SEÑALA MUNICIPALIDAD

Ninguna empresa cuenta con autorización municipal para ofrecer servicios de parapente en Mollebaya, distrito donde Roger Tejada Gutiérrez falleció tras sufrir una caída en el cerro La Zeta. El accidente expuso la falta de operadores formalizados para una actividad de alto riesgo que se practica en zonas abiertas del distrito.

El gerente municipal de Mollebaya, Willy Saico, sostuvo que la comuna no tenía registrada ninguna empresa autorizada para brindar este tipo de servicio. Indicó que, hasta el momento, no existía licencia de funcionamiento vinculada al parapente en el sector donde ocurrió el accidente.

La autoridad edil señaló que el caso será sometido a una investigación interna para determinar las circunstancias del hecho y las acciones administrativas que correspondan. También precisó que el municipio iniciará labores de fiscalización luego del fallecimiento del deportista.

Saico reconoció que antes del accidente no se había ejecutado una fiscalización específica sobre la práctica de parapente en los cerros de Mollebaya. No obstante, evitó admitir una omisión de funciones y argumentó que muchas personas llegan al distrito por cuenta propia para caminar, montar bicicleta o realizar actividades al aire libre.

El funcionario aclaró que existe una solicitud municipal vinculada a una empresa de tirolesa, pero que el trámite aún se encuentra en evaluación por Defensa Civil, pero que ya se han instalado las estructura para la práctica de ese deporte. Esa gestión, según precisó, no corresponde a la práctica de parapente ni al lugar donde se produjo el accidente fatal.

La Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo también confirmó que no otorgó certificaciones, reconocimientos ni documentos habilitantes a operadores turísticos para parapente, canopy u otras actividades de aventura similares en Arequipa. Su titular, Jorge Meza, explicó que estos servicios deben cumplir requisitos técnicos, municipales y de seguridad antes de operar.

Meza precisó que la gerencia regional cuenta con resoluciones que delimitan zonas donde podrían practicarse ciertas actividades, pero aclaró que esa delimitación no equivale a una autorización para empresas. En el caso del parapente, mencionó como espacios identificados la subcuenca de Cotahuasi y Mollebaya.

El funcionario regional indicó que ninguna agencia se acercó a iniciar un procedimiento formal para operar parapente en Arequipa. También recordó que los usuarios pueden consultar el directorio de prestadores de servicios turísticos del Mincetur para verificar qué agencias están registradas y qué actividades tienen autorizadas.

La investigación deberá establecer si el vuelo de Tejada Gutiérrez fue una práctica individual o si estuvo vinculado a un servicio ofrecido por terceros. Esa precisión será clave para determinar eventuales responsabilidades administrativas, civiles o penales, especialmente si se confirma que hubo lucro sin autorización.

La muerte del parapentista dejó bajo evaluación el control de los deportes de aventura en Mollebaya. El caso reveló que la promoción de actividades extremas exige más que paisajes adecuados: requiere operadores formales, seguros, fiscalización previa y reglas claras para evitar que el riesgo termine convertido en tragedia.

Las unidades informales aseguran que cubren rutas y horarios donde el transporte concesionado no llega. Su principal dirigente, Víctor Mendoza, plantea que la próxima gestión municipal replantee por completo el modelo de movilidad urbana y defina el futuro del SIT.

CAOS PERJUDICA A LOS PASAJEROS

Las denominadas «loncheritas», unidades que prestan el servicio de transporte informal en Arequipa, tampoco están dispuestas a reducir el precio de los pasajes, pese a que el costo de los combustibles ha disminuido en los últimos días. Al igual que las empresas concesionarias del Sistema Integrado de Transportes (SIT), consideran que no existen condiciones para volver a las tarifas anteriores y sostienen que el problema de fondo es el fracaso del modelo de transporte implementado en la ciudad.

Actualmente, estas unidades cobran S/2.50 por viaje durante el día. En las noches, especialmente en rutas hacia las zonas altas de distritos como Cayma, el pasaje puede elevarse hasta S/3 o incluso S/4, dependiendo de la demanda y la distancia recorrida.

A diferencia de las empresas del SIT, que elevaron la tarifa urbana de S/1 a S/1.30 mediante un acuerdo con la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), las loncheritas operan sin contratos de concesión y fijan sus precios de manera autónoma. Esa informalidad les permite modificar las tarifas según las condiciones del mercado y la necesidad de los usuarios.

