SUBSIDIO SERÁ S/ 4 POR GALÓN

La disposición está contenida en el Decreto de Urgencia N.° 007-2026 y tendrá una vigencia de tres meses. El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, destacó que el Ejecutivo optó por un esquema focalizado y no por subsidios generales, con el propósito de dirigir los recursos públicos hacia los transportistas que realmente cumplan las condiciones establecidas.

“No vamos a hacer subsidios de amplio espectro, hemos optado por subsidios focalizados”, afirmó.

La norma establece dos mecanismos diferenciados: el Mecanismo de Estabilidad del Transporte para Asegurar la Continuidad Operativa a nivel Nacional (META-Nacional) y el META-Lima y Callao.

El META-Nacional beneficiará a transportistas autorizados del servicio público regular de pasajeros en los ámbitos nacional, regional y provincial, así como a quienes prestan transporte público terrestre de mercancías.

El apoyo será de S/ 4 por cada galón de diésel B5 o diésel B20 de uso vehicular adquirido. El beneficio se aplicará durante tres periodos: del 16 de agosto al 15 de septiembre, del 16 de septiembre al 15 de octubre y del 16 de octubre al 15 de noviembre de 2026.

Las compras deberán estar sustentadas con comprobantes de pago electrónicos emitidos por proveedores inscritos en el Registro de Hidrocarburos de OSINERGMIN. Además, los beneficiarios deberán contar con autorización vigente, vehículos habilitados, RUC activo y condición de habido, entre otros requisitos.

La información será verificada mediante la coordinación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, gobiernos regionales, municipalidades provinciales, SUNAT y OSINERGMIN. Los pagos se realizarán mediante el Banco de la Nación u otras entidades financieras.

LIMA Y CALLAO

Los operadores autorizados por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) accederán a un mecanismo distinto, calculado según el kilometraje efectivamente recorrido y validado mediante el Sistema Integrado de Control y Monitoreo.

El subsidio será de S/ 0.50 por kilómetro para ómnibus, S/ 0.40 para minibuses y S/ 0.30 para microbuses. La medida busca vincular directamente el apoyo con la prestación efectiva del servicio.

Para financiar ambos mecanismos, se autorizaron transferencias de hasta S/ 60 millones para el META-Nacional y S/ 45 millones para el META-Lima y Callao.

El Ejecutivo sostiene que la intervención permitirá preservar la oferta de transporte, contener el traslado de los mayores costos hacia los usuarios y evitar impactos adicionales sobre las cadenas de abastecimiento, en un contexto de volatilidad de los precios internacionales de los combustibles.

La propuesta fue anunciada por la presidenta Keiko Fujimori y contempla un apoyo económico durante tres meses. La medida deberá ser formalizada y, en una primera etapa, estaría dirigida a los servicios de transporte de carga y pasajeros. El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, señaló que la incorporación de otros sectores se realizará progresivamente.

El anuncio ocurre en medio del conflicto que enfrenta a la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) con las empresas operadoras del SIT por el costo de los pasajes. Los transportistas sostienen que el alza de los combustibles ha elevado considerablemente sus gastos y dificulta mantener las tarifas que reclama la comuna.

En marzo, las empresas aceptaron un incremento provisional del pasaje mientras se esperaba la gestión de un subsidio estatal. Sin embargo, al no concretarse el apoyo, las concesionarias rechazaron posteriormente reducir las tarifas y argumentaron que las condiciones económicas del servicio no permitían una rebaja.

La controversia derivó en jornadas de protesta y episodios de violencia en distintos puntos de la ciudad. Durante la paralización también se registraron agresiones contra vehículos, entre ellas el ataque con una piedra a una miniván en Sachaca. La Policía logró identificar al presunto responsable del hecho.

Después de las acciones de protesta, los dirigentes del transporte acordaron suspender temporalmente sus medidas de fuerza y retomar el diálogo con las autoridades el martes. La decisión abre un espacio para buscar una solución al conflicto tarifario.

