritmo de las capacidades tecnológicas.

La comparación con la energía nuclear resulta útil si se entienden sus límites. El material nuclear está concentrado en instalaciones identificables; el software puede copiarse y desplegarse a través de empresas y fronteras. No se trata de reproducir mecánicamente el sistema nuclear, se trata de construir su equivalente político: inspección independiente, registro obligatorio de incidentes, umbrales de riesgo, responsabilidades jurídicas y prohibiciones internacionales para usos que peligrosamente pueden escapar al control humano.

América Latina no debe alinearse automáticamente con Washington ni con Beijing. Tampoco puede permanecer como simple proveedora de datos, energía y minerales para sistemas diseñados en otras regiones. Necesita un no alineamiento tecnopolítico activo y bien informado para negociar con todos, subordinar cada acuerdo al interés regional y participar como bloque en la creación de las reglas.

Esa posición debe vincular seguridad con soberanía. Supone reconocer la propiedad personal de los datos y la soberanía colectiva sobre los datos agregados; desarrollar infraestructura regional; exigir auditorías sobre los modelos utilizados en servicios esenciales; proteger a niños, trabajadores y ciudadanos; y preservar siempre la decisión humana responsable.

La inteligencia artificial puede ampliar extraordinariamente el conocimiento y mejorar la vida. Precisamente por su poder, no puede quedar gobernada por el mercado ni por la rivalidad de dos potencias. La carrera que todos quieren ganar puede terminar siendo una carrera perdida por la humanidad.

El Estado también innova. Esta afirmación puede resultar extraña porque solemos asociar burocracia con inmovilidad. Sin embargo, vacunas, infraestructura digital, sistemas de pago, exploración espacial y numerosas tecnologías surgieron de inversiones públicas o compras estatales que asumieron riesgos difíciles para el sector privado. Esto ocurre continuamente en los países desarrollados y aquellos con política de apoyo a la innovación.

El problema no es la participación estatal, sino su calidad. Un Estado capturado puede utilizar la innovación como pretexto para adjudicar contratos, escoger amigos o financiar proyectos sin evaluación. Uno excesivamente temeroso puede exigir tantos controles previos que vuelve imposible experimentar. La capacidad pública consiste en fijar misiones, convocar competencia, evaluar etapas y cerrar aquello que no funciona.

La compra pública puede convertirse en herramienta de innovación. El Estado es un gran demandante de salud, seguridad, transporte, educación, agua y energía. En lugar de especificar siempre una tecnología conocida, puede definir un problema y permitir que distintos proveedores propongan soluciones. Para hacerlo necesita funcionarios técnicamente preparados, procesos transparentes y pruebas controladas.

La innovación pública no debe perseguir novedades por prestigio. Digitalizar un trámite inútil conserva su inutilidad. Antes de desarrollar una plataforma, conviene preguntar si el requisito todavía es necesario, si el Estado ya posee la información y si el ciudadano puede resolver el proceso de una manera más simple. La mejor innovación administrativa puede consistir en eliminar la información repetitiva, muchas veces inútil y redundante.

Los datos públicos representan un recurso importante. La información geográfica, climática, sanitaria, agrícola y comercial puede permitir investigaciones y servicios nuevos cuando se publica con calidad, formatos utilizables y protección de la privacidad. Los datos cerrados por inercia reducen el conocimiento; los datos personales expuestos sin límites reducen la libertad.

La inteligencia artificial amplifica esta tensión. Puede ayudar a diagnosticar enfermedades, personalizar educación, optimizar energía, detectar fraude y analizar grandes cantidades de información. También puede reproducir sesgos, inventar respuestas, vigilar a los ciudadanos y concentrar poder en quienes controlan modelos y datos.

En mi libro anterior examiné la automatización como una fuerza capaz de transformar empleos, empresas y sociedades. Esa transformación dejó de ser una previsión distante. La inteligencia artificial generativa puede realizar tareas cognitivas que hasta hace poco parecían exclusivamente humanas. No reemplazará todas las ocupaciones, pero modificará muchas y redistribuirá valor entre quienes sepan utilizarla, quienes controlen su infraestructura y quienes dependan de decisiones automatizadas.