Uno de los casos más frecuentes ocurre con los llamados «puenteros», conductores que se ubican en puntos estratégicos, como el puente Grau, para trasladar pasajeros hacia la parte alta de Cayma y otros sectores donde el transporte formal escasea durante las noches.

Para Víctor Mendoza, presidente del Frente de Defensa de los Transportistas, esos cobros responden a una realidad que las empresas del SIT no han logrado atender.

«Si las empresas del SIT tuvieran todas las unidades que dicen tener y cubrieran las rutas y horarios establecidos, nosotros simplemente no existiríamos. Atendemos una necesidad que ellos no pueden cubrir», afirmó.

El dirigente sostiene que pagar entre 3 y 4 soles sigue siendo una alternativa más económica para los usuarios que contratar un taxi hacia esas zonas periféricas donde el transporte formal prácticamente desaparece al caer la noche.

La discusión sobre las tarifas volvió a tomar fuerza porque el incremento autorizado durante la gestión del exalcalde, Víctor Hugo Rivera, estuvo sustentado en el fuerte aumento del precio de los combustibles. En ese momento, el diésel llegó a bordear los S/24 por galón, lo que motivó el reajuste del pasaje urbano.

Hoy el escenario es distinto. El precio del combustible se ha reducido y en algunos establecimientos ya se ubica por debajo de los S/20. Ese descenso ha llevado a diversos sectores a exigir que el pasaje urbano vuelva a costar un sol.

Las empresas concesionarias del SIT rechazan esa posibilidad. Argumentan que durante más de 16 años mantuvieron congelada la tarifa pese al incremento sostenido de sus costos operativos. Las loncheritas sostienen una posición similar y tampoco contemplan reducir sus precios.

Para Mendoza, el debate sobre el costo del pasaje refleja una crisis mucho más profunda. A casi diez años de iniciado el proceso de implementación del SIT, Arequipa continúa sin un servicio eficiente, con contratos parcialmente incumplidos y sin la infraestructura necesaria para garantizar un transporte moderno.

Ese vacío permitió la expansión del transporte informal. Actualmente, según el dirigente, más de 30 mil loncheritas circulan por la ciudad cubriendo rutas que el sistema formal no atiende, especialmente en sectores periféricos y zonas altas.

EN DEBATE

Con el cambio de autoridades previsto para el 2027, Mendoza considera que la prioridad debe ser replantear completamente el modelo de transporte urbano. Por ello, anunció que presentará una propuesta a los candidatos a la Alcaldía Provincial de Arequipa para que el próximo gobierno municipal tome una decisión definitiva sobre el futuro del SIT.

Su principal planteamiento consiste en resolver los contratos vigentes con las empresas concesionarias y diseñar un nuevo esquema de operación que garantice continuidad del servicio y empresas capaces de cumplir los compromisos asumidos.

«Pondríamos fin a las loncheritas si se crea un sistema serio y se nos permite integrarnos a empresas formales. No tendríamos inconveniente en adquirir unidades grandes si existe estabilidad y reglas claras. El SIT ha fracasado y eso ya lo sabe toda la ciudad», sostuvo.

La propuesta, no obstante, abre un escenario complejo. La resolución de los contratos podría derivar en arbitrajes entre la Municipalidad Provincial de Arequipa y las empresas concesionarias, con el riesgo de millonarias demandas.

Aunque la comuna podría sustentar una eventual resolución señalando incumplimientos contractuales, las empresas también tendrían argumentos para defender su posición.

Durante casi una década quedaron pendientes compromisos de ambas partes, como la implementación de paraderos oficiales, patios de maniobras, la acreditación del número de unidades exigidas, la renovación de cartas fianza y otras obligaciones contempladas en los contratos de concesión.

En medio de este problema, los principales afectados continúan siendo los pasajeros. Cada día enfrentan un sistema de transporte fragmentado, con tarifas distintas según el tipo de servicio, rutas insuficientes y largos tiempos de espera.

El desafío para la próxima gestión municipal será evitar que Arequipa sume otros cuatro años de promesas incumplidas y avanzar, por fin, hacia un transporte público eficiente, ordenado y capaz de responder a las necesidades de una ciudad que sigue creciendo.

​Sin embargo, el asesor legal reconoció que el marco normativo actual presenta serios desfases debido a su antigüedad. Santillana señaló que la ley vigente no ha recibido las actualizaciones necesarias para responder a las demandas actuales, careciendo de apertura hacia tecnologías emergentes como la electromovilidad o la validación de formatos más modernos para los usuarios.