El eventual subsidio busca reducir la presión sobre los costos de las empresas y facilitar un acuerdo que permita garantizar la continuidad del servicio. Para Arequipa, el desafío será encontrar una fórmula que proteja tanto la economía de los usuarios como la sostenibilidad del sistema de transporte público.

El desprendimiento se produjo desde la parte alta de los cerros y dejó toneladas de piedras, tierra sobre la carretera. La magnitud del bloqueo impidió el paso de vehículos de transporte público y particular, así como de camionetas, volquetes y ómnibus que quedaron detenidos a ambos lados de la vía.

La interrupción del tránsito obligó a varios pasajeros a continuar el recorrido a pie. Familias enteras, algunas acompañadas de niños y cargando sus pertenencias, tuvieron que caminar varios kilómetros hasta encontrar puntos donde realizar transbordos y proseguir su viaje.

La emergencia afecta principalmente a los pobladores de los anexos ubicados en la parte alta de Ocoña, además de sectores como Mariano Nicolás Valcárcel (Urasqui), el centro minero de Secocha, Iquipí, Alto Molino y el centro minero de San José de Chorunga.

Ante la situación, los vecinos solicitaron a las autoridades el traslado urgente de maquinaria pesada para retirar el material acumulado y restablecer la circulación. También pidieron adoptar medidas de seguridad, debido a que las condiciones climáticas podrían ocasionar nuevos desprendimientos en las zonas de mayor riesgo.

El bloqueo representa además una dificultad para el traslado de productos agrícolas y el abastecimiento de las poblaciones asentadas en esta parte de la provincia de Camaná, por lo que los afectados esperan una respuesta rápida de las autoridades competentes.

LLUVIAS

La emergencia se extiende a otros sectores de la provincia. Los centros poblados de Pucchún y Huacapuy registraron lluvias intensas durante la jornada, generando preocupación entre las familias cuyas viviendas presentan estructuras rústicas y poca resistencia frente a precipitaciones prolongadas.

De acuerdo con el aviso meteorológico, durante los dos primeros días del periodo se podrían registrar acumulaciones de nieve de hasta siete centímetros en las zonas ubicadas por encima de los 4 000 metros sobre el nivel del mar. Para el martes 18, los acumulados alcanzarían aproximadamente los cinco centímetros.

El fenómeno no se limitará a las nevadas. El SENAMHI prevé que las precipitaciones estén acompañadas de lluvia y granizo en localidades situadas sobre los 2 800 metros de altitud. Estas condiciones estarán asociadas a un marcado descenso de la sensación térmica durante las horas diurnas.

La entidad meteorológica explicó que estas condiciones se encuentran relacionadas con la proximidad de la DANA Aníbal, sistema atmosférico que favorecerá la ocurrencia de precipitaciones en sectores de la sierra sur y centro del país.

En Arequipa, el aviso comprende principalmente zonas altoandinas de las provincias de La Unión, Condesuyos, Castilla, Caylloma y Arequipa. Entre los distritos incluidos figuran Pampamarca, Huaynacotas, Puyca, Alca, Tomepampa, Salamanca, Cayarani, Andagua, Orcopampa, Chachas y Choco.

También se encuentran bajo vigilancia localidades de Caylloma como Caylloma, Tapay, Lari, Madrigal, Sibayo, Tisco, Tuti, Cabanaconde, Maca, Lluta, Achoma, Coporaque, Yanque, Chivay, Callalli y San Antonio de Chuca. En la provincia de Arequipa, el aviso considera a San Juan de Tarucani y Yura.

EN ZONAS GANADERAS

La presencia de nieve podría generar dificultades adicionales para las poblaciones dedicadas a la ganadería en las zonas más elevadas. La cobertura de pastizales podría reducir la disponibilidad de alimento para los animales, afectando especialmente a comunidades que dependen del pastoreo.

