Las economías ilícitas y la criminalidad organizada están ampliando su influencia en América Latina y penetrando progresivamente en actividades de la economía formal, generando riesgos para la transparencia, la competencia, la inversión y el crecimiento económico. Un indicador de la magnitud del problema es que existen estimaciones según las cuales entre 3% y 4% del producto bruto interno (PBI) de América Latina estaría cruzado con la criminalidad organizada.

La advertencia fue formulada por Juan Andrés Medel, investigador asociado de la Cátedra de Seguridad y Globalización del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, durante el conversatorio “Economías ilícitas: el costo oculto para la competitividad y la inversión en América Latina”, organizado por la Comisión de Lucha contra el Comercio Ilícito (CLCI) de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

Medel explicó que una de las principales vías de penetración de los recursos criminales en la economía formal es el lavado de activos. Una vez que el dinero obtenido mediante actividades ilícitas es blanqueado, puede ingresar a negocios, inversiones y otras operaciones legales, haciendo cada vez más difícil determinar su procedencia.

“Este fenómeno no se limita a Perú, sino que constituye una realidad de alcance global. El dinero, una vez que se logra lavar, se integra al sistema”, sostuvo.

El especialista señaló que las organizaciones criminales encuentran mayores oportunidades para desarrollar sus actividades en territorios donde la presencia del Estado es débil, especialmente en zonas alejadas de las capitales y con menores niveles de acceso a servicios, educación, inversión y empleo.

MINERÍA ILEGAL EN AUMENTO

Entre las actividades ilícitas que generan mayor preocupación se encuentra la minería ilegal, cuyo crecimiento en Perú podría acelerarse por el interés de organizaciones criminales y el comportamiento del precio internacional del oro.

“Estamos ante un escenario que va a escalar”, advirtió Medel, quien señaló que se observa un incremento del interés de diversos grupos criminales por ingresar a este negocio. Precisó que el fenómeno no es exclusivo del Perú y también representa una amenaza para otros países de la región.

El avance de estas actividades tiene además un impacto económico, debido a que introduce recursos de origen ilícito en mercados y empresas que compiten con operadores formales que cumplen obligaciones tributarias, laborales y regulatorias.

Medel precisó que el lavado de activos está estrechamente relacionado con la criminalidad organizada por la necesidad de estos grupos de colocar y utilizar las ganancias obtenidas de sus negocios ilícitos. Sin embargo, aclaró que el lavado también puede proceder de delitos que no necesariamente involucran organizaciones criminales.

El investigador sostuvo que la problemática no debe ser analizada únicamente desde una perspectiva penal o ética. Los flujos financieros ilícitos, la corrupción y el crimen organizado también afectan directamente la competitividad y las posibilidades de crecimiento de los países.

En el conversatorio participaron representantes de los sectores textil, metalmecánico, cigarrillos y productos de consumo masivo, además de investigadores, académicos, socios y gerentes de la SNI.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 176-2026-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano. Los recursos provendrán de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El monto corresponde a la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios y será incorporado al presupuesto de la Cancillería como gasto corriente, específicamente para la adquisición de bienes y servicios.

Según la norma, el dinero será destinado a las actividades vinculadas con la organización de eventos internacionales de alto nivel, dentro de las acciones de fortalecimiento de la política exterior y la labor diplomática del país.

La transferencia permitirá cubrir los requerimientos logísticos y de organización que demande la presencia del pontífice durante su permanencia en territorio peruano.

La Cancillería deberá aprobar, mediante resolución, la desagregación de los recursos a nivel programático dentro de un plazo máximo de cinco días calendario, contados desde la entrada en vigencia del decreto supremo.

El dispositivo también establece restricciones sobre el uso del presupuesto. Los S/63.2 millones no podrán ser destinados a fines distintos de aquellos establecidos en la norma. El incumplimiento de esta disposición generará responsabilidad para los funcionarios correspondientes.

La visita de León XIV se desarrollará durante siete días y forma parte de la agenda internacional prevista para el pontífice en 2026.

El decreto lleva las firmas de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y del ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba.

Con esta transferencia, el Ejecutivo asegura los recursos presupuestales necesarios para que la Cancillería organice la visita papal y coordine las actividades oficiales previstas durante la permanencia de León XIV en el país.