​Ante la falta de documentos físicos que reportan los alumnos, el funcionario cuestionó la inacción de los estudiantes de institutos superiores de la ciudad respecto a la obtención de sus credenciales. Aseguró que el retraso en la entrega no es responsabilidad del municipio, por lo que instó a los jóvenes a evaluar estrategias de protesta frente a las entidades competentes a nivel nacional.

​»El nivel superior, el que les tiene que dar el carné, es la Sunedu o el Ministerio de Educación. Creo que estas entidades quedan en Lima. Yo no sé cómo ustedes tendrán que coordinar con los estudiantes de Lima; el problema se tiene que ver desde todo el punto de vista nacional», afirmó Santillana, durante una reunión con los estudiantes afectados.

​Una vez que cuenten con el documento regulatorio, el pasaje estudiantil debe fijarse en 70 céntimos en las unidades de transporte urbano. El jefe de asesoría legal instó a los usuarios a reclamar activamente si los choferes o cobradores se niegan a aplicar el beneficio, recomendando juntar medios probatorios indispensables como filmaciones, fotografías y grabaciones de audio durante el incidente.

​Con dichas pruebas, los afectados deben acudir a la Municipalidad Provincial de Arequipa, entidad que posee la competencia directa para iniciar procesos disciplinarios y sancionadores contra las empresas operadoras. Santillana recordó que los transportistas trabajan bajo una concesión otorgada por la comuna, la cual estipula la fiscalización estricta ante el incumplimiento de las tarifas contractuales.

​Además de la vía municipal, el funcionario recordó que existen otros tres canales legales para salvaguardar sus derechos como consumidores de un servicio público. Los estudiantes pueden canalizar sus denuncias —incluso de forma verbal— ante el Indecopi para la aplicación de multas, acudir a la Defensoría del Pueblo para recibir apoyo institucional, o recurrir a la Fiscalía de Prevención del Delito.

​Augusto Santillana adelantó que, junto a la alcaldesa, buscarán canalizar una iniciativa legislativa aprovechando el próximo cambio de autoridades en el Congreso bicameral (diputados y senadores). El objetivo será modificar la ley actual para adaptarla a la modernidad e inclusión, permitiendo formalmente el uso de herramientas tecnológicas como el carné universitario digital, el cual actualmente no está validado por la norma física vigente.

La vía, de aproximadamente 15 kilómetros de longitud, conecta el sector de Llamagas con el puente Virgen de Chapi y soporta el paso de alrededor de 4 500 vehículos de carga pesada cada día. Este intenso tránsito ha acelerado el desgaste de la plataforma, generando hundimientos, fisuras y daños en diversos puntos del trayecto.

El gerente regional de Infraestructura, Fabián Enríquez Mamani, informó que actualmente se ejecuta una Inversión de Optimización, Ampliación Marginal, Rehabilitación y Reposición (IOARR) para atender los daños ocasionados por el forado registrado en 2024, cerca de la asociación Las Lomas, en el kilómetro 7 de la carretera.

Las labores incluyen la reposición de alcantarillas afectadas por la socavación del agua, la reparación de cunetas deterioradas y el mejoramiento de la señalización vial, componentes indispensables para mantener la seguridad de los usuarios.

«Las lluvias provocaron socavaciones que también afectaron las cunetas en distintos sectores. Por ello se está ejecutando una IOARR que permite reponer la infraestructura dañada y mantener la transitabilidad», explicó el funcionario.

No obstante, Enríquez precisó que esta intervención no resolverá los problemas estructurales de la vía. Para ello, el Gobierno Regional y la empresa minera Cerro Verde elaboran un proyecto integral que contempla la modernización completa del corredor, incluyendo la rehabilitación de la calzada principal, las bermas centrales, vías auxiliares y pasos peatonales.

La iniciativa será ejecutada bajo la modalidad de Obras por Impuestos y actualmente se encuentra en la fase de elaboración del perfil técnico. Según la Gerencia Regional de Infraestructura, la empresa deberá presentar el expediente preliminar en los próximos días para iniciar su evaluación y posterior declaratoria de viabilidad.

Uno de los requisitos para iniciar la ejecución es la liquidación física del tramo vial intervenido anteriormente. Aunque este procedimiento aún se encuentra en trámite, el gerente regional aseguró que está en su etapa final y no debería retrasar significativamente el proyecto.