El escenario también podría complicar el tránsito por las rutas ubicadas en sectores altoandinos, principalmente donde se acumulen nieve, granizo o barro producto de las precipitaciones.

Ante estas condiciones, se recomienda a las poblaciones de las zonas comprendidas en el aviso mantenerse atentas a los reportes meteorológicos y a las indicaciones de las autoridades locales, especialmente durante las jornadas de mayor intensidad de las precipitaciones.

Las empresas de transporte terrestre cuentan con una alternativa gratuita para identificar fallas en sus operaciones y reducir el riesgo de nuevas infracciones. La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN) desarrolla jornadas de asistencia técnica dirigidas a compañías que presentan incidencias vinculadas al incumplimiento de las normas de tránsito, transporte y pesos y medidas vehiculares.

La estrategia tiene un carácter preventivo y busca que las empresas conozcan con precisión las principales deficiencias detectadas durante las acciones de fiscalización, de modo que puedan adoptar medidas correctivas antes de que estas deriven en nuevas sanciones.

Entre enero y mayo de 2026, la SUTRAN brindó asistencia técnica a 125 empresas de transporte en distintas regiones del país, beneficiando a 1 141 personas, entre conductores, trabajadores administrativos y personal operativo.

Durante las jornadas, especialistas de la entidad revisan el historial de incumplimientos de cada compañía y formulan recomendaciones específicas para corregir las deficiencias identificadas. El objetivo es fortalecer los procedimientos internos y promover mejores prácticas en la prestación de los servicios de transporte terrestre.

El superintendente de la SUTRAN, Gilmer Álvarez Zapata, destacó que la labor de la entidad no se limita a la fiscalización y aplicación de sanciones, sino que también busca generar cambios sostenibles mediante la orientación y la prevención.

Como parte de estas acciones, los especialistas realizan además una revisión preventiva de la flota vehicular. Esta evaluación permite detectar anticipadamente posibles observaciones en las unidades y brindar recomendaciones para su subsanación antes de que sean programadas para iniciar sus servicios.

El programa está dirigido principalmente a empresas de transporte de personas, mercancías y materiales peligrosos. La intervención prioriza a aquellas compañías que registran mayores índices de incumplimiento, de acuerdo con los rankings de supervisión institucional.

La SUTRAN busca así que las empresas no esperen a ser sancionadas para corregir sus procesos. La identificación temprana de riesgos permite implementar medidas correctivas, mejorar las condiciones de los vehículos y fortalecer la seguridad de las operaciones.

La asistencia técnica no tiene costo para las empresas y forma parte de las acciones preventivas de la SUTRAN para promover una cultura de cumplimiento, reducir infracciones y contribuir a un servicio de transporte terrestre más seguro y eficiente.

Las víctimas registraron la agresión desde el interior del vehículo. La grabación muestra a un hombre parado junto a la vía, quien luego tomó una enorme piedra y la lanzó contra la luna posterior de la unidad. El impacto quebró el vidrio, cuyos fragmentos quedaron esparcidos entre los asientos. Entre los pasajeros había adultos y menores, quienes vivieron momentos de temor tras el impacto. La Policía informó que el hecho dejó daños materiales y no comunicó personas heridas.

El conductor agraviado presentó una denuncia policial en la que señaló como presunto agresor a Darwin Carbajal Marca. Según información preliminar, el investigado sería conductor de transporte público y habría abandonado el lugar junto con otras personas en un vehículo de placa ZCD-957.

Versiones recogidas después del ataque vincularon al señalado con una unidad que prestaría servicio hacia Tiabaya dentro del ámbito de operaciones de la empresa Megabús.

Los incidentes continuaron en Chopería y Zamácola, en Cerro Colorado. Grupos de manifestantes interceptaron vehículos menores, perforaron sus neumáticos, dañaron ventanas y obligaron a los pasajeros a descender. En Alto Selva Alegre también se reportaron agresiones contra unidades que no se sumaron al paro.

