Por: Roxana Ortiz A.

Dos grupo de asociaciones de mineros informales habían invadido los terrenos de la concesión minera Intigold Mining, empresa que solicitó la participación del estado para retirarlos del lugar, y fue la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) la que en mayo del año pasado, ordenó al Gobierno Regional de Arequipa (GRA) ejecutar el desalojo que no se cumplió.

Según explicó el abogado de la empresa minera, Frank Melo, en noviembre del 2017 un grupo de 400 personas con armamento de guerra, invadió parte de los terrenos de la concesión que tienen desde 1933 y poco a poco se fueron incrementando hasta tener unos 2 mil los que se denominaron Callpa Renace; pero también otro grupo de Atico, que se hizo llamar Callpa Atico decidió invadir otra zona, siendo en la actualidad unos mil 200 informales adicionales.

La empresa, debido a la invasión no pudo seguir extrayendo minerales, por lo que inició un proceso legal ante el Ministerio de Energía y Minas para hacer respetar su concesión, y la SBN dispuso que fuera el GRA, a través de la Procuraduría, la que de inmediato ejecutara el desalojo. Notificó hasta cuatro veces a esta entidad, pero no hizo caso.

Según el abogado de la minera, la ex procuradora Rosa Vallejos, pidió una opinión a la Oficina de Ordenamiento Territorial sobre el tema, cuyos técnicos fueron hasta la zona y comprobaron la ocupación ilegal de la concesión, por lo que recomendaron también ejecutar la orden de desalojo; pero según dijo, extrañamente la Gerencia de Energía y Minas se opuso al mismo, señalando que se trataba de mineros artesanales con quienes se estaba buscando su formalización.

“¿Cómo se puede tratar de formalizar a quienes están ocupando ilegalmente el terreno que está concedido formalmente a una empresa? cuestiona el asesor, pero así ocurrieron los hechos; por lo que considera que la única manera de solucionar el problema, es el desalojo total de los informales, a pesar que la minera tiene ya conversaciones con Atico Callpa, quienes pagaban un porcentaje mensual por la explotación.

Niegan que estén detrás de las personas que ingresaron al campamento y que dispararon contra los mineros fallecidos. Además indica que en el lugar tienen todos sus equipos, como una planta de procesamiento valorizada en más de 40 millones de dólares, los campamentos, las redes de túneles para la explotación, entre otras inversiones que han hecho a lo largo de los años.