Por: Juan Sheput – El Montonero

Como se sabe, una de las causales de vacancia es la “permanente incapacidad moral” en la que puede incurrir el presidente de la República. Los defensores de Pedro Castillo y aquellos a quienes conviene el estado actual de la situación argumentan que esa frase es difícil de aplicar pues no tipifica, no es certera y se “presta a cualquier cosa”. No es así. Veamos por qué.

Lo permanente es lo que permanece. La incapacidad se define de diversas maneras, desde la falta de entendimiento o inteligencia hasta la falta de preparación o capacidad para entender o hacer algo. La moral, en su cuarta acepción, tiene que ver con aquello que afecta al fuero interno o al respeto humano y no al orden jurídico. Por lo tanto la “permanente incapacidad moral” es la frase que el constituyente redactó para explicarnos que alguien que permanece en un comportamiento incorrecto (así sea sin incurrir en falta jurídica), que afecta por su falta de preparación y respeto a los ciudadanos, puede ser separado del poder porque no es digno de representar al país o jefaturar su Estado.

Por lo que vemos en estos nueve meses, Pedro Castillo refleja perfectamente lo que el espíritu constituyente quiso sancionar con la separación del poder de una manera terminal, definitiva. Desde antes de asumir la presidencia, ya desde el momento de ser autoridad electa, Pedro Castillo empezó a mentir. Mintió con el perfil de sus designados a ministros, mintió con los visitantes a la casa de Sarratea (en el distrito de Breña), mintió cuando negó a sus conocidos o el conocimiento de los tratos de sus sobrinos, mintió sobre su relación con Karelím López y Bruno Pacheco, mintió sobre su tesis de grado de magíster.

Como era de esperarse, su defensa legal entra en el terreno de lo jurídico, señalando que los delitos cometidos por Pedro Castillo han prescrito. Lo importante aquí, porque es el núcleo político, es que no niegan la acusación. Y eso pone en peligro la continuidad del jefe de gobierno, porque los hechos señalados y otros tipifican, demuestran, señalan, un comportamiento incorrecto, mentiroso e inmoral que afectan la correcta marcha del país, pues rebajan la autoridad del jefe de Estado, le quitan legitimidad y capacidad de influencia y liderazgo. La falta de autoridad moral impide un correcto manejo del país, pues destruye la credibilidad y la confianza.

Al Congreso de la República le corresponde corregir esta situación. No es una cuestión de votos sino del papel que le tocó jugar en este contexto que es histórico por lo grotesco: un presidente que reúne todos los elementos para ser vacado de inmediato y un Congreso que se niega a hacerlo por pequeñísimos intereses. Estamos a tiempo para que las penosas líneas que se vienen escribiendo sobre la historia del Perú de estos días sean corregidas.