Piquetes y acciones de hostigamiento fueron informados en Miraflores, Paucarpata, Hunter y Mariano Melgar. En algunos sectores se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y conductores que pretendían continuar trabajando, mientras objetos contundentes fueron utilizados para impedir el avance de los vehículos.

La paralización redujo drásticamente la disponibilidad de transporte público y obligó a numerosos ciudadanos a caminar o recurrir a unidades informales. La protesta coincidió con las celebraciones por el 486.° aniversario de Arequipa y afectó el desplazamiento hacia centros laborales, mercados y actividades festivas.

El jefe de la Región Policial Arequipa, general PNP Antonio La Madrid, calificó lo ocurrido en Sachaca como el incidente más grave y confirmó seis puntos de concentración en ese distrito. Más de mil policías fueron desplegados en la región para restablecer el tránsito y contener nuevas agresiones.

La Primera Fiscalía de Prevención del Delito inició un procedimiento de oficio y requirió acciones a la Policía y a la Municipalidad Provincial de Arequipa. Las investigaciones deberán individualizar a quienes participaron en los ataques y establecer las responsabilidades por los daños y la exposición de pasajeros y conductores al peligro.

La Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) y los concesionarios del Sistema Integrado de Transporte (SIT) acordaron encaminar una nueva negociación sobre el precio del pasaje urbano. El proceso se abrió después de la controversia generada por la decisión municipal de restablecer la tarifa prevista en los contratos.

Los transportistas debían presentar el jueves 13 de agosto una solicitud de trato directo en la que precisaran su propuesta tarifaria. El documento podía ser formulado por cada concesionaria o de manera conjunta, pero debía contener el sustento económico, técnico y jurídico.

El gerente municipal, Alejandro Maldonado Gutiérrez, aclaró que recibir la propuesta no implicaba reconocer el monto solicitado ni autorizar automáticamente un aumento. Mientras el planteamiento sea revisado, los usuarios deberán pagar la tarifa de S/1 dispuesta por la comuna.

El expediente atravesará una etapa de calificación antes de que se instale formalmente la negociación. Si cumple los requisitos contractuales, ambas partes suscribirán un acta de inicio, discutirán sus posiciones y cerrarán el procedimiento mediante un nuevo documento.

La MPA no fijó un plazo para resolver la controversia. Maldonado explicó que el avance dependerá de la consistencia de los documentos, la designación de los representantes y los argumentos que presenten las empresas para justificar una modificación tarifaria.

El costo del combustible aparecería como uno de los principales fundamentos de los concesionarios. Sin embargo, el municipio también evaluará los demás gastos de operación, la cobertura de las rutas, las frecuencias y las mejoras que los transportistas estarían dispuestos a ejecutar en beneficio de los pasajeros.

La alcaldesa Ruccy Oscco Polar representará legalmente a la MPA en el trato directo con los transportistas. La comuna anunció que será más rigurosa con este punto debido a los cuestionamientos sobre la representatividad en la negociación desarrollada en marzo.

El antecedente fue el acta suscrita el 24 de marzo de 2026, que elevó temporalmente el pasaje de S/1 a S/1.30. Según la actual gestión, el acuerdo exigía que las concesionarias cumplieran condiciones legales y formalizaran el cambio mediante adendas a los contratos.

Maldonado sostuvo que cinco de las seis concesionarias involucradas entregaron documentos que no se ajustaron a lo exigido y que una no presentó información. La MPA descartó entonces continuar con la modificación contractual y ordenó recuperar la tarifa original, decisión rechazada por parte del sector.

La nueva negociación se iniciará sin un precio previamente pactado ni garantía de acuerdo. Hasta que exista un acta válida y se cumplan las exigencias contractuales, no habrá otra tarifa autorizada; el resultado deberá equilibrar los costos de operación con la calidad de un servicio que diariamente sostiene la movilidad de Arequipa.

