Por: Anahí Durand – Doctora en sociología y docente universitaria

Durante los últimos años nuestro país vive una profunda crisis. El régimen político, entendido como el conjunto de instituciones y leyes que permiten la organización del Estado y el ejercicio del poder, se descompone dramáticamente.

La Constitución de 1993, que sostuvo ese orden impuesto tras el autogolpe de 1992, pierde legitimidad y capacidad de generar consensos. No es la primera vez que existen cuestionamientos, pues en el 2001, con el gobierno de transición de Valentín Paniagua, se conformó la Comisión de estudio de las bases para la reforma constitucional, cuyas conclusiones llamando a una reforma integral fueron desestimadas.

A partir del 2016 la desigualdad generada por el modelo, la precariedad política y la trama de corrupción develada por el caso Odebretch gatillaron el actual ciclo de inestabilidad, llevando a contar con cuatro presidentes en cinco años. El hartazgo de la población con la clase política se agudizó con la pandemia, avivando las demandas de cambios estructurales, incluyendo una nueva Constitución. Crece la constatación de que 30 años después, la Constitución impuesta en 1993 ya no garantiza crecimiento económico, bienestar ni estabilidad política.

Con la crisis de régimen tensionando la sociedad urge buscar canales de diálogo. Justamente, el proceso constituyente es una oportunidad para afrontar la crisis democráticamente, pues permitirá al pueblo discutir los problemas de fondo que afectan al país, hacer reformas de largo alcance que consideren y arribar a un nuevo pacto social. Hoy los cambios parciales a la Constitución ya no funcionan, pues abordan partes desconectadas con resultados limitados, tal como ocurrió con el referéndum del 2019, que no cambió nada sustantivo ni del sistema político ni del sistema de justicia. Lo mismo sucede con los cambios a la Constitución que realiza la Comisión de Constitución del Congreso, que alteran el equilibrio de poderes e incluso afectan derechos ciudadanos como el referéndum, agravando la crisis y polarización en lugar de resolverla. Corresponde una discusión actual e integral de la Constitución que incluya las principales reglas de juego políticas, económicas y sociales de convivencia nacional, y es oportuno que esa tarea la asuma no un grupo de congresistas, sino una Asamblea Constituyente plurinacional y paritaria.

La nueva Constitución no será la salvación mágica a todas las crisis ni eximirá al gobierno de trabajar por la agenda de transformaciones, pero sí puede generar procesos de diálogo y entendimiento. Negar el referéndum sería desconocer el reclamo de un sector de la población que legítimamente demanda ser atendido. Esperemos que esta vez nos demos esta oportunidad democrática.