En relación con el puente Virgen de Chapi, Enríquez Mamani confirmó que durante los primeros días de julio se realizará la prueba de carga, paso previo a su puesta en servicio prevista para el 13 de julio. El funcionario afirmó que la estructura ya fue sometida a un modelamiento técnico y cumple con los estándares de seguridad, por lo que descartó cualquier inconveniente para su próxima habilitación.

La intervención fue realizada por personal de la Gerencia de Transporte y Movilidad Sostenible, en coordinación con la Subgerencia de Gestión Ambiental, como parte del cronograma de inspecciones inopinadas que se desarrolla en las empresas que integran el Sistema Integrado de Transportes (SIT).

Durante el operativo, los especialistas utilizaron opacímetros y equipos de medición especializados para evaluar el nivel de emisiones de los vehículos. Estas pruebas permiten determinar la cantidad de partículas contaminantes expulsadas por los motores diésel y verificar si cumplen con los estándares exigidos para proteger la calidad del aire.

Tras las evaluaciones técnicas, dos unidades del consorcio TransCayma no superaron la inspección al registrar niveles de opacidad superiores a los permitidos. Como medida inmediata, la comuna provincial ordenó su retiro preventivo del servicio, por lo que los vehículos quedaron impedidos de operar hasta que la empresa subsane las deficiencias mecánicas detectadas.

Para volver a prestar servicio, los buses deberán someterse a las reparaciones correspondientes, aprobar una nueva evaluación técnica y demostrar que cumplen con los parámetros ambientales establecidos por la legislación nacional.

La Municipalidad Provincial de Arequipa informó que estos operativos buscan reducir las emisiones contaminantes generadas por el transporte urbano y contribuir a la mejora de la calidad del aire en la ciudad. Asimismo, recordó que las empresas concesionarias del SIT tienen la responsabilidad de realizar un mantenimiento permanente de sus unidades para garantizar un servicio seguro y ambientalmente responsable.

Las inspecciones continuarán desarrollándose de manera sorpresiva en los distintos consorcios del Sistema Integrado de Transportes, con el propósito de detectar oportunamente vehículos que incumplan las normas ambientales y promover una flota más moderna, eficiente y menos contaminante en beneficio de la salud de la población arequipeña.

Dirigentes vecinales de Arequipa exigieron a la alcaldesa provincial Ruccy Oscco cumplir su promesa de reducir el pasaje urbano del Sistema Integrado de Transporte de S/1.30 a S/1.00, luego de cuestionar el incremento aprobado durante la gestión del exalcalde Víctor Hugo Rivera.

Eleazar Chino Sotomayor, presidente del Frente de Defensa de la Margen Derecha de Cerro Colorado, sostuvo que el pedido fue planteado en una audiencia realizada el 17 de junio con la participación de funcionarios municipales, dirigentes y representantes de la población.

El dirigente indicó que la población espera un pronunciamiento formal de la alcaldesa, debido a que el compromiso de revisar la tarifa fue asumido públicamente frente a organizaciones sociales. Según dijo, el retorno del pasaje a S/1.00 no debería seguir postergándose.

Chino señaló que los dirigentes presentaron una demanda administrativa ante la Municipalidad Provincial de Arequipa para solicitar la nulidad del acto que permitió elevar la tarifa. El documento pide dejar sin efecto el cobro de S/1.30 y restablecer el pasaje anterior.

El cuestionamiento principal apunta al acta de trato directo del 24 de marzo, mediante la cual se autorizó el incremento tarifario. Para los dirigentes, ese acuerdo no tendría validez suficiente porque el SIT aún se encontraría en una etapa preoperativa.

El representante vecinal sostuvo que el reclamo no se basa únicamente en el precio de los combustibles, sino en la presunta irregularidad del procedimiento que permitió subir el pasaje. Por ello, pidió que la actual gestión municipal revise lo actuado por la administración anterior.

Como antecedente, el caso también fue cuestionado por la entonces regidora Rocío Mango, quien denunció presuntas irregularidades en el incremento del pasaje aprobado durante la gestión de Rivera. Esa denuncia reforzó el reclamo de organizaciones vecinales que piden revisar la legalidad del acuerdo.

Chino advirtió que, si la alcaldesa no cumple su compromiso, la población podría evaluar nuevas medidas de protesta. Sin embargo, señaló que primero esperarán la respuesta formal de la comuna dentro del procedimiento administrativo iniciado por los dirigentes.

Los representantes vecinales insistieron en que la reducción del pasaje no debe manejarse como una promesa política, sino como una decisión administrativa basada en la legalidad del sistema. Afirmaron que la autoridad provincial tiene la responsabilidad de corregir cualquier acto irregular.