A FISCALIZADORES DE LA MPA

El Frente de Defensa de la Margen Derecha de Cerro Colorado exigió a la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) hacer cumplir el pasaje adulto de S/1 en las seis concesionarias del Sistema Integrado de Transportes (SIT) alcanzadas por la reducción. El pedido surgió mientras el servicio comenzaba a restablecerse después de dos días de paralización.

Víctor Ticlla, representante de la organización vecinal, denunció que unidades que retomaron sus recorridos continuaron cobrando S/1,30 y retiraron los adhesivos colocados por la comuna con el nuevo tarifario. El dirigente pidió reforzar los operativos y sancionar los incumplimientos.

La disposición comprendió al Consorcio Empresarial Cono Norte, Transcayma, Unión AQP, Etrabus, Megabus y Cotum Express. Sus rutas atienden sectores de Cerro Colorado, Yura, Cayma, Alto Selva Alegre, Miraflores, Mariano Melgar, Sachaca, Hunter y Tiabaya.

La MPA estableció para estas empresas una tarifa de S/1 para adultos y S/0,50 para escolares y universitarios. La medida entró en vigencia el 3 de agosto, después de que la comuna concluyera que los operadores incumplieron compromisos asumidos para sustentar el cobro temporal de S/1,30.

Los dirigentes vecinales anunciaron coordinaciones con organizaciones de Paucarpata, Characato, Sabandía, Apipa y otros sectores para definir medidas de protesta si no se respeta el tarifario municipal. El conflicto seguirá abierto mientras la comuna no garantice el servicio, fiscalice el cobro y encauce una solución técnica que proteja a los usuarios.

Según el municipio, las seis concesionarias no presentaron una propuesta individual de modificación contractual que evaluara el impacto de la tarifa sobre el equilibrio económico-financiero de cada operación. Unión Grau, AQP Masivo, Emarsistran y Sabandía Characato C-8 mantuvieron provisionalmente el cobro de S/1,30 porque entregaron expedientes que todavía debían subsanar.

La paralización dejó sin transporte regular a miles de usuarios de Cerro Colorado, Cayma, Yura, Alto Selva Alegre, Miraflores y Mariano Melgar. La emergencia obligó a suspender las clases presenciales y favoreció la aparición de vehículos informales que cobraron tarifas superiores para cubrir la demanda.

Ticlla sostuvo que el incremento afectó con mayor intensidad a trabajadores que realizaban varios viajes al día, estudiantes y adultos mayores. También denunció maltratos verbales y físicos contra pasajeros que pretendieron pagar S/1, hechos que deberán ser individualizados y corroborados por las autoridades.

Los transportistas defendieron el cobro de S/1,30 al señalar que la tarifa de un sol no cubría los costos de combustible, mantenimiento y renovación de unidades. Su dirigencia afirmó que el diésel se comercializaba entre S/24 y S/25 por galón y reclamó una evaluación técnica de la estructura tarifaria.

La alcaldesa provincial, Ruccy Oscco Polar, envió cartas notariales y otorgó tres días a las seis concesionarias para restablecer plenamente sus rutas. Si persiste el incumplimiento, la MPA podrá comunicar el inicio de la resolución contractual, procedimiento que requiere un aviso previo de 30 días.

Las seis concesionarias que paralizaron parcialmente el transporte urbano acordaron restablecer sus operaciones este jueves 13 de agosto. Sin embargo, en la reunión con la Municipalidad Provincial de Arequipa no se definió si continuarán cobrando S/1.30 o bajarán la tarifa como fue anunciado por la autoridad provincial.

El encuentro fue encabezado por la alcaldesa provincial Ruccy Oscco Polar y reunió a los representantes de las empresas, al prefecto regional César Gonzalo Rodríguez Rojas, la Defensoría del Pueblo, la Gerencia Regional de Educación y funcionarios municipales.

