— Redacción Diario El Pueblo —

Ante la falta de infraestructura para brindar una adecuada administración de la justicia de la población, es que la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, presentó ante el Gobierno Regional de Arequipa, 5 proyectos de inversión pública por un monto de 65 millones de soles que permitirán solucionar parte de este déficit.

Javier Fernández Dávila Mercado, presentó un convenio específico para que se concrete el financiamiento de la construcción de la sede judicial de Camaná, mediante la modalidad de obras por impuestos que ejecutan empresas privadas. El proyecto está valorizado en 17 millones de soles y permitirá reubicar 9 órganos jurisdiccionales que funcionan en dicha provincia, donde se cuenta con un terreno cedido por el GRA.

El equipo técnico de la Corte de Justicia de Arequipa, presentará igualmente 4 proyectos adicionales de relevancia para la comunidad arequipeña como la construcción de una sede judicial en Socabaya, donde se reubicarían 4 órganos jurisdiccionales el Módulo Básico de Justicia de Paucarpata.

En el distrito de Cayma, está prevista la construcción de una moderna infraestructura para ubicar el juzgado de Paz de esta jurisdicción y un edificio apropiado para el almacenamiento de los expedientes que se ubican actualmente en los archivos de Colón, Parque Industrial y Cayma.

Finalmente, se busca el respaldo del Gobierno Regional de Arequipa para la construcción de los Módulos de Justicia de Cerro Colorado e Islay con la finalidad de descentralizar los servicios de justicia en favor de los justiciables.

A efectos de hacer realidad estos proyectos, la presidencia de la Corte de Arequipa, ha iniciado gestiones diversas ante entidades privadas que podrían financiar estos proyectos a través de la modalidad de obras por impuestos a través del Gobierno Regional de Arequipa, como manda la ley.

La Gobernadora Regional, Kimmerlee Gutiérrez, se comprometió a evaluar estos proyectos que se enmarcan dentro del convenio marco que mantiene la Corte de Justicia de Arequipa; no obstante, debe contarse con la aprobación del Consejo Regional.