La discusión por el pasaje volvió a colocar bajo presión a la Municipalidad Provincial de Arequipa. Para los usuarios, el debate no solo se centra en treinta céntimos, sino en la transparencia del SIT, el cumplimiento de compromisos públicos y el costo diario que asume la población que depende del transporte urbano.

INFORMALES GENERAN DESORDEN

Esta cifra representa apenas el 16,25% del total de taxistas que circulan en la ciudad, lo que evidencia que más del 83% desarrolla la actividad de manera informal. La situación, según el dirigente, ha generado un escenario de desorden que afecta tanto a los transportistas formales como a los usuarios.

Cornejo señaló que entre los conductores informales se encuentran aquellos que operan con distintivos improvisados, pegatinas en los parabrisas, casquetes no autorizados y también quienes brindan el servicio mediante aplicativos internacionales sin contar con las autorizaciones exigidas por la normativa local.

“El sector taxi vive actualmente una anarquía total”, manifestó el representante gremial, quien sostuvo que la falta de control ha permitido que la informalidad gane terreno en los últimos años, reduciendo las oportunidades para quienes cumplen con las exigencias legales establecidas por la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA).

Ante esta realidad, los gremios de taxistas impulsan dos proyectos de ordenanza que serán debatidos en sesión ordinaria del Concejo Municipal. Las propuestas buscan ampliar las posibilidades de formalización para miles de conductores que actualmente no pueden acceder al SETARE.

Una de las iniciativas contempla otorgar la autorización municipal a camionetas con categoría M1 de cinco asientos, unidades que cumplen con los estándares técnicos exigidos por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pero que hasta ahora no han sido consideradas dentro del sistema.

Asimismo, se plantea reabrir el acceso al SETARE para vehículos que cumplen con los requisitos de peso y cilindrada, así como aprobar una amnistía para los conductores que dejaron vencer su autorización y enfrentan multas por no haber realizado la renovación dentro de los plazos establecidos.

Según las estimaciones del dirigente, entre 7 mil y 8 mil taxistas podrían beneficiarse con estas medidas. Solo en el caso de las autorizaciones vencidas, se calcula que existen alrededor de 17 mil conductores en esta condición, de los cuales unos 5 mil podrían retornar a la formalidad gracias a la reducción de las sanciones económicas.

El dirigente hizo un llamado a los regidores para respaldar las ordenanzas y priorizar acciones que promuevan la formalización del sector. Consideró que fortalecer el transporte autorizado permitirá mejorar la seguridad de los pasajeros y ordenar un servicio que actualmente enfrenta serios problemas por la elevada presencia de operadores informales.

Por otro lado, Cornejo expresó el respaldo del gremio al programa “Taxi Seguro” impulsado por la Policía Nacional. Indicó que los conductores formales están dispuestos a participar en capacitaciones y mecanismos de coordinación con las autoridades para contribuir a la lucha contra la delincuencia y brindar mayores garantías a los usuarios del transporte público.

Durante una reunión sostenida entre la autoridad edil, funcionarios de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) y representantes de las empresas concesionarias del SIT, los transportistas expresaron su preocupación por el crecimiento de este servicio informal, al considerar que afecta la sostenibilidad del sistema de transporte urbano.

Ante este pedido, la alcaldesa se comprometió a fortalecer los operativos de control a través de la Gerencia de Transportes y Movilidad Sostenible de la MPA. Las intervenciones se realizarán en diferentes sectores de la ciudad donde se ha identificado una mayor presencia de unidades que operan sin autorización.

La reunión tuvo como objetivo principal alcanzar consensos respecto a las tarifas del transporte urbano y las medidas para combatir la informalidad en el sector. En ese contexto, ambas partes intercambiaron posiciones sobre la situación actual del servicio de transporte en Arequipa.

Durante el encuentro, la alcaldesa Ruccy Oscco Polar y el equipo técnico municipal ratificaron que el retorno del pasaje urbano a S/ 1.00, previsto para el 24 de setiembre de 2026, responde exclusivamente a criterios técnicos y legales, descartando cualquier motivación política en la decisión.

Los funcionarios municipales explicaron que se detectaron observaciones jurídicas en el proceso mediante el cual se aprobó el incremento de la tarifa de S/ 1.00 a S/ 1.30. Dicho acuerdo fue suscrito el 24 de marzo del presente año y establecía una vigencia de seis meses, plazo que culmina el próximo 24 de setiembre.