Los transportistas limitaron la tregua a una jornada y confirmaron que sus unidades volverán a las rutas. El gerente de Transporte y Movilidad Sostenible, Yoni Alfredo Calle Cabello, aseguró que el servicio operará con normalidad, pero no precisó cuánto durará la suspensión de las protestas.

La tarifa quedó como el principal punto pendiente. La disposición municipal que fijó el pasaje adulto en S/1 continuó vigente para las seis concesionarias; no obstante, sus representantes evitaron comprometerse públicamente a aplicar ese monto y mantuvieron su exigencia de cobrar S/1.30.

La controversia surgió después de que la comuna dejara sin efecto el acuerdo del 24 de marzo que autorizó temporalmente el cobro de S/1.30. La municipalidad sostuvo que seis operadores no entregaron la propuesta de modificación contractual ni el análisis económico-financiero requerido.

La reducción alcanzó al Consorcio Empresarial Cono Norte, Transcayma, Unión AQP, Etrabus, Megabus y Cotum Express. Las otras cuatro concesionarias del Sistema Integrado de Transportes conservaron la tarifa de S/1.30 porque no fueron comprendidas en la decisión municipal.

La protesta restringió durante dos días el desplazamiento de miles de pasajeros en Cerro Colorado, Yura, Cayma, Alto Selva Alegre, Miraflores, Mariano Melgar, Sachaca, Hunter y Tiabaya. La falta de unidades saturó los paraderos, impulsó el transporte informal y afectó las actividades escolares.

La comuna envió cartas notariales a las seis empresas por el incumplimiento del servicio. Los contratos permitieron iniciar su resolución al acumularse tres días consecutivos sin operación, procedimiento que concedería aproximadamente 30 días a las concesionarias para presentar sus descargos.

El nuevo trato directo deberá revisar la tarifa, el equilibrio económico de las concesiones y las obligaciones pendientes del SIT. Ninguna de las partes comunicó un plazo para cerrar la negociación, mientras la Prefectura y la Defensoría pidieron evitar nuevas medidas que perjudiquen a la población durante las fiestas de Arequipa.

El retorno de los buses aliviará temporalmente la crisis, pero no resolverá el conflicto. Sin un acuerdo tarifario y contractual verificable, la tregua de un día solo postergará una controversia que mantiene expuestos a miles de usuarios a nuevas interrupciones del transporte urbano.

Bus Characato propuso un sistema de tarifas por distancia de hasta S/ 4.30 y la municipalidad no lo observó y le permiten seguir cobrando S/ 1.30. Mientras tanto, hoy se normaliza el servicio por parte de las 6 empresas que ayer pararon.

CRISIS DEL TRANSPORTE SIN SOLUCIÓN A LA VISTA

La crisis del transporte urbano en Arequipa no solo se expresa en las calles, en los reclamos de los operadores o en la disputa por el precio del pasaje. También empieza a mostrar decisiones y documentos que pueden modificar las reglas con las que fue diseñado el Sistema Integrado de Transportes (SIT).

Una revisión del expediente N° 32204, correspondiente a la empresa Bus Characato S.A., revela que la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) no rechazó de manera categórica una propuesta de adenda que plantea cambiar la estructura de tarifa plana del SIT por un sistema de cobros diferenciados según la distancia.

La propuesta contempla tarifas que llegan hasta S/ 4.30.

El contraste resulta llamativo. Mientras la gestión de la alcaldesa Ruccy Oscco decidió obligar a seis empresas del SIT a cobrar S/ 1 y rechazó su propuesta para incrementar el pasaje a S/ 1.30, en el caso de Bus Characato la respuesta municipal deja abierta la posibilidad de discutir una estructura tarifaria considerablemente mayor.

La Gerencia de Transportes, mediante la Carta N.° 411-2026-MPA-GTMS, no plantea una negativa al régimen propuesto.

