Por: Dany La Torre

Más de 15 organizaciones civiles y estudiantiles se pronunciaron en contra de la ley que reconfigura el Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu); la ley que propone la incorporación de padres y madres en la elaboración de los materiales y recursos educativos en el Perú; así como la elección de magistrados para el Tribunal Constitucional (TC).

Ayer marcharon en contra de tres iniciativas legislativas

Ayer en horas de la tarde, más de un centenar de ciudadanos marcharon por distintas arterias del Cercado de Arequipa. El reclamo popular fue ante las últimas decisiones del pleno del Congreso que aprobó los proyectos de ley N°697, N°862 y N°908, denominados por muchos colectivos como la contrarreforma educativa del país.

El representante de la asociación civil Kumpay, Carlos Saravia, se pronunció respecto al primero de estos proyectos referido a la conformación del Consejo Directivo (CD) de la Sunedu. El también estudiante agustino consideró que a través de esta medida se debilita el rol e independencia de la Sunedu al incluir a representantes de universidades públicas y privadas designadas sin concurso público como ocurre con la ley vigente.

De acuerdo a la Ley N°30220, Ley de Reforma Universitaria, la composición de la Sunedu está constituida por un superintendente, un representante del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec), cinco miembros seleccionados mediante concurso público; así como dos miembros que serán docentes provenientes de universidades públicas y uno de universidad privada. Los otros dos seleccionados serán personalidades ligadas al campo de la investigación o de la gestión.

Sin embargo, con la nueva iniciativa legislativa, se estipula que tres de los miembros del Consejo Directivo deberán ser representantes de las universidades públicas y privadas. “La modificación no dice que sean docentes, simplemente son representantes, también se elimina el requisito mínimo de los 10 años de experiencia, solo dicen que tengan trayectoria académica. Ese es el meollo, porque nosotros sabemos que la evaluación no va a estar sujeta a la imparcialidad de un buen servicio educativo”, agregó.

Asimismo, el estudiante consideró que puede haber “presunto un favorecimiento a las universidades privadas”, por lo que se privilegiaría a la obsoleta Asamblea Nacional de Rectores (ANR). “Cuando se pidieron algunas condiciones básicas para la educación de los estudiantes, algunas de las filiales de universidades privadas terminaron por cerrar. Programas educativos han sido cancelados porque no se ofrecían adecuadamente”, agregó el representante de Kumpay.

Por su parte, el secretario regional de la Red Mundial de jóvenes Políticos Arequipa (RJMP), agregó que otro de los puntos por el que salieron a marchar estar referido la conformación de los miembros del Tribunal Constitucional (TC) puesto que, a su criterio, el proceso no fue del todo transparente.

Como se recuerda, el martes 10 de mayo el pleno del Congreso eligió a seis nuevos magistrados sin llevar a cabo un debate. Este hecho ha generado suspicacia y a opinión de los más de 15 colectivos sociales, “no hubo transparencia en su conformación”. Incluso, señalaron que el “TC está hecho a medida del Congreso”.

“(Por ejemplo) nosotros pensamos que, si el Congreso logra aprobar por insistencia las contrarreformas universitarias, no se podría activar adecuadamente una acción de inconstitucionalidad como la que pensamos presentar (…) como jóvenes queremos sumar fuerzas para que se proceda con la acción de inconstitucionalidad y sumarnos al pedido que debe ser revisado por el TC”, agregaron.

Cabe señalar que, entre otros reclamos presentados en la marcha, resalta la aprobación del proyecto de ley N.º 904-2021, que da la potestad a ciertas agrupaciones de madres y padres, entre ellos ultraconservadores, a vetar los contenidos de los textos escolares.

Para los representantes del Foro Regional por los Derechos Sexuales y Reproductivos de Arequipa (Fordes), el proyecto vulnera el derecho a una vida libre de violencia y discriminación para los menores. “Es grave que la rectoría de la elaboración del material educativo recaiga en criterios no académicos y tampoco científicos, sino en creencias fundamentalistas, contraviniendo las recomendaciones del Comité CEDAW al Estado peruano por la falta de una adecuada Educación Sexual Integral (ESI) en la educación básica”, se lee en un comunicado.