El parlamentario Jaime Abensur, de Fuerza Popular, sostuvo que las entidades vinculadas con la seguridad ciudadana deben mantener una coordinación permanente para enfrentar el incremento de la criminalidad. Señaló que sería lamentable confirmar las diferencias expuestas entre las autoridades y pidió escuchar también la posición de la Policía.

“Para ayudar a la población, todos tenemos que estar unidos”, afirmó el legislador, al remarcar que la lucha contra la inseguridad requiere un trabajo articulado entre las instituciones responsables.

En la misma línea, el presidente del Senado, Miguel Torres, calificó de preocupante que existan dificultades de comunicación entre el Ministerio Público y la PNP. Consideró que la ciudadanía espera que las autoridades cierren filas y actúen de manera conjunta frente a la inseguridad.

A su turno, el vocero de Ahora Nación, César Holguín, advirtió que el distanciamiento entre ambas instituciones afecta la cooperación interinstitucional. Según indicó, corresponde a la Fiscalía conducir las investigaciones, mientras que la Policía cumple un papel fundamental en las labores operativas y de investigación.

El parlamentario cuestionó las deficiencias que, a su criterio, pueden generarse cuando no existe una adecuada conducción y coordinación en las investigaciones penales.

Por su parte, Oliver Peña, de Juntos por el Perú, insistió en que tanto el fiscal de la Nación como el comandante general de la PNP deben trabajar coordinadamente para enfrentar la crisis de seguridad que atraviesa el país.

Los legisladores coincidieron en que cualquier diferencia entre ambas instituciones debe ser resuelta mediante el diálogo y la coordinación, debido a que una confrontación entre organismos encargados de combatir el delito podría terminar debilitando la respuesta del Estado frente al crimen organizado y la inseguridad ciudadana.

A través de sus redes sociales, el diplomático estadounidense se pronunció luego de que la embajada confirmara la gira sudamericana que realizará Rubio entre el 8 y el 10 de septiembre. El recorrido también comprende visitas oficiales a Colombia y Ecuador.

La llegada de Rubio al Perú se producirá en un contexto de búsqueda de un mayor acercamiento entre Washington y el nuevo gobierno de la presidenta Keiko Fujimori. De acuerdo con la información difundida sobre la agenda del secretario de Estado, las reuniones estarán orientadas a fortalecer los mecanismos de cooperación entre ambos países.

Uno de los principales asuntos que será abordado durante la visita será la lucha contra el narcoterrorismo. Estados Unidos y Perú mantienen mecanismos de cooperación en materia de seguridad y combate al tráfico ilícito de drogas, por lo que se prevé que este tema ocupe un lugar central en las conversaciones con las autoridades peruanas.

La agenda también contempla el fortalecimiento de los vínculos comerciales. Ambos países mantienen una relación económica estrecha, sustentada en el intercambio de bienes, inversiones y acuerdos comerciales, por lo que la visita podría servir para evaluar nuevas oportunidades de cooperación y crecimiento.

El embajador Navarro resaltó el carácter positivo que tendrá la presencia del funcionario estadounidense en Lima y vinculó su llegada con nuevos anuncios en materia de cooperación bilateral. Su mensaje fue difundido luego de la confirmación oficial del viaje por parte de la representación diplomática estadounidense.

La visita de Rubio tendrá además relevancia diplomática debido a que será su primer viaje oficial al territorio peruano desde que asumió como secretario de Estado de Estados Unidos.

Durante su recorrido por Sudamérica, el funcionario estadounidense sostendrá reuniones con autoridades de los tres países incluidos en su itinerario. La gira busca reforzar las relaciones de Washington con sus socios regionales y abordar asuntos vinculados con seguridad, cooperación y comercio.

En el caso peruano, la expectativa está centrada en los resultados de las reuniones y en los posibles anuncios que puedan concretarse, especialmente en las áreas señaladas por la representación estadounidense como prioritarias para la relación bilateral.

La defensa legal del exmandatario presentó una solicitud de control de plazo, argumentando que el periodo establecido para la investigación ya habría vencido sin que la Fiscalía haya emitido una disposición de conclusión ni exista un pronunciamiento judicial que autorice una nueva ampliación.

El pedido fue admitido a trámite por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que programó para el jueves 10 de setiembre, a las 11:00 horas, una audiencia virtual en la que participarán las partes procesales. En esta diligencia se evaluarán los argumentos de la defensa y del Ministerio Público antes de que el órgano jurisdiccional adopte una decisión.

