— Redacción Diario El Pueblo —

El secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, seguirá afrontando bajo libertad, sujeta a reglas de conducta, la investigación preparatoria que se le sigue por el caso Antalsis.

Esto debido a que la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional confirmó el fallo que emitió el juez John Pillaca, donde declaró infundado el pedido fiscal para que se varíe el mandato de comparecencia con restricciones que pesa sobre Vladimir Cerrón por el de prisión preventiva de 18 meses por incumplimiento de una regla de conducta que se le fijó en este caso.

La Fiscalía Anticorrupción había apelado la decisión del juez Pillaca al considerar que su resolución “no estaba debidamente motivada”. Esto tras haberle puesto en conocimiento que Vladimir Cerrón incumplió la regla de conducta de no ausentarse del lugar de su domicilio sin contar con autorización judicial, luego de que el pasado 6 de diciembre se ausentó de su domicilio en la ciudad de Huancayo para realizar un viaje a Lima a fin de asistir a una reunión en Palacio de Gobierno sin autorización judicial.

No obstante, la sala superior declaró infundada esta apelación al coincidir con el juez Pillaca respecto a que el incumplimiento de esta restricción no amerita un incremento del peligro de fuga que justifique una variación de la medida que pesa sobre el líder de Perú libre, toda vez que concurrió a esta reunión por temas laborales mas no con la intención de eludir la acción de la justicia y culminado el evento retornó al lugar de su residencia.

El tribunal superior integró a la resolución confirmada el extremo donde se le exhorta a Vladimir Cerrón a que en lo sucesivo cumpla con las reglas de conducta conforme corresponde bajo apercibimiento o advertencia, de que en caso de incumplimiento se revoque la medida de comparecencia con restricciones por prisión preventiva, previo requerimiento fiscal y su evaluación correspondiente a cargo del juez.

La Fiscalía Anticorrupción investiga a Vladimir Cerrón por los presuntos delitos de agrupación ilícita, cohecho pasivo propio y colusión agravada bajo la tesis de que habría integrado la presunta organización criminal de Martín Belaunde, la cual habría defraudado al estado con mas 26 millones de soles, a través de obras que ejecutó cuando ejerció funciones de gobernador regional de Junín entre 2011 y 2014.