Por: Carlos Hakansson – El Montonero

Toda Constitución debe contener un conjunto de principios y reglas organizado para operar como límite al ejercicio del poder: (1) Los principios fundamentales que sustentan una comunidad política respetuosa y garantista de los derechos y libertades. (2) Los principios que inspiran el ordenamiento jurídico y reglas para la producción de la ley. (3) Los principios informadores del Derecho. (4) Los principios que forman parte del contenido de la separación de poderes y las reglas que regulan las relaciones ejecutivo-legislativo. (5) Un procedimiento para su reforma constitucional de amplio consenso. Se trata de cinco grandes apartados en los que convergen lo necesario e indispensable para que los ciudadanos puedan ser gobernados en una sociedad democrática.

El borrador de nueva Constitución chilena, que se busca confirmar mediante plebiscito en septiembre próximo, desdibuja la sobriedad y contenido de la Constitución de 1980 (129 artículos, sin contar las reformas que fueron consecuencia de los sucesos de octubre de 2019 y sus disposiciones transitorias). Un texto que, si bien carecía de legitimidad de origen, consideramos que con su tiempo de vigencia alcanzó la legitimidad de ejercicio. Nos estamos refiriendo a un documento de 42 años de continuidad democrática, un marco democrático apoyado en su ley electoral que permitió acuerdos clave entre partidos de izquierda para gobernar en concertación y la posterior alternancia política con sus opositores; una estabilidad política y monetaria, crecimiento económico, prosperidad, representado por un sistema de partidos y garantía de un Estado de Derecho. Finalmente, sus sendas reformas constitucionales fueron en su mayoría promovidas por una izquierda moderna, que incluso decidió retirar la firma de su principal auspiciador: Augusto Pinochet.

El acuerdo entre las fuerzas políticas parecía zanjado con el paso del tiempo. Una Constitución conservadora pero modificada por la llamada concertación de partidos de izquierda, centro izquierda y centro, fue la coalición que más tiempo gobernó los destinos del país (cuatro administraciones seguidas). Sin embargo, no fue suficiente. Chile se había convertido en una “piedra en el zapato” para los países que integran el denominado socialismo del siglo XXI, brisa bolivariana compuesta por Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Una franquicia que con sus frases “Madre tierra y paz”, “socialismo o muerte”, “vamos con todo” y “revolución es inclusión”, pretenden instalar un nuevo régimen distante de la libertad, el progreso, sin adecuadas políticas públicas que distribuyan la recaudación tributaria con más y mejores servicios debidamente regulados (luz, agua, desagüe, salud, educación).

Cualquier tipo de insatisfacción ciudadana sobre el funcionamiento estatal se pudo solucionar mediante la presión que realice la oposición al gobierno, con la finalidad de que décadas de esfuerzo vengan acompañadas de mejores condiciones de vida gracias a los beneficios de las libertades que se concretan en las económicas. La Constitución de 1980 carece de un régimen económico, pero a la luz de los derechos fundamentales, libertad individual se puede concretar en el ejercicio de la libre iniciativa privada; la libertad de asociación también se puede realizar a través de la libertad empresarial; así como el derecho de reunión, observado desde el mercado, como la reunión de la oferta y la demanda. Todo lo anterior se suma a un Estado de Derecho, una correcta administración tributaria y el reconocimiento de unos derechos sociales, o prestacionales, que pudieron ser materia de discusión para una oportuna reforma, en especial para el país con la mayor renta per cápita de la región.

Nos encontramos con un texto redactado con una pluma reivindicatoria y revanchista que, lejos de propiciar la unión, la paz y el desarrollo social será una nueva fuente de contradicción, pero de sentido contrario al producido en las últimas cuatro décadas, y sin resolver. En conclusión, en vez que los convencionales guarden lo mejor de la Constitución de 1980 (Estado de Derecho, estabilidad política y crecimiento económico), se han ocupado de ensombrecerla con un nuevo texto de gran carga ideológica de 499 artículos, 370 más que la actual Constitución chilena.