La investigación fiscal se inició luego de que, en diciembre de 2018, cinco ciudadanos registrados como aportantes del entonces partido Peruanos por el Kambio (PPK) negaran haber entregado aportes económicos durante la campaña presidencial de 2016.

El caso busca esclarecer el origen y destino de los recursos presuntamente utilizados para financiar las actividades proselitistas de la organización política que llevó a Kuczynski a la Presidencia de la República.

PPK fue elegido presidente en las elecciones de 2016 y permaneció en el cargo hasta marzo de 2018, cuando presentó su renuncia en medio de una crisis política.

La audiencia del próximo 10 de setiembre será clave para determinar si el Poder Judicial considera atendible el pedido de la defensa y dispone que la Fiscalía cierre esta etapa de investigación, o si permite que las pesquisas continúen bajo las condiciones que correspondan conforme al proceso judicial.

CANDIDATO AL GOBIERNO REGIONAL POR FUERZA AREQUIPEÑA

Alfredo Zegarra busca posicionar a la región en un estándar de competitividad internacional, apoyado en su experiencia municipal, el candidato traza una hoja de ruta para devolverle el liderazgo a Arequipa, promoviendo una gestión transparente que involucre a la ciudadanía, la academia y los colegios profesionales.

La decisión de retornar a la política, según Alfredo Zegarra, responde a su indignación ante la inacción de las autoridades frente a problemas con soluciones viables. Zegarra afirma que le «enerva la sangre» ver a Arequipa paralizada, asumiendo el reto de volver al «frente de batalla». Su propuesta central consiste en una «reingeniería total» de la administración regional.

Para ello, enfatiza que el desarrollo no puede ser un esfuerzo aislado del gobierno, sino una coalición activa que involucre al ciudadano común, a los trabajadores públicos, a los colegios profesionales y a las universidades regionales con ideas y recursos humanos. Esta suma de capacidades, respaldada por experiencia, gestión y liderazgo, es la fórmula propuesta para sentar en cuatro años las bases de una región competitiva que combata la pobreza y el analfabetismo, mejorando sustancialmente los índices económicos y la calidad de vida de la población.

SALUD Y EDUCACIÓN DESCENTRALIZADA: TECNOLOGÍA Y BIENESTAR INTEGRAL

El plan de gobierno sitúa a la salud pública como su pilar prioritario. Zegarra sostiene con firmeza que «nadie se morirá por falta de atención médica». La estrategia busca descentralizar la salud para llegar a todos los rincones de la región, usando inteligencia artificial y telemedicina para diagnósticos rápidos en zonas alejadas.

En educación, señala que un pueblo instruido progresa, citando a Singapur como referente a imitar. Para ello, propone crear «colegios inteligentes» equipados con pizarras interactivas, salas de robótica y computadoras o tabletas personales para cada alumno. El plan adecuará la currícula escolar a la realidad regional mediante un piloto con docentes capacitados, e introducirá cursos obligatorios de emprendimiento para incentivar los negocios desde las aulas. Para garantizar el bienestar estudiantil, propone tópicos equipados y un psicólogo obligatorio por cada 500 alumnos en colegios públicos y privados, asegurando el uso responsable de la tecnología.

INFRAESTRUCTURA VIAL DE INTEGRACIÓN: EL RETO DE CONECTAR AREQUIPA Y CULMINAR PROYECTOS HISTÓRICOS

La conectividad física es identificada como requisito indispensable para generar riqueza. Zegarra cuestiona que en el siglo XXI, Cotahuasi transporte sus productos en mulas o burros por falta de vías. Para solucionar esto, plantea culminar carreteras abandonadas hacia Cotahuasi, Castilla baja, media y alta.

Critica que la región dependa casi exclusivamente de la Panamericana y del cuello de botella de la Variante de Uchumayo. Su plan propone retomar la carretera a Santa Lucía como alternativa hacia Puno, e impulsar la ruta por Yuramayo. Asimismo, plantea construir autopistas de cuatro carriles hacia Mollendo y Camaná para dinamizar el comercio costero. Respecto a la inconclusa autopista Arequipa-La Joya, que acumula unos 15 años paralizada, la calificó como una «vergüenza ajena» que debe terminarse inmediatamente bajo una gestión eficiente.

DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA: AGRICULTURA INTELIGENTE, PESCA ARTESANAL, TURISMO Y PARQUES DE PEQUEÑA EMPRESA

En el sector productivo, Zegarra afirma que el Gobierno Regional debe funcionar como un motor económico mediante la inversión privada y asociaciones público-privadas. Describe a la agricultura como más sostenible que la minería: «es mejor que una mina de oro, porque la mina de oro se va a acabar. En cambio, la agricultura nunca se va a acabar». Para industrializar las 130 000 hectáreas cultivables y emular la agroexportación de Ica, propone represas para «sembrar agua», y agricultura inteligente con sensores y drones controlados por celular contra plagas.

La tecnificación agraria se reforzará con un banco de semillas seleccionadas que eleve el rendimiento de la papa de 30 000 a 150 000 kilogramos por hectárea. También propone un banco de semen bovino para mejorar la genética ganadera en Cotahuasi, Chuquibamba y Condesuyos, incrementando la producción láctea de 10 a 40 litros diarios por vaca para exportar lácteos al mundo.

En pesca, plantea reactivar al sector artesanal dotándolo de rompeolas, muelles y una planta de hielo con cadena de frío en Matarani, evitando que los productos se echen a perder. En turismo, busca potenciar el Cañón del Colca, el Centro Histórico y difundir la figura del premio nobel Mario Vargas Llosa para competir con Chile. Rememora su gestión municipal donde promovió marcas de impacto internacional como proyecciones mapping de récord Guinness, el rocoto relleno más grande del mundo y el turismo religioso llevando la Virgen de Chapi a Santiago de Chile para atraer visitantes extranjeros, planteando escalar estos esfuerzos desde el Gobierno Regional.

El desarrollo económico se complementará con tres parques industriales en el Cono Norte (textiles, cuero, metalmecánica, muebles) y dos en el Sur para reactivar a la pequeña industria y generar empleo masivo para los jóvenes.

GOBERNABILIDAD DIGITAL, DESTRABE DE INVERSIONES Y SEGURIDAD

Para la gobernabilidad, cuestiona la improvisación de las listas integradas por clanes familiares, responsables de que la ejecución presupuestal regional y municipal apenas bordee el 40% en septiembre. Como solución, propone la digitalización de la ciudad y la simplificación administrativa. A través de una plataforma digital, se simplificarán los trámites y se vigilará con transparencia el avance físico, presupuesto y pagos en cada obra.

Las relaciones con el Gobierno nacional deben gestionarse con un liderazgo que presente proyectos viables en lugar de ir con las manos vacías, superando diferencias políticas por Arequipa. El financiamiento regional se articulará además con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y COFIDE.

En seguridad, propone combatir la delincuencia mediante el sistema inteligente C5, cámaras interconectadas de última generación con reconocimiento, drones, un Cuartel de Inteligencia policial, el patrullaje integrado y serenazgo sin fronteras.

Alfredo Zegarra concluye convocando a la población a respaldar la opción de Fuerza Arequipeña, simbolizada por la casita, en las elecciones del 4 de octubre. Su propuesta apela directamente a la experiencia de gestión, la capacidad ejecutiva y un liderazgo decidido para romper el letargo regional. Reiterando su solemne compromiso de que bajo su mandato «nadie se morirá por falta de atención médica», el candidato busca unificar Arequipa bajo principios de modernidad y competitividad internacional.

La solicitud también fue planteada por el suboficial Rolando Rodríguez Bilbao. Ambos buscaban acogerse a la Ley N.° 32735, que permite disponer el archivo de un proceso en la justicia ordinaria cuando se demuestra que una persona ya fue investigada por los mismos hechos en el fuero militar policial y no existe una sentencia firme.

Zanabria recurrió a esta norma el pasado 4 de agosto. Su defensa sostuvo que los hechos materia del proceso se remontan al 2020, periodo en el que el oficial estaba al frente de la IX Macro Región Policial de Arequipa. Rodríguez Bilbao también fue incluido en el pedido debido a que en aquella época se desempeñaba en la sección de adquisiciones y como operador logístico de la institución.

No obstante, el tribunal determinó que no se cumplieron los requisitos para aplicar la norma. En el caso de Zanabria, los magistrados señalaron que efectivamente existió una investigación en el ámbito militar policial, pero advirtieron que la defensa no detalló qué hechos fueron específicamente examinados en esa instancia.

