— Redacción Diario El Pueblo —

Los congresistas Edwin Martínez y Alex Paredes propusieron que se establezca la pena de muerte en los delitos de violación sexual contra menores de edad. Incluso, señalaron estar a favor de una pronta salida del Pacto de San José. Sin embargo, el abogado experto en derecho constitucional, José Villafuerte, explicó que la propuesta contraviene a los derechos humanos y es de “tinte populista”.

Expertos dicen que medida es inviable y populista

Producto de la indignación colectiva por el caso de la menor de tan solo 3 años que fue secuestrada y abusada sexualmente en Chiclayo. Diversas autoridades y colectivos sociales salieron a pronunciarse respecto a posibles medidas que sancionen a los perpetradores de delitos como violación.

Frente a ello, parlamentarios como el congresista accionpopulista Edwin Martínez, han pedido que se establezcan sanciones drásticas como la pena de muerte. “Lo que se necesita ahora es retirarse del pacto de San José porque los derechos humanos son para los de afuera, pero no para nosotros, con tanto extranjero que viene, viola las leyes, golpea la gente, gente degenerada viola a las niñas y niños inocentes, este tema debe ser llevado legal y judicialmente para establecer la pena de muerte para los violadores y los asesinos”, dijo.

El último miércoles, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley para aplicar la castración química contra violadores de menores de edad, adolescentes y mujeres. Sin embargo, a criterio de Martínez, la medida no es suficiente. El parlamentario espera una reforma constitucional que faculte la pena de muerte como la sanción más drástica en casos de violación y asesinato. “Ya estoy trabajando (un proyecto de ley), y lo presentaré dentro del plazo de 10 días aproximadamente”, dijo a El Pueblo.

Esta no es una postura aislada en el sentir de los parlamentarios arequipeños. El congresista oficialista Alex Paredes, se sumó al petitorio y reafirmó que no solo debe darse la polémica castración química, sino que, además, espera se tomen acciones más radicales que permitan la aplicación de la pena de muerte. “No merecen vivir esas personas”, dijo.

Sin embargo, bajo la opinión de diversos expertos como el abogado constitucionalista, José Villafuerte, la medida no es viable, sino que, por el contrario, responde a “tintes populistas”. “De acuerdo a las normas jurídicas e internaciones que buscan proteger la vigencia de derechos humanos, está prohibido todo tipo de pena o de sanción cruel, entonces se considera a la castración química o física como un acto cruel y en el ámbito constitucional peruano tenemos como principio rector la protección de los derechos humanos de los ciudadanos y por tanto no se puede permitir tampoco la pena de muerte”, explicó.

El especialista consideró que denunciar el pacto de San José de Costa Rica es un “asunto complicado”. Refirió que entidades como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) intervendrían de forma inmediata por lo que el trámite sería engorroso y tomaría hasta 4 años en decidirse.

“Al salir del pacto, nos convertiríamos en un Estado tipificado como autoritario y carente de garantías para los derechos humanos y por lo tanto estaríamos bajo una sanción permanente de estos organismos a pesar de que nos retirásemos”, agregó.

En otro momento, opinó que las propuestas de la pena de muerte, así como la castración química, son propuestas populistas por las que algunas autoridades, pretenden sacar beneficio. “Quieren ganarse los aplausos de la gente”, dijo.

Finalmente, detalló que una debilidad descuidada dentro del sistema de justicia en el país, es el proceso de sentencia. “La modificación que necesitamos es en el ámbito procesal. Yo planteo que el proceso sea breve y corto donde el fiscal tenga plazos breves al igual que el juez y así se ponga celeridad en esos casos”, agregó.