Asimismo, precisaron que el propio documento señala la temporalidad del incremento tarifario, por lo que su extinción se produciría de manera automática al cumplirse el periodo acordado. Esta interpretación legal fue sustentada por los especialistas de la comuna provincial.

Por su parte, los operadores del SIT defendieron la validez de los acuerdos adoptados anteriormente entre el sector transportista y la municipalidad. Durante el diálogo, expusieron diversos argumentos relacionados con la necesidad de mantener condiciones económicas que permitan garantizar la continuidad y calidad del servicio.

El abogado Luis Miguel del Carpio también participó en la reunión y presentó una serie de argumentos jurídicos en respaldo de la posición de los transportistas, respecto a la vigencia y alcances de los compromisos asumidos entre ambas partes.

MESA TÉCNICA

Como resultado del encuentro, se acordó instalar una mesa técnica de trabajo que sesionará el próximo 26 de junio. Este espacio permitirá continuar evaluando los planteamientos del concedente y los concesionarios, analizar la problemática del transporte urbano y buscar soluciones consensuadas dentro del marco legal vigente.

Las autoridades informaron que los conductores que estacionen sus vehículos en zonas rígidas señalizadas con líneas amarillas serán sancionados con una multa de 475 soles. Esta infracción es considerada grave y equivale al 8 % de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

Además de la sanción económica, los propietarios de los vehículos deberán asumir los costos correspondientes al servicio de grúa y al internamiento de la unidad en el depósito municipal. Estos pagos adicionales oscilan entre los 162 y 301 soles, dependiendo del tiempo de permanencia del vehículo retenido.

La municipalidad precisó que ningún vehículo será devuelto a su propietario hasta que se cancelen tanto la multa como los gastos administrativos generados por el traslado y almacenamiento de la unidad.

La infracción también afecta el récord de conducción de los responsables. Los conductores sancionados perderán 25 puntos en su historial, situación que podría generar dificultades para la renovación de sus licencias de conducir en el futuro.

La MPA advirtió que los operativos se realizarán de manera permanente durante todos los días de la semana. Inspectores de tránsito recorrerán las zonas de mayor congestión vehicular con la finalidad de evitar que el estacionamiento indebido agrave los problemas de circulación en el centro de la ciudad.

Vecinos del Centro Histórico expresaron su respaldo a la medida, señalando que los vehículos estacionados en doble fila y en lugares prohibidos dificultan el tránsito peatonal, generan contaminación sonora y ocasionan conflictos entre conductores.

Por su parte, comerciantes de la zona solicitaron la implementación de más playas de estacionamiento cercanas al centro, argumentando que muchos clientes enfrentan dificultades para encontrar espacios adecuados donde dejar sus vehículos al momento de realizar compras.

Las autoridades municipales destacaron que mantener las calles libres de vehículos mal estacionados contribuirá a mejorar la imagen urbana de Arequipa ante los visitantes y turistas. Asimismo, reafirmaron que los operativos continuarán con firmeza hasta lograr un mayor respeto por las normas de tránsito y una mejor convivencia en el Centro Histórico.

Las empresas de transporte elevaron sus precios principalmente para los destinos nacionales más solicitados. Las ciudades con los boletos más caros fueron Puno, Cusco, Moquegua, Tacna y Lima. Por ejemplo, una pasajera contó que compró un pasaje a Lima a 120 soles, cuando una semana antes costaba solo 80 soles.

El aumento de precios también afectó a los viajeros que se dirigían al interior de la región Arequipa. Los destinos más afectados por las tarifas altas fueron las provincias de Caylloma, Camaná y Mollendo. Muchos ciudadanos tuvieron que pagar estos montos elevados para no perder la oportunidad de pasar la fiesta con sus padres.

Los transportistas justificaron el alza debido a la gran cantidad de personas que buscaban viajar al mismo tiempo. Sin embargo, los pasajeros pidieron que las autoridades controlen estos cobros para evitar abusos en el futuro. Los usuarios exigen tarifas justas para poder viajar tranquilos durante las fechas importantes de celebración.

Este mismo problema de pasajes caros podría repetirse muy pronto en la región. El próximo lunes 29 de junio es el feriado nacional por el Día de San Pedro y San Pablo. Esto creará un fin de semana largo de tres días seguidos.

Los encargados de los terminales recomiendan a la población comprar sus boletos con varios días de anticipación. De esta forma, las familias podrán asegurar sus asientos sin pagar precios excesivos de último momento. También se aconseja verificar que los buses sean formales para viajar de manera segura por las carreteras.