La respuesta no puede limitarse a prohibir ni a celebrar. Necesitamos evaluar usos concretos. Una herramienta que ayuda a un médico no es igual a otra que decide, sin supervisión, quién recibe un tratamiento. Un sistema que redacta una primera versión no plantea el mismo riesgo que uno que determina la libertad, el crédito o el empleo. Cuanto mayor sea el impacto sobre los derechos, mayores deben ser la explicabilidad, el control, la revisión humana y la responsabilidad.

La innovación tecnológica contiene valores. Un algoritmo optimiza aquello que alguien definió como objetivo. Si una plataforma premia la atención a cualquier costo, difundirá contenidos capaces de retenerla, aunque deterioren la conversación pública. Si un sistema de selección aprende de decisiones discriminatorias, puede reproducirlas con apariencia matemática.

Por eso, la ética no debe añadirse al final como una declaración. Debe entrar en el diseño: qué problema se resuelve, qué datos se utilizan, quién puede reclamar, qué errores son aceptables y quién responde por ellos. Innovar responsablemente significa anticipar consecuencias sin pretender que podamos conocerlas todas.

RESPALDO NORMATIVO

El gerente regional de Ciencia, Tecnología e Innovación, Jacob Salazar Aldana, explicó que la política busca ordenar las acciones que deberá seguir Arequipa para promover el hidrógeno verde y facilitar la llegada de inversiones. Según señaló, el Gobierno nacional incluso viene solicitando información al GRA para conocer el trabajo desarrollado en la región y tomarlo como referencia para una futura reglamentación. “Nosotros estamos marcando el camino para lo que es el hidrógeno a nivel nacional”, sostuvo.

La propuesta deberá tener además un respaldo normativo mediante una ordenanza regional que declare al hidrógeno verde como prioridad de inversión regional. Salazar Aldana señaló que esta medida busca evitar que el proyecto quede vinculado exclusivamente a la actual gestión y garantizar su continuidad durante los siguientes gobiernos regionales. Ambos instrumentos permitirían establecer el marco que deberá seguir la próxima administración para continuar un proyecto cuya producción todavía no está prevista en el corto plazo. «Desde Arequipa estamos marcando el camino para el hidrógeno a nivel nacional», sostuvo.

La necesidad de establecer una política regional responde también a la escala que adquirió la iniciativa. Previamente, Salazar Aldana reconoció que inicialmente se pensaba en una planta de hidrógeno, pero durante su formulación se determinó que el proyecto requería una cadena más amplia, con generación de energía solar, transporte y producción del combustible. Por ello, la iniciativa todavía requiere definir inversionistas, terrenos y condiciones de participación. «Necesitamos el sustento técnico y científico para poder invertir», subrayó.

El documento se articula con el estudio de gobernanza elaborado con apoyo de la Embajada Británica, cuya presentación está prevista para el 22 de septiembre. Ese estudio plantea mecanismos para organizar la participación de entidades públicas y privadas y será utilizado como referencia para pasar a una segunda etapa del proyecto, en la que el GRA prevé definir las empresas que participarán y el mecanismo de inversión. A la fecha, está confirmada la visita del ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, además de otros dos ministros aún por confirmar.

El Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (MINAM), y el Gobierno Regional del Cusco suscribieron un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional destinado a fortalecer la investigación científica, promover la conservación ambiental y contribuir a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones de la selva cusqueña.

La alianza busca impulsar el aprovechamiento racional de la biodiversidad y fortalecer las capacidades técnicas necesarias para desarrollar iniciativas vinculadas con los recursos naturales y los ecosistemas amazónicos del departamento.

El acuerdo fue formalizado por el gobernador regional del Cusco, Werner Máximo Salcedo Álvarez, y el jefe institucional del IIAP, Jorge Manuel Revilla Chávez, durante una ceremonia realizada en la sede del IIAP San Martín, en la ciudad de Tarapoto.