Esta falta de precisión impidió al colegiado establecer si aquella investigación comprendía los mismos hechos que actualmente son materia del proceso en la justicia ordinaria. Zanabria afronta cargos por peculado doloso agravado y, de manera alternativa, por abuso de autoridad, colusión agravada y peculado doloso.

Los jueces precisaron que correspondía a la defensa demostrar la coincidencia entre los hechos investigados en el fuero militar y aquellos incluidos en la acusación del proceso ordinario. Al no presentar esa información de manera concreta, no fue posible concluir que se tratara de una doble persecución por los mismos hechos.

En cuanto a Rodríguez Bilbao, la situación fue distinta. El colegiado concluyó que la documentación remitida por el fuero militar policial no acredita que el suboficial haya sido investigado por los hechos que forman parte del proceso actual. Incluso, su nombre no figura en los documentos utilizados para sustentar la solicitud de archivo.

Con esta resolución, el juicio continuará en la justicia ordinaria. La audiencia fue reprogramada para las 8:00 horas del próximo 9 de octubre. En esa diligencia también deberán presentarse Francis Alarcón Gallegos, Luis Cancelo Roggero y Claudia del Castillo Chávez, quienes se encuentran comprendidos en el caso.

Uno de los hechos se registró en el distrito de Jacobo Hunter. Rolando Aldair Boza Portilla, de 27 años, se dirigía en motocicleta hacia su domicilio cuando, por circunstancias que aún son materia de investigación, perdió el control del vehículo y sufrió un despiste en las inmediaciones del sector de Marvisur.

El motociclista quedó tendido con lesiones de consideración y fue auxiliado durante la madrugada por personal de la Compañía de Bomberos N.° 140 de Yanahuara, que lo trasladó de emergencia al Hospital Honorio Delgado. Horas después, sus familiares llegaron al establecimiento para conocer su estado de salud.

El segundo accidente ocurrió en la Vía de Evitamiento, cerca del grifo Santa Rosa. Jorge Coayla Manco, de 53 años, fue atropellado por un vehículo cuyo conductor, lejos de auxiliarlo, huyó del lugar.

El herido fue evacuado al Hospital Honorio Delgado debido a la gravedad de las lesiones que presentaba. Los médicos determinaron que requería una intervención quirúrgica, procedimiento que se realizó durante las primeras horas de atención.

Tras la operación, Coayla Manco permanecía estable hasta la mañana del sábado. No obstante, de acuerdo con información del nosocomio, hasta ese momento ningún familiar había acudido al hospital para conocer su situación o acompañarlo durante su recuperación.

El atropello quedó en manos de las autoridades, que deberán establecer cómo ocurrió el accidente y realizar las diligencias necesarias para identificar al conductor que abandonó la escena. En tanto, ambos pacientes permanecen bajo atención médica especializada y continúan su recuperación.

Los accidentes vuelven a llamar la atención sobre los riesgos que enfrentan conductores y peatones en las vías de Arequipa, particularmente durante las horas de menor circulación vehicular.

OBRAS DE EDUCACIÓN Y SALUD

El caso más prolongado corresponde al proyecto para la construcción de espacios deportivos en siete instituciones educativas de la región. El proceso N.° 011-2024-OXI-GRA/Ley 29230 llegó en julio de este año a su séptima convocatoria, sin conseguir hasta ahora una empresa interesada.

Otro proyecto que enfrenta dificultades es el mejoramiento del Centro de Salud Orcopampa, en la provincia de Castilla. Su proceso comenzó en 2023 y en mayo de este año alcanzó la cuarta convocatoria. En tanto, el Terminal Terrestre de Chuquibamba, en Condesuyos, y la institución educativa República Federal Alemana, ubicada en Jacobo Hunter, Arequipa, registraron entre junio y agosto su tercera convocatoria sin lograr adjudicación.

La lista incluye también el proyecto de mejoramiento de la I.E. Víctor Manuel Torres Cáceres, en Punta de Bombón, provincia de Islay, que se encuentra en su segunda convocatoria. A este se suma una IOARR destinada a la adquisición de camas y monitores para el Hospital Aplao, en Castilla, que fue convocada por segunda vez en junio.

La reiteración de los procesos evidencia una de las principales dificultades de la modalidad OxI: que un proyecto se encuentre priorizado por una entidad pública no significa necesariamente que exista una empresa privada dispuesta a financiarlo.

