Por: Juan Sheput El Montonero

No es muy difícil establecer un correlato, una suerte de paralelo entre las manifestaciones que se vienen dando en contra del Congreso y las exigencias para una asamblea constituyente. El activismo de los funcionarios gubernamentales los ha convertido en una especie de partido político muy bien remunerado que, abandonando sus funciones elementales, se ha dedicado a insertar la idea, en la mentalidad de las personas, de que todas las desventuras que padecemos en la actualidad se deben fundamentalmente a que tenemos una Constitución, la de 1993, que las promueve y permite. La red articulada pro asamblea constituyente ha encontrado en la crisis causada por la incompetencia de este gobierno, el de Pedro Castillo, el caldo donde cultiva la idea que los males que padecemos son por culpa de la Constitución. Lamentablemente vienen cumpliendo con su propósito. La ausencia de parlamentarios que ingrese al debate o de un Congreso que fiscalice y sancione permite que se consolide la idea que plantea una nueva carta constitucional.

Es evidente que el gobierno y sus aliados internos y externos buscan crear un “momento constituyente” basado en el descontento popular y en la anarquía que esto genera. Atizados y estimulados políticamente por una red de prefectos y gobernadores con experiencia política y con lazos en el Movadef ha encontrado en la inexperiencia parlamentaria un aliado para hacer lo que les da la gana. A pesar de las advertencias planteadas sobre estas designaciones, ni las comisiones de Defensa, Inteligencia o Fiscalización han podido poner coto a estos nombramientos de activistas ligados a Sendero Luminoso que en estos días están en favor de la anarquía que les permitiría justificar el pedido de una asamblea constituyente.

Los constantes llamados “al pueblo” para respaldar el pedido se hacen más estruendosos y cínicos, sin que parlamentarios o empresarios encuentren la fórmula para hacerle frente. Torpemente han apostado por la fórmula jurídica o legalista, cuando el debate debe y debió ser político e ideológico. La defensa del modelo económico, echado por la borda con este gobierno, se limita a declaraciones en diarios especializados en lugar de empezar a contrarrestar la batalla de las ideas desde el campo político.

La crisis institucional que padecemos, la anarquía que amenaza desbordar el orden interno, pueden derivar en una destrucción del Estado peruano. Si el Congreso de la República no tiene la fuerza ni la iniciativa suficiente para contrarrestarlo, la fuerza política que lo contenga debe venir de la sociedad. El comunismo lo entiende perfectamente: los grandes cambios sociales no se han dado desde los parlamentos sino desde la fuerza de la sociedad. Afortunadamente la fórmula no solo es válida para ellos, también para los que nos oponemos a aceptar una convocatoria a una asamblea constituyente. Es en ese sentido que se debe trabajar.