Por: Cinthia Grace Baquerizo – Abogada laboralista

.

Recientemente, la Comisión de Economía del Congreso aprobó un dictamen para dejar sin efecto el D.S. N° 001-2022-TR, que establece reglas para que no se siga abusando de la tercerización. Recordemos, como bien lo explicó el doctor Elmer Arce en una entrevista, que mediante la figura de la tercerización una empresa (tercerizadora) realiza un servicio especializado u obra para otra (empresa principal).

Esta figura, nos dice, estuvo presente desde 1991, esencialmente para actividades complementarias especializadas y es en el 2008 mediante la Ley N° 29245, en la que se autoriza para actividades especializadas u obras. Contrario a ello es el Reglamento, D.S. N° 006-2008-TR, el que precisa que se puede tercerizar todas las actividades principales. Con el D.S. N° 001-2022-TR se regresa a lo fijado en la ley, determinando que no se pueden tercerizar las actividades nucleares, las actividades que definen el negocio, solo, conforme lo indica la ley, actividades especializadas u obras.

En los proyectos de ley N° 1726/2021-CR y N° 2129/2021, de congresistas de Avanza País y de Fuerza Popular, no encontraremos un análisis jurídico sobre la tercerización, solo una férrea defensa a esta figura. Nos hablan de una tercerización que permite producir con ahorro de tiempo, eficiencia y celeridad, y a menor costo, pero lo único constatable es que efectivamente se produce a menor costo porque a los trabajadores de las empresas tercerizadoras les pagan menos, los mantienen con contratos temporales en la incertidumbre, y la empresa principal no comparte las utilidades con ellos.

En los proyectos de ley citados tampoco encontramos argumentos técnico-económicos que sustenten que limitar el uso abusivo de la tercerización (solo actividades especializadas u obras) traerá implicancias negativas para la economía del país; o de forma contraria, argumentos que sustenten que la tercerización abusiva (todas las actividades) ha traído bienestar a la economía del país, y no solo a los empresarios que han hecho uso indiscriminado de esta figura.

Lástima que tampoco se hayan esbozado argumentos técnicos y/o políticos a favor o en contra del dictamen que recoge estos proyectos de ley; en otras palabras, el dictamen fue aprobado sin debate en la Comisión de Economía. Ello sorprende más cuando escuchamos a congresistas como Carlos Anderson, secretario en esta comisión, quejarse que las leyes se aprueben sin mayor entendimiento y poco análisis. Esperamos que los congresistas cumplan sus funciones, ¿o habrán tercerizado sus funciones de debatir? Por otro lado, toca que los trabajadores se hagan escuchar, porque como país no podemos regresar a una tercerización abusiva.