Por: Dra. Elizabeth Zea

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El derecho de los niños a la protección de toda forma de maltrato, incluida la violencia sexual, es una meta que forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030

Vivimos en una sociedad tolerante ante la violencia, cuyo núcleo de origen muchas veces se encuentra en el propio hogar, donde las víctimas más vulnerables son menores de edad.

En el 2020, Unicef reportó que uno de cada 4 niños menores de 5 años se cría en un entorno donde la madre sufre violencia; antes de la pandemia, el 75% de los niños eran víctimas de castigos físicos como una forma de disciplina, entre otros datos. Esta realidad no es ajena al Perú, donde una de las más graves es la violencia sexual: solo entre enero y octubre del 2021 los Centros de Emergencia Mujer registraron 12,828 denuncias de violencia sexual en distintas modalidades, mientras que 5,728 casos correspondían al delito de violación sexual ejercida contra menores de edad entre 0 y 17 años por familiares cercanos.

El derecho de los niños a la protección de toda forma de maltrato, incluida la violencia sexual, es una meta que forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030. El Informe sobre la situación mundial de la prevención de la violencia contra los niños 2020, elaborado con base en un proceso de consulta a estados miembros realizado por la Organización Mundial de la Salud, desarrolla seis estrategias bajo el acrónimo en inglés INSPIRE, dirigidas a la prevención de la violencia en sus distintas formas.

La herramienta INSPIRE ayuda a identificar y monitorear las diferentes políticas con las que un Estado cuenta para prevenir y erradicar la violencia contra los niños. Evalúa programas, legislación, entorno familiar y comunitario, aspecto educativo y servicios de atención y apoyo. Uno de los principales hallazgos es que la mayoría de los países cuentan con sectores y planes nacionales que abordan el tema de la violencia, pero se contrasta con la poca disponibilidad presupuestal y la ausencia de indicadores que ayuden a la consecución de las metas planteadas.

En el Perú, a la fecha, contamos con un amplio marco legal a partir de las modificaciones efectuadas en el Código Penal y la Ley N° 30364, incorporando medidas de protección y sanciones drásticas, como la cadena perpetua para delitos como la violación sexual a menores de edad; sin embargo, no se ha implementado una política de prevención de la violencia con suficiente presupuesto y voluntad política que priorice la seguridad en el entorno y la educación para la construcción de modelos sanos de convivencia.

No olvidemos que la violencia impacta de forma significativa en el desarrollo integral de nuestra infancia y la forma en como se aborde será determinante para el desarrollo de su proyecto de vida.