Por: Pedro Corzo – El Montonero

La decisión de Naciones Unidas de expulsar a Rusia del Consejo de Derechos Humanos ha puesto una vez más de relieve el compromiso de solidaridad activa que han forjado los autócratas de diversas partes del mundo. Estos déspotas no temen respaldarse en situaciones de crisis, tienen plena conciencia del mal que hacen, pero actúan a favor del aliado que se encuentra en peligro. Una conducta que deberían imitar los dirigentes políticos y sociales que dicen defender la democracia.

El canciller castrista –representante de una dictadura que ha violado los derechos de sus ciudadanos de manera sistemática y hasta institucionalmente por más de seis décadas, y como colofón, instrumentó un operativo de subversión y generación de caos en todo el continente– defendió a Moscú planteando que la suspensión de Rusia no favorece una solución pacífica del conflicto de Ucrania. Como si su defendido no hubiese sido el agresor en una guerra cruel y despiadada que ha causado miles de pérdidas humanas y una minuciosa devastación material en todo el territorio ucraniano.

Por su parte el satélite del castrismo que gobierna Venezuela, Nicolás Maduro, dijo, a través de su representante en la ONU, que su país rechazaba la decisión de suspender a Rusia del organismo, aunque no pudo votar por la alta deuda que tiene Venezuela con el organismo internacional. Los castristas son deudores de oficio.

Nicaragua, por cierto, no se quedó atrás. El dictador Daniel Ortega –que compite en número de prisioneros políticos con sus pares de Cuba, Caracas y Bolivia– calificó la separación de Rusia de “violación a los derechos humanos y una agresión a los pueblos”. Por supuesto, en esta cofradía de violadores de los derechos humanos no podía faltar el régimen de La Paz que, con su decisión de apoyar al Kremlin, demostró una vez más dónde están sus compromisos.

Dicho lo anterior, es válido reiterar que estos déspotas de Rusia, China e Irán han trabajado con gran eficiencia a los políticos y dirigentes latinoamericanos y a no pocos estadounidenses. De lo contrario sería difícil entender por qué los gobiernos de El Salvador y Brasil se abstuvieron en la votación.

Sin embargo, no debemos pasar por alto que muchos analistas afirman que Vladimir Putin es paradójicamente el héroe de los políticos extremistas, que en el reciente pasado identificábamos con izquierda o derecha; un caso que, de ser cierto, pondría en tela de juicio la capacidad de discernir de esos líderes. La abstención de México fue una sorpresa, muchos esperábamos su voto a favor de Moscú.

Por su parte un discreto aliado de Rusia, la República Popular China, que tiene claras ambiciones en Taiwán (como lo demuestran sus agresivas maniobras militares) dijo que la suspensión “era como echar leña al fuego”. En pocas palabras, todos estos déspotas, incluidos los no mencionados en esta columna, parece que demandan que el mundo ayude a Rusia a engullir a Ucrania.

Ahora bien, independientemente a la sanción de las Naciones Unidas, recae una responsabilidad muy grande sobre las naciones comprometidas con la democracia –particularmente las potencias occidentales, con Estados Unidos a la cabeza–, por tolerar y obviar las violaciones flagrantes en la que históricamente han incurrido gobiernos como los de Moscú y Pekín. Y no pasamos por alto los aliados que estos dictadores tienen en nuestro hemisferio.

En las relaciones internacionales han primado más los intereses que los valores que algunos gobiernos y organismos internacionales dicen defender. Y donde mejor se aprecia esta situación es en las entidades comprometidas en la defensa de los derechos humanos. Por décadas, los prisioneros políticos del bloque soviético, incluido los cubanos, fueron víctimas de esa omisión. Entidades defensoras de la dignidad humana solo veían los crímenes y abusos de las dictaduras militares o de derecha. Grandes titulares señalaban las torturas que padecían, entre otros, los prisioneros Luis Corvalan y Jesús Farías, mientras Pedro Luis Boitel moría en una huelga de hambre, Huber Matos estaba aislado, Kemel Jamis vapuleado en una brutal golpiza, el resto de los prisioneros durmieron años sobre miles de libras de dinamita prestas a explotar.

Las agresiones –vengan de donde vengan–, las violaciones a los derechos humanos –sin importar el gobierno o la autoridad que las cometa– deben ser sancionadas. Y la complicidad con los criminales debe ser castigada.