— Redacción Diario El Pueblo —

Desde hace algún tiempo las personas que cometieron algún delito y que han sido sentenciadas a recibir un tratamiento psiquiátrico, no son recibidas en el hospital Honorio Delgado, debido a que no solo no hay el espacio suficiente, sino que tampoco se otorga el presupuesto necesario para su manutención.

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Javier Fernández Dávila Mercado, convocó a reunión multisectorial de autoridades para buscar alternativas de solución reales para el internamiento de personas privadas de su libertad que requieren el servicio de salud mental.

Esta primera reunión de trabajo, se produjo a partir del incumplimiento del mandato judicial de internamiento en el área de Psiquiatría del hospital Honorio Delgado Espinoza de la madre que intentó quemar a sus dos menores hijos, hace algunas semanas.

La máxima autoridad judicial, recordó que las disposiciones legales vigentes, ordenan al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través del Instituto Nacional Penitenciario en coordinación con el Ministerio de Salud; diseñen, propongan y ejecuten un plan de acción para asegurar la disponibilidad y accesibilidad al servicio de salud mental para las personas privadas de su libertad.

Frente a esta problemática, las autoridades convocadas, asumieron el compromiso de integrar esta mesa de concertación que permita establecer soluciones concretas a este problema que atenta contra los derechos de personas vulnerables como la referida madre que sería internada en un ambiente del penal de mujeres de Socabaya, según adelantaron las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario.

Tomaron parte de esta reunión, el juez superior, Nicolás Izcarra Pongo, presidente del Equipo Técnico del Nuevo Código Procesal Penal, el juez coordinador de Investigación Preparatoria, José Málaga, la Administradora del área Penal, Nadia Gonzales Dueñas.

Asimismo, estuvo presente el director del hospital Honorio Delgado Espinoza, Juan Carlos Noguera Arratia; la jefa del INPE, Marina Ancalle; los directores de los centros penitenciarios de Arequipa, representantes de la Policía Judicial, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público y Beneficencia Pública.