A partir de este convenio, ambas entidades articularán esfuerzos para desarrollar proyectos de investigación aplicada y promover la transferencia de conocimientos y tecnología. La finalidad es que los resultados de la investigación puedan convertirse en acciones concretas que contribuyan al desarrollo sostenible de la cuenca amazónica cusqueña.

El documento contempla también el intercambio de investigadores, especialistas y profesionales de ambas instituciones, con el propósito de fortalecer el trabajo técnico y ampliar las capacidades existentes en la región.

Asimismo, se prevé la organización de seminarios científicos presenciales y actividades de capacitación orientadas a compartir conocimientos y experiencias sobre biodiversidad, gestión ambiental y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

Otro de los componentes del convenio será la transferencia de metodologías avanzadas para mejorar las capacidades del personal técnico local. Esto permitirá fortalecer la formulación y ejecución de programas focalizados en la protección ambiental y la puesta en valor de los recursos naturales.

Para asegurar el seguimiento de los compromisos, el IIAP y el Gobierno Regional del Cusco designarán coordinadores responsables de planificar, supervisar y ejecutar las actividades que sean acordadas dentro del marco de cooperación.

El convenio tendrá una vigencia inicial de cuatro años, con posibilidad de renovación. Durante ese periodo, ambas instituciones podrán desarrollar nuevas iniciativas y consolidar proyectos orientados a la investigación y conservación de la biodiversidad amazónica.

La alianza representa un esfuerzo por acercar la investigación científica a las necesidades de las poblaciones amazónicas y generar herramientas que permitan aprovechar los recursos naturales sin comprometer la conservación de los ecosistemas.

Con este acuerdo, el IIAP y el Gobierno Regional del Cusco buscan sentar las bases para un modelo de desarrollo sostenible y resiliente, basado en el conocimiento científico, la innovación y la participación de las comunidades de la Amazonía cusqueña.

Según el acuerdo, TikTok deberá desembolsar US$ 300 millones de manera inmediata y otros US$ 100 millones cuando se emita una orden que deje sin efecto un decreto de consentimiento previo relacionado con Musical.ly, aplicación adquirida por ByteDance en 2017 y posteriormente integrada a TikTok.

El Departamento de Justicia calificó el acuerdo como una de las mayores indemnizaciones obtenidas en un caso relacionado con la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet (COPPA). Esta norma prohíbe a los sitios web recopilar información personal de menores de 13 años sin autorización de sus padres.

El caso se remonta a 2024, cuando el DoJ y la Comisión Federal de Comercio (FTC) demandaron conjuntamente a TikTok. Las autoridades sostuvieron que la plataforma permitía que niños menores de 13 años utilizaran el servicio y recopilaba y utilizaba sus datos personales sin informar adecuadamente a sus padres.

La denuncia señaló incluso que las cuentas creadas bajo un “Modo para niños”, diseñado para usuarios menores de 13 años, podían recopilar direcciones de correo electrónico y otros datos personales.

El antecedente del caso se encuentra en una demanda presentada en 2019 contra Musical.ly por presuntas infracciones a la normativa de privacidad infantil. ByteDance había adquirido esa aplicación dos años antes y posteriormente la fusionó con TikTok.

El acuerdo en Estados Unidos se produce mientras TikTok enfrenta un mayor escrutinio internacional por sus políticas de protección a menores. La Unión Europea inició en 2024 una investigación sobre la plataforma y, en julio, cuestionó sus configuraciones de privacidad para usuarios menores de edad, al considerar que podían exponerlos a riesgos como el ciberacoso y comportamientos depredadores.

En Reino Unido también se abrió una investigación para determinar si TikTok cumple con las obligaciones legales destinadas a proteger a los menores frente a contenidos dañinos.

Además, TikTok afronta en Estados Unidos un amplio litigio junto con Meta, Snapchat y YouTube. Familias, comunidades escolares y varios estados acusan a estas plataformas de contribuir al deterioro de la salud mental de adolescentes.