En cambio, solicita a la empresa el “sustento de costo marginal por zona que justifique el régimen diferenciado”, incluso para una tarifa de S/ 2.30 en el tramo Yarabamba – Avelino. Además, señala la necesidad de contar con opinión del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El detalle no es menor. La propuesta contenida en la cláusula 59.2 establece tarifas diferenciadas por tramos. El recorrido Sogay – Avelino tendría un costo de S/ 4.30, convirtiéndose, de aprobarse, en uno de los pasajes más altos del transporte urbano de la provincia.

Los tramos San Antonio-Avelino y Quequeña-Avelino tendrían una tarifa de S/ 3.30. En tanto, los recorridos desde Sogay, San Antonio y Quequeña hacia Characato, además de Yarabamba-Avelino, tendrían un pasaje de S/ 2.30.

También se plantean tarifas de S/ 1.80 y S/ 1.30 para recorridos internos de Mollebaya, Yarabamba y Characato.

El problema de fondo es que esta propuesta no representa solamente un incremento del pasaje. Modifica la lógica con la que fue concebido el SIT: la tarifa plana.

El modelo establece que los viajes cortos contribuyan a financiar los recorridos más largos, evitando que los usuarios de las zonas periféricas terminen pagando más por desplazarse hacia el centro de la ciudad.

La adenda de Bus Characato plantea precisamente lo contrario: cobrar de acuerdo con la distancia. Eso podría generar un precedente para que otros operadores soliciten modificaciones similares.

Aun así, el municipio no observó esa adenda y le permite actualmente a Bus Characato seguir cobrando 1.30 soles.

Hay, además, una incongruencia que merece una explicación técnica. El tramo Sogay-Avelino, de aproximadamente 24 kilómetros, tendría una tarifa propuesta de S/ 4.30.

En cambio, la ruta E028, “Los Canarios”, correspondiente a la concesión C2 del Cono Norte, recorre alrededor de 28 kilómetros hasta Socabaya y opera bajo el esquema regular de tarifa plana.

¿Por qué un recorrido más corto tendría una tarifa sustancialmente mayor? Esa es una de las preguntas que debería responder la Municipalidad antes de siquiera considerar una modificación de las condiciones del SIT.

Pero el expediente contiene otro aspecto que también llama la atención. La propuesta incluye las cláusulas 116-A y 117-A, relacionadas con mecanismos de compensación acumulables y blindajes financieros vinculados al flujo de caja neto, utilizando una tasa de descuento de 10.97%.

De acuerdo con la información revisada, estos conceptos podrían generar eventuales indemnizaciones millonarias contra la ciudad y no formaron parte del Acta de Cierre de Trato Directo.

Por eso, la discusión no puede reducirse al precio del pasaje. Está en juego la posibilidad de modificar las condiciones contractuales del SIT y comprometer recursos públicos mediante nuevas obligaciones.

La respuesta de la MPA genera entonces una contradicción difícil de ignorar. A seis empresas se les exige cobrar un sol, mientras que a otra se le permite continuar con una propuesta que plantea tarifas de S/ 1.30, S/ 1.80, S/ 2.30, S/ 3.30 y hasta S/ 4.30, sin que exista, hasta ahora, un rechazo categórico de la municipalidad.

Los gremios y usuarios advierten que aceptar tarifas por distancia abriría la puerta para que otros consorcios del SIT sigan el mismo camino y terminen desmantelando la tarifa plana en toda Arequipa.

Por ello, plantean que la Contraloría General de la República intervenga y revise el expediente N.° 32204.

Mientras tanto, los gerentes de las seis empresas que paralizaron ayer anunciaron que hoy retomarán el servicio con normalidad porque, según señalaron, su situación económica no les permite mantener una paralización por dos días consecutivos. Su reclamo, no obstante, continuará: buscan que la Municipalidad les permita cobrar S/ 1.30.

Así, mientras unos transportistas pelean por treinta céntimos adicionales, otro expediente municipal abre la posibilidad de tarifas que multiplican varias veces ese monto. Esa diferencia merece, cuando menos, una explicación pública.