El gerente regional de Promoción de la Inversión Privada, Edson Flores Velásquez, explicó que las dificultades tienen diferentes orígenes. Uno de ellos se presenta cuando los gobiernos locales formulan proyectos pensando en ejecutarlos mediante administración directa o contratación convencional y posteriormente estos son incorporados a la modalidad de Obras por Impuestos.

“Quien formuló un expediente no lo ha hecho para ejecutarlo bajo OxI. En algunos casos esto nos genera dificultades adicionales”, señaló.

Entre los problemas detectados figuran deficiencias en el saneamiento de terrenos, estudios incompletos y expedientes técnicos que requieren ajustes. También existen proyectos cuyos costos deben ser actualizados debido a las variaciones de precios. Estas observaciones generan retrasos y pueden reducir el interés de potenciales inversionistas.

Flores explicó que un expediente puede parecer adecuado para la entidad que lo formuló, pero posteriormente recibir observaciones durante las etapas de revisión. “Para muchos puede estar bien, pero para la Contraloría y el área de supervisión de inversiones está mal. Esto nos genera observaciones y dilación”, sostuvo.

Otro factor es la ubicación de los proyectos. En zonas altas como Orcopampa, el traslado y costo de materiales incrementan el presupuesto y reducen el atractivo para las empresas. El funcionario señaló que incluso se invitó a la compañía minera ubicada en Orcopampa, pero esta no ejecuta proyectos bajo la modalidad OxI.

Entre 2023 y 2026, el GRA priorizó 210 proyectos, inversiones e IOARR mediante Obras por Impuestos. Sin embargo, hasta ahora solo se han suscrito 18 convenios con empresas privadas para garantizar el financiamiento y ejecución.

Flores Velásquez sostuvo que mantener una cartera amplia permite aumentar las posibilidades de encontrar financistas, pero reconoció que ello no garantiza resultados. “Es diferente tener tu cartera de inversiones para escoger. Así hay más oportunidad para encontrar financista. Aun a pesar de eso, no siempre hay empresas grandes que quieran financiar”, manifestó.

El incremento del presupuesto se produjo durante distintas gestiones del Gobierno Regional de Arequipa (GRA). En la gestión de Elmer Cáceres Llica se aprobó un adicional de aproximadamente S/6,5 millones, el de mayor monto. Durante la actual administración regional se aprobaron las últimas cinco modificaciones, que acumulan más de S/7,5 millones. La última modificación añadió S/338 020,16 al costo del proyecto, haciendo un total de S/19 millones 673 mil 533. Es decir, incrementó al 450% del presupuesto original. 

La demora también generó un nuevo problema. La PTAR fue diseñada para atender a aproximadamente 32 mil residentes del asentamiento humano Horacio Zeballos Gámez y sectores aledaños. Sin embargo, el crecimiento poblacional incrementó la demanda de tratamiento de aguas residuales. Una evaluación de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) determinó que la capacidad de la planta no permitirá atender la totalidad de las conexiones actuales de alcantarillado, por lo que se requieren obras complementarias. 

Acorde al último reporte brindado, el proyecto registra 95% de avance y aún requiere completar pruebas eléctricas, verificaciones del sistema de aditivos y el dossier de calidad. Después de culminar estos trabajos deberá iniciar la etapa de puesta en marcha, prevista inicialmente en 90 días. Desde la Gerencia Regional del GRA informaron que se busca reducir este periodo antes de transferir la administración de la infraestructura a la EPS Sedapar, misma que operaría la PTAR. 

Las modificaciones presupuestales también generaron observaciones administrativas. Al superar el 50% del monto previsto en el expediente técnico, los actuados deben remitirse a la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios para evaluar posibles responsabilidades. Entre las razones expuestas para las modificaciones figuran dificultades técnicas, variaciones del mercado y mayores costos vinculados a la mano de obra.

Mientras la planta permanece fuera de servicio, las aguas residuales continúan llegando a la quebrada La Huaylla, generando malos olores y contaminación. De esta manera, un proyecto que debía ejecutarse en cinco meses y atender la demanda de saneamiento de la zona llega a su etapa final después de siete años, con un presupuesto que supera ampliamente el monto aprobado en 2019 y una capacidad que ya resulta insuficiente frente a la demanda actual.