REFLEXIONES

La investigación científica se construye sobre un principio esencial: la confianza. Cada artículo publicado representa una contribución al conocimiento y, al mismo tiempo, una declaración de que los resultados, los métodos y las fuentes utilizados cumplen determinados estándares de rigor e integridad. Sin embargo, el sistema científico también contempla mecanismos para corregir, cuestionar o retirar publicaciones cuando esa confianza se ve comprometida. En este contexto, aparecen dos fenómenos que suelen confundirse: los artículos retractados y las revistas objetadas. Aunque ambos afectan la credibilidad de la comunicación científica, no presentan el mismo alcance.

Un artículo retractado es una publicación que, después de haber sido difundida, es formalmente retirada o declarada no confiable por la revista debido a circunstancias que comprometen la validez de sus resultados o la integridad del proceso de investigación, como plagio, fabricación o manipulación de datos, errores metodológicos graves, problemas éticos u otras irregularidades. La retractación no significa necesariamente que deba eliminarse el artículo del registro científico; por el contrario, en caso de que la editorial de la revista considere necesaria una retractación, será marcada en cada página de manera visible como “RETRACTADO”. También se publicará una declaración de retractación. En cambio, cuando se habla de revistas objetadas, la investigación científica pierde su indización debido a malas prácticas editoriales, falta de rigor ético o anomalías en su proceso de evaluación. Es así como existen artículos de autores que fueron publicados en revistas que, posteriormente, fueron excluidas de la plataforma debido al incumplimiento de estándares de calidad, rigurosidad en la revisión por pares y transparencia en sus prácticas editoriales.

Estas distinciones son particularmente importantes en un escenario donde publicar ya no representa únicamente una meta académica, sino también un indicador utilizado para evaluar investigadores, universidades y programas de posgrado. Por ello, la responsabilidad no termina cuando un artículo obtiene un DOI o aparece en una base de datos. Investigadores, revisores, editores y universidades comparten la tarea de preservar la integridad científica. Publicar es comunicar conocimiento; publicar responsablemente es proteger su credibilidad. En definitiva, los artículos retractados y las revistas objetadas no deben entenderse únicamente como errores del sistema científico, sino también como mecanismos de alerta y corrección. Una ciencia sólida no es aquella que nunca se equivoca, sino aquella que posee la capacidad de reconocer, transparentar y corregir sus errores.

El primer paso será conseguir la priorización ante el Consejo Regional de Arequipa. La Gerencia Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación (GRCTI) prepara los informes técnicos y legales para llevar el proyecto al pleno. El gerente Jacob Salazar Aldana estimó que esta aprobación podría concretarse en un mes y planteó como meta llegar incluso a la colocación de la primera piedra antes del término de la gestión. “Se están preparando los informes técnico-legales para enviar la documentación al consejo”, declaró.

Después de la priorización, la iniciativa deberá pasar por la revisión y aprobación de la Contraloría General de la República. Superada esa etapa, la Gerencia Regional de Promoción de la Inversión Privada deberá completar los actos previos para continuar con el proceso de OxI y buscar una empresa que financie la inversión. El objetivo es suscribir el convenio a fines de noviembre, según la proyección de la GRCTI. “El reto es mucho más grande. Quiero llegar a la puesta de la primera piedra”, sostuvo Salazar Aldana.

El plazo resulta ajustado porque el proyecto ya incumplió su cronograma original. De acuerdo con el Plan Estratégico Institucional, el perfil debía aprobarse en octubre de 2025 y la ejecución comenzar durante el primer trimestre de 2026. Sin embargo, las observaciones formuladas durante su evaluación obligaron a reformular la iniciativa. Salazar Aldana atribuyó parte de las dificultades a la falta de una ruta definida para este tipo de infraestructura. “Incluso a nivel nacional, no había una secuencia para aprobar un parque tecnológico. (…) Hemos definido ejecutarla mediante OxI y avanzar, digamos, una ruta propia”, señaló.

El proyecto contempla una inversión de S/80 millones, de los cuales aproximadamente S/50 millones corresponden al componente tecnológico. Entre sus principales elementos se prevé un centro de datos de alta capacidad y espacios destinados al desarrollo de soluciones tecnológicas para empresas, productores e instituciones públicas. Pese al avance en la formulación, solo la suscripción del convenio de ejecución permitirá asegurar la continuidad de la inversión.