Por:Roy F. Cárdenas Velarde

Una de las verdades más crudas que he podido conocer en materia ambiental la leí en el libro El riesgo ambiental, de Lidia Garrido. En el señala: “Lamentablemente, pero los eventos dramáticos generan preocupación y la preocupación genera concientización y acción”.

Duro pero cierto. Según la doctrina fue una catástrofe la que originó a una de las reuniones internacionales más importantes en materia ambiental. Nos referimos a la marea negra de 1967 en las costas de Francia, Inglaterra y Bélgica, causada por el naufragio del petrolero Torrey Canyon, lo que impulsó la realización de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, en 1972.

Y es muy probable que el derrame de más de 10,000 barriles de petróleo por parte de la española Repsol en la playa de Ventanilla, marque un antes y después en la historia del Perú.

Pero, pareciera que esta es la primera vez que ocurre un evento así en el país. Puede que para los costeños sí; sin embargo, no lo es para los peruanos de la selva, los que cada cierto tiempo resultan afectados por el derrame de crudo que sucede en su región. Al parecer, nuestra errada visión capitalina nos hace pensar que hecho similar a este no habría ocurrido antes.

Tanto los medios nacionales como internacionales han venido reportando lo que ha sido este vía crucis. Los pobladores que han resultado afectados, las responsabilidades de la empresa y las obligaciones del Estado.

Lo que se necesita ahora es que tanto la empresa como el Estado asuman sus responsabilidades y obligaciones, y que actúen en el marco de lo establecido en la normativa, pues de nada servirá que las entidades competentes realicen acciones apartándose de sus obligaciones, con el fin de calmar a la ciudadanía, si después ello será declarado nulo en una instancia judicial.

Se requiere de un Estado que no titubee ni flaquee ante la presión de la sociedad o los medios.

Mal haríamos en pedir que el Estado –por medio de sus entidades– se convierta en un tirano frente a los responsables. Se debe buscar que actúe dentro de sus obligaciones, de la manera más eficiente y diligente. Puede que satisfacer a todos no sea logrado con el fiel cumplimiento de la normativa, sino quizá con la modificación de esta, pero ello es algo que no se encuentra dentro de las facultades de las entidades que deben actuar en el marco de lo ya establecido.

Es probable que este desastre ambiental nos lleve, más que a analizar la normativa vigente, a repensar su modificatoria. Esperemos que con el pasar de los días no olvidemos lo ocurrido y que, por el contrario, lo tengamos presente, tanto nosotros como las autoridades.