Por: Berit Knudsen – El Montonero

Nos hemos visto sorprendidos, una vez más, por los vaivenes de Pedro Castillo y sus camaradas en el gobierno. El 4 de marzo declaró públicamente: “…vayamos quitando de la cabeza ese fantasma de que Pedro Castillo llegó al Gobierno para instalar una Asamblea Nacional Constituyente, un modelo chavista o comunista, la rechazo rotundamente…”. Pero, 50 días más tarde, vuelve a la carga con la desacreditada asamblea.

La figura de una Asamblea Constituyente no se contempla en nuestra Constitución. El artículo 32° habla de “reforma total o parcial”, por las vías que la misma Constitución establece en el artículo 206°, debiendo ser aprobada por el Congreso. En cualquier caso, el Ejecutivo ya hizo llegar su Proyecto de Ley de reforma constitucional para someter a referéndum la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Incluye esta vez Disposiciones Transitorias para reglamentar la elección de los 130 miembros: 52 representantes de organizaciones políticas inscritas (40%), 39 candidatos independientes (30%), 34 representantes de pueblos indígenas (26%) y 5 de los pueblos afroperuanos (4%). La octava disposición transitoria explica que los pueblos indígenas y afroperuanos constituyen una circunscripción electoral especial, siendo la asignación de escaños proporcional a su representación en cada región. Esta indefinición podría terminar insertando a los agitadores sindicales que hoy paralizan la minería.

Los pueblos indígenas u originarios son aquellos establecidos en sus territorios desde tiempos anteriores al Estado, que conservan todas o parte de sus instituciones distintivas, con una identidad y conciencia colectiva originaria. La Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios (BDPI), del Ministerio de Cultura, habla de 55 pueblos en los Andes y la Amazonía, organizados en comunidades campesinas y nativas, identificando 48 lenguas. Según las publicaciones de 2020, estas poblaciones dispersas en los andes y la selva son poco más de dos millones de personas, que representan el 6.9% de los peruanos.

La Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización de los Estados Americanos (OEA), busca reivindicar y promover los derechos de poblaciones minoritarias caracterizados por una historia, cultura, identidad, organización social y política propia, anterior a los procesos de colonización y evitar cualquier tipo de discriminación. Tienen el derecho a la auto identificación, que consiste en declararse o no parte de alguno de estos grupos indígenas y tribales.

El INEI, en el cuestionado censo de 2017, incluyó la pregunta: “Por sus costumbres y sus antepasados. ¿Usted se siente o considera?”. El resultado fue un grupo indeterminado: “Población indígena u originaria de los Andes”, que parece aludir a un concepto de raza o ubicación geográfica y no a un colectivo étnico cultural con una identidad, forma de vida y organización política propia.

Los peruanos podemos ser originarios de la costa (55.9%), la sierra (29.6%) o la selva (14.5%). Además, 79.3% vive en centros urbanos y 20.7% en zonas rurales, por lo que resultan inconsistentes los datos recientemente publicados por la BDPI que indican que 25.8% pertenecen a algún pueblo indígena originario.

En cualquier caso, estarían discriminando a los casi 20 pueblos en situación de aislamiento voluntario que viven en zonas protegidas de las Reservas Naturales, que no han tenido contacto con la civilización desde finales del siglo XIX. También excluiría a pueblos originarios de la costa peruana. donde se formaron importantes civilizaciones. Otra aclaración interesante, en la disparatada composición para esta Asamblea, se relacionaría con esos 39 candidatos independientes, pero ese es tema de otro análisis.

En cualquier caso, sugiero incluir un par de preguntas adicionales: ¿Cree que Pedro Castillo, quien afirma no estar preparado para gobernar, acusado por corrupción y que miente constantemente, es la persona idónea para liderar una nueva Constitución? ¿Cree que este gobierno, que ha infiltrado todo tipo de delincuentes en el aparato estatal, tiene autoridad moral para criticar la Constitución de 1993? Si de un referéndum se trata, la pregunta podría ser: Pedro Castillo y Dina Boluarte, ¿deberían renunciar?

Igualmente, deberíamos exigir la renovación de las autoridades del JNE, la ONPE y la RENIEC, incluyendo el sistema informático para el escrutinio, a fin de garantizar resultados electorales sin cuestionamientos en el proceso electoral de alcaldes y regidores de octubre.